¿Las provincias de Extremadura? En realidad son tres: “Cáceres, Badajoz y Leganés”. 

El dicho popular, muy extendido hace décadas, respondía a una realidad. Entre 1950 y 1975, Extremadura expulsó a casi la mitad de su población. Se fueron a las fábricas de Alemania, a las obras de Barcelona, a los suburbios de Madrid. Barrios enteros nacieron así: sin plan urbanístico, sin escuadra o cartabón. Casas bajas, construidas con las manos desnudas por los emigrantes que buscaban un techo para dormir. Es una herencia que aún es visible en parte del mapa de las grandes urbes españolas. Trazados caóticos, de calles estrechas y retorcidas más propias de la Edad Media, pero que se edificaron mientras el hombre llegaba a la Luna. Un siglo después del ensanche Cerdà o del Barrio de Salamanca de Madrid.

Aquellas ciudades no les esperaban, aquellos emigrantes tampoco eran bienvenidos. Las autoridades franquistas apostaban vigilantes en los trenes con destino a las zonas industriales. Identificaban a quienes viajaban sin contrato de trabajo. Los interrogaban y los mandaban de vuelta a sus pueblos. La respuesta de muchos extremeños era bajarse en la estación anterior y hacer el resto del camino a pie, campo a través, hasta llegar a casa de algún amigo o familiar en la ciudad. 

Esa gran ola migratoria afectó a toda la España rural. Pero se cebó especialmente con Extremadura.

Eran los “sin papeles” de entonces. Tampoco les trataron demasiado bien. 

Solo en Barcelona, el historiador Miguel Díaz Sánchez ha documentado más de 30.000 devoluciones desde el fin de la guerra hasta 1966. Antes de devolverles a su pueblo, primero se les encerraba con el pretexto de ser indigentes: en el Pabellón de Misiones, en Barcelona, o en el Matadero de Madrid. La orden de expulsión era clara: si les cazaban de vuelta, entrarían en prisión.

La represión del franquismo contra la emigración interior duró hasta los años 60. Acabó por dos motivos: la necesidad de más mano de obra en las ciudades y la incapacidad para evitar la emigración, por mucho esfuerzo que pusiera la Guardia Civil. Ni siquiera una dictadura pudo poner puertas al campo. Lo mismo ocurre hoy. A pesar de quienes creen que perseguir a los inmigrantes los hará desaparecer.

María Guardiola, presidenta de Extremadura: “Yo no puedo dejar entrar en Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes”.

Es justo lo que acaba de firmar. 

El nuevo acuerdo extremeño entre el Partido Popular y Vox es una versión ampliada y extendida del mismo discurso ultra que ya pactaron en 2023. 

La extrema derecha no solo vuelve al Gobierno extremeño: ahora tendrá una vicepresidencia. Vox sigue negando la violencia machista y empleando el trazo gordo en sus discursos negacionistas contra las energías renovables o la agenda verde. En cuanto a la “deshumanización” de los inmigrantes, también subimos un nuevo escalón.

Vox lo llama “prioridad nacional”. El PP de Guardiola lo ha firmado sin rechistar. En la práctica, consiste en una política de racismo institucional: que los inmigrantes tengan menos derechos que los españoles pata negra en el acceso a las “ayudas, subvenciones y prestaciones públicas”.

Todo esto en una región donde los extranjeros son apenas el 4,7% de la población: un tercio de la media nacional (14,1%). No hay ninguna emergencia migratoria en Cáceres ni en Badajoz, es más bien al revés. Sin la llegada de los pocos inmigrantes extranjeros que se mudan allí, Extremadura seguiría perdiendo población. Son muy pocos, pero aunque no lo fueran: recortar derechos a personas por su origen es pura discriminación. 

“No se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido”. Y esto no lo digo yo, lo dice Isabel Díaz Ayuso. Cómo será este acuerdo para que le haya parecido mal incluso a la dirigente más trumpista del PP.

Hay otro problema: la “prioridad nacional” que plantean es profundamente ilegal. No se podrá aplicar. Con las leyes vigentes, a estas personas migrantes no se las puede discriminar. Otra cosa es que el PP y Vox, en el futuro, cambien la ley orgánica de Extranjería, como pretenden. Pero con este Congreso de los Diputados, por ahora, no ocurrirá. 

Tampoco podrán discriminar a los inmigrantes en el acceso a la Sanidad, como plantea Vox. Es una competencia cuya gestión está transferida, pero todas las autonomías deben dar acceso a todas las personas, según las leyes y derechos estatales. Hace unas semanas, un nuevo decreto amplió la sanidad pública incluso a los extranjeros sin residencia legal.

Que todas las personas que viven en España mantengan el acceso gratuito a la sanidad no solo es una buena noticia por una cuestión de humanidad: es también salud pública. ¿O acaso creen los votantes de Vox que los virus y bacterias respetarán su “prioridad nacional”?

Sí hay en el acuerdo extremeño otras trampas xenófobas que buscan este mismo objetivo racista, pero que recurren a métodos más sibilinos. PP y Vox han firmado ampliar el plazo mínimo de empadronamiento en Extremadura para poder optar a viviendas de protección oficial. Serán al menos diez años para la compraventa, cinco años para el alquiler social. No hace falta poner “los españoles primero” en este nuevo requisito legal, pero el objetivo es el que es: dejar fuera a los inmigrantes de las políticas públicas de vivienda. Son ellos, mayoritariamente, los que tienen pocos años de antigüedad en el padrón.

Esta idea, sin embargo, no es original. Es la misma medida que ha aplicado en Madrid Isabel Díaz Ayuso. Fue por voluntad propia: sin necesidad de que le presionaran desde Vox. 

El acuerdo extremeño es solo un aperitivo de lo que está por llegar. La “prioridad nacional” es el nuevo “pin parental”: la medida estrella que Vox quiere colar en todos los acuerdos con el PP, empezando por Aragón y Castilla y León. 

Tiene una parte de propaganda: varios de sus efectos prácticos en las autonomías serán muy limitados mientras no logren cambiar las leyes orgánicas. Pero también de amenaza: está claro cuál es el plan. Si de Vox dependiera, en España también tendríamos, a la caza de inmigrantes, a las milicias trumpistas del ICE.

Tanto Vox como el Partido Popular creen haber encontrado en el rechazo a la inmigración un caballo electoral ganador. Lamentablemente, es posible que tengan razón. Es una vieja historia. Cambian los nombres, el acento, el color de la piel, pero el mecanismo es siempre el mismo: culpar al último en llegar. Convertir al más débil en el problema. Señalar hacia abajo para no mirar hacia arriba.

El periodista alemán Ernst Klee publicó en 1971 un libro sobre las pésimas condiciones de vida de los inmigrantes españoles, italianos o griegos en la Europa rica. El título era esclarecedor: “Die Nigger Europas”. Los negros de Europa.

La mitad de los españoles que emigraron en esos años hacia Europa para trabajar lo hacía sin papeles ni permisos. Como siempre ha pasado en la historia, este tipo de barreras administrativas son inútiles cuando existe una necesidad material. Discriminar a los emigrantes no les hará desaparecer, solo hará su vida aún peor. 

Ojalá los abuelos extremeños expliquen a sus nietos en qué consiste la empatía, el respeto y la humanidad. Aquellos que se bajaban del tren una estación antes para no ser devueltos a su pueblo. Aquellos que mandaban pesetas a casa desde las fábricas del Ruhr. Aquellos que construyeron Leganés. 

No hace tanto tiempo, esos otros éramos nosotros.

José Barrionuevo, Rodrigo Rato, Jaume Matas, Eduardo Zaplana... La lista de exministros en el banquillo de los acusados no es tan larga y en una misma semana se han sumado de golpe dos nombres más: José Luis Ábalos y Jorge Fernández Díaz. La política es también la agenda informativa: el espacio en las portadas de los periódicos es un bien escaso, los minutos de la televisión también. Y la Justicia ha decidido, casualmente, que ambos juicios se celebren a la vez. 

Para sorpresa de nadie, esta oportuna coincidencia está sirviendo para que el esperado caso Kitchen pase en muchos medios a segunda división. ¿A quién le importa el uso de los fondos reservados para destruir pruebas de corrupción cuando tienes a Jessica enchufada en un puesto de trabajo al que nunca fue? 

Esta coincidencia cósmica, dos exministros en el banquillo a la vez, fue decidida por el Tribunal Supremo. Por la Sala de lo Penal. El juicio de la Kitchen, en la Audiencia Nacional, ya estaba en agenda cuando se fijó la misma fecha para Ábalos. Pero los parecidos se acaban con la semana en la que arrancan los juicios. El resto del proceso penal de ambos exministros no ha sido igual.

El caso mascarillas –por el que Ábalos está siendo juzgado– comenzó a investigarse en 2022 sobre unos hechos ocurridos en 2020. La Kitchen, en 2018, por algo que pasó en 2013. Hay cuatro años de diferencia en la instrucción. Siete años de distancia, si contamos desde que se cometió el presunto delito.

Ábalos es un apestado, con razón. Nadie de su partido le defiende. Fue expulsado del PSOE meses antes de que fuera siquiera imputado, cuando estalló el caso Koldo. Fernández Díaz, mientras tanto, sigue publicando todas las semanas artículos en la prensa de derechas. Pontificando sobre la corrupción de los demás. 

Ábalos duerme cada noche en la cárcel. Es prisión preventiva, aunque aún no hay sentencia, supuestamente por el riesgo de fuga ante las elevadas penas a las que se enfrenta. Jorge Fernández Díaz duerme en su casa. Aunque las acusaciones contra él son también muy graves, la Justicia aquí no ve riesgo de fuga.

Incluso si Jorge Fernández Díaz es condenado, es posible que siga durmiendo en su casa, como ocurre con Eduardo Zaplana. Salvo que la condena fuera muy alta, no entraría en prisión hasta que la sentencia sea firme en el Supremo. Para eso, aún quedan unos años.

Si Ábalos es condenado –cosa probable– seguirá durmiendo en prisión. Su sentencia sí sería firme, al ser del Supremo. Y no tendría siquiera un calendario claro de cuándo podría salir. Aún tiene pendiente otra causa penal en la Audiencia Nacional, junto a Santos Cerdán. Hasta que no haya sentencia firme de ese segundo juicio –si es condenado– tampoco podrá consolidar penas.

Hay una justicia rápida. Hay otra muy lenta. La diferencia de velocidad en teoría responde al juzgado que instruye cada caso. La Audiencia Nacional está colapsada. El Tribunal Supremo apenas celebra juicios: solo los de los aforados o de aquellas excepciones que le vienen mejor, como ocurrió con el Procés, que debería haberse juzgado en el TSJ catalán. Por eso la Kitchen fue lentísima en la Audiencia Nacional y lo de Ábalos, o lo del fiscal general, ha sido a toda velocidad.

Pero esta explicación es incompleta para entender el ritmo electrizante con el que Ábalos ha sido encarcelado, está siendo juzgado y probablemente será condenado. Este juicio es anómalo porque es un proceso contra la persona, y no contra los delitos.

A Ábalos se le acusa en este juicio de haber cobrado comisiones por la adjudicación de un contrato de mascarillas durante la pandemia. Pero el empresario que vendió esas mascarillas no está en el banquillo de los acusados en el Supremo.

También se le acusa de haber enchufado en dos empresas públicas a una de sus parejas, Jessica Rodríguez. Pero los directivos de esas empresas que colaboraron con el enchufe y permitieron que Jessica no fuera siquiera a trabajar tampoco están entre los acusados en este juicio.

A Ábalos también se le juzga por disfrutar durante el verano de un chalet gratis en la costa a cambio de otro favor político que prometió a una empresa de hidrocarburos. Pero la empresaria que pagó ese chalet tampoco está en el banquillo. Ni tampoco el empresario de hidrocarburos que supuestamente lo sobornó.

La mayor parte de estas personas que colaboraron, indujeron o participaron en los presuntos delitos de Ábalos están imputadas. Acusadas judicialmente por estos hechos. Pero no en el Supremo, sino en la Audiencia Nacional. Han sido convocados a este juicio, pero solo como testigos, no como imputados: con obligación de decir verdad. Aún queda mucho para que sean juzgadas. Cuando puedan defenderse, ya dará igual, porque para entonces ya habrá una sentencia en firme del Tribunal Supremo sobre estos mismos hechos. 

Hay también una curiosa excepción: el caso de Jessica Rodríguez. No está imputada en ningún sitio, ni el Supremo ni en la Audiencia Nacional. Por mucho que pregunto a mis fuentes jurídicas, nadie me sabe explicar por qué ella no está siquiera acusada, pero el hermano de Pedro Sánchez será juzgado. Y eso que David Sánchez sí iba a trabajar. 

Volvamos a Ábalos. En teoría, un mismo delito no se puede juzgar dos veces. En teoría, los acusados tienen derecho a defenderse. En teoría, las piezas separadas en los juzgados se trocean en función de los presuntos delitos, no según las personas que participan en ellos. Pero con este caso, el imaginativo Tribunal Supremo ha inaugurado una nueva forma de juzgar. 

Como Ábalos era diputado, la competencia en la instrucción era del Tribunal Supremo. Cuando la Audiencia Nacional –que empezó la investigación del caso Koldo– pidió la imputación del ministro, lo lógico habría sido que todos los demás implicados hubieran pasado al Tribunal Supremo junto a él. Es lo que se hizo, por ejemplo, cuando el Supremo asumió la investigación de toda la causa de los GAL porque José Barrionuevo era aforado. Toda aquella investigación pasó al Supremo, Amedo no siguió en la Audiencia Nacional.

En vez de eso, en esta ocasión, se partió la instrucción de una forma absolutamente artificial: Ábalos, Koldo y Aldama, al Supremo. Y el resto de la tropa se quedó en la Audiencia Nacional. 

¿Pueden dos tribunales distintos investigar y juzgar unos mismos delitos? En España parece que sí. 

Si el Supremo se hubiera quedado con toda la causa en aquel momento –habría sido lo razonable–, es dudoso que hubiera podido ir tan deprisa. Con los GAL tardaron tres años desde que asumieron la instrucción. Cuando hay muchos acusados, los tiempos de la Justicia se suelen alargar. 

El día en que Ábalos renunció a su escaño –el 28 de enero de 2026– este juicio aún no tenía fecha. El Supremo podría haberlo mandado de vuelta a la Audiencia Nacional y acabar con esta absurda división. Ninguna ley se lo impide, solo un acuerdo en el pleno que se puede cambiar. Pero claro, enviar el caso a este juzgado colapsado no habría permitido condenar a un exministro de Pedro Sánchez antes de que llegue el verano, como probablemente ocurrirá. Las prisas son políticas.

Las anomalías en este caso de corrupción –porque es corrupción, a pesar de estas extrañas maniobras judiciales– no se acaban aquí. Te recomiendo este artículo del abogado Carlos López-Keller que explica muy bien esta absurda división y otros desatinos más. Una de sus metáforas sobre el juicio es muy potente: “Como el plato es escaso, lo llenan de guarnición”. Se supone que este juicio va de las mordidas por los contratos de mascarillas durante la pandemia. Pero en lo que llevamos de juicio, el enchufe de Jessica Rodríguez (una malversación de 44.000 euros) parece ser la gran prioridad. El dinero de las supuestas comisiones, por ahora, parece más difuso.

La exuberante instrucción del Supremo contrasta con la otra pista de este doble circo: el caso Kitchen. 

De aquella investigación se ocupó Manuel García Castellón. Es ese juez que recomendaba Ignacio González, en conversación con Eduardo Zaplana, cuando pedía mandar al magistrado que ocupaba su plaza en la Audiencia Nacional “a tomar por culo a Onteniente”.

Es el mismo juez que, tal y como pronosticaba González, pidió volver a su plaza en la Audiencia Nacional: a cobrar menos y trabajar más. 

Es el mismo que acusó de terrorismo a Carles Puigdemont con la coartada de un turista francés que había fallecido de un infarto durante las protestas independentistas en el aeropuerto de El Prat. El mismo que tuvo que cerrar abruptamente aquella investigación porque metió la pata con los plazos. 

En la Kitchen, García Castellón tampoco decepcionó. Fue el responsable de que Mariano Rajoy ni siquiera fuera llamado a declarar como testigo, como pedía la Fiscalía Anticorrupción. Y había argumentos más que de sobra para ello: Rajoy no solo era el jefe directo de Fernández Díaz, sino también el principal beneficiario de que la Kitchen destruyera esas pruebas de corrupción que guardaba Luis Bárcenas. Unas supuestas grabaciones que le afectaban directamente a él, y también al partido del que era presidente.

García Castellón también fue quien salvó de este juicio a María Dolores de Cospedal, de nuevo en contra del criterio de la Fiscalía, a pesar de esos audios donde la entonces número dos del PP hablaba con Villarejo de “la libretita de Bárcenas”.

El caso Kitchen llega a juicio, trece años después. Pero aún quedan por investigar judicialmente muchos otros de los presuntos delitos que cometió esa policía política que anidaba en ese Ministerio del Interior. La Operación Catalunya, contra los independentistas. La guerra sucia contra Podemos y todos los rivales políticos del PP. Todo eso aún sigue impune. Es muy probable que nunca se llegue a juzgar.

Porque la Justicia es igual para todos y los niños vienen de París. Más concretamente, de la Plaza de París, en Madrid, donde tiene su sede el Tribunal Supremo español.

P.D. En elDiario.es hemos producido dos documentales cortos sobre cada uno de estos juicios. El primero: Caso Ábalos, la tríada de la corrupción. El segundo: Juicio final a la guerra sucia del PP. Te recomiendo que los veas: son muy buenos y ayudan a comprender lo que pasó. 

Y el lunes, estrenamos otro documental más: Las tres guerras sucias del PP. Espero que te gusten.

Casi un mes después de empezar los bombardeos, Alberto Núñez Feijóo ha descubierto al fin que está en contra de la guerra. Ha tardado en llegar a este punto. Pero aún le queda una tarea importante: decirnos lo que piensa de ese líder internacional que ha provocado esta catástrofe. 

O al menos decir su nombre. 

Hay una larga tradición cultural para este tipo de tabú. La referencia más popular probablemente está en los libros de Harry Potter. Se trata de Voldemort: ese mago tan poderoso y temido que casi nadie se atreve a nombrarlo. Apenas se le menciona, salvo que sea imprescindible. Y cuando no queda otro remedio, se refieren a él con un circunloquio: “El que no debe ser nombrado”. 

La idea no es original. Ni falta que hace: la excepcional saga de J. K. Rowling es una de las mejores vías para iniciar a los niños en el maravilloso hábito de la lectura. Ese tabú de no nombrar a alguien temido y poderoso viene de la mitología. De los griegos, que llamaban “euménides” (benévolas) a las Erinias: las diosas de la venganza, que castigaban en el Tártaro a los criminales. Decir su verdadero nombre en voz alta era algo que la mayoría de los griegos evitaba, por el miedo a invocarlas y provocar una represalia.

Ese miedo está también en el judaísmo. En el tetragrámaton de cuatro letras hebreas con el que se nombra a Dios, una palabra tan sagrada que la tradición prohíbe pronunciarla en voz alta. Y si se escribe, tampoco se debe destruir después el texto. Por eso se le llama “Adonai” (señor) o “HaShem”, que se traduce literalmente como “el nombre”. El eufemismo no oculta nada: todos saben perfectamente de quién se habla.

En las novelas de Harry Potter, no era solo miedo o superstición. Había también una razón técnica, o más bien mágica: era tanto el poder de Voldemort que podía rastrear la ubicación de cualquiera que lo nombrara. No es muy distinto a lo que ocurre con la dictadura china y los sistemas de vigilancia masiva en los programas de mensajería en el móvil, sus equivalentes a WhatsApp. Pocos escriben el nombre de Xi Jinping cuando se trata de una crítica. Por motivos obvios. 

