El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y los presidente de los cabildos de Gran Canaria y Fuerteventura, Antonio Morales y Lola García, respectivamente, y el consejero de Bienestar Social de Lanzarote, Marcial Acuña, han firmado este jueves los nuevos convenios de Dependencia que contemplan una inversión total de 1.630 millones de euros para todo el archipiélago entre 2025 y 2028, de los que 726 millones de euros se destinan a estas tres islas para financiar 4.955 plazas asistenciales en la provincia de Las Palmas.
Durante el acto de firma de estos nuevos convenios, Clavijo aseguró que estos permitirán “continuar avanzando en la mejora del servicio lograda durante esta legislatura”, que ha conseguido “reducir un año” el tiempo de espera para obtener la ayuda a la dependencia en Canarias, lo que dijo “demuestra el firme compromiso” del Ejecutivo regional con la atención a las personas más vulnerables.
Cabe recordar que durante esta legislatura han arreciado las críticas a la gestión de la Dependencia por parte del Gobierno regional, y concretamente de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, por la escasez de personal, la reorganización fallida y la implementación del nuevo software informático que provocó un desplome en los datos de gestión y un colapso del sistema que ha generado largas esperas para recibir una prestación. De hecho, el Ministerio de Derechos Sociales incluso señaló que el Gobierno canario envió datos de “prestaciones irreales” al sistema nacional, evidenciando un problema profundo en la gestión, con esperas que superan ampliamente los 180 días legales.
El propio Gobierno canario reconoció un error en sus datos, después de haber presumido de que había concedido más prestaciones que nunca.
Sin embargo, el Gobierno canario señala ahora que el archipiélago cerró 2025 resolviendo la obtención del reconocimiento de la ayuda a la dependencia en una media de 14 meses frente a los 26 meses en que se tardaba en cumplir este trámite a principios de la legislatura, y cita datos del registro oficial del IMSERSO.
En relación con ello, se expone que a 31 de diciembre de 2025 en el Sistema de Dependencia canario hay 68.259 personas con derecho reconocido, frente a las 44.506 que había en el mes de julio de 2023, lo que implica un incremento de 23.753 personas en el sistema, mientras que “en toda la legislatura anterior se incorporaron solo 13.000”, según Clavijo, que no ha mencionado las más de 9.000 prestaciones irreales detectadas por el Ministerio.
Clavijo, sin embargo, ha presumido del aumento del ritmo de incorporaciones al sistema, donde el “avance es aún más significativo”, ya que mientras que en la legislatura anterior se incorporaban una media de 271 personas al mes, acutalmente la cifra es de 848, lo que supone un aumento del 213%. En cuanto a las prestaciones, fijan en 65.832 las personas con una ayuda concedida frente a las 38.957 que había al inicio de la presente legislatura, lo que ha implicado un aumento de 26.875 personas (+68,99%).
Estos datos, dijo Clavijo, “son esperanzadores y reflejan un trabajo constante”, que tuvo su “punto de inflexión” en la aprobación y aplicación del nuevo decreto que regula el sistema monofásico de valoración.
Hay que recordar que en mayo de 2025 los Comités de Empresa de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, reunidos en sesión extraordinaria, acordaron exigir de forma unánime “la dimisión inmediata” de la consejera Candelaria Delgado y “el cese fulminante” de la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez Cuelliga, tras “la gravísima crisis institucional provocada por la manipulación y el falseamiento de los datos remitidos al IMSERSO sobre el sistema de atención a la dependencia en Canarias”.
Garantizar plazas y mejorar la atención
Clavijo, por su parte, consideró los nuevos convenios suscritos este jueves con los cabildos “vienen a ratificar” el compromiso del Gobierno canario con las personas más vulnerables, ya que reconoció que estos acuerdos interinstitucionales “ha costado sacarlos adelante” pero revalidan la idea de que las administraciones tienen que sentarse “a negociar y llegar a acuerdos para que estos reviertan en la mejora de la atención a la ciudadanía”.
