El Pasillo Verde Ferroviario es el corazón, o la arteria, del distrito de Arganzuela. La reordenación de antiguas infraestructuras del ferrocarril implicó una enorme transformación entre Atocha y Príncipe Pío durante las dos últimas décadas del pasado siglo, con la llegada de numerosos espacios verdes o de esparcimiento y con dotaciones industriales que pasaron a ser residenciales.

Se trata de una de las zonas de Madrid donde el progreso político y económico del país más se plasmó en el paisaje urbano, pensado desde lo amable más que desde lo hostil. No es casualidad que el entorno englobe el Parque Enrique Tierno Galván, nombrado en honor de uno de los grandes responsables de esa reconfiguración madrileña luego nunca completada. Pero esa apertura de miras se plasmó de otra forma en su trazado, gracias a las particular fascinación de varios de sus artífices por la masonería.

El arquitecto Manuel Ayllón, autor de El acercamiento profano al arte sagrado, fue el gran diseñador de este tramo de más de 7 kilómetros. También colaboraron otro arquitecto, Ismael Guarner, y el escritor Luis Racionero. Los tres, vinculados a logias de la fraternidad, salpicaron el trazado, sin disimulo alguno, de símbolos relativos a la conocida como geometría sagrada. Esto es, el lenguaje simbólico y filosófico mediante el cual el Gran Arquitecto del Universo ordenó el caos para convertirlo en cosmos. El punto representaría así el origen, la línea recta es el orden, el círculo corresponde a la totalidad, el cuadrado es el equilibro o el triángulo la armonía entre sabiduría, fuerza y belleza. Todo ello cincelado por los instrumentos por excelencia de la masonería: la escuadra y el compás.

En el Parque Peñuelas, del barrio de Acacias, estas formas se dan cita en una particular composición escultórica. Representa los cinco sólidos platónicos o perfectos, poliedros regulares y convexos con águlos iguales y aristas de la misma longitud. Cada uno correspondería a un elemento de la naturaleza. Un gran y hueco icosaedro (agua), polígono regular de 20 caras, aparece rodeado por otros cuatro cuerpos geométricos de menor tamaño: un tetraedro (fuego), un cubo (tierra), un octaedro (aire) y un dodecaedro (el quinto elemento o éter). Este espacio de ocio junto al Paseo de la Esperanza destaca también por dos grandes pirámides, o tetraedros, que flanquean su entrada.

Esta figura es una de las más presentes en los alrededores, hasta el punto de que la glorieta de Pirámides (que sube a la calle Toledo) da nombre a la zona. En ella aparecen por primera vez los obeliscos, el elemento arquitectónico por excelencia de la arquitectura masónica (aunque se escapa de esta ruta, esta circunstancia vuelve todavía más siniestro que Álex de la Iglesia vertebrase una de las secuencias más memorables de El día de la bestia en las Torres Kio, donde años después se erigió el Obelisco de Calatrava).

No obstante, los dos elementos gemelos de 14 metros en Pirámides no son obra del trío de autores citado. De hecho, fueron erigidos en 1831 por el arquitecto Francisco Javier de Mariategui. El conjunto original, perdido, incluía motivos que nada tienen que ver con la imagenería de los masones: seis esculturas de reyes de la colección del Palacio Real, fuentes laterales o columnas dóricas.

El origen es previo, al igual que sucede con el de la Fuente Castellana del Parque de Arganzuela de Madrid Río, pero quizá la permanencia de dos obeliscos tan característicos explica en parte que la iconografía masónica proliferase en sus inmediaciones. Según su mitología, los obeliscos son receptores de energía masculina que violan las leyes de los cielos. Estas fijan que tanto la energía femenina como la masculina han de estar en equilibrio para participar por igual en el Cosmos, así que los obeliscos rompen esa armonía.

Donde el obelisco sí responde a la idiosincrasia de la logia es en Delicias, junto a la parada de Cercanías. La construcción metálica de 30 metros, junto a otros 3 del pedestal, tiene el nombre oficial de Obelisco Laus Deo (“alabado sea Dios”). Esta inscripción, lema habitual de la masonería presente por ejemplo en el Monumento a Washington de la capital estadounidense, aparece en su superfie. La peana incluye inscripciones más tradicionales, como la fecha de inicio y fin del proyecto para el Pasillo Verde Ferroviario o un mensaje que recuerda la fecha y los participantes en la inauguración. Eso sí, todo ello en latín, una lengua muy referenciada y utilizada en la liturgia masónica.

Más allá de Delicias, los impulsores del Pasillo Verde Ferroviario desperdigaron otros dos obeliscos similares: el de la plaza de Ortega y Munilla y el de la calle Santa María la Real de Nieva (este último de menor tamaño). Para los masones, el diseño común de los tres no es casual: las columnas representan una ofrenda al sol y la cúspide piramidal corresponde a los rayos de sol rebotando para distribuirse por todo el planeta y llevar la prosperidad a cualquier rincón.

Junto al de la plaza de Ortega y Munilla reparece un diseño ya visto en el Parque Peñuelas... o casi. La composición de los cinco sólidos platónicos coloca aquí el protagonismo en el tetraedro al situarlo en el centro y a mayor tamaño. La repetición de esta composición, otorgando el protagonismo a cada uno de los poliedros respectivos, se repite por tanto hasta cinco veces en unos pocos kilómetros. En un costado de la glorieta de Santa María de la Cabeza le toca al octaedro y en la plaza de Francisco Morano, ya en el barrio de Imperial, al cubo. Cerca de la estación de Príncipe Pío pero todavía en Imperial, por el Paseo de los Melancólicos, completa el quinteto un dodecaedro situado en una plataforma elevada (el de la imagen que encabeza este artículo).

Obeliscos, pirámides y poliedros son los elementos másonicos más llamativos en Arganzuela, pero eso no es todo. Volviendo a la zona de Peñuelas, en la fachada de la iglesia de Nuestra Señora de Europa que da a la calle de Arganda, un cuadrado mágino aporta un misterio insobable a la estampa del edificio religioso. A priori parece un mero sudoku, pero esconde mucho más. Sumar los números que nunca se repiten de cualquier línea (también llamadas órdenes), sea horizontal, vertical o diagonal, otorga siempre la misma cantidad. Es la conocida como constante mágica.

