Cuando el titular convierte una política de protección a la infancia en un atajo hacia la adopción

En ocasiones una política pública puede partir de una intención razonable y, sin embargo, terminar generando una percepción social distorsionada. No siempre ocurre por el contenido de la norma, sino por la manera en que se comunica. Y cuando se trata de infancia y protección, esa diferencia entre lo que se pretende y lo que la ciudadanía entiende no es un asunto baladí.

Estos días varios medios han publicado titulares sobre la futura ley de infancia que se prepara en Galicia. Los enunciados son muy similares entre sí: “Las familias que acojan a menores con éxito tendrán preferencia para adoptarlo”, “Galicia permitirá que los menores acogidos puedan ser adoptados por su misma familia”, “Las familias de acogida tendrán prioridad para adoptar”. Tres medios distintos, un mismo encuadre.

Puede parecer una cuestión menor, una manera simple de sintetizar una reforma legislativa compleja. Pero los titulares no son neutros. Son la puerta de entrada al significado de una noticia. Y lo que estos titulares están transmitiendo es un mensaje muy concreto: que quien acoja a un niño o una niña tendrá una posición privilegiada para adoptarlo.

El problema no es únicamente que el titular simplifique. El problema es que la simplificación termina alterando la lógica del propio sistema de protección. Porque el acogimiento familiar y la adopción, como medidas de protección, no nacieron para lo mismo.

El acogimiento familiar es una medida de cuidado temporal. Su función es ofrecer a un niño o a una niña un entorno familiar y seguro mientras se trabaja con su familia de origen o mientras se define su proyecto de vida. La adopción, en cambio, implica una ruptura jurídica definitiva con la filiación anterior y la creación de un nuevo vínculo de parentesco.

Son figuras distintas porque responden a objetivos distintos. Cuando ambas se presentan en el espacio público como etapas sucesivas de un mismo itinerario, el mensaje que se instala en el imaginario colectivo cambia radicalmente.

Si alguien ajeno al funcionamiento del sistema de protección lee solo esos titulares, la conclusión que probablemente extraerá es sencilla: acoges y si la situación evoluciona de determinada manera, tendrás preferencia para adoptarlo. Dicho de otro modo, el acogimiento aparece representado como una especie de antesala de la adopción.

Y ahí es donde surge la incomodidad.

Porque lo que podría haber sido presentado como una medida para evitar rupturas innecesarias en situaciones muy concretas termina siendo percibido socialmente como una vía preferente hacia la adopción. Un atajo. Una puerta trasera.

Esa narrativa no solo es problemática, sino que roza algo más inquietante. Sugiere que basta con acoger para situarse en una posición privilegiada desde la que aspirar a quedarse definitivamente con el niño o niña que se tiene bajo guarda. Como si el acogimiento pudiera convertirse en una forma indirecta de acceder a la adopción.

Nadie que conozca mínimamente el sistema de protección defendería algo así de manera explícita. Sin embargo, ese es exactamente el mensaje que se desprende de muchos de los titulares que están circulando.

Cuando la comunicación pública de una política produce ese efecto, conviene detenerse y preguntarse qué está ocurriendo. Porque en el terreno de la infancia el uso del lenguaje importa. Y mucho.

Los titulares que hemos leído estos días también comparten otra característica reveladora. En ellos aparecen las familias acogedoras y la administración. Pero desaparecen casi por completo otros actores fundamentales: las familias de origen, las personas adoptadas y, sobre todo, los propios niños y niñas como sujetos de derechos. Por ende, desaparecen de la ecuación derechos fundamentales como la preservación familiar.

El debate queda reducido a una relación entre adultos y decisiones administrativas. Y en ese desplazamiento del foco se pierde algo esencial: que el sistema de protección no existe para satisfacer expectativas adultas, sino para garantizar derechos y trayectorias vitales de niños y niñas.

Hay además otro elemento que rara vez se menciona cuando se construyen estas narrativas. Existen muchas personas y familias que se ofrecen para la adopción con una motivación muy concreta: ser familia para toda la vida. Y esa decisión implica recorrer un proceso largo, exigente y lleno de incertidumbres. Supone formación previa, evaluaciones psicosociales complejas y, en todos los casos, años de espera. Todo ello bajo la premisa de que la adopción es una medida subsidiaria dentro del sistema de protección y que solo se produce cuando no existe otra alternativa para garantizar el bienestar de la persona menor de edad.

