Dos años de prisión para una funcionaria de un ayuntamiento de La Palma por malversar 25.686 euros
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto dos años de prisión a una funcionaria de un ayuntamiento de La Palma por apropiarse de 25.686 euros de fondos públicos mediante una veintena de operaciones fraudulentas.
La acusada, auxiliar administrativo en la Intervención de Fondos Municipales, manipuló facturas y documentos contables para generar pagos por servicios inexistentes y desviar después el dinero directamente a sus propias cuentas. La pena incluye seis meses de prisión por malversación y un año y medio por falsedad en documento oficial.
Manipuló facturas y transferencias para desviar el dinero a sus cuentas
La funcionaria tenía acceso directo y permanente a las aplicaciones y documentos de gestión económica y financiera de la corporación local debido a las funciones que desempeñaba. Por su puesto, intervenía en expedientes contables, registros y tramitación de facturas, además de encargarse de la realización de pagos y de la confección de ficheros para ordenar transferencias bancarias.
Según recoge la sentencia, aprovechó este acceso para apropiarse de los 25.686 euros a través de veinte operaciones fraudulentas en las que manipuló facturas de proveedores.
En concreto, la acusada alteraba los números de las cuentas bancarias y generaba ficheros contables falsos correspondientes a servicios inexistentes. Posteriormente, ordenaba el ingreso de esas cantidades directamente en sus propias cuentas, aunque las operaciones figuraban registradas como pagos a terceros.
Reconoció los hechos y devolvió el dinero antes del juicio
Una vez descubierta la operación, la funcionaria reconoció los hechos y procedió a devolver voluntariamente los 25.686 euros que había apropiado. Además, abonó otros 811 euros en concepto de intereses antes de la celebración del juicio.
La devolución del dinero y la confesión de los hechos fueron tenidas en cuenta como circunstancias atenuantes a la hora de fijar la condena. Por este motivo, la Fiscalía no solicitó el pago de ninguna indemnización.
La Audiencia Provincial le impone seis meses de prisión por el delito de malversación de fondos públicos y un año y medio por falsedad en documento oficial, además de una multa de 810 euros.
La entrada en prisión queda suspendida con la condición de que no vuelva a delinquir durante un periodo de cuatro años. Asimismo, queda inhabilitada durante tres años y once meses para ejercer cualquier trabajo en el sector público.
La acusada prestaba servicios desde 2013 como auxiliar administrativo en la Intervención de Fondos Municipales, inicialmente mediante contratos de acumulación de tareas y por obra o servicio determinado. En 2024 pasó a ser personal laboral fijo tras superar el proceso de estabilización de empleo temporal.
Durante el procedimiento, el Ayuntamiento ejerció como acusación particular. Tras el acuerdo alcanzado entre las partes, no fue necesario celebrar una vista con jurado, como está previsto para determinados delitos cometidos por empleados públicos.