Los ayuntamientos celebran la marcha de Soria
La Federación Canaria de Municipios (Fecam) no se va a pronunciar públicamente sobre la salida del Gobierno de Canarias del vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, pero fuentes próximas a la institución que agrupa a los 88 municipios del Archipiélago han mostrado su “alegría” por este hecho tras los múltiples desencuentros mantenidos en los últimos años a cuentas del reparto de los fondos del Régimen Económico y Fiscal.
De igual modo, los municipios esperan que el nuevo consejero de Economía y Hacienda esté “más abierto al diálogo”, según indicaron las fuentes consultadas que incidieron en que su reclamación es similar a la que mantiene la Federación Canaria de Islas (Fecai) que ha elevado al 15% la reducción de la financiación de competencias transferidas a los cabildos en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011.
Los principales problemas han recalado en la reclamación que ha mantenido el Gobierno a las corporaciones locales por las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009 del REF. Tras muchos desencuentros Soria propuso que “en la medida en que el Estado tenga un planteamiento de entendimiento con las comunidades autónomas y nos permita a nosotros también demorar, deslizar o retrasar estos pagos, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en hacerlo también con los cabildos”.
A esto se une la batalla política a cuenta de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 9/2003 de 3 de abril de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias por la que los cabildos y ayuntamientos piden que los ingresos que reciben del Ejecutivo regional se igualen a los que obtuvieron en 2002. Las corporaciones locales mantienen sus recursos en los tribunales; mientras que el Gobierno sigue aferrado a los informes de sus Servicios Jurídicos.
Los ayuntamientos y los cabildos también han reclamado en reiteradas ocasiones que el Ejecutivo les informe puntualmente sobre la evolución de ingresos, al tiempo que han cuestionado si los costes que se queda Economía y Hacienda por gestionar estas partidas es la adecuada.
