En la parroquia de Santa María de Cornanda, en el municipio coruñés de Brión, los más veteranos todavía recuerdan cuando en 1947 dieron comienzo las obras de la presa Barrié de la Maza. A escasos 30 minutos a pie de sus casas, la Sociedad General Gallega de Electricidad, germen de lo que acabaría siendo Unión Fenosa, levantaba en una de las gargantas del río Tambre un dique de contención de 48 metros de altura que, dice el saber popular de la zona, es el causante de las densas nieblas que desde entonces invaden por las mañanas este tramo del valle.

Hoy, 73 años después de la inauguración de aquel embalse que cortó el paso de salmones, anguilas y lampreas al cauce alto del Tambre, los parroquianos de Cornanda temen volver a ser testigos de primera mano de un nuevo hito de la ingeniería hidráulica en Galicia.

El monte que rodea sus viviendas ha despertado el interés de dos empresas que desde hace meses compiten por los permisos para poder construir un lago artificial del tamaño de, al menos, 35 campos de fútbol. “La balsa que proponen anegaría una superficie de terreno de la que ahora viven 36 explotaciones agrícolas”, asegura Marta Romero, una de las portavoces de la plataforma vecinal Non á balsa Cornanda–Tambre, constituida en junio. “Por no hablar del peligro que supone para las casas tener una masa de agua de este estilo tan cerca”, advierte.

El objetivo de la obra es conectar el nuevo reservorio de agua con la presa de Barrié, situada a menor altura, a través de una red de dos kilómetros de tuberías de acero y una planta hidroeléctrica subterránea. Un costoso proyecto, presupuestado en entre 234 y 359 millones de euros, cuyos trabajos se prolongarían entre cuatro y seis años, de acuerdo con la documentación entregada por las dos empresas aspirantes, filiales de la madrileña Capital Energy y la gallega Tasga Renovables, respectivamente.

Esta del Tambre es un ejemplo de central hidroeléctrica reversible –o de bombeo–, un tipo de instalación que vive en Galicia un particular boom de proyectos al amparo de las políticas de descarbonización de la economía. De acuerdo con los datos recabados por este diario, la Xunta y el Gobierno central tramitan actualmente solicitudes para construir siete plantas de este estilo en la comunidad, y en varios casos con más de una empresa compitiendo por la concesión. De salir todas adelante, la potencia hidroeléctrica instalada en Galicia se incrementaría hasta en un 83%, pasando de los 3,723 megavatios (MW) instalados actualmente a casi 6,800 MW.

La tecnología de bombeo no es nueva. El uso comercial de las centrales reversibles, también conocidas como “baterías” por su función de almacén energético, comenzó a inicios del siglo XX y consiste en lo siguiente: en momentos de bajo consumo eléctrico o exceso de generación, el agua se bombea desde un embalse inferior a una balsa a mayor altura. Cuando la demanda de electricidad sea alta o la capacidad de producirla por otras vías sea limitada –por ejemplo, ante la ausencia de viento o sol–, el agua almacenada se deja caer desde el depósito superior, activando unas turbinas para generar electricidad. En Galicia, de hecho, ya existen tres centrales de este estilo en activo, todas en la provincia de Ourense.

La balsa del Tambre no es la única por la que compiten Tasga y Capital Energy. En el municipio coruñés de Cerceda, ambas firmas rivalizan por poner a funcionar una planta que conecte un nuevo depósito de agua sobre el monte Xalo con el lago de As Encrobas, que anega desde hace dos años la antigua mina de lignito que abastecía a la central térmica de Meirama, ya desmantelada.

La última propuesta para abrir una planta de bombeo en Galicia llegó en julio de este año, según recoge el portal web del Ministerio de Transición Ecológica. En este caso, la empresa andaluza San Isidro Solar 3, vinculada al andaluz Grupo Empresarial Cuerva, ha mostrado su interés en construir en el río Miño una nueva central de 260 MW de potencia. La obra, con una inversión estimada de más de 235 millones de euros, afectaría a los concellos ourensanos de Castrelo de Miño, A Arnoia y Cartelle y requeriría la construcción de una balsa del tamaño de 30 campos de fútbol en el Coto de Novelle, uno de los puntos más altos de la ribera oriental del río Miño, según la última documentación hecha pública por el Ministerio.

“Si uno analiza estos proyectos en detalle, se le ponen los pelos de punta. El impacto de semejantes movimientos de tierras sobre los hábitats naturales y la biodiversidad es brutal y este tipo de balsas pueden modificar el microclima de una zona”, asegura Ana Fernández Santamarina, doctora en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos y responsable de esta materia en la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega).

A su juicio, actualmente no existen estudios que demuestren, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de bombear masas de agua tan grandes para el fitoplancton de los ríos y advierte de la importancia que tiene para el ecosistema el agua que se libera al mar en los momentos en que el caudal del río va lleno. “Los episodios de inundación de los ríos no son sinónimo de agua desaprovechada que se pierde en el océano. Son fundamentales para limpiar, mover sedimentos y retirar árboles viejos. Las especies vegetales están acorde con esos ciclos naturales que son necesarios para que haya agua de calidad y ahorremos dinero en su depuración”, afirma Santamarina.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica, responsable de aprobar las declaraciones de impacto ambiental de todas las infraestructuras de generación eléctrica de más de 50 MW de potencia, aseguran que las plantas hidroeléctricas reversibles que obtengan luz verde lo harán a condición de respetar “un régimen de caudales que posibilite cumplir con los caudales ambientales de las masas de agua afectadas y apoyando la regulación de cuenca en condiciones de fenómenos extremos, de forma que sea compatible con una gestión eficiente del recurso hidráulico y su protección ambiental”.

No todas las centrales reversibles que sobrevuelan el mapa de Galicia implicarían la construcción de una nueva balsa de agua. En ocasiones, se aprovechan dos embalses ya existentes que, a distintas alturas, pueden conectarse a través de canalizaciones. Es el caso de la planta hidroeléctrica reversible que proyecta Iberdrola en el municipio ourensano de Vilariño de Conso, uniendo las presas de Cenza y Bao. De acuerdo con la documentación remitida al Ministerio por la empresa, la central tendría una potencia de 900 MW, más del doble que la planta de Santo Estevo, el complejo hidroeléctrico más potente de Galicia hoy en día, según datos del Instituto Enerxético de Galicia (Inega).

Adega se ha mostrado especialmente crítica con esta iniciativa de Iberdrola por ubicarse dentro de la zona de especial conservación (ZEC) Macizo Central. La asociación señala que en este espacio, muy castigado por las últimas olas de incendios, se encuentra “una de las mejores representaciones del glaciarismo pleistoceno del noroeste peninsular”. “Y aunque no haya balsa, las obras para las canalizaciones y la central subterránea son enormes”, asegura Santamarina.

Fuentes de Iberdrola, sin embargo, ligan la viabilidad económica de la nueva central de Vilariño de Conso, y de otros proyectos similares, a la existencia de algún “mecanismo de capacidad”, por el cual, además de un mercado en el que se retribuya la producción y venta de electricidad, haya otro que remunere la disponibilidad de almacenes de energía, como puede ser el caso de las baterías hidráulicas.

La compañía que preside Ignacio Galán ya tiene experiencia con macroplantas de este estilo. En Portugal, a escasos 50 kilómetros de la frontera con Galicia, Iberdrola inauguró hace un año la Gigabatería del río Tâmega, una de las mayores obras civiles de la última década en Europa, con una potencia de 1.158 MW y capacidad para proveer la energía que consumen 11 millones de personas durante 24 horas en sus hogares.

Otras fuentes del sector hidroeléctrico, también señalan que el futuro de muchas de estas centrales dependerá de la posibilidad de recibir fondos europeos vinculados a la descarbonización. De hecho, el pasado 17 de julio el Gobierno central publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las bases del programa de ayudas para el almacenamiento energético. El Ministerio para la Transición Ecológica destinará a este fin un total de 350 millones de euros de fondos Next Generation, con un importe máximo de 50 millones de euros por proyecto, a los que podrán optar los promotores de centrales reversibles en Galicia.

Objetivo 2030

Las plantas de bombeo no solo despiertan el interés del sector privado, sino también del Gobierno central. Fuentes de Transición Ecológica señalan que el almacenamiento hidroeléctrico “será clave para alcanzar los objetivos ambientales y energéticos al permitir una mayor penetración de energías renovables intermitentes”, en un contexto en el que el sistema eléctrico español dependerá más de los azares meteorológicos y menos de la quema discrecional de combustibles fósiles, como el gas o el carbón, cuando la demanda lo exija.

De hecho, el Gobierno ha establecido en el borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023–2030, publicado a finales de junio, un objetivo de 22.000 MW de almacenamiento energético, frente a los 20.000 MW que fijaba el anterior PNIEC de 2021–30. El Ministerio no ha facilitado un desglose por tipos de almacenamiento, si bien confirma que no todo se corresponde con plantas de bombeo.

En el plan de 2021 sí se especificaba la meta de alcanzar en 2030 los 6.837 MW de potencia instalada en centrales de bombeo puro de toda España, frente a los 3.337 MW disponibles en 2020.

El último objetivo anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez es que la generación eléctrica renovable en España alcance en 2030 el 81% del total, como paso previo a un sector eléctrico 100% renovable en 2050. “De algún lado tendrá que salir la electricidad para cargar los coches eléctricos”, señalan desde una de las empresas que proyecta una planta de bombeo en Galicia.

Algunas de estas centrales también están llamadas a abastecer a nuevos sectores industriales electrointensivos, como las fábricas de hidrógeno verde. En el municipio coruñés de As Pontes de García Rodríguez, por ejemplo, una alianza empresarial de la portuguesa EDP y Reganosa, la dueña de la regasificadora de Mugardos, proyecta construir una central de bombeo de 570 MW de potencia que conecte el lago de la antigua central térmica con una balsa de nueva creación. La idea es que la planta alimente, junto con la energía generada por cuatro parques eólicos, a la futura planta de hidrógeno verde que ambas firmas prevén abrir en la localidad.

Lenta tramitación

La tramitación administrativa de este tipo de centrales hidroeléctricas de bombeo es, con todo, un proceso tedioso, “con idas y venidas que suelen demorar años”, según fuentes del sector, y que no siempre acaba recibiendo las autorizaciones necesarias.

Desde 2021, al menos dos proyectos de plantas reversibles en Galicia ya han recibido resoluciones desfavorables por parte de la Administración. En 2022, Augas de Galicia denegó la concesión básica de aguas a la empresa aragonesa Atalaya Generación, que preveía construir una planta de 960 MW de potencia entre los municipios lucenses de Alfoz y O Valadouro, al entender que su construcción podría alterar el curso de varios arroyos.

Otro proyecto, de 375 MW de potencia e impulsado por Naturgy para conectar los embalses de Salas y Conchas, en Ourense, también se paró en seco a inicios de este año al no aceptar la empresa las condiciones de la concesión planteadas por el Ministerio de Transición Ecológica.

Fuentes de Naturgy aseguraron a este diario que, tras la falta de acuerdo con el Ministerio, la planta de bombeo se ha aparcado para “dar prioridad a otros proyectos renovables” vinculados a la producción de gases como el hidrógeno, el biometano y el desarrollo de parques eólicos en Galicia.

A día de hoy, Augas de Galicia asegura que solo ha otorgado la concesión para la explotación de aguas a dos empresas: la andaluza Magtel, que rivaliza con EDP y Reganosa en la construcción de una central en As Pontes, y a Tasga Renovables, para hacer lo propio en el lago Meirama. Ambos proyectos deben continuar ahora los trámites ambientales ante el Ministerio de Transición Ecológica.

El ente autonómico es responsable de las concesiones de aguas que afectan a ríos de la cuenca Galicia–Costa, mientras que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil es quien tiene la autoridad sobre estos dos ríos y sus afluentes.

A lo largo del último siglo, Galicia ha sido uno de los motores de la industria hidroeléctrica española. Según narra el catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Santiago (USC), Xoán Carmona, en su obra El empeño industrial de Galicia, las primeras centrales gallegas de carácter industrial se construyeron en la década de 1900, con el objetivo de abastecer de electricidad a los sistemas de alumbrado de las zonas urbanas, así como a los astilleros y a la incipiente industria de la conserva.  

