El fiasco de las zonas tensionadas en Canarias: el Gobierno regional elude el tema mientras Bruselas señala a las Islas

El caso de Maricarmen, la anciana que acaba de ser desahuciada en Madrid por un fondo buitre, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la crisis de vivienda que se vive en todo el país y ha desencadenado una acampada improvisada que exige en la capital una ley que proteja a las personas frente a los especuladores de los bienes inmuebles y que anteponga el derecho a vivir en una casa a los intereses económicos de empresas y particulares. Canarias no se libra de este panorama y, de hecho, es una de las comunidades autónomas con mayores problemas de acceso a una vivienda, ya que concurren varias circunstancias: los sueldos más bajos del país, niveles récord de turismo, con aumento exponencial de las viviendas dedicadas al alquiler vacacional, y un crecimiento imparable de los precios inmobiliarios, con más del 30% de los compradores de origen extranjero y el precio del metro cuadrado urbano entre los más elevados del país.

Ante esto, el Gobierno regional, de Coalición Canaria y el PP, declaró al inicio de la legislatura la emergencia habitacional. Con este argumento, tramitó y aprobó una nueva ley de vivienda regional con el objetivo de paliar la dificultad para acceder a una vivienda a un precio asequible. La fórmula, constuir más y más rápido. El argumento del Gobierno canario es que basta con aumentar la oferta para reducir los precios. Por eso la ley no ha incluído ninguna medida específica para contener precios, eludir la especulación, o evitar que grandes tenedores acaparen inmuebles. De hecho, las medidas contenidas en la ley están orientadas solo a acelerar trámites burocráticos y licencias para que pueda construirse más rápido, con menos controles, y legalizando los cambios en el uso del suelo, perdiendo, por ejemplo, suelo destinado a dotaciones como centros de salud o parques, para poder destinarlo a construir edificios.

El resultado es que por ahora la crisis en las islas, lejos de vencerse, se está agravando. Los constructores aplaudieron la nueva ley, pero los precios no dejan de crecer. El Gobierno regional culpa a la Ley estatal de Vivienda, pero hay que recordar que en las Islas no se aplica, ni se ha aplicado nunca.

Tal y como han señalado algunos expertos y repetido desde la oposición parlamentaria, el problema de la vivienda en Canarias no es de falta de viviendas construidas, sino de problemas económicos para acceder a ellas. De hecho, se estima que en el Archipiélago hay más de 200.000 viviendas vacías fuera del mercado. La ley canaria tampoco incluye ninguna medida para incentivar que esas propiedades salgan al mercado.

Zonas tensionadas

Pero ¿qué pasa con las zonas tensionadas en Canarias? La respuesta es sencilla: no hay ninguna zona tensionada reconocida en las Islas, pero no por no cumplir los requisitos, sino porque el Gobierno canario no ha aceptado ninguna solicitud para hacerlo, porque se niega a aplicar en las Islas la Ley estatal de Vivienda. Según esta, el municipio debe solicitar la declaración al Gobierno regional, ya que este es el que tiene la competencia para hacerlo. Hasta ahora, solo tres lo han hecho formalmente (Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla, que entonces estaba gobernada por el PSOE y Adeje), pero el Gobierno canario no ha aceptado ninguna petición.

Otros municipios, como Santa Cruz de Tenerife, San Bartolomé de Tirajana, La Orotava y Los Llanos de Aridane, hicieron un tímido intento de “estudiar” si hacer la solicitud, pero ahí quedó el asunto y ninguno dio el paso para realizar la solicitud formal. Otros directamente lo han rechazado en sus plenos municipales, como La Laguna o Los Llanos de Aridane.

El caso más llamativo es el de Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento realizó la petición formal al Gobierno de CC-PP ya en 2024 para que hiciera los informes necesarios para saber si se cumplían los requisitos. El Ejecutivo respondió que los informes debía hacerlos el consistorio. Este los hizo y los remitió, pero de nuevo el Gobierno respondió con evasivas. Según el Ayuntamiento, se le requirieron informes que no eran preceptivos según la Ley tan solo para dilatar el proceso. El resultado es que, dos años después de iniciar el proceso, el Gobierno canario sigue sin declarar ninguna zona tensionada en las Islas.

Teniendo en cuenta los requisitos de la ley, al menos diez municipios de las Islas (San Bartolomé de Tirajana, Adeje, Mogán, Arona, San Miguel de Abona, La Oliva, Antigua, Arico, Puerto de la Cruz y Granadilla de Abona) podrían ser declarados como zonas tensionadas. Todos ellos son municipios turísticos.

