La advertencia de Kelley y la normalización del horror: cuando el Estado español se asoma al abismo
Cuando el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley recorrió las celdas de los jerarcas nazis durante los juicios de Núremberg contra la jerarquía del régimen nazi, el mundo esperaba que su diagnóstico confirmara la monstruosidad clínica, la psicopatía excepcional, la deformación moral irrepetible de aquella cúpula criminal. Sin embargo, su hallazgo fue mucho más desasosegante: la absoluta e inquietante normalidad de los verdugos. No había en ellos una esencia diabólica que los diferenciara del resto de mortales, sino una perturbadora capacidad de adaptación a un sistema que convertía el exterminio en trámite administrativo y la crueldad en política de Estado.
Su advertencia, rescatada por la historiografía y el cine, pulverizó el mito consolador de que el nazismo fue un virus exclusivo del alma alemana. Kelley demostró que el estereotipo del nazi —ese burócrata utilitarista, gélido, ambicioso, capaz de justificar la eliminación de la mitad de la población si los cálculos de poder así lo exigían— habita en estado latente en cualquier sociedad. Es una simiente que no germina en el vacío, sino que aguarda la confluencia de tres elementos: las condiciones materiales propicias para el descontento, una crisis institucional profunda y, sobre todo, el vector político adecuado que la active, la discipline y la dirija hacia la toma del Estado.
La historia total no admite discusión: el fascismo nunca asalta los centros de poder de forma aislada ni mediante un golpe de mano tradicional; siempre accede gracias a la claudicación y la complicidad activa de la derecha tradicional. Es la derecha respetable, la de los salones alfombrados y la retórica de la moderación, la que le franquea la entrada creyendo que podrá instrumentalizarlo. El paradigma de esta verdad incómoda es la agonía de la República de Weimar, donde un Franz von Papen —refinado, aristocrático y cínico— abrió la cancillería a Adolf Hitler convencido de que lo usaría como títere. Lo domesticaría en seis meses, le confió a un amigo. Meses después, la democracia alemana era cenizas y la dictadura se devoraba a sus padrinos.
Esa misma pulsión suicida es la que escenificó Alberto Núñez Feijóo en su entrevista del pasado 17 de junio en el plató de El Hormiguero, ante un Pablo Motos convertido en anfitrión complaciente de la banalización del horror. Aquella noche no asistimos a un simple ejercicio de retórica televisiva de un líder de la oposición; asistimos a la representación pública de una capitulación moral. Al asumir a Vox como un socio natural, legítimo e institucional, al negarse a “demonizar” —ese fue el término elegido— a una formación abiertamente reaccionaria bajo el pretexto del pragmatismo electoral, la derecha española no solo ha alfombrado el camino hacia la barbarie cotidiana, sino que ha asumido que la extrema derecha no es un peligro para la democracia, sino un instrumento útil para la reconquista del poder.
Sin embargo, para que este desembarco neofascista sea viable no basta con la mera voluntad de coalición. Se requiere una demolición previa de la legitimidad democrática, un desgaste calculado de las instituciones que convenza a la ciudadanía de que el sistema está podrido y que solo una sacudida autoritaria puede regenerarlo. Aquí es donde la advertencia de Kelley engarza directamente con la estrategia contemporánea del lawfare: la perversa conjunción judicial, policial y mediática diseñada para derrocar a un gobierno legítimo mediante la construcción de un relato de Estado criminal, corrupto y fallido. La guerra judicial no busca la verdad ni la justicia; busca la resonancia política, la destrucción civil del adversario y, como objetivo último, el blanqueamiento definitivo del fascismo bajo la apariencia de una cruzada moral regeneracionista.
Asistimos en España a una sincronización perfecta, una maquinaria de precisión que opera en tres tiempos. Primero, determinadas terminales judiciales abren causas sin base probatoria sólida —los procesos inquisitoriales contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, o contra su hermano David Sánchez son el ejemplo paradigmático— basándose en denuncias de organizaciones ultraderechistas o en recortes de prensa. Segundo, las causas son inmediatamente amplificadas por un ecosistema mediático afín que las presenta como escándalos de Estado, sin esperar siquiera a su viabilidad procesal. Y tercero, las redes sociales y los platós televisivos convierten la sospecha en sentencia, intoxicando el debate público y erosionando la presunción de inocencia hasta convertirla en papel mojado. No se busca la verdad jurídica; se busca el “caso abierto”, la foto de la declaración judicial y el titular demoledor.
Dentro de este engranaje de asedio, la pieza maestra de la cacería institucional ha sido el inédito cerco contra la Fiscalía General del Estado y su máximo responsable, Álvaro García Ortiz. Esta maniobra de demolición persigue un fin nítidamente político y estratégico: descabezar y maniatar a la máxima autoridad de un Ministerio Fiscal que cometió el “delito” imperdonable de mantenerse firme en la defensa del principio de legalidad al respaldar la aplicación de la ley de amnistía para los soberanistas catalanes encausados por el procés. Al someter al Fiscal General a una persecución penal sin precedentes —con imputaciones que se sostienen sobre interpretaciones forzadas y filtraciones interesadas—, el bloque judicial y mediático reaccionario consigue descoyuntar el último dique institucional que oponía resistencia frontal a los excesos del lawfare. Con una Fiscalía General neutralizada bajo la amenaza del banquillo, el aparato corporativo conservador elimina el contrapeso interno que aún recordaba que el Ministerio Público no es un brazo ejecutor de la oposición. El camino queda así completamente despejado para acelerar el derrocamiento del Ejecutivo mediante una ofensiva penal unilateral, desbocada y libre de frenos institucionales.