El caso español tiene su propio Voldemort. Es Donald Trump. Y el miedo del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se nota en las vueltas que da para evitar nombrarlo.

Durante las últimas semanas, el líder del PP ha pronunciado docenas de discursos sobre la guerra contra Irán. Ha hablado de “nuestros aliados”, de “la administración norteamericana”, de “Estados Unidos”, de “Occidente”. Ha dicho también que Pedro Sánchez se ha “enfrentado a un aliado” y que eso “perjudica los intereses de España”. Ha pedido que España “vuelva a estar del lado de la libertad”. Y ha hecho todo tipo de malabarismos para intentar defender dos posiciones imposibles. 

La primera fue apoyar la guerra de Trump y Netanyahu contra Irán. Es lo que hizo en las primeras semanas y basta repasar sus tuits, declaraciones y comunicados de entonces para comprobarlo. Y cuando vio que hasta sus propios votantes estaban en contra, empezó un nuevo giro: un “no a la guerra” en abstracto, donde al principal responsable de este enorme desastre ni siquiera se le nombra. 

En privado, Feijóo asegura compartir todas las críticas a Trump que sí se atreve a hacer hasta la FAES. Pero también dice no querer manifestarlas por “responsabilidad”. Es una curiosa excusa.

En público, hay que buscar con lupa las ocasiones en las que Feijóo menciona siquiera a Donald Trump por su nombre. En su cuenta de X no hay una sola desde que empezó esta guerra. En entrevistas, solo lo hace si le preguntan específicamente por el presidente estadounidense, y para ponerse de perfil. En su discurso en el Congreso de esta semana, solo lo nombró una vez. La frase literal fue esta:

“Lo que pasa en el mundo es algo más complejo que estar cerca o lejos de Trump. Ojalá fuese tan simple”.

¿Ojalá fuera tan simple? ¿Es que acaso cree el presidente del PP que hay alguna otra persona, algún otro motivo, que permita explicar la crisis económica mundial que se nos viene encima? ¿O es que esta guerra fue un infortunio meteorológico que nos cayó del cielo? 

¿Hay algún otro líder internacional en los últimos 80 años que haya puesto en riesgo de forma más grave el bienestar y la seguridad de todos los habitantes del planeta? ¿Algún otro asunto sobre el que cualquier líder político deba al menos explicarnos lo que piensa?

La posición de Feijóo con este tema no solo es estrambótica en España. También en Europa, donde el resto de los líderes conservadores ni fueron tan serviles en su defensa del ataque contra Irán ni han tardado tanto tiempo en oponerse a esta guerra ilegal. Hasta Giorgia Meloni ha sido más rápida que Feijóo en este viaje. Y ni siquiera así evitó su primera gran derrota, en el reciente referéndum italiano sobre su reforma de la Justicia.

El problema de Feijóo es siempre el mismo. Toda su política, también la internacional, se define por llevar la contraria al Gobierno, sea cual sea el asunto a debate. 

Se opuso a la excepción ibérica con el tope al gas –“timo ibérico”, lo llamaba– que permitió a los españoles pagar una de las facturas eléctricas más baratas de toda Europa durante la crisis de Ucrania. Fue el único partido de la oposición en toda la UE que cuestionó la gestión de los fondos europeos en su propio país, sembrando dudas sobre España. Votó en contra de la misma reforma de la ley del suelo que pedían sus propios ayuntamientos. Se opuso frontalmente a una reforma del sistema de financiación que beneficiaba especialmente a las autonomías donde su partido gobierna. Ordenó a sus presidentes autonómicos que rechazaran la quita de la deuda que les ofrecía Sánchez (como en el chiste: “que se joda el sargento, que no como”). Y esta misma semana se ha abstenido en el decreto con la rebaja de impuestos a los combustibles que él mismo pedía. 

Cualquier día Feijóo nos dirá que la Tierra es plana, si es que a Sánchez le da por insistir en que es redonda. Con suerte, lo mismo se abstiene: “Ni redondismo ni terraplanismo”. 

Feijóo también olvida que no es él, sino “Santiago Obescal”, el elegido por Trump como virrey de Estados Unidos para España. O tal vez lo recuerda mucho, y está intentando postularse para el cargo.

Al mismo tiempo, su cobardía frente al matón de la Casa Blanca permite profetizar cuál será su política si llega a La Moncloa. ¿Qué piensa hacer Feijóo con la subida del gasto militar del 2% al 5% del PIB que exige esa persona naranja de la que nunca nos habla? ¿De dónde piensa sacar el dinero, o la valentía para negarse?

P.D. El próximo sábado no te escribiré. Me tomo unos días de descanso con mi familia. Nos vemos a la vuelta.

Ante cada crisis del petróleo, España repite la misma fórmula: descuentos al combustible que no tenemos, pagados con dinero público que no nos sobra. Es una receta populista, ineficaz y regresiva. Una idea equivocada, que lleva saliendo mal desde hace medio siglo. 

El primero que apostó por ella fue Franco, en 1973, tras la primera gran crisis del petróleo. La Guerra del Yom Kippur –apenas 19 días– llevó a un embargo de los países árabes exportadores contra EEUU y sus aliados, por su apoyo a Israel en ese conflicto. El precio del crudo subió un 70% en un solo día; acabaría multiplicándose por cuatro. La respuesta de la dictadura fue intentar que los españoles no se enteraran de la crisis. Evitar medidas impopulares en un momento en que el régimen agonizaba. Mientras el precio de la gasolina se disparaba en todo el mundo, en España solo subió un 20%. El resto lo ponía el Estado.

Aquella política fue desastrosa. Los ingresos del Estado por el monopolio del petróleo pasaron de 26.355 millones de pesetas en 1973 a solo 234 millones en 1974. El descuento a la gasolina se comió el 4,7% del presupuesto público. Al no trasladar el precio del petróleo, España siguió como si nada hasta finales de 1975. No se redujo el consumo. El golpe llegó después, mucho más duro. El crecimiento del PIB pasó del 7,8% en 1973 al 0,5% en 1975. La inflación alcanzó el 28% en 1977. Los Pactos de la Moncloa estabilizaron la situación, pero sin abordar la dependencia energética. Cuando llegó la segunda crisis del petróleo, en 1979, España seguía sin los deberes hechos. La economía se atascó durante casi una década.

Por fortuna, ya no estamos en esa época. En este siglo XXI, España ha transformado su modelo energético, algo que está siendo clave en el crecimiento de nuestra economía. Hoy España produce electricidad más barata gracias a las renovables, que suman casi el 60% de la producción. “El sábado pasado, el precio del megavatio hora en España fue de 14 euros, frente a más de 100 en Italia, Alemania o Francia”, presumió Pedro Sánchez en su rueda de prensa de este viernes. 

“España está mejor preparado que casi ningún otro país de nuestro entorno para este shock energético”, dijo también el presidente. Es una verdad a medias.

En producción eléctrica renovable hemos hecho los deberes. España saca muy buena nota. No así en el transporte: ahí el suspenso es absoluto. 

España ocupa en torno al puesto 20 en la UE en penetración del coche eléctrico. Solo hay siete países peor. En ventas nuevas, sumando híbridos enchufables, España apenas alcanza el 20%, frente al 30% de Alemania, el 35% de Países Bajos, el 38% de Portugal o el 50% de Dinamarca. Si miramos el parque total, el porcentaje es ridículo: apenas el 1,5% tiene etiqueta cero. La inmensa mayoría de los coches en España dependen del petróleo.

Quien cree que es un problema de renta se equivoca. ¿Por qué Portugal sí está logrando el despegue del coche eléctrico y no España?

Se entiende todo mejor con este gráfico. Ojo: son datos previos a la bajada al 10% del IVA para los combustibles que acaba de anunciar el Gobierno.

Somos uno de los países de la UE con impuestos más bajos a los combustibles. En gasolina, solo Bulgaria tiene una carga fiscal menor. En diésel, solo nos gana Estonia. En precio final, es difícil encontrar gasolineras más baratas que las españolas entre los países de nuestro entorno. Por eso las colas, en la frontera, siempre están de nuestro lado.

Al mismo tiempo, antes de impuestos, el precio de la gasolina en España es de los más altos de Europa. Algo que solo se puede explicar por los márgenes del refino y de las distribuidoras: no por la carga fiscal que soportan los combustibles ni por el precio mundial del crudo, que es similar para todos.

En parte es herencia de las políticas franquistas, que la democracia nunca corrigió por el mismo motivo: es impopular. El resto de Europa lleva décadas gravando fuertemente el combustible para reducir su consumo y la dependencia del petróleo. 

En toda Europa hay campañas públicas para animar a los conductores a revisar la presión de sus ruedas: el consumo aumenta hasta un 10% si están poco infladas. Cobran peajes en las vías de alta velocidad y es por lo mismo: para desincentivar el coche privado y no subvencionar el transporte de mercancías por carretera. En las grandes ciudades, apuestan por la bicicleta, o por restringir el coche en el centro. 

España, país sin petróleo, pero paraíso de la gasolina (para las petroleras, más que para los consumidores). Y también del diésel: la Comisión Europea lleva años exigiendo eliminar su ventaja fiscal, hasta el punto de que hay 1.000 millones de fondos europeos en juego.

Es una cantidad que probablemente haya que sumar a los 5.000 millones en descuentos fiscales que ayer anunció el Gobierno, su plan frente a la guerra de Irán. Se dice pronto esa cifra: 5.000 millones es el doble que la mayor convocatoria de becas de la historia.

Esta rebaja de impuestos será regresiva: la mayor parte irá a familias que no lo necesitan. Será ineficaz: engordará los beneficios de las petroleras. E irá en dirección contraria a lo que España necesita: depender menos del petróleo.

Ya lo vimos en la anterior legislatura, con el descuento de 20 céntimos por litro de combustible durante la crisis de Ucrania. Según los datos de la AIREF, costó 4.531 millones de euros. El 40% fue al tercio más rico; el más pobre solo recibió el 20%. Y unos 857 millones acabaron mejorando los beneficios de las petroleras, según este estudio. 

Aquella medida solo sirvió para frenar el IPC. Como España tiene impuestos más bajos sobre el combustible, también es donde más aumenta el precio cuando sube el petróleo. Un problema que no se resolverá mientras no se corrija esa fiscalidad.

El PSOE parece haber optado por un paquete de medidas que perfectamente podría haber firmado la derecha. Es casi lo mismo que pedía Feijóo: bajar unos impuestos que ya eran bajos. Parece que la prioridad –más que tomar las medidas adecuadas– era hacer algo que pudiera ganar la votación en el Congreso.

Es también decepcionante el papel de Sumar en esta negociación. Retrasaron su entrada en el Consejo de Ministros como modo de presión para incluir la moratoria para los pisos de alquiler. Es un gesto de cara a la galería: esa moratoria no va a prosperar –como saben todos en la coalición– porque no hay mayoría suficiente en el Congreso. PNV y Junts se oponen frontalmente.

El problema de fondo sigue siendo el de siempre, igual que en los años 70. Nadie quiere tomar una medida tan impopular como subir la gasolina o el diesel, o permitir que suban. 

La electricidad en España –el precio mayorista– es una de las más baratas de Europa. Hay horas, casi todas las semanas, donde la producción renovable es mayor que toda la demanda. Y aun así, aquí seguimos: apoyando fiscalmente una energía que no tenemos, en lugar de apostar por la que nos sobra.

Donald Trump no tiene un plan. Lo del cambio de régimen –dicen fuentes de la inteligencia israelí– es “un pensamiento mágico”. La guerra de Irán cumple dos semanas con el precio del petróleo desbocado, con el estratégico estrecho de Ormuz bloqueado y con la amenaza que esto supone para la economía del planeta.

“EEUU es el mayor productor de petróleo del mundo, con gran diferencia; por lo tanto, cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero”, presume Trump. Es una verdad incompleta, pero sirve para entender su estrategia.

Sí, EEUU es hoy una potencia petrolera, la primera del mundo. Su producción casi se ha triplicado en las últimas dos décadas. Las nuevas técnicas de fracking y perforación en horizontal han hecho rentables yacimientos de esquisto que, hasta hace muy poco, no se explotaban. Desde 2020, Estados Unidos exporta más petróleo y productos derivados de los que importa, pero sigue dependiendo de otros países. Sus refinerías están adaptadas al crudo pesado –que hoy viene sobre todo de Canadá y México–, mientras que la nueva producción estadounidense es un petróleo más ligero y gas natural que, en gran medida, se exporta.

Sí, la guerra en Irán puede mejorar la balanza comercial de EEUU, aunque no tanto como a Trump le gustaría; EEUU también es el mayor consumidor de petróleo del mundo. Así que todo depende del plural; quiénes son esos que ganan “mucho dinero”. Las petroleras de EEUU se han disparado en la bolsa. Otra cosa son los ciudadanos, incluidos los votantes republicanos. El precio de la gasolina también sube para ellos.

Más datos relevantes para entender esta historia. La revolución del fracking ha reducido la dependencia que tenía EEUU del petróleo del Golfo Pérsico. Hace una década era el 24%. Hoy no llega al 8%, y sigue bajando (y podría bajar más si Venezuela, el país con las mayores reservas del planeta, recupera su producción y la pone al servicio de EEUU). Por el estrecho de Ormuz circula alrededor del 20% de todo el crudo que consume el mundo, pero la mayor parte –casi el 90%– va para Asia. Ese cuello de botella no es tan importante para Estados Unidos. 

La jugada es a tres bandas. La guerra contra Irán es un pésimo negocio para Trump. Su economía también se resentirá y su inflación subirá. Pero la superpotencia rival puede pagar un precio aún más alto. Alrededor de la mitad del crudo que importa China llega desde el Golfo Pérsico y hoy ese grifo se ha cerrado.

¿Y para Europa? El caos provocado por la guerra de Irán es catastrófico. Nuestra dependencia de Ormuz no es tan grande como la de China, pero eso no supone un gran consuelo. El problema es, simplemente, que apenas producimos crudo ni gas natural y el precio está por las nubes.

El 90% del gas y el 96% del petróleo que consumimos en Europa es importado. En España es aún peor: el porcentaje es el 100%. Hace cinco años, dejaron de bombear los últimos y residuales pozos petrolíferos que operaban frente a la costa de Tarragona, en la plataforma Casablanca. Apenas producían 200 barriles diarios, el 0,015% del consumo de crudo de España. 

El resumen es claro. Cada dólar que sube el precio del petróleo es una transferencia de riqueza desde España y Europa hacia los países productores. Incluida la potencia que ha provocado esta guerra: Estados Unidos. Para un tipo como Trump, obsesionado con la balanza comercial, es un factor importante. No tiene un plan. Sigue siendo una guerra ruinosa para sus propios intereses: su economía, su inflación, sus próximas elecciones de noviembre. Es algo que sin duda le preocupa: por eso ha levantado las sanciones petroleras a Rusia. Pero al menos puede convencerse de que un mundo con el barril a 100 dólares le favorece en algunos frentes. 

La solución para Europa, a medio plazo, también es clara: reducir la dependencia de algo que simplemente no tenemos. Cambiar el petróleo y el gas natural por fuentes de energía autóctonas y limpias. Es lo que está haciendo España, con bastante éxito. Casi el 60% de toda la producción de electricidad española ya viene de las renovables. Gracias a la energía eólica, a la hidráulica, a la fotovoltaica, el precio mayorista de la electricidad en España es un 32% más barato que la media europea. Es una de las claves para entender por qué España también crece más que el resto de la Unión Europea. Ya no es solo una apuesta por el futuro del planeta: afecta a nuestra economía del presente.

Con estos datos, resulta imposible entender la posición de esos que se llaman a sí mismos “patriotas”. Como ocurre con el apoyo a esta guerra por parte del PP y Vox, la pregunta es obligada: ¿a qué país se supone que defienden? No es a España.

El nacionalismo energético de Trump es irresponsable desde el punto de vista climático, pero al menos responde a un interés nacional reconocible. Estados Unidos es una potencia petrolera y gasista. No es nuestro caso. 

En el fondo, basta con seguir el rastro del dinero. Los ‘think tanks’ que hoy defienden a Trump, a Milei, a Ayuso o a Abascal son los mismos que durante años negaron el cambio climático mientras recibían generosas donaciones de las empresas más contaminantes. La red internacional que articula Atlas Network lleva años difundiendo ese mismo discurso contra la agenda verde y contra las energías renovables. Un planteamiento trumpista, incoherente para un país como España cuya riqueza energética es el sol, el viento y el agua. No el petróleo.

La siguiente batalla ideológica ya está sobre la mesa: las medidas económicas a tomar para paliar esta crisis. La derecha ya ha ido a lo de siempre: pide una rebaja a los impuestos sobre los combustibles. Una medida que, con Ucrania, aprobó el gobierno de coalición y que no debería repetirse. Es eficaz contra la inflación, es sencilla, es rápida. Pero también es profundamente regresiva y subvenciona la dependencia energética. 

El petróleo no es solo una mercancía: es una relación de poder. Por eso, para España y Europa, la transición energética no es solo una cuestión climática, como demuestra esta guerra. Hablamos de soberanía. 

En privado, según fuentes de su entorno, Pedro Sánchez da tres razones por las que quiere agotar la legislatura, aunque no apruebe nuevos Presupuestos. 

La primera es Catalunya. Porque quiere cerrar del todo la crisis del procés, que terminará completamente con la vuelta a España de Carles Puigdemont. Mariano Rajoy pasará a la historia como el presidente bajo cuyo mandato se produjo una de las mayores crisis institucionales de nuestra historia reciente. Sánchez, como el presidente que después lo arregló.

La segunda son los fondos europeos. Porque tiene las herramientas económicas para poner en marcha reformas de calado en el tejido industrial, incluso sin Presupuestos.

La tercera razón la estamos viendo estos días. Es el contexto internacional. Porque Sánchez se ha convertido en una pieza fundamental en el tablero, no solo para la izquierda mundial. También para cualquier demócrata que crea en los derechos humanos, la paz y la legalidad internacional. 

Hace poco más de un año, hubo mucha gente que aplaudió al socialdemócrata Olaf Scholz, el excanciller alemán que de forma muy honrada y responsable se suicidó políticamente. Scholz no logró aprobar los presupuestos, así que decidió adelantar las elecciones a sabiendas de que las iba a perder. Mucha gente aplaudió su valentía, su coherencia, su responsabilidad. En tiempos más normales, también le habría elogiado yo. Pero eso era el mundo de ayer. 

Ante la ola reaccionaria mundial, ante la grave amenaza que supone Donald Trump, lo valiente, lo coherente, lo responsable, es intentar resistir dentro del marco democrático. No rendirse. Ojalá Scholz lo hubiera hecho, y que Alemania hubiera seguido más tiempo gobernada por una coalición de los verdes y los socialistas, en vez de por otro primer ministro conservador atenazado por la extrema derecha. Otro político asustado, Friedrich Merz, que está poniendo en riesgo a toda Europa con su infructuoso intento de agradar a Donald Trump. Alguien que hoy está siendo cuestionado en su propio país por su apoyo al matón de EEUU.

Esta semana, el presidente Pedro Sánchez ha demostrado por qué es valioso resistir. Por qué importa que España no sea otro país europeo gobernado por la derecha o la extrema derecha. Aunque sigamos sin Presupuestos.

