Se multiplican los frentes judiciales contra la Autoridad Portuaria de Las Palmas por su política de personal
La política de personal de la Autoridad Portuaria de Las Palmas vuelve la próxima semana a los juzgados de la jurisdicción laboral. Al menos dos juicios están señalados por decisiones directas de la responsable de Recursos Humanos, Carmen Gloria Rodríguez Torres, a quien hace unos días señalara la Fiscalía como responsable de un delito de prevaricación administrativa precisamente por su propio nombramiento bajo la presidencia de Luis Ibarra.
La gravedad de esta investigación no ha hecho reaccionar de momento a la actual presidenta del organismo, Beatríz Calzada, a pesar de que sobre su jefa de personal pesa una sentencia firme por acoso laboral.
Por si este escenario fuera poco, se acumulan denuncias por este mismo comportamiento contra Carmen Gloria Rodríguez. Para la próxima semana está previsto en el Juzgado de lo Social 3 de Las Palmas de Gran Canaria un juicio por acoso laboral promovido por un policía portuario, causa que se suma a la que en su día inició el jefe de Medio Ambiente del organismo, Guillermo Holm, por el mismo motivo puesto en relación con la negativa a reconocerle su categoría laboral como jefe de división, a lo que la jefa de Recursos Humanos acabó cediendo abonando las diferencias salariales correspondientes para que decayera la denuncia originaria.
También está judicializado y se verá en una sala de juicios que le corresponda al Juzgado de lo Social 11 la próxima semana otro asunto que atañe directamente a la responsable de la política laboral de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
En febrero de 2024, los sindicatos CSIF y Comisiones Obreras impugnaron los procesos selectivos a resultas de los cuales fueron contratados por la Autoridad Portuaria el hijo de la jefa de Recursos Humanos y su cuñado. La denuncia señala irregularidades como la participación directa de Carmen Gloria Rodríguez en la redacción de las bases de esos procesos, la modificación del temario tras la presentación de la candidatura de su hijo, y la asignación del puesto a su cuñado sin que este esté en posesión de la formación requerida.
Esta última contratación es la que concretamente se verá en el juicio previsto para esta próxima semana.
Nada parece importunar a Carmen Gloria Rodríguez, que fue señalada como autora directa de un caso de acoso laboral de la Autoridad Portuaria sobre una trabajadora del organismo en sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias desde 2023. Pero desde entonces, el organismo que ahora preside Beatriz Calzada, no ha actuado sobre la responsable.
Y eso que el 15 de octubre de 2025, el abogado de la víctima presentó un escrito dirigido a la presidenta reclamando la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión cautelar de funciones de la jefa de Recursos Humanos. El letrado advertía en su escrito que la infracción prescribía el 12 de enero de 2026, pero nada se ha hecho. En ese mismo escrito aludía a un procedimiento de derechos fundamentales 26/2025 del TSJ de Canarias y reprochaba a la Autoridad Portuaria que siguiera negando los casos de acoso.
A todos estos casos hay que sumar la querella que interpuso en 2023 la trabajadora Elena Marín por presuntos delitos de prevaricación y acoso laboral, que se tramita en el Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria, en las diligencias previas 3747/2023 también contra la jefa de Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Preguntada por este periódico a través de correo electrónico la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatríz Calzada ha declinado contestar a cuestiones como si tiene previsto adoptar alguna medida respecto a la continuidad de Carmen Gloria Rodríguez Torres al frente de Recursos Humanos mientras se resuelven estos procedimientos; qué respuesta ha dado al escrito de la víctima de acoso laboral reconocida en sentencia firme por el TSJC o si, en coherencia con la destitución de la gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Betsabé Rodríguez, por nombramiento ilegal, piensa actuar de la misma manera frente al nombramiento de la jefa de Recursos Humanos una vez la Fiscalía ha judicializado la cuestión.