La etarra Maite Aranalde, en paradero desconocido tras salir de la cárcel por un error judicial
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó este martes una orden de busca y captura contra la etarra Maite Aranalde, que se encuentra en paradero desconocido después de haber abandonado la pasada semana la cárcel madrileña de Soto del Real tras pagar una fianza de 12.000 euros, informaron a Europa Press fuentes fiscales.
El magistrado, que regresó este lunes de sus vacaciones, decidió a última hora de la tarde revocar la libertad provisional de la que disfrutaba la miembro de ETA por orden del juez Eloy Velasco -que sustituía a Garzón durante su ausencia- y dictar su ingreso en prisión, indicaron las mismas fuentes.
Cuando las Fuerzas de Seguridad del Estado se dirigieron a su domicilio en la localidad guipuzcoana para detener a Aranalde no lograron localizarla. Tras comprobar que la etarra se ha dado a la fuga el juez ha iniciado los trámites para formalizar su busca y captura.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó el pasado viernes un recurso en contra de la decisión del juez Velasco y solicitó, además, que se le impusieran a Aranalde mayores medidas de seguridad para garantizar que la terrorista no huyera del territorio español, como finalmente ha sucedido.
El Ministerio Público recordaba que Aranalde fue detenida en Francia, adonde había escapado cuando formaba parte del comando K-Zelatun, lo que podría facilitar que lo hiciera de nuevo. Pedía también que las comparecencias impuestas fueran diarias, en lugar de semanales.
Asociación de malhechores
Aranalde fue entregada a España el pasado martes después de cumplir en Francia una condena por asociación de malhechores. A su llegada a la Audiencia Nacional se comprobó que la documentación que la acompañaba se refería únicamente a una de las dos causas por las que se la investiga, un delito de tenencia de explosivos. No existía, sin embargo documentación sobre la otra investigación en marcha, sobre su participación en la colocación de varias bombas durante el Puente de la Constitución de 2004.
Velasco decretó su ingreso en prisión por esta acusación de posesión de dinamita y le impuso para eludir la cárcel una fianza de 12.000 euros, que fue abonada por su familia. El Juzgado responsable de la otra causa se vio impedido de dictar medidas en su contra ante la carencia de papeles.