Su decisión de impedir a EEUU usar las bases españolas en la guerra ilegal contra Irán ha tenido un fuerte impacto internacional. Una ola que ha modificado la posición de otros países en el mundo y en Europa. Sin la postura de Sánchez, por ejemplo, no se explica la posición de Italia. Hasta una aliada natural de Trump, como es Giorgia Meloni, ha acabado aplicando para sus bases el mismo criterio que Pedro Sánchez. 

Es, además, el único criterio legal. España está haciendo lo correcto al impedir que Morón y Rota sirvan para unos bombardeos obscenamente ilegales contra Irán. Es una decisión plenamente compatible con enviar una fragata para defender de posibles misiles iraníes a Chipre, un país de la UE. Si alguien encuentra una incoherencia entre ambas medidas debería volver a ver un programa infantil como Barrio Sésamo, para entender la diferencia entre conceptos básicos como arriba y abajo, dentro y fuera, o ataque y defensa.

Tampoco es incoherente repudiar el sangriento régimen iraní con cuestionar esta guerra ilegal. Después de Irak, después de Afganistán, nadie informado puede creerse ya que de las bombas estadounidenses nacerá mágicamente un país mejor, respetuoso con las mujeres y los derechos humanos. De prosperar los planes de Trump –la CIA planea dar apoyo a los opositores kurdos– lo que espera a ese país no es la democracia: es una guerra civil. 

La posición internacional de España es hoy importante y es valiente, aunque la mayoría de los países se pongan de perfil. Precisamente por eso. Y no es la primera vez que ocurre. Fue también Sánchez quien logró endurecer la posición de Europa ante el genocidio de Israel en Palestina. Fue también Sánchez quien se negó a la loca exigencia de Donald Trump de elevar al 5% el gasto militar.

Son, todas ellas, posiciones plenamente coherentes con el derecho internacional, con los intereses de España y con el sentir mayoritario de la ciudadanía española, como reflejan las encuestas. Hay otros asuntos donde la gestión del Gobierno es mejorable. Pero en este tema concreto, Sánchez está haciendo lo que se espera de cualquier gobernante que respete los derechos humanos, los tratados internacionales y la voluntad y el interés de su país. Y lo hace en un momento en el que esto, en Europa, se ha convertido en una rareza. 

Lo incomprensible, lo vergonzoso, es la posición de la derecha y la extrema derecha española frente a esta nueva guerra ilegal de Benjamin Netanyahu y Donald Trump. PP y Vox se han alineado con los ataques, han difundido bulos para criticar al Gobierno y han acusado a Sánchez de estar “del lado de los asesinos”. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que España “está más aislada internacionalmente que nunca”, que “no es fiable” y que “no cuenta para los posicionamientos estratégicos del mundo”. El Gobierno de Ayuso llamó a Sánchez “corrupto”, “paria” y “tonto útil de las dictaduras”. El presidente de Murcia afirmó que prefería estar “con Alemania que con los dictadores de Irán”, como si la única alternativa al belicismo fuera la complicidad con los ayatolás.

Hay una sola excepción relevante en el PP, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán. Se ha mostrado contrario a cualquier guerra y partidario del diálogo y la diplomacia. No ha criticado a Pedro Sánchez por su posición sobre Irán. Es el único, es el raro, que se ha desmarcado de Génova en sus críticas de brocha gorda contra el Gobierno de coalición. 

El patriotismo, al parecer, tiene excepciones. Funciona contra la inmigración, contra los independentistas, contra la izquierda, contra cualquiera que no crea en la miope idea de España que tiene la derecha. Pero se desactiva en cuanto llega un matón con bandera americana y ordena ponerse firmes.

Si gobiernan Feijóo y Abascal, ¿qué harán frente a las presiones de Trump? ¿De dónde piensan sacar el dinero necesario para gastar en armas ese 5% del PIB, ese diezmo que nos exige EEUU?

Trump apenas lleva 400 días de mandato. Le quedan 1400 días más. En poco más de un año ha bombardeado Venezuela, ha secuestrado a su presidente, ha abierto una guerra contra Irán, ha asesinado a sangre fría a ciudadanos de su propio país con una milicia paramilitar y ha fundado una ONU de cartón piedra para construir un resort en Gaza.

¿Qué será lo siguiente? ¿Cuba? ¿Groenlandia? ¿Cancelar las elecciones de noviembre que están previstas en EEUU? ¿Las tres cosas a la vez?

No soy ingenuo. Por sí sola, la postura frente a Trump de Pedro Sánchez no va a frenar a este matón. Es también obvio el interés en buscar con la política internacional una movilización del electorado progresista que Sánchez no logra con la política de vivienda. Pero claro que su posición tiene valor; por eso incomoda tanto a Trump. 

Es, al mismo tiempo, la única posición decente frente a esta guerra que se puede tener.

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Antes de despedirme, hay otra cosa que te quiero contar. 

Julio Iglesias nos lleva a los tribunales. Empieza un largo, caro y complejo proceso judicial; el cantante anuncia que irá contra nosotros por la vía penal. Va a pedir condenas de cárcel para los periodistas de elDiario.es, además de una gigantesca indemnización: 200 millones de euros, según han publicado distintos medios. Es una cifra que supondría nuestra quiebra. 

Ayer me reuní con todos los trabajadores de elDiario.es para tranquilizarlos. Hoy te quiero tranquilizar a ti también, porque muchos socios y socias nos habéis escrito, preocupados por nosotros. 

Algunos preguntáis cómo podéis donar dinero o subir la cuota para financiar nuestra defensa legal. Podéis hacerlo desde aquí, pero por ahora no estamos en peligro; no hay ninguna urgencia. Os agradecemos el apoyo, el cariño y la solidaridad. Ayuda mucho saber que no estamos solos. No tenemos miedo y vamos a defendernos. Mientras contemos con el respaldo de tanta gente, nadie nos va a cerrar. 

Hoy publicamos un artículo de María Ramírez en el que explicamos al detalle cómo fue esta larguísima investigación sobre Julio Iglesias: todos los pasos que dimos antes de publicar. Te recomiendo que lo leas. Tardamos tres años porque quisimos hacer las cosas bien. Por eso estamos tranquilos: nuestra información fue rigurosa, contrastada y veraz. Y lo podremos demostrar ante cualquier tribunal. 

Hay un protocolo. No cualquiera puede llegar al santoral. Pero en la Iglesia Católica es compatible una vida de pecados con alcanzar la santidad. No puntúa la media, el día a día de una trayectoria vital. Tampoco descalifica el error, por grave que sea. Pero sí son imprescindibles dos cosas: el milagro y la virtud heroica. 

Se puede ser ladrón y después santo, como San Dimas. Pecadora y santa, como María Magdalena. O cruel perseguidor de los cristianos y luego santo, como San Pablo.

Es el modelo católico de santidad con claroscuros que hoy nos propone Alberto Núñez Feijóo para Juan Carlos de Borbón. El rey emérito cometió “errores innegables”, reconoce el líder de la oposición. Pero “paró el golpe de Estado” y debe “pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país”.

La tesis es clara. Y a ella se han sumado esta semana otros dirigentes del PP, aprovechando la desclasificación de la documentación del 23F que aún conservaba el Gobierno bajo secreto. Unos papeles escasos, incompletos y que aportan francamente poco, pero que la inmensa mayoría de los medios de comunicación han querido presentar como la prueba del milagro del santo rey Juan Carlos. La demostración definitiva de su virtud como gran salvador de la democracia española. 

Los agujeros en esa tesis siguen siendo enormes. Casi tan grandes como la documentación sobre el golpe de Estado que sigue sin aparecer y que probablemente fue destruida muchas décadas atrás. Solo han llegado al siglo XXI unos pocos pinchazos telefónicos de aquel 23 de febrero de 1981: las llamadas de la mujer de Antonio Tejero, lamentando el destino del “tonto desgraciao” de su marido; o la conversación que tuvo Tejero, desde el Congreso, con el ultra García Carrés. Son transcripciones de pinchazos telefónicos cuya existencia demuestra lo mucho que aún sigue oculto o se destruyó. Si estas llamadas se grabaron, ¿alguien cree que todas las demás no?

Sabemos ya mucho del 23F. Del papel del rey en sus comienzos, del que tuvo en su resolución. Es evidente que Juan Carlos de Borbón alimentó el caldo de cultivo del golpe, con sus desprecios al presidente Adolfo Suárez, sus presiones para que dimitiera, su calculada ambigüedad ante el malestar militar y su falta de firmeza democrática ante aquellos que le hablaban de un “golpe de timón”. También es innegable que la intervención del rey por televisión fue determinante y supuso el fracaso definitivo de la asonada. Y menos mal. Aquella madrugada, con los tanques en las calles de Valencia y el resto de las divisiones pendientes de su decisión, Juan Carlos de Borbón hizo lo correcto y evitó un mal aún mayor.

No hay ninguna prueba que demuestre que el rey estaba al tanto de lo que ocurriría el 23F. Pero sigue siendo una incógnita el verdadero papel que desempeñó el general Alfonso Armada, el hombre de la máxima confianza de Juan Carlos de Borbón. Si actuaba por libre, o a las órdenes del rey o solo inspirado por los reiterados desprecios contra Suárez del Borbón.

La sentencia del 23F condenó a Alfonso Armada a 30 años de cárcel, la misma pena que Antonio Tejero y Jaime Milans del Bosch. En 1988 fue indultado por el Gobierno de Felipe González. Salió poco después, con la excusa de su delicada salud. Una salud tan mala que pudo vivir otro cuarto de siglo tras su excarcelación.

Hace año y medio supimos algo más, un detalle importante: lo que Juan Carlos de Borbón le contó en la intimidad de la alcoba a una de sus amantes, Bárbara Rey: “Armada estuvo siete años en la cárcel y jamás ha dicho una palabra”. Las preguntas son evidentes: ¿Qué sería eso, tan importante, que el general Armada se calló? ¿Tuvo que ver su silencio con el indulto que recibió?

En esa misma conversación con Bárbara Rey, donde elogia la lealtad del golpista Armada, Juan Carlos de Borbón también lamenta lo mucho que habló Sabino Fernández Campo, el jefe de la Casa Real durante el golpe. El exministro José Bono, en el último volumen de sus memorias, recoge una interesantísima conversación con Sabino, donde explica la reunión previa al golpe que el rey mantuvo con otro de los sublevados, el general Milans del Bosch.

“Sabino juzga extremadamente relevante esta audiencia. Cree que Milans «quizá entendió lo que dijo el rey de tal manera que pudo ser desencadenante involuntario del 23 de febrero. De lo que no tengo duda es de que el rey le dijo a Milans que la situación era insoportable, que había que tomar alguna decisión, porque esto se lo escuché con posterioridad. Es decir, le dijo lo que Milans venía a contarle. 

Continúa Sabino: «El rey lloró el 23-F cuando escuchó el tiroteo en el Congreso, y me dijo que no esperaba tiros. No esperaba disparos, pero ¿esperaba algo? Yo creo que esperaba algo acorde con la ley, porque Alfonso Armada le había llevado un escrito de un famoso catedrático de Derecho Constitucional que proponía que el rey se presentara personalmente en el Congreso de los Diputados y, después de un discurso en el que destacase la mala situación de España, propusiera un Gobierno presidido por un independiente, previsiblemente Armada. Al rey no le gustaba tener que ser él quien se presentara ante el Congreso. Le advertí de que se trataba de una proposición contraria a la Constitución, ¡menos mal que estaba yo allí!».“

¿Me dijo Sabino la verdad?“, se pregunta Bono en su libro. ”No puedo demostrarlo. De lo que estoy seguro es de que cuanto relato responde fielmente a sus declaraciones“.

Hay otra duda legítima, que tampoco resuelven estos documentos. ¿Qué habría pasado si Tejero hubiera aceptado el plan de Armada: un gobierno de concentración nacional bajo su presidencia? ¿Se habría emitido también ese mensaje del rey en defensa de la Constitución? El orden de los factores es importante. Esa condena televisiva del rey al golpe de Tejero solo se hizo pública cuando el golpe de Armada ya había fracasado. Siete horas después del asalto del Congreso.

Pero la beatificación del rey Juan Carlos que plantea Alberto Núñez Feijóo no solo hace agua porque estos nuevos papeles siguen sin aclarar las grandes incógnitas del 23F. El presidente del PP también olvida tres datos importantes cuando plantea que se permita al emérito regresar a España en esta última etapa de su vida.

El primer olvido: que no hay ninguna condena de destierro que haya que indultar. Juan Carlos de Borbón es un ciudadano libre que puede volver a España cuando le dé la real gana. De hecho lo hace habitualmente, pasa largas temporadas aquí.

El segundo olvido: que la razón por la que el rey se fue a Abu Dabi nunca fueron las dudas sobre su papel durante el 23F. Salió de España porque se lo pidió su hijo, Felipe VI, que hizo bien en marcar distancias con los fraudes ante Hacienda de su padre y esa fortuna millonaria que escondía en paraísos fiscales.

El tercer olvido: que el verdadero problema de su regreso a España es su residencia fiscal, como ayer puso sobre la mesa la propia Casa Real. Si duermes más de 183 días al año en España, es obligatorio tributar también en este país. Y declarar todos sus ingresos y patrimonio ante Hacienda.

En España los impuestos son bastante más altos que en Emiratos. Las donaciones de alguien que no es un familiar, como los millones que habitualmente le pagaban sus “hermanos” de las monarquías saudíes, tributan entre el 34% y el 81%.

El rey emérito también tendría que aclarar si ya ha devuelto los cuatro millones de euros que le prestaron algunos de sus amigos millonarios para así poder pagar las multas a Hacienda. Hace pocos meses, en elDiario.es desvelamos en exclusiva el contrato de uno de esos préstamos al rey. Firmó un 3% de interés anual y hay solo dos opciones posibles, ninguna buena para su asesor fiscal. Si el rey no ha devuelto ese dinero, ese préstamo podría ser considerado como una donación encubierta. Y si lo hizo, tendría que aclarar de dónde salió el dinero para pagar. 

La Iglesia católica solo perdona los pecados si hay arrepentimiento, algo de lo que el rey carece, a juzgar por lo publicado en sus memorias. Y en la tradición católica, la virtud heroica se acredita al final de la vida, no en un momento de gloria del pasado. Los santos pasan del pecado a la virtud, y no al revés. Feijóo propone exactamente lo contrario: beatificar al rey por lo que hizo hace cuatro décadas e ignorar lo que ha hecho desde entonces.

Juan Carlos de Borbón lleva sus últimos años en Emiratos Árabes Unidos, disfrutando de su fortuna, sin pedir perdón por nada. El milagro del 23F, si es que ocurrió, fue hace mucho tiempo. Y desde entonces, el santo ha caído.

La autonomía más rica de España es también la que más maltrata a la Universidad. A la pública, conviene precisar; que a la privada las políticas del PP le sientan fenomenal. 

Los datos, por si hubiera alguna duda. Madrid es la comunidad autónoma que menos dinero público invierte por alumno universitario: 6.975 euros frente a una media de 9.346. Es la que cobra tasas más caras: 2.052 euros al año, el doble que las autonomías más baratas (Galicia y Asturias). Es la que tiene más alumnos universitarios en la privada: ya son un tercio del total, el 34%, frente al 23% de la media nacional.

Las cifras absolutas son terribles. Pero cuando se compara con la riqueza de esta autonomía son más sangrantes aún; se entiende que Ayuso tenga como referente la motosierra de Milei. Respecto a su PIB per cápita, Madrid gasta la mitad que las demás. Repito, que es grave, la mitad: un 16% frente al 31% de la media nacional. 

Los datos completos, con gráficos, los ha recopilado Aurelio Medel en este interesante artículo que hay que leer. Son las cifras de la demolición de la universidad pública madrileña. Un recorte paulatino que cada año va a peor. En 2008, Madrid gastaba el 0,88% de su PIB en las universidades públicas. Hoy es el 0,68%.

Las consecuencias de esta asfixia económica a la vista están. Especialmente en la Universidad Complutense, la más grande de España entre las presenciales; una de las más antiguas y prestigiosas. Más de 500 años de historia, desde que la fundó en 1499 el cardenal Cisneros en la antigua “Complutum” romana, hoy Alcalá de Henares. 

En los últimos veinte años, la Universidad Complutense ha perdido el 25% de sus alumnos. No por falta de demanda, las notas de corte son altísimas y cada año miles de estudiantes se quedan fuera. Hay menos alumnos porque no les pueden atender. 

Ha habido meses donde el pago de las nóminas en la Complutense ha estado en riesgo. Algunos de los edificios se caen a trozos. La universidad ha tenido que presentar un plan urgente para devolver un préstamo de 33 millones al gobierno de Ayuso, unos recortes que pasan por reducir el número de profesores, precarizar aún más sus salarios e incluso eliminar algunos de los grados y titulaciones. A pesar de los recortes, sigue estando entre las mejores universidades españolas. Pero en cinco siglos, cuesta encontrar otro momento más crítico en la historia de la Complutense. Desde luego no hay otro peor en tiempo de paz.

Esta persecución contra la universidad pública madrileña en beneficio de la privada no empezó anteayer. Viene de lejos. Comenzó con Alberto Ruiz Gallardón y su consejero de Educación, el ultracatólico Gustavo Villapalos: el mismo que entregó a los Legionarios de Cristo una universidad, la Francisco de Vitoria. Esta institución privada empezó en la pública: nació como centro adscrito a la Complutense cuando Villapalos era rector. Fue el mismo Villapalos, como consejero de Educación, quien después autorizó su transformación en universidad privada independiente. Entonces era la segunda en Madrid. Hoy ya son 14 universidades privadas, y hay más en proyecto.

Los grandes tijeretazos a las universidades públicas los aplicó después Esperanza Aguirre, que perdió todo el pudor y forzó los primeros recortes de sueldos y presupuesto en la Complutense. Y la puntilla final, con ensañamiento y a la vista de todos, la está dando Isabel Díaz Ayuso.

El PP lleva gobernando la Comunidad de Madrid de forma ininterrumpida desde hace más de tres décadas, desde julio de 1995. En este tiempo han perdido las elecciones dos veces. La primera derrota la arreglaron con el Tamayazo. De la segunda les salvó Ciudadanos, ese partido que venía a regenerar la política y demostró su verdadera cara rescatando al corrupto PP de Madrid, que en esas fechas veía entrar en la cárcel a sus principales líderes, con la única excepción de Aguirre. Si aplicáramos a este gobierno autonómico un análisis sobre su calidad democrática, como los que pasan los Estados, Madrid no saldría demasiado bien.  

Este PP de Madrid, supuestamente liberal, dice defender la “meritocracia”. Al tiempo se ha dedicado a dinamitar la institución más meritocrática que existe, la Universidad pública. Es la llave del ascensor social: la herramienta más potente que tienen las clases trabajadoras para poder prosperar. En el último tercio del siglo XX sin duda fue así. Hoy es un pasaje angosto por el que muy pocos logran trepar. Basta con ver las notas de corte en la pública: hace falta más de un 13 sobre 14 puntos para estudiar Medicina o alguna de las carreras científicas y tecnológicas más demandadas. 

Hay otra salida, claro está. Pagar 20.000 euros al año para que tu hijo estudie Medicina en la privada; en ellas la nota de corte está en un 5. Es el modelo fantástico del PP de Madrid: te ahorran 200 euros en el IRPF, te lo cobran multiplicado por cien con el coste privado de la sanidad o la educación.

La causa de esta demolición está a la vista de todos. No ocurre por casualidad. Isabel Díaz Ayuso no oculta su desprecio sectario hacia la universidad pública. Para ella, la Complutense es una institución “colonizada por la izquierda” donde “se dan los títulos como churros”, un “entramado de chiringuitos de familiares y de negocios”. No es un diagnóstico: es su coartada para seguir recortando. 

