Falta personal en la Seguridad Social: solo hay siete funcionarios en islas no capitalinas de más de 100.000 habitantes

Falta personal en la Seguridad Social de Canarias, en especial en la provincia de Las Palmas. Así lo reivindica desde hace años la plantilla, los sindicatos y lo reconoce el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que asegura que del total de 248 plazas que tiene la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Dirección Provincial del INSS de Las Palmas, están cubiertas 190 (falta un 23% de la plantilla). Desde el departamento que dirige José Luis Escrivá destacan que han sido “conscientes del problema” y se han tomado medidas “destinadas a reforzar las plantillas”. Señalan que, “fruto de este trabajo es el Real Decreto que aprueba la Oferta de Empleo Público de 2022” y que “tiene en especial consideración a la Seguridad Social”. No obstante, los sindicatos CCOO y UGT han entregado un informe detallado en el que solicitan al Consejo General de Seguridad Social que se incremente el número de dotaciones en al menos 64 funcionarios en cada provincia atendiendo a los criterios de insularidad, incremento poblacional, nivel de gestión y nivel de rentas.

Las diferencias son muy destacadas entre islas, en especial si se tiene en cuenta el número de personal con el que cuentan en relación a provincias con su mismo número de habitantes. Cada una de las islas no capitalinas de la provincia de Las Palmas (Lanzarote y Fuerteventura) son atendidas por un único Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS). El nivel de población en cada una de estas islas es de 155.812 y 119.732 habitantes. Para atender a esta población, Lanzarote cuenta con 9 efectivos (de los que se encuentran actualmente trabajando siete) y Fuerteventura dispone de ocho (de los que se encuentran trabajando siete también).

CCOO y UGT destacan en un informe que, mientras tanto, Palencia tiene 89 dotaciones para atender a 159.123 habitantes, Segovia cuenta con 80 dotaciones para atender a 153.663 habitantes, Teruel 68 funcionarios para 134.545 habitantes y Soria, 64 para atender 88.747 habitantes. 

Se trata de una atención que los sindicatos recuerdan que no puede derivarse a otros centros de la provincia dado ese carácter insular, “que precisaría del desplazamiento en barco o avión”, añaden. Por ello, problemas como la escasez de cita previa no pueden solventarse con el desplazamiento que puede realizarse en otras provincias de la península. En el documento, los sindicatos señalan que las distancias dentro de las propias islas presentan dificultades de desplazamiento. Por ejemplo, en Fuerteventura alguien que se quiera desplazar desde Morro Jable hasta el CAISS de Puerto del Rosario, debe recorrer una distancia de 90 kilómetros, lo que calculan en dos horas y media de recorrido entre la ida y la vuelta. 

Una RPT con criterios de 1988

Los sindicatos reivindican que la RPT se constituyó en 1988, “desde entonces, y aunque puntualmente se han incorporado y detraído algunas plazas a la RPT de la provincia, la Entidad ha ido evolucionando para adaptarse a la realidad social, pero este cambio no se ha trasladado a la RPT, de modo que la configuración ideada a finales de los 80 ha tenido que dar respuesta a la incorporación de las prestaciones no contributivas, a la diversificación de la pensión de jubilación, a la cobertura de las necesidades de conciliación para el cuidado de los menores y, por último, a la creación del ingreso mínimo vital”, se recoge en el informe elaborado.

En concreto, la RPT de la provincia de Las Palmas contempla 248 puestos de trabajo de personal funcionario de carrera y 8 de personal laboral. A estos hay que sumar los 38 contratos de trabajo autorizados por el Programa IMV, de los que actualmente se encuentran cubiertos 37 por personal funcionario interino de los subgrupos A2 (5 personas) y C1 (32 personas). 

Una ratio inferior respecto a otras provincias

Al contrastar los datos de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con los datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística, los sindicatos aprecian se “una falta de proporcionalidad importante entre la población de cada una de las provincias y el número de dotaciones de la Relación de Puestos de Trabajo”. Los sindicatos señalan que esto “una clara incidencia en la prestación del servicio”, ya que, aunque los nuevos sistemas van dirigidos a la deslocalización, es una ratio básica que se configura para “atender a la presencialidad y particularmente a la gestión actual de las prestaciones que cubren un amplio espectro de población con brecha digital y grandes limitaciones de acceso a la sede digital del trámite”. 

Los sindicatos defienden que existe esa desproporción y apuntan las 72,12 dotaciones de Soria por cada 100.000 habitantes, las 60,44 de León o las 57,34 de Orense, frente a las 21,98 de Las Palmas, las 19,44 de Tenerife, las 18,04 de Toledo o las 18,76 de Alicante, lo que significa una desproporción del triple e incluso hasta el cuádruple de número de dotaciones por cada 100.000 habitantes entre unas y otras. 

Por otro lado, en el estudio realizado reflejan que los datos demográficos desglosados por provincias recogidos por el Instituto Nacional de Estadística muestran que desde el año 1998 hasta el año 2021 las provincias han tenido un crecimiento demográfico desigual. Hay algunas en las que se ha superado el 30% llegando en algunos casos al 32,79% de Las Palmas, al 33,87 de Santa Cruz de Tenerife, al 44,81% de Gerona, o al 66,69% de Guadalajara, mientras que otras han visto decrecer su población por debajo del 10% y cita el ejemplo de León, Lugo Palencia o Zamora.

Según sus cálculos, Las Palmas, que ha tenido un crecimiento demográfico del 32,79% necesitaría una RPT incrementada el 34,02% para estar en la media nacional. Así mismo, Santa Cruz de Tenerife, que ha tenido un crecimiento demográfico del 33,87% precisaría que su RPT aumentara un 51,52% para estar en la media nacional. 

El informe de estos sindicatos también recoge que las direcciones provinciales del INSS están clasificadas en seis categorías (de mayor a menor: A, B1, B2, B3, C y D), en atención al volumen de su gestión. “Pasar de la actual categoría B3 a la B2, que sería la correcta en proporción al volumen de trabajo por número de habitantes de las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, supondría la creación de una nueva subdirección, nuevas jefaturas de sección y lo más importantes, nuevas dotaciones para la RPT, que permitirían una mejor estructura y organización de las tareas de la Dirección Provincial”, concluyen. 

Las provincias de categoría B2 tienen como denominador común que poseían más de un millón de habitantes en 1998, algunas como Guipúzcua, Pontevedra o Zaragoza, no llegaban al millón ni en 1998 ni en la actualidad, caso distinto el de Baleares que en 1998 tenía 796.483 habitantes pasando a 1.173.008 en 2021.

Sin embargo, según los datos de CCOO y UGT ninguna de las provincias de categoría B3 supera el millón de habitantes, a excepción de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Por tanto, hay un reparto no equitativo de dotaciones, mientras que Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife necesitarían 85 y 105 dotaciones, respectivamente, para estar en la media nacional en cuanto a efectivos por habitantes se refiere.