El sector vivió su particular boom en la segunda mitad del siglo XX, a lomos de grandes desarrollos impulsados por Unión Fenosa. Galicia cuenta a día de hoy con 153 centrales hidroeléctricas, 108 de las cuales son minihidráulicas, es decir, de menos de 10 MW. Un cuarto de la energía hidráulica española se produce en Galicia y, según los últimos datos del Inega para el año 2021, un 32% de la electricidad generada en la comunidad procede de centrales hidroeléctricas.

En opinión de Ana Fernández Santamarina, los gobiernos deberían priorizar el cuidado de las aguas continentales y la lucha contra las cianobacterias en los embalses. La portavoz de Adega denuncia que Galicia está “sobreexplotada energéticamente” y que los nuevos proyectos redundan en un “sistema saturado” para el que, además, cree que “no hay agua suficiente”. “De la potencia instalada que hay en España no llegamos a utilizar ni la mitad en los últimos años”, asegura Santamarina, antes de acabar su alegato con una pregunta: “La energía hidroeléctrica es renovable pero, ¿es sostenible para el medio ambiente?”.

En este artículo analizaremos la D-Tour 30, una de las últimas mochila que la firma francesa Millet ha presentado para la práctica del esquí de montaña y que presume, como uno de sus puntos fuertes, de una construcción centrada en la seguridad del esquiador. Es un modelo que incluye, entre otras cosas, bolsillo de seguridad extraíble para guardar la pala, la sonda y el botiquín, y una guía gráfica que recuerda los pasos a seguir en caso de avalancha.

Capacidad

La D-Tour 30 presenta unas medidas de 66c. de altura por 32 de anchura y 25 de profundidad, lo que nos ofrece un volumen de 30 litros. Es decir, nos permite darle uso en salidas de una o dos jornadas en actividades que requieran portear un volumen medio en cuanto a material y abrigo se refiere. Nos podría permitir su utilización en travesías invernales de aproximadamente dos jornadas con refugio y en actividades de varios días, midiendo claro está, y minimizando el material que portearemos. También la vemos muy aconsejable para actividades de alpinismo o escaladas en las cuales necesitemos llevar tanto piolets como material duro de escalada, dígase tornillos de hielo, fisureros etc.

En nuestro caso, para una actividad de un día la hemos cargado con el siguiente material y aún podríamos incluir algo más sin problemas. En el interior llevamos una chaqueta técnica, un forro polar, crampones, arnés con material de reunión y varios mosquetones, pies de gato, botas, 14 cintas exprés, fisureros, casco, guantes, frontal y sistema de hidratación. En el exterior, cuerda de 70m y piolet.

Detalles

Aunque al principio hemos destacado el tema de la seguridad como uno de sus rasgos más distintivos, debemos apuntar que este modelo esta muy diseñada y dotada de numerosos detalles técnicos que la convierten en una gran mochila tanto para travesía como para alpinismo.

En primer lugar destacamos los dos sistemas diferentes para porteo de esquís que presenta, así como los dos modos de colocación de casco y soportes de piolets y bastones. También está dotada de diferentes compartimentos para hidratación, con uno interior para colocación de la bolsa y un bolsillo de rejilla exterior portabotellas.

Como vemos es una mochila de última generación de diseño ergonómico fabricada con materiales de alta resistencia como el ripstop y la poliamida y, a diferencia de otras que hemos valorado en otras ocasiones, con un acertadísimo refuerzo en el fondo de la mochila, justo en uno de los puntos donde más sufre.

Es un modelo que claramente busca la sencillez y la comodidad de uso pero que, como ya comentamos antes, viene dotada de múltiples detalles y sistemas de sujeción para el material que nos resultarán muy útiles.

Dotada de tratamiento impermeable DWR sin PFC soporta una cortina de agua considerable de 1.000 mm., lo que la permite repeler el agua con eficacia y por ello entendemos que no ha sido dotada de protector para la lluvia, nieve.

La forma de la mochila es de tipo tubular con apertura superior y cierre Buckle Lid Closure. A parte de acceder al interior desde la parte superior dispone de cremallera lateral de gran apertura que permite el acceso fácilmente a material del fondo de la mochila.

Dispone de múltiples bolsillos, unos con un fin determinado y otros que adaptaremos según nuestras necesidades. En la tapa o solapa dispone de dos bolsillos, uno en el interior de la mochila con llavero donde podremos dejar esas cosas menos imprescindibles y donde tenemos una serie de dibujos explicativos de cómo podemos colocar el material, y otro en el exterior acolchado cuyo fin es el de dejar nuestras gafas. En la banda de ajuste de cintura dispone de otro bolsillo con cierre de cremallera y que, gracias a un sistema de velcro, es extensible, consiguiendo un mayor volumen fácilmente. En el lateral contrario a la cremallera de acceso a la mochila tenemos otro de rejilla de gran capacidad

Exteriormente nos da la posibilidad de portear los esquís en los laterales gracias a sus cintas laterales reforzadas y de gran resistencia. También dispone de sistema para portearlos de forma diagonal o cruzada, aunque éstos van ocultos.

Igualmente cuenta con sistema para porteo de piolets FPP y porteo de bastones. El sistema de porteo del casco, que también se encuentra oculto, nos permite colocarlo de dos modos diferentes, uno hacia la parte superior de la mochila y otro en la zona del cuerpo de esta.

El que estos sistemas de porteo, tanto el del casco como el de los esquís se encuentren ocultos nos evita en muchos casos los posibles enganchones que se pudiesen producir en las diferentes actividades.

Hablando de los ajustes y para no dejarnos nada, la parte baja de la mochila está dotada del ya clásico sistema HeadLocker para ajuste de los piolets introduciendo la parte de metal por los orificios de dichos piolet y disponiendo de una pieza de unas dimensiones apropiadas para utilizarlo con guantes. A diferencia de otras mochilas, el material utilizado en este caso es metálico, pero de gran ligereza.

Características y ajuste

La D-Tour 30 de Millet es una mochila que presenta un peso de 1.030 gramos y una capacidad máxima de 30 litros, es decir, se considera una mochila ligera por su bajo peso en relación a su capacidad. Las posibilidades de porteo que nos permite son buenas en cuanto a volumen, y destacamos especialmente su ergonomía ya que nada más ponérnosla notamos lo cómoda que resulta y lo bien que se adapta a la espalda.

La banda pectoral dispone de ajuste a diferentes niveles de fácil y rápida colocación. No obstante, creemos que se podría mejorar el sistema de anclaje a la mochila ya que se puede perder fácilmente cuando la banda no está en tensión. Igualmente, el clip de apertura es algo pequeño, ya que con guantes resulta algo complicada su apertura.

Por otro lado, las correas de hombros son también muy ergonómicas y cómodas, y el cinturón abdominal es fácil de ajustar.

Es una mochila que se adapta perfectamente a la espalda y, sin estar extremadamente acolchada sí que resulta muy cómoda para los porteos, a lo que hay que sumar que el material en el interior se acopla fácilmente gracias a lo liviano y maleable de sus materiales.

En líneas generales, la D-Tour 30 de Millet destaca por ser una mochila muy cómoda, ya que desde el momento que nos la ponemos se adapta perfectamente al contorno de la espalda. Además, hay que destacar sus múltiples posibilidades a la hora de portear el material, lo que nos da mucho juego y nos permite recoger las cintas y correas que no vamos a usar.

El aprisionamiento del pesquero gallego Punta Candieira en aguas irlandesas a finales de mayo ha sido el último ejemplo del creciente clima de tensión que se vive tras el Brexit entre los pescadores de la República de Irlanda y los buques del resto de la Unión Europea (UE) que faenan en sus caladeros.

El acuerdo de salida del Reino Unido de la UE firmado a finales de diciembre supondrá para la flota irlandesa una reducción del 15% de su volumen de capturas hasta 2026. Se trata de la caída más pronunciada de todos los países de la Unión, de acuerdo con cálculos del propio gobierno irlandés, y equivaldría a unas pérdidas de 43 millones de euros para el sector. La rebaja incluso llegaría al 25% en el caso de la caballa, cuyo recorte resulta especialmente gravoso para Irlanda, ya que esta especie se cría en sus aguas territoriales pero migra mayoritariamente a los mares del Reino Unido, especialmente a la zona de Escocia, cuando tiene el tamaño adecuado para poder ser capturada.

Con un pastel más pequeño a repartir y con crecientes problemas administrativos para exportar sus capturas a Gran Bretaña, muchos pescadores irlandeses ven con peores ojos el actual sistema de cuotas, que regula el reparto que tienen que hacer de sus caladeros con los barcos pesqueros de otros Estados miembro de la UE. “Lo que existe ahora es puro colonialismo. La flota belga o española captura, por ejemplo, más lenguado en nuestras aguas que los barcos irlandeses”, denuncia Patrick Murphy, presidente de la Organización de Productores de Pescado del Sur y Oeste de Irlanda, en declaraciones a eldiario.es. “Mientras tanto, cada vez más de nuestros pesqueros van al desguace. ¿Acaso los pescadores de España permitirían esto?”, asegura.

Su asociación es una de las impulsoras de la ola de movilizaciones convocada por el sector en las últimas semanas y que este miércoles llegará a las calles de Dublín. El objetivo: pedir al Gobierno irlandés más ayudas para el sector y reclamar una renegociación de las cuotas que priorice a los pescadores de Irlanda en detrimento de las flotas de otros países de la UE.

“Esta desconfianza de los irlandeses no es algo nuevo”, asegura Ramón Manuel Muñiz, presidente de la Asociación Española de Titulados Nautico-Pesqueros (Aitenape). A su juicio, desde que la política pesquera común echó a andar, tanto británicos como irlandeses miraron de reojo a la flota del continente. Tanto es así que recuperar el control de los caladeros fue una de las principales banderas enarboladas por los partidarios del Brexit en el Reino Unido antes del referéndum de 2016, a pesar del escaso impacto económico de la pesca en la economía del país. “Quizás por el hecho de ser islas, siempre pensaron que habían salido mal parados del reparto de las cuotas. Ahora que las capturas en aguas del Reino Unido van a reducirse, la hostilidad hacia los de fuera es probable que aumente en Irlanda”, afirma Muñiz.

Caladeros de merluza

En Irlanda, la pesca da trabajo de forma indirecta a 10.000 empleados y a 4.000 más si se incluyen las fábricas de procesamiento de pescado. Sus caladeros son particularmente atractivos para las flotas de otros países de la UE dedicadas, especialmente, a la pesca de la merluza.

El palangrero gallego Punta Candieira fue arrestado el 31 de mayo por la Marina irlandesa, tres días después de haber sido acusado por pescadores irlandeses que operaban en la Bahía de Bantry de echar sus artes de pesca dentro de las 12 millas costeras reservadas para buques con bandera de Irlanda. Ese día tuvo un incidente con el barco irlandés Lours de Mers, supuestamente tras una maniobra peligrosa realizada por el Punta Candieira para evitar que esta otra embarcación le cortara sus líneas de anzuelos.

El choque entre el palangrero gallego y los pescadores irlandeses, que será juzgado por el Tribunal Penal de Cork a partir del 2 de julio, ha tenido repercusión en el debate político de Irlanda. El diputado independiente en el Parlamento de Dublín Michael Collins criticó en las últimas semanas al Gobierno de la isla por haber tardado tres días en apresar al Punta Candieira desde que los pescadores irlandeses denunciaron los hechos y reclamó a la Marina del país mejorar la protección de las aguas territoriales ante posibles futuras incursiones de barcos españoles.

“Sin entrar a juzgar el caso del Punta Candieira, sí que es cierto que las autoridades de algunos países utilizan este tipo de zarpazos contra las embarcaciones extranjeras como una demostración de fuerza cuando hay un problema interno con el sector pesquero, como diciendo ‘aquí estamos con vosotros’”, recalca el presidente de Aitenape.

Un reparto de cuotas difícilmente modificable

Aunque la Comisión Europea actualiza todos los años las cuotas pesqueras siguiendo las indicaciones del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés), con el fin de mantener la sostenibilidad a largo plazo de los caladeros, el sistema de reparto de las mismas entre los países de la UE difícilmente podría sufrir grandes alteraciones, tal y como reclama el sector pesquero irlandés.

“Ese reparto siguió el principio de estabilidad relativa, que se fijó en los años 70. Se hizo tomando en consideración las regiones especialmente dependientes de la pesca. La complejidad política de abrir ese melón sería enorme y no hay una presión real para cambiar el sistema”, afirma el profesor de Economía Pesquera de la Universidade de Santiago de Compostela, Gonzalo Rodríguez.