La matriz numérica de 4x4 en esta pared coincide cifra a cifra con el de la fachada de la Pasión en la Sagrada Familia, instalado por el escultor Josep Maria Subirachs. Los masones otorgan un gran valor a las cualidades armónicas de este cuadrado, heredero de tradiciones y estudios de civilizaciones como la china o la griega.

La última parada del recorrido es un regreso al inicio, a uno de los primeros lugares mencionados: el Parque Tierno Galván, pulmón del barrio de Legazpi en lo que fue la antigua estación de Renfe en Delicias. Por todo el entorno aparecen triángulos, estrellas y grandes columnas.

Pero muy especialmente en la rampa hacia el Planetario, en cuya barandilla se suceden los triángulos equiláteros con un circulo vaciado u ojo en el centro. Una de las imágenes más características de la institución, que representa la unión entre lo espiritual y lo terrenal. La gran mole de hormigón al subir la rampa, de nuevo con un agujero en su superficie, también podría referenciar esa simbiosis. Ahora, eso sí, son los aficionados a la escalada quines han hecho de ella su territorio. Atención igualmente al ajedrezado del suelo en este punto, similar al que puede encontrarse en una logia.

La travesía por Arganzuela, en particular el Pasillo Verde Ferroviario, se revela por tanto como un paseo lleno de inesperados símbolos a la vista de todo el mundo que esperan ser descubiertos. Y eso que algunos han desaparecido, como las columnas salomónicas que indicaban el kilometraje. Todos estos elementos ejemplifican la contradictoria esencia de la masonería, un movimiento caracterizado por su discreación al tiempo que por su ambición de trascender.

Las últimas personas que permanecían en la Puerta del Sol hasta el lunes por la noche han ofrecido este viernes una rueda de prensa tan combativa como errática para valorar el polémico desalojo de madrugada, al tiempo que adelantaban los próximos pasos del movimiento Acampada 26S tras el manifiesto difundido el 2 de noviembre.

Ambas cosas van de la mano, puesto que la repentina actuación policial ha provocado que concentren sus esfuerzos en atender a las personas sin hogar que pernoctaban en la plaza. De hecho, algunas de ellas habían comenzado ya a organizarse por sí mismas. Es el caso de Francisco José , que ha lamentado cómo “no se ha respetado el derecho de reunión” que sí se había considerado en las primeras semanas de la movilización. Ha pedido igualmente que las administraciones “cumplan con el artículo 47 de la Constitución”.

Eda, otra de las portavoces que ha participado en la comparecencia, ha incidido en que la prioridad es “ayudar a las personas sin hogar ya que no lo hacen las instituciones” y ha citado una de las proclamas más habituales entre quienes dejaron la acampada: “Hay que avanzar hacia los barrios, pero no podemos abandonar a la gente en situación de calle”.

Juanlu, otro compañero, ha explicado que el inesperado cambio de paradigma ha puesto en pausa otros planes: “Como anunciamos el lunes, nos encontrábamos preparando muchos actos y muchas medidas. Pero ahora tenemos que atajar problemas urgentes. Estamos pagando hostales a gente con unos fondos comunes”.

Nos encontrábamos preparando muchos actos y muchas medidas. Pero ahora tenemos que atajar problemas urgentes. Estamos pagando hostales a gente con unos fondos comunes

Los portavoces han denunciado de nuevo “el abuso y la violencia policial” que puso fin a la acampada iniciada el 26 de septiembre. “Me insultaron al grito de puto rojo maricón, me quitaron el móvil y me retuvieron dos horas”, ha denunciado Juanlu, que ha mostrado un parte de médico de lesiones donde se recoge “irritación facial por gas pimienta”.

Duro relato de la intervención policial: “Entraron rajando las lonas”

Aster, otra acampada que asegura disponer de un parte de lesiones que acredita sus lesiones lumbares, ha denunciado al borde de las lágrimas que los agentes accedieron a las 2.55 “rajando las lonas y las tiendas de campañas con cuchillos”. Eda ha anunciado que una persona permanece herida en el Hospital Doce de Octubre “por un traumatismo torácico”.

Los efectivos policiales gritaban, dice Aster, proclamas como “fuera rojos de mierda”, “por fin vais a trabajar” o “se acabó la fiesta”. Niegan que se diera tiempo alguno para permitir desalojar: “Las dos horas que ha dicho Delegación del Gobierno es lo que tardaron en completar el desalojo, no hubo avisos previos”. La celeridad, denuncia, ha provocado que muchas personas hayan perdido sus enseres, documentación e incluso medicación: “Un compañero diabético lleva días sin poder recibir su tratamiento”.

Juanlu ha criticado que la Comunidad de Madrid traslade que la limpieza y adecuación del espacio haya costado miles de euros: “Solo con dejarnos tiempo para irnos se lo habrían ahorrado y lo habríamos dejado mejor aún. Ese dinero que han gastado, también el que han empleado en echarnos, podrían utilizarlo en solucionar problemas como el de la vivienda o los servicios públicos que son por los que protestamos”. Eda ha confirmado que la intervención se produjo cuando trabajan en la etapa final de la movilización: “Estábamos desacamapando”.

“Teníamos un protocolo para desalojar adecuado a las personas con movilidad reducida que obviamente no se pudo ejecutar. Se nos trató como basura”, recalca Aster. Juanlu califica lo ocurrido de “atropello” e insiste en que la situación se cebó especialmente con personas sin hogar: “Han perdido sus pertenencias diarias, lo único que les quedaba”.

Horas después de que trascendiera el acuerdo entre el Ministerio de Cultura y el Centro Social Autogestionado (CSA) Tabacalera, que otorga a este colectivo el uso de dos espacios del recinto de Lavapiés durante cuatro años prorrogables por otros cuatro, un duro comunicado de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) cuestionaba la unanimidad a su alrededor. Aunque tanto el CSA como fuentes del departamento que dirige Ernest Urtasun celebraron la firma del compromiso, la FRAVM denunciaba la cesión “arbitraria” de Tabacalera y acusaba al ministro de “despreciar al movimiento vecinal de Lavapiés”, ya que al acuerdo se ha cerrado “al margen de la negociación que el propio Ministerio mantenía abierta con las asociaciones vecinales del barrio”.

