El Gobierno de Canarias mueve ficha en la solicitud de Las Palmas de ser declarada zona tensionada
Tras dos años sin resolver la petición hecha reiteradamente desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para declarar la ciudad zona tensionada, justo cuando el problema del acceso a la vivienda ha explotado y las protestas están tomado las calles, el Gobierno de Canarias, finalmente, mueve ficha. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno regional ha anunciado que pondrá a exposición pública el expediente de la solicitud este mes de octubre, según han confirmado este jueves a EFE fuentes de ese departamento.
El Ayuntamiento ha realizado esta petición en varias ocasiones, aunque hasta ahora el Gobierno canario no le ha dado una respuesta, pese a que, según el consistorio, la ciudad cumple con los requisitos recogidos en la Ley estatal de Vivienda. Sin embargo, el Ejecutivo de Clavijo, desde que se tramitó la ley estatal, se ha negado a aplicarla en las Islas, apostando por otras medidas en el archipiélago, todas ellas, encaminadas a solucionar el problema de la vivienda con una única premisa: construir más para que, al haber más oferta, bajen los precios, pero sin adoptar ninguna que frene la especulación, el acaparamiento de propiedades o recuperar las 200.000 viviendas vacías que están fuera del mercado.
Las fuentes han indicado que este paso dado ahora, cuando las calles piden soluciones y a menos de 24 horas de que se voten en el Congreso los dos decretos del Gobierno central (que podrían quedarse sin aplicación en las Islas, de nuevo, como la ley estatal, si el Gobierno regional se empeña en no aplicarla) se produce en cumplimiento de los trámites establecidos en el decreto ley 1/2024 de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, si bien han declinado facilitar más detalles sobre el mismo.
Según el decreto, se debe poner a disposición de la ciudadanía toda la documentación que ha servido de base a la memoria justificativa y a la petición de declaración, así como el plan específico de medidas propuesto.
El decreto establece que, una vez recibida la solicitud acompañada de la documentación que se precisa, el órgano competente de la Administración autonómica podrá recabar la información adicional que considere necesaria en relación con la situación del mercado residencial en la zona.
El trámite de información pública es de al menos 20 días y deberá darse a conocer a través del Boletín Oficial de Canarias y de la Provincia de Las Palmas y, una vez finalizado, se procederá al análisis de las alegaciones presentadas para lo que se requerirá la emisión de informe al respecto al Ayuntamiento.
Cumplidos todos esos trámite, el Gobierno de Canarias decidirá si procede declarar la zona solicitada como zona residencial tensionada.
Para la declaración tendrá que tener en cuenta la incidencia en la política autonómica de vivienda y, en el caso de que se desestime, procederá al archivo de las actuaciones, según señala el citado decreto de medidas urgentes.
Las fuentes de la Consejería han indicado a EFE que el paso a exposición pública del expediente se ha efectuado tras estudiar la información requerida al Ayuntamiento y que fue entregada a la Consejería el pasado el pasado mes de febrero, es decir, hace seis meses.
El Ayuntamiento solicitó en mayo de 2024 al Gobierno de Canarias la declaración de todo su municipio como zona residencial tensionada, competencia que corresponde a la comunidad autónoma.
En enero de 2025 remitió documentación técnica complementaria elaborada con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la que se analizaba la situación del mercado residencial en el conjunto del término municipal.
En noviembre de 2025, reiteró la solicitud de declaración, que fue respondida el pasado febrero, cuando desde el Gobierno de Canarias se realizó el requerimiento de la información adicional que facilitó el Consistorio.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó en el Parlamento canario el pasado mes de junio que, si se reúne las condiciones, se aceptará la petición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de declarar a la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, pero pronosticó que “no va a servir de nada”.