El eurodiputado socialista gallego Nicolás González Casares cree que la creciente preocupación entre los pescadores irlandeses no tiene tanto que ver con la presencia de barcos gallegos y de otros países de la UE en sus aguas, como con los problemas causados por el Brexit o los cambios regulatorios. “Las protestas de ahora creo que no van dirigidas contra los pescadores españoles sino que entran en la dinámica de presión interna hacia el Gobierno irlandés, en un momento en que se están negociando las cuotas del próximo año”, asegura.

González Casares confía en que los ánimos del sector se calmen en los próximos meses con la aprobación a nivel europeo de la Reserva de Ajuste Brexit, un programa de ayudas de más de 5.000 millones de euros destinado a aliviar la situación de los sectores y países más afectados por el Brexit, que contará con líneas de apoyo específicas para la pesca.

Las autoridades marítimas de la República de Irlanda mantienen retenido al pesquero gallego Punta Candieira por supuestas deficiencias técnicas en el barco que no lo harían apto para navegar, según han informado fuentes del Ministerio de Exteriores español a elDiario.es. El buque se encuentra a la espera de ser sometido a una segunda inspección técnica, para la que todavía no hay fecha, necesaria para verificar que los problemas fueron subsanados y permitir su regreso a Galicia. Desde Exteriores aseguran que están realizando gestiones para que esta segunda revisión se realice “lo antes posible”.

 El barco es un palangrero que fue arrestado el 31 de mayo por la Marina irlandesa, tres días después de haber sido acusado por pescadores irlandeses que operaban en la bahía de Bantry de echar sus artes de pesca en aguas reservadas para buques con bandera de Irlanda. La embarcación gallega tuvo un incidente con el barco irlandés Lours de Mers, supuestamente tras una maniobra peligrosa realizada por el Punta Candieira para evitar que esta otra embarcación le cortara sus líneas de anzuelos.

La armadora del barco gallego pagó el pasado viernes la fianza de 170.000 euros impuesta por el juzgado de Middleton, en el condado de Cork, para liberar al pesquero con puerto base en Celeiro, en el municipio de Viveiro (Lugo). El capitán del Punta Candieira se enfrentó este martes a una vista acusado de tres delitos relacionados con “infracciones” de las normas pesqueras por presuntamente faenar dentro de las 12 millas de jurisdicción de Irlanda. El capitán de la embarcación gallega alega, sin embargo, que no llegaron a estar a menos de 15 millas.

Los quince miembros de la tripulación no fueron arrestados por las autoridades irlandesas y disponen de libertad total de movimiento, a la espera de que el barco reciba luz verde para abandonar el puerto de Cobh, al sur de la isla, donde se encuentra retenido. 

La vista del martes fue un mero trámite para confirmar que será el Tribunal Penal de Cork el encargado de investigar este incidente. Según fuentes del despacho de abogados Conways Solicitors que defiende al capitán gallego, el juicio está previsto que comience el 2 de julio, lo que daría el pistoletazo de salida a un proceso judicial que desde Exteriores anticipan que será “largo”.  

El choque entre el palangrero gallego y los pescadores irlandeses ha tenido repercusión en el debate político de Irlanda. El diputado independiente en el Parlamento de Dublín Michael Collins criticó al Gobierno de la isla por haber tardado tres días en apresar al Punta Candieira desde el momento en que los pescadores irlandeses denunciaron los hechos y reclamó a la Marina del país mejorar la protección de sus aguas territoriales ante posibles futuras incursiones de barcos españoles.

El arresto del Punta Candieira tiene lugar en medio de un clima de crecientes protestas por parte del sector pesquero irlandés, que denuncia que los caladeros de la isla son mayoritariamente explotados por flotas de otros países de la Unión Europea y reclama renegociar el reparto de las cuotas pesqueras para favorecer a los pescadores nacionales. El Brexit ha echado más gasolina al fuego, ya que la salida del Reino Unido de la UE supondrá de aquí a 2026 una reducción del 15% de la cuota pesquera a la que tenían derecho los pescadores irlandeses en 2020. Esta bajada sería la mayor de los países de la UE y equivaldría a una caída de la facturación de 43 millones de euros, de acuerdo con los cálculos del propio Gobierno de Irlanda.

El Observatorio Eólico de Galicia, una entidad ligada a la Universidade de Vigo, ha denunciado que la Ley de Reactivación aprobada por el PP en febrero abre la puerta a la instalación de molinos de viento en áreas que hasta ahora no permitía el Plan sectorial eólico, la norma que desde hace 20 años regula el sector en Galicia. La nueva norma permite al Gobierno gallego autorizar de forma discrecional la apertura de parques eólicos fuera de las conocidas como Áreas de Desarrollo Eólico (ADE) siempre que los proyectos “tengan una clara incidencia territorial por su entidad económica y social, posean una función vertebradora y estructurante del territorio y sean declarados como tales por la Xunta de Galicia”.

El Gobierno gallego ya había abierto la puerta a instalar aerogeneradores fuera de estos polígonos en 2017, cuando una modificación de la ley que regula el sector desde 2009 permitió ubicar nuevos molinos “en las franjas paralelas” de las ADE. Este es el caso del parque eólico Coto do Carballal, situado en las proximidades de la Serra do Cando, en Pontevedra, que ya aparece como una nueva solicitud en el Registro Eólico de la Xunta, con una subestación y tres de sus cuatro molinos fuera de una zona reservada por el Plan Eólico.

Para el profesor de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo y portavoz del Observatorio Eólico de Galicia, Xavier Simón, la ola de proyectos eólicos que se vive en la comunidad tiene relación directa con la liberalización del sector promovida en 2017 por la Xunta, a través de la ley de fomento de la implantación de iniciativas empresariales. “Esto se convirtió en el salvaje Oeste”, asegura Simón. “El marco actual permite que, en las Áreas de Desarrollo Eólico que no tienen molinos, el primero que solicite ahí un parque se queda con la parcela y nadie más puede instalarse mientras dure la tramitación. Se incentiva que las empresas presenten muchos proyectos para copar todos los terrenos donde se pueden montar eólicos”.

La reducción de los costes de producción de la energía eólica en los últimos años ha ayudado a impulsar un sector que cada vez atrae a más empresas en Galicia, incluidas algunas sin experiencia en el sector de la energía, como Inditex, que ya ha constituido su filial Inditex Renovables para instalar tres aerogeneradores en el puerto exterior de A Coruña, con los que abastecer a su sede central de Arteixo y a los muelles. En los últimos 20 años, el coste medio de producir energía en un parque eólico español cayó un 56%, de acuerdo con datos de la Agencia Internacional de las Energías Renovables. 

El empujón al sector también cuenta con el marco favorable de la Unión Europea, que se ha fijado para 2030 el objetivo de que el 32% de su producción energética tenga origen renovable. El propio Gobierno de España prevé destinar un 37% de los fondos europeos Next Generation a inversiones verdes durante los primeros tres años. “La preocupación en Galicia no tiene que ver con la energía eólica en sí, sino con el marco jurídico que regula ese desarrollo eólico, que de base es muy antiguo, fue parcheado sin que la ciudadanía tuviese una participación real y sirve solo a un oligopolio empresarial”, remarca Xavier Simón.

La paradoja de la propiedad pública

El viento gallego se ha convertido en una mina de la que se lucran un puñado de empresas, la mayoría de fuera de Galicia. De acuerdo con el Instituto Enerxético de Galicia (Inega), del total de los 3.849 MW instalados en Galicia, un 43,5% están en manos de tres firmas privadas: Ibredrola, Acciona y Endesa. Algunas son gallegas, como Norvento, con 222 MW, e incluso las hay públicas o con participación del Estado. Los propietarios de estas últimas no están en ningún ayuntamiento de Galicia, ni en los despachos de la Xunta o de algún Ministerio en Madrid. Hay que buscarlos en Gobiernos extranjeros, como el italiano, propietario de un 23,6% de Enel, la cuarta eólica de la comunidad con 508 MW, o el chino, dueño de un cuarto de las acciones de la portuguesa EDP, con 253 MW.

En el futuro podrían sumarse más Gobiernos del mundo al negocio del viento gallego ya que el noruego prevé abrir, a través de la sociedad estatal Statkraft, el parque de Barjas (20 molinos y 121 MW) en la frontera entre Ourense y El Bierzo, afectando a 3 municipios gallegos y cuatro leoneses. “Nada impediría a la Xunta o al Gobierno central tener una participación así, es solo una cuestión de voluntad política”, asegura Simón.

Tras el reciente cierre de la planta de palas eólicas de Siemens Gamesa en As Somozas, el decano de Colegio de Ingenieros industriales de Galicia, Oriol Sarmiento, considera que lo fundamental es aprovechar el desarrollo del sector en los próximos años para fortalecer una industria auxiliar, tanto en la rama de la producción de componentes como en servicios de ingeniería.

En la actualidad, existen empresas importantes como GRI, en Ourense, con fábricas en varios países y especializadas en la construcción de torres y bridas para los molinos, o el consorcio vasco Gestamp, con plantas en Vigo y O Carballiño. “En los últimos 30 años se desarrolló un sector auxiliar fuerte, pero sufrió el parón de la pasada década”, asegura Sarmiento, en alusión a los años posteriores a la crisis financiera de 2008, cuando se desplomó la instalación de renovables en toda España por un cúmulo de factores como la caída del consumo eléctrico, la dependencia de una tecnología renovable que aún no estaba madura y necesitaba ayudas y la sobrecapacidad de producción del sistema.

En esta línea iría la propuesta presentada al Gobierno central por la empresa gallega Greenalia para fabricar cimentaciones flotantes de eólica marina en una planta de ensamblaje que podría ubicarse en los puertos de A Coruña y Ferrol. Precisamente, en los parques eólicos marinos es donde Sarmiento ve buena parte del potencial eólico de Galicia a pesar de que, dice, “vamos con años de retraso”. Por las características de la placa continental gallega, los parques marinos de la comunidad deberían asentarse sobre estructuras flotantes, una tecnología menos avanzada que la de los aerogeneradores que tiene base en el fondo del mar pero que en países como Portugal ya están desarrollando más decididamente, como en el parque flotante ubicado a 20 km de Viana do Castelo. 

En los próximos años, la posibilidad de que abran en Galicia varias plantas de hidrógeno verde en As Pontes o Meirama, presentadas como proyectos “tractores” para captar fondos europeos Next Generation, podría hacer disparar la demanda de energía renovable, indispensable para poder extraer el hidrógeno del agua. “Veremos lo que pasa con esas plantas, pero si van adelante necesitaremos una infraestructura eólica que, si puede estar en el mar, puede evitar problemas en tierra, como el impacto al pasaje o a las comunidades rurales”, dice el decano del Colegio. Haría falta, eso sí, “acelerar una nueva ordenación del espacio marítimo” para adaptarlo a esta actividad. Una tarea que, asegura, todavía está pendiente.

A finales de marzo, los vecinos de la aldea de Santón, en el municipio pontevedrés de Lalín, descubrieron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que la empresa madrileña Green Capital Power tiene intención de levantar al lado de sus casas un megaparque eólico con 20 molinos de 125 metros de altura y líneas de cable suspendido pasando a pocos metros de sus viviendas. La sorpresa fue todavía mayor cuando, al hojear el estudio de impacto ambiental presentado al Gobierno central por la promotora, los 14 vecinos de esta aldea se enteraron de que, según Green Capital Power, Santón está deshabitado.

El megaproyecto en apariencia es uno, aunque oficialmente se divide en dos parques: Monte dos Porcallos y Val do Folgoso. Dos iniciativas gemelas, con 10 aerogeneradores y 56 megavatios (MW) de potencia cada una, cuya infraestructura acabaría afectando a los municipios de Lalín, Dozón, Rodeiro, Vila de Cruces y Silleda. “Si esto sale adelante, la gente dice que se va de la aldea”, asegura Xabier Santiso, un profesor de Biología, afectado por este parque, que teme que el proyecto eche también al traste el plan familiar de abrir una casa rural en Santón. “A ver quién se viene a pasar un fin de semana con esos molinos al lado”, ironiza.

