Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria han pedido a las administraciones competentes la unificación de los tres cuerpos que existen en la isla -los propios de Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana y el propio Consorcio- para evitar situaciones como las vividas esta semana en la capital insular.
Según han detallado este jueves en un comunicado, la unificación de los tres cuerpos de bomberos podría ser una solución a los problemas de emergencias que, a su juicio, tiene la isla, y han recriminado que no se ha dado hasta la fecha “por razones de índole política y falta de voluntad”.
Los bomberos del Consorcio han mostrado su apoyo tanto al cuerpo local de la capital grancanaria como al del municipio turístico, que en las últimas jornadas han denunciado falta de personal y recursos que han imposibilitado abrir algunos de los parques zonales para prestar el mejor servicio posible a la población.
“Es vital que los cuerpos de bomberos estén dotados de personal y recursos además de tener todos sus parques abiertos con personal suficiente. Esto es un servicio básico esencial, que debe ser público y de gestión directa, por lo que contar con los suficientes bomberos y materiales beneficia a la ciudadanía”, han recalcado.
En ese sentido, han resaltado la importancia de que los servicios de emergencias “cuenten con un sistema coordinado unificado que permita su eficiencia y eficacia a la hora de realizar sus intervenciones”, algo que no existe en la actualidad salvo un convenio de colaboración entre el servicio insular y el de San Bartolomé de Tirajana.
Han censurado que el Cabildo no cuente con una consejería exclusiva que se dedique a los servicios de emergencias, y que los cuerpos de la corporación -el Consorcio y los bomberos forestales- dependan de departamentos insulares diferentes.
También han criticado que no exista en el archipiélago una ley de bomberos, lo que agrava la situación de falta de coordinación entre los distintos cuerpos de todas las islas, por lo que han instado también al Ejecutivo autonómico a que “defina claramente un modelo de prestación del servicio público, de gestión directa y profesional integrados en el ámbito de la función pública”