La vivienda, la dignidad y la Constitución de usar y tirar
Hay algo profundamente contradictorio en una sociedad que proclama la dignidad de la persona como fundamento de su orden político y, al mismo tiempo, acepta con normalidad que miles de ciudadanos vivan bajo la amenaza permanente de perder su hogar. Hemos convertido la vivienda, una necesidad humana esencial, en uno de los principales instrumentos de inversión y acumulación de riqueza, olvidando algo elemental: los inquilinos no son mercancías ni cifras en una cuenta de resultados. Son personas, con familias, proyectos de vida y derecho a un mínimo de estabilidad.
No se trata de negar la propiedad privada ni de cuestionar que un propietario obtenga una rentabilidad legítima por alquilar su vivienda. Se trata de distinguir entre el ejercicio razonable de un derecho y el aprovechamiento económico de una necesidad humana, especialmente cuando los precios de compra y alquiler se sitúan en niveles históricamente elevados. Una cosa es obtener beneficios de una propiedad y otra convertir la necesidad ajena en una oportunidad de enriquecimiento sin límites.
La creciente presencia de fondos de inversión, sociedades inmobiliarias y grandes tenedores en determinados mercados ha contribuido a que la vivienda sea tratada cada vez más como un activo financiero. Cuando la rentabilidad se convierte en el único criterio, el inquilino pasa a ser una variable económica: si puede pagar más, se puede quedar; si no, se le intenta echar sin más. Poco importan entonces sus circunstancias familiares, su arraigo o los años que lleva viviendo en ese lugar.
La reciente muerte de Maricarmen Abascal, de 87 años, después de haber sido desahuciada de la vivienda madrileña en la que había transcurrido prácticamente toda su vida, constituye una dolorosa manifestación de esta deshumanización. Sin establecer una relación causal entre el desahucio y su fallecimiento, su historia debería hacernos reflexionar sobre lo profundamente inhumano que puede resultar un sistema que antepone el valor económico de una vivienda a las circunstancias personales de quienes la habitan.
Y aquí aparece una de las mayores hipocresías de nuestro tiempo: la utilización interesada de la Constitución. Se invoca solemnemente para defender la propiedad privada, la seguridad jurídica o la libertad económica, pero cuando se recuerda que también reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna, comienzan las excusas y las apelaciones a las dificultades del mercado.
El artículo 10.1 de la Constitución sitúa la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad entre los fundamentos del orden político. El artículo 47 reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada y encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo e impedir la especulación del suelo. Y el artículo 33, que reconoce la propiedad privada, establece también que su función social delimitará su contenido de acuerdo con las leyes.
Es cierto que el derecho a la vivienda no tiene las mismas garantías jurídicas que los derechos fundamentales y que su efectividad requiere desarrollo legislativo. Pero eso no significa que pueda ignorarse. La Constitución no puede utilizarse a la carta: no se puede convertir el derecho de propiedad en un dogma y tratar el derecho a la vivienda como una mera declaración de buenas intenciones.
Este debate resulta especialmente grave en Canarias, donde la limitación y fragilidad del territorio, la expansión de los usos turísticos, la escasez de vivienda pública, la presión de la inversión inmobiliaria de no residentes y los bajos salarios dificultan cada vez más el acceso a un hogar.
Canarias no puede seguir siendo un territorio extraordinariamente atractivo para invertir y cada vez más inaccesible para vivir.
La responsabilidad política resulta ineludible. No basta con anunciar planes de vivienda, prometer nuevas promociones o lamentar las dificultades de los jóvenes. Hacen falta decisiones, recursos y voluntad para afrontar intereses económicos que no siempre coinciden con las necesidades sociales.
Necesitamos urgentemente ampliar el parque público de alquiler, incentivar la incorporación de viviendas vacías al mercado residencial, combatir la especulación, limitar la adquisición de viviendas por no residentes, establecer ayudas eficaces a la compra y al alquiler y afrontar la presión que determinados usos turísticos ejercen sobre la vivienda habitual.
Todo ello debe hacerse con respeto a la seguridad jurídica y a los derechos de los propietarios, pero sin presentar cualquier intervención pública como una amenaza contra la libertad, como si la posibilidad de obtener una mayor rentabilidad fuera la única que mereciera protección.
También es libertad poder emanciparse, formar una familia sin destinar la mayor parte del salario a un alquiler o permanecer en el barrio o pueblo en el que uno ha vivido siempre. Nuestros hijos, nuestra juventud, tienen derecho a aspirar a todo eso.
Resulta contradictorio hablar constantemente de familias, natalidad, juventud e igualdad de oportunidades mientras se toleran unas condiciones de acceso a la vivienda que dificultan precisamente esos objetivos.
La vivienda no es solamente un problema inmobiliario. Es una cuestión de justicia social, de igualdad real y de calidad democrática. No se trata de enfrentar a propietarios e inquilinos, sino de impedir que disponer de un hogar termine convirtiéndose en un privilegio reservado a quienes cuentan con suficiente patrimonio.
Porque una casa puede tener un precio, pero la dignidad de quienes la habitan no. Y una sociedad que olvida esa diferencia necesita cambiar urgentemente sus prioridades.