Sin embargo, en nuevo giro de guion, la entidad ha lanzado una segunda nota de prensa con la que parece que las aguas vuelven a su cauce. “Apenas una hora después de difundir su malestar, el equipo del ministro Ernest Urtasun se ha puesto en contacto con el presidente de la Federación, Jorge Nacarino, para trasladar sus disculpas por lo que considera un error de interlocución y retomar la negociación para garantizar en la futura Tabacalera la apertura de un espacio comunitario de gestión plural, abierto a las asociaciones y colectivos vecinales, deportivos, sociales y culturales del barrio”, recogen.

La organización valora de manera “muy positiva” las disculpas, pero sobre todo la disposición de Urtasun hacia el acuerdo: “Aliviaría el sentimiento de desprecio denunciado por la Federación así como la necesidad histórica de locales de esas agrupaciones de Lavapiés”. El documento precisa que tanto la FRAVM como entidades del barrio (la Asociación Vecinal La Corrala, Dragones de Lavapiés, Valiente Bangla o la Asociación Dar la Nota) trasladaron hace tiempo una propuesta al Ministerio que contempla la cesión al CSA de un espacio y la habilitación de otro como equipamiento comunitario de gestión plural, abierto a esos colectivos del barrio.

“Este modelo había sido objeto de negociación con el equipo del Ministerio, que, de hecho, se había comprometido a compatibilizar ambos usos. Sin embargo, el acuerdo que hizo público ayer rompía ese compromiso y concentraba la gestión de los dos espacios en un único proyecto. Ahora el ministro Urtasun y su equipo retoman el diálogo para habilitar en Tabacalera ese equipamiento comunitario, algo que la FRAVM aplaude y espera que muy pronto dé resultados tangibles”, relatan.

La FRAVM subrayaba en el primer comunicado que su oposición “no se dirige contra el CSA Tabacalera ni contra la continuidad de sus actividades, sino contra una decisión ministerial arbitraria y que ignora la propuesta vecinal de gestión compartida”. El acuerdo comunicado el miércoles, negociado “al margen de las asociaciones vecinales”, suponía que “se rompe ese compromiso y concentra la gestión de los dos espacios en un único proyecto”.

Reproche al Ministerio también por el Palacio de Hielo

“La FRAVM desmiente categóricamente que las asociaciones vecinales que mantenían la interlocución con el Ministerio hayan participado en la negociación, definición o aprobación del convenio anunciado y rechaza que se presente la cesión como un acuerdo respaldado por el conjunto del movimiento vecinal”, recalcaban en el documento compartido en la mañana de este jueves. Para la entidad, la gestión comunitaria del patrimonio público “debe regirse por los principios de pluralidad, transparencia e igualdad de trato”.

El enfado de la FRAVM llegaba tras otros precedentes recientes. El escrito inicial aludía a “una nueva muestra del desprecio del Ministerio de Cultura hacia el movimiento vecinal madrileño y, especialmente, hacia las asociaciones del distrito Centro que llevan décadas reclamando equipamientos sociales, culturales y deportivos”. Así lo expresaba Jorge Nacarino: “No se puede hablar de cultura comunitaria mientras se da la espalda a quienes llevan décadas construyendo barrio. La participación no consiste en seleccionar interlocutores, sino en garantizar que todas las entidades puedan acceder en igualdad de condiciones a los espacios públicos”.

La FRAVM relacionaba lo sucedido en Tabacalera con otras decisiones del Ministerio que a su juicio “han ignorado las reivindicaciones vecinales, como la ampliación del Museo Thyssen-Bornemisza en el edificio del histórico Palacio de Hielo y del Automóvil, donde se han priorizado intereses de grandes instituciones culturales frente a las necesidades sociales de los barrios”. “Mientras se destinan recursos y patrimonio público a consolidar grandes polos de atracción turística, los colectivos vecinales del distrito Centro siguen reclamando equipamientos”, indicaban en el comunicado.

No se puede hablar de cultura comunitaria mientras se da la espalda a quienes llevan décadas construyendo barrio. La participación consiste en garantizar que todas las entidades puedan acceder en igualdad de condiciones a los espacios públicos

Jorge Nacarino — Presidente de la Fravm

“En un distrito sometido a una intensa presión turística e inmobiliaria, la recuperación del patrimonio público debería contribuir a ampliar los equipamientos de proximidad y fortalecer la vida comunitaria, favoreciendo la convivencia y la cooperación entre los diferentes colectivos sociales y culturales del barrio”, remataban.

Manuel Osuna, presidente de de la Asociación Vecinal La Corrala y vocal de la FRAVM, exponía en 2024 la necesidad de considerar sus demandas: “Cualquier barrio de la ciudad al que vayas cuenta por lo menos con un polideportivo, un centro cultural vecinal, una biblioteca... que no se haga nada para los vecinos y las entidad vecinales no nos parece bien. Necesitamos un espacio de participación y reunión o algún salón de actos. Tabacalera nos parecía el sitio idóneo”.

La postura contestararia inicial de la FRAVM contrastaba con la del CSA, que anuncia un regreso “progresivo”, al resaltar la importancia de recuperar su ubicación original en el número 53 de la calle Embajadores mediante un acuerdo “con garantías”: “Después de más de tres años fuera de nuestro espacio, de incontables reuniones y asambleas, propuestas y negociaciones, celebramos un acuerdo que reconoce la continuidad de un proyecto cultural y comunitario que lleva desde 2010 formando parte de la vida de Lavapiés y de Madrid”.

El Ministerio de Cultura destaca por su parte que las dos naves, de 512 y 288 metros cuadrados, “serán destinadas a actividades culturales y comunitarias para el barrio de Lavapiés”. El objetivo es que vuelvan a las instalaciones de la Antigua Fábrica de Tabacos de Madrid las organizaciones que ya operaban en él, hasta que lo impidió la reforma iniciada en 2021 para adecuar el edificio a su futuro uso como centro de producción y residencias artísticas. Entre ellas están el Sindicato de Inquilinas de Madrid, Foto Free y la Peña Flamenca de Lavapiés, que según las partes firmantes del acuerdo podrían gestionar las naves en colaboración con asociaciones vecinales de Lavapiés. Estas, en cambio, reclaman una autonomía y un lugar propios del que finalmente parece que dispondrán.

