El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, espera que la crisis catalana no afecte a la agenda canarias en las Cortes Generales y apela a la importancia de evitar que la tramitación de los nuevos aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF) y la reforma del Estatuto, que incluye el sistema electoral, se vean distorsionados o nuevamente frenados ante el complejo escenario político e institucional en la comunidad catalana y estatal.
Rodríguez reconoció cierta “inquietud” ante la posibilidad de que las consecuencias del 21D puedan afectar al desarrollo y el cumplimiento de la agenda canaria en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
De igual modo, recordó que el pasado 13 de diciembre la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconocieron, en una reunión con NC, que el retraso con el nuevo REF económico se debió, en gran medida, a la necesidad de priorizar la situación en Cataluña.
El líder de los nacionalistas de izquierdas observó que los resultados electorales del pasado jueves son, “tan o más, complejos de gestionar” por parte de las instituciones catalanas y del Gobierno estatal, lo que hace prever al presidente de NC que las exigencias y responsabilidades de la situación puedan volver a ralentizar la agenda canaria en las Cortes Generales.
En especial, Rodríguez se refirió a la aprobación del nuevo REF económico, la primera actualización en 24 años de una norma “fundamental para la vida diaria de los canarios” desde el punto de vista social y económico.
“Sería poco razonable que Canarias se viera perjudicada por causas ajenas a sus propias responsabilidades”, advirtió el presidente de NC.
REFORMA ESTATUTARIA
Con la misma preocupación se refirió con respecto a los trabajos de la recién creada ponencia para la reforma estatutaria. Un texto remitido por el Parlamento de Canarias al Congreso en abril de 2015 y que, como incidió Rodríguez, llevaba largo tiempo encallado en la Cámara Baja por sucesivas elecciones generales y, en los últimos 11 meses, por ampliaciones de plazos para la presentación de enmiendas al texto.
“La necesidad de que Canarias disponga del máximo nivel de autogobierno permitido por la Constitución exige que se hagan todos los esfuerzos necesarios para evitar otro intento fallido como el de 2007, cuando el Legislativo canario retiró la reforma estatuaria del Congreso de los Diputados para evitar la reforma electoral”, comentó.