Argumenta en su artículo Aurelio Medel que es un error culpar del deterioro de la universidad a ese clan de ‘los Pocholos’ que, en los últimos tres años, han dirigido la Consejería de Educación. Tiene razón: esto viene de mucho más atrás. Pero sí es sintomático en quién confió esta tarea: en qué manos dejó Isabel Díaz Ayuso la gestión de un presupuesto de 7.000 millones de euros anuales.

Ese auge y caída de ‘los Pocholos’ lo cuenta con mucho detalle José Precedo, en este otro artículo que publicamos hoy; es un novelón. Ayuso conoció al líder de ese grupo, Antonio Castillo Algarra, casi de casualidad. Cuando aún no era la presidenta de Madrid. Desde entonces, y ha pasado casi una década, este ‘Rasputín’ –como le llaman en el propio PP de Madrid– ejerció desde las sombras una enorme influencia y poder. No cualquiera puede colocar a tres diputados en las listas del PP de Madrid, ni nombrar al consejero de Educación, ni a cuatro directores generales. Todos ellos, gente de su absoluta confianza y lealtad, hasta el punto de que la gran mayoría dimitieron en una misma mañana, tras una escueta llamada telefónica en la que ‘Rasputín’ solo les dijo una frase: “Ya sabes lo que tienes que hacer”.

Lo ocurrido con estos Pocholos y su estrambótico gurú no es la causa del deterioro de la universidad. Pero sí demuestra la frivolidad de una Isabel Díaz Ayuso a la que solo le interesa el poder y no la aburrida gestión. También el sectarismo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cautivada intelectualmente por un iluminado ultraconservador cuyas ideas y artículos son como la letra de “El imperio contraataca”, de Los Nikis, pero con extra de petulancia y cero sentido del humor.

Mientras tanto, esa universidad fundada por Cisneros hace más de medio milenio agoniza. No es culpa de una fatalidad, ni del pérfido sanchismo, ni de la inteligencia artificial. Es una fría y meditada decisión política. 

Mientras la izquierda se enreda en sus siglas, en la derecha tienen claro el objetivo: controlar todos los resortes del poder.

Es una jugada que está pasando por debajo del radar. El PP ha vuelto a bloquear la renovación de una de las instituciones clave de la Justicia, igual que ya hizo con el Consejo General del Poder Judicial. Desde hace dos meses, un tercio del Tribunal Constitucional tiene el mandato caducado. Son cuatro de sus doce magistrados, los que nombra el Senado y que Feijóo se niega a renovar.

El PP mantiene ese bloqueo por las razones de siempre, porque espera un momento mejor. Si lo hace ahora, tendría que pactar con el PSOE porque la Constitución exige una mayoría de tres quintos del Senado. El PP confía en un desplome brutal de la izquierda en las próximas generales; una debacle que les permita nombrar a esos cuatro magistrados pactando como mucho con Vox. Sueñan con un ‘cuatro a cero’ en el Senado que entregue a la derecha el último bastión de la Justicia que aún se les resiste: el Tribunal Constitucional.

En el Senado, el sistema electoral no puede ser más mayoritario. Se escogen cuatro senadores por provincia, tres por islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife), uno por islas menores, dos para Ceuta y Melilla. Es la única elección con listas abiertas; con nula utilidad. En las provincias casi siempre sale un ‘tres a uno’: el partido más votado se lleva tres senadores. El segundo más votado consigue el cuarto escaño. Y más de un tercio de los votos suelen acabar en la basura: no logran ninguna representación.

La lección es siempre la misma. El sistema electoral español es mayoritario y la división se paga muy cara en las urnas. Pasa en el Congreso, especialmente en las 19 provincias que reparten cuatro escaños o menos. Pasa en todas las circunscripciones del Senado.

Hay un precedente interesante al que mirar, el de Ibiza y Formentera. Allí se elige un único senador y todos los partidos de la izquierda se presentaron en 2023 en coalición con un independiente al frente, Juanjo Ferrer. Fue un frente más amplio del que ahora propone Gabriel Rufián: PSOE, Sumar, Esquerra Unida y Ara Eivissa (un partido que en las europeas formó parte de Ahora Repúblicas, con ERC, Bildu y BNG). Fue una alianza que salió bien. Juanjo Ferrer es hoy senador. Su candidatura de unidad ganó por menos de 3.000 votos al PP. 

El caso de las Pitiusas es extremo: una circunscripción unipersonal. Pero no hay que recurrir a este ejemplo para explicar para qué sirve la unidad. La izquierda ya la logró en 2023. Fue una alianza compleja y mal avenida, un parto con dolor. Pero, a pesar de los problemas y de la división posterior, es importante recordar que Sumar fue un éxito porque consiguió su principal objetivo: frenar a la derecha. Sin ese 12,3% de los votos que logró esa coalición, hoy gobernarían España Feijóo y Abascal.

La idea lanzada por Gabriel Rufián de una alianza aún más amplia, que también incluya a la izquierda soberanista, ha sido recibida por una curiosa contradicción: muy poco entusiasmo entre las direcciones de los partidos y una inesperada ilusión en una parte no despreciable de sus votantes. Hay mucha gente de izquierda deseosa de alguna señal de esperanza que ayude a romper con el derrotismo, con esa profecía que da por inevitable una victoria apabullante del PP y Vox.

Los datos del CIS hace tiempo que registran un aumento en la popularidad de Gabriel Rufián. El portavoz de ERC en el Congreso se ha convertido en uno de los políticos mejor valorados por el conjunto de la izquierda. Curiosamente su respaldo es mayor y más transversal entre la dividida izquierda nacional que entre el aún más fragmentado independentismo catalán. Es uno de los políticos que mejor ha entendido la fuerza de las redes sociales, quien más y mejor las usa a su favor. 

De momento Rufián ha dado un primer paso. Pero hay una estrategia detrás que no pasa por crear una nueva coalición para toda España con él como candidato de unidad. La clave estará en Catalunya: en lograr un acuerdo entre ERC, Comuns y la CUP. Una alianza que sirva como ejemplo para otros lugares; que pueda extender ese mismo debate a Euskadi, Galicia, la Comunitat Valenciana o Aragón. Un proyecto que entienda que las leyes electorales son tan implacables como la ley de la gravedad. Y que aplique, de forma pragmática, ante esta situación excepcional, soluciones a medida para cada parlamento y cada circunscripción.

No se ha hecho nunca en este periodo democrático. Solo en Ibiza y para el Senado, donde esta es la tercera ocasión en la que se pacta este frente amplio. Pero el reto al que se enfrenta la izquierda en las próximas elecciones no será el de una campaña más. 

¿Qué pasaría si el PP y Vox logran alcanzar en el Congreso y el Senado esa mayoría de tres quintos, suficiente para una reforma constitucional? ¿Qué país podrían dejar?

Dentro de ERC, el principal aliado de Rufián es el exportavoz de ERC en el Congreso Joan Tardà. Ambos confían en provocar al menos un debate en ERC; incluso intentar que sea la militancia quien vote qué hacer. Por ahora, la dirección del partido es reacia a esta posibilidad. 

En el lado de los Comuns, hay varios dirigentes, como Gerardo Pisarello, que ven este posible frente amplio con buenos ojos, pero también existen fuertes resistencias internas, especialmente en los cuadros que provienen de Iniciativa. De nuevo dependerá de cómo sea el arrastre que los partidos detecten en la sociedad. 

No solo se mueve Gabriel Rufián, con esa charla prevista para el 18 de febrero con Emilio Delgado, de Más Madrid; un evento que ha generado una gran expectación. Tres días más tarde, el sábado 21, está convocado otro acto para presentar la reedición del pacto entre IU, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar para las próximas generales. 

Aún no está claro un aspecto importante de ese nuevo acuerdo: quién estará en el cartel electoral. Los cuatro partidos coinciden en elogiar a Yolanda Díaz como la mejor ministra de Trabajo de la historia de España, como una dirigente que fue determinante para lograr que la derecha no gobernara en 2023. Nadie quiere clavar a Yolanda Díaz ningún puñal, pero son cada vez más las voces internas que plantean un relevo al frente de la coalición y piden normas más claras en la toma de decisiones del proyecto común. Entre los que más suenan está Pablo Bustinduy, que por ahora se resiste. También hay quien defiende la opción de Ernest Urtasun, o de recuperar a Mónica Oltra. Otros plantean un liderazgo coral, donde Yolanda Díaz tenga un lugar. 

¿Y Podemos? Hoy parece imposible que sus dirigentes pacten de nuevo una coalición; así lo dicen abiertamente. Tampoco hay en IU, Comuns y Más Madrid muchas ganas de integrarlos otra vez; menos aún tras el desastroso resultado de Podemos en Aragón. Curiosamente, la jugada de Rufián puede servir como catalizador para cuadrar el círculo de la unidad de la izquierda. Las bases de Podemos rechazan a Yolanda Díaz con furor –no perdonan la exclusión de Irene Montero–, pero no sucede lo mismo con Rufián. Para Podemos, sería más difícil quedarse fuera de un frente amplio si incluso ERC acaba entrando dentro de esa ecuación. 

No se trata de renunciar a las siglas. Tampoco es una nueva ‘operación Roca’ con Rufián como candidato a presidente. Es muy interesante el análisis y la propuesta que, en este artículo de elDiario.es, planteó Alberto Garzón. “La buena noticia es que técnicamente se puede articular una candidatura unitaria. La mala noticia es que nadie sabe cómo hacerlo”, resume el ex coordinador general de IU, que también defiende que no es necesario hacer “borrón y cuenta nueva” en cada ocasión. “No es buena idea empezar apuntando a quién no debe estar; sería más fructífero cambiar el foco hacia qué se quiere conseguir”. Empezando por la vivienda, que es hoy el problema más acuciante.

Las próximas elecciones generales no son otras más. El contexto internacional es terrible. La amenaza que supone el creciente empuje de la extrema derecha es más preocupante aún. Si el PP gobierna con Vox, como hoy parece probable, no será una simple alternancia ni otro ciclo político más. Están en riesgo derechos y libertades; mucha gente sufrirá. “Tengo miedo como demócrata”, dice Gabriel Rufián. Que en este sentimiento conecta con buena parte de la sociedad.

La unidad, por sí sola, no bastará para frenar esta ola reaccionaria. Desde luego ayudaría que las fuerzas de la izquierda al menos dejen de tirarse piedras entre sí y de abonar una división agresiva y artificial. 

Tampoco sirve la simple resistencia a la extrema derecha como eje principal de una propuesta. A juzgar por las últimas elecciones, ese discurso por sí solo ya no es suficiente. Hace falta proyecto, credibilidad y –lo más importante– la capacidad de ilusionar a un electorado progresista que hoy duda, se abstiene o vota resignado a la derrota. 

La primera victoria pasa por recuperar la esperanza; por volver a creer que el futuro aún está abierto. Que esa victoria abrumadora de la derecha y la extrema derecha que pronostican las encuestas y los resultados autonómicos no es inevitable. Igual que no lo fue en 2023.

–Usted no es la empleada de Hipercor que la tocan el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos. ¡Usted no tenía por qué aguantar eso!

–Me estoy jugando mi dignidad.

–¿Su dignidad?

–Querían que me marchara como si hubiera hecho algo malo. Querían que me marchara como si fuera una incompetente. Yo no podía consentir eso.

–Pues uno se marcha si tiene dignidad. Y luego denuncia.

–Pues eso es lo que hice.

El interrogatorio del fiscal José Luis García Ancos a Nevenka Fernández pasará a la historia como un ejemplo descarnado de machismo institucional. Leído impresiona por su crudeza. Si escuchas el audio es aún peor. 

Nevenka fue la primera mujer en España que logró una condena contra un político por acoso sexual, contra el entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez. Ella era una joven concejala. Él le doblaba en edad. La respuesta en su contra fue tan brutal que fue Nevenka la que tuvo que irse de la ciudad para no volver jamás; hoy vive en Irlanda. Ismael Álvarez fue condenado en 2002 a una multa de 5.780 euros y a una indemnización de 12.000 euros. Más tarde el Supremo rebajó la multa a menos de la mitad, 2.160 euros, con el argumento de que el alcalde no tenía “una relación jerárquica propiamente dicha” sobre la concejala.

El Partido Popular, donde ambos militaban, apoyó a su alcalde hasta el final. Incluso el día en que fue condenado y –solo entonces– presentó su dimisión. “Hay que tener un respeto total por el alcalde de Ponferrada, que ha tenido una postura impecable al dimitir antes de que haya una sentencia firme”, argumentó Ana Botella el mismísimo día en que se conoció la condena, para la posteridad.

Ha pasado casi un cuarto de siglo. Y la respuesta del Partido Popular ante una denuncia de acoso en sus filas no ha mejorado mucho.

Es otro alcalde, el de Móstoles, Manuel Bautista. Son otros hechos. Es otra concejala. Todavía no hay sentencia y falta mucho para que llegue una verdad judicial; una condena o una absolución. Sí hay sobre la mesa una denuncia por acoso –desvelada por el periódico El País– y la intención declarada de esta mujer de llevar lo ocurrido ante la Justicia. 

Hay también una respuesta deplorable por parte del Partido Popular. 

Ante esta denuncia por acoso, los dirigentes del PP han hecho exactamente lo contrario a lo que dicen sus propios protocolos, a lo que pide la decencia, a lo que ellos mismos exigían cuando eran otros partidos los salpicados por un escándalo similar.

La concejala de Móstoles que denuncia este presunto acoso laboral y sexual trató de usar todos los cauces internos. Ninguno sirvió. Escribió a Isabel Díaz Ayuso, a su gabinete. En nueve ocasiones, y dio igual. Se reunió con el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y con su secretaria de Organización, Ana Millán. Mandó un escrito de 20 folios al comité de Garantías del PP Nacional. Y ni siquiera después de todos estos pasos, en ocho meses, nadie en su partido activó el protocolo de acoso. Tampoco abrieron expediente alguno al regidor.

¿Los consejos que le dieron en el PP a la denunciante? Muy parecidos a lo que le decían a Nevenka, 25 años después. 

“Todas hemos aguantado muchas cosas en política”

“Piénsalo, quizá te venga mejor dar un paso atrás, no pasarlo mal, que tu padre no lo pase mal”.

“Es que una denuncia pública o judicial te afectaría a ti”.

“El PP está para ayudarte, ese amparo pasa por quitarte de la cabeza cualquier tipo de denuncia”.

“Yo no sé qué entiendes tú por amparo, nuestro amparo fue decirte: vete a casa, habla con tu marido”.

“Tienes que protegerte, y protegerte es no hacer nada”.

La dirección del PP lo sabía. La dirección del PP lo ocultó, e hizo todo lo posible para que este escándalo nunca saliera a la luz. 

Esta impresentable gestión no evitó que Isabel Díaz Ayuso y todos los líderes del PP pidieran la dimisión del Gobierno por lo ocurrido con Paco Salazar. Unas denuncias internas que –sin duda– el PSOE no gestionó correctamente: durante meses arrastraron los pies. Pero que también provocaron su expulsión de La Moncloa y de la Ejecutiva del partido a las pocas horas de que elDiario.es publicara la primera información sobre él. 

“¿A quién van a poner al frente del PSOE?, ¿a Rocco Siffredi?”, criticaba Isabel Díaz Ayuso. “¿Qué se puede esperar del trato que le han dado a las mujeres, si lo hacen así con sus compañeras?”, decía Ayuso también.

Pero más infame que el doble rasero ha sido la reacción del PP, tras destaparse este presunto caso de acoso sexual y laboral. Negarlo todo, acusar a la denunciante, soltar bulos sobre ella y hasta filtrar a la prensa –con datos personales incluidos– los correos donde denunciaba la situación.

Dicen en el PP que no es un caso de acoso sexual, que es solo laboral. Un presunto acoso laboral que empezó, según la denuncia, cuando la concejala le dijo al alcalde que no quería nada sexual con él.

Dice el alcalde que es una venganza porque no la hizo teniente de alcalde. Pero en una grabación, con la propia concejala, admite que nunca pidió algo así. 

Se pregunta Alfonso Serrano, y ya es el colmo: “Y tú, ¿cómo ligas?”.

Año 2026. Un cuarto de siglo después de Nevenka. Y aún falta tanto por hacer. 

“Viudas de vivos”, las llamaba Rosalía de Castro en uno de sus poemarios, Follas novas, publicado en 1880. Son las mujeres que se quedaron solas en aquella Galicia miserable de la que huyeron los hombres jóvenes. Esas viudas de los emigrantes.

Galicia, sin homes quedas

que te poidan traballar.

Tés, en cambio, orfos e orfas 

e campos de soledad,

e nais que non teñen fillos

e fillos que non ten pais.

E tés corazóns que sufren

longas ausencias mortás, 

viudas de vivos e mortos

que ninguén consolará.

“Galicia, sin hombres quedas que te puedan trabajar”. Aquí puedes leer completo (en galego y castellano) este emblemático poema de Rosalía de Castro. Es un desgarro para el que solo sirve una palabra portuguesa intraducible que después reivindicaron los literatos gallegos: ‘saudade’, una suerte de melancolía atravesada por la nostalgia y el dolor por la distancia de lo amado.

De aquella Galicia hambrienta escaparon casi todos los que pudieron: entre 1,2 y 2 millones de personas de 1836 a 1960. Solo en la segunda mitad del XIX, Galicia perdió alrededor de una cuarta parte de su población. En términos relativos, hay que irse a Irlanda para encontrar un éxodo europeo equivalente. En algunos periodos, casi la mitad de los españoles que emigraron a América salieron de Galicia. Por eso allí aún nos llaman gallegos.

Rosalía de Castro, a su manera, también era hija de una de esas “viudas de vivos”. Su padre era sacerdote, un gran oprobio en su época, especialmente para la madre y para ella. En su partida de bautismo –nació en 1837–, aparece registrada “de padres desconocidos”. Se libró de la inclusa porque se hizo cargo su madrina, una sirviente de su madre. Esa infancia desgarrada se ve después en el compromiso de su escritura, en su retrato de la vida más dura en esa Galicia cruel, sobre todo para las mujeres.

Hoy Rosalía de Castro es el gran símbolo cultural de Galicia, con permiso de Emilia Pardo Bazán. Todos la citan. Pocos la leen. Es famosa una vieja metedura de pata de Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista como presidente de la Xunta, donde citó a Rosalía de Castro como su escritora preferida… para después ser incapaz de nombrar correctamente una sola de sus obras. 

La impostura de Feijóo no empezó con Orwell y 1984. Pero más graves que sus enormes lagunas culturales son sus erráticas posiciones políticas. Ese oportunismo electoral del líder del PP que redefine a cada rato sus principios, siempre tras la estela de la extrema derecha.

Hay argumentos para criticar la regularización de inmigrantes que acaba de poner en marcha el Gobierno. El fundamental: que pudo hacerlo mucho antes. Esta necesaria medida llega tras un pacto con Podemos para la que no necesita sus votos. El PSOE lo hace así, el Gobierno lo hace ahora, para salir del debate ferroviario e intentar recomponer la mayoría de la investidura. Es una jugada a tres bandas, con la mirada puesta en Puigdemont; probablemente Podemos después apoye a cambio la transferencia a Catalunya de las competencias sobre migración que pide Junts. Con mucha, mucha suerte –aún parece muy difícil– puede que hasta se aprueben los Presupuestos.

Es criticable el momento. O que una regularización así no pase por el Parlamento, como sería deseable. Pero no son admisibles las mentiras y la demagogia con las que la oposición ha criticado esta medida, que es idéntica a la que antes aprobaron Felipe, Aznar o Zapatero.

