El Gobierno convocará a la mayor brevedad posible a las autonomías en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia tras fracasar este jueves la nueva reunión para abordar la acogida de menores migrantes y su reparto entre comunidades que han mantenido el Ejecutivo, el PP, Canarias y Ceuta.
Ante el colapso que sufren esos dos territorios por el alto número de menores que tienen que atender, las cuatro partes se citaron este jueves a un encuentro, en el que han participado los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, y los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo, y Ceuta, Juan Jesús Vivas.
Sobre la mesa, la propuesta ya reiterada del Gobierno de modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que las comunidades autónomas se vean obligadas a acoger a esos menores, pero una vez más el PP se ha opuesto, ha pedido una reforma más amplia de la política migratoria y ha dado al traste con las expectativas de acuerdo que la otra parte vislumbraba al inicio de la reunión.
No obstante, y pese a la falta de acuerdo, el Gobierno no tira la toalla y se ha mostrado dispuesto a estudiar fórmulas para conseguirlo.
Pero como ha dicho Torres, tiene que hacerse de la forma más urgente posible, sea por decreto ley o por proposición de ley, pero se necesitan los apoyos suficientes para que se pueda aprobar, o convalidar en el caso del primero, en el Congreso.
La ministra de Infancia aún cree en el acuerdo
Esa actitud del PP es porque su agenda “está condicionadísima por las políticas ultras de Vox”, ha dicho por su parte Sira Rego, quien ha censurado a los populares haber llegado a la reunión “ni siquiera con la voluntad de entrar a debatir la posibilidad de buscar una solución para la situación puntual” de colapso de Canarias y Ceuta.
Porque, según ha manifestado, el presidente de Canarias ha llevado una propuesta “muy sensata” de solución puntual con compromiso de financiación que tampoco ha sido aceptada por el PP, que pone la política de partido “por encima del interés general de los derechos de la infancia y de las necesidades de los territorios”.
Según Rego, el PP quería que se negociara individualmente con cada comunidad autónoma, pero su ministerio va a convocar cuanto antes la Conferencia Sectorial para abordar esa acogida, para la que la reforma del artículo 35 es “imprescindible”.
La ministra no da por finalizada la negociación, cree que es “una cuestión de país” y considera que pueden evaluarse más alternativas.
Ha recordado que se está en disposición de transferir los 50 millones de euros a Canarias del plan de contingencia para atender la crisis migratoria y ha dicho que ya hay un acuerdo para otorgar una partida presupuestaria a Ceuta “para hacernos cargo de las llegadas de niños en estos últimos meses”.
Ángel Víctor Torres: “No nos rendimos”
Por su parte, Torres, que ha recordado los pasos que se han ido dando para llegar a un acuerdo, ha reiterado que el deseo de Gobierno es responder a la situación de “emergencia” de Ceuta y Canarias debido al alto número de menores no acompañados, y la respuesta, a su juicio, es la reforma del artículo 35 de la forma más urgente posible.
“Nosotros no nos rendimos en intentar modificar la ley; es la única solución, lo otro son soluciones temporales”, ha añadido Torres, que se ha mostrado dispuesto a que el número de menores a repartir sea el que había en febrero o marzo de 2020.
Que la negociación se traslade a una Conferencia Sectorial no es lo que quería el Gobierno de España ni los del Canarias y Ceuta, ha aseverado Torres, quien ha recordado que se celebró una para distribuir a 400 menores y “todavía hay comunidades” que no han acogido.
También se ha referido a Ceuta, donde tras el acuerdo de febrero -“y estamos en diciembre”, ha recalcado-, solo 80 menores han salido de la ciudad de los casi 500 que hay en ese territorio.
Cabe recordar que la petición de reformar la Ley de Extranjería parte del propio Gobierno de Canarias, donde el PP cogobierna junto a Coalición Canaria.
Los populares han acudido a este encuentro (después de dos meses ausentes de la mesa de negociación) amenazados por Vox, que aseguró que no apoyaría los presupuestos autonómicos si el PP pactaba con el PSOE esta reforma.
El PP insiste en que el Gobierno debe cambiar su política migratoria
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha puesto voz a la postura de su partido y ha reprochado a Gobierno que haya ido a la reunión sin “ninguna propuesta”.
Mientras, el PP ha recordado en el encuentro el documento que su líder, Alberto Núñez Feijóo, suscribió Clavijo donde se exigía al Gobierno un cambio en su política migratoria, ya que la actual es la que “ha provocado esta situación”, ha dicho a los periodistas.
“Tenemos la sensación de que el único empeño del Gobierno de Pedro Sánchez es modificar el artículo 35”, ha continuado Tellado, quien en la reunión ha exigido al Ejecutivo un apoyo mayor tanto a Canarias como a Ceuta, “que están sufriendo ese colapso en estos momentos por culpa de la nefasta política migratoria”.
Frente a lo que hacen otros países, España, según el PP, no es capaz de frenar la inmigración ilegal. Todo lo contrario, porque, a juicio de Tellado, el Gobierno “ha hecho un llamamiento completamente irresponsable a la inmigración ilegal”.
