El polémico Circuito del Motor de Tenerife está cada vez más cerca de ser una realidad. El consejero insular de Carreteras, Enrique Arriaga, celebró hace un mes que las obras ya tenían “vía libre” para ser licitadas. Este proyecto, que se ideó hace ya 30 años, ha ido desarrollándose a trompicones y con varios frentes abiertos. El primero: el rechazo frontal de un sector de la población que lucha contra la sobreexplotación de Canarias. El segundo: contar con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) caducada. En esta línea, la corporación insular ha obviado un informe jurídico de noviembre de 2022 que le aconseja realizar una nueva evaluación: “No puede tener una vigencia ad eternum”.
La DIA inicial data de septiembre de 2011. Ya la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) había advertido sobre la caducidad de este documento necesario para el proyecto. Ahora, un informe jurídico elaborado por la Unidad de Apoyo de la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT) le da la razón. El texto, al que ha tenido acceso este periódico, es contundente. Concluye que “por cuestiones de seguridad jurídica”, teniendo en cuenta que han pasado once años desde la aprobación de la DIA, “debe procederse a efectuar una nueva evaluación sobre la totalidad del proyecto, al estar caducada la evaluación ambiental que nos ocupa”.
El bautizado como Parque Internacional del Motor de Tenerife ocupará un millón de metros cuadrados en total y cuenta con una inversión pública plurianual de 51 millones de euros hasta 2025. A esta cifra se suma el gasto de 605.000 euros que el Cabildo ha decidido invertir en publicidad y promoción. ATAN ha criticado también que esta inversión se haga con dinero público porque “ninguna empresa quiere invertir en un proyecto ruinoso”. “Si los circuitos en el continente son insostenibles económicamente, ¿cuánto más ruinoso va a ser en una isla y los gastos adicionales que ello conlleva?”, cuestionó la asociación.
Una evaluación ambiental de 2011
El Boletín Oficial de Canarias de la comunidad autónoma publicó en septiembre de 2011 la aprobación de la primera y única Declaración de Impacto Ambiental del circuito. La validez de la declaración dependía de 14 condicionantes. El primero de ellos establece que cualquier modificación del proyecto debía ser evaluada de nuevo por el órgano que la aprobó, la entonces llamada COTMAC (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias), dependiente del Gobierno regional.
El informe de la Comisión Ambiental, aunque reconoce que es necesaria una nueva DIA, señala también que las modificaciones que se han realizado en el proyecto parecen no tener “efectos significativos sobre el medio ambiente”, tal y como adelantó el diario Público. Entre los cambios están la creación de un acceso al complejo deportivo por el norte y la instalación de graderíos desmontables, entre otros.
El último condicionante añade además que la declaración caducaría si las obras no comenzaban en un plazo de cinco años. Sobre esto, el Cabildo de Tenerife se ha defendido en declaraciones a algunos medios de comunicación, argumentando que las obras se iniciaron en ese plazo de tiempo pero fueron paralizadas por causas imputables a la constructora.
Esta redacción ha intentado obtener la versión de la Consejería que dirige Enrique Arriaga, el principal impulsor del proyecto, acerca de la elaboración de una nueva DIA. Sin embargo, no ha obtenido respuesta.
Mientras tanto, científicos y ambientalistas ya han advertido acerca de los posibles daños ambientales y sociales derivados de la construcción del circuito. Además, han subrayado la presencia de tabaibal-cardonal en la zona, una especie autóctona de Canarias.
Más allá de los perjuicios para las especies vegetales, algunas aves también podrían ver amenazado su hábitat. Entre ellas están los halcones tagarotes, en peligro de extinción, los búhos chicos o los alcaudones, que también podrían ver alteraciones en sus hábitos de alimentación y de cría.
Según publicó Arriaga en sus redes sociales, las obras podrían comenzar en septiembre. El macroproyecto ha sido catalogado por el Cabildo como un atractivo turístico para los aficionados del motor. Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer la viabilidad económica de esta iniciativa financiada con dinero público.