El acuerdo en uno de los espacios culturales más característicos de Lavapiés ya es una realidad. Ocho meses después de que trascendiera el compromiso alcanzado entre el Ministerio de Cultura y entidades vecinales implicadas en el Centro Social Autogestionado (CSA) Tabacalera, esta entidad ha publicado en sus redes sociales la firma del convenio de colaboración que acredita la cesión de instalaciones durante cuatro años prorrogables por otros cuatro.

Se trata en concreto, según fuentes de la cartera liderada por Ernest Urtasun, de “dos espacios que serán destinados a actividades culturales y comunitarias para el barrio de Lavapiés”. En particular, “dos edificaciones que forman parte del complejo de Tabacalera y que están en proceso de rehabilitación para su uso, mientras se acometen las obras del edificio principal”. Ocupan un espacio anexo al edificio principal y constan de 512 y 288 metros cuadrados, respectivamente.

“La Tabacalera vuelve a su territorio con garantías”, celebran desde el CSA en un post de Instagram que ilustran con una foto donde el ministro y representantes del proyecto rubrican los documentos. “Después de más de tres años fuera de nuestro espacio, de incontables reuniones y asambleas, propuestas y negociaciones, celebramos un acuerdo que reconoce la continuidad de un proyecto cultural y comunitario que lleva desde 2010 formando parte de la vida de Lavapiés y de Madrid”, exponen.

Los espacios serán directamente gestionados por el CSA, del que forman parte organizaciones como el Sindicato de Inquilinas de Madrid, Foto Free y la Peña Flamenca de Lavapiés en colaboración con asociaciones vecinales del barrio de Lavapiés. Fuentes del Ministerio de Cultura indican que el compromiso “recupera un espacio fundamental para el uso comunitario y cultural en el centro de la ciudad de Madrid, privilegiando la función social y apertura al público de esta dotación, siguiendo el proceso iniciado en 2010”.

El CSA resalta la importancia de recuperar su ubicación germinal, en el número 53 de la calle Embajadores: “La Tabacalera ha existido durante estos años fuerte y en el exilio. Sus colectivos han continuado conectando, trabajando, creando, transversalizando y construyendo desde otros lugares. Queremos agradecer a todas las personas, colectivos y espacios que han hecho posible esta continuidad y reconocer especialmente el trabajo de quienes han participado en las negociaciones, las asambleas y los distintos procesos que nos han traído hasta aquí”.

Avanzan un regreso “progresivo”, aunque en sus redes abren la puerta a expandir las salas cuya cesión confirma de momento el Ministerio: “Comenzaremos por los espacios que puedan habilitarse con las condiciones de seguridad y accesibilidad necesarias, mientras seguimos trabajando con el Ministerio para ampliar los espacios disponibles y recuperar la diversidad de actividades que históricamente han dado vida al CSA”.

Su publicación rescata algunas de las iniciativas que pretenden relanzar: “El Molino Rojo, los huertos, los espacios de creación, los talleres, los encuentros y las iniciativas culturales y sociales que han habitado La Tabacalera forman parte de una historia colectiva que queremos seguir desarrollando. También queremos reconocer a quienes han mantenido esa historia en movimiento durante el cierre y a quienes, desde 2004, han impulsado el proceso hasta aquí”.

Cinco años de obras para un espacio con dos almas que conviven

Tabacalera se ubica en la Antigua Fábrica de Tabacos de Madrid, construida entre 1780 y 1792. Fue utilizada como fábrica de tabaco hasta finales del siglo XX. En 2003, el centro fue adscrito al Ministerio de Cultura y en 2010 se inició la colaboración con el Colectivo CSA para la autogestión de una parte del complejo de Tabacalera mediante acuerdos que se fueron prorrogando y garantizaron, hasta 2021.

Actualmente el complejo de Tabacalera se encuentra en proceso de rehabilitación arquitectónica y reforma integral de las instalaciones para adecuar el edificio a su futuro uso como centro de producción y residencias artísticas, en la línea de otros centros internacionales. En marzo de 2025, un Real Decreto oficializó la creación del Centro de Producción y de Residencias Artísticas Tabacalera, que aspira a combinar su carácter formador o experimentador con su carácter de institución abierta al barrio de Lavapiés.

En esa línea apunta el acuerdo cerrado este miércoles. “Volver significa recuperar un lugar de autoorganización colectiva, de encuentro, creación, aprendizaje, convivencia y participación, y seguir haciendo real un mundo mejor, abierto a las necesidades culturales y comunitarias de la sociedad”, concluyen desde el CSA.

A las 12.30 horas de este martes, Lucila cruzó una Puerta del Sol cuya imagen había cambiado por completo. O al menos ya no era lo que recordaba. El perímetro de la plaza estaba precintado y donde hacía unas horas continuaban los restos del movimiento –cuyo número de miembros o colectivos implicados había ido mermando– ya gobernaba de nuevo el habitual tránsito de turistas. 

“Ahora están limpiando y huele bastante a lavandina”, dice Lucila, que, sobre todo, ha encontrado “muchos camiones” de limpieza en la zona y a la que ha sorprendido la rapidez de la operación, pues comenzó de madrugada. El debate abierto por la continuidad de la acampada tenía que ver con acordar cuál era a partir de ahora la forma más útil de presionar. Después de empujar a un adelanto electoral o contribuir con sus llamamientos en asambleas a la convocatoria de la huelga general, el movimiento había perdido fuerza y cada vez contaban menos manos para sostener su día a día.

Finalmente, el pasado lunes alrededor de un centenar de personas leyeron un manifiesto con diversas reclamaciones genéricas. Algunos todavía pretendían continuar, aunque la mayoría se preparaba para desmantelar y recoger progresivamente tiendas y enseres. Sin embargo, la repentina actuación policial en la noche del 2 al 3 de noviembre desarticulaba completamente lo que quedaba de acampada 38 días después de su arranque.

