Antonia se siente una esclava que no puede trabajar ni asegurarse una pensión para el futuro porque debe estar 24 horas al día cuidando a su hermana Concha, gran dependiente. Para Antonia, la aplicación de la Ley de Dependencia no ha supuesto una liberación, sino todo lo contrario. Está desesperada.
Concha es gran dependiente de grado III, nivel 2. Sufre una paraplejia congénita y un severo retraso mental. Cuando el 4 de julio de 2007 Antonia pidió al Gobierno de Canarias que evaluaran a su hermana creyó ver el cielo abierto. “No tardaron mucho en evaluarla y diagnosticarla como gran dependiente. En septiembre ya me habían mandado la resolución y a partir de ahí, empezó mi calvario”.
“Me mandaron rellenar y rellenar papeles y me dijeron que la aplicación de la Ley quedaba en suspenso hasta que no le hicieran a mi hermana el PIA (Programa de Atención Individual), y en ello tardaron un año. Reevaluaron a Concha de nuevo y el 17 de octubre de 2008 la Dirección General de la Seguridad Social reconoció la situación de extrema necesidad de mi hermana, pero en vez de dejarme optar por lo que yo creía más beneficioso para ambas, que para eso es el PIA, me dijeron que solo tenía derecho a llevarla a un centro de día. Lo mismo que ya tenía antes de la Ley”.
El caso de Antonia es especialmente dramático. Cuando vivía su madre, entre las dos se echaban una mano. “Yo podía trabajar y cotizar a la Seguridad Social, pero muerta mi madre, a la que también tuve que cuidar durante un año, lo único que puedo hacer ahora es cuidar de mi hermana. No tengo presente ni futuro”.
Del propio bolsillo
Concha Ángel González tiene 42 años pero mente de niña. No para de sonreír. Le gusta la entrevista, le gustan las fotos. No puede moverse, pasó de la cuna a una silla de ruedas y para limpiarla y moverla, Antonia debe usar una grúa que asegura que compró a plazos en una ortopedia. Ha tenido que adaptar el cuarto de baño de un modesto apartamento en Añaza, un barrio obrero al sur de Santa Cruz de Tenerife, también con el dinero de su bolsillo. De su bolsillo salió también el reembolso para adaptar su coche a la silla.
Antonia 49 años y con solo 13 de cotización a la Seguridad Social, afirma que la Ley de Dependencia, tal y como se aplica en Canarias, le ha terminado de destrozar la vida. Reclama sus derechos.
“De acuerdo con la Ley yo tendría derecho a un centro de día, a una paga asistencial y a contar con ayuda en casa, pero en la Consejería me dijeron que solo me daban el centro de día. No he ganado nada. Mi hermana estaba en un centro de día ocupacional desde hacía 10 años, pero la saqué de allí en espera de algo mejor. Creí que la enseñarían hablar, a hacer cosas, a tener más destreza y yo, más tiempo libre, pero no ha sido así”.
Ayuda a cambio de 300 euros al mes
Cada mañana, sobre las 07.30, un microbús recoge a Concha para llevarla al centro de día CAMP, en La Laguna, especializado en discapacitados físicos y psíquicos. A las 16.30 horas la devuelven a casa. Con ese horario, Antonia podría trabajar. Es lo que opinan en Bienestar Social.
“El problema es que el centro se rige por horarios escolares. Cierra todos los fines de semana, en Navidades, en Semana Santa y dos meses por verano. Igual que un colegio. ¿Qué empresario me da a mí esas vacaciones? No solo eso, sino que mi hermana cae enferma con frecuencia y me llaman del centro para traerla de vuelta a casa sea la hora que sea. Debo llevarla dos veces por semana a un centro médico. Vivo para estar pendiente de ella”, se queja Antonia.
“He intentado trabajar, pero es imposible. En cuanto digo dos veces seguidas que tengo que abandonar el trabajo antes de concluir la jornada, me echan. Lógico. Pedí en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que una persona me ayudara, pero me dijeron que eso me costaría 300 euros al mes”.
El único dinero que entra en su casa es la pensión de Concha por orfandad. “Cuándo ella muera esa pensión se acaba. ¿De qué voy a vivir yo?” Esa es su mayor angustia.
Un año sin respuesta
Antonia pidió una revisión del PIA el 7 de octubre de 2009 y acogiéndose al artículo 30 de la Ley de Dependencia, por el que las prestaciones y/o servicios que recibe el dependiente pueden ser modificadas si la situación se ha agravado. “Interpuse la demanda mediante una abogada de oficio. Ni sé nada de esa abogada ni he tenido respuesta de Bienestar Social”, afirma.
“En mi caso, la Ley de Dependencia no sirve. ¿Dónde están los millones que el Estado ha dado a Canarias para que ayuden a personas como yo?”, se pregunta, no sin dejar de acordarse, y mucho, de la Consejera Inés Rojas y de todo el Gobierno de Paulino Rivero.