La nueva normativa volcánica obliga a La Palma a definir las zonas de riesgo y revisar sus planes de emergencia
El Gobierno de España ha aprobado una nueva normativa de protección civil ante el riesgo volcánico que obliga a Canarias a revisar sus planes de emergencia y a identificar las zonas de mayor peligrosidad. La disposición, publicada el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tiene especial importancia para La Palma, donde la erupción de 2021 puso de manifiesto la vulnerabilidad del territorio y sus infraestructuras, y donde todavía no se ha establecido una zonificación preventiva de carácter general que determine qué áreas deben quedar excluidas o sometidas a restricciones para la construcción de instalaciones esenciales por su exposición al riesgo volcánico.
La Orden INT/1071/2026, de 7 de octubre, sustituye la directriz estatal vigente desde 1996 y establece un plazo de cuatro años para adaptar los planes de protección civil. El documento recoge una probabilidad del 77,69% de que se produzca al menos una erupción volcánica en Canarias durante los próximos 50 años, una estimación basada en la actividad histórica del archipiélago, que equivale a un periodo medio de recurrencia de 33 años. Esta probabilidad se refiere al conjunto de las islas y no permite determinar dónde ni cuándo se producirá la próxima erupción.
La nueva directriz establece que los planes deberán incorporar mapas de susceptibilidad y peligrosidad volcánica, identificar las áreas más expuestas y evaluar las consecuencias de posibles erupciones sobre la población, las edificaciones y las infraestructuras estratégicas. También exige considerar escenarios de destrucción o interrupción de servicios esenciales, así como las dificultades de evacuación y abastecimiento que podrían producirse durante una emergencia.
Uno de los aspectos de mayor trascendencia para La Palma es la relación entre el conocimiento del riesgo volcánico y la ordenación del territorio. La normativa dispone expresamente que los análisis de peligrosidad y riesgo incluidos en los planes de protección civil, una vez aprobados y homologados, deberán ser considerados por las administraciones competentes en la planificación territorial y la ordenación de los usos del suelo.
Esta previsión afecta a decisiones sobre la ubicación de hospitales, carreteras principales, puertos, instalaciones hidráulicas, redes de abastecimiento y otros equipamientos estratégicos. Se trata de determinar previamente qué zonas presentan mayor exposición al riesgo y qué condiciones deben tenerse en cuenta antes de autorizar nuevas infraestructuras. La directriz no establece por sí misma prohibiciones de construcción, pero proporciona el marco para que estas limitaciones puedan incorporarse a los instrumentos de ordenación.
Una delimitación todavía pendiente en La Palma
Aunque existen estudios científicos y cartografía que identifican distintos niveles de peligrosidad volcánica en La Palma, la isla nunca ha llegado a establecer en su planeamiento territorial una delimitación general y vinculante que determine específicamente dónde no deben construirse nuevas infraestructuras esenciales por este motivo.
La cuestión ha comenzado a abordarse en la modificación del Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP), impulsada por el Cabildo. El borrador sometido a información pública este año plantea incorporar los riesgos naturales a la planificación territorial y contempla orientar las nuevas construcciones e infraestructuras hacia zonas de menor peligrosidad. También señala la necesidad de estudiar la reubicación de determinadas instalaciones, aunque estas previsiones todavía no constituyen una zonificación definitiva con restricciones urbanísticas.
La responsabilidad de impulsar esta planificación insular corresponde al Cabildo de La Palma, dentro del marco competencial compartido con el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos. La Corporación insular también es la encargada de elaborar y tramitar su Plan de Actuación frente al Riesgo Volcánico, que deberá integrarse en el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA), cuya actualización corresponde al Ejecutivo autonómico.
El Cabildo sometió su nuevo plan volcánico a información pública hasta el pasado 25 de marzo. El documento contempla la organización de evacuaciones, la atención a la población, los recursos de abastecimiento y la recuperación de servicios esenciales. Sin embargo, no se ha culminado su aprobación definitiva.
La normativa estatal incorpora además una mayor atención a los gases volcánicos, las deformaciones del terreno, los desprendimientos y los peligros que pueden persistir después de una erupción. La situación vivida en Puerto Naos y La Bombilla, donde la presencia de dióxido de carbono prolongó las restricciones de acceso una vez finalizada la actividad eruptiva, refleja la importancia de incluir estos escenarios en la planificación.
El nuevo marco concede hasta octubre de 2030 para adaptar los planes de protección civil. En La Palma, su aplicación coincide con la necesidad de culminar la planificación insular de emergencias y avanzar en la incorporación del riesgo volcánico a la ordenación del territorio. Una tarea que comprende no solo establecer cómo actuar ante una nueva erupción, sino también identificar las zonas de mayor peligrosidad y determinar qué infraestructuras esenciales pueden quedar expuestas a sus consecuencias.
Fuentes contrastadas: BOE, Orden INT/1071/2026, de 7 de octubre; Cabildo de La Palma, tramitación del plan volcánico, 27 de febrero de 2026; El Periódico de La Palma, modificación del PIOLP, 4 de julio de 2026.