Aviso: el boletín de este sábado es más largo de lo habitual. Hay que hablar de muchos temas: Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez, Alberto González Amador, Cristóbal Montoro… 

Porque todo pasa por los juzgados, en la acelerada política española. Pero no todo pasa bajo el mismo criterio ni con la misma velocidad.

Esta semana, arrancó el juicio por el presunto enchufe a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. También esta semana, el juez Peinado citó a Begoña Gómez para el último trámite antes de sentarla en el banquillo; amenazó incluso con detenerla si no acudía en persona, algo de dudoso encaje legal. 

Ambas denuncias tienen muchísimo en común, no solo la relación con Pedro Sánchez. Ambas llegaron casi a la vez, en la primavera de 2024. Ambas están presentadas por Manos Limpias, el pseudosindicato de ultraderecha. Y ambas incluían noticias falsas: el bulo de que Begoña Gómez había recibido una subvención –era una hostelera cántabra del mismo nombre–, o los supuestos 1,4 millones de euros en acciones del BBVA de David Sánchez que en realidad eran solo 71.000 euros.

Ambas denuncias tampoco se explican sin otra noticia, que publicamos pocas semanas antes.

El 12 de marzo de 2024, elDiario.es destapó el fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso. 

Al día siguiente, el 13 de marzo, Isabel Díaz Ayuso defendió con mentiras que era justo al revés: que era Hacienda quien debía dinero a su pareja. Ese mismo día acusó al Gobierno de Sánchez de una “operación para destruirla”: para tapar la corrupción de Pedro Sánchez con referencias veladas a su mujer.

A lo largo del mes de marzo, el argumento de que la “persecución contra González Amador” era para proteger a la familia de Pedro Sánchez fue creciendo en los altavoces de la derecha. Es completamente falso: la inspección fiscal contra la pareja de Ayuso arrancó en 2022, dos años antes de las primeras informaciones contra Begoña Gómez o el hermano de Pedro Sánchez. Pero la verdad nunca ha frenado a Ayuso. Ni tampoco a Miguel Ángel Rodríguez.

El 16 de abril, el juez Peinado arrancó bajo secreto de sumario la investigación contra Begoña Gómez.

Justo al día siguiente, el 17 de abril, el jefe de gabinete de Ayuso ponía este tuit. 

El 24 de abril, la investigación de Peinado contra Begoña Gómez salía a la luz. Y apenas un mes más tarde, el 29 de mayo, llegó la denuncia de Manos Limpias contra David Sánchez. 

Han pasado justo dos años desde esa denuncia contra David Sánchez hasta el inicio de su juicio. Begoña Gómez, por su parte, está al borde del banquillo. Pero, ¿qué ha sido de González Amador?

La pareja de Ayuso tiene dos causas judiciales en marcha. Una es por el fraude fiscal y las facturas falsas que presentó ante Hacienda. Esa parte de la instrucción ya está terminada –no tenía gran complejidad–, pero el inicio del juicio no se espera hasta 2027, como pronto. 

Alberto González Amador también está imputado por corrupción en los negocios y administración desleal. La justicia investiga si pagó una mordida de 500.000 euros a un directivo de Quirón que previamente le facilitó una comisión de dos millones de euros por la venta de mascarillas. No parece llevar mucha prisa.

El 25 de julio de 2025, la jueza que instruía el caso contra González Amador pidió a la UCO –la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil– un primer informe sobre este presunto soborno. Para entonces, Peinado no solo había pedido varios informes a la UCO sobre Begoña Gómez: ya había recibido dos. 

Poco después de pedir ese informe sobre González Amador, la jueza se jubiló. El nuevo titular del juzgado, Antonio Viejo, se incorporó en otoño de 2025. El 31 de octubre de 2025, la UCO recibió al fin formalmente la primera petición para investigar la presunta mordida de González Amador.

El 19 de diciembre de 2025, la UCO pidió a este juez una autorización para poder entrar en las cuentas bancarias de González Amador y sus empresas. Es apenas un trámite, para poder cumplir con la orden anterior y poder presentar ese informe.

Ha pasado medio año y ese trámite sigue pendiente. Desde el TSJ de Madrid aseguran que Antonio Viejo ha tenido que “empezar de cero” en su juzgado para ponerse al día con todos los asuntos pendientes, y que ha priorizado aquellas causas con preso, donde hay alguien en prisión preventiva.

Han pasado dos años desde aquella primavera en la que todas estas causas judiciales arrancaron. Tiempo suficiente para investigar, juzgar y condenar al mismísimo fiscal general. 

El caso Montoro

Hay ocasiones en las que la justicia es rápida. En otras es lenta. Unas veces extrema las garantías. En otras, parece olvidarlas.

En otro juzgado, en Tarragona, hay una causa judicial que avanza a trompicones, al ritmo del caracol: el caso de Cristóbal Montoro y su “Equipo Económico”: una empresa que presuntamente cobraba fortunas a cambio de leyes a medida y otros favores del Gobierno de Rajoy. 

La primera pista apareció en otra causa judicial: un correo electrónico de los directivos de una empresa de gas, donde hablaban de cómo lograr una rebaja fiscal para su sector. “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda”, se leía literalmente en uno de esos correos. 

Aquella investigación llegó al juzgado en 2018 y siguió viva en gran medida por el tesón de una fiscal de Anticorrupción, Carmen García Cerdá. En diciembre de 2021, esta fiscal pidió permiso para investigar los correos electrónicos del Ministerio de Hacienda, incluido un buzón atribuido al propio Montoro donde presuntamente recibía también filtraciones de datos reservados de contribuyentes con los que él o su gobierno tenían enemistad.

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, se negó. Argumentó que era “desproporcionado”, que no había indicios suficientes.

“Somos fiscales, me cuesta que tengamos dudas de investigar”, defendió la fiscal García Cerdá. Incluso forzó una votación en la Fiscalía Anticorrupción –es una posibilidad que tienen en caso de discrepar de una orden–, pero ganó la posición del jefe, Alejandro Luzón.

La fiscal García Cerdá recurrió entonces a una vía irregular. Habló con los Mossos para intentar que fueran ellos los que pidieran al juez acceso a ese mail. No lo logró: nadie ha mirado aún en ese correo. Y aquella gestión con los Mossos le acabó costando una sanción, por desobedecer la orden de su superior. Mil euros de multa, que fueron impuestos por la Fiscalía durante la etapa de Álvaro García Ortiz. Todo esto, en más detalle, está explicado en este artículo de Pedro Águeda en elDiario.es. Hace ya un año.

La investigación lleva en marcha desde 2018: ocho años. Montoro fue imputado en 2021: hace cinco años. Por ahora, aún no ha sido llamado siquiera a declarar. Tampoco se ha registrado su despacho. No se sabe si este caso algún día llegará a juicio, o si se archivará. Lo que sí es seguro es que cualquier posible condena al exministro de Hacienda vendría con un atenuante: por el enorme retraso de la instrucción.

El caso Zapatero

Al igual que con Montoro, la investigación se inicia con unos mensajes de unos empresarios que dicen haber pagado a una empresa vinculada con Zapatero para lograr un trato de favor de la administración. El inicio de esta historia es prácticamente el mismo. El proceso que ha seguido no.

Esas conversaciones de WhatsApp que apuntan a Zapatero principalmente salen del teléfono móvil de Rodolfo Reyes: un empresario venezolano que fue propietario del 40% de Plus Ultra. El 9 de mayo de 2021, en el aeropuerto de Miami, las autoridades estadounidenses clonaron su teléfono móvil antes de deportarle a Panamá. En aquel momento, el presidente de EEUU era Joe Biden. Pero la gran duda es otra. ¿Cuándo se mandaron esos mensajes desde Estados Unidos hasta la Audiencia Nacional? ¿Bajo qué administración?

En el sumario del caso Zapatero no aparece la fecha exacta –y es raro, siendo como es una de las pruebas decisivas–. La primera mención figura en un informe de la UDEF del 22 de abril de 2026. Y según ha publicado Miguel Ángel Campos en la Cadena SER, esta colaboración con la Policía del Homeland Security estadounidense se produjo entre febrero y marzo de 2026. Cinco años después de que Estados Unidos tuviera esos mensajes en su poder.

Son las mismas fechas en las que arreciaron las críticas de Donald Trump contra Pedro Sánchez por la posición de España contra la Guerra de Irán.

El caso Leire

Hay asuntos que jamás prosperan en los juzgados. La Operación Catalunya, por ejemplo, que nunca se ha querido investigar. O buena parte de las grabaciones de Villarejo, que duermen el sueño de los justos en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 

Otros asuntos son tan golosos que hasta se implican dos juzgados a la vez.

Las maniobras de la fontanera del PSOE Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset ya estaban bajo la lupa de la justicia desde hace casi un año. El juez Arturo Zamarriego, del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, empezó a investigar en julio de 2025 el presunto intento de soborno a un fiscal de este grupo. También las pesquisas de Leire Díez para lograr información comprometida contra los mandos de la UCO o de la Fiscalía Anticorrupción para así descarrilar las investigaciones judiciales abiertas contra el PSOE. Son reuniones donde Leire Díez prometía tratos de favor del Gobierno o de la Fiscalía que no consta que se cumplieran.

En la Audiencia Nacional, desde finales del año pasado, el juez Santiago Pedraz también investiga a Leire Díez, pero por otra cuestión: el presunto cobro de comisiones ilegales. Una trama donde Díez trabajaba junto a Antxon Alonso –supuesto socio de Santos Cerdán en la constructora Servinabar– y el exdirector de la SEPI Vicente Fernández. Ese juzgado fue el que ordenó la detención de los tres, en diciembre de 2025.

Esta semana, la Audiencia Nacional mandó a la UCO a la sede del PSOE de Ferraz, a reclamar documentos ante los indicios que apuntan a que el partido pagaba a Leire Díez a través de empresas interpuestas. Según la UCO, estos pagos llegaban por medio de la consultora del histórico dirigente del PSOE andaluz Gaspar Zarrías. O a través de dos despachos de abogados: el de Ismael Oliver –que fue abogado de Ábalos– y el de Jacobo Teijelo –que es abogado de Santos Cerdán–.

Es extraño que esta decisión la firme la Audiencia Nacional. Porque se suponía que el juez que llevaba esta parte de las acusaciones contra Leire Díez era Arturo Zamarriego, no Santiago Pedraz. Y Zamarriego nunca ordenó en esa causa operativos como el que vimos esta semana en la sede del PSOE en la calle Ferraz. De hecho, se opuso a muchas de las peticiones de las acusaciones populares, como imputar a Santos Cerdán.

¿Con qué argumento se cuela la Audiencia Nacional en un asunto que ya está bajo investigación en otro juzgado? ¿Por qué se aprueba allí un operativo de la UCO que debería haber decidido otro juez? Al parecer, en la detención a Leire Díez –en su teléfono y su ordenador– la UCO encontró pruebas sobre las maniobras de esta fontanera del PSOE. Pero lo lógico habría sido enviar ese informe al otro juzgado, al de Zamarriego. No es lo que pasó.

El argumento de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción para tramitar este informe ante la Audiencia Nacional es que Leire Díez y los demás imputados habrían cometido un presunto “delito contra las instituciones del Estado”. Suena feo pero no es un delito muy penado. Según el auto de Pedraz, hablamos del artículo 504.2 del Código Penal, que castiga con “multa de doce a dieciocho meses” a los que “injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”. 

De todas las acusaciones contra Leire Díez, “injuriar” o “amenazar gravemente” a la UCO parece uno de los delitos menos probados. Buscar material comprometido contra sus mandos –aún ofreciendo sobornos por el camino–, no es lo mismo que amenazarlos o que injuriarlos. Pero da la casualidad de que los delitos contra las instituciones del Estado son competencia exclusiva de la Audiencia Nacional, por lo que ese presunto delito ha servido para llevar el caso hasta el juzgado de Santiago Pedraz. Y así sacarlo del de Arturo Zamarriego.

Queda la sospecha de si esta extraña maniobra se produjo ante la negativa de Zamarriego a ordenar la entrada de la UCO en la sede del PSOE.

Sí hay una certeza: ni Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, ni Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, cumplen en este asunto con la apariencia de imparcialidad. Tienen en este tema un interés personal, no son neutrales: lo que buscaba Leire Díez era basura contra los dos. Si hay un delito contra “las instituciones del Estado”, ellos son las víctimas. No deberían ser al mismo tiempo los responsables de la investigación. 

También hay corrupción

Desde el PSOE reducen todo esto a una campaña de los jueces, a un “golpe de Estado”. Es una reducción al absurdo. No es tan simple. Hay movimientos judiciales en la oscuridad, pero también hay indicios muy graves de corrupción. 

Los presuntos pagos encubiertos que ordenó Santos Cerdán desde el PSOE para Leire Díez apestan. En aquel momento Cerdán era el secretario de Organización y la duda legítima es si puso en marcha esta operación para protegerse él mismo –por miedo a lo que le pasó después, cuando fue imputado–, o por órdenes de su secretario general, Pedro Sánchez. 

Santos Cerdán era consciente de que no podía contratar a Leire Díez abiertamente: estaba haciendo algo que podía comprometer al partido. Cuando en el PSOE decían que era una espontánea, que era una militante de base, que Leire Díez iba por libre… no decían la verdad.

En el caso de Zapatero, algunas de las acusaciones hoy parecen poco sólidas. Te recomiendo este artículo de José Manuel Romero, donde explica cómo fue realmente el rescate a Plus Ultra y por qué los indicios de tráfico de influencias son dudosos. Empezando por esta idea de que los directivos de Plus Ultra tenían “información privilegiada” de cuándo se aprobaría el rescate. Falso: lo sabían por el propio cauce legal, igual que todas las demás empresas que recibieron estos préstamos públicos.

Sin embargo, Zapatero aún tiene muchas cosas que explicar: entre otras, el medio millón que cobraron sus hijas de una empresa propiedad de venezolanos sin actividad conocida. Tampoco cuadran los datos que ha encontrado la investigación con las explicaciones que el expresidente dio en el Senado sobre su papel en Análisis Relevante. Zapatero dijo no conocer a los clientes, o que no hizo ninguna gestión con Plus Ultra, y parece que no era verdad.

En muchas de las causas judiciales que atenazan al Gobierno hay indicios muy serios de corrupción. Los presuntos delitos de Ábalos, Koldo o Santos Cerdán no son un invento de los jueces ni de los policías o guardias civiles. Las evidencias son enormes. Y hablamos de dos exsecretarios de Organización del PSOE, uno de ellos también exministro.

Al mismo tiempo, es muy difícil confiar en que esta justicia española sea igual para todos. También para ese M. Rajoy que, en la investigación de la Kitchen, no fue llamado a declarar ni siquiera como testigo.

Hay ocasiones en las que la justicia es rápida. En otras es lenta. Unas veces extrema las garantías. Otras, parece olvidarlas.

Lo que casi nunca parece la justicia española es ciega. 

A menos que no crean sus ilustres magistrados que los ciegos somos los demás.

P.D. Ya queda menos de un mes para nuestro Festival de las Ideas y la Cultura. Será el 26 y 27 de junio en Rivas-Vacíamadrid. Si vienes desde fuera de Madrid, tenemos para ti descuentos en hoteles. También hemos preparado una guía práctica con toda la información sobre cómo llegar al festival.

Para algunas de las actividades, que serán en el Auditorio Pilar Bardem, hay limitación de aforo. Puedes reservar tus entradas desde aquí. 

Ojalá nos veamos en nuestro festival.

Esta semana te escribo antes de lo habitual. La imputación de Zapatero es algo histórico: la primera vez que un expresidente del Gobierno tendrá que declarar como investigado ante un tribunal. Es una noticia cuyo análisis no podía esperar.

Es comprensible la sospecha. El estupor.

Es el expresidente del Gobierno más odiado por la derecha. También el más valorado por la izquierda, no solo entre los votantes del PSOE. Para unos, ver a Zapatero acusado de corrupción supone la confirmación de un prejuicio. Para otros, una enorme decepción, mezclada con otro sentimiento muy potente: el de la incredulidad, el recelo de que se trate de otra persecución judicial. 

Pero el juez Calama no es como Peinado. En esta investigación hay indicios suficientes para justificar la imputación. Preguntas relevantes que Zapatero tendrá que responder ante la Audiencia Nacional. 

No, este caso no nace de una denuncia de Manos Limpias con tres recortes de prensa y una entrevista a Víctor de Aldama en el programa de Iker Jiménez, como algunos medios afirmaron de forma errónea. La investigación empieza mucho antes, en 2024, porque Francia y Suiza alertan de un posible blanqueo de capitales con el dinero del rescate de Plus Ultra. Quien impulsa este caso es la Fiscalía Anticorrupción. Y los indicios contra Zapatero no salen de las acusaciones sin pruebas de Víctor de Aldama; hay material más sólido.

Los principales indicios que señalan a Zapatero son tres. 

El primero, los mensajes. Las numerosas conversaciones por whatsapp de los directivos de Plus Ultra donde hablan sobre el expresidente y dicen tener “al pana Zapatero detrás”, por las gestiones de su amigo Julio Martínez para lograr que esta aerolínea consiguiera un rescate tras la pandemia. “Vamos a follar, aunque tengamos que pagar un poquito”, escribe uno de ellos. Ese “poquito” era el 1% de comisión, –530.000 euros de 53 millones del rescate– que presuntamente Julio Martínez cobró. 

Lo segundo, la pista del dinero. Esos 490.780 euros que Zapatero recibió de Análisis Relevante. Una compañía de Julio Martínez que a su vez cobró más de 300.000 euros de Plus Ultra y que también pagó otros 239.755 euros a WhatheFav, la empresa de las hijas de Zapatero.

Estos pagos a Zapatero y sus hijas no son de golpe: es la suma de varias facturas mensuales a lo largo de 5 años, entre 2020 y 2024. Según el juez, se trata de facturas simuladas para repartirse el botín. Según el entorno de Zapatero, hay un trabajo real detrás; tanto suyo como de sus hijas. 

El tercer indicio contra el expresidente tiene nombre y apellidos. El hoy famoso Julio Martínez Martínez; “Julito”, como todos le llaman. Es un amigo muy cercano a Zapatero, de su máxima confianza. Casi de la familia. El hombre que pidió a Plus Ultra ese 1% de comisión.

Tras salir de La Moncloa, Zapatero logró que el Gobierno de Mariano Rajoy le permitiera seguir corriendo por las mañanas en el Monte de El Pardo, en esa amplia zona de Madrid que es propiedad de Patrimonio Nacional y está vetada al común de los ciudadanos. Tenía su lógica. No es fácil para un expresidente, ni para su equipo de guardaespaldas, correr por el parque del Retiro o la Casa de Campo.

Zapatero no corre solo. Y entre los habituales al running está Julito Martínez. Conoció al expresidente a través de Eduardo Zaplana, según ha publicado el diario Información. Es alicantino, de la provincia donde Zaplana empezó su carrera política.

“Es la persona más pelota con Zapatero que conozco”, explica una fuente. Es “extremadamente servicial”; su “lacayo”, le llamaban los directivos de Plus Ultra. “Uno de esos moscones que se pegan a la gente con poder”, asegura esta misma persona. Antes con Zaplana; con Zapatero después. 

Los pagos, las conversaciones y la relación tan estrecha con alguien tan pringado en este rescate bajo sospecha como es Julito Martínez explican el porqué de la imputación. Hay indicios. Pero otra cosa son las pruebas contra Zapatero. Por ahora, no las hay, o no las conocemos. 

Es plausible la hipótesis aún por demostrar que plantea el juez: que Julio Martínez es el hombre de los recados de Zapatero, su testaferro; que el expresidente es el “núcleo” de una trama de corrupción, el jefe de esta “organización criminal”.

Pero con los datos que por el momento hay sobre la mesa también es verosímil la otra opción: que Julito Martínez actuara a espaldas de Zapatero. Que usara su nombre y sus contactos para sus propios negocios. Que endulzara su relación con el pago por esos informes para Análisis Relevante (que sí existen, según distintas fuentes). Que Julito se aprovechara de su amistad. Que no haya en la actuación de Zapatero absolutamente nada ilegal.

Tras conocerse la imputación del expresidente, Julio Martínez habló solo con un medio: dio una entrevista a OkDiario, el digital de Eduardo Inda. Es llamativa esa elección. Hay también dudas sobre cuál será su estrategia de defensa: si seguirá siendo “amigo” de Zapatero, o cargará todas las culpas contra él. 

También hay en la investigación judicial algunos agujeros. Afirmaciones en la acusación contra Zapatero que no acaban de cuadrar. La típica brocha gorda de muchos informes policiales que después casan mal con la realidad. 