Él, junto a otra treintena de vecinos, mantienen viva desde inicios de abril una plataforma contra estos dos parques que, en cuestión de un mes y con las prisas que imponen los plazos de la administración, logró reunir 2.200 alegaciones de particulares para entregar antes del 4 de mayo, el plazo límite fijado por el Ministerio de Transición Ecológica. Tanto el Ayuntamiento de Lalín como la Xunta dicen que también se posicionarán en contra de estos proyectos, aunque los vecinos no se fían. “El alcalde [José Crespo, del PP] dice que no sabía nada del parque y que él se opone, pero a nosotros no nos dio mucho apoyo en la recogida y registro de las alegaciones. Tenemos la sensación de que no están tan en contra como dicen”, afirma Santiso.

La historia de estos vecinos de Lalín se repite a lo largo y ancho de Galicia. Ya sea en A Baña, Laxe, Mazaricos, Outes o Rebordechao, decenas de pequeñas asociaciones ciudadanas han echado a andar en los últimos meses con la ayuda de organizaciones ecologistas como Adega o Verdegaia, o sindicatos agrarios como el Sindicato Labrego Galego, para frenar por la vía legal el avance de los aerogeneradores. Casi todas tienen su origen en ayuntamientos rurales y comparten la necesidad de aprender a marchas forzadas qué es eso de un estudio de impacto ambiental o los procedimientos administrativos para alegar contra un parque.

Galicia cuenta con más de 4.000 aerogeneradores distribuidos en 180 parques, de los cuales casi un tercio están en municipios de menos de 5.000 habitantes. Fuentes de la Xunta aseguran que, a día de hoy, el Gobierno gallego está tramitando en torno a 50 nuevos parques. Esto no significa que los 50 vayan a ser finalmente autorizados, sino que se están estudiando los proyectos, su impacto ambiental o patrimonial, así como las alegaciones presentadas por la ciudadanía en la fase de exposición al público. En cartera, además, habría otras 200 nuevas solicitudes de parques, que esperan a que la Xunta compruebe si cumplen los requisitos mínimos para poder iniciar su tramitación, como probar que la promotora eólica tiene permisos de acceso a la red eléctrica o solvencia económica. 

Pero todavía hay más. La ley establece que la Xunta sólo tramitará los parques de menos de 50 MW de potencia mientras que los que superen ese umbral deben pasar el filtro del Gobierno central. Actualmente, el Ministerio de Transición Ecológica muestra en su página web un total de 32 parques en fase de trámite en Galicia, pero es difícil hacerse una idea de la situación general ya que algunos estos parques son retirados de la web en ciertas fases de la tramitación. El Observatorio Eólico de Galicia, dependiente de la Universidade de Vigo, estima que, en conjunto, los proyectos que ahora están en manos del Ejecutivo central podrían alcanzar los 3.000 MW de potencia, algo más de tres cuartos de la potencia eólica ahora instalada en la comunidad.

Una de las comarcas de Galicia afectadas por esta nueva ola de los aerogeneradores es la de Ordes, a medio camino entre las ciudades de A Coruña y Santiago. Desde los años 70, cuando aquí se instaló la central térmica de Meirama en medio de fuertes protestas vecinales, ha sido un ejemplo de lo que se conoce como “zonas de sacrificio”, áreas que sufren el impacto ambiental y social de infraestructuras necesarias para alimentar el hambre voraz de ciudades e industrias, en muchos casos lejanas. Meirama hace ya casi un año que no quema carbón, pero sobre el mapa de Ordes se proyectan a día de hoy buena parte de los más de 130 molinos de viento que, de recibir la luz verde de la Xunta, unirían prácticamente en un megaparque continuo los municipios de A Laracha y Vilasantar, a 40 km de distancia el uno del otro.

“La gente no está en contra de la energía eólica, pero sí de la falta de planificación y del modelo de desarrollo que promueve la Xunta”, asegura Leandro do Río, arquitecto y consultor de la plataforma vecinal Salvemos a Comarca de Ordes. Además del impacto paisajístico y ambiental en una zona de paso migratorio para muchas aves, a los vecinos de la zona les preocupa la distancia entre los aerogeneradores y las casas. El Plan Sectorial Eólico de Galicia de 2002 establece una separación mínima de 500 metros entre los molinos y las zonas habitadas, pero las dimensiones de estas torres no son hoy las mismas que las de hace 20 años. “Antes los molinos medían 60 metros y hoy hay proyectados algunos de hasta 200 metros de altura. Las distancias no pueden ser las mismas y deberían aumentarse proporcionalmente, como ocurre en países como Alemania”, asegura este arquitecto.

Las líneas de cables que conectan los molinos a la red eléctrica son otra de las grandes preocupaciones de los residentes en áreas donde se instalan los aerogeneradores. Precisamente en la comarca de Ordes se encuentra la subestación de Mesón do Vento, uno de los principales nodos eléctricos de la provincia que canalizaría la nueva producción eólica al resto de la red. Si los parques que tramita la Xunta saliesen adelante, muchos temen que sus municipios se verían invadidos por una tela de araña de torres y cables. “No existe una ordenación por parte de Red Eléctrica Española para hacer frente a lo que se nos viene encima, y por eso todos los meses aparecen nuevas líneas de evacuación de la electricidad”, apunta do Río.

Malestar entre alcaldes del PP

La fiebre eólica no solo está enfrentando al Gobierno gallego con movimientos ecologistas y vecinales tradicionalmente afines a la izquierda, sino que también está causando fricciones dentro del PP de Galicia, en concreto con algunos de sus alcaldes del rural. “La Xunta dice que cumple la normativa, pero es una normativa obsoleta, de hace 20 años, que tiene que actualizarse”, asegura Fernando Pérez, alcalde popular del municipio coruñés de Vilasantar desde 2011. En esta localidad, la Consellería de Economía tramita el parque eólico Abrente, de ocho molinos, promovido por Green Capital Power. No es la primera vez que la industria del viento se interesa por estos terrenos. Planes similares habían sido presentados en 2012 y en 2018, aunque finalmente quedaron aparcados. “Las empresas imponen su proyecto sin negociar con los vecinos. Aquí llegaron a presentarse planes que eran un corta y pega de otros ayuntamientos. Qué menos que identificar bien las zonas en las que te quieres instalar”, critica.

Normalmente, los propietarios de las tierras donde se van a asentar los parques eólicos, se enteran de que hay una empresa interesada en sus terrenos cuando ya se presentó el proyecto ante la Xunta y la solicitud fue admitida a trámite. De hecho, la admisión a trámite de un parque eólico en Galicia no requiere a día de hoy de ningún paso en el que participen las personas propietarias. “Somos un ayuntamiento agrario y algunos de los sitios donde se quieren instalar son zonas de paso para nuestros ganaderos. Siempre viene todo determinado desde arriba cuando lo que deberíamos tener es una planificación democrática y negociada”, remata Pérez, que desde su Gobierno local también ha presentado alegaciones contra el parque en nombre de los vecinos.

Un poco más al norte, pero no muy lejos de Vilasantar, siete parques eólicos que tramita la Xunta han llamado incluso la atención de la Unesco, a raíz de una denuncia de la bióloga y premio nacional de Medio Ambiente en 2003, Mónica Fernández Aceytuno, y la directora de la granja ecológica Casa Grande de Xanceda, Cristina Fernández-Armesto. Los aerogeneradores del parque de Legre, entre los municipios de Mesía y Oza-Cesuras y promovidos por Green Capital, y los seis parques proyectados por Galenergy y Greenalia en Monte Gato, repartidos entre Aranga, Coirós y Oza-Cesuras, se ubican en plena Reserva de la Biosfera Mariñas coruñesas e Terras do Mandeo, lo que ha llevado a la agencia de la ONU a requerir un informe a la Asociación de Desenvolvemento Rural, la entidad que custodia este territorio protegido. Su presidente, que también es alcalde popular de Abegondo y exconselleiro de Agricultura durante el último mandato de Manuel Fraga, Manuel Santiso Miramontes, incluso solicitó en las últimas semanas al Ministerio de Transición Ecológica imponer una moratoria de los parques que tramita el Gobierno gallego en la zona para “revisar adecuadamente sus emplazamientos y características”.

Fragmentación de los parques

El de Monte Gato es un ejemplo de una práctica habitual entre las promotoras eólicas de Galicia: fragmentar grandes concentraciones de molinos en pequeños parques. Para colectivos vecinales y ecologistas, estas divisiones sólo buscan evitar sobrepasar potencias de 50 MW, lo que permite esquivar el control “más exhaustivo” del Gobierno central y las mayores exigencias técnicas que requieren los proyectos de mayor escala, sometiéndose sólo a la supervisión de la Xunta. Desde la patronal eólica, sin embargo, niegan la mayor.

“Los parques se dividen como quien planifica una urbanización de casas y las va levantando poco a poco. No hay más rapidez ni menos garantías por presentar cuatro parques en lugar de uno”, defiende el presidente de la Asociación Eólica de Galicia, Manuel Pazo.  A su juicio, de todos los proyectos en fase de tramitación de esta nueva fiebre eólica, tan solo una pequeña parte acabará teniendo autorización para instalarse, al no cumplir muchos de ellos con las garantías ambientales mínimas o, directamente, estar proyectados fuera de las Áreas de Desarrollo Eólico (ADE), los polígonos que el Plan Sectorial Eólico de Galicia reserva para instalar molinos de viento. “Muchos de los parques que están generando problemas son simples consultas que hacen las empresas para sondear si es posible instalar aerogeneradores en una zona o no”, recalca.

Para Pazo, la apertura de nuevos parques eólicos puede ser un revulsivo para revertir el abandono del rural gallego. Las rentas que dejan los parques a los ayuntamientos y a los propietarios de los terrenos, dice, han ayudado a diversificar y aumentar los ingresos de muchas comunidades agrarias. Sin embargo, las negociaciones para la cesión de las tierras han estado en los últimos años en el centro de la polémica. En Galicia, la mayor parte se cierran con contratos de alquiler entre las promotoras y los propietarios particulares o las comunidades de monte comunal. La patronal eólica gallega asegura que en un 80% de los casos se llega a un acuerdo entre las partes, mientras que el 20% restante, se corresponde con expropiaciones.

Plataformas como la Rede Galega por un Rural Vivo, que aglutina a casi 50 asociaciones ecologistas y contra los aerogeneradores de toda Galicia, denuncian que las empresas del sector usan la amenaza de la expropiación como “palanca” para negociar precios a la baja con los propietarios. “Los promotores van a negociar con los paisanos y les dicen que o aceptan sus condiciones o los expropian”, asegura Carlos Penedo, uno de los portavoces de la Rede.

Muras, un molino por cada dos habitantes

Aunque la industria del viento también ve en estos parques un salvavidas para crear puestos de trabajo lejos de las ciudades, la realidad de algunos municipios en donde los aerogeneradores se implantaron de forma masiva hace años no es tan optimista. El caso más paradigmático es el de Muras, una pequeña localidad lucense de casi 700 habitantes en la que el boom eólico ya comenzó en los años 90. Hoy, cuenta con 381 molinos distribuidos en 20 parques distintos. Es el ayuntamiento de Galicia con mayor potencia instalada y, pese a ello, solo cuatro de sus vecinos trabajan para el sector eólico. “No tengo nada contra este tipo de energía, pero desde luego aquí no ha paliado el problema de la despoblación”, afirma el alcalde de la localidad, Manuel Requeijo, del Bloque Nacionalista Galego (BNG). “Cuando se construyen los parques sí se crea trabajo de obra civil y los restaurantes también lo notan por la presencia de operarios. Una vez acabado, todo eso desaparece”, recalca.

Durante los últimos 30 años, Muras no ha dejado de perder población, con excepción de 2020, cuando hubo un pequeño repunte. En todo ese tiempo, los vecinos de la localidad convivieron con la paradoja de estar rodeados de molinos mientras algunas de sus casas no tenían ni siquiera conexión con la red eléctrica. “Hablamos de 2015, cuando llegamos al Ayuntamiento, no de hace décadas”, apunta el alcalde. Hoy, el Gobierno nacionalista ha convertido a Muras en el municipio de España con el recibo de la luz más barato, al poner en marcha un programa de ayudas que financia con los ingresos que dan los parques a través del canon eólico, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y el impuesto de actividades económicas (IAE). Con esta iniciativa, el ayuntamiento otorga hasta 600 euros al año a las familias de ingresos más bajos y, desde el pasado año, 1.500 euros a las empresas de la localidad para costear la factura eléctrica. “Pese a que son los vecinos los que sufren el ruido y el impacto visual de los molinos, hasta ahora los beneficios de producir esta energía no repercutían en su bienestar. Todo lo llevaban las eléctricas, que ni siquiera tienen sede fiscal en Galicia”, denuncia Requeijo.