Esta regularización es la misma que llevó al Parlamento una iniciativa legislativa popular que contó con más de 600.000 firmas. Hace menos de dos años, el PP votó a favor. 

Este Alberto Núñez Feijóo es también el mismo político que respaldó públicamente esa propuesta en varias entrevistas. “Hay un debate que debemos de zanjar con los inmigrantes que viven y trabajan en España pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Y esos pueden estar tranquilos”, aseguró Feijóo en 2024.

Sin duda, sí. Hoy están más tranquilas esas personas que viven, trabajan y pagan impuestos en España (del IVA nadie se escapa, aunque esté en la economía sumergida). Pero no por la acción de Feijóo, que aún hoy está intentando boicotear en Europa esta regularización. Menos aún por Vox, que si pudiera pondría en marcha esa misma gestapo contra los inmigrantes que actúa impune en Estados Unidos.

Es falso que esta regularización vaya a “colapsar” los servicios públicos. Estas personas ya están aquí, sus hijos ya van a las escuelas y también son atendidas por nuestros hospitales. La gran diferencia es que, a partir de ahora, saldrán de la economía sumergida, serán menos vulnerables a los abusos laborales y tendrán menos miedo al futuro. 

También aportarán más si están legales. Para las cuentas públicas, según dos estudios, el beneficio fiscal neto es de entre 3.300 y 4.000 euros al año por cada nuevo inmigrante que pasa a tener papeles. Regularizarlos supone más recursos para los servicios públicos, no menos.

Tampoco es verdad que el Gobierno esté manipulando el censo para ganar las generales de 2027. Y es aún más indignante que esta teoría de la conspiración la alimente Alberto Núñez Feijóo. Porque si alguien se ha aprovechado del voto de los emigrantes en España ha sido el PP gallego. Podría decirse que casi lo inventó. 

En las cuatro legislaturas que gobernó, Manuel Fraga cultivó el voto de la diáspora gallega con subvenciones, aperturas de centros culturales y una red de agentes electorales en países como Argentina, Brasil, Uruguay o México, donde la Xunta y el PP se mezclaban hasta hacerse indistinguibles.

La ventaja electoral del PP en lo que algunos dieron en llamar la quinta provincia gallega se demostró elección tras elección en los años 90 y los primeros 2000. En 1997, el PP registró el 52% del voto en el resultado total. En los votos de la emigración, su porcentaje fue aún mayor: el 68,7%, casi siete de cada diez. Y todo después de una intensa campaña de la Xunta en esos países con ayudas directas y actos en los centros de emigrantes que hicieron crecer el censo un 55% en los meses previos a las elecciones.

Que ciudadanos que viven en Uruguay, Argentina o Brasil –y que, en muchas ocasiones, jamás han pisado España– decidan quién debe gobernar Galicia siempre me pareció un disparate, por mucho que se les reconozca un pasaporte al que, por historia, tienen derecho. Pero es aún más contradictorio que se niegue el voto a personas que –esas sí– viven, trabajan y pagan impuestos en España.

Por mucha prisa que se quiera dar el Gobierno, estos inmigrantes ahora regularizados no podrán en ningún caso participar en las próximas elecciones generales: hace falta la nacionalidad, no un permiso de trabajo. Solo podrían, en algunos casos y dentro de un tiempo, votar en las municipales. También es dudoso que esto ayude electoralmente a la izquierda. La mayoría de las personas regularizadas son latinas; un bloque heterogéneo pero que suele tener un sesgo conservador. 

Todos estos datos y argumentos son de sobra conocidos por Alberto Núñez Feijóo. Cuando en 2024 apoyó la regularización lo hizo también porque se lo pidieron dos grupos de presión importantes para la derecha española: Cáritas –es decir, la Iglesia Católica– y las patronales de empresarios. 

Feijóo también conoce la historia de Galicia. Por eso su discurso actual no es ignorancia sino cálculo. De nuevo el cortoplacismo de un líder que se vendió como moderado y hoy compite en el mismo carril que Ayuso y Vox.

España fue durante más de un siglo un país que expulsaba a los suyos. Hoy recibe a quienes buscan lo mismo que anhelaban nuestros abuelos: trabajo, seguridad, futuro. 

Hay algo profundamente indecente en haber sido emigrantes y olvidarlo en tan pocas generaciones. 

Solo diez días después de aceptar la denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido archivar. La decisión no entra en el fondo del asunto. La Fiscalía no cuestiona a las denunciantes, ni las pruebas que aportan, ni su credibilidad. No tendrán por ahora justicia en España por otro motivo: su nacionalidad. Al no ser españolas, al ser unos presuntos delitos cometidos en República Dominicana y Bahamas, la Fiscalía considera que en España no se puede investigar.

Julio Iglesias no ha sido absuelto. La Justicia ni le ha dado ni le ha quitado la razón sobre estas graves acusaciones que el cantante niega. Esta decisión tampoco supone el punto final en los tribunales. La propia Fiscalía así lo recalca: el archivo “no produce efectos de cosa juzgada”; se puede volver a denunciar en otro tribunal. Las abogadas de las denunciantes, Women's Link, ya han anunciado que seguirán luchando para conseguir justicia. Están estudiando nuevas acciones legales. Van a continuar.

En su archivo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solo se pronuncia sobre una cosa: la jurisdicción. Según su criterio, la Justicia española no es competente para investigar, a pesar de que el cantante más famoso de la historia de España siga manteniendo su nacionalidad.

La competencia española era un asunto polémico desde el principio y se prestaba a interpretación, como ya contamos en elDiario.es. Hay juristas que lo ven como la Fiscalía. Otros que no. La Justicia Universal en España fue mutilada en 2014 por Mariano Rajoy. Desde entonces, el margen es pequeño y poco claro: el resultado de aquella reforma fue un larguísimo artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que es un auténtico galimatías, difícil de entender y de explicar. Es uno de esos temas polémicos que se presta a interpretación y hay precedentes en un sentido y en otro. La propia sentencia del Tribunal Supremo que cita la Fiscalía para argumentar su archivo –STS 974/2016, con Manuel Marchena como ponente– tiene un voto particular de otro magistrado, Antonio del Moral. Ni siquiera entre los jueces del Supremo hay consenso sobre esta cuestión.

Las abogadas de las denunciantes, Women's Link, aseguran que habían presentado tres escritos ante la Fiscalía que no han sido resueltos, que no les han contestado antes de tomar la decisión de archivar. En uno de ellos argumentaban sobre la jurisdicción, sobre el debate de la competencia. Otro escrito insistía ante la Fiscalía sobre las medidas de protección de las identidades de las denunciantes. El tercero ponía a disposición de la Fiscalía nuevos hechos e indicios que reforzaban la conexión con España.

Ninguno de estos tres escritos ha tenido respuesta por parte de la Fiscalía. Al tratarse de una investigación preprocesal –aún no en el juzgado– no es posible tampoco recurso. Fuentes fiscales sostienen que tras constatar que no había “ningún elemento” que permitiera atribuir jurisdicción a los tribunales españoles resulta “lógico” que se dictara un decreto de archivo sin contestar a esos escritos.

Women's Link y Amnistía Internacional son muy críticas con esta decisión: “La idea de que un ciudadano español podría ser eximido de afrontar un proceso de justicia si los presuntos delitos de los que es acusado no ocurrieron en España y fueron cometidos contra mujeres no españolas desconoce el principio de extraterritorialidad y, además, el derecho humano fundamental para que todas las mujeres y niñas puedan vivir en un mundo libre de violencias”.

El archivo por parte de la Fiscalía no cambia ni una coma de todo lo que hemos publicado sobre Julio Iglesias en elDiario.es. Nos reafirmamos en nuestra investigación, en el trabajo metódico y riguroso que hemos realizado en colaboración con Univision. 

No es algo nuevo. No es la primera vez que nos pasa. Muchas de nuestras grandes investigaciones se encuentran con situaciones así. Con Cristina Cifuentes absuelta por su máster regalado. Con la Fiscalía argumentando que al rey emérito tampoco se le puede juzgar.

Puede parecer frustrante. Pero creo que hemos cumplido con nuestro papel, que no es juzgar ni condenar: es ofrecer a la sociedad información contrastada y veraz. 

Nuestro periodismo no se puede archivar. Y no nos rendimos. Aún nos queda mucho por investigar.

El verdadero poder de Julio Iglesias no se mide en millones de dólares o de discos vendidos. No es solo el dinero o la fama: es la enorme influencia de una red de contactos. Un poder que se demuestra con la pequeña historia de una llamada de teléfono. 

Ocurrió en la primavera de 2005. Zapatero había ganado las elecciones un año antes y lo primero que hizo fue retirar las tropas españolas de Irak. Ya contaba con la enemistad de la superpotencia cuando no se levantó al paso de la bandera de EEUU en un desfile militar. La consecuencia directa de ambas decisiones fue que el presidente George W. Bush ordenó congelar la relación con España; un bloqueo diplomático al que también puso de su parte Aznar. 

Lo cuenta en uno de sus libros de memorias el exministro de Defensa José Bono. Estaban desesperados porque el Gobierno estadounidense se negaba siquiera a recibirlos. Fue entonces cuando Bono se enteró de los contactos que tenía Julio Iglesias con la Casa Blanca. Así que le llamó por teléfono: “Como buen patriota te ruego que ayudes a España”, le dijo el ministro al cantante. “Voy a visitar Estados Unidos oficialmente y quisiera que no se malogre el viaje”. Julio Iglesias le contestó que tenía muy buena relación con Henry Kissinger: el histórico ex secretario de Estado de EE UU, uno de los responsables del golpe de Estado en Chile del general Pinochet. “En cuanto te cuelgue el teléfono –respondió Iglesias a Bono– voy a hablar con él”. 

Aquella gestión funcionó. Y Julio Iglesias llamó a José Bono poco después. “Acabo de hablar con Kissinger. Ha contactado con Donald Rumsfeld [entonces secretario de Defensa] y le ha solicitado el mejor trato posible”. Solo dos horas más tarde –cuenta el exministro en sus memorias– le telefoneó el embajador de Estados Unidos en España: “A mí me hacen poco caso en el Pentágono, pero algo ha debido de ocurrir porque me acaban de trasladar que tu viaje será un éxito total”. Y así fue: Bono se reunió oficialmente con Donald Rumsfeld unas semanas después. 

No hay muchas personas vivas con la agenda de Julio Iglesias. Lleva más de medio siglo codeándose con los más ricos y poderosos porque es uno de ellos. Forma parte de esa élite mundial que coincide en fiestas, en cenas, en mansiones. Un olimpo que mira al resto de los seres humanos como pequeñas hormigas a sus pies. 

Ha sido una de las semanas más intensas en la historia de elDiario.es. No he dormido ningún día más de cuatro horas. Lo mismo les pasa a las compañeras de la redacción que han trabajado en este proyecto: Elena Cabrera, Ana Requena, María Ramírez, Raquel Ejerique, Izaskun Pérez y Natalia Chientaroli. La adrenalina nos mantiene en pie. 

Esta investigación, en colaboración con Univision, sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales ha tenido una enorme repercusión. En España y en todo el mundo: The Guardian, Le Monde, The New York Times, Der Spiegel, Clarín, Washington Post, Frankfurter Allgemeine, The Times, Folha de S. Paulo, Reuters, BBC… La casi totalidad de los medios de comunicación han recogido nuestra exclusiva. Han citado nuestro trabajo y han dado credibilidad a nuestra información. 

Han sido tres años para llegar hasta aquí, como te conté el martes. Hemos sido muy meticulosos antes de publicar. Somos conscientes de que esta noticia ha tenido tanto impacto internacional por quién es Julio Iglesias. Y que este éxito periodístico se puede volver en nuestra contra. Si nos equivocamos, si no hacemos las cosas bien, esta exclusiva puede ser la tumba de elDiario.es. Toda nuestra credibilidad está en juego. Pero no solo: Julio Iglesias es alguien que nos podría arrollar con demandas en los tribunales. 

No hemos asumido un riesgo tan grande para hablar de Julio Iglesias en su faceta de famoso cantante internacional. Tampoco pretendíamos demostrar algo que ya se sabía: ese tufo machista que le acompaña desde siempre y que hoy escandaliza cuando se repasan algunas viejas entrevistas de su etapa de máxima popularidad. 

Esta investigación no va de un escándalo turbio de un famoso: va de otra cosa, del principal motivo por el que fundamos elDiario.es

Está en nuestro Estatuto, Artículo 10: “La misión fundamental del periodismo es controlar al poder en todas sus formas de manifestación y denunciar sus abusos, para evitar que se reproduzcan”.

No hemos dedicado este tiempo y estos esfuerzos a Julio Iglesias: lo hemos hecho por todas las empleadas domésticas que sufren abusos en todo el mundo. Y, en este caso concreto, por las que trabajaban al servicio de Julio Iglesias en esas mansiones que una de ellas definió como “la casita del terror”. 

Las protagonistas de esta investigación son víctimas especialmente vulnerables por tres motivos: por ser mujeres, por ser pobres y porque están racializadas. No tenemos en elDiario.es una sección dedicada a los famosos o a los cotilleos del corazón. Pero esto va de otra cosa: de machismo, de clasismo y de racismo. De la denuncia de un enorme abuso de poder contra personas extremadamente vulnerables.

Las dos mujeres que se han atrevido a contarnos ante una cámara lo ocurrido en esas mansiones, que también han puesto una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, son unas heroínas. Porque hay que ser muy valiente para enfrentarte a alguien tan poderoso como Julio Iglesias cuando eres una mujer joven, pobre y afrodescendiente. Como Julio Iglesias les decía: “Si tú hablas mal de mí nadie te va a creer”.

Todos los periodistas de elDiario.es estamos hoy orgullosos del trabajo de nuestras compañeras. En este periódico no hay una sección de investigación. Se ve al repasar algunas de nuestras exclusivas más citadas. Los títulos de máster regalados a políticos como Cristina Cifuentes o Carmen Montón los sacó a la luz Raquel Ejerique. La brigada política contra los independentistas la contó el primero Pedro Águeda. El pelotazo de las mascarillas del hermano de Ayuso con un amigo de su pueblo lo dio Fátima Caballero. La investigación sobre los pagos en negro a inspectores del Banco de España para formar a opositores es de Elena Herrera. El fraude fiscal y los supuestos sobornos por los que está imputado Alberto González Amador los destaparon José Precedo, Antonio M. Vélez y Pedro Águeda. Las denuncias ignoradas contra Paco Salazar las desvelaron José Enrique Monrosi y Esther Palomera. Y esta gran exclusiva internacional la lidera nuestra jefa de Cultura, Elena Cabrera.

No hay una sección de investigación en elDiario.es porque toda la redacción se dedica a eso: a investigar. A contrastar la información con el máximo rigor y publicar solo aquello que podemos demostrar. A fiscalizar los abusos del poder. 

Este tipo de periodismo sirve para cambiar el mundo. En este caso, para que el próximo multimillonario que crea que puede hacer lo que quiera con las mujeres de un país pobre al menos tenga un poquito de miedo a que la prensa lo descubra. Es un periodismo que sirve para combatir la impunidad.

Hay muchas otras historias muy potentes que estamos investigando desde hace mucho tiempo. Algunas de ellas pronto podremos publicarlas. Otras se quedarán en un cajón, si no las logramos contrastar. Pero si elDiario.es hoy es un periódico capaz de copar las portadas de todo el mundo con un trabajo de investigación es solo por una razón.

No somos más valientes. Tampoco somos mejores periodistas. Solo somos más independientes.

Y eso es posible gracias al respaldo de 117.000 personas, que nos respaldan económicamente para seguir. Si aún no lo eres, hazte socio/a tú también. 

Gracias por vuestro apoyo.

La foto la tomé con mi móvil esta semana, en la sala de reuniones de elDiario.es. De izquierda a derecha: María Ramírez, Raquel Ejerique, Elena Cabrera, Ana Requena, Natalia Chientaroli e Izaskun Pérez. Además de ellas, por parte de Univision –un equipo excelente del que hemos aprendido mucho–, han participado en esta investigación Federica Narancio, Esther Poveda, Gerardo Reyes y Margarita Rabin. 

Mucha gente está opinando sobre este trabajo sin conocerlo en profundidad. Si aún no lo has hecho, te recomiendo tres formatos distintos. Los tres requieren tiempo, pero hay mucho que contar. 

Un texto. El primer y detallado artículo que publicamos: Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales. 

Un podcast. El especial de cuatro capítulos de Un tema Al día, con Juanlu Sánchez. 

Y un vídeo. Este documental de 20 minutos: En la mansión de Julio Iglesias.

En el nuevo mapa político de 2026, Delcy Rodríguez y Santiago Abascal tienen mucho en común. Ambos son piezas muy útiles en la estrategia imperialista estadounidense. Ambos envuelven su discurso doméstico en la retórica de la patria, de una soberanía que ninguno de los dos defiende en realidad. Y ambos comparten un aliado o, más bien, un mismo jefe: Donald Trump.

El presidente estadounidense ya lo había avisado. Todo lo que está haciendo aparece negro sobre blanco en un reciente documento oficial: la Estrategia de Seguridad Nacional. Allí deja claro que su objetivo no es expandir la democracia ni defender los derechos humanos; que su prioridad es beneficiar a Estados Unidos. Y que no existe ningún problema en pactar con regímenes autoritarios o que no compartan sus valores, siempre que el acuerdo sea útil para sus intereses.

Todo esto, exactamente esto, es lo que Trump está aplicando en Venezuela. Para sorpresa de María Corina Machado, esa cuestionable Nobel de la Paz que recibió este galardón mientras celebraba la intervención militar de EE UU contra su país. Y que Trump deliberadamente ha dejado a un lado. 

Tras el secuestro de Nicolás Maduro, EE UU ha decidido apostar por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, siempre que entregue buena parte de su petróleo y abandone sus lazos con Rusia, China, Cuba o Irán. 

Da igual el discurso que Delcy utilice para su público local: lo que importa es lo que haga, no lo que diga. Si cumple con Estados Unidos, ella y el chavismo podrán seguir en el poder durante una transición que no se sabe hacia dónde se dirigirá. Como dijo el propio Trump, que los venezolanos puedan votar libremente no es una prioridad.

El problema nunca fue que Maduro robara las elecciones –como en efecto hizo–. Venezuela no es menos democrática que Arabia Saudí.

Tampoco el supuesto narcotráfico. Trump acaba de indultar al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico; cobró decenas de millones de dólares en sobornos, entre otros, del Chapo Guzmán. 

Ni que Maduro se haya podido enriquecer con la corrupción: dudo que le encuentren en Suiza más dinero del que se ha llevado la familia de Trump. 

Ni mucho menos los derechos humanos. ¿Cómo le van a preocupar las vidas de los venezolanos al mismo gobernante que pisotea las de sus conciudadanos en Minnesota, con el impune asesinato a tiros de una madre por desobedecer una orden de su milicia particular, los agentes de la policía ICE?

Trump no ha cumplido siquiera el primer año de su vuelta al poder –será el 20 de enero– y apenas doce meses han bastado para ver, en directo y a enorme velocidad, la demolición del orden internacional y de las propias instituciones democráticas en EE UU, un país que evoluciona a pasos agigantados hacia un nuevo régimen autoritario. Nada sorprendente en el mismo presidente que intentó un golpe de Estado tras perder las elecciones, justo cinco años atrás. 

Tras convertir Venezuela en una suerte de protectorado, llega Groenlandia en el Risk de Donald Trump. Un objetivo que es probable que consiga, viendo la incapacidad europea para responder a todos sus órdagos durante el último año. 

