El plan completo: de Acciona, pasando por el Supremo, al discurso de Garamendi

El 2 de noviembre de 2023, José María Aznar pronunció en un acto de FAES la frase que definiría la estrategia de los dos años siguientes: “El que pueda hacer que haga”. No era retórica. Era un manual de instrucciones para una ofensiva coordinada contra el gobierno de coalición en el Estado español. Hoy, con la perspectiva que dan más de dos años de acontecimientos encadenados, podemos trazar el mapa completo de esa operación: desde las sedes judiciales hasta los despachos empresariales, pasando por las redacciones mediáticas.

La condena al fiscal general del Estado el 20 de noviembre de 2025, el registro de Acciona el 14 de noviembre de 2025 y las declaraciones de Garamendi sobre la “cultura del esfuerzo” el 5 de diciembre de 2025 no son eventos aislados. Son piezas de un engranaje perfectamente sincronizado que persigue un único objetivo: crear las condiciones para un gobierno PP-Vox que complete la agenda que el actual consenso democrático que da apoyo al actual gobierno de coalición aún impide.

Empecemos por el segundo movimiento, aunque cronológicamente no sea el primero. El 20 de noviembre de 2025, la Sala Segunda del Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por revelar información sobre el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La condena fue adoptada por cinco votos contra dos. Dos magistradas progresistas votaron en contra. El proceso de elaboración de la sentencia, una vez concluso el juicio, incluyó hechos que quebrantan la apariencia de imparcialidad objetiva que debería tener la mayoría del tribunal que condenó y que revela su naturaleza política.

En primer lugar, se adelantó el veredicto sin tener redactada la sentencia. Esto maximizó la indefensión. En segundo lugar, tres jueces del Supremo que votaron la condena acudieron, mientras estaban en fase de deliberación, a impartir cursos en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Esta institución era una de las acusaciones querellantes. Durante esos cursos, los jueces revelaron detalles internos del caso, cobrando por ello. En tercer lugar, la fecha elegida fue el 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco. Este simbolismo deliberado envía un mensaje sobre quién manda realmente en España.

Seis días antes, el 14 de noviembre de 2025, tuvo lugar lo que debería haber sido un escándalo. Los medios, sin embargo, difuminaron con eficacia quirúrgica cómo se llegó a ese registro. La UCO registró las sedes de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla por orden del juez Leopoldo Puente. La investigación se centraba en presuntas comisiones ilegales en adjudicaciones públicas vinculadas al caso Ábalos-Cerdán.

Según los informes de la Guardia Civil, Acciona habría pagado 620.000 euros gestionados por Santos Cerdán. Estos fondos servirían para amañar obras como el Puente del Centenario de Sevilla o los túneles de Belate en Navarra. Pero hay un detalle revelador. Mientras se registraban por la fuerza empresas pequeñas como Servinabar, Obras Públicas y Regadíos o Levantina Ingeniería, a Acciona se le envió un simple requerimiento de documentación meses antes. Cuando finalmente la registraron, fue un registro testimonial. Los agentes salieron con tres mochilas. Tan solo tres mochilas para una trama que supuestamente mueve millones.

¿Por qué esta diferencia de trato? La respuesta está en quién es Acciona. Se trata de una corporación con vínculos estructurales con todos los poderes del Estado, incluida la propia Guardia Civil. Como señaló la Cadena SER, Paloma Pérez de los Cobos, responsable de comunicación de una división de Acciona, es hija del coronel Diego Pérez de los Cobos, también vinculado a la UCO. No hace falta imaginar conspiraciones. Estamos ante una coordinación orgánica de clase. Las grandes corporaciones del capitalismo español gozan de protección sistémica mientras se persigue con saña a políticos molestos.

Y apenas tres semanas después del registro de Acciona, quince días después de la condena, llegó el tercer movimiento. El 5 de diciembre de 2025, Antonio Garamendi pronunció sus declaraciones sobre la “falta de cultura del esfuerzo” y el absentismo laboral concentrado supuestamente en lunes y viernes. ¿Casualidad temporal? No. Constituye la culminación discursiva de lo que la Sala Segunda del Supremo y el caso Acciona iniciaron en el plano represivo e institucional. Mientras el Supremo neutraliza a la Fiscalía, contraria a los intereses políticos reaccionarios y derechistas, y mientras Acciona —símbolo del capitalismo extractivo español— sale casi indemne de registros testimoniales, Garamendi construye el relato ideológico. Ese relato culpabiliza a los trabajadores de la crisis estructural del capitalismo español.

La sincronización es perfecta porque responde a una lógica de clase compartida. No necesitan reuniones secretas para coordinarse. La burguesía monopolista española, la oligarquía judicial conservadora y el poder mediático actúan orgánicamente. Comparten proyecto político, enemigo común e intereses materiales. Su convergencia estratégica tiene tres objetivos:

Primero, preparar el terreno ideológico. El discurso de Garamendi sobre la “vagancia obrera” instala el sentido común de que el problema español no es la distribución desigual de la riqueza, ni los beneficios empresariales récord, ni los salarios estancados desde 2008. Según esta narrativa, el problema es la supuesta falta de esfuerzo de trabajadores que se dan de baja los lunes y viernes. Esta narrativa moraliza la economía política. Convierte una cuestión de explotación estructural en un problema de valores individuales. Si el problema es moral, no hay solución colectiva posible. Solo queda la disciplina, el castigo, la normalización forzosa.