Ese ha sido el abrupto desenlace de una progresiva disminución de fuerzas desde que el Sindicato Inquilinas de Madrid, la organización que lideró la acampada en sus primeros compases después de que el 23 de septiembre se ejecutara el desalojo de Maricarmen, iniciase una progresiva retirada de efectivos para focalizarse en los barrios y en la huelga general del 11 de noviembre. Una dinámica similar a la que han seguido otros colectivos consultados por este periódico. Pese a ello, la organización de arrendatarios ha mantenido su respaldo a la acampada y, contra diferentes bulos y rumores, nunca ha llamado activamente a su desmantelamiento. Es por ello que uno de sus portavoces, Fernando de los Santos, ha criticado en declaraciones a los medios la actuación policial y de la Delegación del Gobierno en Madrid: “Lo primero es condenar e investigar la violencia empleada hacia quienes están protestando pacíficamente”.

“Mientras miles de personas están sin hogar y las preocupaciones por la vivienda siguen sin ponerse en el centro, la máxima preocupación de las administraciones empezando por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid es desalojar a estas personas”, denuncia. De los Santos considera que el proceso de la acampada ha sido “muy útil para que la gente se acercara a la lucha por la vivienda y otras luchas, como la educativa, la laboral o la antirracista”. Ahora, dicen, el propósito es “trasladarla a los barrios y las calles para construir la huelga del 11N, pararlo todo y conquistar de verdad el derecho a la vivienda”. El Sindicato envía estas palabras desde París, en una reunión de urgencia entre representantes de sindicatos laborales y de vivienda de siete países que da cuenta del alcance global que ha logrado la movilización.

Gustavo y Pablo pertenecen a la Asamblea de Vivienda de Villalba, uno de los grupos que integra el Proceso de Unión de Colectivos de Vivienda de Madrid (Pucvm). Con gran presencia desde el inicio de la acampada, la propia idiosincrasia de la entidad les hizo tener claro desde el primer momento que el movimiento debía desembocar en los barrios y los municipios. Pucvm acabó oficializando su retirada hace dos semanas para iniciar ese trabajo localizado, sobre todo de cara a la huelga general. “Entendimos que la presión política de las acampadas ya estaba hecha y que la huelga requería un curro”, opina Pablo.

Apunta Gustavo que eso no implicó desligarse totalmente de la plaza y que él, a título personal, continuó acudiendo en algunas ocasiones aunque ya sin pernoctar. Admite que la composición social cambió, aunque cree que los medios han desdibujado la realidad de quienes quedaban: “No era tan desagradable como querían pintar. Llegó más gente sin hogar, con una vida difícil, pero no era inseguro. Valoro la permanencia y que se diera auxilio y techo a personas en situación de calle”.

De hecho, expone que esas personas acabaron adoptando formas de organización social herederas de los propios movimientos presentes desde un inicio: “Quedaba gente que ha trabajado en auxiliarles, apoyarles y enseñarles el poder de la organización. Se ha generado una asociación de casi 50 personas en situación de calle, capaces de trabajar en común y solventar problemas de convivencia, o de mantener las tareas de limpieza instauradas desde el principio”.

Algo que se vincula con el que, según Pablo, es el principal logro del asentamiento iniciado el 26 de septiembre: “Ha servido de aprendizaje colectivo y apoyo mutuo para personas muy distintas. Lo vemos ahora con la huelga, donde después de 12 años sin ninguna convocatoria las compañeras militantes que recuerdan esa experiencia no son las más jóvenes. Hay que incorporar esos saberes y adaptarlos, tener capacidad para entenderse con gente que viene de sitios muy distintos, no olvidar perspectivas como la antirracista…”. Una ardua tarea para encauzar el “repunte de atención mediática hacia casos de problemáticas de vivienda y hacia la gente que quiere luchar”.

En Collado Villalba lo han comprobado de primera mano. Cuenta Gustavo que la Asamblea de Vivienda ha experimentado un boom de asistencia: “La acampada ha permitido que mucha gente se anime a cooperar. Hasta ahora casi toda la gente que venía tenía un problema, ahora llegan personas por el mero hecho de militar y echar una mano”. Para su compañero, ha sido el fruto de una labor que precede a lo ocurrido en Sol: “El trabajo diario de hormiguita en las asambleas se ha catalizado de manera positiva, pero a nivel de base se valora lo positivo que ha sido ponerse cara y colaborar mano a mano”. El Pucvm, aunque viene de una larga trayectoria de colaboración entre entidades, tomó forma y nombre pocas semanas antes de la acampada. El timing acompañó. “Quedan cosas por cerrar a nivel teórico u organizativo, pero en lo práctico y en lo emocional nos ha dado mucho”, resume Pablo.

Hasta ahora casi toda la gente que venía tenía un problema, ahora llegan personas por el mero hecho de militar y echar una mano. Quedan cosas por cerrar a nivel teórico u organizativo, pero en lo práctico y en lo emocional nos ha dado mucho

Más allá de ese impacto positivo a nivel de su agrupación, valoran positivamente la repercusión en la movilización social de Madrid y de todo el país (incluso a nivel internacional), aunque no haya estado exenta de tensiones: “La acampada ha sido un lugar de encuentro con distintos colectivos. Las alianzas se colocan y las diferencias también se hacen más visibles. Es importante saber qué nos une y qué nos diferencia”, subraya Pablo. 

Desconvocar para organizar

Una de las organizaciones presentes en la acampada que ha marcado perfil propio es la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), integrada en el Movimiento Socialista, también presente en las movilizaciones recientes con la Organización Estudiantil Socialista (OES). Carlota, militante de CJS, coincide no obstante con el análisis de que entendieron que los pasos a seguir conducían a “los barrios, los centros de trabajo y los de estudio”. Sus tareas de organización y difusión comenzaron a orientarse hacia los comités unitarios y juveniles del 11N.

“Desde que surge la acampada tenemos claro que tiene que ser una herramienta de construcción de un poder independiente más allá de lo institucional. No podía estar supeditada a la aprobación o no de los decretos, a las elecciones, ni siquiera a la huelga. Debía servir para denunciar la situación de la clase trabajadora, no para parches ni para campañas al gobierno. La desconvocatoria respondía a los intereses de crear esa organización”, aclara Carlota.

