La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a un hombre por el delito de estafa a devolver 105.000 euros que recibió en 2007 de un matrimonio ruso como adelanto a la compra de dos dúplex y otros tantos aparcamientos en la localidad de Fañabé en Adeje y cumplir un mes de prisión.
En la imposición de la pena se ha tenido en cuenta el atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas, tal y como aceptó la Fiscalía.
El hombre se dedicaba a ejercer de intermediario en la venta de inmuebles en una promoción para una entidad mercantil, sin contar con ningún tipo de apoderamiento escrito o verbal o para actuar en su nombre ni capacidad para vincularla en la venta de las viviendas.
En el momento de los hechos la urbanización se encontraba en construcción por lo que los estafados adelantaron dinero que el acusado incorporó a su patrimonio, “a sabiendas de que no iba a realizar la venta de ningún apartamento y actuando aparentemente en nombre de la entidad”. De esta manera cerró la venta de dos dúplex con otras tantas plazas de garaje cuyo precio de cada uno eran 275.600 euros, de los que el acusado llegó a recibir al menos 105.000.
El encausado declaró en el juicio que si bien los clientes le entregaron el dinero luego se lo hizo llegar a la empresa a la que supuestamente representaba, versión que según el tribunal “no se sostiene” en cuanto quedó probado que los denunciantes jamás pudieron acceder a las viviendas.
La Audiencia considera que se desconoce el destino que le dio a estas cantidades, más allá de que se tenga la certeza de haberse quedado en manos del acusado.
Los documentos aportados durante el procedimiento judicial demuestran la entrega de las cantidades sin que haya pruebas de que a continuación llegaron a manos de la constructora.
“Por tanto, resulta obvio que se apropió del dinero recibido haciendo creer a los compradores que eran adelantos para el pago de los apartamentos apalabrados”, señala el fallo.
Pese a que los contratos se firmaron en la caseta de obra, el acusado no estaba autorizado para hacerlo en nombre de la entidad, y en los mismos aparece un garabato que aparenta ser la firma del administrador.
Otros argumentos del acusado es que no había podido aportar las pruebas porque al ser detenido se le negó el acceso a la documentación, que el dinero se lo hizo llegar al hijo del administrador, a otro cliente con el que tenía deudas o para publicidad.
Aseguró que había vendido 99 viviendas, de las que estaban escrituradas 19 y que en todos los casos los contratos se firmaban en la caseta y los clientes que siempre eran ciudadanos rusos como ocurre en esta causa.
El administrador señaló que el procesado trabajaba a comisión pero no tenía poder para firmar los contratos y por lo tanto debía llevarlos a la oficina acompañado de una abogada que era la que se encargaba de estas tareas.
En cuanto a su hijo, indicó que era un peón y carecía de poder de representación alguno, ratificó que nunca se cogían ingresos en metálico sino por transferencias y no consta ninguna referida a esta causa.
Los denunciantes declararon que cada duplex costaba 270.000 euros, que pagaron el dinero que figura en los acuerdos, nunca vieron al administrador, jamás recibieron las llaves de los apartamentos sino de otro que tuvieron que devolver y en el que llegaron a instalar un jacuzzi.
Esta misma forma de operar la habría llevado a cabo en otras cuatro ocasiones más en la misma promoción.
La acusación particular que representaba al matrimonio estafado, solicitaba 6 años de cárcel y que les devolvieran 348.000 euros.