Primero, en la propia actividad de Análisis Relevante. El juez y la UDEF presentan a esta empresa como un simple cascarón, montado para justificar los pagos para Zapatero y su familia. Pero es falso que se trate de la única actividad de esta empresa que buscaba entrar en el lucrativo negocio de las consultorías de asuntos públicos. 

A partir del verano de 2020, Análisis Relevante organizó varias jornadas de debate con distintos invitados. Como este webinar –a través de internet– sobre las elecciones de Estados Unidos que se celebró el 22 de octubre de 2020. Participó el exministro Miguel Sebastián, pero también Daniel Lacalle, un economista que fue en las listas del PP.

Análisis Relevante cobró de Plus Ultra –300.000 euros del cerca del millón que facturó– pero también de otros clientes. Julio Martínez vendía una “iguala”, un pago de unos 5.000 o 6.000 euros al mes más el IVA por sus servicios de asesoría y análisis. Hasta aquí, nada muy distinto a la actividad de otras empresas de lobby. Aunque esta empresa se quedara en un proyecto fallido. 

También es muy cuestionable otro de los argumentos que desarrolla el juez en su auto: que Plus Ultra consiguió esa ayuda pública, ese rescate, incumpliendo los requisitos por no estar al corriente de pagos con la Seguridad Social.

En su auto, el juez incluso relaciona esa supuesta anomalía con una comida de Zapatero con el exministro de Seguridad Social José Luis Escrivá que se celebró el 7 de septiembre de 2020. El problema es que las fechas no cuadran: el certificado de estar al corriente con la Seguridad Social que presentó Plus Ultra para el rescate es de 18 días antes de esa comida. Y esa reunión –la primera vez que ambos hablaban– fue a petición de Escrivá, no de Zapatero. 

Además, Plus Ultra sí cumplía con ese requisito, en contra de lo que argumenta el juez. Es compatible tener una deuda prorrogada con la Seguridad Social con estar “al corriente”, a efectos de una ayuda pública o subvención. Son miles las empresas que solicitan y logran aplazamientos en el pago a la Seguridad Social; se conceden de forma semiautomática, y obliga al pago de intereses. En esos meses de la pandemia, fueron más de cien mil. Pero estas empresas no dejan de estar “al corriente” hasta que vencen esos nuevos plazos sin pagar.

Aún es más endeble el supuesto nexo de Zapatero con una empresa offshore en Dubai que, según el auto, usó la trama para cobrar el 1% de comisión de Plus Ultra. El juez asegura que fue el propio Zapatero quien ordenó crear esa sociedad fuera de España. Pero las pruebas que aparecen en el auto no parecen concluyentes.

El juez argumenta que hay constancia de una comida entre Zapatero y Julio Martínez gracias a los correos electrónicos de este conseguidor con la secretaria del expresidente. Y que al día siguiente de ese encuentro, Martínez se mensajea con un tercero –un representante de Emiratos en España– para interesarse por cómo constituir esta sociedad offshore. Ese es todo el indicio que por ahora se conoce sobre la implicación de Zapatero en esa empresa: una mera relación temporal.

Es posible que aparezcan nuevos indicios, documentos o pruebas que cambien este análisis inicial. Falta también por escuchar las explicaciones de Zapatero ante el juez. 

¿Está justificada entonces la investigación judicial contra el expresidente, a pesar de estos posibles errores? Con algunas dudas, yo creo que sí. Es habitual que una investigación judicial sea imprecisa, más en estos primeros pasos. Es lo mismo que pediría si hubiera los mismos indicios contra cualquier otro político de cualquier otro partido. Otra cosa es que Zapatero sea ya culpable, como algunos sentencian. O que la justicia sea igual para todos en este país. 

El contraste con otros expresidentes es brutal. La misma semana en la que el juicio de la Kitchen demuestra hasta qué punto es escandaloso que Mariano Rajoy no fuera siquiera llamado a declarar como testigo por el juez Manuel García Castellón, esa misma Audiencia Nacional anuncia la imputación de ZP.

Estos días, en los que tanto se debate sobre los límites entre el lobby y el tráfico de influencias, es importante recordar esta investigación exclusiva que publicó elDiario.es en 2014 sobre otro expresidente: Aznar pactó una comisión del 1% con Abengoa para conseguir adjudicaciones en la Libia de Gadafi. 

Solo con la firma del contrato, Aznar se llevó un adelanto de 100.000 euros. Publicamos íntegro el contrato, y también la factura de ese primer pago. Aquí no había siquiera un intermediario ni una empresa de lobby: el comisionista era el propio expresidente del Gobierno. 

Esa venta de desaladoras a Libia fracasó: por la caída del régimen y en contra de los deseos públicos de Aznar, que defendía a Gadafi como un “amigo de occidente”. De haber ganado Abengoa esas adjudicaciones, Aznar habría cobrado una comisión total de seis millones de euros. En un solo pago: no a lo largo de cinco años.

En aquella ocasión, Aznar nos explicó que estaba todo fenomenal, que era una remuneración “perfectamente transparente”. Otros argumentaron que Aznar ya no era un político en activo, que estaba retirado y que cobrar comisiones es completamente legal. Por descontado, no hubo ninguna investigación judicial. Tampoco una sola crítica del PP.

A diferencia de Aznar, Zapatero tendrá que dar explicaciones ante un juez. 

No sé si viste la entrevista que le hizo esta semana Aimar Bretos al Gran Wyoming. Mi amigo Chechu —es su verdadero nombre— se atrevió a hablar del precio que paga cualquier persona conocida y de izquierdas en el Madrid de la libertad. “Yo iba por la calle y ‘eh, hijoputa, rojo’. Me volví y les dije ‘¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema?’. Y me calzaron una hostia, me dieron la vuelta a la cabeza”.

Al Wyoming lo sucedido le avergonzó: “Lo oculté. Dije que había sido jugando al baloncesto, que me habían dado un codazo. Porque no quería mostrarlo”. Fue la más grave, pero tampoco la primera ocasión en la que unos desconocidos le acosaban por la calle. No fue un episodio aislado.

Lo que le ocurre a Chechu —que es también una persona, no solo un personaje de televisión— no es una excepción. Cualquiera mínimamente famoso y que defienda ideas progresistas lo sabe bien. Políticos, presentadores, periodistas, actores... El acoso en la calle, el insulto, el momento en el que alguien decide que tu cara conocida es una invitación a ajustar cuentas. Es algo que también me pasa a mí.

Por suerte, aún no me he llevado ningún puñetazo. No descarto que algún día pueda ocurrir. Me pasa casi cada semana. Siempre hay un energúmeno que se cree con el derecho a increparme: a lanzar todo el odio que siente contra las personas como yo.

Una de las últimas veces me ocurrió en un tanatorio. Incluso en un sitio así. Iba a despedirme de Sol Gallego-Díaz, a abrazarme con sus amigos y compartir su dolor. Me confundí de pasillo y un hombre —siempre es un hombre— se acercó para insultarme. Como siempre, no respondí. Simplemente me alejé de allí. Intentando entender qué pasa por la cabeza de alguien que va a enterrar a un ser querido y decide que es el momento perfecto para acosar a otro ser humano en el mismo trance que él.

Hace unos años, con mi habitual optimismo, solía argumentar que el odio de las redes sociales es algo que se queda allí. “Si la realidad fuera igual que Twitter” —decía entonces— “yo no podría salir de casa de la cantidad de gente que me insulta”. Qué equivocado estaba. 

Hoy intento no pasear por Madrid en según qué barrios, o a según qué horas. Elegí el piso donde vivo mirando los mapas de voto que publicamos en elDiario.es, buscando una zona donde la ultraderecha tuviera poco apoyo. Huyo de las aglomeraciones porque es una cuestión estadística: siempre hay un imbécil por cada mil. Evito mirar a los ojos a la gente con la que me cruzo. Nunca me detengo a discutir. 

Hasta el año 2020 apenas me pasaba. Es algo que solo me ocurre en Madrid, incluso cuando estoy con mis hijos. La pandemia fue un punto de inflexión. Desde entonces, cada año ha ido a peor. Siguen siendo muchas más las personas que se me acercan cariñosas, a felicitarme por elDiario.es o agradecerme mi trabajo. Pero cada vez el acoso es más habitual.

Ese odio no nace por casualidad. Hay quien lo siembra, quien se beneficia de esta deshumanización.

Esta semana, el Congreso de los Diputados ha decidido retirar la acreditación a Vito Quiles y Bertrand Ndongo. Es una decisión tomada tras varias denuncias. Entre otras, la de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, donde están representados profesionales de la práctica totalidad de los medios de comunicación, de todo el espectro ideológico. No hay una sola organización profesional —ni la APM, ni la FAPE— que respalde a quienes el PP y Vox llaman “periodistas críticos”. Son activistas ultras que viven de algo distinto: el acoso y la desinformación. Malas copias de los agitadores que inventó el trumpismo en EEUU.

En los últimos meses, me he cruzado con los dos. El pasado otoño Bertrand Ndongo me acosó por la calle, frente al Congreso de los Diputados. Me persiguió al grito de “felador de Pedro Sánchez” hasta que pude montarme en un taxi. Su método consiste en insultarte a gritos, a escasos centímetros de tu cara, a la espera de que cometas un error y caigas en su provocación. Por supuesto, en su vídeo solo saldrá tu respuesta: no el acoso anterior.

Vito Quiles también me grabó hace pocas semanas. Fue a la salida del programa especial por el 20 aniversario de ‘El Intermedio’, que se emitió en directo desde el Florida Park: una sala en el parque del Retiro, en Madrid. El equipo de ‘El Intermedio’ invitó como público a todo tipo de personas que hemos colaborado a lo largo de la historia con este programa: cineastas, políticos, activistas, científicos, músicos, periodistas… 

El programa duró más de dos horas y terminó cerca de la medianoche. Vito Quiles estaba esperando en la puerta y lo presentó como “una fiesta de políticos que acabó de madrugada”. “Los españoles asfixiados pero ellos de parranda”, tuiteó. En ningún momento del vídeo que difundió en redes explicó por qué estábamos allí, como si fuera una juerga secreta entre políticos de izquierda y periodistas como yo, en vez de un programa de televisión. Me preguntó —no le respondí— si habíamos comido caviar o langosta, o si habíamos bebido champagne. Obviamente solo salíamos en su vídeo aquellas personas que sirvieran para su manipulación. Santiago Segura estuvo también en el programa; hablé un rato con él esa noche, fue agradable la conversación. Pero al director de Torrente —donde Vito Quiles tiene un cameo— no le acosó. 

Vito Quiles estaba acreditado en el Congreso por EDATV. Bertrand Ndongo, por Periodista Digital. Ambos pseudo medios, los que pagan a estos dos agitadores, tienen audiencias irrelevantes, pero reciben una generosa financiación pública de autonomías y ayuntamientos gobernados por el PP y Vox. 

Ni Quiles ni Ndongo son la causa principal de este clima de odio; no son tan importantes. Son apenas un engranaje, uno menor. Su salida del Congreso no acabará con este discurso que está envenenando a la sociedad. Los principales vendedores de odio son quienes están detrás de este frente de choque, de los camorristas que se ocupan del acoso más vulgar. 

¿Quién gana con el odio? Las plataformas de redes sociales, cuyos algoritmos están programados para premiar lo emocional, no la racionalidad. Su negocio consiste en capturar la atención y este tipo de vídeos, llenos de manipulaciones y mentiras, son un contenido muy rentable, muy viral. Que Elon Musk sea ahora el dueño de X —antes Twitter— ha acentuado aún más una dinámica que ya existía con anterioridad.

¿Quién gana con el odio? Algunos partidos, como el PP y Vox, han encontrado en la polarización su combustible electoral. Antes lo llamábamos crispación: consiste en que el ambiente político sea irrespirable cuando ellos no gobiernan y así provocar la abstención de la izquierda. Es lo mismo de siempre, pero con un altavoz mucho mayor.

Feijóo llegó a Madrid prometiendo una “política para adultos”. Ahora sus portavoces defienden a Vito Quiles, al que también invitaron al cierre de la campaña electoral en Aragón. Todo para ver si rascaban cuatro votos mal contados al partido de Abascal, algo que ni siquiera lograron. 

Que todo esto ocurra especialmente en Madrid tampoco es casual. Isabel Díaz Ayuso es la reina en este carnaval: la verdadera lideresa de la ultraderecha nacional. Un día ataca sin piedad y al siguiente se victimiza sin rubor. La presidenta que llama “narcoestado” a “Méjico” —con jota, como ella lo escribe— y luego se inventa que la querían asesinar. 

En esta dinámica del odio, una parte de la izquierda también ha tenido su cuota de responsabilidad. Fenómenos como los escraches de 2013 —un acoso menor al lado de lo que ha llegado después— sirvieron para justificar la espiral de violencia de la extrema derecha. Entre todos los eslóganes que peor han envejecido del 15-M está aquel de “el miedo va a cambiar de bando”. Nunca cambiará. Porque nadie en España ha ganado a la extrema derecha en el campo de juego del miedo, la violencia o la intimidación. 

La solución no es que otro Vito Quiles pero de izquierdas persiga a los líderes de la derecha. Es plantarse ante el odio, denunciarlo, comprender sus mecanismos y alejarse de él. No caer en su provocación. No convertirte en alguien peor.  

Por eso también importa lo que hizo el Gran Wyoming esta semana. El hecho de contar públicamente la agresión. Entiendo su silencio previo, o que mintiera a sus amigos por vergüenza. Lo que sentimos quienes sufrimos este acoso en las calles de Madrid se llama miedo. Nadie se acostumbra del todo a vivir así. Tampoco yo. Pero el primer paso para vencer el miedo es ponerle nombre. Es lo que hizo Chechu. Es lo que hoy he querido hacer yo.

Isabel Díaz Ayuso llegó esta semana a México para reivindicar a Hernán Cortés. Para celebrar la conquista como una gesta civilizatoria, el mestizaje como un regalo de España a América y al conquistador extremeño como un héroe que merece un gran homenaje. Para entender por qué esa visión es históricamente falsa, conviene antes hacerse unas preguntas más básicas.

¿Por qué el imperio español conquistó a los incas y a los aztecas y no sucedió justo al revés? ¿Por qué logró Francisco Pizarro secuestrar y más tarde asesinar a Atahualpa en Cajamarca? ¿Por qué no fueron los incas quienes cruzaron el Atlántico y pusieron sitio a Sevilla? ¿Por qué ese puñado de hombres comandados por Hernán Cortés logró derrotar a todo un imperio y acabar con Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc?

El nacionalismo –el de ayer y también el de hoy– tiene una respuesta simple y racista ante estas preguntas. Fueron los europeos quienes conquistaron al resto del mundo, y no al revés, porque somos mejores que los demás: más inteligentes, más valientes, más osados, más civilizados… y con el apoyo del verdadero dios. 

Hay otra respuesta, la de la ciencia: hace tiempo que demostró que el racismo no tiene base biológica alguna porque todos los seres humanos somos iguales. Son otros parámetros, y no la raza o el color de la piel, los que explican por qué la historia del mundo sucedió en esa dirección. 

El geógrafo y escritor Jared Diamond tiene un libro excepcional sobre esta cuestión. El ensayo se titula ‘Armas, gérmenes y acero’ (en inglés, ‘Guns, Germs and Steel’); y resume los factores que explican el apabullante éxito militar de la conquista española frente a los pueblos nativos de América. Europa contaba con la pólvora, con el caballo, con armaduras y espadas… y con anticuerpos para unos virus y bacterias que diezmaron a los indígenas.

¿Y por qué los europeos desarrollaron gérmenes más agresivos? ¿Por qué nuestra tecnología era superior? Ambas preguntas se responden por el verdadero factor clave, que no está en el color de la piel sino en la ubicación de los recursos iniciales que determinaron el neolítico. A los europeos nos tocó esa lotería. 

Jared Diamond, como buen geógrafo, lo explica con mapas. La gran ventaja de Europa empezó miles de años antes de Hernán Cortés, en el Creciente Fértil: la franja entre Palestina e Irak donde nacieron la agricultura y la ganadería que después se extendió por el Mediterráneo. De allí son originarias muchas de las gramíneas y leguminosas fáciles de cultivar –el trigo, la cebada, las lentejas, los guisantes o los garbanzos– y algunos de los animales domesticables más útiles: vacas, ovejas, cabras o cerdos. De esos excedentes de alimentos nace el comercio y la especialización en el trabajo. Y de ahí surge la escritura. Y la ciencia. Y la pólvora. Y el acero.

La convivencia con esos animales domesticados trajo también las zoonosis, de las que tanto hablamos hoy: virus y bacterias que saltan de los animales a los seres humanos. Enfermedades frente a las que los europeos acabaron desarrollando inmunidad, pero no los nativos americanos.

La domesticación de animales y plantas fue mucho más eficaz en Eurasia que en América por otra causa azarosa: la orientación geográfica de estos continentes. Las condiciones climáticas cambian a medida que te acercas o te alejas al ecuador, en función del paralelo en el que estés. Y Eurasia tiene la mayor línea recta terrestre en dirección este-oeste, con un clima similar. Compartir paralelo hacía más sencillo extender los cultivos de un sitio a otro, algo mucho más difícil de lograr si tu continente se despliega de norte a sur, como es el caso de América. 

Nada de esto tiene que ver con la inteligencia o el valor de los conquistadores españoles. Hernán Cortés no ganó aquella guerra porque fuera superior a Moctezuma. Ganó porque a sus antepasados les tocó la lotería geográfica de los recursos animales y vegetales domesticables, que determinó la historia desde el neolítico. Si hubiera nacido en Tenochtitlán en 1485, habría muerto de viruela antes de ver un caballo. Como le ocurrió a millones de personas que, como todas, no pudieron elegir dónde nacer. Las cifras no son precisas, pero sí hay consenso sobre hasta qué punto la llegada de los españoles fue catastrófica. Entre 1519 y 1600, México central perdió entre el 50 y el 90% de su población.

Pero no solo fueron las epidemias. También las matanzas. Y estas no fueron involuntarias. 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido muy hábil en la respuesta que ha dado a la provocación de Isabel Díaz Ayuso. Sheinbaum ha recuperado un edicto firmado por el emperador Carlos I de España en 1548, unos meses después de la muerte de Hernán Cortés. Es un documento donde se detallan las atrocidades del famoso conquistador: sus matanzas indiscriminadas de personas indefensas, la forma en la que esclavizó a mujeres y niños, o la crueldad de “herrarlos”; marcarlos con un hierro candente. 

Habrá quien diga lo de siempre: no podemos juzgar el pasado con los ojos de hoy. Los principios éticos han cambiado, argumentan también. Pero es que quien reprobaba la crueldad de Hernán Cortés era el mismísimo emperador español en el siglo XVI, no solo la izquierda altermundista de 2026. Bajo la moral y la ley de 1548, lo que hizo Hernán Cortés fueron crímenes también.

Ese edicto de Carlos I ordenando liberar a esclavos capturados por Hernán Cortés tiene su contexto histórico. Fue consecuencia de las denuncias de Bartolomé de las Casas, un sacerdote español y coetáneo de Hernán Cortés que fue de los primeros en cuestionar la violencia y los abusos contra los indígenas, que se justificaban en nombre de dios. Sus escritos –especialmente su ‘Brevísima relación de la destrucción de las Indias’– documentaron los malos tratos y atrocidades de la conquista española de América. 

Bartolomé de las Casas participó en la Controversia de Valladolid, en 1550, un famoso debate sobre cómo tratar a los nativos americanos. Era una cuestión teológica, no solo moral. Frente a las tesis de Bartolomé de las Casas, que argumentaba que eran seres humanos igual que los demás, estaba otro religioso, Juan Ginés de Sepúlveda, que defendía la guerra justa contra los indios. Su principal argumento es que las vidas de estos indígenas no merecían respeto porque ellos tampoco respetaban la ley natural, con sus cultos paganos y sus sacrificios humanos. Sus argumentos no eran muy distintos a los que utilizó siglos después el fanático de Mel Gibson en su panfletaria película ‘Apocalipto’.

Es fácil imaginar cuál habría sido la posición de Isabel Díaz Ayuso ante aquella controversia. Basta con repasar cuál es hoy su opinión sobre el genocidio de Gaza. En su caso, el relativismo histórico funciona exactamente al revés: no juzga el pasado con los ojos de hoy, sino que aplica al siglo XXI los peores principios morales del siglo XVI.

