Es de agradecer el esfuerzo realizado por las fuerzas políticas partidarias de la reforma electoral en ofrecer alternativas a CC para que la apoye y no se quede al margen como una fuerza anti-sistema o marginal.

Ahora la pelota está en el tejado de la formación gobernante –y supuestamente nacionalista, a la vez que defensora de las islas- para aprovechar la oportunidad de mejorar de verdad el sistema electoral en clave de país.

Escribía hace unos meses que no sabía si la reforma electoral que finalmente se consensuara sería la mejor o la menos mala, pero que en cualquiera caso iba a mejorar el sistema actual pues ningún demócrata, a no ser que lo sea de boquilla –como lo es demagógicamente algún plumilla a sueldo del mejor postor-, puede aceptar que se vuelva a aplicar una vez más -y ya van nueve- un sistema electoral en el que, por los efectos de la triple paridad y de las barreras electorales, se distorsiona torticeramente la voluntad popular ya que, a), dos formaciones políticas, Ciudadanos y Unid@s, se han quedado sin representación, pese a obtener entre los dos más de 70.000 votos; b), la Agrupación Socialista Gomera (ASG), con poco más de 5.000 votos, obtuvo 3 de los 4 diputados por La Gomera y, c), la formación que sacó más escaños –y que gobierna ahora en solitario-, CC, fue la tercera en votos, con poco más del 18%.

Debido a esa distorsión, es generalizada la exigencia de una reforma electoral que, a través de romper con la triple paridad y disminuir de manera drástica las barreras, logre mucha más pluralidad y proporcionalidad, permitiendo una autentica adecuación entre voluntad popular y representación; es decir, que el sistema gane en democracia. Parece que así lo han decidido PSOE, PP, Podemos y NC en la ponencia parlamentaria creada para estudiar la reforma electoral al acordar un sistema con 10 diputados más, uno para Fuerteventura, que compense su desventaja frente a La Palma que, con casi la mitad de población tenía un diputado más, u creando un colegio de restos con los nueve restantes; reforma a la  presumiblemente estará de acuerdo, porque todas las fuerzas se benefician de esa reforma: con los resultados de 2015, entran Ciudadanos y Unid@s, crecen los demás partidos y CC sigue siendo la formación con más escaños).

Hace muchos años que Victoriano Ríos tiene asignada esa etiqueta, no tanto por su labor ideológica, que también, sino desgraciadamente por la escasez de intelectuales que hayan construido eso que a él le gustaba denominar el moderno nacionalismo canario. Su reciente fallecimiento es una nueva oportunidad para volver a dedicarle un particular homenaje a su figura y su legado, ahora que ya no me lo pueda reprochar.

Mi padre, médico de formación y docente de vocación, fue un humanista que profesó el nacionalismo cuando muy poca gente lo hacía, en el sentido de que tenia la firme convicción de que, ante la lejanía e insularidad de Canarias, se requería de gente que la defendiese frente a incomprensiones y olvidos de los que gobernaban desde la distancia, así como que dicha defensa de nuestra tierra se conseguiría al ser capaces de arraigar una conciencia colectiva de nuestra identidad como pueblo diferenciado, que debía manifestarse a través de una inequívoca voluntad de autogobernarnos (es sorprendente cómo al cabo de los años ese pensamiento político sigue teniendo una extraordinaria vigencia).

Desde que en 1982 se aprobó el actual sistema electoral, que, como de todos es sabido, instaura la triple paridad (número igual de diputados entre provincias -30 y 30-, entre las islas capitalinas -15 y 15- , y entre éstas y el resto -30 y 30-) y la doble barrera electoral del 6% autonómico y el 30% insular (elevadas en 1996 desde el 3 y el 20%, respectivamente), ha sido sistemáticamente criticado desde distintos sectores y también por diversas causas, lo que evidencia que no fue producto de ningún pacto fundacional; prueba de ello es la feroz (y precoz) crítica que realiza Gumersindo Trujillo, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de La Laguna –y maestro de tantos juristas-, al proyecto de Estatuto que ya contenía una igualdad entre islas centrales y periféricas en su célebre trabajo “El Estado y las comunidades autónomas ante la exigencia constitucional del voto igual”. Decía el recordado profesor: “tal regulación suscita, a nuestro juicio, fundamentales reparos sobre su legitimidad constitucional, que afectan principalmente a la paridad representativa entre las islas «centrales« y «periféricas« y a los mínimos o barreras electorales” (REDC, vol. 1, núm. 2, mayo-agosto 1981, pág. 52).

