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Al menos 10 municipios canarios están tensionados por el mercado del alquiler, según la futura ley de vivienda

Toni Ferrera

Las Palmas de Gran Canaria —

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Al menos diez municipios canarios podrían ser declarados en un futuro “zonas de mercado residencial tensionado”, según las condiciones de la próxima ley de vivienda acordada la semana pasada por el Gobierno de España y los socios del Ejecutivo nacional. La norma permite “regular y topar” los alquileres en estas demarcaciones, donde el auge de los precios expulsa a la población local y provoca dinámicas de gentrificación.

Las comunidades autónomas podrán declarar estas regiones “a los efectos de orientar las actuaciones en ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente para la población”. El Archipiélago es una de las comunidades con mayor subida de precios inmobiliarios, mayor concentración de propietarios extranjeros y menor cantidad de pisos de protección oficial.

Canarias Ahora ha analizado los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Índice de Alquiler de Vivienda, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para calcular en qué municipios de las Islas los hogares destinan como mínimo un 30% de sus ingresos al alquiler más los suministros básicos, como el agua y la luz.

En esos casos, las familias están realizando un “sobreesfuerzo” con respecto al alquiler, tal y como denuncian los sindicatos CCOO y UGT, y lo ideal sería rebajar esa cifra a porcentajes menores. La futura ley de vivienda utilizará de forma disyuntiva este requisito y otro (que los precios hayan superado en más de tres puntos el IPC en los cinco años anteriores) para la declaración de zonas tensionada.

En la presentación del acuerdo, los grupos de EH Bildu y ERC aclararon que dicho reconocimiento podría ir “desde lo más micro hasta lo más macro”. O lo que es lo mismo: una zona tensionada podría ser un distrito censal, una agrupación de distritos o un municipio en su conjunto. El propio anteproyecto de la ley apunta que puede haber localidades “en las que se haya delimitado uno o más ámbitos” en este sentido.

Los datos analizados revelan que al menos diez municipios de las Islas (San Bartolomé de Tirajana, Adeje, Mogán, Arona, San Miguel de Abona, La Oliva, Antigua, Arico, Puerto de la Cruz y Granadilla de Abona) podrían ser declarados como tal. Todos ellos están vinculados en su mayoría con el sector turístico, con alquileres que sobrepasan de media los 580 euros.

En las cuatro ciudades con más habitantes, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Telde, algunos distritos también serían clasificados como tensionados por el arrendamiento. En el municipio canario que más turistas recibe, San Bartolomé de Tirajana, dos de los cuatro distritos también recibirían esa identificación.

Los datos, al detalle

El mapa por municipios ilustra que todas las zonas tensionadas de esta unidad geográfica se encuentran en las dos islas capitalinas, salvo Antigua y La Oliva, en Fuerteventura. El más afectado es San Bartolomé de Tirajana, donde los hogares destinan un 37,38% de sus ingresos al alquiler. En segundo lugar, Adeje, donde este registro se sitúa en el 36,96%. Le siguen Mogán (33,72%), Arona (33,71%) y San Miguel de Abona (33,70%).

Para los expertos no es una novedad que las demarcaciones costeras y turísticas lideren esta clasificación. En ellas la vivienda figura como un bien de inversión altamente rentable, sobre todo para la construcción de pisos turísticos o de corta estancia, y las reformas en un solo domicilio concreto suelen elevar los precios del resto de bienes inmuebles.

Además, son municipios de escaso poder adquisitivo. En Adeje, por ejemplo, el promedio de renta mensual de los hogares apenas alcanza los 1.962 euros. Y de todos esos ingresos, 725 euros suelen emplearse para pagar el alquiler, la luz y el agua. En La Oliva (1.974 euros) y Arona (1.860 euros) ocurre más de lo mismo. 

Por distritos, la situación en las cuatro ciudades más pobladas de Canarias y el muncipio con más turistas es la siguiente:

Las Palmas de Gran Canaria, ninguna zona tensionada

Santa Cruz de Tenerife, con peores datos en Los Llanos, Ofra y Añaza

La Laguna: Taco, ¿posible declaración si empeoran las cifras?

En Telde, el distrito de Jinámar está cerca de ser tensionado

San Bartolomé de Tirajana: casi toda la costa, tensionada

La idoneidad de regular los alquileres ha enfrentado a investigadores de todo el mundo. En Cataluña, la única comunidad donde se aprobó una normativa de este estilo y que hace un año fue tumbada por el Tribunal Constitucional a instancias del Partido Popular, los informes publicados contemplan resultados inconclusos.

Mientras que todos los estudios coinciden en que los precios bajaron en los municipios regulados, algunos destacan que la oferta de pisos se redujo considerablemente, entre un 10 y un 13%, según un análisis elaborado por catedráticos de la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Otros trabajos académicos precisan que la rebaja fue mínima, entre el 0,4 y el 0,02%.

Sea como fuere, las consecuencias de la futura Ley de Vivienda en España solo podrán conocerse tras su entrada en vigor, todavía una incógnita. El texto tiene que pasar antes por las Cortes Generales. Y para que la actual coalición de PSOE y Unidas Podemos lo consiga, debe hacerse a pocos meses de las elecciones generales, previstas para finales de este año. 

Metodología

Los datos de este artículo deben entenderse como una aproximación, porque no hay cifras oficiales sobre el mercado del alquiler y las que hay, como las estimadas por el Ministerio de Vivienda, están desfasadas.

Para la renta media de los hogares, hemos utilizado los registros del Atlas de distribución de rentas que realiza el INE. Esa estadística permite conocer cuántos ingresos y el origen de los mismos recibe cada domicilio de España, según la comunidad autónoma, provincia, municipio, distrito y sección censal. La última información hace referencia a 2020.

Para el gasto del alquiler, hemos descargado los valores del Índice de Alquiler de Vivienda, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cuya última actualización es de 2021. Este indicador ha recibido críticas por parte de expertos, tal y como ha publicado El Confidencial, al publicarse con cierto retraso, normalmente dos años después del curso analizado.

El coste de los suministros básicos proviene de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), también de 2021, en concreto de los conceptos “suministro de agua y otros servicios relacionados con la vivienda” y “electricidad, gas y otros combustibles”.