Cinco meses después de haber cerrado el capítulo del Brexit, Reino Unido se adentra de nuevo en una crisis existencial, esta vez con Escocia como protagonista. La mayoría independentista obtenida el jueves en las elecciones al Parlamento de Edimburgo ha dado un nuevo impulso a las demandas de la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, de convocar un segundo referéndum de independencia no más allá de 2023. Su hoja de ruta pasa por pactar una consulta con Londres como la celebrada en 2014, pero la oposición del Gobierno británico a repetir otra votación tan pronto sitúa a Sturgeon en una posición incómoda.

“Un referéndum en el actual contexto sería irresponsable y temerario”, aseguraba el primer ministro británico, Boris Johnson, hace pocos días en una entrevista para el diario The Telegraph. Antes de que apareciese la COVID-19, su postura no era muy distinta. El argumento central de los unionistas siempre ha sido que la votación de 2014, en la que los escoceses defensores de permanecer en Reino Unido ganaron con un 55% de los votos, debería haber cerrado el debate de la independencia “durante una generación”. Esta premisa fue inicialmente aceptada por los nacionalistas escoceses, pero el Brexit hizo saltar este consenso por los aires.

En la campaña de 2014, el bando unionista utilizó el miedo a abandonar la Unión Europea como una de sus principales bazas contra la independencia de Escocia. Dos años más tarde, no solo acabaría siendo Reino Unido el que se marchase del bloque comunitario, sino que se llevaría consigo a Escocia, un territorio donde el Brexit solo obtuvo el apoyo del 38% de la población.

“La voluntad popular es convocar otro referéndum. Ahora se trata de un asunto de principios democráticos”, afirmó Sturgeon horas después de finalizar el escrutinio de las elecciones del pasado jueves, en las que su partido, el Partido Nacional Escocés (SNP), se quedó a un diputado de conseguir el objetivo de la mayoría absoluta en Holyrood, que es como se conoce al Parlamento escocés. La causa independentista, sin embargo, sí cuenta con mayoría al sumar los ocho diputados obtenidos por los Verdes, que en Escocia son una organización política autónoma y que apoyan abiertamente la independencia.

“No consentiré un referéndum ilegal”

Pese a contar con una mayoría soberanista en la Cámara escocesa, Sturgeon rechazó en los últimos meses que vaya a seguir la vía catalana y recurrir a un referéndum vinculante unilateral en caso de que no se llegue un acuerdo con el Gobierno británico. “No consentiré un referéndum ilegal, principalmente porque no garantizaría la independencia”, aseguró la primera ministra en el último debate de campaña antes de alegar que, como opción alternativa, apostaría por una “persuasión paciente” de los escoceses hasta hacer torcer la mano de Londres.

La integridad de Reino Unido es un asunto constitucional que, de acuerdo con la ley británica, está en manos del Parlamento de Westminster. Sin embargo, algunos juristas defienden que la actual legislación también otorga poderes al Parlamento escocés para convocar un referéndum consultivo pero no vinculante, una opción que Sturgeon ya puso sobre la mesa en enero. La idea parte de la base de que, efectivamente, Escocia no puede romper con 314 años de unión de forma unilateral, pero sí podría consultar a sus ciudadanos sobre dicha posibilidad.

“Si el Parlamento escocés legisla para el referéndum sin un acuerdo con el Gobierno británico, este podría recurrir la ley antes de su entrada en vigor directamente ante el Tribunal Supremo de Reino Unido. Una vez ahí, no está claro qué decidiría este tribunal porque sería la primera vez que considere esta cuestión”, asegura Elisenda Casanas-Adam, profesora de Derecho Público en la Universidad de Edimburgo.

A su juicio, si la sentencia negase que Escocia tiene competencias para impulsar una consulta de este tipo por sí sola, el Gobierno de Sturgeon apostaría por continuar acumulando fuerzas en torno a su causa. “Sturgeon tampoco tiene prisa para celebrar el referéndum porque quiere primero asegurar la salida de la pandemia y superar la crisis del caso Salmond”, dice en alusión al enfrentamiento de la primera ministra con su predecesor y excolega de partido.

Precisamente, el exprimer ministro Alex Salmond fue otro de los protagonistas de las elecciones del pasado jueves, en este caso por no haber logrado representación en Holyrood con su nuevo partido independentista ALBA, defensor de una línea más dura contra Londres. Para muchos, su fracaso en las urnas supone un respiro para Sturgeon, que no tendrá que lidiar en el Parlamento con otro adversario nacionalista que le reproche no ser lo suficientemente decidida en su apuesta por la independencia.

Aunque desde junio del pasado año a abril de 2021 las encuestas han reflejado un apoyo sostenido de los escoceses a la independencia, los últimos sondeos vuelven a poner al unionismo por delante, con un 51% de los votos. “Sturgeon también quiere asegurarse de que el referéndum se celebra en el mejor momento para ganarlo, porque si pierden de nuevo parece que la cuestión quedaría cerrada y el resultado sería definitivo”, dice Casanas-Adam.

La Xunta de Galicia ha adjudicado su oficina de ayuda a las empresas gallegas afectadas por el Brexit a Grant Thornton UK, una de las firmas de auditoría más cuestionadas en el Reino Unido en los últimos años.

La compañía, que resolverá dudas legales o fiscales a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) a las empresas gallegas y organismos públicos que quieran comerciar con la isla, ha estado en los últimos tiempos en el punto de mira de la prensa británica y los reguladores del sector por sus malas prácticas a la hora de auditar las cuentas de sus clientes.

Uno de los casos más recientes fue el de la popular cadena de cafés y pastelería Patisserie Valerie, ahora quebrada. Sus liquidadores pidieron en enero en los tribunales una multa de 200 millones de libras para Grant Thornton por irregularidades en el control de sus balances entre 2014 y 2017. El pasado año, la auditora ya había sido multada por negligencias con el grupo Conviviality, propietario de una cadena inglesa de tiendas 24 horas, por el que Grant Thornton acabó pagando 1,95 millones de libras (2,23 millones de euros) de multa. 

Aunque este tipo de infracciones y sanciones no es raro en el mundo de las grandes auditoras, el Financial Reporting Council (FCR), el ente regulador del sector en el Reino Unido, calificó el pasado año el trabajo de Grant Thornton como “inaceptable”, considerándola la peor de las grandes auditoras del país en un ranking en el que se encuentran conocidas firmas como KPMG, Deloitte o PwC. El análisis del FCR reveló que Grant Thornton UK cometió errores importantes en casi la mitad de las auditorías realizadas en el año fiscal 2019-2020.

Fuentes de la compañía en España restaron importancia a estos casos, al ser algo “habitual” en este sector, e indicaron que su trabajo para la Xunta consistirá en un servicio de mero asesoramiento, sin auditorías de ningún tipo. Grant Thornton dará asistencia a las empresas con un equipo de expertos en materia fiscal y normativa comercial con sede en Londres y también contará con una delegación en Vigo.

Este servicio en la capital británica o “antena”, tal y como le llama la Xunta, todavía no ha comenzado a operar a día de hoy, a pesar de que ya se ofrece en la web del Igape y de que el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, anunció que se pondría en marcha en marzo en un acto de la Confederación de Empresarios de Galicia a inicios del mes pasado.

Aunque la adjudicación de este tipo de antenas comerciales aparece habitualmente publicada en el Perfil del Contratante de la Xunta, la de Grant Thornton UK no se encuentra en la web. La Consellería de Economía, Empresa e Innovación asegura que se mostrará en cuanto el contrato se firme de forma definitiva. Sobre las irregularidades de la auditora en Reino Unido, el Gobierno gallego se ha limitado a defender que Grant Thornton cumple “todos los requisitos del pliego de condiciones”.

El acuerdo comercial de salida de la Unión Europea no impone aranceles a las mercancías que se comercien entre España y Gran Bretaña pero los nuevos controles administrativos impuestos desde enero están suponiendo un quebradero de cabeza para muchas compañías del continente, especialmente las más pequeñas, con mayores problemas para hacer frente a la nueva burocracia, y aquellas que mueven productos alimentarios rápidamente perecederos.

El Brexit y la pandemia han hecho mella en las exportaciones gallegas al Reino Unido durante los dos primeros meses de este año. En enero, las ventas de Galicia al mercado británico cayeron un 40% con respecto al mismo mes de 2020, mientras que la caída fue del 17% en febrero, de acuerdo con datos del Instituto Galego de Estatística (IGE). El Reino Unido fue en 2020 el cuarto mayor mercado extranjero de las exportaciones gallegas, siendo la automoción y el textil los dos sectores de la comunidad que más facturan en la isla.

Inglaterra presume de haber sido la cuna del fútbol. Los ingleses lo interiorizan en cada cita de su selección con el Mundial y la Eurocopa, cuando el hilo musical de los pubs repite incesantemente Three Lions, una canción que habla de que el fútbol vuelve a casa cuando se juega en Inglaterra. Desde esta semana, también podrán presumir de haber dado la estocada final a la Superliga europea de fútbol. Al menos, de momento.

El anuncio de adhesión de seis clubes ingleses (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea y Tottenham Hotspur) a la competición dirigida por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, causó indignación general en el país nada más conocerse el domingo por la tarde, llegando incluso a concitar la unidad de Gobierno y oposición, todo un hito en una Inglaterra sumida en la división política permanente desde la guerra del Brexit. Pocos minutos después de que aparecieran los primeros titulares en la prensa inglesa, el primer ministro, Boris Johnson, y el líder de la oposición, Keir Starmer, mostraban su rechazo en Twitter a una competición que, decían, atacaba a los fans y a la liga doméstica, la consagrada Premier League.

Tampoco se hicieron esperar las primeras críticas desde el mundo del deporte. Una intervención del histórico jugador del Manchester United e internacional inglés, Gary Neville, en un directo de la cadena Sky News, comenzó a circular el domingo en las redes sociales del Reino Unido. “Es pura avaricia y son unos impostores. Los dueños de estos clubes no tienen nada que ver con el fútbol de este país”, denunciaba.

Hasta tal punto la Superliga tocó la fibra más sensible de la sociedad inglesa que la Familia Real, que habitualmente se mantiene al margen de este tipo de debates públicos, también tomó posiciones a través del duque de Cambridge, el Príncipe William, que en su perfil de Twitter dijo compartir “las preocupaciones” de los aficionados por la competición y por el “daño” que puede causar “al deporte que amamos”.

Los fans, en contra

Aunque las encuestas internas que decía manejar Florentino Pérez indicaban que algo más de un 50% de los ingleses estarían a favor de la competición, los sondeos realizados en Inglaterra este lunes mostraban todo lo contrario. Una encuesta de YouGov, una de las empresas de sondeos más prestigiosas del Reino Unido, indicaba que un 79% de los fans del fútbol en Inglaterra estaban en contra de la Superliga. Incluso entre los seguidores de los seis grandes clubes que se unirían a la competición, un 76% se mostraba contrario a ella.

Con la opinión pública de su lado, el Gobierno británico redobló su apuesta contra el proyecto presidido por Pérez.

Boris Johnson prometió llevar al Parlamento de Westminster una “bomba legislativa” a la que el Partido Laborista aseguró daría su apoyo y que podría incluir diferentes medidas. Entre ellas, Downing Street filtró a la prensa la posibilidad de imponer a los clubes británicos un sistema de propiedad similar al del fútbol alemán, donde los socios tienen un control mayoritario sobre los clubes, subir los impuestos a los equipos que se uniesen a la competición, reducir el número de visados para contratar a futbolistas extranjeros, prohibir la entrada de jugadores de otros países para disputar los encuentros o, directamente, retirar de los estadios a la policía para que fuesen los clubes quienes tuviesen que costear la seguridad.

A diferencia del silencio generalizado que se impuso en el mundo del fútbol en España, en el Reino Unido algunas de las caras visibles de la Premier dieron declaraciones contrarias a la competición, en muchos casos a pesar de estar a sueldo de los clubes implicados. “No puede considerarse deporte cuando la relación entre el esfuerzo y la recompensa no existe”, aseguró el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, a quien también se sumaría su homólogo en el Liverpool, Jurgen Klopp, o el jugador del United, Marcus Rashford.