Cuando se difunde la idea de que el acogimiento puede convertirse en una vía preferente hacia la adopción, también se introduce una distorsión respecto a ese proceso. Porque transmite la impresión de que existe un camino más corto, una forma indirecta de llegar a aquello para lo que otras personas llevan años preparándose y esperando.

Pero hay una dimensión aún más profunda que tampoco suele aparecer en estos titulares: la experiencia de las propias personas adoptadas.

En los últimos años muchas de ellas hemos empezado a relatar públicamente lo que supone crecer con la experiencia del abandono en la propia biografía. Hablamos de la pérdida de nuestra historia familiar, de la ruptura de la filiación original, de la dificultad para reconstruir la identidad o de la sensación persistente de haber sido separadas de nuestro origen. Algunas describen esa experiencia como una herida que atraviesa toda la vida y otras, incluso, hablan de la necesidad de abolir la medida.

Y no son pocas las personas adoptadas que han afirmado algo que incomoda profundamente al relato tradicional de la adopción: que, de haber tenido elección, habrían preferido no ser adoptadas y haber podido crecer dentro de su familia de origen o mantener vínculos más significativos con ella.

Escuchar estas voces no significa negar que existan adopciones que han ofrecido entornos protectores y afectivos. Significa reconocer que la adopción no es una solución neutra, ni un ideal incuestionable. Es una medida extrema y subsidiaria del sistema de protección, que implica pérdidas profundas incluso cuando el resultado final puede ser positivo.

Por eso resulta inevitable preguntarse qué hay detrás del impulso actual de determinadas reformas legislativas que facilitan la transición entre acogimiento y adopción. No es ningún secreto que este tipo de propuestas cuenta con el respaldo de algunos profesionales y sobre todo de determinados lobbies familiares que llevan tiempo defendiendo esa aproximación.

La pregunta que deberíamos hacernos es incómoda, pero necesaria: ¿este impulso responde realmente al interés superior del menor que, a mi juicio es un concepto indeterminado o, en parte, al deseo legítimo de algunas personas adultas de quedarse con un niño o una niña con quien ya han establecido un vínculo?

Dicho de forma aún más directa, aunque resulte duro formularlo: ¿corremos el riesgo de que el acogimiento empiece a percibirse socialmente como una especie de “alquiler con opción a compra”? Lo entrecomillo porque soy consciente que puede sonar provocador, incluso injusto para muchas familias acogedoras que realizan una labor generosa y valiosa. Pero precisamente por respeto a esa labor conviene ser honestos con el debate.

Además, conviene señalar que lo que ahora se plantea en Galicia no es un fenómeno aislado. Fórmulas similares ya se han incorporado a la legislación en otras comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, y se están preparando textos con planteamientos parecidos en territorios como la Comunidad Valenciana, Castilla y León o Canarias. Es decir, no estamos ante una medida puntual, sino ante una tendencia normativa que podría terminar reconfigurando el equilibrio entre acogimiento y adopción en el sistema de protección español.

Y precisamente por eso el debate debería ser mucho más profundo de lo que estamos viendo en el espacio público.

Las políticas de protección de la infancia requieren delicadeza institucional, rigor jurídico y una enorme responsabilidad ética. Pero también necesitan la capacidad de formular preguntas incómodas cuando las narrativas públicas empiezan a deslizarse hacia terrenos moral y éticamente ambiguos.

Cuando una buena idea se comunica mal, el resultado puede ser paradójico. Lo que pretendía proteger vínculos puede terminar proyectando la idea de que existe un camino rápido hacia la adopción. Y cuando la ciudadanía percibe un atajo en un ámbito tan sensible como este, lo que se erosiona no es solo una reforma legislativa concreta. Lo que se resiente es la confianza en el propio sistema de protección. Y esa es una consecuencia que ningún titular ni ninguna administración competente en la materia debería permitirse.