El canarismo del siglo XXI: del (pseudo) nacionalismo al soberanismo
Al canarismo lo entiendo como el conjunto de ideologías o prácticas que tienen como prioridad la defensa de Canarias, de igual manera que se entiende al catalanismo, al galleguismo o al andalucismo en sus respectivos territorios. Es un ámbito político que abarca desde el regionalismo al independentismo. Es tan amplio que creo que, en este siglo XXI -y para que sea una opción útil-, se debe reducir a un espacio más concreto: un ámbito verdaderamente democrático y adaptado a nuestra realidad: lo que llamo soberanismo.
No se trata, como iremos explicando, de renunciar a la identidad canaria, sino de comprender que la identidad, por sí sola, resulta insuficiente para responder a los desafíos que afronta este archipiélago atlántico en un mundo globalizado. El objetivo, creo yo, ya no consiste únicamente en reafirmar quiénes somos -que unos lo saben y muchos no-, sino, sobre todo, en decidir cómo queremos gobernarnos.
Durante buena parte de nuestra historia reciente, el nacionalismo canario ha venido construyendo su discurso sobre la reivindicación de una personalidad histórica diferenciada, de una cultura singular y de un sentimiento colectivo de pertenencia. Esa etapa, de la que mi padre, Victoriano Ríos, fue partícipe, desempeñó una función esencial en la recuperación de la conciencia de pueblo, en la defensa de nuestra historia y en la conquista del autogobierno. Sin embargo, las categorías del nacionalismo tradicional –mi padre intentó construir un moderno nacionalismo que no cuajó- responden a un contexto histórico distinto al que creo que requiere el Pueblo canario, que estaba marcado por la construcción de los Estados nacionales y por la reivindicación identitaria como elemento central de legitimación política. Eso ya no existe: ya no hay homogeneidad racial, ni religiosa, ni siquiera lingüística. Por mucho que queramos reivindicar al guanche, que sigue ahí y es parte de nuestra identidad, ya somos otra cosa.
La Canarias del siglo XXI plantea desafíos distintos. La globalización, la manera de relacionarnos con España y la Unión Europea, los movimientos migratorios, la transformación demográfica, la dependencia económica exterior, la emergencia climática o las crisis económicas, que ahora se focalizan sobre todo en las dificultades que tienen nuestros hijos en el acceso a la vivienda, exigen un proyecto político que sitúe en el foco de la acción política la capacidad efectiva de decidir sobre esos asuntos que afectan directamente a la ciudadanía. Es precisamente ahí donde el soberanismo ofrece una respuesta más adecuada que el nacionalismo clásico, un nacionalismo que se parece cada día más, por vaciamiento, al mero regionalismo.
El soberanismo que propugno no pregunta primero quién pertenece a la comunidad política, sino quién quiere participar en ella y contribuir diariamente a construir País. El sujeto político deja de definirse por el origen, la sangre o los apellidos para fundamentarse en la ciudadanía y en la residencia. Es canario, desde una perspectiva política, quien vive en Canarias, desarrolla aquí su proyecto vital y comparte el compromiso con el futuro de las islas. Y eso también es identidad, pues, a través de la voluntad de integrarse en esta sociedad, se convierte en un espacio compartido de integración.
Este nuevo canarismo parte, naturalmente, del reconocimiento de una identidad singular. Canarias constituye una realidad geográfica, histórica, cultural y económica diferenciada, cuya condición archipelágica genera necesidades específicas que no siempre encuentran una respuesta adecuada desde los centros tradicionales -alejados- de decisión. Esa singularidad continúa siendo el fundamento del proyecto político canario, pero ya no constituye un fin en sí misma. La identidad adquiere sentido cuando se convierte en la base sobre la que construir mayores cotas de autogobierno y mejores condiciones de vida para el Pueblo.
Por ello, el soberanismo no representa necesariamente una ruptura con el Estado -aunque pretenda construir País-, sino la reivindicación permanente de una mayor capacidad de decisión para las instituciones canarias. La cuestión fundamental pasa a ser la búsqueda de nuevos espacios de decisión propia en el ejercicio efectivo de competencias, recursos y responsabilidades allí donde los problemas se producen. La proximidad se convierte en un principio democrático: nadie conoce mejor las necesidades de Canarias que quienes son parte de esa sociedad. De ahí la máxima: “aquí vivimos, aquí decidimos”.
Mientras el nacionalismo que aquí se practica hace lustros que abandonó, por incomprensión o indiferencia, el derecho de autodeterminación reconocido por el Derecho internacional, el soberanismo que se propugna quiere aplicar el foco hacia el derecho democrático a decidir, es decir, que ese Pueblo se pronuncie sobre las políticas públicas que afectan directamente al territorio. No se trata únicamente de decidir sobre el estatus político futuro de Canarias, que también, sino de disponer de los instrumentos necesarios para decidir sobre los problemas que nos acucian: la vivienda, la superpoblación, la energía, la gestión migratoria, la protección del territorio, el modelo turístico, la fiscalidad, las infraestructuras, la educación o la sanidad.
Así, la verdadera soberanía consiste en disponer de los instrumentos necesarios para proteger el interés general de la sociedad canaria. Un pueblo es tanto más soberano cuanto mayor es su capacidad para garantizar servicios públicos de calidad, conservar sus recursos naturales, ordenar adecuadamente su territorio, gestionar sus fronteras administrativas, asegurar oportunidades para las nuevas generaciones y decidir su propio modelo de desarrollo.
Este canarismo, en su vertiente soberanista, ya no necesita legitimarse mediante meros relatos épicos ni construir identidades excluyentes: el clásico godos no, o el más reciente guiris go home-. La legitimidad de ese soberanismo nace de la calle, de la justicia social y de la defensa del bienestar colectivo. La identidad constituye el punto de partida pero no quedarse solo en eso.
El soberanismo canario debe ser profundamente inclusivo. En una sociedad abierta y diversa como la canaria -somos fruto de un mestizaje forjado durante siglos-, el proyecto común no puede construirse sobre criterios étnicos o culturales excluyentes, sino sobre una ciudadanía democrática. Todos aquellos que hacen de Canarias su proyecto de vida deben poder reconocerse en un proyecto político compartido que garantice derechos, deberes y oportunidades en condiciones de igualdad. La identidad canaria se fortalece precisamente cuando es capaz de seguir integrando nuevas aportaciones sin perder sus rasgos esenciales.
Este nuevo paradigma sitúa el interés de Canarias por encima de cualquier otra consideración partidista o ideológica. El soberanismo constituye una forma de entender el ejercicio del poder político desde la defensa permanente de los intereses del archipiélago. Es una cultura política basada en la responsabilidad institucional, en la lealtad hacia la ciudadanía canaria y en la convicción de que las decisiones deben adoptarse, siempre que sea posible, allí donde producen sus efectos.
En definitiva, el canarismo del siglo XXI debe dejar de definirse como un vacuo nacionalismo periférico para afirmarse como un soberanismo autocentrado y democrático. La identidad continúa siendo el elemento que genera cohesión y sentido de pertenencia; la soberanía constituye la herramienta política que permite transformar esa identidad en bienestar, prosperidad y justicia social. El objetivo ya no es únicamente preservar lo que somos, sino disponer de la capacidad necesaria para decidir libremente cómo queremos vivir y cómo queremos construir el futuro de Canarias. Ese debe ser el verdadero horizonte del nuevo canarismo: menos identidad entendida como mera reivindicación simbólica y más soberanía concebida como capacidad efectiva de decidir sobre nuestro propio destino como Pueblo.