A la creciente presión institucional y deportiva se sumaron en las últimas 48 horas actos de protesta por parte de los socios, con pancartas de rechazo colgadas frente a estadios como Anfield, en Liverpool, y manifestaciones en las calles de Londres, como la de los aficionados del Chelsea, que dieron lugar este martes a algunos momentos de tensión con miembros de la directiva del club en los alrededores del estadio de Stamford Bridge, en el norte de la capital.

Pocas horas después, el castillo de naipes de la Superliga se desplomaba en Inglaterra. Uno tras otro, los seis equipos hicieron públicos este martes por la tarde comunicados anunciando su retirada de la competición y, en algunos casos como el del Arsenal, pidiendo disculpas a los aficionados. “Cometimos un error y pedimos disculpas por ello”, decía el comunicado. La aventura fallida llevó incluso a dimitir al presidente del Manchester United, Ed Woodward, a quien poco después seguiría el máximo mandatario de la Juventus, el italiano Andrea Agnelli.

Gary Lineker, exjugador del Barça, histórico de la Inglaterra de los 80 y uno de los comentaristas de fútbol más populares del Reino Unido, resumía así en su cuenta de Twitter el fin de la Superliga a manos de los ingleses: “Recuperamos la pelota. El deporte de la gente, salvado por la gente”.

La salida de los clubes ingleses ha provocado la retirada también de Atlético de Madrid, Inter, Milán y Juventus, dejando solos al Barça y al Real Madrid.

La princesa Leonor tendrá difícil dejar de lado los agitados debates sobre la independencia durante su estancia de dos años en un exclusivo colegio del sur de Gales. La salida del Reino Unido de la Unión Europea no solo ha reabierto conflictos territoriales que hasta el Brexit habían quedado aparcados durante un par de décadas, como el de Escocia o Irlanda del Norte, sino que también ha desenterrado las ansias de secesión del pequeño país celta en el que la heredera al trono de España cursará el bachillerato a partir de agosto.

El independentismo en Gales, un territorio similar al de Galicia con poco más de tres millones de habitantes y que aporta un 3,4% del PIB del Reino Unido, ya cuenta con el apoyo de un 25% de su población, de acuerdo con la empresa de sondeos YouGov. Aunque un 53% todavía se muestra claramente contrario a la separación, las últimas encuestas comienzan a causar inquietud en el Gobierno británico por la comparación con los resultados de 2016, cuando la independencia solo tenía el respaldo del 15% de los galeses y la oposición del 65%.

El crecimiento del soberanismo galés desde el referéndum sobre el Brexit ha atraído la atención de los medios británicos en los últimos meses y cada vez son más las voces de todo el espectro ideológico que llaman a no subestimar la tendencia que arrojan los sondeos, especialmente si se tiene en cuenta el precedente de Escocia. Todo ello ha llevado la semana pasada a crear un comité interministerial, presidido por el primer ministro británico, Boris Johnson, con el objetivo de contener el auge independentista a menos de dos meses de las elecciones a los parlamentos de Escocia y Gales. 

“En 2012, también había un 25% de escoceses que apoyaban la independencia. Dos años más tarde, votaron a favor de ella el 44% en un referéndum y las últimas encuestas ya muestran una victoria sostenida de los independentistas”, advierte Roger Awan-Scully, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Cardiff, la capital de Gales.

El Brexit, una de las causas

A su juicio, la gestión que se ha hecho de las negociaciones del Brexit así como el tratado comercial acordado por Johnson in extremis con Bruselas, explican en buena parte el ascenso del sentimiento nacionalista. A pesar de que Gales votó en 2016 a favor de salir de la UE con el respaldo del 52% de la población, el profesor cree que el escenario post Brexit ha hecho del Reino Unido un país “menos atractivo” para muchos galeses defensores de permanecer en la UE, dibujándose la independencia como una posible vía para reingresar en el mercado común.

“El principal motivo de peso contra la independencia siempre fue que el Reino Unido garantizaba estabilidad y seguridad. Después de tres o cuatro años de negociaciones, y con el acuerdo que finalmente se consiguió, este argumento ha perdido fuerza para muchos”, recalca Awan-Scully.

La gestión de la pandemia en Gales, donde el Gobierno autónomo tiene cedidas las competencias de Sanidad, es otro de los motivos detrás de la creciente simpatía hacia mayores cuotas de autogobierno. El primer ministro galés, el laborista Mark Drakeford, ha capitaneado el confinamiento de la región durante la crisis de la COVID-19, con libertad para alejarse de las restricciones adoptadas en el resto del Reino Unido. Su gestión de la pandemia ha sido la mejor para un 53% de los galeses, en comparación con un 13% que opinan que Boris Johnson hizo mejor las cosas en Inglaterra que Drakeford en Gales, de acuerdo con una encuesta de YouGov en diciembre.

“La crisis de la COVID-19 ha dado a la gente seguridad en la capacidad de Gales para gestionar sus propios problemas”, explica Siôn Jobbins, presidente de YesCymru, una plataforma no partidista y pro independencia que dice haber pasado de 2.000 afiliados a 17.000 en el último año. 

A pesar de que Gales cuenta con una identidad cultural muy marcada y una lengua propia que sólo sabe hablar el 30% de la población, Jobbins cree que la creciente adhesión a la causa independentista parte de una visión “más pragmática y de tener un gobierno eficaz” antes que de un retorno a las raíces culturales o nacionales de Gales. “Se puede ser nacionalista y gustarte la cultura británica, sus series y su música, pero para eso no hace falta un Parlamento común. Podemos consumir todo eso en Netflix o Spotify, como se hace desde otros países”, asegura.

Más simpatía entre los jóvenes

El apoyo a la independencia ha brotado con más fuerza entre aquellos que convivieron la mayor parte de su vida con las instituciones autónomas de Gales. Pese a que el Reino Unido reconoce a Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte como las cuatro “naciones” (las llaman “nations”) que componen el Estado, la historia de los parlamentos y gobiernos regionales es muy reciente. En 1997, justo al comienzo del mandato del laborista Tony Blair, los galeses respaldaron en un referéndum crear sus instituciones políticas propias, un proceso que los británicos conocen como devolution (“devolución” de competencias), aunque con un porcentaje de apoyo del 50,3%.

Hoy, la media de edad de cualquier manifestación por la independencia tiende a la baja, al igual que lo hacen los nuevos integrantes de la plataforma Yes Cymru. “Los mayores de 50 años tienen un vínculo emocional con el Reino Unido. Esa gente recibió vivienda, educación, acceso a la Universidad y trabajo gracias al Gobierno británico. Si tienes menos de 50 o 40 años la pregunta que te haces es: ¿qué ha hecho el Reino Unido por mí?”, asegura Jobbins.

La profesora de Políticas Públicas en la Universidad de Cardiff y experta en el funcionamiento de la autonomía galesa Laura McAllister confirma el arraigo del movimiento entre las nuevas generaciones. “Los jóvenes nacieron con la autonomía, tienen menos reticencias a abrir ese debate”, asegura. En su opinión, el punto de inflexión de un potencial intento de separación galés lo marcará Escocia y la posible celebración de un segundo referéndum de independencia. Si, en caso de celebrarse una consulta pactada con Londres, los escoceses deciden salir del Reino Unido, la académica anticipa un cambio radical de actitud entre los galeses hacia la marca UK. “Se perderían los supuestos beneficios de formar parte del mismo estado. Sería como un monstruo Frankenstein, con un desequilibrio enorme en favor de Inglaterra”, asegura.

McAllister cree que el futuro de la unión pasa por ahondar en la descentralización de los cuatro territorios que componen el país (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte) aunque advierte que el término “independencia” puede tener, al menos en Gales, diferentes significados: desde crear un estado propio a apostar por un sistema federal. “Si la salida es federal, tiene que contar con Escocia, aunque mucho me temo que los escoceses ya hayan ido un paso más allá”, asegura. 

La cuestión territorial centrará la agenda política británica en los próximos meses. Galeses y escoceses tienen cita con las urnas en mayo para renovar sus parlamentos. Las encuestas para Escocia anticipan una victoria del Scottish National Party, la formación de la actual primera ministra, Nicola Sturgeon, que presentará como su principal compromiso electoral la convocatoria de un nuevo referéndum de independencia. Johnson ya anunció su oposición a una consulta pactada, ya que la última se celebró hace sólo seis años. Sturgeon, al contrario, considera que las condiciones han cambiado con la salida de Reino Unido de la UE y que es el momento de otro referéndum.

Con la sombra de Cataluña muy presente en el debate escocés, el pulso entre ambos líderes está comenzando a generar tensiones dentro del independentismo, con algunos sectores dispuestos a apoyar una vía más unilateral, y también entre algunos colegas conservadores de Johnson, que no verían democráticamente justificable bloquear desde Londres una consulta si el SNP gana los comicios de mayo con mayoría absoluta.

Elecciones en mayo

En Gales, la convocatoria de un referéndum todavía suena a algo muy lejano, pero el aumento de las simpatías hacia la independencia está sacudiendo ligeramente el tablero político del país a dos meses de las elecciones al Senedd, el Parlamento galés. 

Los últimos sondeos muestran un ligero repunte del partido conservador y los nacionalistas del Plaid Cymru, pero el verdadero debate se está dando dentro del partido laborista, que aunque baja algo en las encuestas, se mantendría como primera fuerza, como viene ocurriendo desde hace un siglo en Gales. En torno a un 45% del electorado laborista defiende a día de hoy la independencia, de acuerdo con los últimos estudios de opinión, algo que preocupa al actual primer ministro Mike Drakeford y a su popular predecesor, Carwyn Jones, quienes ven en la mala gestión del Brexit y el rechazo a la figura de Boris Johnson las principales causas de la creciente “curiosidad independentista”.

“Personalmente, no veo ventajas con la independencia. Muchos dicen que sería una forma de firmar nuestro propio acuerdo con la UE y tener acceso al mercado común. El problema es que nuestro principal mercado, como país, es Inglaterra”, aseguró Jones en una entrevista reciente con la BBC.

A diferencia de en Escocia, el laborismo galés ha sabido forjar una identidad con más autonomía de Londres, lo que ha cortado el paso al Plaid Cymru. “Un 30% del electorado tiene simpatía por ambos partidos. Plaid podría ganar terreno a costa de los laboristas, aunque el contexto de la COVID-19 no es el mejor para ellos. La campaña va a girar más alrededor de la gestión de la pandemia en los medios y menos en el puerta a puerta, que es donde los nacionalistas pueden sacar más ventaja”, asegura el profesor Awan-Scully.

El debate está polarizando posturas también en el campo de la derecha. Los conservadores galeses, después de años respaldando la devolución de competencias, han respondido a la crisis territorial girando hacia posiciones más centralistas, con muchos de sus candidatos a los comicios de mayo respaldando la abolición del Parlamento de Cardiff y la devolución de competencias a Londres.  

¿Hasta dónde podrá llegar ahora el independentismo? “Es la gran pregunta”, responde Laura McAllister. Desde 1979, cuando la propuesta de crear una Asamblea galesa fue rechazada en referéndum con el 80% de los votos, el apoyo social a un mayor autogobierno no ha parado de crecer. “Si el independentismo logra calar entre los más jóvenes, la cuestión galesa habrá llegado para quedarse y probablemente podamos comenzar un debate más riguroso sobre el futuro del país”, sentencia McAllister. Eso sí, siempre con un ojo puesto en lo que ocurra en Escocia.

Cuando España se cerraba a cal y canto el 14 de marzo para parar el avance de la pandemia, los bares y restaurantes de Reino Unido continuaban abiertos confiando la contención del virus a la responsabilidad individual. De aquella imagen de verso suelto que Inglaterra proyectaba en las primeras semanas del confinamiento poco o nada queda ya. A pesar de encabezar el ranking europeo de países con más vacunas administradas por cada 100 habitantes (ya está vacunada con al menos una dosis casi el 30% de la población) y de haber reducido la curva de contagios a niveles no vistos desde inicios de octubre, el Gobierno de Boris Johnson se ha convertido en uno de los más prudentes del continente a la hora de reiniciar la actividad económica. 

Mientras los negocios de hostelería de Madrid llevan meses con las terrazas llenas y otras comunidades como Galicia prevén reabrir bares y restaurantes este fin de semana después de un mes de cierre, los negocios no esenciales de Inglaterra no podrán abrir sus puertas, como mínimo, hasta el 12 de abril, de acuerdo con el plan de desescalada anunciado este lunes por el primer ministro británico, Boris Johnson. En ciudades como Londres, eso implicará un cierre ininterrumpido de cinco meses para muchos establecimientos que se vieron obligados a bajar la verja el 16 de diciembre, perdiéndose la campaña de Navidad. Los interiores de los pubs y restaurantes permanecerán en cualquier cerrados hasta al menos mediados de mayo.