Segundo, neutralizar instituciones de contrapeso. La condena a García Ortiz neutraliza a la Fiscalía, para acomodarla y ajustarla a los intereses económicos y políticos reaccionarios. El registro blando a Acciona envía el mensaje de que las grandes corporaciones son intocables. El martilleo mediático sobre “casos” y “corrupción” del PSOE crea la sensación de que solo la izquierda es corrupta. Este martilleo se produce mientras se solapan escándalos monumentales del PP, como los papeles de Bárcenas o las comisiones de la Púnica.

Tercero, generar las condiciones para un gobierno PP-Vox. Este es el núcleo del dispositivo. El gobierno actual, por tímido y limitado que sea, mantiene mínimos que frustran al bloque dominante. Una Fiscalía que está a favor de leyes como de la amnistía y del solo sí es sí, o a los indultos contra los condenados en el procés. Un Ministerio de Trabajo que conserva conquistas básicas, aunque ceda en mucho. Una Inspección de Trabajo que funciona precariamente pero existe. Un gobierno PP-Vox completaría lo que estos límites impiden. Llevaría a cabo una reforma laboral regresiva completa, recortes drásticos de protecciones sociales, endurecimiento del acceso a bajas médicas, desregulación total de sectores como hostelería y construcción, y criminalización efectiva de la protesta sindical. Además, de una involución política de recentralización españolista.

Esta es la aplicación práctica del dictado de Aznar. “El que pueda hacer que haga” se tradujo en: el que pueda condenar desde el Supremo, que condene; el que pueda martillear mediáticamente, que martillee; el que pueda construir relatos sobre vagancia obrera, que los construya; el que pueda registrar selectivamente, que registre; el que pueda filtrar, que filtre. Todos coordinados hacia el mismo fin: hacer ingobernable el presente para imponer un futuro autoritario.

La función del ejército industrial de reserva que Garamendi revela sin pretenderlo es central aquí. Se queja simultáneamente de tres millones de desempleados y de falta de trabajadores en hostelería, construcción y transporte. Esta contradicción aparente es, en realidad, la lógica perfecta del capitalismo. El capital necesita desempleo masivo para disciplinar laboralmente, presionar salarios a la baja e imponer flexibilidad total. Pero ese ejército de reserva debe estar desesperado, dispuesto a aceptar cualquier condición. Por eso atacan las prestaciones, el ingreso mínimo vital, las bajas laborales. Estos mecanismos permiten a los trabajadores rechazar empleos indignos. Lo que Garamendi exige realmente es hambre como mecanismo disciplinario.

Para imponer ese nivel de disciplina, cuando ya no hay consenso social, se necesita un Estado autoritario. Un Estado que criminalice la enfermedad, que persiga el absentismo, que señale sectores “problemáticos”, que reprima la organización sindical. Un Estado que el actual gobierno —con todas sus limitaciones y claudicaciones— aún no puede o no quiere ser completamente.

De ahí la urgencia del recambio que articula toda esta ofensiva. PP-Vox no es una alternancia democrática más. Es la herramienta institucional para completar una reestructuración autoritaria del pacto social español. Esta reestructuración opera desde múltiples instancias. Desde el poder judicial, implica la judicialización total de cualquier resistencia progresista. Desde la patronal, implica la imposición de agenda empresarial sin obstáculos institucionales. Desde el ejecutivo, implica el desmantelamiento de las últimas protecciones del Estado social. Desde los medios, implica la consolidación del relato único sobre “vagancia”, “corrupción socialista” y “necesidad de orden”.

La historia nos enseña que cuando las burguesías no logran consenso, intensifican la coerción. No estamos ante un golpe militar, pero sí ante una degradación democrática progresiva. Esta degradación incluye la erosión de derechos laborales, la criminalización de la protesta, el vaciamiento de instituciones de contrapeso y la construcción de enemigos internos. Es el modelo italiano con Meloni, el argentino con Milei. España camina hacia esa senda.

El tiempo de estas operaciones no es accidental. Es calculado. Condenan a García Ortiz el 20-N de 2025 para recordar simbólicamente quién tiene el poder real. Las declaraciones de Garamendi en diciembre de 2025 instalan el relato de cara a las negociaciones laborales del año siguiente. Registran Acciona en noviembre de 2025, en la forma en que se hizo, para mandar mensaje a corporaciones sobre su impunidad. Todo encaja. Todo converge. Todo prepara el terreno para que, cuando llegue el gobierno de derechas —y el calendario electoral lo hace probable—, la agenda ya esté escrita, los obstáculos neutralizados, el consenso fabricado.

No lo llamarán fascismo. Lo llamarán “responsabilidad fiscal”, “sostenibilidad del sistema”, “modernización laboral”, “lucha contra el fraude”. Pero el resultado será el mismo: un reajuste autoritario donde los trabajadores pierdan todo margen de maniobra, las grandes corporaciones operen sin escrutinio, y cualquier resistencia sea criminalizada.

La clase trabajadora española tiene experiencia histórica en resistir ofensivas de este tipo. Pero la historia también enseña que las resistencias desorganizadas, tardías o ilusionadas con imposibles alianzas con sectores “democráticos” de la burguesía, terminan derrotadas. El tiempo de la ingenuidad terminó. Porque cuando Garamendi habla de “cultura del esfuerzo” mientras Acciona sale indemne de investigaciones por corrupción, y mientras el Supremo condena al fiscal general del Estado, lo que realmente dicen es: necesitamos trabajadores quebrados, instituciones neutralizadas y un Estado dispuesto a disciplinar sin contemplaciones. La pregunta no es si vendrá la ofensiva final. Ya está aquí. La pregunta es si estaremos preparados cuando complete su fase terminal.