Europa podría mandar tropas, sí. Así lo exige el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea: “Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance”. Solo hay un problema: Trump ya tiene a sus tropas en Groenlandia, en la base de Pituffik.

En caso de un conflicto militar abierto, EE UU tampoco necesitaría trasladar tropas a Europa. Ya tiene cerca de 70.000 soldados aquí, en más de 40 bases militares desplegadas por todo el continente. 

La presión contra Dinamarca para que “pacíficamente” venda Groenlandia es cada vez mayor. Como si estuviéramos otra vez en el siglo XIX y la opinión de los que allí viven no valiera nada; como hizo Napoleón con la Luisiana francesa, Fernando VII con La Florida española, o el zar Alejandro II con Alaska.

Pero su plan para la UE va mucho más allá de arrebatar Groenlandia a Dinamarca. Y aparece en ese mismo documento que antes citaba: su Estrategia de Seguridad Nacional. Allí se explica tan claro como lo que ha ocurrido en Venezuela.

Donald Trump pide a Europa que aumente su gasto en defensa y elimine regulaciones. Traducido: en ausencia de petróleo que robar, Trump quiere que Europa le compre más armas y permita que sus monopolios tecnológicos se lucren a costa de los europeos sin ninguna cortapisa o control. 

La ambición de Trump en Europa también necesita de colaboracionistas. Y no oculta quiénes son: “La creciente influencia de los partidos europeos patrióticos da, en efecto, motivos para un gran optimismo”, dice la Estrategia de Seguridad Nacional.

El Gobierno de EE UU va a favorecer a la extrema derecha europea y no se descartan injerencias en los procesos electorales –exactamente igual a lo que hizo Putin en la primera elección de Trump y con las mismas herramientas, las redes sociales–. Siempre a favor de estos partidos ultras a los que Trump llama “patriotas”. Y que son tan patriotas como el general Pétain.

Es ahí donde Santiago Abascal es un instrumento al servicio de Donald Trump, igual que Delcy Rodríguez –y al menos la venezolana ha llegado a esa posición a la fuerza, no por convicción–. Porque él es su preferido al frente de un dócil gobierno español. Un supuesto patriota al servicio de otra patria. Alguien que defiende los combustibles fósiles frente a las energías renovables en un país sin petróleo ni gas. Alguien dispuesto a asumir sin queja alguna que el chavismo que decía combatir sea ahora protegido por la misma mano que lo impulsa a él. Alguien que no dudaría en elevar el gasto militar del 2% al 5%, como exige Trump.

Solo ese objetivo, elevar tres puntos del PIB el gasto en armas, cuesta 48.000 millones. ¿De dónde saldrían? ¿Es compatible con mantener el actual estado del bienestar?

El papelón de la derecha española estos días, a cuenta de Venezuela, ha sido espectacular. Después de celebrar la supuesta caída de uno de los poquísimos gobiernos autoritarios que les incomoda en todo el mundo (y mira que hay) resulta que lo único que realmente ha caído es su dignidad. Con su silencio ante los abusos de Trump.  

Al menos Abascal tiene motivos para agachar la cabeza: él es el elegido por Trump, como Meloni, Orban o Farage. Menos comprensible es la postura de Alberto Núñez Feijóo, callado ante las amenazas contra Europa de EE UU. Tan miope como para criticar a Pedro Sánchez por acudir a una cumbre europea para afrontar esta crisis, en vez de quedarse a escuchar otro discurso del rey en la Pascua Militar. 

No hay hoy otro líder mundial que suponga una amenaza mayor para nuestro bienestar que Donald Trump. No hay tampoco ningún otro factor que ponga más en riesgo nuestra soberanía o la paz. Puede parecer algo tan lejano como Groenlandia o Caracas. No lo es. 

“Nadie debe ser juzgado sin que exista un solo indicio racional de criminalidad”, dice el juez Vicente Ríos. Y según su criterio, aquí no los hay. Ana María Lillo, la jueza sustituta de Ríos, comparte el argumento y ha vuelto a archivar la causa contra Mónica Oltra, acusada por la ultraderecha de encubrir abusos sexuales de su exmarido en un centro de menores tutelados. Un proceso penal que forzó su dimisión como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. La destrucción de su carrera política es una de las claves para explicar cómo llegó a la presidencia el nefasto Carlos Mazón. 

“Los hechos investigados no son constitutivos de infracción penal alguna”, sostiene el fiscal, que también es muy contundente en su petición de archivar. Pese a todo, aún no ha terminado este proceso judicial. Tampoco tiene pinta de que este vaya a ser el punto final. Lo más probable es que la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia revoque este tercer archivo y reabra otra vez esta pesadilla judicial. A pesar de la falta de pruebas, me temo que Mónica Oltra se acabará sentando en el banquillo de los acusados dentro de un par de años. Probablemente será absuelta. Para entonces, ya dará igual. 

Es un ejemplo casi perfecto de ‘lawfare’. Porque la regla número uno de este tipo de persecución política en los tribunales es que no importa el resultado: solo el proceso. Cuanto más dure, mejor. Lo de menos es la condena. La imputación, por sí sola, sirve para hundir cualquier reputación. 

Pero vayamos a los hechos. El exmarido de Oltra, Luis R. I., trabajaba como educador social en un centro de menores tutelados por la Generalitat Valenciana. Una de ellas le denunció en 2017 por abusos sexuales: la víctima entonces tenía 14 años. Ha acabado condenado a cinco años de cárcel. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en 2023. Hoy está encerrado en prisión. 

Quien impulsó como abogado la denuncia de esa menor en los juzgados fue José Luis Roberto, un trabajo que asegura que ejerció “de manera gratuita”. Es un conocido líder de la ultraderecha que fue secretario general de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne –los prostíbulos, por aclarar el eufemismo– y presidente del partido neofascista España 2000. 

Además de José Luis Roberto, formó parte de la acusación la agitadora ultra Cristina Seguí: cofundadora de Vox en Valencia, condenada por humillar a una niña víctima de violación. Ambos aprovecharon ese caso de abusos sexuales para atacar a Mónica Oltra y forzar la apertura de una segunda causa, a la que más tarde se sumó Vox. Es evidente que, si el acusado no hubiera sido su exmarido, jamás habrían aparecido por allí.

“Me la voy a follar sin tocarle un pelo”, llegó a tuitear Roberto, con la bravuconería habitual del fascismo. La jugada le salió: consiguió extender el caso hasta la Conselleria que dirigía Mónica Oltra, la de Igualdad y Políticas Inclusivas, responsable de la supervisión de esos centros de menores.

El 1 de abril de 2022, Oltra fue imputada. Dimitió dos meses después. 

El juez de instrucción que investigó las querellas contra Oltra fue Vicente Ríos, un magistrado riguroso y progresista, conocido por su contundente investigación del caso Emarsa, uno de los grandes escándalos de corrupción del PP valenciano.

Con el respaldo de la Fiscalía, en 2022 Vicente Ríos entendió que había indicios “racionales, serios y fundados” para pedir la imputación de Oltra, con el fin de investigar su posible responsabilidad. Basó esa decisión en la orden de la Conselleria de abrir un expediente informativo cuando ya estaba en marcha una investigación judicial –un expediente que cuestionaba la credibilidad de la menor–. Su sospecha era que Oltra había intentado obstaculizar la denuncia contra su ex.

Ese mismo juez de instrucción fue también quien tomó declaración como imputada a Mónica Oltra. Después de escucharla, de oír a otros testigos y de revisar correos y documentación, Vicente Ríos llegó a la conclusión de que Oltra era inocente.

El 2 de abril de 2024, este juez archivó la causa. Según su criterio, algunas de las decisiones que se tomaron en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas fueron “desacertadas”, “inútiles” o “redundantes” –como abrir ese expediente interno cuando la Fiscalía de Menores ya había abierto diligencias–. Fue una gestión mejorable, pero no delictiva, concluyó Ríos. Y añadió que no existe prueba alguna de que Mónica Oltra diera instrucciones a su equipo para torpedear esa denuncia.

El auto de archivo del juez Vicente Ríos –96 páginas– era profuso en detalles y argumentos, y de un alto nivel jurídico. Tenía, además, la credibilidad de proceder del mismo magistrado que había pedido la imputación de Oltra. Tras una investigación de dos años, el juez llegó a la conclusión de que la acusada era inocente y de que no existía prueba ni indicio alguno, ni siquiera, para llevarla al banquillo.

En circunstancias normales, el martirio de Oltra habría terminado aquí. Pero esta nunca ha sido una causa normal.

Las acusaciones ultras recurrieron el archivo. Y en junio de 2024, la Audiencia Provincial de Valencia ordenó al juez Vicente Ríos reabrir la investigación. Lo hicieron en un auto de escasos seis folios, en el que ignoraron los argumentos de Ríos y ni siquiera se molestaron en rebatirlos.

Vicente Ríos cumplió esa orden y reabrió la investigación “por imperativo legal”, como hizo constar en ese auto; acatando la orden pero sin compartir el criterio. La instrucción se prolongó un año más y, en junio de 2025, Ríos la volvió a archivar. De nuevo, el juez insistió en que no existe “absolutamente ningún indicio” para llevar a juicio a Oltra. Es el mismo criterio que comparte la Fiscalía.

Las acusaciones recurrieron. Y quien ha decidido volver a archivar es otra jueza, Ana María Lillo, que está de suplente en el juzgado de Vicente Ríos –actualmente de baja laboral–.

Tras el sobreseimiento de esta jueza, lo siguiente está casi escrito. Las acusaciones volverán a la Audiencia Provincial, que muy probablemente insistirá en sentar a Mónica Oltra en el banquillo de los acusados: contra el criterio de la Fiscalía y de dos jueces de instrucción.

Esto, simple y llanamente, es una gran anomalía. No es moneda corriente en otros procedimientos judiciales. Y todo se entiende mejor cuando se sabe quién preside la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que es la que ordenó reabrir la causa. 

Este juez, clave en esta historia, se llama Pedro Castellano. Es un miembro destacado de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. En 2009, los vocales nombrados por el PP en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) intentaron ascenderle a presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia –el que decide sobre los aforados autonómicos–, un nombramiento que impidió Margarita Robles, entonces vocal del CGPJ. 

Castellano fue presidente de la Audiencia de Valencia y hoy preside la sección cuarta, la misma que dictó la polémica resolución que libró a 49 asesores y concejales del PP del caso Taula por el “pitufeo” de billetes de 500 euros para financiar ilegalmente una campaña de Rita Barberá. Según el singular criterio de este tribunal, no es lo mismo “dinero negro” que “dinero sucio”, y por tanto no había nada delictivo en recibir del PP dos billetes de 500 euros y volver a aportarlos al partido como supuesta donación personal. 

Esa misma sección de la Audiencia Provincial que preside Castellano fue también la que libró al PP de Valencia de otra derivada del caso Taula: la presunta financiación ilegal. Argumentaron que “no se sabe de dónde viene el dinero”, y que “bien podría ser una donación puntual”; 50.000 euros en una cuenta opaca del PP de Valencia.

La sección cuarta es también la que juzgó a Eduardo Zaplana por corrupción. En 2024, el exministro de Aznar fue condenado a diez años de cárcel, pero el tribunal decidió que por ahora siga en libertad, por no apreciar riesgo de fuga y porque la sentencia aún no es firme. La Fiscalía Anticorrupción se opuso a esta decisión.

El teléfono del despacho de Pedro Castellano apareció en una agenda telefónica en papel que la UCO incautó de la casa de la familia Barberá –probablemente pertenecía a la exalcaldesa de Valencia– durante uno de los registros del caso Azud. El resto de los teléfonos de esa agenda manuscrita eran una auténtica demostración de poder: en ella figuraban varios otros magistrados de la cúpula judicial valenciana. 

Una de las conexiones clave es la de Fernando de Rosa. Expresidente de la Audiencia Provincial de Valencia. Exvicepresidente y presidente en funciones del CGPJ, donde llegó nombrado por el PP. Conseller de Justicia con Francisco Camps. Senador y hoy diputado del Partido Popular.

En la agenda manuscrita encontrada en casa de Barberá no venía el nombre de Fernando de Rosa. Sí figuraba el móvil de su hermano, Alberto de Rosa, que ha sido durante años uno de los principales responsables de Ribera Salud, la empresa de la sanidad privada que gestionaba el polémico Hospital de Alzira, que el gobierno progresista del Botànic ordenó revertir. 

Aquella decisión del gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra salió muy cara a Ribera Salud –una empresa hoy de plena actualidad por su polémica gestión del Hospital de Torrejón, en Madrid–. Y Oltra después acusó a la familia De Rosa de estar detrás de su proceso judicial.

Había datos para sostener su acusación. La foto de un encuentro entre Francisco Camps, Alberto de Rosa y Cristina Seguí, la activista ultra que promovió su acusación. O que Ribera Salud contratara a la víctima de los abusos del exmarido de Oltra, y a su pareja, en el hospital de Torrevieja. O el testimonio de esta mujer, tiempo después.

En septiembre de 2022, medio año más tarde de que Oltra fuera forzada a dimitir, la denunciante de los abusos dio una entrevista al diario Levante-EMV. “Siento que me han utilizado y luego me han dejado tirada”, aseguró. Según la joven, ya veinteañera, Cristina Seguí le prometió trabajo y un piso en Madrid, algo que luego no cumplió. El empleo en el hospital de Torrevieja duró poco: ella y su pareja fueron despedidos cuando la Generalitat Valenciana recuperó ese hospital y dejó de estar gestionado por Ribera Salud.

Hace un año, esta mujer fue condenada a un año y ocho meses de cárcel por una estafa en Internet.

¿Y Mónica Oltra? ¿Qué hace hoy? Tras verse obligada a dimitir, volvió a trabajar como abogada. Sigue colaborando con su coalición, Compromís, pero sin capacidad de volver a la primera línea política. Quien fuera una de las dirigentes con más tirón y mejor valoración de toda la izquierda hoy sigue en dique seco. A pesar de este sobreseimiento, si la Audiencia Provincial fuerza el juicio, no podrá librarse de la mancha de este proceso penal hasta 2028. 

Como pronto, su martirio terminará seis años después de que fuera llamada a declarar. 

¿Te acuerdas del detective Sonny Crockett? ¿De su americana blanca con camiseta negra? ¿De sus coches deportivos? ¿De sus gafas de sol? Don Johnson le puso cara en ‘Corrupción en Miami’ (Miami Vice). Crockett tenía una identidad secreta: Sonny Burnett. Era el nombre que usaba para infiltrarse en una banda de narcotraficantes y llegar hasta su capo. Más tarde esa trama se complicó; las series de acción de los 80 eran así. En una temporada, Crockett recibe un golpe en la cabeza, pierde la memoria y termina trabajando como un narco, convertido en Sonny Burnett y olvidando su verdadera identidad.

En la cabeza de Alberto González Amador, esta historia sonaba espectacular. En 2022, la pareja de Isabel Díaz Ayuso utilizó la referencia televisiva para bautizar una empresa: ‘Burnet & Brown Investments’, con la que canalizó una inversión inmobiliaria en Boca Ratón, al norte de Miami. Solo quitó una letra: Burnet, en vez de Burnett.

Ese mismo apellido inventado es el que después sirvió para otra operación encubierta, en 2023. Para esconder todo lo posible que ese “técnico sanitario” con el que Isabel Díaz Ayuso había empezado una relación era, en realidad, un directivo del grupo Quirón: el principal contratista privado de la sanidad pública de Madrid. 

La exclusiva la publicamos este jueves en elDiario.es. Es una información de José Precedo, que ha destapado que Alberto González Amador figura oficialmente en la intranet de Quirón con una identidad falsa: “Alberto Burnet González”. Y confirma algo más: que nunca fue un simple “proveedor externo”, como en su momento se contó. Aparece en ese registro interno como “Director de Proyectos, Servicios Centrales”, adscrito a la oficina principal de Quirón Prevención. 

En vez de un Ferrari –como el que conducía Sonny Crockett–, Alberto Burnet tiene un Maserati, dos pisos en uno de los barrios más caros de Madrid y varios problemas con la Justicia: entre otros presuntos delitos, está procesado por fraude fiscal y acusado de corrupción (en Madrid, no en Miami). 

El grupo Quirón –como también desveló elDiario.es– ha facturado durante los últimos cuatro años casi cinco mil millones de euros de la Comunidad de Madrid: el doble de lo presupuestado. Al mismo tiempo los ingresos de González Amador procedentes de Quirón desde que es pareja de Ayuso se han multiplicado por cuatro. El “técnico sanitario” cobró un millón de euros de Quirón en 2021, el año en que se supo por primera vez de su relación.

La respuesta de Isabel Díaz Ayuso a nuestra última exclusiva sobre “Alberto Burnet González” es para enmarcar. “Yo creo que en un país libre cualquier ciudadano anónimo puede ponerse el correo electrónico que le da la mismísima gana”, asegura Ayuso, como si estuviera hablando de una dirección de hotmail y no de un perfil falso con el que se oculta su identidad y sus funciones en la intranet de la compañía. “Desde la prensa del régimen están acosando a un particular”, criticó también.

¿Un ciudadano “particular”? Ni siquiera el Tribunal Supremo lo ha considerado así, al no aplicar ese agravante en la injusta condena contra el fiscal general.

En cuanto a lo de “prensa del régimen”, merece una explicación más amplia. 

Esta semana, elDiario.es ha publicado varias exclusivas de enorme relevancia política. Investigaciones sólidas, documentadas, contrastadas. Algunas molestan a Isabel Díaz Ayuso o al Partido Popular –como nuestra portada del martes, cuando desvelamos que la Audiencia Nacional lleva dos años escondiendo en un cajón un informe policial que señala a María Dolores de Cospedal en la Kitchen–. Otras afectan al Gobierno y al PSOE, como nuestra investigación del caso Salazar.

En elDiario.es no ocultamos información ni aplicamos distintos raseros en función de quién sea el protagonista. Nuestros socios y socias lo saben bien y estos días tan convulsos para el Gobierno lo hemos vuelto a demostrar. 

Desde el primer momento, en portada, hemos informado al minuto de todas las novedades judiciales y policiales de los últimos y graves casos de corrupción que salpican al Gobierno. A diferencia de lo que ocurre en otros medios, nuestros lectores no reciben solo la mitad de la información. 

También ha sido elDiario.es el periódico que ha destapado las denuncias de varias mujeres contra quien fue altísimo cargo en La Moncloa, Paco Salazar; un caso que está erosionando la credibilidad del PSOE tanto o más que la corrupción. En julio, publicamos las primeras denuncias. Y ahora en diciembre, hemos desvelado que este partido ignoró durante cinco meses las denuncias de otras dos mujeres distintas –no son las mismas con las que hablamos en verano–. Hasta que no preguntamos por esas denuncias, el PSOE arrastró los pies.

Esta investigación de nuestros compañeros Esther Palomera y José Enrique Monrosi ha tenido una enorme repercusión. La que normalmente no tienen otras noticias de elDiario.es tan graves o más. Medios que suelen ignorar o desacreditar nuestro trabajo, en esta ocasión se han pasado varios días abriendo sus portadas o sus tertulias con nuestra exclusiva. Ahora sí nos dan credibilidad. 

Somos el único periódico que ha accedido a las denuncias y ha hablado directamente con las mujeres afectadas. Hoy detallamos, también en exclusiva, la investigación interna que ha hecho el PSOE, donde se da credibilidad a estas mujeres. Todos los entrecomillados del ‘caso Salazar’ que aparecen en los demás medios toman como única fuente la investigación de elDiario.es. Nadie más tiene información directa sobre este feo asunto, en un partido que presume de feminista y que, con estas denuncias, no ha hecho las cosas bien.