Isabel Díaz Ayuso llegó a México con sus propias armas, sus propios gérmenes y su propio acero. Las armas son la provocación y el conflicto permanente, su método político más eficaz. Los gérmenes son los del nacionalismo rancio que infecta a la derecha española y que ella exporta allá donde va. Y el acero es la desfachatez, su atrevida ignorancia: ir a “Méjico” –como lo escribe Ayuso– a explicarles a los mexicanos su propia historia y cómo se escribe el nombre de su país.

El viaje oficial de Ayuso a México ha acabado siendo desastroso. Se suponía que iba a durar diez días. Lo que se dice trabajo, apenas han sido tres.

El lunes celebró el famoso homenaje al conquistador. El acto se titulaba “Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés”. Se iba a realizar en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, un disparate que la Archidiócesis no autorizó. Fue trasladado al auditorio donde Nacho Cano presenta su ‘Malinche’. En la práctica, era un acto promocional de este musical.

El martes, anunció a bombo y platillo las inversiones de un grupo mexicano: 77 millones de euros para abrir nuevas cafeterías y pizzerías en Madrid. ¿El problema? Que la empresa ya había anunciado esa misma inversión dos meses antes. 

El miércoles, recibió una medalla “de la libertad” que entrega el Estado de Aguascalientes, donde gobierna el PAN. Y después tuvo una reunión con otros cuatro gobernadores de este partido de la derecha mexicana. Tras el lío montado por su reivindicación a Hernán Cortés, ese encuentro tuvo un perfil muy bajo. Ninguno de los convocados salió públicamente a agradecer a Ayuso su presencia en México, ni tampoco a respaldar su posición. 

¿El jueves? Sin agenda. ¿El viernes? Sin agenda. 

El fin de semana estaba prevista la asistencia a una gala en Cancún, los premios Platino, que el viernes por la tarde canceló. Como siempre que se mete en un lío, Ayuso salió de él con bulos y victimización: acusó al gobierno mexicano de “boicotear” su visita oficial. Telemadrid ha llegado incluso a publicar que la presidenta de México había amenazado a esta gala con cancelarla si iba Ayuso; una mentira que ha desmentido la propia organización de estos premios. 

El fracaso político del viaje es fácil de explicar. La ignorancia de Ayuso sobre cuestiones muy básicas la ha convertido en una apestada en México, incluso entre esa derecha local que la invitó a este viaje. Ni siquiera lo más rancio de los partidos más rancios se puede permitir aparecer ante la opinión pública mexicana como los defensores de Hernán Cortés. Tampoco pueden aplaudir otras gracietas de Ayuso, como llamar “malinches” a las mujeres mexicanas.

La Malinche de verdad –no la invención del músico Nacho Cano– fue una mujer indígena que regalaron como esclava sexual a Hernán Cortés. Acabó teniendo un hijo con él y fue muy útil para el conquistador porque hizo de traductora: ayudó a Cortés a comunicarse en lenguas que no conocía y a entender algunos aspectos clave del imperio al que después sometió. Para buena parte de la sociedad mexicana, Malinche sigue siendo sinónimo de traición.

La Malinche traicionó a su pueblo para sobrevivir. Ayuso viajó a México a traicionar la historia para hacer campaña. La diferencia es que la Malinche no tenía elección.

Lo primero que sorprendió al empresario fue ver al entonces ministro José Luis Ábalos fumando en su despacho, en el umbral del balcón. “Id empezando que luego iré yo”, le dijo desde allí. La reunión era para explicar al equipo del Ministerio de Transportes su punto de vista sobre una nueva regulación que afectaba a su sector. Empezó a charlar con varios asesores de Ábalos, entre ellos, el jefe de gabinete del ministro, Ricardo Mar, que lideraba la conversación. Hasta que llegó Koldo García, poco después, y lo primero que hizo al entrar en la sala fue dar una colleja a Ricardo Mar. Entre risas del jefe de ambos, el ministro.

La semana pasada, Ricardo Mar declaró ante el Supremo como testigo, en el juicio de las mascarillas. “Tenía la impresión de que todo lo que decía Koldo era palabra del ministro”, aseguró. Viendo las confianzas que Koldo se tomaba y que Ábalos permitía, no extraña esa impresión.

Volvamos al empresario, que prefiere mantener su anonimato y es quien me cuenta lo que ese día ocurrió. Al rato de hablar con Ábalos, el ministro le derivó a que lo viera con Koldo, que “el tema era muy técnico” para él. Y poco después fue Koldo, ya sin nadie delante, quien le sugirió que mejor lo hablara con un tal Víctor de Aldama. 

Fuera del ministerio, en su despacho en la calle Alfonso XII de Madrid, frente al parque del Retiro, Aldama le pidió dinero a este empresario para ayudarle con esa regulación; que le pagara por un contrato de asesoría. El empresario se negó.

Así funcionaba el Ministerio de Transportes en la era Ábalos. Y viendo este modus operandi, es difícil determinar quién es el 1, el 2 y el 3 en esta presunta organización criminal que hoy se sienta en el banquillo, ante el Tribunal Supremo.

La trama tenía dos jefes, según los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El “jefe instrumental” era Ábalos, que ostentaba el poder institucional. Pero el “jefe real” –quien tenía a sueldo al propio ministro– era Aldama. Como resumió Antonio Balas, teniente coronel de la UCO: “El que paga manda”.

Aunque la mejor manera de conocer la jerarquía suele ser otra: quien cobra manda. El verdadero jefe de cualquier trama criminal siempre se lleva la mayor parte del botín. Y aquí los números son aún más claros. Solo con el pelotazo de las mascarillas, Víctor de Aldama cobró 5,5 millones de euros en 2020. Una cantidad enorme en comparación con esos 10.000 euros al mes que presuntamente pagaba a Koldo, o ese piso alquilado para la novia del ministro, o el resto de las prebendas que ha acreditado la investigación judicial. 

Los informes de la UCO tampoco han encontrado cifras millonarias en el patrimonio del ministro ni en el de su asesor. En las cuentas de Koldo, apenas 138.000 euros en ingresos en efectivo sin justificar. Hay también tres pisos en Benidorm que, según su abogada defensora, están hipotecados al 80% y costaron 600.000 euros. Dinero negro hubo, eso parece seguro; Koldo García pasó esos años como asesor del ministro sin sacar efectivo del cajero ni una sola vez. 

En el caso de Ábalos, la UCO detectó 95.000 euros en ingresos sin justificar. Un dinero que utilizó para pagar la pensión alimenticia tras uno de sus divorcios, para comprar joyas o flores a una de sus parejas o para costear el salario de la empleada del hogar. No parece que Ábalos hoy tenga mucho dinero y, si lo tiene, no parece que pueda acceder a él; perdió a su anterior abogado porque no le podía pagar. 

Es probable que buena parte del botín no se haya encontrado. O que ya no exista: que se gastara en la desordenada vida personal del exministro. Pero, con las cifras que hay sobre la mesa, la parte de Koldo y Ábalos fue una propina, al lado de los negocios del “jefe real” de este caso de corrupción.

Este juicio ni siquiera es el único al que se enfrenta Víctor de Aldama. Tampoco el caso de corrupción donde más dinero ganó. Junto con varios de sus socios, está también imputado por el fraude de los hidrocarburos, y ahí la UCO habla de 184 millones de euros defraudados al fisco a través de medio centenar de empresas. Es dinero suficiente como para pagar 10.000 euros al mes a Koldo García y a sus futuros herederos durante los próximos 184 siglos.

Víctor de Aldama lleva mintiendo desde que fue puesto en libertad, en noviembre de 2024. Se ha paseado impunemente por los platós de televisión, donde cada día airea acusaciones que nunca termina de probar. Hay varias evidencias de mentiras groseras, como esas cuentas en República Dominicana que atribuyó a Begoña Gómez. Esto sale de unas denuncias fabricadas por el entorno de un ultraderechista y un juez corrupto que está en prisión, y que cada tanto airean cientos de falsas cuentas en paraísos fiscales por los que ya han sido imputados penalmente. 

Ante el Supremo, este miércoles, Víctor de Aldama volvió a mentir con impunidad.

Aldama declaró que Pedro Sánchez le felicitó efusivamente cuando se encontraron en la presentación de la candidatura de Pepu Hernández y se hizo una foto con él. “Muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quiero darte las gracias”, dice Aldama que el presidente del Gobierno le dijo. Es una frase que la derecha ha presentado como la pistola humeante de la complicidad del presidente del Gobierno con este caso de corrupción. 

Hay solo un problema: las fechas no coinciden. Ese acto de Sánchez con Pepu Hernández fue el 3 de febrero de 2019. Y las corruptelas de Koldo, Ábalos y Aldama, según la investigación judicial, empezaron en otoño de 2019; más de medio año después. Es poco creíble que Sánchez supiera “perfectamente” lo que estaba haciendo Aldama, salvo que exista el Ministerio del Tiempo.

Aldama también declaró haber recaudado dinero para el PSOE, que Koldo después blanqueaba mediante donaciones, al estilo de lo que hacía el PP con la Gürtel. “Entre 2019 y 2020, yo he entregado más de 1,8 millones”, confesó Aldama. “Si miran las cuentas del partido y hay un pico importante de donaciones en esa época se podrá ver de dónde viene el dinero”.

En el Tribunal de Cuentas figuran esos datos. Y las cifras de donativos de esos dos años no alcanzan ni de lejos los 1,8 millones que denuncia Aldama.

A través de donaciones, el PSOE ingresó 275.616 euros en 2019 y 837.506 euros en 2020. Ese año, el de la pandemia, la cifra fue inusualmente alta; lo habitual es que no superen los 300.000 euros anuales. Fuentes del PSOE explican que ese pico se debe a una colecta entre sus militantes para recaudar dinero para investigar el coronavirus que tuvo bastante tirón. Completaron lo recaudado con fondos propios, y ese mismo año –como publicó la prensa en su momento– donaron un millón de euros al Instituto Carlos III. Hay escritura pública de esa donación.

Aldama también denunció que Pedro Sánchez era “el número 1” de esta trama de corrupción. Fue un titular que el PP agradeció. No hay una sola evidencia en el sumario que apunte en esta dirección. Pero mentir como imputado en el Supremo no solo es gratis. En el caso de Aldama, es posible que tenga premio. 

Está claro quién se llevó la parte más grande del pastel. A la hora de pagar las consecuencias, el reparto será justo al revés. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y solo 7 años para Aldama. 

Ábalos y Koldo están ya encarcelados, en prisión preventiva. Aldama sigue en libertad. Salió de la cárcel en noviembre de 2024, tras un extraño acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que en su momento te conté. Estaba en prisión preventiva por riesgo de fuga, por el caso de los hidrocarburos, y fue puesto en libertad tras declarar en el caso de las mascarillas: después de acusar a medio gobierno de corrupción, unas denuncias que no ha logrado acreditar.

Esa supuesta colaboración con la Justicia en la práctica nunca llegó: Aldama sigue sin aportar pruebas ni tampoco ha aclarado nada del fraude de los hidrocarburos, por el que estaba encarcelado. Pero aquella famosa declaración no solo le sirvió para salir de la cárcel: también le ha permitido afrontar este primer juicio con una petición de pena inferior a la de los otros dos acusados. 

La defensa de Aldama, el abogado José Antonio Choclán, confía incluso en rebajar aún más esa pena de 7 años: que la Fiscalía Anticorrupción le aplique un atenuante mayor y pida solo 2 años en las conclusiones del juicio, lo que le permitiría seguir en libertad. Sin antecedentes penales, con dos años de condena no se suele entrar en prisión.

Hay muchas dudas de que este súper atenuante quepa siquiera en nuestra legislación. Para bonificarse de una rebaja así, Aldama tendría que haber colaborado con la Justicia antes de que fuera siquiera imputado y esto es algo que no pasó. Pero cosas más raras se han visto en la Justicia española en los últimos años.

Víctor de Aldama cuenta con otro aliado en este juicio: la acusación popular, donde está personada el PP. Fuentes jurídicas aseguran que el partido de Feijóo también está valorando rebajar su petición de pena contra Aldama a solo dos años, y que así no entre en prisión. 

Sería la recompensa adecuada por el circo de su última declaración. Y este juicio tendría un resumen: impunidad para el corruptor.

Antes de empezar, una invitación. Reserva estas fechas: viernes 26 y sábado 27 de junio. Celebramos la quinta edición de nuestro Festival de las Ideas y la Cultura en Rivas-Vaciamadrid. Habrá conferencias, música, periodismo, podcasts, humor… Entre otros nombres, ya contamos con Marc Giró, La Bien Querida, Silvia Intxaurrondo, Ariel Roth, Bob Pop, Inés Hernand, Arde Bogotá, Jordi Évole o Marta Flich. Todas las actividades son gratuitas y puedes venirte con quien quieras. Ojalá nos veamos allí.

“Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te de la orden. No debe de quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo”

Esta nota manuscrita es de Luis Bárcenas. La escribió desde la prisión de Soto del Real. El papel se lo entregó a uno de sus amigos en la cárcel, otro recluso, que el 10 de marzo de 2014 tenía un permiso penitenciario. El encargo estaba claro: aprovechar esa salida al exterior para borrar los audios comprometedores que guardaba el extesorero del PP. En concreto, una copia que Bárcenas escondía en una cuenta de correo electrónico en la nube, en los borradores de ese e-mail.

No está claro quién es Alex. El recluso en cuestión, que hacía de recadero, se llama Isidro Sánchez; es posible que haya un tercero más. Hay menos dudas sobre la identidad de “M.R.” Son las siglas de Mariano Rajoy.

“M.Raj”, “M. Rajoy”, “Mariano” o “M.R.” son algunas de las fórmulas con las que se identificaba al expresidente del Gobierno en los papeles de Bárcenas. A su nombre, bajo distinta denominación, aparecen una treintena de anotaciones en esa contabilidad del PP. Suman 330.000 euros en total, entre 1997 y 2008. Siempre en dinero B.

Esta semana, en el juicio de la Kitchen, Luis Bárcenas ha vuelto a explicar cuáles eran esas pruebas que guardaba contra el PP. Eran tres grabaciones, según su versión. La primera, una comida que tuvo con Javier Arenas –hoy sigue siendo senador del PP y secretario del grupo parlamentario del PP en la cámara alta–. La segunda, una grabación del propio Bárcenas explicando cómo funcionaba esa caja B. La tercera, un audio grabado en el despacho de Mariano Rajoy en la sede del PP, donde también se escucha al expresidente destruir con una trituradora de papel uno de los folios de esa contabilidad paralela. 

Bárcenas guardaba copia de esos audios en un pen drive: escondido en el doble fondo de un arcón, en un taller de restauración de la mujer de Bárcenas. De allí lo robó la trama Kitchen en el otoño de 2013, según asegura el propio Bárcenas –y también el comisario Villarejo–.

Pero aquel pen drive no era la única copia. Había al menos otra más: la que Luis Bárcenas guardaba en esa cuenta gratuita de e-mail que, en marzo de 2014, ordenó destruir. 

“Es mi compromiso, no debe quedar nada”, escribió Bárcenas en esa nota manuscrita que ha reconocido como propia. ¿A cambio de qué?

El caso Kitchen, el caso Gürtel, la caja B… Hay que mirar el bosque, no los árboles. Todas estas tramas son, en la práctica, un mismo caso de corrupción. No solo porque coinciden los principales protagonistas. También por sus relaciones entre sí.  

La Gürtel ya se ha juzgado, dejando una enorme pregunta sin aclarar. ¿De dónde salió el dinero? ¿Cuál es el origen de las decenas de millones de euros que la Justicia encontró en las cuentas en Suiza de Francisco Correa y Luis Bárcenas?

El extesorero del PP llegó a sumar 48 millones de euros escondidos en sus cuentas en el Dresdner Bank y en el Lombard Odier. Buena parte de esta fortuna, según Bárcenas, la consiguió con inversiones en bolsa –uno de sus mayores pelotazos fue con la OPA de Enel sobre Endesa–. Pero su instinto o la información privilegiada con la que invertía no aclaran el origen de todos esos millones.

En su confesión, Francisco Correa dio una posible explicación a esa fortuna. Contó que Luis Bárcenas le encargó cobrar las comisiones del 3% durante el gobierno de José María Aznar. “Se trataba de adjudicar obras a los empresarios a cambio de que abonaran un porcentaje que yo recaudaría en beneficio de Luis Bárcenas”, aseguraba en un documento que me entregó en 2015. Un papel del que después se desdijo para, un año más tarde, confesar exactamente lo mismo ante la Audiencia Nacional. 

La explicación del 3%, de ser cierta, es incompleta: faltarían más personas en esa historia. Luis Bárcenas no adjudicó obra alguna. Eran otros los que lo hacían. Políticos que nunca fueron investigados por la justicia. La misma justicia que tampoco vio delito alguno en todos los sobresueldos en negro que se repartió durante años la cúpula del PP.

“Luis, sé fuerte” (...) “hacemos lo que podemos”, le escribió a Bárcenas Mariano Rajoy. Toda la trama Kitchen bascula sobre esta afirmación. Es la historia de un chantaje: Luis Bárcenas tenía información comprometida sobre su partido y sobre el entonces presidente Mariano Rajoy. Y solo una parte de la respuesta que dio aquel Gobierno ante la presión de Bárcenas se juzga estos días en la Audiencia Nacional. 

Según el juez Manuel García Castellón, la cúpula de Interior actuó por su cuenta y riesgo, sin que nadie en el Gobierno o en el partido se lo pidiera. La Fiscalía Anticorrupción acusó al propio García Castellón de levantar un “cordón o inaceptable línea roja” para que la instrucción no llegara hasta la rama política. Para desimputar a María Dolores de Cospedal –la que hablaba de “la libretita” de Bárcenas con el comisario Villarejo– y no citar ni siquiera como testigo al principal beneficiado de aquella trama: Mariano Rajoy.

Pero el brazo policial no fue el único que se activó ante la amenaza existencial que suponía para el PP este caso de corrupción. También hicieron lo que pudieron en otro frente: el de los tribunales. 

La investigación de la Gürtel está llena de maniobras judiciales en la oscuridad. 

El primer juez de la Gürtel, Baltasar Garzón, acabó expulsado de la carrera judicial. 

Cuando Garzón fue condenado, su plaza en el central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional salió a concurso. La ganó Miguel Carmona, un juez progresista, pero nunca la ocupó. 

Muy oportunamente, el Gobierno de Rajoy se encargó de buscar a Carmona otro destino: un puente de plata. Primero intentaron el Tribunal de la Haya, pero fueron tan torpes que presentaron su candidatura fuera de plazo. Después el Gobierno de Rajoy le nombró juez de enlace en Londres. Y mientras Carmona vivía en Londres, el Consejo General del Poder Judicial que presidía Carlos Lesmes, ex director general de Justicia con Aznar, pudo decidir quién ocupaba su puesto, en precario, de forma interina.  

Ese sustituto fue Pablo Ruz. Cada seis meses, el CGPJ decidía si le mantenía como sustituto y renovaba su sustitución. Estuvo cinco años en esa anómala situación: el juez más importante de España (para el PP) tenía contrato temporal. Y así siguió hasta que Pablo Ruz decidió ordenar el registro de la sede del PP. Pocos meses después, el CGPJ de Carlos Lesmes puso en marcha su sustitución.

Es algo parecido a lo que pasó con Manuel García Castellón. En su caso, era él quien estaba de juez de enlace: primero en París, luego en Roma. 17 años en uno de los puestos mejor pagados de la judicatura, en ambos destinos nombrado por gobiernos del PP. Casualmente, acabó pidiendo el regreso a su plaza en la Audiencia Nacional poco después de que Ignacio González y Eduardo Zaplana –descontentos con el juez sustituto, al que querían mandar “a tomar por culo a Onteniente”– pronosticaran su vuelta. 

Cuando al PP le va mal un juicio no cambia de abogado, cambia de juez. 

También funciona el palo y la zanahoria. El PP suele recompensar a aquellos magistrados que se portan bien. Es lo que pasó con Ángel Hurtado. Fue el único juez que se opuso a la condena del PP en el caso Gürtel. Fue también quien intentó que Mariano Rajoy no tuviera que declarar como testigo ante ese tribunal. Fue el juez que intentó evitar todas las preguntas incómodas para el presidente del Gobierno en esa declaración. Una actitud que recuerda a la que tuvo esta semana otra jueza, Teresa Palacios, ante este nuevo interrogatorio como testigo de Mariano Rajoy.

Tras estas hazañas, Ángel Hurtado fue ascendido al Tribunal Supremo por el CGPJ de mayoría conservadora, nombrado por el PP de Rajoy.

