Los cárteles empresariales: una amenaza a combatir
Cuando se habla de un cártel surgen inmediatamente en el imaginario colectivo organizaciones criminales que controlan la producción y/o distribución de drogas: el de Medellín, Cali, Sinaloa o Jalisco están entre los más destacados. Sin embargo, poco se habla de otro tipo de cárteles. Las organizaciones clandestinas empresariales que controlan diversos sectores de la economía.
El primero registrado documentalmente fue Phoebus: El 23 de diciembre de 1924 se reunían en un hotel de Ginebra los principales ejecutivos de General Electric, Osram, Philips y otras grandes compañías del sector de la iluminación. No iban de vacaciones de Navidad. Iban a acordar la duración de las bombillas, un máximo de 1.000 horas (cuando la duración estándar de la época era de 2.500 horas). Establecieron por escrito inflados precios de venta al consumidor, las cuotas de mercado de cada empresa, las zonas de influencia de cada uno y las especificaciones técnicas en la fabricación. No fabricaban un producto dañino para la salud pública, ni ejercían violencia en las calles. Pero estaban en la vanguardia de otro tipo de violencia: la económica y medioambiental. Hubo que esperar a 1953 para que un tribunal federal de Estados Unidos dictara sentencia contra General Electric por conspiración para restringir el comercio y monopolización del mercado.
En las democracias representativas como la nuestra tenemos la oportunidad de votar a un partido político en cada elección (generalmente cada cuatro años), pero con una periodicidad mucho menor tomamos decisiones como consumidores, eligiendo (en teoría) libremente cada día entre una marca u otra. Esa acumulación de decisiones de consumo tiene, a mi juicio, mayor poder que la única decisión del voto. Es mayor nuestro poder como consumidores que como ciudadanos. Pues bien, si asumimos este postulado, debe existir una relación de confianza entre el fabricante/prestador de servicios y el consumidor. En el momento en el que hay pactos entre empresas para perjudicar al consumidor, se quiebra esta confianza y lo que la Constitución reconoce como “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado” y “los legítimos intereses económicos de los consumidores”.
Aterrizamos. Vámonos a la España actual. Sigue habiendo cárteles empresariales, pero también hay mecanismos del Estado para luchar contra ellos. La CNMC se posiciona como principal paladín en la defensa de la libertad de mercado. A continuación, se muestra un resumen de los principales expedientes sancionadores impulsados en la última década por este organismo dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
Sector
Cuantía de la Sanción
Empresas Implicadas Principales
Año
Motivo de la Sanción
Economía digital/ Agencias de viajes
413,24 millones €
Booking.com B.V.
2024
Abuso continuado de posición de dominio (80% de cuota de mercado), restricción de la competencia y cláusulas de paridad de precios.
Construcción e Infraestructuras
203,6 millones €
Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL (Audax)
2022
Reuniones semanales durante 25 años para coordinar ofertas técnicas e intercambiar información confidencial en miles de licitaciones públicas de obra civil.
Automoción / Fabricantes
171 millones €
21 empresas (SEAT, Peugeot, Renault, Toyota, etc.) y 2 consultoras
2015
Intercambio de datos comerciales estratégicos (márgenes, campañas y posventa) que controlaba el 91% del mercado y reducía los descuentos a los compradores.
Transporte Ferroviario (AVE)
118 millones €
15 compañías (Siemens, Alstom, Cobra, Elecnor, Inabensa, etc.)
2019
Creación de tres cárteles secretos para repartirse de forma fraudulenta los concursos públicos de seguridad y electrificación del AVE convocados por ADIF.
Mantenimiento de Carreteras
61,28 millones €
12 empresas (Aceinsa, Alvac, API Movilidad, Ferroser, etc.)
2021
Amaño sistemático de licitaciones destinadas a los contratos de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado.
Consultoría
5,87 millones €
22 firmas (Deloitte, PwC, KPMG, Indra, Everis, etc.)
2021
Manipulación de unos 200 contratos públicos mediante “ofertas de cobertura” pactadas para simular competencia y encarecer los servicios.
Alimentación y Catering Social
Pendiente de cálculo final
Diversas distribuidoras de catering alimentario
2024
Reparto ilegal de contratos públicos para el suministro de comida a hospitales, prisiones, centros militares y residencias de ancianos.
Bases de Datos Empresariales
Sanción económica variable
Informa D&B y Bureau Van Dijk
2023
Pacto anticompetitivo y reparto del mercado español de información comercial y financiera durante casi dos décadas.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMC
La enfermedad del corporativismo monopolista o como lo denominan muchos en España: el capitalismo de amiguetes parece transversal, tocando sectores diversos y abarcando áreas significativas de la economía. Pero lo más interesante de este cuadro no son las empresas que aparecen, sino las que no aparecen porque no han sido sancionadas, por falta de capacidad del organismo para detectar, probar y sancionar las actividades fraudulentas. La CNMC es el hermano pobre entre sus homólogos europeos: España dedica 1,44€ por habitante al año en actividades para asegurar la libre competencia, mientras que nuestros vecinos van claramente por delante: Francia (2,25€), Italia (3,39€), Alemania (3,78€) o Países Bajos (5€).
Un aumento de la inversión por parte del Estado en este campo, además de fomentar la existencia de mercados limpios supone un retorno para la Administración en concepto de pago de sanciones. Ha sido reclamado por la propia CNMC en sus informes y memorias institucionales, así como por diversos expertos económicos y las asociaciones de consumidores. Todos ellos coinciden en que dotar de mayor autonomía financiera y presupuestaria al organismo no representa un gasto público neto, sino una inversión altamente rentable para el bienestar de los ciudadanos y las arcas del Estado ¿Qué o quién evita que actúe en este sentido el Gobierno de España?