La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha convocado una concentración, a partir de las 08:30 horas de este jueves, en rechazo al Código Penal Militar que sentará en el banquillo de los acusados a un compañero guardia civil por un delito de abandono de residencia tras haberse trasladado a la Península encontrándose en una “baja no impeditiva” para desplazarse. El agente ya no está destinado en Canarias, ahora presta servicio en Guadalajara.
La concentración tiene lugar a las puertas del Juzgado Militar de Santa Cruz de Tenerife, según ha precisado el colectivo.
El juicio, que inicialmente estaba previsto para el 14 de octubre en la sala de vistas del Tribunal Militar Territorial Quinto, en el cuartel de Almeyda, fue pospuesto al 5 de noviembre, pero finalmente se ha vuelto a aplazar su celebración para este jueves, 4 de diciembre.
Los hechos ocurrieron cuando el compañero guardia civil, destinado en el acuartelamiento de Las Américas, se encontraba de baja tras sufrir un accidente durante el verano de 2024.
Según detalla la Asociación Unificada de Guardias Civiles, este se habría desplazado a la península al objeto de visitar y poder ser atendido por sus familiares, bajo el amparo del Real Decreto 274/2018, que autoriza para fijar temporalmente su residencia en Granada junto a su familia, tras avalar, expresamente, los servicios médicos de la Guardia Civil “que no existía contraindicación médica para el traslado”.
Sin embargo, continúan, todo ello motivó finalmente la apertura de un expediente disciplinario por una “infracción leve” que, finalmente, ha derivado en una imputación de un delito de abandono de residencia cuando fue destinado finalmente fuera de las islas. A juicio de la organización, esta medida se concreta en la vulneración del derecho de desplazarse por todo el territorio nacional sin modificar su residencia.
Mientras el procedimiento avanzaba, y con el objetivo de buscar una solución por todas las vías legales posibles, la Asociación ha mantenido desde septiembre reuniones con portavoces de temas relacionados con el Ministerio del Interior de los grupos parlamentarios PP, PSOE, SUMAR, VOX y Coalición Canaria, todo ello con el fin de “trasladarles el caso y las circunstancias” que rodean al compañero guardia civil afectado.
Medidas emprendidas
En consecuencia con la situación, el colectivo ha decidido finalmente convocar una concentración a las puertas del Tribunal Militar de Almeyda, en solidaridad con el compañero afectado. Paralamente, la organización ha organizado una campaña en su defensa bajo el lema prisionero de la insularidad.
Respecto al Código Penal Militar, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) solicita la eliminación del Código Penal Militar para los guardias civiles en el ejercicio de sus funciones policiales, expresando su “firme oposición” a la aplicación del Código Penal Militar en situaciones administrativas o servicios que son “estrictamente de carácter policial”, y que constituyen en la actualidad el 99% de sus funciones, y que, detallan, “en cualquier caso, están lejos de cualquier ámbito castrense o situación de emergencia”.
En concreto, el colectivo ha considerado que esta situación representa “una anomalía” en el Estado de Derecho y, por tanto, va en contra de los principios de “igualdad y justicia que deberían regir la labor diaria de los guardias civiles”, constituyendo una verdadera “aberración” dentro de la democracia.
Modificación legislativa
“Mantener a la Guardia Civil sometida al Código Penal Militar vulnera principios como la seguridad jurídica, la libre circulación y la tutela judicial efectiva, y coloca a los guardias civiles en una posición de desigualdad respecto a cualquier otro ciudadano europeo”, han defendido.
Además, han mostrado su rechazo a que se siga considerando a este cuerpo como militar “antes que como servidores públicos”. A la puerta del palacio de Almeyda, en Santa Cruz de Tenerife, donde se desarrolla el juicio desde primera hora de la mañana de este jueves, varias personas se manifiestan con una pancarta en la que puede leerse “No al Código Penal Militar. Prisionero de insularidad”.
Asimismo, desde la Asociación han exigido una reforma legislativa “inmediata” para que el Código Penal Militar deje de aplicarse a los guardias civiles en el desarrollo de funciones policiales, tal y como se estableció en el año 2007 y cuya posterior reforma del 2016 supuso un “enorme paso atrás” en los derechos de los guardias civiles y en el avance del cuerpo de la Guardia Civil hacia la modernización que “demandan sociedad y trabajadores”.
De este modo, defienden una modificación de la norma para que la aplicación del Código Penal Militar a Guardias Civiles quede limitada a los tres supuestos reconocidos por organismos internacionales: En tiempo de guerra, durante el estado de sitio, o cuando se desarrollen funciones estrictamente militares o ámbito castrense.