Derecho al Techo carga contra el primer Congreso de Vivienda de Canarias: “Es una jornada sobre el negocio inmobiliario”
La plataforma Derecho al Techo ha afeado el I Congreso de Vivienda del Gobierno de Canarias que asegura no ser “una jornada sobre el derecho a la vivienda sino sobre el negocio inmobiliario”, según ha manifestado el colectivo a través de un comunicado, donde afea la reunión que tendrá lugar en el Hotel Santa Catalina de la capital grancanaria los días 1 y 2 de diciembre.
“Aunque se presenta como encuentro para un nuevo modelo de vivienda, el programa está dominado por promotores, bancos, constructoras, consultoras inmobiliarias y agentes privados vinculados a la especulación del suelo”, recalca la plataforma.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, informó en rueda de prensa el pasado 24 de noviembre, junto al director del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Antonio Ortega, donde expuso que la iniciativa nace con el propósito de crear un foro “que se mantenga en el tiempo y que permita generar un espacio común de diálogo con todos los agentes implicados”.
La primera edición del Congreso de Vivienda de Canarias reúne a cerca de 30 expertos y representantes de administraciones en torno a 12 mesas y talleres, en el que aspira a convertirse en punto de referencia anual para abordar uno de los principales desafíos de la sociedad canaria: el acceso a la vivienda.
Sin embargo, Derecho al Techo ha criticado que los actores prioritarios en estas jornadas “son intereses empresariales, no la ciudadanía afectada por desahucios, infravivienda o alquileres inasumibles”.
Este congreso legitima el modelo que ha generado la crisis porque se analizan licencias, suelo urbanizable, financiación privada e industrialización como si el problema fuera técnico, cuando es político y estructural
Por un lado, el colectivo asegura que el enfoque que le dan es más suelo, más obra, más mercado, “pero ese modelo es exactamente el que ha encarecido la vivienda y expulsado a la población residente”.
Además, Derecho al techo agrega que se prioriza la colaboración público-privada “sin evaluar sus consecuencias” y las mesas celebran la externalización, las concesiones y la financiación privada de vivienda protegida, “cuando este modelo ya ha demostrado que eleva los precios del alquiler protegido con cláusulas de rentabilidad privada y se depende del mercado financiero para garantizar derechos y se privatiza suelo público bajo fórmulas opacas como ”concesiones a 75 años“, subraya el comunicado.
Por otro lado, Derecho al Techo critica que se siga teniendo la vivienda “como un activo financiero y mercancía estratégica, no como un derecho y que no se aborden las causas reales de la emergencia habitacional”.
En este sentido, el colectivo exige que se tendría que tratar la turistificación, las viviendas vacacionales, el acaparamiento de vivienda por fondos buitre y socimis, para tenerlas cerradas, esperando a especular.
Según datos de Derecho al techo, en Canarias hay 211.000 viviendas cerradas y critica que “no se pone freno a la especulación y fiscalidad” contra esos inmuebles vacíos.
No se potencian modelos cooperativos sin ánimo de lucro y no se limita los precios de los alquileres. El Congreso de Vivienda habla de asequible, pero no discute cómo detener la especulación que impide que sea asequible
Lo que para el Gobierno regional es un encuentro con la intención de que se consolide como “el gran foro canario” en materia de vivienda y que contribuya a generar “soluciones estables y eficaces” para atender las necesidades de la ciudadanía, el colectivo social ve que la perspectiva ciudadana en este Congreso “está marginada, no hay representación de plataformas de afectados por la vivienda, de Derecho Al Techo, de Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, del tercer sector que atiende emergencias habitacionales (más allá de representación simbólica), de jóvenes expulsados del mercado residencial, de la inmigración y familias monoparentales, mayores y colectivos vulnerables”.
Asimismo, Derecho al Techo dice que en estas jornadas la vivienda se trata como un “sector económico, no como un derecho constitucional” y su vez, convierte una emergencia social “en oportunidad de negocio que se delatan en el lenguaje que usan” tales como; “Oportunidades de mercado”, “Industrialización de la vivienda”, “Modelos de inversión”, “Gestores inmobiliarios”.
Desde la plataforma denuncian que mientras “miles de personas” esperan vivienda pública, este congreso presenta la crisis habitacional “como nicho de inversión y excluye modelos alternativos ya demostrados como vivienda pública permanente (modelo Viena)”. También, “parques públicos municipales no privatizables (modelo País Vasco) y cooperativas en cesión de uso o community land trusts. La Moratoria turística o regulación estricta de viviendas vacacionales”.
Todo ello, asegura la plataforma no estar en la agenda del Congreso de Vivienda de Canarias, y que demuestra que estas jornadas “no busca soluciones, sino continuidad del sistema”.
Además, tachan este tipo de eventos de ser “marketing político, lavado institucional y escenificación de diálogo sin conflicto, y hay conflicto entre el derecho a habitar y el derecho a especular”.
Por tanto, Derecho al Techo rechaza estas jornadas “porque no representa al pueblo que sufre la crisis habitacional, sino a quienes se benefician de ella”.
Asimismo, la Plataforma considera que “no aborda las causas reales, sino que profundiza en un modelo extractivo”, además de “no garantizar el derecho a la vivienda y lo mercantiliza, lo privatiza y lo desplaza del ámbito público al financiero”.
Por último, Derecho al Techo manifiesta que para solucionar la crisis habitacional la vivienda “no puede seguir siendo una mercancía”. “La vivienda es un derecho”, concluye el comunicado.