“Si hablas, tu mujer irá a prisión”, le decían a Luis Bárcenas durante el punto álgido del chantaje al Partido Popular. Un chantaje mutuo, al parecer.

Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, fue condenada a 15 años de cárcel en 2018 por la Audiencia Nacional. Y el tribunal tuvo que decidir si esta pena se empezaba a cumplir en ese momento o si había que esperar a que la sentencia fuera firme, cuando se pronunciara el Tribunal Supremo. 

En aquel tema, el CGPJ de Carlos Lesmes también operó. De hecho, fue algo que desempató el propio Lesmes, con su voto de calidad. Apartaron al juez progresista José Ricardo de Prada de aquella decisión. Y en 2018 la mujer de Bárcenas siguió en libertad. Entre quienes votaron a favor de que no entrara entonces en prisión estaba también el juez Ángel Hurtado.

Más tarde el Supremo rebajó la condena de la mujer de Bárcenas a 12 años y 11 meses. Entró en prisión en noviembre de 2020. Logró el régimen de semilibertad –solo dormir en la cárcel– dos años y medio después. 

¿Se entiende mejor ahora por qué nunca hemos escuchado esos audios que Luis Bárcenas se comprometió a destruir?

¿Las provincias de Extremadura? En realidad son tres: “Cáceres, Badajoz y Leganés”. 

El dicho popular, muy extendido hace décadas, respondía a una realidad. Entre 1950 y 1975, Extremadura expulsó a casi la mitad de su población. Se fueron a las fábricas de Alemania, a las obras de Barcelona, a los suburbios de Madrid. Barrios enteros nacieron así: sin plan urbanístico, sin escuadra o cartabón. Casas bajas, construidas con las manos desnudas por los emigrantes que buscaban un techo para dormir. Es una herencia que aún es visible en parte del mapa de las grandes urbes españolas. Trazados caóticos, de calles estrechas y retorcidas más propias de la Edad Media, pero que se edificaron mientras el hombre llegaba a la Luna. Un siglo después del ensanche Cerdà o del Barrio de Salamanca de Madrid.

Aquellas ciudades no les esperaban, aquellos emigrantes tampoco eran bienvenidos. Las autoridades franquistas apostaban vigilantes en los trenes con destino a las zonas industriales. Identificaban a quienes viajaban sin contrato de trabajo. Los interrogaban y los mandaban de vuelta a sus pueblos. La respuesta de muchos extremeños era bajarse en la estación anterior y hacer el resto del camino a pie, campo a través, hasta llegar a casa de algún amigo o familiar en la ciudad. 

Esa gran ola migratoria afectó a toda la España rural. Pero se cebó especialmente con Extremadura.

Eran los “sin papeles” de entonces. Tampoco les trataron demasiado bien. 

Solo en Barcelona, el historiador Miguel Díaz Sánchez ha documentado más de 30.000 devoluciones desde el fin de la guerra hasta 1966. Antes de devolverles a su pueblo, primero se les encerraba con el pretexto de ser indigentes: en el Pabellón de Misiones, en Barcelona, o en el Matadero de Madrid. La orden de expulsión era clara: si les cazaban de vuelta, entrarían en prisión.

La represión del franquismo contra la emigración interior duró hasta los años 60. Acabó por dos motivos: la necesidad de más mano de obra en las ciudades y la incapacidad para evitar la emigración, por mucho esfuerzo que pusiera la Guardia Civil. Ni siquiera una dictadura pudo poner puertas al campo. Lo mismo ocurre hoy. A pesar de quienes creen que perseguir a los inmigrantes los hará desaparecer.

María Guardiola, presidenta de Extremadura: “Yo no puedo dejar entrar en Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes”.

Es justo lo que acaba de firmar. 

El nuevo acuerdo extremeño entre el Partido Popular y Vox es una versión ampliada y extendida del mismo discurso ultra que ya pactaron en 2023. 

La extrema derecha no solo vuelve al Gobierno extremeño: ahora tendrá una vicepresidencia. Vox sigue negando la violencia machista y empleando el trazo gordo en sus discursos negacionistas contra las energías renovables o la agenda verde. En cuanto a la “deshumanización” de los inmigrantes, también subimos un nuevo escalón.

Vox lo llama “prioridad nacional”. El PP de Guardiola lo ha firmado sin rechistar. En la práctica, consiste en una política de racismo institucional: que los inmigrantes tengan menos derechos que los españoles pata negra en el acceso a las “ayudas, subvenciones y prestaciones públicas”.

Todo esto en una región donde los extranjeros son apenas el 4,7% de la población: un tercio de la media nacional (14,1%). No hay ninguna emergencia migratoria en Cáceres ni en Badajoz, es más bien al revés. Sin la llegada de los pocos inmigrantes extranjeros que se mudan allí, Extremadura seguiría perdiendo población. Son muy pocos, pero aunque no lo fueran: recortar derechos a personas por su origen es pura discriminación. 

“No se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido”. Y esto no lo digo yo, lo dice Isabel Díaz Ayuso. Cómo será este acuerdo para que le haya parecido mal incluso a la dirigente más trumpista del PP.

Hay otro problema: la “prioridad nacional” que plantean es profundamente ilegal. No se podrá aplicar. Con las leyes vigentes, a estas personas migrantes no se las puede discriminar. Otra cosa es que el PP y Vox, en el futuro, cambien la ley orgánica de Extranjería, como pretenden. Pero con este Congreso de los Diputados, por ahora, no ocurrirá. 

Tampoco podrán discriminar a los inmigrantes en el acceso a la Sanidad, como plantea Vox. Es una competencia cuya gestión está transferida, pero todas las autonomías deben dar acceso a todas las personas, según las leyes y derechos estatales. Hace unas semanas, un nuevo decreto amplió la sanidad pública incluso a los extranjeros sin residencia legal.

Que todas las personas que viven en España mantengan el acceso gratuito a la sanidad no solo es una buena noticia por una cuestión de humanidad: es también salud pública. ¿O acaso creen los votantes de Vox que los virus y bacterias respetarán su “prioridad nacional”?

Sí hay en el acuerdo extremeño otras trampas xenófobas que buscan este mismo objetivo racista, pero que recurren a métodos más sibilinos. PP y Vox han firmado ampliar el plazo mínimo de empadronamiento en Extremadura para poder optar a viviendas de protección oficial. Serán al menos diez años para la compraventa, cinco años para el alquiler social. No hace falta poner “los españoles primero” en este nuevo requisito legal, pero el objetivo es el que es: dejar fuera a los inmigrantes de las políticas públicas de vivienda. Son ellos, mayoritariamente, los que tienen pocos años de antigüedad en el padrón.

Esta idea, sin embargo, no es original. Es la misma medida que ha aplicado en Madrid Isabel Díaz Ayuso. Fue por voluntad propia: sin necesidad de que le presionaran desde Vox. 

El acuerdo extremeño es solo un aperitivo de lo que está por llegar. La “prioridad nacional” es el nuevo “pin parental”: la medida estrella que Vox quiere colar en todos los acuerdos con el PP, empezando por Aragón y Castilla y León. 

Tiene una parte de propaganda: varios de sus efectos prácticos en las autonomías serán muy limitados mientras no logren cambiar las leyes orgánicas. Pero también de amenaza: está claro cuál es el plan. Si de Vox dependiera, en España también tendríamos, a la caza de inmigrantes, a las milicias trumpistas del ICE.

Tanto Vox como el Partido Popular creen haber encontrado en el rechazo a la inmigración un caballo electoral ganador. Lamentablemente, es posible que tengan razón. Es una vieja historia. Cambian los nombres, el acento, el color de la piel, pero el mecanismo es siempre el mismo: culpar al último en llegar. Convertir al más débil en el problema. Señalar hacia abajo para no mirar hacia arriba.

El periodista alemán Ernst Klee publicó en 1971 un libro sobre las pésimas condiciones de vida de los inmigrantes españoles, italianos o griegos en la Europa rica. El título era esclarecedor: “Die Nigger Europas”. Los negros de Europa.

La mitad de los españoles que emigraron en esos años hacia Europa para trabajar lo hacía sin papeles ni permisos. Como siempre ha pasado en la historia, este tipo de barreras administrativas son inútiles cuando existe una necesidad material. Discriminar a los emigrantes no les hará desaparecer, solo hará su vida aún peor. 

Ojalá los abuelos extremeños expliquen a sus nietos en qué consiste la empatía, el respeto y la humanidad. Aquellos que se bajaban del tren una estación antes para no ser devueltos a su pueblo. Aquellos que mandaban pesetas a casa desde las fábricas del Ruhr. Aquellos que construyeron Leganés. 

No hace tanto tiempo, esos otros éramos nosotros.

José Barrionuevo, Rodrigo Rato, Jaume Matas, Eduardo Zaplana... La lista de exministros en el banquillo de los acusados no es tan larga y en una misma semana se han sumado de golpe dos nombres más: José Luis Ábalos y Jorge Fernández Díaz. La política es también la agenda informativa: el espacio en las portadas de los periódicos es un bien escaso, los minutos de la televisión también. Y la Justicia ha decidido, casualmente, que ambos juicios se celebren a la vez. 

Para sorpresa de nadie, esta oportuna coincidencia está sirviendo para que el esperado caso Kitchen pase en muchos medios a segunda división. ¿A quién le importa el uso de los fondos reservados para destruir pruebas de corrupción cuando tienes a Jessica enchufada en un puesto de trabajo al que nunca fue? 

Esta coincidencia cósmica, dos exministros en el banquillo a la vez, fue decidida por el Tribunal Supremo. Por la Sala de lo Penal. El juicio de la Kitchen, en la Audiencia Nacional, ya estaba en agenda cuando se fijó la misma fecha para Ábalos. Pero los parecidos se acaban con la semana en la que arrancan los juicios. El resto del proceso penal de ambos exministros no ha sido igual.

El caso mascarillas –por el que Ábalos está siendo juzgado– comenzó a investigarse en 2022 sobre unos hechos ocurridos en 2020. La Kitchen, en 2018, por algo que pasó en 2013. Hay cuatro años de diferencia en la instrucción. Siete años de distancia, si contamos desde que se cometió el presunto delito.

Ábalos es un apestado, con razón. Nadie de su partido le defiende. Fue expulsado del PSOE meses antes de que fuera siquiera imputado, cuando estalló el caso Koldo. Fernández Díaz, mientras tanto, sigue publicando todas las semanas artículos en la prensa de derechas. Pontificando sobre la corrupción de los demás. 

Ábalos duerme cada noche en la cárcel. Es prisión preventiva, aunque aún no hay sentencia, supuestamente por el riesgo de fuga ante las elevadas penas a las que se enfrenta. Jorge Fernández Díaz duerme en su casa. Aunque las acusaciones contra él son también muy graves, la Justicia aquí no ve riesgo de fuga.

Incluso si Jorge Fernández Díaz es condenado, es posible que siga durmiendo en su casa, como ocurre con Eduardo Zaplana. Salvo que la condena fuera muy alta, no entraría en prisión hasta que la sentencia sea firme en el Supremo. Para eso, aún quedan unos años.

Si Ábalos es condenado –cosa probable– seguirá durmiendo en prisión. Su sentencia sí sería firme, al ser del Supremo. Y no tendría siquiera un calendario claro de cuándo podría salir. Aún tiene pendiente otra causa penal en la Audiencia Nacional, junto a Santos Cerdán. Hasta que no haya sentencia firme de ese segundo juicio –si es condenado– tampoco podrá consolidar penas.

Hay una justicia rápida. Hay otra muy lenta. La diferencia de velocidad en teoría responde al juzgado que instruye cada caso. La Audiencia Nacional está colapsada. El Tribunal Supremo apenas celebra juicios: solo los de los aforados o de aquellas excepciones que le vienen mejor, como ocurrió con el Procés, que debería haberse juzgado en el TSJ catalán. Por eso la Kitchen fue lentísima en la Audiencia Nacional y lo de Ábalos, o lo del fiscal general, ha sido a toda velocidad.

Pero esta explicación es incompleta para entender el ritmo electrizante con el que Ábalos ha sido encarcelado, está siendo juzgado y probablemente será condenado. Este juicio es anómalo porque es un proceso contra la persona, y no contra los delitos.

A Ábalos se le acusa en este juicio de haber cobrado comisiones por la adjudicación de un contrato de mascarillas durante la pandemia. Pero el empresario que vendió esas mascarillas no está en el banquillo de los acusados en el Supremo.

También se le acusa de haber enchufado en dos empresas públicas a una de sus parejas, Jessica Rodríguez. Pero los directivos de esas empresas que colaboraron con el enchufe y permitieron que Jessica no fuera siquiera a trabajar tampoco están entre los acusados en este juicio.

A Ábalos también se le juzga por disfrutar durante el verano de un chalet gratis en la costa a cambio de otro favor político que prometió a una empresa de hidrocarburos. Pero la empresaria que pagó ese chalet tampoco está en el banquillo. Ni tampoco el empresario de hidrocarburos que supuestamente lo sobornó.

La mayor parte de estas personas que colaboraron, indujeron o participaron en los presuntos delitos de Ábalos están imputadas. Acusadas judicialmente por estos hechos. Pero no en el Supremo, sino en la Audiencia Nacional. Han sido convocados a este juicio, pero solo como testigos, no como imputados: con obligación de decir verdad. Aún queda mucho para que sean juzgadas. Cuando puedan defenderse, ya dará igual, porque para entonces ya habrá una sentencia en firme del Tribunal Supremo sobre estos mismos hechos. 

Hay también una curiosa excepción: el caso de Jessica Rodríguez. No está imputada en ningún sitio, ni el Supremo ni en la Audiencia Nacional. Por mucho que pregunto a mis fuentes jurídicas, nadie me sabe explicar por qué ella no está siquiera acusada, pero el hermano de Pedro Sánchez será juzgado. Y eso que David Sánchez sí iba a trabajar. 

Volvamos a Ábalos. En teoría, un mismo delito no se puede juzgar dos veces. En teoría, los acusados tienen derecho a defenderse. En teoría, las piezas separadas en los juzgados se trocean en función de los presuntos delitos, no según las personas que participan en ellos. Pero con este caso, el imaginativo Tribunal Supremo ha inaugurado una nueva forma de juzgar. 

Como Ábalos era diputado, la competencia en la instrucción era del Tribunal Supremo. Cuando la Audiencia Nacional –que empezó la investigación del caso Koldo– pidió la imputación del ministro, lo lógico habría sido que todos los demás implicados hubieran pasado al Tribunal Supremo junto a él. Es lo que se hizo, por ejemplo, cuando el Supremo asumió la investigación de toda la causa de los GAL porque José Barrionuevo era aforado. Toda aquella investigación pasó al Supremo, Amedo no siguió en la Audiencia Nacional.

En vez de eso, en esta ocasión, se partió la instrucción de una forma absolutamente artificial: Ábalos, Koldo y Aldama, al Supremo. Y el resto de la tropa se quedó en la Audiencia Nacional. 

¿Pueden dos tribunales distintos investigar y juzgar unos mismos delitos? En España parece que sí. 

Si el Supremo se hubiera quedado con toda la causa en aquel momento –habría sido lo razonable–, es dudoso que hubiera podido ir tan deprisa. Con los GAL tardaron tres años desde que asumieron la instrucción. Cuando hay muchos acusados, los tiempos de la Justicia se suelen alargar. 

El día en que Ábalos renunció a su escaño –el 28 de enero de 2026– este juicio aún no tenía fecha. El Supremo podría haberlo mandado de vuelta a la Audiencia Nacional y acabar con esta absurda división. Ninguna ley se lo impide, solo un acuerdo en el pleno que se puede cambiar. Pero claro, enviar el caso a este juzgado colapsado no habría permitido condenar a un exministro de Pedro Sánchez antes de que llegue el verano, como probablemente ocurrirá. Las prisas son políticas.

Las anomalías en este caso de corrupción –porque es corrupción, a pesar de estas extrañas maniobras judiciales– no se acaban aquí. Te recomiendo este artículo del abogado Carlos López-Keller que explica muy bien esta absurda división y otros desatinos más. Una de sus metáforas sobre el juicio es muy potente: “Como el plato es escaso, lo llenan de guarnición”. Se supone que este juicio va de las mordidas por los contratos de mascarillas durante la pandemia. Pero en lo que llevamos de juicio, el enchufe de Jessica Rodríguez (una malversación de 44.000 euros) parece ser la gran prioridad. El dinero de las supuestas comisiones, por ahora, parece más difuso.

La exuberante instrucción del Supremo contrasta con la otra pista de este doble circo: el caso Kitchen. 

De aquella investigación se ocupó Manuel García Castellón. Es ese juez que recomendaba Ignacio González, en conversación con Eduardo Zaplana, cuando pedía mandar al magistrado que ocupaba su plaza en la Audiencia Nacional “a tomar por culo a Onteniente”.

Es el mismo juez que, tal y como pronosticaba González, pidió volver a su plaza en la Audiencia Nacional: a cobrar menos y trabajar más. 

Es el mismo que acusó de terrorismo a Carles Puigdemont con la coartada de un turista francés que había fallecido de un infarto durante las protestas independentistas en el aeropuerto de El Prat. El mismo que tuvo que cerrar abruptamente aquella investigación porque metió la pata con los plazos. 

En la Kitchen, García Castellón tampoco decepcionó. Fue el responsable de que Mariano Rajoy ni siquiera fuera llamado a declarar como testigo, como pedía la Fiscalía Anticorrupción. Y había argumentos más que de sobra para ello: Rajoy no solo era el jefe directo de Fernández Díaz, sino también el principal beneficiario de que la Kitchen destruyera esas pruebas de corrupción que guardaba Luis Bárcenas. Unas supuestas grabaciones que le afectaban directamente a él, y también al partido del que era presidente.

García Castellón también fue quien salvó de este juicio a María Dolores de Cospedal, de nuevo en contra del criterio de la Fiscalía, a pesar de esos audios donde la entonces número dos del PP hablaba con Villarejo de “la libretita de Bárcenas”.

El caso Kitchen llega a juicio, trece años después. Pero aún quedan por investigar judicialmente muchos otros de los presuntos delitos que cometió esa policía política que anidaba en ese Ministerio del Interior. La Operación Catalunya, contra los independentistas. La guerra sucia contra Podemos y todos los rivales políticos del PP. Todo eso aún sigue impune. Es muy probable que nunca se llegue a juzgar.

Porque la Justicia es igual para todos y los niños vienen de París. Más concretamente, de la Plaza de París, en Madrid, donde tiene su sede el Tribunal Supremo español.

P.D. En elDiario.es hemos producido dos documentales cortos sobre cada uno de estos juicios. El primero: Caso Ábalos, la tríada de la corrupción. El segundo: Juicio final a la guerra sucia del PP. Te recomiendo que los veas: son muy buenos y ayudan a comprender lo que pasó. 

Y el lunes, estrenamos otro documental más: Las tres guerras sucias del PP. Espero que te gusten.

Casi un mes después de empezar los bombardeos, Alberto Núñez Feijóo ha descubierto al fin que está en contra de la guerra. Ha tardado en llegar a este punto. Pero aún le queda una tarea importante: decirnos lo que piensa de ese líder internacional que ha provocado esta catástrofe. 

O al menos decir su nombre. 

Hay una larga tradición cultural para este tipo de tabú. La referencia más popular probablemente está en los libros de Harry Potter. Se trata de Voldemort: ese mago tan poderoso y temido que casi nadie se atreve a nombrarlo. Apenas se le menciona, salvo que sea imprescindible. Y cuando no queda otro remedio, se refieren a él con un circunloquio: “El que no debe ser nombrado”. 

La idea no es original. Ni falta que hace: la excepcional saga de J. K. Rowling es una de las mejores vías para iniciar a los niños en el maravilloso hábito de la lectura. Ese tabú de no nombrar a alguien temido y poderoso viene de la mitología. De los griegos, que llamaban “euménides” (benévolas) a las Erinias: las diosas de la venganza, que castigaban en el Tártaro a los criminales. Decir su verdadero nombre en voz alta era algo que la mayoría de los griegos evitaba, por el miedo a invocarlas y provocar una represalia.

Ese miedo está también en el judaísmo. En el tetragrámaton de cuatro letras hebreas con el que se nombra a Dios, una palabra tan sagrada que la tradición prohíbe pronunciarla en voz alta. Y si se escribe, tampoco se debe destruir después el texto. Por eso se le llama “Adonai” (señor) o “HaShem”, que se traduce literalmente como “el nombre”. El eufemismo no oculta nada: todos saben perfectamente de quién se habla.