El listado de empresas “no esenciales” afectadas por la cautelosa hoja de ruta de Johnson es amplio y abarca desde peluquerías a hoteles, gimnasios, librerías o los tradicionales pubs y restaurantes, que solo pueden ofrecer comidas para llevar o hacer repartos a domicilio. Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno ha puesto en marcha millonarios programas de ayudas directas y préstamos avalados por el Estado para empresas golpeadas por el confinamiento. Muchos de estos programas han sido prorrogados a medida que se fueron decretando nuevos confinamientos.

El paro en el último trimestre de 2020 llegó al 5,1%, su nivel más alto en cinco años, y podría llegar al 6,5%, según algunos analistas económicos, si no se extienden las ayudas más allá de abril (el límite actual).

A día de hoy, los negocios que se hayan visto obligados a cerrar por la pandemia tienen derecho a recibir del Gobierno una ayuda directa para el pago de gastos fijos, como el alquiler del local, de hasta 3.000 libras al mes, en función del valor del establecimiento. Desde enero, y en vista de que el nuevo confinamiento duraría más de lo esperado, el ministro de Hacienda, Rishi Sunak, puso en marcha un programa complementario de ayudas a fondo perdido para abonar un solo pago de entre 4.000 y 9.000 libras a las empresas afectadas por los cierres, con el que se prevé ayudar a cerca de 600.000 negocios.

El 80% de los fondos aún no han llegado a las empresas

Muchas de estas ayudas, sin embargo, están tardando en llegar a las empresas. El Gobierno de Boris Johnson delegó en los ayuntamientos la responsabilidad de canalizar los fondos, lo que ha llevado al colapso de muchas entidades locales que no tienen capacidad para hacer frente a la avalancha de solicitudes recibida, tal y como denuncia la Local Government Association, una entidad que representa a los 339 municipios de Inglaterra. Un estudio de la Alianza de la Industria de los Eventos estima que un 80% de estos fondos, que comenzaron a pagarse en noviembre, todavía no han llegado al tejido empresarial.

Downing Street mantiene rebajado el IVA a la hostelería y a los servicios de turismo al 5%, cuando antes de la pandemia era del 20%. Estos sectores, junto con los gimnasios, cines, teatros o el comercio minorista, también continúan exentos de pagar las conocidas como business rates, un controvertido impuesto sobre las propiedades usadas con fines empresariales.

El otro pilar de la ayuda a los negocios son los préstamos avalados por el Estado. Para facilitar que haya liquidez, las pequeñas empresas tendrán derecho a recibir préstamos bancarios hasta el 31 de marzo por valor de hasta cinco millones de libras, avalados al 80% por el Estado y exentos de intereses durante el primer año. En el caso de firmas de tamaño mediano y grande, la cantidad máxima respaldada será de 200 millones. Las empresas con necesidades más acuciantes de liquidez podrán optar a otro programa y recibir créditos de hasta 50.000 libras, cubiertos completamente por el Gobierno y con un interés fijo del 2,5% a pagar después de los primeros 12 meses.

Si bien estas líneas de avales bancarios han sido alabadas por la mayoría de asociaciones empresariales, existe el riesgo de que se acaben convirtiendo en un agujero negro para las arcas públicas. La National Audit Office, un organismo vinculado al Parlamento británico y encargado de auditar la gestión del Gobierno central, estimó en un informe en octubre que la Hacienda británica podría acabar abonando 26.000 millones de libras para cubrir préstamos que no podrán ser pagados por las empresas o que directamente fueron concedidos a defraudadores. La cifra equivale al 20% del presupuesto anual del sistema sanitario de Inglaterra.

Préstamos para start-ups

Otro de los sectores que lo está pasando especialmente mal con el confinamiento tan prolongado son las start-ups. El modelo de negocio de estas compañías lleva a muchas a incurrir en pérdidas durante los primeros años, lo que las excluye de los programas de ayudas y préstamos diseñados para las empresas tradicionales. Para darles cobertura, Sunak dotó con 250 millones de libras al Fondo Futuro, un programa por el cual las start-up inglesas reciben préstamos que pasan a convertirse en acciones propiedad del Estado de forma automática. El paradójico resultado de esta medida es que el Gobierno británico, pese a estar repleto de ministros de corte neoliberal, ya se ha convertido en socio minoritario de compañías como Propelair, una empresa que diseña retretes de última generación, o de Bockatech, una start-up especializada en producir paquetes y recipientes reutilizables.

Los trabajadores por cuenta propia también se podrán seguir beneficiando del programa de ayudas directas puesto en marcha al inicio de la pandemia y que el Gobierno prevé extender por cuarta vez cuando se anuncie el nuevo presupuesto el tres de marzo. Hasta ahora, los autónomos de Inglaterra recibían del Gobierno un 80% de sus ingresos medios antes de la pandemia, hasta un máximo de 2.500 libras al mes.

El abismo al que se pueden asomar muchas pequeñas y medianas empresas en cuanto estos programas de ayuda lleguen a su fin en primavera preocupa, y mucho, en el Reino Unido. Un reciente informe elaborado por la London School of Economics (LSE) antes de que se conociese la lenta desescalada planeada por el Gobierno alertaba de que una de cada siete empresas del país podría verse obligad a echar el cierre antes del verano, destruyendo 2,5 millones de empleos. 

Cifras dramáticas también arrojan las estimaciones de la Federación de Pequeñas Empresas, que prevé el cierre de 250.000 pequeñas compañías de un total de casi 6 millones si el Gobierno no mantiene el apoyo financiero al sector privado. “El Gobierno fue valiente con las ayudas al inicio de la pandemia y por eso es decepcionante que no haya ido más allá en este segundo confinamiento”, lamentó el presidente de la Federación, Micke Cherry, en un comunicado. Las esperanzas de los empresarios están ahora puestas en el presupuesto que el ministro Sunak presentará el 3 de marzo, en el que deberá definir el nuevo sistema de ayudas al sector privado y cuadrar las nuevas partidas de gastos e ingresos que marcarán el futuro inmediato del Reino Unido post COVID-19.

Después de cinco años trabajando como enfermera matrona en un hospital de Londres, Natalia Cabana hizo las maletas en junio y regresó a su Lugo natal. Esta vez, para siempre. A Reino Unido había llegado en 2015 huyendo de la precariedad y el desempleo de su sector en Galicia. “Acabé la carrera en 2011, y en los cuatro años siguientes solo logré trabajar para el Servicio Gallego de Salud (Sergas) tres días”, asegura.

La idea de dejar Londres y regresar a casa le llevaba rondando la cabeza desde hacía un año. Ya había ahorrado, había ganado experiencia y puntos para subir en las convocatorias de empleo del Sergas. Ahora, la COVID-19 y la angustia de sentirse aislada de su familia a más de 1.000 km de distancia, precipitó la decisión de comprar un billete de ida a Galicia sin vuelta.

Su marcha, y la de los más de 25.000 sanitarios europeos que en los últimos cinco años abandonaron sus trabajos en el servicio público de salud de Inglaterra, está añadiendo más gasolina al fuego de unos hospitales ingleses que en la última década han sufrido problemas crónicos de falta de personal, agravados desde marzo por la llegada de la pandemia. 

De acuerdo con los últimos datos del Gobierno británico, en los doce meses hasta septiembre de 2019 abandonaron Inglaterra más de 5.000 enfermeras y doctores europeos, un 30% más que los que se marcharon en 2015, el año previo al referéndum del Brexit. Su salida tampoco ha sido compensada con nuevos reemplazos de la Unión Europea (UE) ya que, en ese tiempo, el número de sanitarios comunitarios reclutados se desplomó un 50%.

Goteo continuo

Aunque solo hay datos públicos para Inglaterra, las asociaciones de enfermería y médicos aseguran que la salida de europeos también afecta a los sistemas sanitarios del resto de Reino Unido, especialmente a Escocia y Gales. En Cardiff, la capital galesa, trabajó durante cuatro años María Longueira, una enfermera coruñesa que en junio de este año también optó por regresar a su ciudad natal. Como enfermera en la principal UCI de Cardiff, fue testigo del continuo goteo de compañeros del sur de Europa volviendo a sus países. El motivo, dice, no fue tanto una reacción al descontento generado por el Brexit como el final de una etapa vital con fecha de caducidad desde el comienzo.

“Muchas vinimos al Reino Unido porque en nuestros países salimos de la carrera y, después de los años de recortes, no había trabajo. Aquí podíamos ganar experiencia, pero para la mayoría era un plan temporal”, explica Longueira, que sí ve diferencias con antiguos compañeros del este de Europa, más propensos a aterrizar en el Reino Unido con la idea de echar raíces. 

Al igual que estas dos enfermeras gallegas, la crisis de la COVID-19 ha acelerado los planes de regreso de muchos sanitarios, incluidos algunos británicos que prefirieron dejar hospitales en grandes ciudades como Londres para retornar a sus regiones de origen y estar cerca de la familia.

“La sanidad británica lleva años sufriendo un déficit de personal importante y dependiendo mucho de sus trabajadores europeos”, indica Terry John, presidente del comité internacional de la Asociación de Médicos Británicos. A su juicio, si la presencia de comunitarios sigue cayendo a este ritmo, los hospitales van a verse “con crecientes problemas”. “Su importancia se ha visto precisamente ahora, con el papel que tuvieron para hacer frente a la pandemia”, recalca.

Uno de sus temores es que la presión sobre los hospitales públicos se redoble a partir del 1 de enero, cuando entre en vigor el nuevo sistema de inmigración por puntos que pondrá fin a la libre circulación de trabajadores de la UE que existe actualmente.

A priori, el plan del Gobierno de Boris Johnson es que este nuevo sistema por puntos permita la entrada de profesionales para trabajar en puestos que el mercado laboral británico no da cubierto, como es el caso de la sanidad, aunque muchos presagian que la burocracia que acarreará este modelo desincentivará emigrar al Reino Unido.

Algo así ya ocurrió en 2016, cuando el Gobierno británico impuso a todas las enfermeras extranjeras la obligatoriedad de obtener un nota mínima de 7 en el IELTS, un certificado internacional de inglés, para acceder a un trabajo en la Sanidad. La medida trajo consigo una caída significativa del número de nuevos profesionales llegados al Reino Unido del resto de la UE. 

“La necesidad del título de inglés redujo las llegadas, pero también el hecho de que los hospitales de países como España volviesen a contratar a partir de esa época, aunque sea con contratos temporales”, explica el enfermero gaditano Andrés López, que después de cinco años y medio trabajando en hospitales de Gales, este verano tomó la decisión de volver a casa y buscar empleo en Cádiz. En su caso, al “cansancio” personal con un sistema sanitario que deja en manos de los enfermeros “mucha responsabilidad a cambio de salarios bajos”, también se sumaron las incertidumbres causadas por el Brexit, en concreto en lo que tiene que ver con la homologación de la experiencia laboral en España.

Hasta ahora, los contratos de trabajo en la sanidad pública del Reino Unido ayudaban a ganar puntos en las convocatorias de plazas de los hospitales españoles. A partir del 1 de enero, cuando finalice el periodo de transición y el país salga definitivamente del paraguas normativo comunitario, esta homologación podría quedar en el aire, especialmente si no hay un acuerdo sobre este punto entre Londres y Bruselas. “Fue a raíz de estas dudas que comencé a pensar más en el regreso, y este año ya tomé la decisión final”, asegura López.

Una reflexión similar hace Severino Figueiras. Aunque este enfermero gallego continúa en el servicio de consultas externas del hospital Marsden de Londres después de seis años en el país, en su calendario tiene la fecha de retorno marcada para diciembre de 2021. “Si ya no se tiene en cuenta la experiencia para volver para las listas en España, se pierde un gran atractivo para emigrar. Aquí hay una estabilidad y una proyección profesional que no hay en España, pero los salarios son bastante modestos en comparación con otros trabajos”, indica Figueiras.

