El PSOE ha acusado este martes a la Audiencia de Cuentas de aprobar el informe sobre los contratos sanitarios durante la pandemia “lejos de para arrojar luz, para enredar y enmarañar”, a lo que el presidente del órgano auditor, Pedro Pacheco, ha indicado que no entiende que se cuestione en ningún caso la ratificación de un dictamen incluido en su planificación.
Durante la comparecencia de Pedro Pacheco ante la comisión que en el Parlamento de Canarias investiga la contratación de material sanitario por parte del Servicio Canario de la Salud (SCS) durante la COVID-19, tanto el grupo Socialista como Nueva Canarias-Bloque Canarista han arremetido contra la decisión del órgano auditor de aprobar en noviembre pasado el informe, que había sido rechazado en 2022.
Al respecto Pedro Pacheco ha indicado en 2022 había una consejera de baja y entonces el informe se pudo haber aprobado con su voto de calidad como presidente, lo que no le pareció respetuoso.
Sin embargo para el diputado socialista Manuel Hernández Cerezo el informe se guardó durante 21 meses en un cajón porque Pacheco, ha afirmado, “es un buen soldado pero no un kamikaze” y optó por esperar al cambio de mayorías en la Audiencia de Cuentas.
Ha criticado además el que en su opinión en el informe se omiten datos relevantes que afectaban a los gestores en la pandemia, lo que se plasma en el voto particular, para añadir que la comisión técnica de calidad ha puesto de manifiesto “múltiples anomalías” en el dictamen.
Por ello ha preguntado a Pacheco si es práctica común que el presidente de la Audiencia se aparte del criterio de la comisión técnica, a lo que éste ha contestado que “sí”.
Esther González, de NC-BC, ha asegurado por su parte que “llevamos dos años con esta fiesta” y ha preguntado a Pacheco “quién la motivó”, a lo que el presidente del órgano auditor ha respondido que la Audiencia de Cuentas al rechazar el informe en 2022.
También ha cuestionado la parlamentaria por qué no tomó medidas ante la filtración del primer informe, sobre lo que Pedro Pacheco ha indicado que lleva 44 años en la administración y ha padecido filtraciones con cierta frecuencia sin que jamás haya logrado enterarse de dónde provenían incluso cuando ha colocado “trampas” y “señuelos”.
No tomó cartas en el asunto porque ve “completamente imposible llegar a ningún lado” en este ámbito, para añadir que en su vida ha filtrado nada porque es una práctica que detesta absolutamente.
“De alguna manera tuvimos muchísimas presiones para dar más información y se manifestó el malestar en el pleno por ese marco de filtración de un informe que pudo estar en manos de 22 personas”, ha continuado Pacheco, para añadir que también pudo estar en manos de otros entes afectados por el informe, como el SCS.
No obstante, ha señalado que el conflicto externo “no afectó en nada al trabajo de la Audiencia de Cuentas, de eso doy fe” y “en ningún caso le llegó ”malestar“ por parte del anterior Gobierno ni tiene constancia de que haya habido ”algún tipo de insinuación“.
En respuesta al diputado de ASG Jesús Ramos ha recordado que en el informe finalmente aprobado en noviembre se recomienda establecer mecanismos rápidos de control para gastos superiores a 3 millones de euros y no convertir lo extraordinario en ordinario.
Asimismo, y en respuesta al diputado de Vox Javier Nieto, ha señalado que “que tenga constancia” no ha habido presiones o intereses por influir en el informe y ha pedido “el máximo respeto” para los consejeros de la Audiencia de Cuentas en el mandato anterior y en el presente, lo que no es óbice de que pueda discrepar de algunos de sus criterios.
Han actuado profesionalmente tanto en el rechazo como en la aprobación (del informe), ha señalado que la concurrencia es un principio general en la ley de contratos “que siempre que se pueda hacer, se debe hacer” y en todo caso es exigible la capacidad jurídica y la solvencia técnica y financiera para contratar.
Una persona que no reúna estos requisitos no puede contratar con la Administración y en el grupo de 15 contratos analizados por la Audiencia algunos carecen de ellos porque no hay documentación al respecto, ha proseguido.
Sobre este asunto ha dicho, en respuesta al diputado del PP Fernando Enseñat, que no es “sospechoso” de no saber apreciar la situación de pandemia y probablemente hubiera hecho lo mismo, pero otra cosa es cuando se produce el primer impago de 2 millones de euros por parte de la empresa RR7, y se procede a un segundo pago por la misma cantidad.
Al no haberse justificado el pago ni entregado la mercancía el siguiente trámite habría debido ser el de proceder a una contratación ordinaria, ha especificado Pedro Pacheco.
Sobre este aspecto ha indagado la parlamentaria nacionalista Vidina Espino, a la que el presidente del órgano auditor ha indicado que la ley prevé el pago por adelantado con garantías, pero durante el estado de alarma se aprobaron decretos para “exonerar” de ellas.
Asimismo ha precisado que en la UE no existe el contrato “de emergencia”, sino el negociado sin publicidad con carácter de urgencia, y ha aludido a la velocidad con la que se hicieron modificaciones en este ámbito durante el estado de alarma.