Y ha insistido: “El único interés del Gobierno de España es cambiar el artículo 35 para imponer a las comunidades el reparto de los menores y desentenderse de la financiación de los costes que supone su atención hasta la mayoría de edad”.
Cronología de una reforma que no llega
El Gobierno de Canarias, del que forma parte el PP, estuvo meses preparando un documento con una propuesta de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Dicha propuesta consiste en cambiar la voluntariedad del reparto de los menores migrantes no acompañados por parte de las comunidades autónomas y hacerlo obligatorio cuando aquella región a la que estos niños y adolescentes llegan tenga los recursos ocupados por encima del 150% de su capacidad. Es decir, que los menores que lleguen a una región con sus centros llenos, puedan ser trasladados a otra comunidad autónoma que tenga sus recursos de acogida disponibles sin que esto dependa de la solidaridad del gobierno autonómico de turno. Este cambio viene dado porque el sistema basado en la solidaridad ha demostrado hasta ahora ser un fracaso, ya que las comunidades no suelen aceptar la llegada de estos menores y, cuando lo hacen, es en un número tan bajo que no supone un alivio para los centros de acogida de Canarias.
Después de presentar el documento en el Parlamento de Canarias, todos los partidos, incluido el PP (excepto Vox), respaldaron dicha propuesta, y esta fue enviada entonces al Gobierno central, que también la respaldó. Hubo un encuentro entre Clavijo y el ministro Torres con los grupos parlamentarios para explicarles en qué consistía esa propuesta [a esta reunión no acudió el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, del PP, para no exponerse a una reforma que después su propio partido tumbó en el Congreso de los Diputados]. El PP, junto a Vox y Junts, votó en contra de iniciar siquiera el trámite parlamentario, en cuyo recorrido habría sido posible admitir enmiendas de todos los grupos.
El PP nacional rechazó esta posibilidad, pese a que el PP de Canarias lo había respaldado, con el argumento de que no se había negociado con ellos, algo que fue desmentido por el portavoz del Gobierno canario, que aseguró que el PP había participado activamente en la elaboración del texto. El PP expuso entonces varias condiciones sobre la mesa. El Gobierno central aclaró que algunas ya estaban incluidas en el propio texto y que las otras podían haberse tramitado como enmiendas si el PP hubiera votado que sí en el Congreso.
Se cerraba así, en pleno mes de julio, la puerta a la posibilidad de aliviar los centros de acogida de menores en las Islas de cara a un verano que ya se preveía complicado en cuanto al número de llegadas.
Tras dos encuentros discretos durante el mes de agosto, finalmente el PP nacional, el Gobierno central y Clavijo volvieron a sentarse. Al PP le duraron dos encuentros las ganas de seguir hacia adelante con la reforma, para volver a desbancarse de ella. La razón: el Estado había rechazado ayuda de la Unión Europea para trasladar migrantes a otros países miembros. Esto fue desmentido categóricamente por el Gobierno, que retó al PP a explicar qué plazas, cuándo y dónde habían sido ofrecidas a España.
Poco después de ese desencuentro, llegó el pleno en el Congreso de los Diputados dedicado a la inmigración, una oportunidad para acercar posturas en busca de un pacto de Estado y la ansiada reforma de la Ley de Extranjería. Sin embargo, en su intervención, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dedicó el 90% del tiempo de su intervención a hablar de ETA, lo que le valió incluso una amonestación de la presidenta de la Cámara, que tuvo que recordarle el reglamento según el cual debe ceñirse al tema que se discute ese día, la inmigración.
Después de ese sonado pleno, Fernando Clavijo realizó la primera crítica abierta a su socio de Gobierno (hasta entonces las críticas de Coalición Canaria iban solo dirigidas al Gobierno central, pese a su apoyo al texto), de quien dijo no entender por qué había roto la negociación ni su polémica intervención en el Congreso.
Tras varias llamadas por parte de Torres a retomar la negociación, el PP puso sobre la mesa una nueva condición: que España pida ayuda a Frontex y trabajar en el restablecimiento del sistema de reparto de menores por la Unión Europea. Es decir, que en lugar de tramitar en el Congreso que sean las comunidades autónomas quienes contribuyan a aliviar la situación de Canarias sean los países europeos quienes lo hagan, todo ello en un contexto en el que la ultraderecha y su discurso en contra de las personas migrantes avanza por el continente y cuyo máximo exponente es Giorgia Meloni y su política de deportaciones sin garantías a campamentos ubicados en terceros países, como Albania.
La única diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, pidió el pasado 14 de noviembre al Ejecutivo que prevea “una acción alternativa” para lograr la gestión compartida por las comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas. Es decir, que obvie una negociación y reforme la ley por decreto.
Tras esto, llegó una nueva convocatoria para sentarse a negociar esta misma semana. La respuesta del PP, que si el Gobierno quiere reforma (aunque quien la ha solicitado es el Gobierno canario, del que el propio PP forma parte), que respalde el texto elaborado por este partido y que no ha sido consensuado ni presentado a ningún otro partido, ni en Canarias ni en el Congreso, como sí lo fue la propuesta inicial llevada en julio a Madrid.