El Cabildo cree que la viceconsejera de Bienestar Social ''debe ser cesada''
El consejero de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha considerado que la respuesta de la viceconsejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Nereida Calero, a la denuncia formulada por la institución acerca del impago del Ejecutivo autonómico a sus propios trabajadores, “merecen su cese inmediato”, informó la Corporación insular en un comunicado.
“Las declaraciones de Calero son un disparate y demuestran su desinformación ante el problema que se plantea a 166 trabajadores de la comunidad autónoma de los centros de Taliarte (145), Reina Sofía (15) y de los servicios centrales (6) que ven peligrar el cobro de parte de sus nóminas de diciembre y la paga extra de ese mes por los recortes presupuestarios que ha realizado el Ejecutivo canario en 2010”, dijo.
De esta manera, el Cabildo de Gran Canaria reclama a la consejería de Bienestar Social del Gobierno autonómico un total de 2.008.905 euros, de ellos 331.067 corresponden al coste de los salarios de los trabajadores de la comunidad autónoma, y 1.486.871 euros al pago de gastos corrientes.
Sin embargo, Quevedo expuso que la respuesta de la viceconsejera, “que confunde a trabajadores con usuarios y que mezcla de forma interesada las partidas financieras, merece su cese inmediato a no ser que la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas esté por apoyar esas disparatadas declaraciones”.
Quevedo afirmó que la viceconsejera ha confundido a sus propios trabajadores con los usuarios y las cantidades que se reclaman. “No entiende -añadió- que de lo que estamos hablando es del personal del Gobierno de Canarias que desarrolla su labor en centros gestionados por el Cabildo y que por tanto dependen del Ejecutivo”.
Asimismo, advirtió que se verá obligado a acudir a la vía judicial si por parte de la Consejería del Gobierno canario no se corrige de inmediato la grave agresión a los intereses de los trabajadores y de los usuarios de estos centros. “Los trabajadores no se merecen este trato por parte del Gobierno de Canarias”, subrayó.
Finalmente, esperó que desde la Consejería se corrija a Calero y se dé una contestación a los numerosos escritos que se han realizado para encontrar una solución a este conflicto “que deteriora aún más las ya tocadas relaciones entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias”.
