El Gobierno canario consuma el pago de 275 millones a los hoteleros ante las críticas por la opacidad de los acuerdos
El consejero de Política Territorial, Aguas y Emergencias del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha avanzado este jueves que ya se han abonado 275 millones de euros por un total de 27 acuerdos suscritos con empresarios turísticos que reclamaron por las moratorias turísticas de los años 2000. Sin embargo, hay que recordar que dichas moratorias de 2001 y directrices de 2003, aprobadas con Román Rodriguez como presidente regional bajo las siglas de CC, no han dado pie a dichas indemnizaciones, pero sí las modificaciones que introdujo posteriormente, ya en 2009, el Gobierno presidido por Paulino Rivero, de Coalición Canaria.
Sin embargo, el Ejecutivo de Fernando Clavijo ha obviado en todo este proceso mencionar a su compañero Rivero, señalando solo a “gobiernos anteriores” y culpando a Rodríguez, hoy dirigente de Nueva Canarias. Además, ha utilizado los pagos como argumento para cargar contra otra posible moratoria turística en las islas, señalando que tendría un elevado coste en indemnizaciones.
Fue a finales de este mes de agosto, en el primer Consejo de Gobierno del nuevo curso tras las vacaciones, cuando el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, anunció que el coste para Canarias de la moratoria de 2001 y de las directrices de 2003 (Román Rodríguez como presidente) sería de unos 400 millones, y no los 1.000 que pedían en compensación los empresarios turísticos, apuntándose el tanto de haber logrado reducir la cantidad a pagar. Pero Cabello obvió explicar que las sentencias condenatorias no corresponden a la moratoria aprobada durante la etapa de Román Rodríguez como, de hecho, atestiguó el propio Gobierno de Clavijo en abril de 2025, aunque el presidente Fernando Clavijo insistiera entonces en lo contrario.
En mayo del pasado año, cuando el Gobierno canario culpó a Román Rodríguez y a NC de dichas sentencias, el partido señalado formuló una pregunta al Ejecutivo para aclarar la situación y, en su defensa, citó un documento del propio Gobierno canario que, precisamente, exoneraba a NC.
El documento de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas aclaraba que “las sentencias” por normas de 2001 y 2003 “fueron todas desestimatorias, por lo que no hubo indemnizaciones por responsabilidad patrimonial”. Es decir, la moratoria de Rodríguez no generó ningún perjuicio económico y, por ende, una moratoria bien realizada es viable.
Acuerdos extrajudiciales de los que poco se sabe
Ahora, en una comparecencia en comisión parlamentaria celebrada este jueves, Miranda ha detallado que el 14 de agosto se hizo el primer pago con 25 acuerdos por importe de 261 millones, intereses incluidos, y el segundo pago se aprobó el 26 de octubre, que incluía 13,9 millones de importe de capital y de interés, y aún quedan algo más de 40 millones por cubrir.
Concretamente ha señalado que hay un total de 36 acuerdos de los que 32 ya están homologados en sede judicial, de tal forma que falta por abonar nueve.
El consejero ha valorado que se hayan evitado pleitos “casi 20 años después” y revertido el sistema desarrollista “heredado en la segunda mitad del siglo XX”, y se ha pasado de reclamaciones de 990 millones a 316 millones -intereses aparte-.
Desde que este verano se conoció que el Gobierno canario aceptaba pagar, tanto NC como el PSOE han reclamado al Gobierno regional conocer los detalles de dichos acuerdos con los empresarios. De estos acuerdos alcanzados extrajudicialmente se sabe que, además de aceptar el pago de lo que pedían los perjudicados pese a existir informes técnicos de la Administración que rebajaban notablemente los importes a conceder, se acepta también que los empresarios se queden con sus “parcelas urbanizables y con toda su edificabilidad” turística, como ha denunciado NC.
Origen de las reclamaciones
El origen de las reclamaciones de los hoteleros se encuentra en la mala aplicación de la moratoria promovida por el ejecutivo presidido por Paulino Rivero (CC), en el que José Manuel Soria (PP) ocupó la Vicepresidencia, cuyo artículo 17.1 brindaba a titulares de suelos turísticos edificables su conversión a rústicos a cambio de indemnizaciones o expropiaciones.
Fue esta determinación la que motivó, a finales de 2009, 54 solicitudes relacionadas con ese “temerario” artículo, unas peticiones a las que el gobierno de Rivero y Soria no contestó, lo que derivó en sentencias que dieron la razón a 39 de los 54 demandantes y que, según Rodríguez, se dictaron y fueron conocidas durante el primer ejecutivo presidido por Fernando Clavijo (2015-2019).
Ninguna de las dos moratorias impulsadas por el Ejecutivo de Román Rodríguez en 2001 y 2003 supusieron indemnización alguna.