En CJS entienden la acampada como “un primer paso positivo para muchos jóvenes que nunca habían acudido a movilizaciones y no querían sentirse meros agentes pasivos”. “Se ha demostrado que hay una juventud dispuesta a organizarse, en nuestro caso en coordenadas socialistas, frente al discurso de esa ola reaccionaria entre los jóvenes que, por otro lado, no negamos. Si uno de cada cuatro jóvenes se plantea votar a Vox, se ha puesto en el foco a esos otros tres de cada cuatro y en la urgencia de construir un proyecto que movilice en otros postulados”, desarrolla Carlota.

“Durante unos días fue fácil poner la tele o leer un periódico y dar con un discurso netamente socialista. Eso nos ha permitido demostrar que nuestro discurso es perfectamente comprensible para la clase trabajadora y quienes sufren las condiciones de miseria. Unas condiciones que no se pueden abordar omitiendo la responsabilidad del Gobierno central y de los autonómicos, de los especuladores en su conjunto, de la patronal”, opina. Como valoración general Carlota cree que “ha servido para mucho al conjunto de organizaciones y sindicatos que han participado de cara a alcanzar ese horizonte futuro desde una orientación política acertada, sabiendo que el contenido no está fijado de antemano”.

Preguntados acerca del momento con el que se quedaría de estas semanas en Sol, Pablo duda y repasa varios logros: “Hemos ampliado la caja de resistencia, hemos recogido donaciones directas a personas migrantes en Ceuta... Pero me quedo con un turno que compartí en el punto de atención sanitaria con una compañera enfermera. Aprendí de la logística de los cuidados y la gestión de momentos de crisis. Cuando ocurre una catástrofe, como han sido los accidentes de tren, los incendios o el volcán de La Palma, es cuando cobra valor ese saber organizarse y gestionar la vida. Donde hay violencia no hay apoyo mutuo y donde hay apoyo mutuo no hay violencia”.

Su compañero Gustavo baja la reflexión a lo terrenal con una de las emotivas imágenes que podían verse durante la acampada: “Me quedo con la respuesta social positiva que ha habido, aunque haya excepciones de gente que venía a provocar o a criminalizarnos. Me quedo con ver llegar a las 8.00 de la mañana a dos señoras con un bizcocho recién horneado. Con lo difícil que en muchos momentos era gestionar la cantidad de cosas que había, cómo llegaba de todo cuando pedías linternas, pilas, baterías externas... nos han dicho muchas veces que lo que hacíamos era admirable y que hemos contribuido a una sociedad mejor construida”.

Carlota duda entre dos momentos. El primero, el propio desahucio de Maricarmen que dio pie a todas las movilizaciones. “A las personas que militamos en sindicatos de vivienda y sabemos lo que es poner el cuerpo en un desalojo nos conmovió”, señala. El segundo es la reclama nocturna en la noche del 2 noviembre, horas después de que PP, Vox y Junts tumbaran los decretos de vivienda. CJS, que ya lideró la indignación en el momento de la votación, emprendió una marcha hacia el Congreso en un momento de enorme rabia social. “Fue una imagen muy potente, vimos que juntas podíamos vencer los discursos que se pretendían dar desde sectores de la acampada con un mensaje contundente y serio sobre lo que queríamos como juventud socialista. Nos motivó, pero queda mucho trabajo por hacer para que ese espejismo se transforme en realidad. Esto no ha hecho más que empezar, no acaba con la acampada, con la huelga, ni con las elecciones”.

Ayla, que ha vuelto a Madrid después de siete años viviendo en Dinamarca pasó las últimas dos semanas acampando en Sol. Antes de que pasaran 24 horas desde el desalojo ya estaba retornando a la plaza junto a otros que, en muchos casos, tuvieron menos suerte que ella. “Yo fui de las pocas que tuvo tiempo de recoger sus cosas”, destaca, aunque después paso la madrugada pendiente de dos compañeros detenidos y hablando con el abogado que logró sacarles de la cárcel. Ahora están a la espera de juicio y Ayla combina el enfado por lo ocurrido con algo de esperanza.

“Después de vivir en el extranjero y sabiendo cómo estaba España ahora no esperaba encontrarme con algo como esto, una reivindicación con la que hacer comunidad. Creo que nuestro futuro será distinto al del 15-M porque allí al final hubo mucho politiqueo, pero en Sol hemos intentado dejar ese enfoque y hacer política desde lo pequeño, como son las asociaciones de barrio o las luchas del día a día que seguirán en pie aunque las tiendas se caigan”, desea en declaraciones a Somos Madrid. Y no solo las organizaciones vecinales han participado en este movimiento: también lo hicieron desde otras luchas más específicas o entidades de larga trayectoria.

Aunque al principio fueron muchas las entidades ecologistas que se sumaron a la protesta, su presencia también se ha diluido o queda lejos de ser lo que era. El 27 de septiembre, la sección joven de Ecologistas en Acción anunciaba su incursión en la acampada, que apenas había empezado a formarse una noche antes. La confederación de colectivos por el medio ambiente unió pronto su causa a las reivindicaciones contra el actual mercado inmobiliario, al que también se consideran ligados. “Veníos aquí a Sol con nosotras, defendamos el planeta y la vivienda juntas”, invitaba una de sus portavoces. Sin embargo, hacía ya unos días de su retirada, así que la desacampada no les ha pillado de pleno. 

“Ya tiendas no teníamos ninguna, por suerte, aunque creo que quedaban unas carpas y eso sí que es una putada”, relata Carlos, que milita en Ecojóvenes y ha sido una de sus caras más visibles desde el kilómetro cero. Desde un mostrador improvisado, donde exhibían folletines o información sobre su trabajo, la acampada y vías de participación ciudadana. Pero una vez comenzó el pulso interno entre quienes mantenían a flote la acción protesta y los partidarios de un desembarco progresivo, ellos consideraron que era mejor abandonar para continuar esa senda desde otras vías. 