En las novelas de Harry Potter, no era solo miedo o superstición. Había también una razón técnica, o más bien mágica: era tanto el poder de Voldemort que podía rastrear la ubicación de cualquiera que lo nombrara. No es muy distinto a lo que ocurre con la dictadura china y los sistemas de vigilancia masiva en los programas de mensajería en el móvil, sus equivalentes a WhatsApp. Pocos escriben el nombre de Xi Jinping cuando se trata de una crítica. Por motivos obvios. 

El caso español tiene su propio Voldemort. Es Donald Trump. Y el miedo del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se nota en las vueltas que da para evitar nombrarlo.

Durante las últimas semanas, el líder del PP ha pronunciado docenas de discursos sobre la guerra contra Irán. Ha hablado de “nuestros aliados”, de “la administración norteamericana”, de “Estados Unidos”, de “Occidente”. Ha dicho también que Pedro Sánchez se ha “enfrentado a un aliado” y que eso “perjudica los intereses de España”. Ha pedido que España “vuelva a estar del lado de la libertad”. Y ha hecho todo tipo de malabarismos para intentar defender dos posiciones imposibles. 

La primera fue apoyar la guerra de Trump y Netanyahu contra Irán. Es lo que hizo en las primeras semanas y basta repasar sus tuits, declaraciones y comunicados de entonces para comprobarlo. Y cuando vio que hasta sus propios votantes estaban en contra, empezó un nuevo giro: un “no a la guerra” en abstracto, donde al principal responsable de este enorme desastre ni siquiera se le nombra. 

En privado, Feijóo asegura compartir todas las críticas a Trump que sí se atreve a hacer hasta la FAES. Pero también dice no querer manifestarlas por “responsabilidad”. Es una curiosa excusa.

En público, hay que buscar con lupa las ocasiones en las que Feijóo menciona siquiera a Donald Trump por su nombre. En su cuenta de X no hay una sola desde que empezó esta guerra. En entrevistas, solo lo hace si le preguntan específicamente por el presidente estadounidense, y para ponerse de perfil. En su discurso en el Congreso de esta semana, solo lo nombró una vez. La frase literal fue esta:

“Lo que pasa en el mundo es algo más complejo que estar cerca o lejos de Trump. Ojalá fuese tan simple”.

¿Ojalá fuera tan simple? ¿Es que acaso cree el presidente del PP que hay alguna otra persona, algún otro motivo, que permita explicar la crisis económica mundial que se nos viene encima? ¿O es que esta guerra fue un infortunio meteorológico que nos cayó del cielo? 

¿Hay algún otro líder internacional en los últimos 80 años que haya puesto en riesgo de forma más grave el bienestar y la seguridad de todos los habitantes del planeta? ¿Algún otro asunto sobre el que cualquier líder político deba al menos explicarnos lo que piensa?

La posición de Feijóo con este tema no solo es estrambótica en España. También en Europa, donde el resto de los líderes conservadores ni fueron tan serviles en su defensa del ataque contra Irán ni han tardado tanto tiempo en oponerse a esta guerra ilegal. Hasta Giorgia Meloni ha sido más rápida que Feijóo en este viaje. Y ni siquiera así evitó su primera gran derrota, en el reciente referéndum italiano sobre su reforma de la Justicia.

El problema de Feijóo es siempre el mismo. Toda su política, también la internacional, se define por llevar la contraria al Gobierno, sea cual sea el asunto a debate. 

Se opuso a la excepción ibérica con el tope al gas –“timo ibérico”, lo llamaba– que permitió a los españoles pagar una de las facturas eléctricas más baratas de toda Europa durante la crisis de Ucrania. Fue el único partido de la oposición en toda la UE que cuestionó la gestión de los fondos europeos en su propio país, sembrando dudas sobre España. Votó en contra de la misma reforma de la ley del suelo que pedían sus propios ayuntamientos. Se opuso frontalmente a una reforma del sistema de financiación que beneficiaba especialmente a las autonomías donde su partido gobierna. Ordenó a sus presidentes autonómicos que rechazaran la quita de la deuda que les ofrecía Sánchez (como en el chiste: “que se joda el sargento, que no como”). Y esta misma semana se ha abstenido en el decreto con la rebaja de impuestos a los combustibles que él mismo pedía. 

Cualquier día Feijóo nos dirá que la Tierra es plana, si es que a Sánchez le da por insistir en que es redonda. Con suerte, lo mismo se abstiene: “Ni redondismo ni terraplanismo”. 

Feijóo también olvida que no es él, sino “Santiago Obescal”, el elegido por Trump como virrey de Estados Unidos para España. O tal vez lo recuerda mucho, y está intentando postularse para el cargo.

Al mismo tiempo, su cobardía frente al matón de la Casa Blanca permite profetizar cuál será su política si llega a La Moncloa. ¿Qué piensa hacer Feijóo con la subida del gasto militar del 2% al 5% del PIB que exige esa persona naranja de la que nunca nos habla? ¿De dónde piensa sacar el dinero, o la valentía para negarse?

P.D. El próximo sábado no te escribiré. Me tomo unos días de descanso con mi familia. Nos vemos a la vuelta.

Ante cada crisis del petróleo, España repite la misma fórmula: descuentos al combustible que no tenemos, pagados con dinero público que no nos sobra. Es una receta populista, ineficaz y regresiva. Una idea equivocada, que lleva saliendo mal desde hace medio siglo. 

El primero que apostó por ella fue Franco, en 1973, tras la primera gran crisis del petróleo. La Guerra del Yom Kippur –apenas 19 días– llevó a un embargo de los países árabes exportadores contra EEUU y sus aliados, por su apoyo a Israel en ese conflicto. El precio del crudo subió un 70% en un solo día; acabaría multiplicándose por cuatro. La respuesta de la dictadura fue intentar que los españoles no se enteraran de la crisis. Evitar medidas impopulares en un momento en que el régimen agonizaba. Mientras el precio de la gasolina se disparaba en todo el mundo, en España solo subió un 20%. El resto lo ponía el Estado.

Aquella política fue desastrosa. Los ingresos del Estado por el monopolio del petróleo pasaron de 26.355 millones de pesetas en 1973 a solo 234 millones en 1974. El descuento a la gasolina se comió el 4,7% del presupuesto público. Al no trasladar el precio del petróleo, España siguió como si nada hasta finales de 1975. No se redujo el consumo. El golpe llegó después, mucho más duro. El crecimiento del PIB pasó del 7,8% en 1973 al 0,5% en 1975. La inflación alcanzó el 28% en 1977. Los Pactos de la Moncloa estabilizaron la situación, pero sin abordar la dependencia energética. Cuando llegó la segunda crisis del petróleo, en 1979, España seguía sin los deberes hechos. La economía se atascó durante casi una década.

Por fortuna, ya no estamos en esa época. En este siglo XXI, España ha transformado su modelo energético, algo que está siendo clave en el crecimiento de nuestra economía. Hoy España produce electricidad más barata gracias a las renovables, que suman casi el 60% de la producción. “El sábado pasado, el precio del megavatio hora en España fue de 14 euros, frente a más de 100 en Italia, Alemania o Francia”, presumió Pedro Sánchez en su rueda de prensa de este viernes. 

“España está mejor preparado que casi ningún otro país de nuestro entorno para este shock energético”, dijo también el presidente. Es una verdad a medias.

En producción eléctrica renovable hemos hecho los deberes. España saca muy buena nota. No así en el transporte: ahí el suspenso es absoluto. 

España ocupa en torno al puesto 20 en la UE en penetración del coche eléctrico. Solo hay siete países peor. En ventas nuevas, sumando híbridos enchufables, España apenas alcanza el 20%, frente al 30% de Alemania, el 35% de Países Bajos, el 38% de Portugal o el 50% de Dinamarca. Si miramos el parque total, el porcentaje es ridículo: apenas el 1,5% tiene etiqueta cero. La inmensa mayoría de los coches en España dependen del petróleo.

Quien cree que es un problema de renta se equivoca. ¿Por qué Portugal sí está logrando el despegue del coche eléctrico y no España?

Se entiende todo mejor con este gráfico. Ojo: son datos previos a la bajada al 10% del IVA para los combustibles que acaba de anunciar el Gobierno.

Somos uno de los países de la UE con impuestos más bajos a los combustibles. En gasolina, solo Bulgaria tiene una carga fiscal menor. En diésel, solo nos gana Estonia. En precio final, es difícil encontrar gasolineras más baratas que las españolas entre los países de nuestro entorno. Por eso las colas, en la frontera, siempre están de nuestro lado.

Al mismo tiempo, antes de impuestos, el precio de la gasolina en España es de los más altos de Europa. Algo que solo se puede explicar por los márgenes del refino y de las distribuidoras: no por la carga fiscal que soportan los combustibles ni por el precio mundial del crudo, que es similar para todos.

En parte es herencia de las políticas franquistas, que la democracia nunca corrigió por el mismo motivo: es impopular. El resto de Europa lleva décadas gravando fuertemente el combustible para reducir su consumo y la dependencia del petróleo. 

En toda Europa hay campañas públicas para animar a los conductores a revisar la presión de sus ruedas: el consumo aumenta hasta un 10% si están poco infladas. Cobran peajes en las vías de alta velocidad y es por lo mismo: para desincentivar el coche privado y no subvencionar el transporte de mercancías por carretera. En las grandes ciudades, apuestan por la bicicleta, o por restringir el coche en el centro. 

España, país sin petróleo, pero paraíso de la gasolina (para las petroleras, más que para los consumidores). Y también del diésel: la Comisión Europea lleva años exigiendo eliminar su ventaja fiscal, hasta el punto de que hay 1.000 millones de fondos europeos en juego.

Es una cantidad que probablemente haya que sumar a los 5.000 millones en descuentos fiscales que ayer anunció el Gobierno, su plan frente a la guerra de Irán. Se dice pronto esa cifra: 5.000 millones es el doble que la mayor convocatoria de becas de la historia.

Esta rebaja de impuestos será regresiva: la mayor parte irá a familias que no lo necesitan. Será ineficaz: engordará los beneficios de las petroleras. E irá en dirección contraria a lo que España necesita: depender menos del petróleo.

Ya lo vimos en la anterior legislatura, con el descuento de 20 céntimos por litro de combustible durante la crisis de Ucrania. Según los datos de la AIREF, costó 4.531 millones de euros. El 40% fue al tercio más rico; el más pobre solo recibió el 20%. Y unos 857 millones acabaron mejorando los beneficios de las petroleras, según este estudio. 

Aquella medida solo sirvió para frenar el IPC. Como España tiene impuestos más bajos sobre el combustible, también es donde más aumenta el precio cuando sube el petróleo. Un problema que no se resolverá mientras no se corrija esa fiscalidad.

El PSOE parece haber optado por un paquete de medidas que perfectamente podría haber firmado la derecha. Es casi lo mismo que pedía Feijóo: bajar unos impuestos que ya eran bajos. Parece que la prioridad –más que tomar las medidas adecuadas– era hacer algo que pudiera ganar la votación en el Congreso.

Es también decepcionante el papel de Sumar en esta negociación. Retrasaron su entrada en el Consejo de Ministros como modo de presión para incluir la moratoria para los pisos de alquiler. Es un gesto de cara a la galería: esa moratoria no va a prosperar –como saben todos en la coalición– porque no hay mayoría suficiente en el Congreso. PNV y Junts se oponen frontalmente.

El problema de fondo sigue siendo el de siempre, igual que en los años 70. Nadie quiere tomar una medida tan impopular como subir la gasolina o el diesel, o permitir que suban. 

La electricidad en España –el precio mayorista– es una de las más baratas de Europa. Hay horas, casi todas las semanas, donde la producción renovable es mayor que toda la demanda. Y aun así, aquí seguimos: apoyando fiscalmente una energía que no tenemos, en lugar de apostar por la que nos sobra.

Donald Trump no tiene un plan. Lo del cambio de régimen –dicen fuentes de la inteligencia israelí– es “un pensamiento mágico”. La guerra de Irán cumple dos semanas con el precio del petróleo desbocado, con el estratégico estrecho de Ormuz bloqueado y con la amenaza que esto supone para la economía del planeta.

“EEUU es el mayor productor de petróleo del mundo, con gran diferencia; por lo tanto, cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero”, presume Trump. Es una verdad incompleta, pero sirve para entender su estrategia.

Sí, EEUU es hoy una potencia petrolera, la primera del mundo. Su producción casi se ha triplicado en las últimas dos décadas. Las nuevas técnicas de fracking y perforación en horizontal han hecho rentables yacimientos de esquisto que, hasta hace muy poco, no se explotaban. Desde 2020, Estados Unidos exporta más petróleo y productos derivados de los que importa, pero sigue dependiendo de otros países. Sus refinerías están adaptadas al crudo pesado –que hoy viene sobre todo de Canadá y México–, mientras que la nueva producción estadounidense es un petróleo más ligero y gas natural que, en gran medida, se exporta.

Sí, la guerra en Irán puede mejorar la balanza comercial de EEUU, aunque no tanto como a Trump le gustaría; EEUU también es el mayor consumidor de petróleo del mundo. Así que todo depende del plural; quiénes son esos que ganan “mucho dinero”. Las petroleras de EEUU se han disparado en la bolsa. Otra cosa son los ciudadanos, incluidos los votantes republicanos. El precio de la gasolina también sube para ellos.

Más datos relevantes para entender esta historia. La revolución del fracking ha reducido la dependencia que tenía EEUU del petróleo del Golfo Pérsico. Hace una década era el 24%. Hoy no llega al 8%, y sigue bajando (y podría bajar más si Venezuela, el país con las mayores reservas del planeta, recupera su producción y la pone al servicio de EEUU). Por el estrecho de Ormuz circula alrededor del 20% de todo el crudo que consume el mundo, pero la mayor parte –casi el 90%– va para Asia. Ese cuello de botella no es tan importante para Estados Unidos. 

La jugada es a tres bandas. La guerra contra Irán es un pésimo negocio para Trump. Su economía también se resentirá y su inflación subirá. Pero la superpotencia rival puede pagar un precio aún más alto. Alrededor de la mitad del crudo que importa China llega desde el Golfo Pérsico y hoy ese grifo se ha cerrado.

¿Y para Europa? El caos provocado por la guerra de Irán es catastrófico. Nuestra dependencia de Ormuz no es tan grande como la de China, pero eso no supone un gran consuelo. El problema es, simplemente, que apenas producimos crudo ni gas natural y el precio está por las nubes.

El 90% del gas y el 96% del petróleo que consumimos en Europa es importado. En España es aún peor: el porcentaje es el 100%. Hace cinco años, dejaron de bombear los últimos y residuales pozos petrolíferos que operaban frente a la costa de Tarragona, en la plataforma Casablanca. Apenas producían 200 barriles diarios, el 0,015% del consumo de crudo de España. 

El resumen es claro. Cada dólar que sube el precio del petróleo es una transferencia de riqueza desde España y Europa hacia los países productores. Incluida la potencia que ha provocado esta guerra: Estados Unidos. Para un tipo como Trump, obsesionado con la balanza comercial, es un factor importante. No tiene un plan. Sigue siendo una guerra ruinosa para sus propios intereses: su economía, su inflación, sus próximas elecciones de noviembre. Es algo que sin duda le preocupa: por eso ha levantado las sanciones petroleras a Rusia. Pero al menos puede convencerse de que un mundo con el barril a 100 dólares le favorece en algunos frentes. 

La solución para Europa, a medio plazo, también es clara: reducir la dependencia de algo que simplemente no tenemos. Cambiar el petróleo y el gas natural por fuentes de energía autóctonas y limpias. Es lo que está haciendo España, con bastante éxito. Casi el 60% de toda la producción de electricidad española ya viene de las renovables. Gracias a la energía eólica, a la hidráulica, a la fotovoltaica, el precio mayorista de la electricidad en España es un 32% más barato que la media europea. Es una de las claves para entender por qué España también crece más que el resto de la Unión Europea. Ya no es solo una apuesta por el futuro del planeta: afecta a nuestra economía del presente.

Con estos datos, resulta imposible entender la posición de esos que se llaman a sí mismos “patriotas”. Como ocurre con el apoyo a esta guerra por parte del PP y Vox, la pregunta es obligada: ¿a qué país se supone que defienden? No es a España.

El nacionalismo energético de Trump es irresponsable desde el punto de vista climático, pero al menos responde a un interés nacional reconocible. Estados Unidos es una potencia petrolera y gasista. No es nuestro caso. 

En el fondo, basta con seguir el rastro del dinero. Los ‘think tanks’ que hoy defienden a Trump, a Milei, a Ayuso o a Abascal son los mismos que durante años negaron el cambio climático mientras recibían generosas donaciones de las empresas más contaminantes. La red internacional que articula Atlas Network lleva años difundiendo ese mismo discurso contra la agenda verde y contra las energías renovables. Un planteamiento trumpista, incoherente para un país como España cuya riqueza energética es el sol, el viento y el agua. No el petróleo.

La siguiente batalla ideológica ya está sobre la mesa: las medidas económicas a tomar para paliar esta crisis. La derecha ya ha ido a lo de siempre: pide una rebaja a los impuestos sobre los combustibles. Una medida que, con Ucrania, aprobó el gobierno de coalición y que no debería repetirse. Es eficaz contra la inflación, es sencilla, es rápida. Pero también es profundamente regresiva y subvenciona la dependencia energética. 

El petróleo no es solo una mercancía: es una relación de poder. Por eso, para España y Europa, la transición energética no es solo una cuestión climática, como demuestra esta guerra. Hablamos de soberanía. 

En privado, según fuentes de su entorno, Pedro Sánchez da tres razones por las que quiere agotar la legislatura, aunque no apruebe nuevos Presupuestos. 

La primera es Catalunya. Porque quiere cerrar del todo la crisis del procés, que terminará completamente con la vuelta a España de Carles Puigdemont. Mariano Rajoy pasará a la historia como el presidente bajo cuyo mandato se produjo una de las mayores crisis institucionales de nuestra historia reciente. Sánchez, como el presidente que después lo arregló.

La segunda son los fondos europeos. Porque tiene las herramientas económicas para poner en marcha reformas de calado en el tejido industrial, incluso sin Presupuestos.

La tercera razón la estamos viendo estos días. Es el contexto internacional. Porque Sánchez se ha convertido en una pieza fundamental en el tablero, no solo para la izquierda mundial. También para cualquier demócrata que crea en los derechos humanos, la paz y la legalidad internacional. 

Hace poco más de un año, hubo mucha gente que aplaudió al socialdemócrata Olaf Scholz, el excanciller alemán que de forma muy honrada y responsable se suicidó políticamente. Scholz no logró aprobar los presupuestos, así que decidió adelantar las elecciones a sabiendas de que las iba a perder. Mucha gente aplaudió su valentía, su coherencia, su responsabilidad. En tiempos más normales, también le habría elogiado yo. Pero eso era el mundo de ayer. 

Ante la ola reaccionaria mundial, ante la grave amenaza que supone Donald Trump, lo valiente, lo coherente, lo responsable, es intentar resistir dentro del marco democrático. No rendirse. Ojalá Scholz lo hubiera hecho, y que Alemania hubiera seguido más tiempo gobernada por una coalición de los verdes y los socialistas, en vez de por otro primer ministro conservador atenazado por la extrema derecha. Otro político asustado, Friedrich Merz, que está poniendo en riesgo a toda Europa con su infructuoso intento de agradar a Donald Trump. Alguien que hoy está siendo cuestionado en su propio país por su apoyo al matón de EEUU.

Esta semana, el presidente Pedro Sánchez ha demostrado por qué es valioso resistir. Por qué importa que España no sea otro país europeo gobernado por la derecha o la extrema derecha. Aunque sigamos sin Presupuestos.

Su decisión de impedir a EEUU usar las bases españolas en la guerra ilegal contra Irán ha tenido un fuerte impacto internacional. Una ola que ha modificado la posición de otros países en el mundo y en Europa. Sin la postura de Sánchez, por ejemplo, no se explica la posición de Italia. Hasta una aliada natural de Trump, como es Giorgia Meloni, ha acabado aplicando para sus bases el mismo criterio que Pedro Sánchez. 

Es, además, el único criterio legal. España está haciendo lo correcto al impedir que Morón y Rota sirvan para unos bombardeos obscenamente ilegales contra Irán. Es una decisión plenamente compatible con enviar una fragata para defender de posibles misiles iraníes a Chipre, un país de la UE. Si alguien encuentra una incoherencia entre ambas medidas debería volver a ver un programa infantil como Barrio Sésamo, para entender la diferencia entre conceptos básicos como arriba y abajo, dentro y fuera, o ataque y defensa.

