¿Qué Policía Canaria queremos?

En el complejo tablero de la seguridad pública, la Policía Canaria debe representar una pieza clave; sin embargo, su pleno desarrollo se ve frenado por un corsé legal, competencial y financiero que ya no responde a las necesidades de nuestra tierra. El debate sobre su futuro no es un capricho político, sino una necesidad estratégica que definirá el modelo de seguridad para las próximas décadas en el archipiélago. La pregunta es clara: ¿queremos una policía de segunda o apostamos por un modelo integral, eficiente y plenamente canario?

Desde su creación, la ley canaria -ay, ese complejo populista- definió a nuestra Policía como un cuerpo “complementario”. Un modelo que, en la práctica, ha supuesto un lastre, relegándola a una percepción de cuerpo secundario frente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta visión ignora una realidad incontestable: la Policía canaria ya ejerce funciones de enorme calado. 

Su habilitación y actuación como Policía Judicial -pese a interpretaciones pecatas-, participando activamente en la investigación de delitos bajo la dirección de jueces y fiscales, como establece la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y su propia Ley 2/2008, del Cuerpo General de la Policía Canaria, demuestra que no estamos ante un cuerpo de meras funciones administrativas, sino ante una fuerza policial que está preparada para asumir mayores responsabilidades.

El principal agravio comparativo reside tanto en su consideración como en su financiación. Mientras modelos policiales integrales como la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra cuentan con un reconocimiento explícito en la citada Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (disposiciones finales primera y segunda), que se han concretado en sendos acuerdos de financiación con el Estado, Canarias soporta tanto un menosprecio institucional como el coste completo de su policía. ¿Es justo que los canarios financien íntegramente un cuerpo que contribuye a la seguridad pública, una competencia estatal, mientras otros territorios reciben fondos para sus policías? La respuesta es un rotundo no. Nuestra condición de archipiélago atlántico, con sus singularidades y los desafíos que suponen la gestión de un territorio fragmentado, la presión turística y los fenómenos migratorios, justifica sobradamente un modelo de financiación corresponsable.

La transformación de la Policía canaria en una policía integral no es una quimera, sino una evolución lógica y necesaria. Los beneficios son evidentes:

Mayor eficiencia: Unificar la respuesta policial bajo un mando único, aunque coordinado con el resto de fuerzas, sean locales o estatales, adaptado a la realidad canaria, lo que evitaría duplicidades y optimizaría los recursos humanos y materiales.

Proximidad y conocimiento del territorio: Una policía integral, con un despliegue completo en todas las islas, garantiza un conocimiento profundo del terreno y de la sociedad a la que sirve, clave para la prevención del delito y la protección ciudadana.

Avance en el autogobierno: Asumir la competencia plena en seguridad ciudadana es un pilar fundamental del desarrollo autonómico, como lo son la sanidad o la educación. El Artículo 148 del Estatuto de Autonomía de Canarias abrió una puerta que debemos atravesar por completo.

El camino para lograrlo está jurídicamente trazado y solo requiere voluntad política. Implica únicamente una modificación de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para reconocer, como lo hace con vascos, catalanes y navarros, nuestra singularidad, y la negociación de un acuerdo de financiación justo que permita su despliegue definitivo tanto en número de efectivos como de competencias.

Las mujeres y hombres de la Policía Canaria vienen demostrando con creces su valía y compromiso. Son una policía preparada y profesional que merece las herramientas para desarrollar todo su potencial. Negar a los canarios, como parece que pretenden las fuerzas estatalistas, la posibilidad de que se pueda convertir en la policía integral que el archipiélago necesita no solo sería un error histórico, sino una irresponsabilidad que lastraría nuestra seguridad y bienestar y el desarrollo de nuestro autogobierno. Es hora de que todas las administraciones, desde el Gobierno de Canarias hasta el Gobierno de España, estén a la altura, instando y/o apoyando las modificaciones necesarias para lograr que Canarias y su gente cuenten con una policía integral, potente, cercana y financiada con justicia.