Guaguas gratis, planificación pendiente

La gratuidad del transporte público de viajeros en Canarias ha sido, sin duda, una de las medidas más populares y celebradas de los últimos años. No es para menos. En un territorio fragmentado, con desigualdades territoriales evidentes y donde el coste de la vida pesa especialmente en los bolsillos, facilitar el acceso a la movilidad supone abrir puertas: al empleo, a la educación, a la sanidad, al ocio y, en definitiva, a una vida más digna.

Desde que se implementó la gratuidad en las guaguas, el número de viajeros ha aumentado de forma espectacular. Personas que antes no podían permitirse usar la guagua con frecuencia ahora lo hacen a diario. Jóvenes que dependían de terceros han ganado autonomía. Trabajadores que antes tenían que elegir entre gasolina o comida han encontrado un respiro. La medida ha democratizado el transporte y ha contribuido a reducir, al menos en parte, la brecha social. Ese es el lado luminoso de la moneda: más movilidad, más igualdad y más oportunidades.

Sin embargo, como suele ocurrir cuando una buena idea se aplica sin la planificación suficiente, la realidad termina mostrando también su cara menos amable.

El aumento masivo de usuarios no ha venido acompañado de un refuerzo proporcional del servicio. Y eso se nota, y mucho, en el día a día de miles de personas. Las guaguas pasan llenas, a veces incluso sin detenerse porque ya no cabe nadie más. Las paradas se convierten en puntos de acumulación donde la paciencia se pone a prueba. Usuarios habituales, que antes podían confiar en cierta regularidad, ahora ven cómo su experiencia ha empeorado drásticamente.

El problema no es la gratuidad en sí, sino la falta de previsión. Era evidente que eliminar el coste iba a disparar la demanda. Era previsible que más personas optarían por el transporte público. Y, sin embargo, no se dimensionó adecuadamente la oferta. No se aumentaron las frecuencias de forma suficiente, no se reforzaron las líneas más saturadas, no se amplió la flota al ritmo que exigía la nueva realidad.

Aquí entra otro elemento clave: la incertidumbre. La subvención que sostiene la gratuidad se aprueba año a año. Eso genera una enorme inseguridad en las empresas de transporte. Comprar nuevas guaguas no es una decisión menor: supone una inversión millonaria, con un periodo de amortización largo. No se trata de adquirir unos pocos vehículos, sino de planificar a medio y largo plazo.

¿Quién se atreve a asumir ese riesgo si no sabe si dentro de un año la gratuidad seguirá existiendo? ¿Qué empresa se embarca en una ampliación importante de flota si puede encontrarse, de la noche a la mañana, con una caída brusca de la demanda en caso de que se retire la subvención? La lógica empresarial es clara: prudencia. Y esa prudencia, comprensible desde el punto de vista económico, se traduce en una falta de capacidad para dar respuesta a la demanda actual.

El resultado es un sistema tensionado, al límite, donde la buena intención inicial se ve empañada por la frustración de los usuarios. Porque no basta con que el transporte sea gratuito; tiene que ser también útil, fiable y de calidad.

A todo esto, se suma una paradoja que merece una reflexión más profunda. Si el número de viajeros ha crecido tanto, ¿por qué seguimos viendo atascos descomunales en nuestras carreteras?

Una posible explicación, cada vez más evidente, es que no todos los nuevos usos del transporte público están sustituyendo al coche privado en los momentos clave del día. Cabe pensar que muchas personas, que muchas familias, siguen utilizando el coche en hora punta para llevar a los niños al colegio o para acudir al trabajo, donde la puntualidad y la certeza son imprescindibles. Y, en cambio, recurren a la guagua en horas valle, para desplazamientos más relajados: un paseo por la ciudad, una visita, una tarde de compras o un fin de semana en la playa.

Es decir, la gratuidad ha ampliado el uso del transporte público, sí, pero no necesariamente ha reducido en la misma proporción el uso del coche en los momentos de mayor congestión. Se ha ganado movilidad, pero no siempre se ha transformado el patrón de movilidad. Y eso explica, en parte, por qué las carreteras siguen colapsadas mientras las guaguas también van llenas.

A este fenómeno se suma otro elemento: la propia saturación del servicio en horas punta puede estar actuando como un desincentivo. Si sabes que la guagua va llena o que quizá no puedas subir, es más probable que optes por el coche, aunque eso suponga quedarte atrapado en un atasco. Al final, muchas decisiones cotidianas se toman por fiabilidad más que por coste.

También hay un factor estructural que no se puede ignorar. El modelo de movilidad en Canarias ha estado históricamente muy centrado en el vehículo privado. Cambiar eso requiere algo más que gratuidad. Requiere planificación integral, inversión sostenida, coordinación entre administraciones y, sobre todo, una mejora real y perceptible del servicio.

La gratuidad ha sido un incentivo poderoso, pero no suficiente. Si no se acompaña de una red eficiente, de frecuencias adecuadas, de carriles preferentes, de intermodalidad y de una apuesta decidida por el transporte público como eje vertebrador, el coche seguirá ocupando un lugar central.

Por eso, el debate no debería centrarse en si la gratuidad es buena o mala. La evidencia demuestra que ha tenido efectos positivos indiscutibles. El verdadero debate está en cómo se gestiona, cómo se planifica y cómo se garantiza su sostenibilidad en el tiempo.

Hace falta estabilidad. Si se quiere que las empresas inviertan, hay que ofrecer un horizonte claro. No se puede construir un sistema de transporte sólido sobre decisiones anuales que generan incertidumbre. Hace falta compromiso político a medio y largo plazo.

Hace falta también escuchar a los usuarios. A quienes esperan en las paradas, a quienes ven pasar guaguas llenas, a quienes llegan tarde al trabajo porque no pudieron subirse a tiempo. Sus quejas no son un ataque a la medida, sino una llamada de atención para mejorarla.

Y hace falta, en definitiva, entender que la movilidad es un derecho, pero también un sistema complejo que requiere planificación, recursos y visión.

La gratuidad del transporte público en Canarias es, al mismo tiempo, un logro y un aviso. Un logro porque ha demostrado que es posible facilitar la vida a la gente de forma directa y tangible. Un aviso porque ha puesto de manifiesto las debilidades de un sistema que no estaba preparado para asumir ese cambio.

La moneda tiene dos caras, y ambas son reales. Negar una u otra sería un error. Lo inteligente es mirarlas de frente y actuar en consecuencia.

Porque, al final, de lo que se trata no es solo de subir a una guagua sin pagar. Se trata de poder subir. De llegar. De confiar. De sentir que el transporte público no es una opción de segunda, sino la mejor opción.

La gratuidad abrió la puerta. Pero si no se garantiza un servicio a la altura, esa puerta puede convertirse en un espejismo: accesible en teoría, frustrante en la práctica. Canarias no puede permitirse quedarse a medio camino. O se consolida un sistema de transporte público digno, eficaz y bien planificado, o la gratuidad acabará siendo solo un parche bienintencionado sobre un problema estructural que sigue sin resolverse.