Tampoco es incoherente repudiar el sangriento régimen iraní con cuestionar esta guerra ilegal. Después de Irak, después de Afganistán, nadie informado puede creerse ya que de las bombas estadounidenses nacerá mágicamente un país mejor, respetuoso con las mujeres y los derechos humanos. De prosperar los planes de Trump –la CIA planea dar apoyo a los opositores kurdos– lo que espera a ese país no es la democracia: es una guerra civil. 

La posición internacional de España es hoy importante y es valiente, aunque la mayoría de los países se pongan de perfil. Precisamente por eso. Y no es la primera vez que ocurre. Fue también Sánchez quien logró endurecer la posición de Europa ante el genocidio de Israel en Palestina. Fue también Sánchez quien se negó a la loca exigencia de Donald Trump de elevar al 5% el gasto militar.

Son, todas ellas, posiciones plenamente coherentes con el derecho internacional, con los intereses de España y con el sentir mayoritario de la ciudadanía española, como reflejan las encuestas. Hay otros asuntos donde la gestión del Gobierno es mejorable. Pero en este tema concreto, Sánchez está haciendo lo que se espera de cualquier gobernante que respete los derechos humanos, los tratados internacionales y la voluntad y el interés de su país. Y lo hace en un momento en el que esto, en Europa, se ha convertido en una rareza. 

Lo incomprensible, lo vergonzoso, es la posición de la derecha y la extrema derecha española frente a esta nueva guerra ilegal de Benjamin Netanyahu y Donald Trump. PP y Vox se han alineado con los ataques, han difundido bulos para criticar al Gobierno y han acusado a Sánchez de estar “del lado de los asesinos”. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que España “está más aislada internacionalmente que nunca”, que “no es fiable” y que “no cuenta para los posicionamientos estratégicos del mundo”. El Gobierno de Ayuso llamó a Sánchez “corrupto”, “paria” y “tonto útil de las dictaduras”. El presidente de Murcia afirmó que prefería estar “con Alemania que con los dictadores de Irán”, como si la única alternativa al belicismo fuera la complicidad con los ayatolás.

Hay una sola excepción relevante en el PP, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán. Se ha mostrado contrario a cualquier guerra y partidario del diálogo y la diplomacia. No ha criticado a Pedro Sánchez por su posición sobre Irán. Es el único, es el raro, que se ha desmarcado de Génova en sus críticas de brocha gorda contra el Gobierno de coalición. 

El patriotismo, al parecer, tiene excepciones. Funciona contra la inmigración, contra los independentistas, contra la izquierda, contra cualquiera que no crea en la miope idea de España que tiene la derecha. Pero se desactiva en cuanto llega un matón con bandera americana y ordena ponerse firmes.

Si gobiernan Feijóo y Abascal, ¿qué harán frente a las presiones de Trump? ¿De dónde piensan sacar el dinero necesario para gastar en armas ese 5% del PIB, ese diezmo que nos exige EEUU?

Trump apenas lleva 400 días de mandato. Le quedan 1400 días más. En poco más de un año ha bombardeado Venezuela, ha secuestrado a su presidente, ha abierto una guerra contra Irán, ha asesinado a sangre fría a ciudadanos de su propio país con una milicia paramilitar y ha fundado una ONU de cartón piedra para construir un resort en Gaza.

¿Qué será lo siguiente? ¿Cuba? ¿Groenlandia? ¿Cancelar las elecciones de noviembre que están previstas en EEUU? ¿Las tres cosas a la vez?

No soy ingenuo. Por sí sola, la postura frente a Trump de Pedro Sánchez no va a frenar a este matón. Es también obvio el interés en buscar con la política internacional una movilización del electorado progresista que Sánchez no logra con la política de vivienda. Pero claro que su posición tiene valor; por eso incomoda tanto a Trump. 

Es, al mismo tiempo, la única posición decente frente a esta guerra que se puede tener.

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Antes de despedirme, hay otra cosa que te quiero contar. 

Julio Iglesias nos lleva a los tribunales. Empieza un largo, caro y complejo proceso judicial; el cantante anuncia que irá contra nosotros por la vía penal. Va a pedir condenas de cárcel para los periodistas de elDiario.es, además de una gigantesca indemnización: 200 millones de euros, según han publicado distintos medios. Es una cifra que supondría nuestra quiebra. 

Ayer me reuní con todos los trabajadores de elDiario.es para tranquilizarlos. Hoy te quiero tranquilizar a ti también, porque muchos socios y socias nos habéis escrito, preocupados por nosotros. 

Algunos preguntáis cómo podéis donar dinero o subir la cuota para financiar nuestra defensa legal. Podéis hacerlo desde aquí, pero por ahora no estamos en peligro; no hay ninguna urgencia. Os agradecemos el apoyo, el cariño y la solidaridad. Ayuda mucho saber que no estamos solos. No tenemos miedo y vamos a defendernos. Mientras contemos con el respaldo de tanta gente, nadie nos va a cerrar. 

Hoy publicamos un artículo de María Ramírez en el que explicamos al detalle cómo fue esta larguísima investigación sobre Julio Iglesias: todos los pasos que dimos antes de publicar. Te recomiendo que lo leas. Tardamos tres años porque quisimos hacer las cosas bien. Por eso estamos tranquilos: nuestra información fue rigurosa, contrastada y veraz. Y lo podremos demostrar ante cualquier tribunal. 

Hay un protocolo. No cualquiera puede llegar al santoral. Pero en la Iglesia Católica es compatible una vida de pecados con alcanzar la santidad. No puntúa la media, el día a día de una trayectoria vital. Tampoco descalifica el error, por grave que sea. Pero sí son imprescindibles dos cosas: el milagro y la virtud heroica. 

Se puede ser ladrón y después santo, como San Dimas. Pecadora y santa, como María Magdalena. O cruel perseguidor de los cristianos y luego santo, como San Pablo.

Es el modelo católico de santidad con claroscuros que hoy nos propone Alberto Núñez Feijóo para Juan Carlos de Borbón. El rey emérito cometió “errores innegables”, reconoce el líder de la oposición. Pero “paró el golpe de Estado” y debe “pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país”.

La tesis es clara. Y a ella se han sumado esta semana otros dirigentes del PP, aprovechando la desclasificación de la documentación del 23F que aún conservaba el Gobierno bajo secreto. Unos papeles escasos, incompletos y que aportan francamente poco, pero que la inmensa mayoría de los medios de comunicación han querido presentar como la prueba del milagro del santo rey Juan Carlos. La demostración definitiva de su virtud como gran salvador de la democracia española. 

Los agujeros en esa tesis siguen siendo enormes. Casi tan grandes como la documentación sobre el golpe de Estado que sigue sin aparecer y que probablemente fue destruida muchas décadas atrás. Solo han llegado al siglo XXI unos pocos pinchazos telefónicos de aquel 23 de febrero de 1981: las llamadas de la mujer de Antonio Tejero, lamentando el destino del “tonto desgraciao” de su marido; o la conversación que tuvo Tejero, desde el Congreso, con el ultra García Carrés. Son transcripciones de pinchazos telefónicos cuya existencia demuestra lo mucho que aún sigue oculto o se destruyó. Si estas llamadas se grabaron, ¿alguien cree que todas las demás no?

Sabemos ya mucho del 23F. Del papel del rey en sus comienzos, del que tuvo en su resolución. Es evidente que Juan Carlos de Borbón alimentó el caldo de cultivo del golpe, con sus desprecios al presidente Adolfo Suárez, sus presiones para que dimitiera, su calculada ambigüedad ante el malestar militar y su falta de firmeza democrática ante aquellos que le hablaban de un “golpe de timón”. También es innegable que la intervención del rey por televisión fue determinante y supuso el fracaso definitivo de la asonada. Y menos mal. Aquella madrugada, con los tanques en las calles de Valencia y el resto de las divisiones pendientes de su decisión, Juan Carlos de Borbón hizo lo correcto y evitó un mal aún mayor.

No hay ninguna prueba que demuestre que el rey estaba al tanto de lo que ocurriría el 23F. Pero sigue siendo una incógnita el verdadero papel que desempeñó el general Alfonso Armada, el hombre de la máxima confianza de Juan Carlos de Borbón. Si actuaba por libre, o a las órdenes del rey o solo inspirado por los reiterados desprecios contra Suárez del Borbón.

La sentencia del 23F condenó a Alfonso Armada a 30 años de cárcel, la misma pena que Antonio Tejero y Jaime Milans del Bosch. En 1988 fue indultado por el Gobierno de Felipe González. Salió poco después, con la excusa de su delicada salud. Una salud tan mala que pudo vivir otro cuarto de siglo tras su excarcelación.

Hace año y medio supimos algo más, un detalle importante: lo que Juan Carlos de Borbón le contó en la intimidad de la alcoba a una de sus amantes, Bárbara Rey: “Armada estuvo siete años en la cárcel y jamás ha dicho una palabra”. Las preguntas son evidentes: ¿Qué sería eso, tan importante, que el general Armada se calló? ¿Tuvo que ver su silencio con el indulto que recibió?

En esa misma conversación con Bárbara Rey, donde elogia la lealtad del golpista Armada, Juan Carlos de Borbón también lamenta lo mucho que habló Sabino Fernández Campo, el jefe de la Casa Real durante el golpe. El exministro José Bono, en el último volumen de sus memorias, recoge una interesantísima conversación con Sabino, donde explica la reunión previa al golpe que el rey mantuvo con otro de los sublevados, el general Milans del Bosch.

“Sabino juzga extremadamente relevante esta audiencia. Cree que Milans «quizá entendió lo que dijo el rey de tal manera que pudo ser desencadenante involuntario del 23 de febrero. De lo que no tengo duda es de que el rey le dijo a Milans que la situación era insoportable, que había que tomar alguna decisión, porque esto se lo escuché con posterioridad. Es decir, le dijo lo que Milans venía a contarle. 

Continúa Sabino: «El rey lloró el 23-F cuando escuchó el tiroteo en el Congreso, y me dijo que no esperaba tiros. No esperaba disparos, pero ¿esperaba algo? Yo creo que esperaba algo acorde con la ley, porque Alfonso Armada le había llevado un escrito de un famoso catedrático de Derecho Constitucional que proponía que el rey se presentara personalmente en el Congreso de los Diputados y, después de un discurso en el que destacase la mala situación de España, propusiera un Gobierno presidido por un independiente, previsiblemente Armada. Al rey no le gustaba tener que ser él quien se presentara ante el Congreso. Le advertí de que se trataba de una proposición contraria a la Constitución, ¡menos mal que estaba yo allí!».“

¿Me dijo Sabino la verdad?“, se pregunta Bono en su libro. ”No puedo demostrarlo. De lo que estoy seguro es de que cuanto relato responde fielmente a sus declaraciones“.

Hay otra duda legítima, que tampoco resuelven estos documentos. ¿Qué habría pasado si Tejero hubiera aceptado el plan de Armada: un gobierno de concentración nacional bajo su presidencia? ¿Se habría emitido también ese mensaje del rey en defensa de la Constitución? El orden de los factores es importante. Esa condena televisiva del rey al golpe de Tejero solo se hizo pública cuando el golpe de Armada ya había fracasado. Siete horas después del asalto del Congreso.

Pero la beatificación del rey Juan Carlos que plantea Alberto Núñez Feijóo no solo hace agua porque estos nuevos papeles siguen sin aclarar las grandes incógnitas del 23F. El presidente del PP también olvida tres datos importantes cuando plantea que se permita al emérito regresar a España en esta última etapa de su vida.

El primer olvido: que no hay ninguna condena de destierro que haya que indultar. Juan Carlos de Borbón es un ciudadano libre que puede volver a España cuando le dé la real gana. De hecho lo hace habitualmente, pasa largas temporadas aquí.

El segundo olvido: que la razón por la que el rey se fue a Abu Dabi nunca fueron las dudas sobre su papel durante el 23F. Salió de España porque se lo pidió su hijo, Felipe VI, que hizo bien en marcar distancias con los fraudes ante Hacienda de su padre y esa fortuna millonaria que escondía en paraísos fiscales.

El tercer olvido: que el verdadero problema de su regreso a España es su residencia fiscal, como ayer puso sobre la mesa la propia Casa Real. Si duermes más de 183 días al año en España, es obligatorio tributar también en este país. Y declarar todos sus ingresos y patrimonio ante Hacienda.

En España los impuestos son bastante más altos que en Emiratos. Las donaciones de alguien que no es un familiar, como los millones que habitualmente le pagaban sus “hermanos” de las monarquías saudíes, tributan entre el 34% y el 81%.

El rey emérito también tendría que aclarar si ya ha devuelto los cuatro millones de euros que le prestaron algunos de sus amigos millonarios para así poder pagar las multas a Hacienda. Hace pocos meses, en elDiario.es desvelamos en exclusiva el contrato de uno de esos préstamos al rey. Firmó un 3% de interés anual y hay solo dos opciones posibles, ninguna buena para su asesor fiscal. Si el rey no ha devuelto ese dinero, ese préstamo podría ser considerado como una donación encubierta. Y si lo hizo, tendría que aclarar de dónde salió el dinero para pagar. 

La Iglesia católica solo perdona los pecados si hay arrepentimiento, algo de lo que el rey carece, a juzgar por lo publicado en sus memorias. Y en la tradición católica, la virtud heroica se acredita al final de la vida, no en un momento de gloria del pasado. Los santos pasan del pecado a la virtud, y no al revés. Feijóo propone exactamente lo contrario: beatificar al rey por lo que hizo hace cuatro décadas e ignorar lo que ha hecho desde entonces.

Juan Carlos de Borbón lleva sus últimos años en Emiratos Árabes Unidos, disfrutando de su fortuna, sin pedir perdón por nada. El milagro del 23F, si es que ocurrió, fue hace mucho tiempo. Y desde entonces, el santo ha caído.

La autonomía más rica de España es también la que más maltrata a la Universidad. A la pública, conviene precisar; que a la privada las políticas del PP le sientan fenomenal. 

Los datos, por si hubiera alguna duda. Madrid es la comunidad autónoma que menos dinero público invierte por alumno universitario: 6.975 euros frente a una media de 9.346. Es la que cobra tasas más caras: 2.052 euros al año, el doble que las autonomías más baratas (Galicia y Asturias). Es la que tiene más alumnos universitarios en la privada: ya son un tercio del total, el 34%, frente al 23% de la media nacional.

Las cifras absolutas son terribles. Pero cuando se compara con la riqueza de esta autonomía son más sangrantes aún; se entiende que Ayuso tenga como referente la motosierra de Milei. Respecto a su PIB per cápita, Madrid gasta la mitad que las demás. Repito, que es grave, la mitad: un 16% frente al 31% de la media nacional. 

Los datos completos, con gráficos, los ha recopilado Aurelio Medel en este interesante artículo que hay que leer. Son las cifras de la demolición de la universidad pública madrileña. Un recorte paulatino que cada año va a peor. En 2008, Madrid gastaba el 0,88% de su PIB en las universidades públicas. Hoy es el 0,68%.

Las consecuencias de esta asfixia económica a la vista están. Especialmente en la Universidad Complutense, la más grande de España entre las presenciales; una de las más antiguas y prestigiosas. Más de 500 años de historia, desde que la fundó en 1499 el cardenal Cisneros en la antigua “Complutum” romana, hoy Alcalá de Henares. 

En los últimos veinte años, la Universidad Complutense ha perdido el 25% de sus alumnos. No por falta de demanda, las notas de corte son altísimas y cada año miles de estudiantes se quedan fuera. Hay menos alumnos porque no les pueden atender. 

Ha habido meses donde el pago de las nóminas en la Complutense ha estado en riesgo. Algunos de los edificios se caen a trozos. La universidad ha tenido que presentar un plan urgente para devolver un préstamo de 33 millones al gobierno de Ayuso, unos recortes que pasan por reducir el número de profesores, precarizar aún más sus salarios e incluso eliminar algunos de los grados y titulaciones. A pesar de los recortes, sigue estando entre las mejores universidades españolas. Pero en cinco siglos, cuesta encontrar otro momento más crítico en la historia de la Complutense. Desde luego no hay otro peor en tiempo de paz.

Esta persecución contra la universidad pública madrileña en beneficio de la privada no empezó anteayer. Viene de lejos. Comenzó con Alberto Ruiz Gallardón y su consejero de Educación, el ultracatólico Gustavo Villapalos: el mismo que entregó a los Legionarios de Cristo una universidad, la Francisco de Vitoria. Esta institución privada empezó en la pública: nació como centro adscrito a la Complutense cuando Villapalos era rector. Fue el mismo Villapalos, como consejero de Educación, quien después autorizó su transformación en universidad privada independiente. Entonces era la segunda en Madrid. Hoy ya son 14 universidades privadas, y hay más en proyecto.

Los grandes tijeretazos a las universidades públicas los aplicó después Esperanza Aguirre, que perdió todo el pudor y forzó los primeros recortes de sueldos y presupuesto en la Complutense. Y la puntilla final, con ensañamiento y a la vista de todos, la está dando Isabel Díaz Ayuso.

El PP lleva gobernando la Comunidad de Madrid de forma ininterrumpida desde hace más de tres décadas, desde julio de 1995. En este tiempo han perdido las elecciones dos veces. La primera derrota la arreglaron con el Tamayazo. De la segunda les salvó Ciudadanos, ese partido que venía a regenerar la política y demostró su verdadera cara rescatando al corrupto PP de Madrid, que en esas fechas veía entrar en la cárcel a sus principales líderes, con la única excepción de Aguirre. Si aplicáramos a este gobierno autonómico un análisis sobre su calidad democrática, como los que pasan los Estados, Madrid no saldría demasiado bien.  

Este PP de Madrid, supuestamente liberal, dice defender la “meritocracia”. Al tiempo se ha dedicado a dinamitar la institución más meritocrática que existe, la Universidad pública. Es la llave del ascensor social: la herramienta más potente que tienen las clases trabajadoras para poder prosperar. En el último tercio del siglo XX sin duda fue así. Hoy es un pasaje angosto por el que muy pocos logran trepar. Basta con ver las notas de corte en la pública: hace falta más de un 13 sobre 14 puntos para estudiar Medicina o alguna de las carreras científicas y tecnológicas más demandadas. 

Hay otra salida, claro está. Pagar 20.000 euros al año para que tu hijo estudie Medicina en la privada; en ellas la nota de corte está en un 5. Es el modelo fantástico del PP de Madrid: te ahorran 200 euros en el IRPF, te lo cobran multiplicado por cien con el coste privado de la sanidad o la educación.

La causa de esta demolición está a la vista de todos. No ocurre por casualidad. Isabel Díaz Ayuso no oculta su desprecio sectario hacia la universidad pública. Para ella, la Complutense es una institución “colonizada por la izquierda” donde “se dan los títulos como churros”, un “entramado de chiringuitos de familiares y de negocios”. No es un diagnóstico: es su coartada para seguir recortando. 

Argumenta en su artículo Aurelio Medel que es un error culpar del deterioro de la universidad a ese clan de ‘los Pocholos’ que, en los últimos tres años, han dirigido la Consejería de Educación. Tiene razón: esto viene de mucho más atrás. Pero sí es sintomático en quién confió esta tarea: en qué manos dejó Isabel Díaz Ayuso la gestión de un presupuesto de 7.000 millones de euros anuales.

Ese auge y caída de ‘los Pocholos’ lo cuenta con mucho detalle José Precedo, en este otro artículo que publicamos hoy; es un novelón. Ayuso conoció al líder de ese grupo, Antonio Castillo Algarra, casi de casualidad. Cuando aún no era la presidenta de Madrid. Desde entonces, y ha pasado casi una década, este ‘Rasputín’ –como le llaman en el propio PP de Madrid– ejerció desde las sombras una enorme influencia y poder. No cualquiera puede colocar a tres diputados en las listas del PP de Madrid, ni nombrar al consejero de Educación, ni a cuatro directores generales. Todos ellos, gente de su absoluta confianza y lealtad, hasta el punto de que la gran mayoría dimitieron en una misma mañana, tras una escueta llamada telefónica en la que ‘Rasputín’ solo les dijo una frase: “Ya sabes lo que tienes que hacer”.

Lo ocurrido con estos Pocholos y su estrambótico gurú no es la causa del deterioro de la universidad. Pero sí demuestra la frivolidad de una Isabel Díaz Ayuso a la que solo le interesa el poder y no la aburrida gestión. También el sectarismo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cautivada intelectualmente por un iluminado ultraconservador cuyas ideas y artículos son como la letra de “El imperio contraataca”, de Los Nikis, pero con extra de petulancia y cero sentido del humor.