Básicamente se achaca al sistema electoral canario un gran déficit democrático porque provoca una enorme distorsión de la voluntad popular derivada de la desproporción del voto entre las islas más pobladas y las menos, así como por la enorme magnitud de las barreras. Consecuencia de ese déficit democrático son los resultados de las últimas elecciones, hay que insistir en ello, en las que:

Sé que no va a ser la mejor solución, ni siquiera la menos mala, pero incluso aunque se convirtiera en la definitiva será mejor que el sistema actual: ningún demócrata, a no ser que lo sea solo de boquilla, puede aceptar que se vuelva a aplicar una vez más -y ya van nueve- un sistema electoral en el que, por los efectos de la triple paridad y de las barreras electorales, se ha producido en los últimos comicios tal distorsión de la voluntad popular en la que:

a) Dos formaciones políticas, Ciudadanos y Unid@s, se han quedado sin representación, pese a obtener entre los dos más de 70.000 votos, por no superar unas barreras que si no hubieran existido habrían conseguido dos Ciudadanos (uno por Tenerife y otro por Gran Canaria) y otro Unid@s (por Gran Canaria).

No conozco a nadie, sin un interés directo, que defienda política o jurídicamente el actual sistema electoral canario. No digo que sea necesariamente inconstitucional –aunque manejo sólidos argumentos para sostener que sí-, sino que es de muy poca calidad democrática. Vamos, que es manifiestamente mejorable y que, tras nueve procesos electorales en 34 años, nos merecemos mejorarlo.

De un tiempo a esta parte –sin ir más lejos, en el debate de la nacionalidad de esta semana- no dejo de oír a dirigentes de distintas fuerzas políticas referirse al encaje, anclaje o blindaje constitucional del REF y me asalta la duda de si saben realmente de qué están hablando. El REF, nuestro Régimen Económico Fiscal, es fruto de un pacto histórico no escrito entre las élites canarias y el Estado (mediante el cual el Archipiélago se mantendría leal a cambio de ver reconocidas sus singularidades) y por eso el REF está recogido en la Constitución española de 1978; concretamente en su disposición adicional tercera. Otra cosa es que esa previsión constitucional sirva ya para algo o sea suficiente para la supervivencia del REF (es obvio que ninguna de las dos cosas). Por eso, al hablar de ese encaje, anclaje o blindaje se deberían estar refiriendo –algo que no sé si tienen claro- a evitar que se desvirtúe la finalidad para el que fue concebido hace cinco siglos: establecer una serie de medidas dirigidas a favorecer el desarrollo económico y social del Archipiélago.

Lo cierto es que desde 2003 el Tribunal Constitucional, en sucesivas sentencias, ha venido a dejar claro que esa previsión constitucional del REF es poco menos que papel mojado porque ni le reconoce carácter vinculante del informe del Parlamento de Canarias sobre las modificaciones que se hagan, ni concede a la Ley que lo desarrolla ningún contenido de obligado cumplimiento por parte del Estado, que la puede ignorar cuando le venga en gana.

Nadie que conozca de cerca la realidad canaria puede cuestionar con solvencia la existencia de los cabildos. Por ello, siempre he creído que una de las claves para avanzar en la construcción de Canarias como país está en conseguir articular definitivamente nuestra organización administrativa; esto es, poder consensuar el papel que deben jugar sobre todo los cabildos insulares, pero también los municipios, en el entramado institucional del Archipiélago como entidad jurídico-política.

Entiendo que esos tres niveles administrativos -Archipiélago, Islas y Municipios, cada uno con sus propias instituciones, competencias y financiación- deben formar un sistema perfectamente cohesionado a través del cual el Pueblo canario pueda autogobernarse para satisfacer sus necesidades básicas, máxime en estos tiempos de dificultades económicas, de excesiva dependencia exterior y, derivado de lo anterior, de pérdida de confianza en las instituciones.

Vaya por delante que no confío en que el nuevo Estatuto vaya a resolver mucho las cosas. Más que nada porque el modelo autonómico del Estado español está agotado y porque quienes han tenido y tienen la responsabilidad de manejarlo (aquí y en Madrid), por desidia o por consigna política, o no están convencidos de su utilidad para resolver los problemas de los ciudadanos o han estado más preocupados en otras cosas…

Pese a todo, no entiendo las reticencias de determinadas formaciones políticas canarias a la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía. No sé si ese rechazo es por postureo, por ignorancia o por soberbia; lo cierto es que el PP, NC y Podemos se oponen a que se tramite en las Cortes. Me temo que ni se lo han leído (tampoco creo que lo hayan hecho CC y PSOE, pero les toca defenderlo). Algo incluso comprensible porque el nuevo Estatuto pasa de 65 a 200 artículos y el expediente que lo soporta consta de miles de folios.