La pregunta es obvia. ¿Por qué los medios que niegan credibilidad a elDiario.es cuando habla de Ayuso sí se la dan cuando incomoda al PSOE? 

No es la primera vez que nos pasa. En 2015, cuando destapamos el escándalo de los máster fraudulentos de la Universidad Rey Juan Carlos, muchos medios se dedicaron a respaldar a Cristina Cifuentes. A intentar desacreditar nuestras fuentes o a poner en duda nuestra información. Pero unos meses después, cuando publicamos que una ministra socialista, Carmen Montón, también había recibido ese título universitario sin merecerlo, sí nos dieron credibilidad. 

Solo cuatro horas después de publicar las primeras denuncias contra Paco Salazar, el PSOE lo apartó tanto de La Moncloa como de ese puesto en la Ejecutiva socialista donde se le iba a nombrar. Lo mismo pasó con Montón, que dimitió apenas dos días después de nuestra primera información.

Pero parece que da igual lo que publiquemos de Isabel Díaz Ayuso, o del PP, o de Vox. El juego de la polarización hace que la presidenta de la Comunidad de Madrid sea impune frente a cualquier noticia que destapemos, por grave que sea. 

Es impune, en gran medida, por el papel de esos medios que solo incomodan al poder cuando está en manos de la izquierda. Esos que luego dan lecciones de independencia y de periodismo a los demás. Esos que nos acusan de formar parte del “régimen”, ocultando que el poder está muy repartido en España y que la derecha –incluso cuando pierde La Moncloa– siempre manda mucho más. 

¿Acaso Isabel Díaz Ayuso no tiene poder? ¿Ni todos los gobiernos autonómicos del PP? ¿No lo tiene el Tribunal Supremo? ¿Ni las grandes empresas?

Es un curioso periodismo que se presenta como irredento frente al poder… del “régimen sanchista”. Esa peculiar dictadura, la primera de la historia entre todos los gobiernos totalitarios que no controla ni a la prensa, ni a los jueces, ni a las fuerzas policiales de su propio país. Esa autocracia donde los tribunales persiguen con saña a la mujer y al hermano del “dictador”.

Mientras tanto, la impunidad de la derecha se muestra sin rubor. Y con el “régimen” de Madrid –el PP lleva ya treinta años seguidos gobernando esta comunidad– casi todos se ponen de perfil. 

Como resumió José Precedo: “Un gobierno paga 5.000 millones en cuatro años a una empresa. La empresa tiene a la pareja de la presidenta operando dentro con una identidad falsa. La pareja de la presidenta está investigada por corrupción en los negocios”. 

Por publicar esto hay quien nos tacha de “prensa del régimen”. Y es justo al revés.

P.D. Esta semana han emitido en La 2 un documental sobre mi carrera periodística: las exclusivas que salieron bien, las que casi nos estallan, las presiones, los errores y lo que nunca se ve desde fuera. También cuenta la intrahistoria de algunas investigaciones de elDiario.es, como aquel día en que acabé durmiendo en casa de Francisco Correa –el jefe de la Gürtel– y conseguí el papel con su confesión.

El programa se llama ‘En Primicia’. Puedes verlo completo, gratis, en RTVE Play.

Nada de lo que ocurre en Madrid se entiende sin Esperanza Aguirre. Sin las políticas de esta aristócrata-liberal que sembró buena parte de los desastres que hoy padecemos, incluido el deterioro de la Sanidad pública. Un legado terrible, levantado sobre la más absoluta impunidad.

Hace unos días –por fin– Esperanza Aguirre perdió algo en los tribunales. Es la primera vez, aunque solo le afecta de refilón: el condenado fue su marido, en un asunto en el que ella participó y del que también se lucró. Fernando Ramírez de Haro vendió un retrato de Goya por más de cinco millones y se comprometió por escrito a repartir el dinero con sus hermanos. Nunca lo hizo, así que uno de ellos, Íñigo Ramírez de Haro, le llevó a los tribunales. Tras un largo proceso judicial, acaba de ganar. El nombre de Esperanza Aguirre no figura en la sentencia, pero le tocará pagar: el matrimonio está en gananciales, así que tanto el botín del Goya como su devolución iban al mismo bolsillo común.

Aguirre no solo se benefició de la venta de ese Goya: también fue clave en toda la operación. El comprador –casualmente– fue el constructor Villar Mir, que en esas mismas fechas buscaba los permisos y un cambio en la ley del Gobierno regional para la operación Canalejas: un nuevo hotel de lujo levantado sobre varios edificios protegidos, que terminaron arrasados.

La sentencia es histórica por ser insólita. Que Aguirre salga mal de un juzgado es una rareza absoluta. Un unicornio. Un eclipse total de sol. Hablamos de la misma Esperanza Aguirre que se libró del Tamayazo, de la Gürtel, de la Púnica, de Fundescam, de modificar arbitrariamente una línea de metro que hundió varios edificios y hasta de fugarse de unos guardias de tráfico que la iban a multar.

No intentes repetir ni una sola de estas andanzas. Si no eres la lideresa del Partido Popular de Madrid, seguro que acabarías mal. Es la misma impunidad que Ayuso ha heredado, la que disfruta hoy.  

Esperanza Aguirre ganó varias elecciones a la Comunidad de Madrid con trampas, dopada con dinero negro. En la trama Púnica, se encontraron numerosas pruebas de financiación ilegal en el PP de Madrid –aún pendientes de juicio, porque para determinados asuntos la lentitud de los tribunales es brutal–. 

Tras varios meses imputada, la Audiencia Nacional decidió que no había indicios suficientes como para sostener que Aguirre supiera algo de esas campañas amañadas. La lideresa se libró, a pesar de que la Justicia encontró financiación ilegal en Fundescam –que ella presidía–, en el PP de Madrid –que ella presidía– y en el Gobierno autonómico –que casualmente también presidía–. 

Total, solo era la líder del partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid y quien decidía hasta el color de las viviendas de VPO –una vez que no le gustó un bloque de pisos lo ordenó repintar–. Pero del dinero negro con el que se pagaban sus mítines, según la Justicia, la lideresa nunca se enteró. 

¿Adivinan qué juez de la Audiencia Nacional decidió librar a Esperanza Aguirre de ese caso de corrupción? Exacto: el muy famoso Manuel García Castellón. El mismo que vio terrorismo en la muerte de un turista por un infarto, para así poder imputar a Puigdemont.

Más increíble aún fue cómo Aguirre se escapó sin un rasguño de otro proceso judicial: su fuga tras encararse con dos agentes de la Policía Municipal. Había parado el coche en pleno carril bus de la Gran Vía, en el centro de Madrid. Los agentes actuaron como harían con cualquier otra persona: le pidieron los papeles para sancionarla. Aguirre se encaró con ellos –“O multita o bronquita”– y acabó huyendo en el coche, derribando una moto policial y refugiándose en el garaje de su palacete, mientras los agentes la perseguían por las calles del centro.

Años después, supimos que detrás de una de las acusaciones populares que se personó en aquel juicio estaba el siniestro comisario Villarejo. Esperanza Aguirre habló con él para que dejara de molestar. Y lo logró. Hay un audio que acredita aquella conversación. 

El juez que investigó aquella fuga primero intentó rebajarla a una simple falta. La Audiencia de Madrid lo corrigió y le ordenó reabrir el caso. Más tarde archivó la causa, con argumentos asombrosos: “No está acreditada la desobediencia” porque los policías la persiguieron con las luces puestas pero no con las sirenas, y por eso ella no se enteró. También sostuvo que no había delito alguno en derribar la moto de uno de los agentes cuando salió de allí a todo gas –a punto estuvo de atropellarlo–. En su auto, el juez incluso pone en cuestión “la credibilidad” del testimonio de los policías; lo nunca visto.

¿Y quién fue este juez? Se llama Carlos Valle. Fue famoso en los 80 por ordenar una redada contra mujeres que supuestamente habían abortado. Más recientemente, fue el que investigó al humorista Héctor de Miguel por un chiste sobre dinamitar la cruz del Valle de los Caídos y que, durante el interrogatorio, comparó esa broma con amenazar con “volar la plaza de Pedro Zerolo” o “apedrear a homosexuales pederastas”. 

El Consejo General del Poder Judicial tramitó una queja contra él por estas palabras. Fue archivada sin sanción.

Pero volvamos a Esperanza Aguirre y ese trébol de cuatro hojas que la libra de todo mal en los juzgados. Aún más alucinante –y más caro– fue lo que ocurrió con el Hospital Puerta de Hierro, de la red pública de Madrid. Cuando se construyó en 2008, el plan era que sus 135 habitaciones fueran dobles. Pero a última hora el Gobierno de Aguirre decidió que no: que mejor que las habitaciones fueran individuales. Así se hizo, pero la Comunidad de Madrid siguió pagando a la concesionaria –a ver si pensabas que era público de los de verdad– como si el número de camas fuera el anterior. 

Durante nueve años, la Comunidad de Madrid pagó por 135 camas de hospital que nunca existieron. En total, aquella frivolidad de convertir las habitaciones dobles en individuales pero abonando el mismo precio acabó costando 30 millones de euros a las arcas públicas. La Fiscalía Anticorrupción pidió imputar a Esperanza Aguirre y al entonces consejero de Sanidad, Juan José Güemes, por prevaricación y por malversación. La jueza que llevaba el caso, Mónica Aguirre de la Cuesta, se negó.

El hospital Puerta de Hierro fue uno de los siete que Esperanza Aguirre construyó con este modelo de gestión. En este artículo de Raquel Ejerique se explican bien todos los escándalos que acompañaron a esa privatización encubierta, cuyas consecuencias estamos pagando hoy. 

Una de sus decisiones más polémicas fue acabar con los distritos sanitarios. Dar a cada madrileño la libertad de elegir a qué hospital quiere ir, sin importar dónde viva. La teoría liberal se vendió como una fórmula para poner a todos a competir. La práctica ha sido ese desastre que hoy ha aflorado en otro de esos hospitales, el de Torrejón.

La empresa que gestiona ese centro, Ribera Salud, cobra de la Comunidad de Madrid por dos conceptos. Primero, por los pacientes de la zona. Un canon por el que la empresa se compromete a atender a todos ellos, cuando caigan enfermos. Pero esa libertad de elección permite a este hospital competir por atraer a pacientes de otras áreas, que se cobran aparte.

¿El resultado de este modelo de incentivos? Que a Ribera Salud le sale más rentable atender a los vecinos que no son de Torrejón, porque por los otros no cobran más. Los audios que esta semana ha desvelado El País y los documentos que ha publicado elDiario.es demuestran las consecuencias de este modelo: es más importante el EBITDA que las listas de espera, aunque esto suponga prestar un peor servicio.

Hoy desvelamos una exclusiva más. La dirección del hospital de Torrejón modificó el triaje en Urgencias para calificar como leves a pacientes graves. Al mismo tiempo, atendían primero a los pacientes más leves que se presentaban en urgencias, para así aligerar la lista de espera y ganar más dinero con enfermos sencillos de atender. Todo esto solo se explica porque la rentabilidad era más importante que la salud de los madrileños.

Después de tres décadas de gobiernos del PP, el resultado a la vista está. Madrid es la autonomía que menos invierte por paciente de toda España. Y un 12% de toda su población –cerca de 800.000 personas– está esperando cita para que les vea un especialista. Al tiempo, el Gobierno de Ayuso ha pagado al grupo Quirón el doble de lo presupuestado durante los últimos cuatro años. 

Aguirre fue el molde, Ayuso es la réplica. Son los mismos métodos, los mismos abusos, y sobre todo la misma impunidad. Nada cambia porque nada les pasa. La historia se repite porque nunca se corrigió.

P. D. El próximo martes 9 de diciembre, a las 22:10, emiten en La 2 un documental sobre mi carrera profesional. Forma parte del programa ‘En Primicia’, que retrata la vida de distintos periodistas a partir de algunas de las noticias más importantes que han contado. ¡Espero que te guste! Me grabaron durante una semana, pero aún no he visto el resultado final. Aquí puedes ver el tráiler:

El todopoderoso José Luis Ábalos y su inseparable sombra, Koldo García, duermen desde el jueves en la prisión de Soto del Real. No parece que vaya a ser por poco tiempo. A diferencia de lo ocurrido con Santos Cerdán, es difícil imaginar que el exministro salga pronto de la cárcel. Ahora está en prisión preventiva, pero en muy pocos meses se celebrará su juicio. El año que viene tendrá ya una condena, que será firme al ser del Tribunal Supremo. Y esto es solo el principio: hay otros procesos penales contra él.

Imagino que Ábalos ya es consciente de cuál fue su penúltimo gran error: no haber renunciado al escaño. Si lo hubiera hecho —como le aconsejó por dos veces su anterior abogado, José Aníbal Álvarez— hoy no dormiría en Soto del Real. El aforamiento no siempre es un privilegio; a veces funciona justo al revés.

Si Ábalos hubiera dejado su escaño, su caso habría pasado del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional. Y allí, como ocurre con mucha frecuencia, se habría eternizado. Basta recordar el ejemplo más reciente: este mismo lunes arrancó el juicio contra los Pujol: once años después de que el expresident confesara que escondía dinero en Andorra.

Hay más casos ilustrativos del enorme retraso en la Audiencia Nacional. ¿Recuerdas a Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid? En 2016 entró en prisión preventiva por varios presuntos delitos de corrupción —estuvo once meses—. Luego salió, como ha ocurrido con Santos Cerdán. Volvió a trabajar en su plaza de funcionario, en el Ayuntamiento de Madrid. En 2021, terminó la fase de instrucción y, desde entonces, lleva cuatro años esperando juicio. Aún no hay ni fecha. 

En el Tribunal Supremo ocurre justo lo contrario. Allí no hay cola. Como los juicios penales con aforados se pueden contar con los dedos de una mano, los procedimientos avanzan a toda velocidad. Así fue con los líderes del procés; así fue con el fiscal general. Y en este caso de las mascarillas, tanto Ábalos como Koldo y el empresario Víctor de Aldama se sentarán en el banquillo en pocos meses: la instrucción ya está cerrada. Habrá juicio antes de la primavera, y sentencia antes del verano.

Si el motivo para encarcelar al exministro es el riesgo de fuga por las elevadas penas a las que se enfrenta, es evidente que llegará al juicio esposado, trasladado en un furgón desde Soto del Real. Con las numerosas pruebas que hay sobre la mesa, es difícil imaginar que salga libre después.

No tengo dudas de la corrupción de José Luis Ábalos. Las pruebas en su contra son apabullantes. Los indicios también, aunque aún siguen sin aparecer sumas millonarias. Todo es el cutrerío del dinero en efectivo –esas “chistorras” de 500 euros–, los contratos en empresas públicas y pisos para sus amantes o las vacaciones pagadas por empresarios. Que por ahora no haya cuenta en Suiza no le quita ni un ápice de gravedad. Ábalos es alguien que se aprovechó de su poder y se entregó a una vida excesiva, de juergas y prostitutas. Los corruptores vieron pronto su enorme punto débil. Y lo exprimieron muy bien.

Pero también los corruptos, como cualquier otro acusado, tienen derecho a un juicio justo. Y en este proceso penal hay algunas cosas muy discutibles.

Para empezar, su propia entrada en prisión preventiva. El juez Leopoldo Puente y la Fiscalía Anticorrupción consideran que existe riesgo de fuga, que es una de las causas excepcionales por las que se puede encarcelar a alguien antes de ser juzgado. Sin embargo, es dudoso que tanto Ábalos como Koldo se pudieran fugar. ¿Adónde? ¿Por dónde? En un mundo tan globalizado, unas personas tan famosas y reconocibles no llegarían muy lejos. La última fuga relevante fue la de un profesor pederasta, que escapó a Cuba y al que han detenido en solo cuatro meses, a pesar de que no era alguien cuya cara saliera cada día por televisión. Y el precedente que algunos citan —Puigdemont y los demás líderes independentistas— no es comparable: cuando se fueron de España no estaban siquiera imputados y mantenían el pasaporte. 

La entrada en prisión preventiva de Ábalos no solo parece desproporcionada por su escaso riesgo de fuga sino por su condición de diputado. Encarcelar a un parlamentario cuando no hay aún una condena firme tiene unas enormes implicaciones democráticas, porque afecta a los derechos de muchísimos ciudadanos: de todos quienes le votaron. El Supremo, con este paso, está modificando las mayorías en el poder legislativo. Y lo mínimo habría sido que, en su auto, el juez Leopoldo Puente ponderara a fondo este impacto institucional. No lo hizo: apenas le dedicó una frase ininteligible.

La otra rareza de este proceso penal es su velocidad. Parte de la explicación está en el propio Supremo, que apenas celebra juicios penales. Pero no solo. Esta rapidez ha sido posible gracias a una decisión previa: partir toda la causa en varios trozos, para que este primer caso pudiera ir a juicio en tiempo récord.

Los problemas judiciales de Ábalos son un circo de tres pistas: tres casos distintos, en dos juzgados. La primera es esta causa en el Supremo, centrada en las mascarillas, las contrataciones de mujeres en empresas públicas y los favores de Aldama al exministro: está a meses de juzgarse. El juez Puente la separó del resto para poder cerrarla cuanto antes. La segunda es la presunta trama de amaño de obra pública, también en el Supremo, donde está imputado Santos Cerdán y que sigue en instrucción. Y la tercera está en la Audiencia Nacional, donde se investigan otras derivadas del caso Koldo que también afectan a Ábalos.

Ese reparto en dos juzgados distintos es difícil de justificar. Lo normal, cuando hay un aforado, es que todos los delitos y todos los acusados se vayan al tribunal de mayor rango, en este caso el Supremo. Pero aquí no ha ocurrido. Al Supremo con las mascarillas solo han llegado Koldo, Aldama y Ábalos. Ni siquiera está incluido el empresario que vendió esas mascarillas, Juan Carlos Cueto: sigue imputado en la Audiencia Nacional, pero no será juzgado en este primer juicio en el Supremo.

No se entiende que buena parte del caso Koldo, donde Ábalos es coprotagonista, siga en la Audiencia Nacional y no se haya unificado en el Supremo. Ambas historias están entrelazadas. El auto de procesamiento del Supremo describe, por ejemplo, las gestiones de la trama en favor de una petrolera, Villafuel, a cambio de un chalet que Ábalos utilizó durante varios meses. Ni Claudio Rivas, el empresario que presionó para esa gestión, ni Carmen Pano, la administradora de la empresa dueña del chalet que usaba Ábalos, están imputados en el Supremo. Tampoco serán juzgados en esta causa, que sigue por separado en la Audiencia Nacional.

Esta anomalía solo cobra sentido si metemos las prisas en la ecuación: si la causa completa hubiera ido al Supremo, el proceso penal habría sido más largo. El juez no habría podido dictar tan rápido su auto de procedimiento abreviado —el paso previo a mandarle al banquillo, que es donde está ese caso hoy—. Tampoco se podría argumentar un riesgo de fuga por un juicio tan inminente. En resumen: es muy posible que el calendario judicial de Ábalos no habría encajado, como un guante, con los próximos procesos electorales. Tampoco habría una condena en 2026.

En su defensa, Ábalos cometió un primer error al no renunciar al aforamiento. Y un segundo, más reciente: pensar que podía librarse de la cárcel esparciendo basura contra su antiguo partido.

