La Audiencia de Cuentas aprecia mejoría en la gestión económica de RTVC en su informe de 2023: en años anteriores “la situación era bastante más crítica”
La Audiencia de Cuentas de Canarias ha denunciado en su informe de 2023 sobre el ente público Radiotelevisión Canaria el pago de 123.116 euros a 72 tertulianos y colaboradores sin formalizar ningún contrato legal y sin cumplir la obligación de aplicar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación.
Estas contrataciones irregulares (85.243 euros en la radio y 37.873 en la televisión) han incluido a presentadores, comentaristas y participantes habituales en programas, según detalla el informe auditor, que ha sido presentado en comisión parlamentaria por el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco.
El ente ha incorporado a estos colaboradores sin un contrato, solamente mediante acuerdo verbal y la posterior emisión de una factura, según la fiscalización de 2023, año en el que estuvieron al frente de RTVC Francisco Moreno como administrador único hasta octubre y María Méndez como administradora general a partir de diciembre, ha detallado Pacheco.
El presidente de la Audiencia de Cuentas ha reconocido, no obstante, que en esta fiscalización se aprecian avances con respecto a la gestión económica del ente en ejercicios anteriores, aunque aún insuficientes puesto que hay irregularidades que se repiten.
En años anteriores, “la situación era bastante más crítica”, ha señalado Pacheco, quien ha vinculado las carencias de gestión del ente con la incapacidad del Parlamento para desarrollar la ley y definir el mandato marco de RTVC, nombrar a los miembros de la Junta de Control o constituir el Consejo Asesor ni los Consejos de Informativos.
Además de las irregularidades en la contratación de colaboradores, el informe de 2023 revela además otros incumplimientos, como el abuso de contratos menores o el fraccionado de gastos recurrentes para adjudicarlos de forma directa.
El informe denuncia adjudicaciones directas acumuladas que superan los 15.000 euros anuales al mismo adjudicatario.
También se reprocha al ente que acudiera a la vía de urgencia para contratar las retransmisiones del carnaval o que la adquisición de derechos de producciones se haga sin informe jurídico y sin posibilidad de verificar si los precios son de mercado.
Hay informes jurídicos que se emiten la misma fecha de la formalización del contrato o incluso después, según la auditoría oficial.
Además, la Audiencia de Cuentas incide en que la contratación temporal recurrente de personal está generando litigios judiciales que derivan en relaciones laborales indefinidas.
Denuncia también que en los procesos de selección de personal temporal no hay un baremo objetivo que justifique la elección de candidatos.