Mientras tanto, esa universidad fundada por Cisneros hace más de medio milenio agoniza. No es culpa de una fatalidad, ni del pérfido sanchismo, ni de la inteligencia artificial. Es una fría y meditada decisión política. 

Mientras la izquierda se enreda en sus siglas, en la derecha tienen claro el objetivo: controlar todos los resortes del poder.

Es una jugada que está pasando por debajo del radar. El PP ha vuelto a bloquear la renovación de una de las instituciones clave de la Justicia, igual que ya hizo con el Consejo General del Poder Judicial. Desde hace dos meses, un tercio del Tribunal Constitucional tiene el mandato caducado. Son cuatro de sus doce magistrados, los que nombra el Senado y que Feijóo se niega a renovar.

El PP mantiene ese bloqueo por las razones de siempre, porque espera un momento mejor. Si lo hace ahora, tendría que pactar con el PSOE porque la Constitución exige una mayoría de tres quintos del Senado. El PP confía en un desplome brutal de la izquierda en las próximas generales; una debacle que les permita nombrar a esos cuatro magistrados pactando como mucho con Vox. Sueñan con un ‘cuatro a cero’ en el Senado que entregue a la derecha el último bastión de la Justicia que aún se les resiste: el Tribunal Constitucional.

En el Senado, el sistema electoral no puede ser más mayoritario. Se escogen cuatro senadores por provincia, tres por islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife), uno por islas menores, dos para Ceuta y Melilla. Es la única elección con listas abiertas; con nula utilidad. En las provincias casi siempre sale un ‘tres a uno’: el partido más votado se lleva tres senadores. El segundo más votado consigue el cuarto escaño. Y más de un tercio de los votos suelen acabar en la basura: no logran ninguna representación.

La lección es siempre la misma. El sistema electoral español es mayoritario y la división se paga muy cara en las urnas. Pasa en el Congreso, especialmente en las 19 provincias que reparten cuatro escaños o menos. Pasa en todas las circunscripciones del Senado.

Hay un precedente interesante al que mirar, el de Ibiza y Formentera. Allí se elige un único senador y todos los partidos de la izquierda se presentaron en 2023 en coalición con un independiente al frente, Juanjo Ferrer. Fue un frente más amplio del que ahora propone Gabriel Rufián: PSOE, Sumar, Esquerra Unida y Ara Eivissa (un partido que en las europeas formó parte de Ahora Repúblicas, con ERC, Bildu y BNG). Fue una alianza que salió bien. Juanjo Ferrer es hoy senador. Su candidatura de unidad ganó por menos de 3.000 votos al PP. 

El caso de las Pitiusas es extremo: una circunscripción unipersonal. Pero no hay que recurrir a este ejemplo para explicar para qué sirve la unidad. La izquierda ya la logró en 2023. Fue una alianza compleja y mal avenida, un parto con dolor. Pero, a pesar de los problemas y de la división posterior, es importante recordar que Sumar fue un éxito porque consiguió su principal objetivo: frenar a la derecha. Sin ese 12,3% de los votos que logró esa coalición, hoy gobernarían España Feijóo y Abascal.

La idea lanzada por Gabriel Rufián de una alianza aún más amplia, que también incluya a la izquierda soberanista, ha sido recibida por una curiosa contradicción: muy poco entusiasmo entre las direcciones de los partidos y una inesperada ilusión en una parte no despreciable de sus votantes. Hay mucha gente de izquierda deseosa de alguna señal de esperanza que ayude a romper con el derrotismo, con esa profecía que da por inevitable una victoria apabullante del PP y Vox.

Los datos del CIS hace tiempo que registran un aumento en la popularidad de Gabriel Rufián. El portavoz de ERC en el Congreso se ha convertido en uno de los políticos mejor valorados por el conjunto de la izquierda. Curiosamente su respaldo es mayor y más transversal entre la dividida izquierda nacional que entre el aún más fragmentado independentismo catalán. Es uno de los políticos que mejor ha entendido la fuerza de las redes sociales, quien más y mejor las usa a su favor. 

De momento Rufián ha dado un primer paso. Pero hay una estrategia detrás que no pasa por crear una nueva coalición para toda España con él como candidato de unidad. La clave estará en Catalunya: en lograr un acuerdo entre ERC, Comuns y la CUP. Una alianza que sirva como ejemplo para otros lugares; que pueda extender ese mismo debate a Euskadi, Galicia, la Comunitat Valenciana o Aragón. Un proyecto que entienda que las leyes electorales son tan implacables como la ley de la gravedad. Y que aplique, de forma pragmática, ante esta situación excepcional, soluciones a medida para cada parlamento y cada circunscripción.

No se ha hecho nunca en este periodo democrático. Solo en Ibiza y para el Senado, donde esta es la tercera ocasión en la que se pacta este frente amplio. Pero el reto al que se enfrenta la izquierda en las próximas elecciones no será el de una campaña más. 

¿Qué pasaría si el PP y Vox logran alcanzar en el Congreso y el Senado esa mayoría de tres quintos, suficiente para una reforma constitucional? ¿Qué país podrían dejar?

Dentro de ERC, el principal aliado de Rufián es el exportavoz de ERC en el Congreso Joan Tardà. Ambos confían en provocar al menos un debate en ERC; incluso intentar que sea la militancia quien vote qué hacer. Por ahora, la dirección del partido es reacia a esta posibilidad. 

En el lado de los Comuns, hay varios dirigentes, como Gerardo Pisarello, que ven este posible frente amplio con buenos ojos, pero también existen fuertes resistencias internas, especialmente en los cuadros que provienen de Iniciativa. De nuevo dependerá de cómo sea el arrastre que los partidos detecten en la sociedad. 

No solo se mueve Gabriel Rufián, con esa charla prevista para el 18 de febrero con Emilio Delgado, de Más Madrid; un evento que ha generado una gran expectación. Tres días más tarde, el sábado 21, está convocado otro acto para presentar la reedición del pacto entre IU, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar para las próximas generales. 

Aún no está claro un aspecto importante de ese nuevo acuerdo: quién estará en el cartel electoral. Los cuatro partidos coinciden en elogiar a Yolanda Díaz como la mejor ministra de Trabajo de la historia de España, como una dirigente que fue determinante para lograr que la derecha no gobernara en 2023. Nadie quiere clavar a Yolanda Díaz ningún puñal, pero son cada vez más las voces internas que plantean un relevo al frente de la coalición y piden normas más claras en la toma de decisiones del proyecto común. Entre los que más suenan está Pablo Bustinduy, que por ahora se resiste. También hay quien defiende la opción de Ernest Urtasun, o de recuperar a Mónica Oltra. Otros plantean un liderazgo coral, donde Yolanda Díaz tenga un lugar. 

¿Y Podemos? Hoy parece imposible que sus dirigentes pacten de nuevo una coalición; así lo dicen abiertamente. Tampoco hay en IU, Comuns y Más Madrid muchas ganas de integrarlos otra vez; menos aún tras el desastroso resultado de Podemos en Aragón. Curiosamente, la jugada de Rufián puede servir como catalizador para cuadrar el círculo de la unidad de la izquierda. Las bases de Podemos rechazan a Yolanda Díaz con furor –no perdonan la exclusión de Irene Montero–, pero no sucede lo mismo con Rufián. Para Podemos, sería más difícil quedarse fuera de un frente amplio si incluso ERC acaba entrando dentro de esa ecuación. 

No se trata de renunciar a las siglas. Tampoco es una nueva ‘operación Roca’ con Rufián como candidato a presidente. Es muy interesante el análisis y la propuesta que, en este artículo de elDiario.es, planteó Alberto Garzón. “La buena noticia es que técnicamente se puede articular una candidatura unitaria. La mala noticia es que nadie sabe cómo hacerlo”, resume el ex coordinador general de IU, que también defiende que no es necesario hacer “borrón y cuenta nueva” en cada ocasión. “No es buena idea empezar apuntando a quién no debe estar; sería más fructífero cambiar el foco hacia qué se quiere conseguir”. Empezando por la vivienda, que es hoy el problema más acuciante.

Las próximas elecciones generales no son otras más. El contexto internacional es terrible. La amenaza que supone el creciente empuje de la extrema derecha es más preocupante aún. Si el PP gobierna con Vox, como hoy parece probable, no será una simple alternancia ni otro ciclo político más. Están en riesgo derechos y libertades; mucha gente sufrirá. “Tengo miedo como demócrata”, dice Gabriel Rufián. Que en este sentimiento conecta con buena parte de la sociedad.

La unidad, por sí sola, no bastará para frenar esta ola reaccionaria. Desde luego ayudaría que las fuerzas de la izquierda al menos dejen de tirarse piedras entre sí y de abonar una división agresiva y artificial. 

Tampoco sirve la simple resistencia a la extrema derecha como eje principal de una propuesta. A juzgar por las últimas elecciones, ese discurso por sí solo ya no es suficiente. Hace falta proyecto, credibilidad y –lo más importante– la capacidad de ilusionar a un electorado progresista que hoy duda, se abstiene o vota resignado a la derrota. 

La primera victoria pasa por recuperar la esperanza; por volver a creer que el futuro aún está abierto. Que esa victoria abrumadora de la derecha y la extrema derecha que pronostican las encuestas y los resultados autonómicos no es inevitable. Igual que no lo fue en 2023.

–Usted no es la empleada de Hipercor que la tocan el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos. ¡Usted no tenía por qué aguantar eso!

–Me estoy jugando mi dignidad.

–¿Su dignidad?

–Querían que me marchara como si hubiera hecho algo malo. Querían que me marchara como si fuera una incompetente. Yo no podía consentir eso.

–Pues uno se marcha si tiene dignidad. Y luego denuncia.

–Pues eso es lo que hice.

El interrogatorio del fiscal José Luis García Ancos a Nevenka Fernández pasará a la historia como un ejemplo descarnado de machismo institucional. Leído impresiona por su crudeza. Si escuchas el audio es aún peor. 

Nevenka fue la primera mujer en España que logró una condena contra un político por acoso sexual, contra el entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez. Ella era una joven concejala. Él le doblaba en edad. La respuesta en su contra fue tan brutal que fue Nevenka la que tuvo que irse de la ciudad para no volver jamás; hoy vive en Irlanda. Ismael Álvarez fue condenado en 2002 a una multa de 5.780 euros y a una indemnización de 12.000 euros. Más tarde el Supremo rebajó la multa a menos de la mitad, 2.160 euros, con el argumento de que el alcalde no tenía “una relación jerárquica propiamente dicha” sobre la concejala.

El Partido Popular, donde ambos militaban, apoyó a su alcalde hasta el final. Incluso el día en que fue condenado y –solo entonces– presentó su dimisión. “Hay que tener un respeto total por el alcalde de Ponferrada, que ha tenido una postura impecable al dimitir antes de que haya una sentencia firme”, argumentó Ana Botella el mismísimo día en que se conoció la condena, para la posteridad.

Ha pasado casi un cuarto de siglo. Y la respuesta del Partido Popular ante una denuncia de acoso en sus filas no ha mejorado mucho.

Es otro alcalde, el de Móstoles, Manuel Bautista. Son otros hechos. Es otra concejala. Todavía no hay sentencia y falta mucho para que llegue una verdad judicial; una condena o una absolución. Sí hay sobre la mesa una denuncia por acoso –desvelada por el periódico El País– y la intención declarada de esta mujer de llevar lo ocurrido ante la Justicia. 

Hay también una respuesta deplorable por parte del Partido Popular. 

Ante esta denuncia por acoso, los dirigentes del PP han hecho exactamente lo contrario a lo que dicen sus propios protocolos, a lo que pide la decencia, a lo que ellos mismos exigían cuando eran otros partidos los salpicados por un escándalo similar.

La concejala de Móstoles que denuncia este presunto acoso laboral y sexual trató de usar todos los cauces internos. Ninguno sirvió. Escribió a Isabel Díaz Ayuso, a su gabinete. En nueve ocasiones, y dio igual. Se reunió con el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y con su secretaria de Organización, Ana Millán. Mandó un escrito de 20 folios al comité de Garantías del PP Nacional. Y ni siquiera después de todos estos pasos, en ocho meses, nadie en su partido activó el protocolo de acoso. Tampoco abrieron expediente alguno al regidor.

¿Los consejos que le dieron en el PP a la denunciante? Muy parecidos a lo que le decían a Nevenka, 25 años después. 

“Todas hemos aguantado muchas cosas en política”

“Piénsalo, quizá te venga mejor dar un paso atrás, no pasarlo mal, que tu padre no lo pase mal”.

“Es que una denuncia pública o judicial te afectaría a ti”.

“El PP está para ayudarte, ese amparo pasa por quitarte de la cabeza cualquier tipo de denuncia”.

“Yo no sé qué entiendes tú por amparo, nuestro amparo fue decirte: vete a casa, habla con tu marido”.

“Tienes que protegerte, y protegerte es no hacer nada”.

La dirección del PP lo sabía. La dirección del PP lo ocultó, e hizo todo lo posible para que este escándalo nunca saliera a la luz. 

Esta impresentable gestión no evitó que Isabel Díaz Ayuso y todos los líderes del PP pidieran la dimisión del Gobierno por lo ocurrido con Paco Salazar. Unas denuncias internas que –sin duda– el PSOE no gestionó correctamente: durante meses arrastraron los pies. Pero que también provocaron su expulsión de La Moncloa y de la Ejecutiva del partido a las pocas horas de que elDiario.es publicara la primera información sobre él. 

“¿A quién van a poner al frente del PSOE?, ¿a Rocco Siffredi?”, criticaba Isabel Díaz Ayuso. “¿Qué se puede esperar del trato que le han dado a las mujeres, si lo hacen así con sus compañeras?”, decía Ayuso también.

Pero más infame que el doble rasero ha sido la reacción del PP, tras destaparse este presunto caso de acoso sexual y laboral. Negarlo todo, acusar a la denunciante, soltar bulos sobre ella y hasta filtrar a la prensa –con datos personales incluidos– los correos donde denunciaba la situación.

Dicen en el PP que no es un caso de acoso sexual, que es solo laboral. Un presunto acoso laboral que empezó, según la denuncia, cuando la concejala le dijo al alcalde que no quería nada sexual con él.

Dice el alcalde que es una venganza porque no la hizo teniente de alcalde. Pero en una grabación, con la propia concejala, admite que nunca pidió algo así. 

Se pregunta Alfonso Serrano, y ya es el colmo: “Y tú, ¿cómo ligas?”.

Año 2026. Un cuarto de siglo después de Nevenka. Y aún falta tanto por hacer. 

“Viudas de vivos”, las llamaba Rosalía de Castro en uno de sus poemarios, Follas novas, publicado en 1880. Son las mujeres que se quedaron solas en aquella Galicia miserable de la que huyeron los hombres jóvenes. Esas viudas de los emigrantes.

Galicia, sin homes quedas

que te poidan traballar.

Tés, en cambio, orfos e orfas 

e campos de soledad,

e nais que non teñen fillos

e fillos que non ten pais.

E tés corazóns que sufren

longas ausencias mortás, 

viudas de vivos e mortos

que ninguén consolará.

“Galicia, sin hombres quedas que te puedan trabajar”. Aquí puedes leer completo (en galego y castellano) este emblemático poema de Rosalía de Castro. Es un desgarro para el que solo sirve una palabra portuguesa intraducible que después reivindicaron los literatos gallegos: ‘saudade’, una suerte de melancolía atravesada por la nostalgia y el dolor por la distancia de lo amado.

De aquella Galicia hambrienta escaparon casi todos los que pudieron: entre 1,2 y 2 millones de personas de 1836 a 1960. Solo en la segunda mitad del XIX, Galicia perdió alrededor de una cuarta parte de su población. En términos relativos, hay que irse a Irlanda para encontrar un éxodo europeo equivalente. En algunos periodos, casi la mitad de los españoles que emigraron a América salieron de Galicia. Por eso allí aún nos llaman gallegos.

Rosalía de Castro, a su manera, también era hija de una de esas “viudas de vivos”. Su padre era sacerdote, un gran oprobio en su época, especialmente para la madre y para ella. En su partida de bautismo –nació en 1837–, aparece registrada “de padres desconocidos”. Se libró de la inclusa porque se hizo cargo su madrina, una sirviente de su madre. Esa infancia desgarrada se ve después en el compromiso de su escritura, en su retrato de la vida más dura en esa Galicia cruel, sobre todo para las mujeres.

Hoy Rosalía de Castro es el gran símbolo cultural de Galicia, con permiso de Emilia Pardo Bazán. Todos la citan. Pocos la leen. Es famosa una vieja metedura de pata de Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista como presidente de la Xunta, donde citó a Rosalía de Castro como su escritora preferida… para después ser incapaz de nombrar correctamente una sola de sus obras. 

La impostura de Feijóo no empezó con Orwell y 1984. Pero más graves que sus enormes lagunas culturales son sus erráticas posiciones políticas. Ese oportunismo electoral del líder del PP que redefine a cada rato sus principios, siempre tras la estela de la extrema derecha.

Hay argumentos para criticar la regularización de inmigrantes que acaba de poner en marcha el Gobierno. El fundamental: que pudo hacerlo mucho antes. Esta necesaria medida llega tras un pacto con Podemos para la que no necesita sus votos. El PSOE lo hace así, el Gobierno lo hace ahora, para salir del debate ferroviario e intentar recomponer la mayoría de la investidura. Es una jugada a tres bandas, con la mirada puesta en Puigdemont; probablemente Podemos después apoye a cambio la transferencia a Catalunya de las competencias sobre migración que pide Junts. Con mucha, mucha suerte –aún parece muy difícil– puede que hasta se aprueben los Presupuestos.

Es criticable el momento. O que una regularización así no pase por el Parlamento, como sería deseable. Pero no son admisibles las mentiras y la demagogia con las que la oposición ha criticado esta medida, que es idéntica a la que antes aprobaron Felipe, Aznar o Zapatero.

Esta regularización es la misma que llevó al Parlamento una iniciativa legislativa popular que contó con más de 600.000 firmas. Hace menos de dos años, el PP votó a favor. 

Este Alberto Núñez Feijóo es también el mismo político que respaldó públicamente esa propuesta en varias entrevistas. “Hay un debate que debemos de zanjar con los inmigrantes que viven y trabajan en España pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Y esos pueden estar tranquilos”, aseguró Feijóo en 2024.

Sin duda, sí. Hoy están más tranquilas esas personas que viven, trabajan y pagan impuestos en España (del IVA nadie se escapa, aunque esté en la economía sumergida). Pero no por la acción de Feijóo, que aún hoy está intentando boicotear en Europa esta regularización. Menos aún por Vox, que si pudiera pondría en marcha esa misma gestapo contra los inmigrantes que actúa impune en Estados Unidos.

Es falso que esta regularización vaya a “colapsar” los servicios públicos. Estas personas ya están aquí, sus hijos ya van a las escuelas y también son atendidas por nuestros hospitales. La gran diferencia es que, a partir de ahora, saldrán de la economía sumergida, serán menos vulnerables a los abusos laborales y tendrán menos miedo al futuro. 

También aportarán más si están legales. Para las cuentas públicas, según dos estudios, el beneficio fiscal neto es de entre 3.300 y 4.000 euros al año por cada nuevo inmigrante que pasa a tener papeles. Regularizarlos supone más recursos para los servicios públicos, no menos.

Tampoco es verdad que el Gobierno esté manipulando el censo para ganar las generales de 2027. Y es aún más indignante que esta teoría de la conspiración la alimente Alberto Núñez Feijóo. Porque si alguien se ha aprovechado del voto de los emigrantes en España ha sido el PP gallego. Podría decirse que casi lo inventó. 

En las cuatro legislaturas que gobernó, Manuel Fraga cultivó el voto de la diáspora gallega con subvenciones, aperturas de centros culturales y una red de agentes electorales en países como Argentina, Brasil, Uruguay o México, donde la Xunta y el PP se mezclaban hasta hacerse indistinguibles.

La ventaja electoral del PP en lo que algunos dieron en llamar la quinta provincia gallega se demostró elección tras elección en los años 90 y los primeros 2000. En 1997, el PP registró el 52% del voto en el resultado total. En los votos de la emigración, su porcentaje fue aún mayor: el 68,7%, casi siete de cada diez. Y todo después de una intensa campaña de la Xunta en esos países con ayudas directas y actos en los centros de emigrantes que hicieron crecer el censo un 55% en los meses previos a las elecciones.