Esta última semana, a medida que Koldo y Ábalos tomaban conciencia de su negro futuro penal, han empezado a difundir todo tipo de acusaciones contra el PSOE. Algunas de ellas, aún sin publicar, son especialmente rocambolescas —una que incluye armas de fuego sin licencia que Koldo habría destruido—. La estrategia, sin embargo, es evidente: poner en marcha el ventilador. Difundiendo esa supuesta reunión secreta entre Otegi y Sánchez, que ambos niegan. O la enésima insinuación contra Begoña Gómez por el rescate de Air Europa, ya desestimada por los tribunales en varias ocasiones.

La amenaza de “tirar de la manta” no parece que le haya funcionado. Ábalos sigue buscando que su partido le pague los costes de defensa —sin éxito—. Tampoco es realista que el apoyo del PSOE sirviera para evitar su entrada en prisión. Algo imposible: este Gobierno no tiene ninguna influencia en un Tribunal Supremo que considera hostil. 

A través de terceras personas, sí ha habido algunos contactos con el PP. Que tampoco han servido de mucho, como demuestra su actual situación. 

Es probable que el ventilador continúe. Pero dudo que le sirva a Ábalos para que la Fiscalía rebaje sus peticiones de pena en este primer juicio. Como explicó el propio juez Puente en el auto donde lo manda a prisión, a estas alturas de la película casi todo está probado: “parece poco relevante” lo que “el acusado pudiera aportar”.

Quizá Ábalos aún piense que tiene margen para “tirar de la manta”. Es probable que lo intente, aunque sea por venganza. El daño para la credibilidad del PSOE y del Gobierno ya es enorme, pero siempre puede aumentar. 

Ábalos era el ministro con mayor presupuesto. Ahora también es el segundo secretario de organización del PSOE que acaba en prisión en apenas unos meses. Y entra en la lista, incómoda y poco frecuente, de ministros indecentes que pasaron por la cárcel: José Barrionuevo, Jaume Matas, Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana. Y ahora, José Luis Ábalos: el hombre que defendió en el Congreso la moción de censura contra la corrupción del PP y que, de forma amarga, completa el círculo. 

Ya casi da igual que renuncie al escaño. Su salida del Congreso para entrar en la prisión abre una sima política de la que al Gobierno le será muy difícil escapar.

La del fiscal general del Estado ha sido una condena a la verdad. 

Ganan las mentiras de Miguel Ángel Rodríguez e Isabel Díaz Ayuso, las acusaciones ultras, los bulos y quienes publicaron esas falsedades. Gana el comisionista defraudador. Pierde el periodismo que comprueba las noticias, pierde el fiscal general, pierde la verdad. Y pierde también la Justicia. Su imagen ante los ciudadanos queda de nuevo deteriorada por una condena muy difícil de explicar.

Tengo una enorme curiosidad por conocer los argumentos: qué camino seguirán estos jueces del Supremo para justificar su decisión. Seguro que serán creativos, seguro que nos sorprenderán. Es el mismo Supremo que validó la estrambótica investigación del juez García Castellón, que vio una víctima del terrorismo en un turista muerto por un infarto durante unas protestas en el aeropuerto de El Prat. Los que después inventaron el enriquecimiento sin riqueza para no aplicar la amnistía a Puigdemont. Ahora nos van a explicar en qué consiste la revelación de secretos sin secretos. Muy capaces siempre son.

Es el mismo Tribunal Supremo donde las monedas caen siempre del mismo lado: a la derecha. Donde se aprecia, cada vez más, el éxito rotundo de aquella estrategia que impulsó Federico Trillo hace tres décadas, con los bloqueos en la renovación del CGPJ cada vez que perdían las elecciones. Un plan que Ignacio Cosidó resumió después con precisión: controlar el Supremo “desde detrás”.

La Justicia suele ser lenta. Previsible. Garantista. Es justo lo que no ha ocurrido en este juicio al fiscal general. No se recuerda un proceso penal más rápido ni una condena más impredecible. Y tampoco ha sido un proceso garantista: para perseguir un delito menor, que rara vez se investiga, ordenaron medidas tan desproporcionadas como el registro completo al despacho del fiscal general. Ni siquiera así encontraron pruebas. Ha dado igual.

Es también el último capítulo de una historia aún mayor: la de la impunidad de Isabel Díaz Ayuso y su familia. Esa protección especial que permite a la presidenta de la Comunidad de Madrid salir indemne de asuntos que hundirían a cualquier otro político. Ya van cuatro escándalos que siempre ha logrado salvar con mentiras, con otros pagando los platos rotos y con el viento de la Justicia siempre a favor.

Primer acto: el pufo de Avalmadrid

Ocurrió en 2011. Leonardo Díaz, padre de Isabel Díaz Ayuso, pidió a Avalmadrid –una financiera semipública que depende del gobierno autonómico– un préstamo de 400.000 euros. Como garantía presentó una nave ilegal cuyo valor no cubría ni de lejos la deuda. Los técnicos advirtieron por escrito del riesgo, pero el crédito se aprobó igual.

Poco después, Ayuso intervino personalmente: en julio de 2011 envió correos e hizo llamadas a la viceconsejera de Economía para evitar el embargo. No usó la ventanilla del ciudadano común. Era asesora de Esperanza Aguirre y, tras esas gestiones, entró como diputada en la Asamblea de Madrid.

Cuando tocaba pagar la primera cuota, su padre dimitió de la empresa y, 48 horas después, acudió a un notario para donar sus propiedades a sus hijos: el piso de Madrid para Isabel; la finca de Sotillo de la Adrada para Tomás. El préstamo nunca se recuperó. La familia Ayuso no devolvió ni un euro. El pufo lo pagamos entre todos, con dinero público.

Varias organizaciones intentaron llevar el caso a los tribunales. Todas fracasaron. En 2021, la Sala de lo Penal del Supremo –la misma que ahora ha condenado al fiscal general– rechazó investigar una de las querellas argumentando que Ayuso “no intervino en la operación”, “desconocía la deuda” y tampoco conocía “la situación económica de la empresa”. Falso, como demuestran sus correos y gestiones. Otro juzgado archivó también otra denuncia contra Tomás Díaz Ayuso en 2022 alegando prescripción.

Segundo acto: la comisión de las mascarillas

La historia también empieza en Sotillo de la Adrada, ese pueblo de Ávila donde Tomás Díaz Ayuso heredó una finca para que no fuera embargada por Avalmadrid. Los Ayuso veraneaban de niños allí y, en esa infancia, conocieron a Daniel Alcázar, un empresario ganadero que también se dedicaba al textil.

En abril de 2020, mientras en España morían 700 personas al día, la Comunidad de Madrid adjudicó a dedo un contrato de 1,5 millones de euros para comprar mascarillas a la empresa de Daniel Alcázar, que nunca antes se había dedicado al negocio sanitario. Fue otra exclusiva que también desvelamos en elDiario.es. Poco después, descubrimos que el hermano de Ayuso, Tomás, se había llevado una comisión de 234.000 euros de esa operación. 

Isabel Díaz Ayuso salió de este embrollo gracias a un enorme bulo que su prensa afín se encargó de amplificar. Acusó a Pablo Casado de haber contratado espías para investigarla, algo que nunca ocurrió. Miguel Ángel Rodríguez volvió a hacer su magia: en vez de hablar de las comisiones de Tomás, el debate en los medios conservadores giró hacia el falso espionaje a Ayuso. Casado no aguantó ni una semana. Aquella mentira fue muy eficaz: permitió –un simbólico 23F– desencadenar un golpe interno en el PP que acabó con su destitución inmediata y con Alberto Núñez Feijóo convertido en nuevo presidente del partido.

¿Y en la Justicia? Las denuncias contra los Ayuso tampoco prosperaron. La Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea investigaron sendas denuncias, pero las acabaron archivando. ¿Los argumentos? Que no está probado que Isabel Díaz Ayuso interviniera en la operación y que Tomás Díaz Ayuso no era dueño de la sociedad que le pagó la comisión.

Tercer acto: los muertos en las residencias

Al tiempo que Tomás Díaz Ayuso se forraba con la pandemia, el Gobierno de la Comunidad de Madrid puso en marcha un protocolo inhumano para las residencias de ancianos: negar el traslado a los hospitales de aquellos enfermos con deterioro cognitivo o alta dependencia física. Solo afectó a los pacientes de la pública: quienes tenían un seguro privado sí fueron derivados a un hospital.

Este protocolo disparó las muertes de ancianos en las residencias de Madrid, muy por encima de la media de otras comunidades. La mayoría de ellos falleció sin atención médica ni paliativos, ahogados en sus camas. Fueron 7.291 muertos.

La mayoría de los intentos de judicializar estas muertes se ha topado con enormes obstáculos. Especialmente por el papel de la Fiscalía Superior de Madrid, que encabeza Almudena Lastra. Según su criterio, el protocolo “no funcionó como impedimento” para las derivaciones y estos enfermos recibieron en las residencias “un tratamiento hospitalario similar”. Ambas afirmaciones son rotundamente falsas. 

Es la misma Almudena Lastra que declaró en contra del fiscal general y que nunca fue imputada por la filtración de este correo, a pesar de que fue una de las personas que tuvo acceso a él. 

Cuarto acto: dos pisos comprados tras un fraude fiscal

Mientras Tomás Díaz Ayuso se forraba, mientras 7.291 ancianos morían abandonados, hubo otra persona que también encontró en la pandemia su mina de oro personal: Alberto González Amador, la pareja de Ayuso. Dos millones de euros por una comisión de compraventa de mascarillas en plena emergencia sanitaria. Una fortuna de la que luego intentó arañar 350.000 euros más a costa de los impuestos que debía pagar.

La exclusiva también la contó elDiario.es. Una noticia que no ha podido ser desmentida porque publicamos la verdad. Igual que fue elDiario.es quien destapó esa extraña operación con la mujer de su jefe: medio millón de euros por una empresa que no facturaba ni la décima parte. Una compraventa que presuntamente sirvió para pagar un soborno al presidente de Quirón Prevención, tal y como hoy investiga la Justicia.

El juzgado está esperando un informe de la UCO. Uno que está tardando muchos meses en llegar. 

Hace apenas dos semanas, Alberto González Amador aseguró en el Supremo que el banco “le había cortado la financiación”. Sus problemas de crédito han durado poco –o en eso también mintió–. El día antes de la condena al fiscal general se supo que el muy honesto comisionista se ha comprado ese ático de lujo que en realidad siempre usó; el que estaba a nombre de una empresa administrada por uno de sus abogados. La banca le ha aprobado una hipoteca de 600.000 euros.

Alberto González Amador sigue pendiente de sentarse en el banquillo de los acusados, aunque hoy cuenta con una baza más: una condena al fiscal general del Estado que, sin duda, intentará utilizar para exculparse de sus presuntos delitos. Su pareja, Isabel Díaz Ayuso, ya ha empezado ese trabajo. En una intervención institucional plagada de mentiras, acusó al presidente del Gobierno de ser un dictador.

Es una dictadura muy peculiar. Una donde la familia del supuesto dictador es arrollada por la Justicia mientras una de sus principales opositoras se libra siempre de cualquier responsabilidad. 

Nada tiene consecuencias para la presidenta de la Comunidad de Madrid ni para su entorno, por más que se acumulen los escándalos. 

Todas las irregularidades, fraudes y mentiras de Isabel Díaz Ayuso terminan siempre en lo mismo: la exoneración de los suyos y el señalamiento, las amenazas o incluso la condena de quien se atreve a investigarlos.

Quiero pensar que, algún día, esa impunidad pueda terminar. Que esa soberbia infinita, ese desprecio permanente por la honradez y la verdad, acabe teniendo consecuencias. Quienes se creen tan por encima de los demás, tarde o temprano, siempre cometen un grave error.

¿Cómo salir de este atolladero? ¿Cómo cerrar la enorme herida que la propia Justicia se ha hecho a sí misma con este escandaloso proceso penal?

El Tribunal Supremo ha concluido el juicio contra el fiscal general sin encontrar las pruebas que buscaba. Más bien al contrario. Los testimonios de varios periodistas acreditan que ese secreto que le acusan de haber revelado circulaba por cinco redacciones de Madrid mucho antes de que lo conociera Álvaro García Ortiz. 

No es siquiera una novedad. Todo esto ya había quedado claro durante la instrucción. Y si hoy estamos aquí, con este papelón, es por la cuestionable decisión de los tres jueces que, con sospechas endebles, decidieron sentar en el banquillo al fiscal general: Ángel Hurtado, Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres.

Son tres jueces con nexos muy llamativos con la derecha. Uno quiso absolver al PP de la Gürtel. Otro fue nombrado fiscal general por el PP. Y el tercero, también conservador, tiene a media familia militando en el Partido Popular.

Todo de lo más normal.

Ángel Hurtado, el instructor. El único juez del tribunal de la Gürtel que se opuso a que el PP fuera condenado a título lucrativo. El único que se opuso a que M. Rajoy fuera citado como testigo a declarar. Fue también quien se ocupó de evitar las preguntas más incómodas para el presidente del PP. Quien más tarde decidió que la mujer de Luis Bárcenas, tras su primera condena en la Audiencia Nacional, no tuviera que entrar a prisión. 

Dos años después de su papel estelar en la Gürtel, el CGPJ de mayoría conservadora –y con su mandato caducado– le nombró para el Tribunal Supremo. 

Julián Sánchez Melgar, uno de los tres jueces de la Sala de Apelaciones del Supremo que avaló el procesamiento de Álvaro García Ortiz. También es conservador. Llegó al Supremo en enero de 2000, elegido por otro CGPJ con mayoría de derechas. Tenía solo 44 años y venía de presidir la Audiencia Provincial de Ávila –Ángel Acebes, antes alcalde de esa ciudad, fue su principal valedor–. Fue el ponente de la doctrina Parot, que fue anulada en 2013 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A pesar de ese revés, en 2017 fue nombrado fiscal general del Estado por Mariano Rajoy.

Eduardo de Porres es el tercero de los jueces del Supremo que han sentado en el banquillo al fiscal general –confirmó el procesamiento desde la Sala de Apelaciones–. Es también conservador, de la APM. Fue nombrado para el Supremo en 2018, por el CGPJ nacido de la mayoría absoluta de Rajoy. Fue el ponente de la sentencia de los ERE, anulada parcialmente por el Tribunal Constitucional. Y su mujer y su hijo militan en el Partido Popular.

En 2022, cuando se supo de la militancia del PP de la familia de este juez, De Porres anunció que su mujer se daría de baja. Pero tras ese anuncio, ella ha seguido haciendo campaña por el PP. Aparece en varias fotos oficiales junto a los líderes del partido en Madrid, Alfonso Serrano e Isabel Díaz Ayuso. La misma Ayuso cuya pareja acusa al fiscal general. 

Además de Javier Sánchez Melgar y Eduardo de Porres, en esa Sala de Apelaciones que confirmó la apertura del juicio oral contra el fiscal general había otro juez más: Andrés Palomo. Es también conservador, como la mayoría de los jueces del Supremo. Pero Palomo sí dijo, alto y claro, lo que muchos pensamos sobre este proceso penal. Un sólido voto particular donde este magistrado argumentó que no había pruebas suficientes para encausar al fiscal general.

Palomo desmontó uno por uno los supuestos “indicios” del instructor: recordó que el correo filtrado llevaba días circulando por varias redacciones, que el borrado del móvil no constituye prueba alguna, y que su teléfono contenía comunicaciones institucionales muy sensibles. Incluso sin contener prueba alguna contra él, si no lo hubiera borrado, habría sido “prácticamente inviable sobrepasar indemne el escrutinio público” de sus mensajes, argumentó este juez. 

A juicio de Palomo, no se le puede pedir a un acusado que “acredite su inocencia”: “El derecho penal de autor no tiene respaldo constitucional”. No había indicios suficientes para llevar a juicio al fiscal general.

No había pruebas entonces. Sigue sin haberlas hoy. Y es también muy preocupante la forma de investigar de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La manera de manipular unos mensajes de whatsapp, la forma de recortar una conversación para que dijera lo que no decía. Por menos que esto, ha tenido que dimitir el director de la BBC.

A ojos del jefe de la unidad de delitos económicos de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, el fiscal general es culpable porque tuvo “dominio de hecho a todos los niveles”. Su argumento es peculiar: como la Fiscalía es jerárquica, y todos los documentos filtrados estaban allí, el responsable solo puede ser el jefe: el fiscal general. 

Siguiendo esta misma lógica, como la Guardia Civil es también jerárquica, Antonio Balas sería el responsable directo de todos los informes de la UCO que se han filtrado e hizo su unidad. Entre otros, –qué ironía– la propia investigación contra el fiscal general. 

El teniente coronel Balas tampoco quiso investigar a ningún otro sospechoso que no fuera el fiscal general. A pesar de que ese famoso correo estuvo al alcance de varios centenares de personas, descartaron cualquier otra posibilidad. “Eso habría sido una investigación prospectiva”, defendió Balas ante el tribunal –lo que generó carcajadas en parte del público presente en la sala–. Y es que es justo al contrario. Se investigaba un presunto delito, la filtración del correo. Pero la Guardia Civil y el juez instructor desecharon cualquier otra hipótesis que no pasara por el fiscal general. 

¿Y ahora? ¿Qué hará el Tribunal Supremo? Aún es una incógnita, y el hecho de que –pese a la falta de pruebas– todos dudemos de cuál puede ser la sentencia dice mucho, y nada bueno, sobre la confianza en la Justicia y su falta de previsibilidad. Según distintas fuentes, el tribunal planea encerrarse lo antes posible para deliberar. Quieren que la sentencia llegue pronto. Dudo muchísimo que vaya a ser por unanimidad. 

Entre los siete jueces que sentenciarán al fiscal general, la derecha vuelve a tener una mayoría abrumadora. De los siete, solo dos son progresistas. Es siempre así en el Supremo, un tribunal sesgado hacia la derecha. A la cúpula de la justicia española solo se asciende con el nombramiento del CGPJ y la estrategia de décadas del PP –bloquear la renovación de este consejo cada vez que pierden las elecciones– ha sido muy eficaz.

Es llamativo que las acusaciones hayan recuperado un asunto que se veía como superado: el de la nota de prensa que publicó la Fiscalía el 14 de marzo sobre este asunto. 

El fiscal general siempre se ha hecho responsable de ella, desde el primer momento. Fue la vía que usó el TSJ de Madrid para pedir al Supremo su imputación. Pero cuando el Supremo abrió la investigación, dejó de un lado este tema al considerar que el contenido de esa nota ya no era ningún secreto: cuando se difundió, ya estaba toda la información publicada en varios medios. Tampoco el juez Hurtado, durante su instrucción, puso mayor interés en profundizar en este asunto. 

Que las acusaciones hayan vuelto a incidir en esa nota de prensa, durante el tramo final del juicio, demuestra su frustración. No han encontrado nada mejor a lo que aferrarse. Y sería escandaloso que, tras decir que allí no había secreto alguno, el Tribunal Supremo use ahora esa nota de prensa para condenar al fiscal general. Porque son exactamente los mismos jueces: los cinco magistrados que firmaron la admisión a trámite, donde se restaba importancia a esa nota de prensa, hoy forman parte del tribunal que juzga al fiscal general.

Sea cual sea la sentencia, hay algo seguro: llegará antes que el propio juicio contra Alberto González Amador. Esa víctima de “todos los poderes del Estado” que cobró dos millones de euros en comisiones por material sanitario en lo peor de la pandemia; que presuntamente pagó una mordida de medio millón a su compadre de Quirón; que defraudó 350.951 euros a Hacienda; y que después invirtió buena parte de ese dinero en dos casas de lujo. Una en propiedad. Otra en un curioso régimen de alquiler con opción a compra, donde el casero es su propio abogado. 

Dos viviendas donde hoy disfruta de la vida, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, mientras el fiscal general se juega ir a la cárcel por un secreto que nunca fue tal.