Tener reconocida una incapacidad por sentencia y no poder cobrar una pensión ni trabajar. Es la situación en la que se ven muchos ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Las Palmas. Según datos facilitados por Comisiones Obreras, uno de los sindicatos que denuncia constantemente las carencias de la Seguridad Social de esta provincia, a finales de septiembre había 1.016 sentencias pendientes de ejecutarse; personas que tienen estimada la pensión por incapacidad, pero aún no pueden cobrar pese a que un juzgado ha dictado a su favor. Son casos cuya espera, según han contado personas afectadas y abogados a este redacción, se ralentiza durante meses e incluso hasta un año y que coloca a las personas, en ocasiones, en situación de extrema vulnerabilidad. Se trata de una cuestión que se suma a las largas colas que se siguen formando desde muy temprano cada día en el principal Centro de Atención e Información (CAISS) de la capital grancanaria para tratar de conseguir un número y recibir atención de un profesional ante la imposibilidad de conseguir cita previa telemática o telefónica.
Solo en el mes de septiembre, Las Palmas recibió 81 quejas de la ciudadanía. CCOO subraya que es la provincia de toda España que se encuentra a la cabeza de esas reclamaciones, solo por detrás de Madrid, que cuenta con mayor número de población y de centros de atención. En la mayoría de esas quejas se hacía referencia a los tiempos de tramitación (51), en especial en la consecución de la incapacidad (22) y de la jubilación (18). Así mismo, solo durante este mes se han resuelto 203 litigios en los que se incluyen incapacidades permanentes, temporales, Ingreso Mínimo Vital, viudedad, maternidad, jubilación….
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, insisten en que “se está trabajando para agilizar los procesos” y esperan que con las incorporaciones anunciadas por el ministro en Canarias (se comprometió en un refuerzo de 80 trabajadores más), y “con la formación oportuna, se perciba la mejoría”. Está previsto que el personal interino se incorpore en las próximas semanas y también que se ponga en marcha un proyecto piloto de videollamada que desde la institución consideran que ayudará a posibilitar la tramitación de gestiones sin que la ciudadanía tenga que desplazarse. También mencionan un proyecto de gestión telefónica mediante el uso de un código de un solo uso enviado por SMS, entre otros.
Sin embargo, hay personas para quienes la situación se ha vuelto alarmante, con una agónica espera por cobrar una prestación que se le ha concedido por derecho. Especialmente llamativo es el caso de V., un ciudadano de origen nigeriano, de 62 años y residente en Las Palmas de Gran Canaria desde hace más de dos décadas. Trabajaba antes de comenzar con sus problemas de salud como ayudante en una panadería y percibía un salario que le permitía cubrir sus gastos y enviar dinero a su familia. Desde hace más de un año comenzó su lucha judicial para que se le reconozcan las patologías que padece y en febrero logró que se le reconociera la incapacidad absoluta por sentencia firme en la que se condenó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a abonar el 100% de la base reguladora de 651,32 euros con efectos económicos desde febrero de 2021. Sin embargo, sigue a la espera de que se le ingresen esas cuantías, lo que le está condenando a vivir “prácticamente en la indigencia”, según los escritos presentados por el despacho de abogados que lleva el caso.
En mayo de este año, el juzgado de lo social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria dictó un auto en el que ordenaba al INSS la ejecución de la sentencia y le recordó que no cabía la posibilidad de interponer recurso. El día 16 del mismo mes, el juzgado emitió un decreto en el que requirió al INSS “a que cumpla la resolución judicial firme en sus propios términos, llevándola a puro y debido efecto” y pagando la cantidad correspondiente. El 28 de junio, emitió una diligencia en la que instaba a la Seguridad Social a que en el plazo de un mes acreditara que había dado cumplimiento a la sentencia.
Tras numerosos escritos del despacho de abogados López Camacho, el juzgado emitió en septiembre otra diligencia en la que recordaba que “pese a los intentos realizados” el INSS no ha dado cumplimiento a la sentencia. Por ello, convocó a las partes a una comparecencia este mes de noviembre para que puedan “alegar y probar cuanto a su derecho convengan”. Además, se advierte de que “deben concurrir con las pruebas de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, bajo apercibimiento a la parte que no comparezca de pararle el perjuicio a que dé lugar en derecho”.
El caso de V. no es aislado, tal y como vienen recordando otras personas afectadas y abogados. Por ejemplo, a Laura (nombre ficticio) le fue reconocida la incapacidad permanente absoluta en julio del pasado año, pero no empezó a cobrar la prestación hasta un año después. Cuenta a ahora.plus que vivió meses de llamadas infructuosas, noches sin apenas dormir tratando de conseguir una cita presencial e idas y venidas a la oficina de atención de la Seguridad Social en busca de una explicación. Su abogado también explicó que ha tenido otros clientes en esta situación.
Un plan para acabar con la espera
Los sindicatos CCOO y UGT pidieron por escrito en septiembre un tiempo máximo de dos meses para que las personas a las que se les ha reconocido una incapacidad las cobren. Los sindicatos alertan de hasta dos años de espera desde que se inicia el proceso por la vía judicial hasta que se cobra. En el documento recordaban que en la mayor parte de las ocasiones, “el trabajador con sentencia firme de incapacidad permanente, no puede tener acceso a desempleo, ni a otro tipo de ayudas, por tener concedida por sentencia una pensión aunque ésta aún no se haya ejecutado, ni esté percibiendo importes, ni esté dado de alta como pensionista”.
Además de ese plazo máximo de dos meses para el pago de esas sentencias firmes, proponen que, mientras el interesado percibe la mensualidad correspondiente y es dado de alta como pensionista, “se calculen las cantidades que del efecto retroactivo estimado en sentencia le correspondan, detrayendo en su caso aquellos conceptos que proceda, como pueden ser: actividad laboral incompatible, la incapacidad temporal percibida coincidentemente, percepciones de desempleo incompatibles, etc… Pues supuestamente son estas gestiones y las diferentes consultas que hay que realizar a terceros, las que provocan la demora en la gestión de la ejecución de las sentencias”.
Escasa plantilla y población envejecida
Actualmente, según los datos correspondientes a ese mes, la plantilla de la Seguridad Social la componen según la RPT 249 funcionarios y 8 profesionales que entran en la categoría de personal laboral (257 en total) pero la ocupación real es de 188 funcionarios en toda la provincia, más otros ocho profesionales; una cobertura del 76,26%. La tasa de absentismo es muy baja (1,76%) y muchas plazas por jubilación no se han cubierto, a lo que se suman las bajas justificadas por incapacidad temporal, sin que se contabilice ninguna baja por enfermedad sin justificante.
CCOO y UGT también reclaman que la Relación de Puestos de Trabajo se actualice con criterios de crecimiento poblacional, insularidad, nivel de gestión y nivel de rentas. Han entregado un informe detallado en el que solicitan al Consejo General de Seguridad Social que se incremente el número de dotaciones en al menos 64 funcionarios. La capital grancanaria no es la única que presenta carencias, cada una de las islas no capitalinas de la provincia de Las Palmas (Lanzarote y Fuerteventura) cuentan con un único Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). Para atender a una población de 155.812 y 119.732 habitantes respectivamente cuentan con solo siete funcionarios, según los datos obtenidos en septiembre.