Sobre recuperar las cosas que la Policía ha retirado de Sol, de momento todo parece “un caos”. “Primero se dice una cosa, luego otra… estamos esperando a ver si se aclara un poco [el procedimiento] y podemos intentarlo, pero personalmente no tengo mucha esperanza”; confiesa Carlos, a quien también preocupan las personas sin hogar que en los últimos días habían sumado sus propias tiendas a las que ya copaban la acampada, en intento de resguardarse en lugares más seguros y aprovechar la concentración de gente. 

También las ONG andan pendientes de lo ocurrido. Es lo que explica Jesús, trabajador social en una organización dedicada a la reinserción de las personas sin hogar. En los últimos días, habían desplegado a algunos miembros en la acampada después de que conocer que allí también se han refugiado quienes no tenían donde dormir. Han pasado la jornada del martes pendientes de quiénes hayan podido perder sus tiendas o enseres, habiéndose visto afectados por la decisión de Delegación.

“Se usa la figura de lo efímero y temporal para levantar de facto un teatro permanente”. Así lamenta Arturo, vecino del Barrio del Pilar, la continuidad de los espectáculos en la terraza del centro comercial La Vaguada durante cuatro meses pese a una situación administrativa irregular tras la caducidad de la licencia el 15 de junio.

Ese carácter pasajero es el único que ampara la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas para erigir un recinto como el que opera en el entorno desde hace meses en una azotea no diseñada para uso comercial. La licencia concedida por la Agencia de Actividades (dependiente del área de Urbanismo) el 19 de diciembre de 2025, tras meses de quejas vecinales, se acotaba a la “actividad eventual recreativa y de espectáculos” de la empresa GTM Espacio La Vaguada hasta el 15 de junio. De hecho, indicaba el 15 de julio como “fecha de fin del desmontaje”, según la documentación que ha podido consultar este periódico. “No solo no han desmontado, sino que han hecho reparaciones”, cuestiona Arturo.

“Lo que denunciábamos los vecinos no solo sigue, se ha consolidado ante la inacción del Ayuntamiento. La carpa, con viviendas a menos de 50 metros, sigue activa sin licencia en vigor. Anuncia eventos hasta Navidad”, critica Arturo en declaraciones a Somos Madrid. Y añade: “No es un despiste municipal administrativo, es un patrón”. La venta de entradas se ha paralizado en los últimos días, después de que el asunto volviera al pleno de Fuencarral-El Pardo del 14 de octubre y así lo anunciara el concejal presidente del distrito, José Antonio Martínez Páramo.

No obstante, continúa la promoción de los espectáculos. La programación actual o venidera incluye el musical Regreso a los 90s, veladas nocturnas de boxeo seguidas de sesiones de DJ o el regreso de un show de magia de El Mago Yunke ya aplazado el pasado año por problemas de seguridad, Hangar 52. Este periódico ha consultado fuentes del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, en particular del área de Urbanismo que lidera el edil Borja Carabante, para conocer por qué los eventos han podido continuar cuatro meses sin los permisos en regla, por qué siguen promocionándose y si se han aplicado sanciones. Por el momento, no han contestado las preguntas planteadas.

“Por normativa municipal, una licencia de actividad temporal no puede superar los seis meses al año ni prorrogarse. ¿Cuál va a ser la maniobra? Dejar que expire y presentar en diciembre una nueva, para aparentar que se cumple el tope de seis meses al año… cuando la carpa no se monta ni se desmonta nunca y funciona de forma continua todo el año”, expone Arturo. Eso explicaría que los espectáculos puedan retomar su actividad en enero, jugando con los límites de la legalidad.

Arturo compara la situación a la de otro recinto en principio pasajero, pero operativo desde hace años pese a las protestas vecinales por el ruido, la suciedad o la congestión. Se trata del Espacio Delicias, en Arganzuela, donde el Defensor del Pueblo ya se ha posicionado a favor de los vecinos y ha reclamado al Ejecutivo de Almeida que actúe.

Dudosa cobertura legal: “La pregunta es quién responde si ocurre algo”

Este residente del Pilar subraya los riesgos que la falta de permisos implica para trabajadores, espectadores y usuarios de La Vaguada: “Deja la actividad sin cobertura de responsabilidad civil, exigida para la licencia. Los seguros no responden de una actividad ilegal y con cientos de personas la pregunta es quién responde si ocurre algo”. Apostilla que ese escenario “no es hipotético”, después de un pequeño incendio en el centro comercial el pasado agosto: “La escalera instalada ad hoc para evacuar la carpa quedó tapada por el humo e inutilizada. Es exactamente el punto que Bomberos ya había señalado. ¿Esa es la vía por la que se evacuaría a los asistentes?”, se pregunta.

Alude con ello a un documento del que alertó al Consistorio la Asociación Vecinal La Vaguada Es Nuestra, poco antes del estreno de Hangar 52: “En una reunión con el concejal presidente de Fuencarral-El Pardo, trasladamos nuestras serias dudas de seguridad al ser un espectáculo con fuego, carpa para unas 700 personas, zona en obras, suelos irregulares y accesos o salidas estrechas que complican la evacuación. Un informe del Cuerpo de Bomberos recogía numerosas deficiencias en materia de seguridad y autoprotección en el montaje previsto”.

Toda esta coyuntura se desarrolla en un espacio de enorme carga simbólica como La Vaguada. El considerado primer centro comercial de Madrid, edificado en la segunda mitad de los setenta, se levantó sobre el paso de un arroyo que los vecinos conocían con ese nombre. Su llegada despertó enormes protestas por parte de un barrio que reclamaba dotaciones públicas ante sus necesidades y su gran densidad de población.

Sin embargo, con el paso de los años, acabó transformándose en el gran pulmón social de la zona. Un espacio de reunión y ocio que, en los últimos años, ha perdido parte de este componente ante el cierre de comercios de proximidad y la proliferación de eventos de perfil más generalista como los de la compañía GTM. La Vaguada Es Nuestra ha llegado a denunciar y publicar una petición en change.org sobre la retirada de asientos en el recinto, de forma que las personas deban consumir para poder sentarse y disfrutar del esparcimiento.