Por su parte, los representantes insulares han coincidido en la importancia y necesidad del convenio para garantizar las plazas y avanzar en la mejora de la atención de “quienes más lo necesitan”.
Sin embargo, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, aprovechó para reclamar al Gobierno canario que aporte en las adendas los fondos para financiar las 428 nuevas plazas para personas en situación de dependencia de la isla que la institución insular “está en disposición” de poner en marcha, ya que tiene varios centros para abrir.
Morales expuso que son dotaciones “muy demandadas” que el Gobierno canario no ha incluido aún en el nuevo Convenio de Dependencia 2025/2028, “a pesar de que ya habían sido solicitadas y negociadas entre ambas instituciones”.
Aún así Morales admitió la “buena disposición mostrada” este jueves por el presidente canario, Fernando Clavijo, como por la consejera regional de Bienestar Social, Candelaria Delgado, para su próxima inclusión en las adendas.
“Coste real”
Los convenios suscritos con los cabildos, que también se rubricarán este viernes con las instituciones insulares de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, según expuso el presidente canario va a permitir pagar a “coste real” los servicios para las personas con dependencia o discapacidad.
Así los 726 millones de euros para la provincia de Las Palmas son para garantizar recursos para 4.955 plazas asistenciales, tanto residenciales como diurnas, en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, además de otros servicios “claves” para la calidad del sistema dependencia y de discapacidad.
Estos acuerdos permiten financiar la gestión de las plazas de centros de día y residenciales, así como otros servicios como la Prestación de Asistencia Personal. También contemplan la posibilidad de incrementos automáticos en función de parámetros como el IPC, o la inclusión para la financiación de nuevas plazas a través de adendas.
En cuanto a Gran Canaria, la financiación asciende a 615.280.614,03 euros, de la cual la Comunidad Autónoma asume el 70,48% y el restante corresponde al cabildo insular, para servicios y 4.328 plazas totales (2.444 centros de día y 1884 residenciales), 722 de ellas de nueva creación en 2025.
Por su parte, para Fuertevetura el importe del convenio plurianual es de 35.730.311,81, asumiendo el 74,12% el Ejecutivo autonómico y el 25,88% el Cabildo insular para financiar servicios y 308 plazas totales (162 diurnas-146 residenciales), 31 de ellas de nueva creación en 2025.
Y para Lanzarote el importe total del convenio contempla una inversión de 75.714.745 euros, de los que el Cabildo aporta el 30,39% para 647 plazas totales (328 diurnas-319 residenciales).
Con grado reconocido, pero sin prestación aceptada
Finalmente se ha informado de que, a 31 de diciembre de 2025, 2.427 personas tienen grado reconocido pero no tienen PIA, es decir, tienen el derecho a recibir una prestación, si bien no la tienen concedida administrativamente.
Desde la entrada en vigor del decreto, “este limbo se ha reducido a menos de la mitad”, según Clavijo. Los datos del IMSERSO indican que Canarias ha reducido este grupo de personas en un 67,54%, lo que supone 5.051 personas.
Sobre este limbo matizan que “era consecuencia de la incorporación al sistema de más de 8.000 solicitudes que no habían sido grabadas al inicio de la legislatura”, sin embargo el “intenso trabajo de este equipo ha logrado no solo absorber las nuevas incorporaciones, sino las obligaciones que dejó pendientes el anterior”.
De todos modos, afirman que aún queda por resolver “otro obstáculo”, como es el de personas con prestación concedida sin hacerla efectiva por razones “no achacables a la administración” y que a fecha 31 de diciembre es de 17.130 personas.
Para estos casos, el Gobierno de Canarias ha sacado a licitación el servicio de ayuda a domicilio especializado que facilitará su atención y prepara ya el nuevo Plan de Infraestructuras, que dotará al archipiélago de nuevas plazas residenciales para atender la demanda existente.
También se indicó que se trabaja en un protocolo para urgencias sociales, que actualmente se negocia.