Que ciudadanos que viven en Uruguay, Argentina o Brasil –y que, en muchas ocasiones, jamás han pisado España– decidan quién debe gobernar Galicia siempre me pareció un disparate, por mucho que se les reconozca un pasaporte al que, por historia, tienen derecho. Pero es aún más contradictorio que se niegue el voto a personas que –esas sí– viven, trabajan y pagan impuestos en España.

Por mucha prisa que se quiera dar el Gobierno, estos inmigrantes ahora regularizados no podrán en ningún caso participar en las próximas elecciones generales: hace falta la nacionalidad, no un permiso de trabajo. Solo podrían, en algunos casos y dentro de un tiempo, votar en las municipales. También es dudoso que esto ayude electoralmente a la izquierda. La mayoría de las personas regularizadas son latinas; un bloque heterogéneo pero que suele tener un sesgo conservador. 

Todos estos datos y argumentos son de sobra conocidos por Alberto Núñez Feijóo. Cuando en 2024 apoyó la regularización lo hizo también porque se lo pidieron dos grupos de presión importantes para la derecha española: Cáritas –es decir, la Iglesia Católica– y las patronales de empresarios. 

Feijóo también conoce la historia de Galicia. Por eso su discurso actual no es ignorancia sino cálculo. De nuevo el cortoplacismo de un líder que se vendió como moderado y hoy compite en el mismo carril que Ayuso y Vox.

España fue durante más de un siglo un país que expulsaba a los suyos. Hoy recibe a quienes buscan lo mismo que anhelaban nuestros abuelos: trabajo, seguridad, futuro. 

Hay algo profundamente indecente en haber sido emigrantes y olvidarlo en tan pocas generaciones. 

Solo diez días después de aceptar la denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido archivar. La decisión no entra en el fondo del asunto. La Fiscalía no cuestiona a las denunciantes, ni las pruebas que aportan, ni su credibilidad. No tendrán por ahora justicia en España por otro motivo: su nacionalidad. Al no ser españolas, al ser unos presuntos delitos cometidos en República Dominicana y Bahamas, la Fiscalía considera que en España no se puede investigar.

Julio Iglesias no ha sido absuelto. La Justicia ni le ha dado ni le ha quitado la razón sobre estas graves acusaciones que el cantante niega. Esta decisión tampoco supone el punto final en los tribunales. La propia Fiscalía así lo recalca: el archivo “no produce efectos de cosa juzgada”; se puede volver a denunciar en otro tribunal. Las abogadas de las denunciantes, Women's Link, ya han anunciado que seguirán luchando para conseguir justicia. Están estudiando nuevas acciones legales. Van a continuar.

En su archivo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solo se pronuncia sobre una cosa: la jurisdicción. Según su criterio, la Justicia española no es competente para investigar, a pesar de que el cantante más famoso de la historia de España siga manteniendo su nacionalidad.

La competencia española era un asunto polémico desde el principio y se prestaba a interpretación, como ya contamos en elDiario.es. Hay juristas que lo ven como la Fiscalía. Otros que no. La Justicia Universal en España fue mutilada en 2014 por Mariano Rajoy. Desde entonces, el margen es pequeño y poco claro: el resultado de aquella reforma fue un larguísimo artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que es un auténtico galimatías, difícil de entender y de explicar. Es uno de esos temas polémicos que se presta a interpretación y hay precedentes en un sentido y en otro. La propia sentencia del Tribunal Supremo que cita la Fiscalía para argumentar su archivo –STS 974/2016, con Manuel Marchena como ponente– tiene un voto particular de otro magistrado, Antonio del Moral. Ni siquiera entre los jueces del Supremo hay consenso sobre esta cuestión.

Las abogadas de las denunciantes, Women's Link, aseguran que habían presentado tres escritos ante la Fiscalía que no han sido resueltos, que no les han contestado antes de tomar la decisión de archivar. En uno de ellos argumentaban sobre la jurisdicción, sobre el debate de la competencia. Otro escrito insistía ante la Fiscalía sobre las medidas de protección de las identidades de las denunciantes. El tercero ponía a disposición de la Fiscalía nuevos hechos e indicios que reforzaban la conexión con España.

Ninguno de estos tres escritos ha tenido respuesta por parte de la Fiscalía. Al tratarse de una investigación preprocesal –aún no en el juzgado– no es posible tampoco recurso. Fuentes fiscales sostienen que tras constatar que no había “ningún elemento” que permitiera atribuir jurisdicción a los tribunales españoles resulta “lógico” que se dictara un decreto de archivo sin contestar a esos escritos.

Women's Link y Amnistía Internacional son muy críticas con esta decisión: “La idea de que un ciudadano español podría ser eximido de afrontar un proceso de justicia si los presuntos delitos de los que es acusado no ocurrieron en España y fueron cometidos contra mujeres no españolas desconoce el principio de extraterritorialidad y, además, el derecho humano fundamental para que todas las mujeres y niñas puedan vivir en un mundo libre de violencias”.

El archivo por parte de la Fiscalía no cambia ni una coma de todo lo que hemos publicado sobre Julio Iglesias en elDiario.es. Nos reafirmamos en nuestra investigación, en el trabajo metódico y riguroso que hemos realizado en colaboración con Univision. 

No es algo nuevo. No es la primera vez que nos pasa. Muchas de nuestras grandes investigaciones se encuentran con situaciones así. Con Cristina Cifuentes absuelta por su máster regalado. Con la Fiscalía argumentando que al rey emérito tampoco se le puede juzgar.

Puede parecer frustrante. Pero creo que hemos cumplido con nuestro papel, que no es juzgar ni condenar: es ofrecer a la sociedad información contrastada y veraz. 

Nuestro periodismo no se puede archivar. Y no nos rendimos. Aún nos queda mucho por investigar.

El verdadero poder de Julio Iglesias no se mide en millones de dólares o de discos vendidos. No es solo el dinero o la fama: es la enorme influencia de una red de contactos. Un poder que se demuestra con la pequeña historia de una llamada de teléfono. 

Ocurrió en la primavera de 2005. Zapatero había ganado las elecciones un año antes y lo primero que hizo fue retirar las tropas españolas de Irak. Ya contaba con la enemistad de la superpotencia cuando no se levantó al paso de la bandera de EEUU en un desfile militar. La consecuencia directa de ambas decisiones fue que el presidente George W. Bush ordenó congelar la relación con España; un bloqueo diplomático al que también puso de su parte Aznar. 

Lo cuenta en uno de sus libros de memorias el exministro de Defensa José Bono. Estaban desesperados porque el Gobierno estadounidense se negaba siquiera a recibirlos. Fue entonces cuando Bono se enteró de los contactos que tenía Julio Iglesias con la Casa Blanca. Así que le llamó por teléfono: “Como buen patriota te ruego que ayudes a España”, le dijo el ministro al cantante. “Voy a visitar Estados Unidos oficialmente y quisiera que no se malogre el viaje”. Julio Iglesias le contestó que tenía muy buena relación con Henry Kissinger: el histórico ex secretario de Estado de EE UU, uno de los responsables del golpe de Estado en Chile del general Pinochet. “En cuanto te cuelgue el teléfono –respondió Iglesias a Bono– voy a hablar con él”. 

Aquella gestión funcionó. Y Julio Iglesias llamó a José Bono poco después. “Acabo de hablar con Kissinger. Ha contactado con Donald Rumsfeld [entonces secretario de Defensa] y le ha solicitado el mejor trato posible”. Solo dos horas más tarde –cuenta el exministro en sus memorias– le telefoneó el embajador de Estados Unidos en España: “A mí me hacen poco caso en el Pentágono, pero algo ha debido de ocurrir porque me acaban de trasladar que tu viaje será un éxito total”. Y así fue: Bono se reunió oficialmente con Donald Rumsfeld unas semanas después. 

No hay muchas personas vivas con la agenda de Julio Iglesias. Lleva más de medio siglo codeándose con los más ricos y poderosos porque es uno de ellos. Forma parte de esa élite mundial que coincide en fiestas, en cenas, en mansiones. Un olimpo que mira al resto de los seres humanos como pequeñas hormigas a sus pies. 

Ha sido una de las semanas más intensas en la historia de elDiario.es. No he dormido ningún día más de cuatro horas. Lo mismo les pasa a las compañeras de la redacción que han trabajado en este proyecto: Elena Cabrera, Ana Requena, María Ramírez, Raquel Ejerique, Izaskun Pérez y Natalia Chientaroli. La adrenalina nos mantiene en pie. 

Esta investigación, en colaboración con Univision, sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales ha tenido una enorme repercusión. En España y en todo el mundo: The Guardian, Le Monde, The New York Times, Der Spiegel, Clarín, Washington Post, Frankfurter Allgemeine, The Times, Folha de S. Paulo, Reuters, BBC… La casi totalidad de los medios de comunicación han recogido nuestra exclusiva. Han citado nuestro trabajo y han dado credibilidad a nuestra información. 

Han sido tres años para llegar hasta aquí, como te conté el martes. Hemos sido muy meticulosos antes de publicar. Somos conscientes de que esta noticia ha tenido tanto impacto internacional por quién es Julio Iglesias. Y que este éxito periodístico se puede volver en nuestra contra. Si nos equivocamos, si no hacemos las cosas bien, esta exclusiva puede ser la tumba de elDiario.es. Toda nuestra credibilidad está en juego. Pero no solo: Julio Iglesias es alguien que nos podría arrollar con demandas en los tribunales. 

No hemos asumido un riesgo tan grande para hablar de Julio Iglesias en su faceta de famoso cantante internacional. Tampoco pretendíamos demostrar algo que ya se sabía: ese tufo machista que le acompaña desde siempre y que hoy escandaliza cuando se repasan algunas viejas entrevistas de su etapa de máxima popularidad. 

Esta investigación no va de un escándalo turbio de un famoso: va de otra cosa, del principal motivo por el que fundamos elDiario.es

Está en nuestro Estatuto, Artículo 10: “La misión fundamental del periodismo es controlar al poder en todas sus formas de manifestación y denunciar sus abusos, para evitar que se reproduzcan”.

No hemos dedicado este tiempo y estos esfuerzos a Julio Iglesias: lo hemos hecho por todas las empleadas domésticas que sufren abusos en todo el mundo. Y, en este caso concreto, por las que trabajaban al servicio de Julio Iglesias en esas mansiones que una de ellas definió como “la casita del terror”. 

Las protagonistas de esta investigación son víctimas especialmente vulnerables por tres motivos: por ser mujeres, por ser pobres y porque están racializadas. No tenemos en elDiario.es una sección dedicada a los famosos o a los cotilleos del corazón. Pero esto va de otra cosa: de machismo, de clasismo y de racismo. De la denuncia de un enorme abuso de poder contra personas extremadamente vulnerables.

Las dos mujeres que se han atrevido a contarnos ante una cámara lo ocurrido en esas mansiones, que también han puesto una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, son unas heroínas. Porque hay que ser muy valiente para enfrentarte a alguien tan poderoso como Julio Iglesias cuando eres una mujer joven, pobre y afrodescendiente. Como Julio Iglesias les decía: “Si tú hablas mal de mí nadie te va a creer”.

Todos los periodistas de elDiario.es estamos hoy orgullosos del trabajo de nuestras compañeras. En este periódico no hay una sección de investigación. Se ve al repasar algunas de nuestras exclusivas más citadas. Los títulos de máster regalados a políticos como Cristina Cifuentes o Carmen Montón los sacó a la luz Raquel Ejerique. La brigada política contra los independentistas la contó el primero Pedro Águeda. El pelotazo de las mascarillas del hermano de Ayuso con un amigo de su pueblo lo dio Fátima Caballero. La investigación sobre los pagos en negro a inspectores del Banco de España para formar a opositores es de Elena Herrera. El fraude fiscal y los supuestos sobornos por los que está imputado Alberto González Amador los destaparon José Precedo, Antonio M. Vélez y Pedro Águeda. Las denuncias ignoradas contra Paco Salazar las desvelaron José Enrique Monrosi y Esther Palomera. Y esta gran exclusiva internacional la lidera nuestra jefa de Cultura, Elena Cabrera.

No hay una sección de investigación en elDiario.es porque toda la redacción se dedica a eso: a investigar. A contrastar la información con el máximo rigor y publicar solo aquello que podemos demostrar. A fiscalizar los abusos del poder. 

Este tipo de periodismo sirve para cambiar el mundo. En este caso, para que el próximo multimillonario que crea que puede hacer lo que quiera con las mujeres de un país pobre al menos tenga un poquito de miedo a que la prensa lo descubra. Es un periodismo que sirve para combatir la impunidad.

Hay muchas otras historias muy potentes que estamos investigando desde hace mucho tiempo. Algunas de ellas pronto podremos publicarlas. Otras se quedarán en un cajón, si no las logramos contrastar. Pero si elDiario.es hoy es un periódico capaz de copar las portadas de todo el mundo con un trabajo de investigación es solo por una razón.

No somos más valientes. Tampoco somos mejores periodistas. Solo somos más independientes.

Y eso es posible gracias al respaldo de 117.000 personas, que nos respaldan económicamente para seguir. Si aún no lo eres, hazte socio/a tú también. 

Gracias por vuestro apoyo.

La foto la tomé con mi móvil esta semana, en la sala de reuniones de elDiario.es. De izquierda a derecha: María Ramírez, Raquel Ejerique, Elena Cabrera, Ana Requena, Natalia Chientaroli e Izaskun Pérez. Además de ellas, por parte de Univision –un equipo excelente del que hemos aprendido mucho–, han participado en esta investigación Federica Narancio, Esther Poveda, Gerardo Reyes y Margarita Rabin. 

Mucha gente está opinando sobre este trabajo sin conocerlo en profundidad. Si aún no lo has hecho, te recomiendo tres formatos distintos. Los tres requieren tiempo, pero hay mucho que contar. 

Un texto. El primer y detallado artículo que publicamos: Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales. 

Un podcast. El especial de cuatro capítulos de Un tema Al día, con Juanlu Sánchez. 

Y un vídeo. Este documental de 20 minutos: En la mansión de Julio Iglesias.

En el nuevo mapa político de 2026, Delcy Rodríguez y Santiago Abascal tienen mucho en común. Ambos son piezas muy útiles en la estrategia imperialista estadounidense. Ambos envuelven su discurso doméstico en la retórica de la patria, de una soberanía que ninguno de los dos defiende en realidad. Y ambos comparten un aliado o, más bien, un mismo jefe: Donald Trump.

El presidente estadounidense ya lo había avisado. Todo lo que está haciendo aparece negro sobre blanco en un reciente documento oficial: la Estrategia de Seguridad Nacional. Allí deja claro que su objetivo no es expandir la democracia ni defender los derechos humanos; que su prioridad es beneficiar a Estados Unidos. Y que no existe ningún problema en pactar con regímenes autoritarios o que no compartan sus valores, siempre que el acuerdo sea útil para sus intereses.

Todo esto, exactamente esto, es lo que Trump está aplicando en Venezuela. Para sorpresa de María Corina Machado, esa cuestionable Nobel de la Paz que recibió este galardón mientras celebraba la intervención militar de EE UU contra su país. Y que Trump deliberadamente ha dejado a un lado. 

Tras el secuestro de Nicolás Maduro, EE UU ha decidido apostar por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, siempre que entregue buena parte de su petróleo y abandone sus lazos con Rusia, China, Cuba o Irán. 

Da igual el discurso que Delcy utilice para su público local: lo que importa es lo que haga, no lo que diga. Si cumple con Estados Unidos, ella y el chavismo podrán seguir en el poder durante una transición que no se sabe hacia dónde se dirigirá. Como dijo el propio Trump, que los venezolanos puedan votar libremente no es una prioridad.

El problema nunca fue que Maduro robara las elecciones –como en efecto hizo–. Venezuela no es menos democrática que Arabia Saudí.

Tampoco el supuesto narcotráfico. Trump acaba de indultar al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico; cobró decenas de millones de dólares en sobornos, entre otros, del Chapo Guzmán. 

Ni que Maduro se haya podido enriquecer con la corrupción: dudo que le encuentren en Suiza más dinero del que se ha llevado la familia de Trump. 

Ni mucho menos los derechos humanos. ¿Cómo le van a preocupar las vidas de los venezolanos al mismo gobernante que pisotea las de sus conciudadanos en Minnesota, con el impune asesinato a tiros de una madre por desobedecer una orden de su milicia particular, los agentes de la policía ICE?

Trump no ha cumplido siquiera el primer año de su vuelta al poder –será el 20 de enero– y apenas doce meses han bastado para ver, en directo y a enorme velocidad, la demolición del orden internacional y de las propias instituciones democráticas en EE UU, un país que evoluciona a pasos agigantados hacia un nuevo régimen autoritario. Nada sorprendente en el mismo presidente que intentó un golpe de Estado tras perder las elecciones, justo cinco años atrás. 

Tras convertir Venezuela en una suerte de protectorado, llega Groenlandia en el Risk de Donald Trump. Un objetivo que es probable que consiga, viendo la incapacidad europea para responder a todos sus órdagos durante el último año. 

Europa podría mandar tropas, sí. Así lo exige el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea: “Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance”. Solo hay un problema: Trump ya tiene a sus tropas en Groenlandia, en la base de Pituffik.

En caso de un conflicto militar abierto, EE UU tampoco necesitaría trasladar tropas a Europa. Ya tiene cerca de 70.000 soldados aquí, en más de 40 bases militares desplegadas por todo el continente. 

La presión contra Dinamarca para que “pacíficamente” venda Groenlandia es cada vez mayor. Como si estuviéramos otra vez en el siglo XIX y la opinión de los que allí viven no valiera nada; como hizo Napoleón con la Luisiana francesa, Fernando VII con La Florida española, o el zar Alejandro II con Alaska.

Pero su plan para la UE va mucho más allá de arrebatar Groenlandia a Dinamarca. Y aparece en ese mismo documento que antes citaba: su Estrategia de Seguridad Nacional. Allí se explica tan claro como lo que ha ocurrido en Venezuela.

Donald Trump pide a Europa que aumente su gasto en defensa y elimine regulaciones. Traducido: en ausencia de petróleo que robar, Trump quiere que Europa le compre más armas y permita que sus monopolios tecnológicos se lucren a costa de los europeos sin ninguna cortapisa o control. 

La ambición de Trump en Europa también necesita de colaboracionistas. Y no oculta quiénes son: “La creciente influencia de los partidos europeos patrióticos da, en efecto, motivos para un gran optimismo”, dice la Estrategia de Seguridad Nacional.

El Gobierno de EE UU va a favorecer a la extrema derecha europea y no se descartan injerencias en los procesos electorales –exactamente igual a lo que hizo Putin en la primera elección de Trump y con las mismas herramientas, las redes sociales–. Siempre a favor de estos partidos ultras a los que Trump llama “patriotas”. Y que son tan patriotas como el general Pétain.

Es ahí donde Santiago Abascal es un instrumento al servicio de Donald Trump, igual que Delcy Rodríguez –y al menos la venezolana ha llegado a esa posición a la fuerza, no por convicción–. Porque él es su preferido al frente de un dócil gobierno español. Un supuesto patriota al servicio de otra patria. Alguien que defiende los combustibles fósiles frente a las energías renovables en un país sin petróleo ni gas. Alguien dispuesto a asumir sin queja alguna que el chavismo que decía combatir sea ahora protegido por la misma mano que lo impulsa a él. Alguien que no dudaría en elevar el gasto militar del 2% al 5%, como exige Trump.

Solo ese objetivo, elevar tres puntos del PIB el gasto en armas, cuesta 48.000 millones. ¿De dónde saldrían? ¿Es compatible con mantener el actual estado del bienestar?

El papelón de la derecha española estos días, a cuenta de Venezuela, ha sido espectacular. Después de celebrar la supuesta caída de uno de los poquísimos gobiernos autoritarios que les incomoda en todo el mundo (y mira que hay) resulta que lo único que realmente ha caído es su dignidad. Con su silencio ante los abusos de Trump.  

Al menos Abascal tiene motivos para agachar la cabeza: él es el elegido por Trump, como Meloni, Orban o Farage. Menos comprensible es la postura de Alberto Núñez Feijóo, callado ante las amenazas contra Europa de EE UU. Tan miope como para criticar a Pedro Sánchez por acudir a una cumbre europea para afrontar esta crisis, en vez de quedarse a escuchar otro discurso del rey en la Pascua Militar. 

No hay hoy otro líder mundial que suponga una amenaza mayor para nuestro bienestar que Donald Trump. No hay tampoco ningún otro factor que ponga más en riesgo nuestra soberanía o la paz. Puede parecer algo tan lejano como Groenlandia o Caracas. No lo es.