Los operadores jurídicos de Canarias condenan el genocidio “del Estado de Israel contra el pueblo de Palestina”
Los operadores jurídicos de Canarias han decidido condenar “enérgicamente la política de Estado israelí” en la franja de Gaza y sus “actos sistemáticos que, con fundamento en informes nacionales e internacionales, constituyen genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”. Jueces y juezas, letrados y letradas de la Administración de Justicia, funcionarios y funcionarias, graduados y graduadas sociales, procuradoras y procuradores, profesores y profesoras y alumnado de Derecho han suscrito un comunicado en el que dicen asumir “la gravedad de tales violaciones, particularmente desde el 7 de octubre de 2023, y la responsabilidad internacional que se deriva”.
Los firmantes del comunicado, que han convocado un acto de protesta el día 18 ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, exigen “medidas urgentes para prevenir daños mayores: cese de hostilidades, acceso sin restricciones a la población civil de ayuda humanitaria, acceso de los medios nacionales e internacionales de información en todo el territorio, protección de infraestructura civil crítica y especial atención a poblaciones vulnerables”.
Consideran que los hechos denunciados constituyen delitos de “genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, conforme al Estatuto de Roma, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, la normativa internacional humanitaria consuetudinaria y los principios del derecho internacional de los derechos humanos”.
Por ello solicitan “la rendición de cuentas plena y la reparación íntegra del daño causado, mediante mecanismos nacionales e internacionales, en todos los grados de autoría; cumplimiento de órdenes judiciales pertinentes (CIJ, CPI) y sanciones individuales y estatales contra quienes han participado y participan en los crímenes denunciados”.
Por ello instan a que se produzcan “condenas políticas” por parte del Estado español, la Unión Europea y otros gobiernos y que “se acompañen de políticas económicas coherentes, incluyendo la supervisión de inversiones, fondos de pensiones, gestoras de activos u otros fondos financieros con participaciones en empresas vinculadas a la producción de armamento, infraestructura militar o actividades que faciliten la ocupación”.
Los operadores jurídicos canarios sostienen que los Estados “están obligados por el derecho internacional a prevenir, sancionar y remediar los crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad; cooperar con la Corte Penal Internacional; abstenerse de reconocer hechos ilícitos como la ocupación ilegal o los asentamientos; y asegurar que su legislación interna contemple sanciones contra actores que financien o faciliten tales crímenes”.
Por eso exigen que el Estado español establezca “un marco legal que obligue a bancos, fondos de inversión, aseguradoras y otras entidades financieras a declarar públicamente sus posiciones en empresas implicadas en la producción de armamento o tecnología militar utilizada en la ocupación”. Que se cree “un órgano de supervisión independiente con facultades sancionadoras para evaluar la debida diligencia en derechos humanos. Que se condicionen las ayudas públicas y la contratación estatal a ”la desvinculación de empresas que colaboren con la ocupación o violaciones del Derecho internacional“. Y que se rompan de inmediato ”relaciones diplomáticas, comerciales y financieras coherentes con la condena política, incluyendo embargo de armas y restricciones a productos de los asentamientos ilegales“.
Las exigencias se extienden también a la Unión Europea, a la que los operadores jurídicos canarios piden que armonice las sanciones entre los Estados miembros y evite que las empresas operen en vacíos legales; que se impongan medidas restrictivas contra dirigentes políticos y militares responsables del Estado de Israel a los que se atribuyan por organismos y cortes internacionales, que velen por los derechos humanos, indicios racionales de cometer crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino; que se suspendan los acuerdos comerciales, científicos y culturales con el Estado de Israel mientras persistan la ocupación y las violaciones graves de derechos humanos y que se cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europeo de 2018 que obliga a identificar claramente los productos de los asentamientos.
Finalmente, piden que las empresas y los actores privados cesen “de inmediato” las “actividades que contribuyan a la ocupación ilegal o violaciones de derechos humanos” aplicando “la debida diligencia reforzada en materia de derechos humanos” y desvinculándose de “contratos y relaciones comerciales con actores implicados en crímenes de lesa humanidad”. Y que las universidades revisen sus acuerdos con sus homólogas israelíes, intensifiquen su cooperación con instituciones palestinas, promuevan programas de formación en Derecho Internacional Humanitario, Penal Internacional y Derechos Humanos y velen “por que no se produzcan conductas de antisemitismo, islamofobia o palestinofobia en el ámbito universitario”.
Juristas por Palestina ha convocado un acto de protesta el próximo día 18, a las 14.00 horas, en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Han pedido a los operadores jurídicos que acudan luciendo sus togas, o en su defecto, vestidos de negro.