''Nos hicieron sufrir mucho en el desierto. Nos desnudaron, se llevaron nuestra ropa, nos dejaron tirados en el suelo de 1 a 2 de la mañana. Luego nos dijeron “vamos”, y nos dejaron caminar en el frío… medio desnudos… [hasta que] un civil me dio ropa“. Ousmane Diallo tiene 22 años, es de Guinea y fue arrestado por la policía mauritana cerca de la frontera norte del país en septiembre de 2022. Después, fue expulsado a Mali.
Él es una de las 78 víctimas de violaciones de derechos humanos en Mauritania entrevistadas por la organización Human Rights Watch (HRW). La entidad ha publicado una investigación que destapa el lado oscuro del control fronterizo que trata de frenar las salidas de migrantes hacia Canarias. En este documento se retratan las torturas y los abusos que explican por qué se han reducido en un 46,7% las llegadas de embarcaciones precarias a las islas, según los datos publicados por el Ministerio del Interior.
La importancia geoestratégica de Mauritania para la Unión Europea y para España se ha multiplicado en los últimos años, cuando se han disparado las salidas de cayucos desde este país hacia Canarias. Mauritania es un país de destino y también de tránsito para migrantes de África Occidental y Central y para los refugiados que escapan de la guerra de Malí.
Por esta razón, la Unión Europea anunció en marzo del año pasado una nueva asociación migratoria con Mauritania y 210 millones para que el gobierno mauritano reforzara la gestión de las fronteras y la migración. Antes de este acuerdo, ya la UE y España trabajaban con el país africano para frenar las salidas de embarcaciones de migrantes, a pesar de las continuas violaciones de derechos fundamentales perpetradas por las autoridades de Mauritania, tal y como señala la investigación de HRW.
El informe recoge extorsiones, arrestos masivos, detenciones durante días y semanas sin agua ni comida, expulsiones colectivas, palizas y torturas sobre los migrantes por parte de las fuerzas de seguridad encargadas del control fronterizo. La violencia y la discriminación la sufren especialmente los migrantes y los mauritanos negros por parte de los mauritanos de piel más clara, que son mayoría entre las fuerzas de seguridad.
Thierno Diallo fue víctima de una detención arbitraria. Este guineano de 34 años vivía y trabajaba de forma legal como conductor en Nouadhibou, cuando en 2022 fue arrestado por la policía. Según su testimonio, cuatro agentes mauritanos y tres policías españoles “vestidos de civil” entraron en su habitación. Un policía mauritano lo agarró de la camisa y le preguntó su nombre y su puesto. “Respondí: ”Soy conductor“. Les mostré mi licencia de conducir y ellos dijeron: ”No, todos ustedes son inmigrantes… se van a España“, cuenta. Los agentes se llevaron todos sus documentos y su dinero.
Expulsión de perfiles vulnerables
Otra de las medidas adoptadas por las autoridades mauritanas para frenar las salidas de migrantes hacia España pasa por la expulsión de las personas arrestadas a zonas remotas. HRW ha documentado la expulsión de niños, refugiados, solicitantes de asilo, mujeres embarazadas y también víctimas de abusos a Mali y a Senegal entre 2020 y 2025. “Los niños lo pasaron mal, porque tenían mucha hambre”, contó a la organización un hombre maliense expulsado en 2021.
Esther Johnson es de Liberia, tiene 35 años y vivía sin documentos en Mauritania. La mujer contó a HRW que cuando fue a la Policía de Nouakchott a denunciar los abusos que sufría por parte de su prometido, las autoridades la ignoraron, la arrestaron y la expulsaron a ella y a su hijo de 15 años a Mali al día siguiente.
El Gobierno de Mauritania, en una respuesta a la ONG, rechazó las acusaciones de tortura o discriminación racial. Así, la organización reconoce “los pasos positivos” que el gobierno ha tomado para mejorar los derechos de los refugiados y migrantes desde 2020. Sin embargo, insta a la UE y a España a garantizar con urgencia los sistemas de vigilancia de los derechos humanos y contar con criterios específicos para suspender los contratos en vigor cuando se vulneren los derechos de las personas.
''Al financiar, equipar y colaborar durante años con las fuerzas mauritanas para reforzar los controles fronterizos y migratorios sin garantizar salvaguardias adecuadas de derechos humanos, la Unión Europea y España incentivaron la represión de la migración y comparten la responsabilidad por los abusos cometidos en Mauritania'', señala Human Rights Watch.
En algunos casos, fuerzas españolas estuvieron presentes durante detenciones y arrestos abusivos de personas migrantes por parte de las autoridades mauritanas. La UE también financió la renovación de dos antiguos centros de detención de personas migrantes, cuya reapertura está prevista para este año con el fin de albergar a personas interceptadas o rescatadas en el mar.