En las cuatro ciudades más pobladas de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Telde, algunos distritos también serían clasificados como tensionados por el arrendamiento. En el municipio canario que más turistas recibe, San Bartolomé de Tirajana, dos de sus cuatro distritos también recibirían esa identificación.

Zonas tensionadas, según la UE

Esto, respecto a la Ley estatal de Vivienda, pero ¿y la Ley de Vivienda Asequible que prepara la Unión Europea? Según los criterios presentados hace apenas dos semanas, la mayoría de los municipios más poblados de Canarias también cumplirían los requisitos para ser considerados zonas tensionadas.

Esa norma, que todavía tiene que pasar por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la UE, considera zona tensionada aquellas ubicaciones en las que el precio medio de una vivienda equivale, como mínimo, a ocho años de la renta media de sus habitantes. Además, esa proporción entre precio y renta debe haber aumentado en la última década. Este último requisito, sin embargo, no sería necesario acreditarlo si el esfuerzo para comprar una vivienda equivale a diez o más años de renta.

La conclusión, tras analizar Canarias Ahora los datos del Consejo General del Notariado y del Instituto Nacional de Estadística (INE) entre 2015 y 2023, es que 26 de los 30 municipios más poblados de Canarias podrían ser declarados zonas tensionadas con la futura ley comunitaria.

La demarcación más tensionada es Adeje, en el sur de Tenerife, donde conviven el turismo de lujo y el mayor asentamiento de chabolas de toda Canarias. En 2023, el último año con datos actualizados de renta media, el esfuerzo para comprar una vivienda equivalía a 24,57 años de salario. En segundo lugar se sitúa Guía de Isora, también en el sur de Tenerife, con 24,32 años de renta necesarios. Le siguen San Miguel de Abona (18,02), también en el sur tinerfeño; Mogán (17,28), en el sur de Gran Canaria, y Tías (17,27), en Lanzarote.

Las cuatro ciudades de Canarias con más de 100.000 habitantes también cumplirían los criterios para ser declaradas zona tensionada. En Las Palmas de Gran Canaria, el precio de una vivienda equivale a 10,75 años de salario; en Santa Cruz de Tenerife, a 12,32. En La Laguna y Telde, el esfuerzo alcanza los 12,55 y 10,46 años, respectivamente.

Qué implica la zona tensionada

Con la Ley estatal, en dicha zona se deja de tomar el IPC como referencia para la subida de los precios de los alquileres, se pone un tope y se regulan los precios en esas zonas, sean propiedad de grandes tenedores (con 5 viviendas o más) o de pequeños propietarios, tanto para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos contratos.

Esos topes dependerán del tipo de contrato y propiedad, teniendo en cuenta la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores.

Con la futura ley europea, en caso de obtener la declaración de zona tensionada, los ayuntamientos podrían imponer restricciones a las viviendas vacacionales que no constituyan la residencia habitual del propietario. Podrían limitar la compra o el uso de inmuebles para fines no residenciales; penalizar fiscalmente las viviendas vacías o exigir declaraciones previas de uso antes de la compra.

Las restricciones solo afectarían a las propiedades adquiridas después de la entrada en vigor de la ley, sin efecto retroactivo.

Bruselas señala directamente a las Islas

En los argumentos de Bruselas para impulsar esta ley se encuentran el que entre 2013 y 2024 el precio medio de la vivienda en la UE se incrementó casi un 60%, mientras que la renta de los hogares solo lo hizo un 40%. Esto, añade, está afectando especialmente a los hogares de rentas bajas y medias, a los jóvenes y a trabajadores esenciales (como docentes, sanitarios o personal de emergencias) y de temporada, que no pueden permitirse vivir en los municipios donde trabajan.

Y pone el foco directamente en Canarias: la propuesta de la UE identifica a las islas y los destinos turísticos como las zonas con mayores desequilibrios en este sentido. Señala que la escasez de suelo en estos territorios dificulta que la oferta de vivienda pueda reaccionar con rapidez ante incrementos de la demanda. Y recuerda también el impacto de la vivienda vacacional, que representa un porcentaje elevado del parque residencial en estos lugares.

Y mientras toda Europa debate sobre las zonas tensionadas, en Canarias, el Gobierno de CC-PP sigue eludiendo el tema fiándolo todo a la construcción.