En los últimos años, este gallego también ha notado en su entorno la salida de colegas españoles. “De la tanda de 20 enfermeros de España con los que llegué en 2014, ya solo quedamos dos. En los hospitales se ve que están desesperados por contratar personal”, asegura, especialmente para perfiles más especializados, como en servicios de diálisis u oncología, donde las plantillas están más justas y es más difícil encontrar candidatos.

40.000 puestos por cubrir

De acuerdo con el Nuffield Trust, un think-tank británico centrado en el análisis de asuntos sanitarios, sólo en la sanidad pública de Inglaterra hay más de 40.000 puestos de trabajo para los que no se encuentra personal y que hasta ahora se cubren de forma temporal con trabajadores propios o de agencias privadas de colocación. En total, el sistema de sanidad público emplea a 1,5 millones de personas. El imparable envejecimiento de la población británica podría hacer ascender esta cifra hasta las 250.000 vacantes en 2030, o incluso 350.000 si el Gobierno fracasa en su intento de contener la fuga de sanitarios y captar nuevo personal.

Mark Dayan, analista de esta entidad, cree que el nuevo sistema migratorio y la crisis de la COVID-19 frenarán la llegada de profesionales de la UE y de otros países. “A menos que el Gobierno logre crear un sistema más atractivo para captar personal de fuera y mejorar la formación de las enfermeras británicas, el servicio de los hospitales empeorará”, dice. La caída del número de trabajadores europeos se ha visto parcialmente compensada en los últimos años con la llegada de más profesionales de países como India o Filipinas, si bien los trámites burocráticos y las homologaciones hacen su proceso de contratación más tedioso en comparación con los europeos. “Ahora mismo, el sistema no está en condiciones de expulsar o poner trabas a nadie”, asegura Dayan.

Las plantillas cortas de personal hacen mella en las condiciones en que trabajan los sanitarios. Una encuesta elaborada por el Real Colegio de Enfermería británico justo antes de la pandemia revelaba que seis de cada diez enfermeras admitía no tener tiempo para ofrecer a los pacientes la asistencia sanitaria que les gustaría. “Con la COVID-19, esto solo ha ido a peor”, asegura la secretaria general del Colegio, Donna Kinnair. En su opinión, la presión bajo la que trabajan muchas enfermeras del Reino Unido podría tener el efecto de una pescadilla que se muerde la cola. “Cuanto peor sean las condiciones, mayor será el número de trabajadores que dejen una profesión que ya está bajo mínimos”, advierte. 

Aunque el Reino Unido cuenta con una ratio de camas por habitante inferior a la de otros países europeos, las restricciones impuestas por el Gobierno británico durante la primera ola de la pandemia lograron poner a salvo los hospitales públicos, que estuvieron lejos de ver ocupadas todas las camas habilitadas, incluso las de las Unidades de Cuidados Intensivos. Aunque el número de infectados continúa aumentando, la cantidad de pacientes con COVID-19 en los hospitales sigue por debajo de los niveles de abril, cuando se llegaron a superar los 20.000 ingresados con el virus.

La investigación en Galicia todavía no se ha repuesto de los años de recortes públicos y privados en ciencia y tecnología que siguieron a la crisis financiera de 2008. La comunidad gallega gastó en investigación y desarrollo (I+D) en 2019 un 0,97% de su producto interior bruto (PIB), o lo que es lo mismo, de toda la riqueza que produce en un año, lo que la sitúa por debajo del máximo histórico del 1,04% alcanzado en 2008, en la etapa final del Gobierno de coalición de PSdeG y BNG.

La cifra de 2019 supone, tal y como resalta la Xunta, una ligera mejora de 0,03 puntos porcentuales con respecto al año anterior y el mejor resultado desde la llegada del PPdeG al Gobierno gallego, pero apenas logra recortar distancias con España, que gasta de media un cuarto más que Galicia, o con la Unión Europea, donde el esfuerzo en I+D es más del doble. Poniéndolo en perspectiva, si el gasto en ciencia y tecnología de Galicia continuase creciendo al ritmo que lo hizo en los últimos seis años, la comunidad tardaría 19 años en alcanzar el porcentaje de gasto en I+D que tiene España ahora y 81 años en igualar al de la UE.

Los resultados están también lejos de parecerse al escenario imaginado por el propio Gobierno gallego. El Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo se había propuesto en su Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia 2014-2020 (RIS3) llegar a un gasto en I+D del 1,7% en 2020. A la luz de los últimos datos, este objetivo parece difícilmente alcanzable.

Consultada sobre esta diferencia, la Vicepresidencia de Economía, de la que depende esta estrategia que coordina toda la política de gasto en I+D de la Xunta, se limitó a asegurar que Galicia “está consolidando su crecimiento” y se encuentra entre las autonomías en las que el gasto en ciencia y tecnología crece más rápido desde 2014.

Un objetivo que sí cumplirá la comunidad gallega es del número de personas trabajando en actividades de I+D. Si la meta de la Xunta para 2020 era alcanzar los 10.400 empleos, en 2019 ya se ha llegado a los 11.085, un 4% más que el año anterior. El gasto en I+D contabilizado por el INE suma las inversiones hechas por las empresas, la Administración pública y las Universidades en cada autonomía. En el caso de Galicia, algo más de la mitad de la inversión procede del sector privado, aunque todavía está lejos de la media española. Si en España las empresas gastan en ciencia y tecnología un 0,7% del PIB nacional, en Galicia el sector privado invierte un 0,5%.

El principal polo de investigación empresarial gallego gira alrededor de la automoción y se encuentra en el área de Vigo. Al I+D interno de las empresas, se suman centros tecnológicos que realizan investigaciones para las firmas del sector, como es el caso del Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG), que, con algo más de 700 trabajadores, investiga en áreas como el vehículo eléctrico y autónomo, o la Asociación de Investigación Metalúrxica do Noroeste (AIMEN), que además de la automoción trabaja con empresas del sector naval.

Las causas

Pero, ¿por qué Galicia permanece tan lejos de los niveles de gasto en investigación, no solo de Europa, sino también de la media española? En opinión de Xavier Vence, catedrático de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago de Compostela y director del grupo de investigación Innovación, Cambio Estructural y Desarrollo (ICEDE), una de las razones radica en la estructura empresarial de Galicia. “Estamos especializados en sectores empresariales muy maduros donde las innovaciones que se pueden llevar a cabo no son necesariamente intensivas en I+D”, asegura. Ejemplo de ello sería el textil y su buque insignia en Galicia, Inditex. La compañía coruñesa, a pesar de ser una de las líderes mundiales del sector, no invierte tanto en investigación y desarrollo de tecnologías propias como en innovaciones logísticas o de diseño que ayudan a mejorar su productividad pero que no son estrictamente I+D.

La escasez de empresas medianas y grandes, con presupuesto para embarcarse en nuevos desarrollos tecnológicos, es otro de los hándicaps de la economía gallega. Mientras que en Galicia solo el 0,6% de las compañías tiene más de 50 trabajadores, en España este porcentaje sube al 0,8% y en la Unión Europea, al 1,1%, de acuerdo con datos del Eurostat.

Vence, que también fue portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG) entre 2013 y 2016, cree que un tercer ingrediente tiene que ver con la “falta de estrategia” de la Xunta y con los recortes realizados por el Gobierno de Feijóo durante sus dos primeros mandatos. “Entre 2005 y 2009 se pusieron en marcha planes muy ambiciosos que tuvieron efectos positivos. La mayor parte de ellos quedaron en proceso, ya que, tras la llegada del PP a la Xunta, se paró todo y se aplicaron unos recortes terribles”, critica.

La partida de gasto en I+D presupuestada por el Gobierno gallego cayó tras la llegada de Feijóo al poder, que coincidió con el estallido la crisis y la llegada de la austeridad. Hasta 2018 no superó la cifra de inversión asignada en el último presupuesto de socialistas y nacionalistas. “Esto supuso la destrucción de muchos equipos y llevó a muchos investigadores predoctorales y postdoctorales a emigrar”, afirma Vence. 

Estrategia más allá de los fondos

El catedrático de Organización de Empresas de la Universidade de Vigo Xosé Henrique Vázquez cree que el debate sobre la investigación no debe girar solo alrededor de los fondos. “La inversión en I+D como porcentaje del PIB es importante, pero prestar atención solo a eso es una concepción típica de los años 50. Los modelos de innovación cambiaron mucho desde entonces”, asegura.

A su juicio, antes que grandes inyecciones de dinero desde el Gobierno, Galicia y España necesitan reformas institucionales “consensuadas entre sindicatos y empresarios” que estimulen el emprendimiento y reformen el mercado laboral y financiero. “¿Es más importante construir una aceleradora para 20 start-ups o facilitar un entorno propicio para la creación de empresas y la contratación de personal? La aceleradora es cuestión de dinero, lo más difícil es intervenir en los procesos notariales, registrales, de permisos y licencias, que facilitan que la gente asuma riesgos”, expone.

Un ejemplo de ello es, en su opinión, el norte de Portugal. La región vecina, que en los últimos años ha sido noticia por captar inversiones de numerosas empresas de matriz gallega, estaba en 2011 a la par de Galicia en la mayoría de los criterios analizados por el Marcador de Innovación Regional de la Comisión Europea. Ocho años después, el norte portugués ha ensanchado sus diferencias y ya supera la puntuación media de la UE en seis de las 17 variables que analiza el barómetro. Galicia, sin embargo, solo mejora la media comunitaria en uno: la proporción de personas entre 25 y 34 años que cuentan con estudios superiores.

“A raíz del rescate de Portugal entre 2012 y 2014, hubo reformas de la administración y del mercado laboral y financiero. Fue algo tremendamente polémico pero fue lo único que cambió en Portugal, porque el Gobierno no aumentó significativamente los fondos en I+D. Las empresas se están yendo allí porque todo es más ágil y las condiciones de acceso son más incentivadoras”, argumenta Vázquez.

La falta de financiación y los años de austeridad sí que han hecho mella en los últimos tiempos en la investigación universitaria. O, al menos, esa ha sido la experiencia de José Martínez Costas, biólogo del CiQUS, uno de los siete centros singulares de investigación que hay en Galicia. Él lidera en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) uno de los grupos españoles encargados de desarrollar una vacuna contra la COVID-19 que, a diferencia de otras fórmulas, se basa en una tecnología de nanoesferas desarrollada por su mismo grupo y patentada por la USC. 

El camino andado hasta registrar la patente no fue fácil, dada la falta de recursos económicos. “No teníamos un duro. El dinero que se invierte en investigación es muy poco y, aunque la Consellería de Educación tiene líneas de ayuda, acostumbran a dar la mayor parte del dinero a los grupos de investigación que más tienen”, afirma. Ahora, y con la financiación del Instituto de Salud Carlos III, el Banco Santander y la Comisión Europea, mantiene un grupo de siete investigadores para los cuales el futuro sigue siendo incierto. “Tenemos financiación hasta marzo o abril. A partir de ahí, no sabemos que pasará”, lamenta.

Para Martínez Costas, la última muestra de la “desidia” y el “cortoplacismo” que padece la investigación en Galicia es el retraso por parte de la Xunta en la convocatoria del programa de becas posdoctorales I2C. Muchos de los investigadores beneficiarios del programa finalizan sus contratos a finales de diciembre. El Gobierno gallego, sin embargo, todavía no ha sacado la nueva convocatoria, lo que, de acuerdo con los plazos habituales de resolución de estos contratos, abocará a este grupo de casi 40 investigadores a ir al paro durante al menos 4 meses.

Los fondos europeos para la reconstrucción

Galicia y el resto de España tienen la oportunidad de dar un salto en I+D con los fondos de recuperación europea Next Generation UE. Hasta el momento, la Xunta afirma haber presentado 108 iniciativas aunque no las hará públicas hasta que se conozcan los criterios de la Comisión Europea y del Gobierno español para decidir en base a qué se seleccionan los proyectos. Entre los que sí se han desvelado, hay una planta de hidrógeno verde, un complejo para producir viscosa con la que proveer de fibra vegetal a la industria textil, un centro de generación de biogás o una planta de fertilizantes.

Xosé Henrique Vázquez ve en estos proyectos “el peligro y la bondad” de estar vinculados a grupos empresariales. “Que surjan de la empresa no tiene por qué ser malo y puede garantizar su viabilidad. La clave será diseñar su implantación y definir qué retorno social tendrán, no solo para la empresa, sino para todos”, asegura. Más crítico se muestra Xavier Vence, para quien la Xunta solo ha presentado “proyectos aislados” sin una estrategia definida para promover la economía circular.