Esta estrategia de acoso y derribo ha encontrado su caja de resonancia más agresiva en el propio Congreso de los Diputados. Las últimas intervenciones de la cúpula de lo que ya actúa abiertamente como un “partido judicial”, espoleado por el propio Feijóo y las huestes de Vox, han traspasado todos los límites institucionales que sostienen una democracia sana. Criminalizar al presidente del Gobierno, tildarlo de “capo”, de “cobarde”, de “delincuente confeso”, y recurrir a una violencia verbal sin precedentes en sede parlamentaria no es una rabieta pasajera de la oposición ni una simple deriva de crispación. Es la preparación psicológica del terreno para justificar cualquier medida excepcional. Es la construcción meticulosa del pretexto, la fabricación del enemigo interno sobre el que cargará la culpa de todos los males cuando llegue el momento de la desestabilización permanente.
Lo flagrante y profundamente paradójico de este escenario es el absoluto cinismo de quienes lideran la ofensiva. Mientras se levantan sumarios de la nada y se agita la sospecha mediática sobre el entorno familiar del Ejecutivo, el Estado español contempla atónito cómo el Partido Popular —una organización históricamente imputada y condenada por corrupción estructural, con las ramificaciones de la trama Gürtel, la contabilidad opaca de los papeles de Bárcenas y el uso criminal de los recursos del Estado en la operación Kitchen— pretende erigirse en heraldo de la regeneración ética y en juez de la moralidad ajena. Esa impunidad flagrante, esa capacidad de mirar hacia otro lado mientras se procesa al adversario, constituye otra forma aún más perversa de normalización: la de una oligarquía que considera el aparato estatal como su propiedad privada y que no duda en incendiar la convivencia democrática si pierde el control de los presupuestos públicos y los resortes del poder administrativo.
El peligro que se avecina ante una confluencia gubernamental entre el Partido Popular y Vox tras las próximas elecciones no es un mero cambio de siglas ni una alternancia más en el turno bipartidista. Es una mutación sistémica hacia un modelo de Estado neofascista, policial y represor. Bajo la falsa bandera del orden y la seguridad, lo que se pretende configurar es un régimen de exclusión donde la desigualdad se convierta en ley escrita y la disidencia en delito. El concepto de “prioridad nacional” que pretenden implantar no es más que el eufemismo técnico para la segregación institucional, una herramienta xenófoba y antiinmigración diseñada para despojar de derechos fundamentales a la población migrante y fracturar a la clase trabajadora bajo el manto divisorio del odio identitario. Mientras una minoría acumula privilegios, el conflicto se redirige hacia los de abajo y los de fuera.
Esta alianza no oculta sus cartas. Se alimenta de un anticomunismo visceral que opera como el gran pretexto ideológico para criminalizar la disidencia, perseguir los movimientos sociales y justificar el ejercicio de la violencia discursiva, judicial y política contra cualquiera que cuestione los intereses de las élites dominantes. Cualquier reivindicación de justicia social es tachada de “marxismo cultural”; cualquier protesta legítima, de “golpismo callejero”. A esta matriz se suma una misoginia militante que no es accidental sino estructurante: busca desmantelar las conquistas históricas de las mujeres, devolviéndolas —con discursos edulcorados sobre la natalidad y la familia natural— a una estructura de subordinación patriarcal que el nacionalcatolicismo consagró durante cuarenta años de dictadura.
Porque en España, a diferencia de la Alemania de entreguerras, el virus no necesita inventar una mitología nueva ni importar iconografías exóticas. Le basta con reactivar el sustrato del franquismo sociológico que nunca fue plenamente depurado durante la Transición. La dictadura franquista no terminó en un colapso militar, sino que negoció su propia continuidad bajo nuevas formas. El enaltecimiento y la justificación de aquel régimen, camuflados hoy bajo cínicas “leyes de concordia” —que equiparan a víctimas y verdugos—, constituyen el núcleo duro de su proyecto hegemónico. Es la normalización del terror de Estado del pasado para legitimar el retroceso democrático del presente y del futuro. Es la reivindicación de que aquel orden era necesario, y que acaso sería deseable recuperarlo.
El pueblo español debe despertar de la anestesia mediática que convierte el avance del neofascismo en un espectáculo de entretenimiento nocturno, en un motivo más de tertulia intrascendente entre chascarrillos y cortes publicitarios. Lo que Douglas Kelley advirtió ante las celdas de Núremberg se está cocinando hoy, con meticulosidad y paciencia, en los despachos políticos, en los juzgados del conservadurismo corporativo, en las redacciones de los medios intoxicadores y en los platós de la televisión privada: la construcción de un sentido común reaccionario que acepte el racismo, el lawfare, la intolerancia y la pérdida paulatina de libertades como el precio inevitable para salvaguardar el poder de los de siempre y devolver al país a un orden que nunca debió ser cuestionado.
Si la confluencia entre el Partido Popular y Vox se materializa en las urnas y se consolida en el gobierno, las estructuras del Estado serán utilizadas para demoler la democracia desde dentro, del mismo modo que lo hicieron quienes hoy blanquean como socios aceptables. La advertencia está dada, documentada y testada por la historia. La responsabilidad de frenar el horror, antes de que el ruido mediático nos anestesie por completo y el fascismo nos parezca un mal menor, sigue estando en manos de la memoria, la vigilancia democrática y la movilización popular. No habrá tribunal en el futuro que nos absuelva de haber mirado hacia otro lado mientras los verdugos normales volvían a pasearse por los pasillos del poder.