El Sporting Hortaleza nació hace 62 años gracias al impulso de un grupo de aficionados al fútbol con más ilusión que medios, pero el club todavía no ha disputado ninguna temporada en categoría profesional o semiprofesional. El único equipo de fútbol que lleva el nombre de este popular y populoso distrito al norte de Madrid con más de 200.000 habitantes jamás ha alcanzado, de hecho, una competición nacional. Hasta ahora se había limitado a la Categoría Preferente o la inmediatamente superior Primera Autonómica, ambas organizadas la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM). Pero el próximo jueves 29 de octubre se enfrentará a un gigante del fútbol español, el gran dominador de la segunda competición continental en importancia: el Sevilla Fútbol Club.

Es la magia de la Copa del Rey, que después de la remodelación de su formato en los últimos años facilita que clubes de categoría regional se acaben topando con los tótems del balompié. El camino no ha sido sencillo para esta entidad que disputa sus partidos en el polideportivo Sporting Hortaleza, con capacidad para apenas 400 espectadores. Primero tuvo que imponerse en la Copa RFFM, cuya final disputó en junio ante el Club Atlético Valdeiglesias. Más tarde venció al Atlético Unión Güímar, de Tenerife, en una ronda previa rodeada de polémica.

Después del 1-0 del partido disputado en Madrid el 27 de septiembre, el club de Hortaleza iba a disputar la vuelta el 4 de octubre en el Estadio Municipal Tasagaya-José Ramos de la localidad de Güímar. Antes del inicio del encuentro, el autobús del equipo madrileño fue apedreado por individuos con el rostro cubierto, unos actos que fueron grabados por los ocupantes del vehículo.

Minutos más tarde, los futbolistas del Sporting se retiraron del terreno de juego antes del comienzo del partido por un enfrentamiento con la plantilla rival. El conjunto madrileño consideró que no se daban las condiciones necesarias para garantizar su seguridad y permanecieron en los vestuarios hasta la llegada de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Según denunció el conjunto madrileño, los integrantes de su expedición fueron recibidos en el campo por personas encapuchadas que portaban navajas. Explicaron también que un futbolista recibió el lanzamiento de una botella de plástico. El técnico del Atlético Unión Güímar contó una versión diferente en la Televisión Canaria: “Nos han lanzado botellas, una le ha dado a un miembro de mi staff. A mí también me ha agredido un miembro de su cuerpo técnico”. Lo cierto es que el encuentro llevó a un nuevo nivel la tensión ya manifestada en la ida y todavía sigue abierto un expediente disciplinario para estipular posibles sanciones.

Finalmente, el encuentro se jugó una semana más tarde, el 11 de octubre. Fue a puerta cerrada y en otro recinto, el estadio El Peñón de Puerto de la Cruz, también en Tenerife. El partido llegó al descuento con un resultado de 3-2 que lo abonaba a la prórroga, hasta que un discutido penalti convertido por Alfredo Alhambra en el minuto 14 de añadido puso el definitivo 3-3 que clasificó a los madrileños.

Mudanza puntual en un día para la historia

Una auténtica odisea que tiene como premio el partido del próximo jueves frente al Sevilla, uno de los único nueve clubes nacionales que sabe lo que es ganar la Liga y el máximo campeón histórico de la UEFA Europa League con siete títulos (tres de ellos cuando todavía era conocida como Copa de la UEFA). Eso sí, la cita llegará con mudanza transitoria mediante, ya que por motivos de logística y aforo la eliminatoria se disputará en el Estadio Municipal El Val de Alcalá de Henares. Un recinto con capacidad para más de 7.000 espectadores donde la Real Sociedad Deportiva Alcalá (el habitual equipo local) se enfrentará también en esta ronda de Copa a la Unión Deportiva Las Palmas, en su caso el martes 27.

El club de Hortaleza no oculta su ilusión en redes sociales, como ha compartido en una publicación en Instagram: “Un rival histórico. Un escenario para soñar. Una oportunidad para demostrar que, cuando la ilusión y el orgullo de todo un club caminan juntos, no hay desafío demasiado grande. Hemos llegado hasta aquí creyendo, luchando y soñando. Y ahora, ante nosotros, se abre un capítulo que jamás olvidaremos. Lo que hace un año parecía un sueño lejano, ahora es una realidad”.

Aunque se espera la llegada de entre 500 y 1.000 sevillistas, el Sporting confía en que esta vez la jornada sea completamente festiva y también ha utilizado sus redes para llamar a “vivir este partido desde la ilusión, el respeto y la deportividad, nunca desde la confrontación”. Ese 29 de octubre el equipo cambiará el habitual barro de los campos de barrio, el que cubría la superficie de sus instalaciones hasta que en 2008 llegó el césped artificial, por una infraestructura de nivel ante la atenta mirada de las cámaras de televisión.

En su web, la entidad deportiva destaca esa mejora de las dotaciones como uno de los grandes logros de Miguel Romón, su presidente desde 2007 (así como vocal de la RFFM). Su directiva apostó por hacer del Sporting, citando a otro gran equipo, más que un club de fútbol. En 2010, comenzó a funcionar la sección de atletismo dentro de su organigrama, con objeto de “dedicar un espacio a todos aquellos jóvenes que no tenían tanta afinidad con el fútbol dentro del distrito”. Cinco años más tarde, pusieron en marcha la sección de fútbol femenino. Se adelantaron un lustro a un gigante como el Real Madrid, que no apostó por ello hasta 2020 tras absorber al Club Deportivo Tacón.

Aunque si algo ha caracterizado al Sporting estas seis décadas ha sido su papel como cantera del fútbol en Hortaleza, tanto para chavales que luego han pasado a clubes más poderosos como para otros que han podido disfrutar del deporte como una forma de ocio saludable durante años. El club dispone de categoría mini, prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil.

Sobre los mayores, Romón recordaba en una entrevista reciente en El Diario de Sevilla la modestia con la que afrontan el encuentro ante los hispalenses: “Ni siquiera estamos en una categoría nacional, sino regional. A pesar de que estemos aquí en la Copa del Rey y parezca que estamos muy arriba, nuestro sitio es otro. Pues vamos a por el milagro. En el fútbol siempre hay milagros”. Solo queda una semana para comprobar si el Sporting llega del barro al cielo.

“Hola, te adjunto la nueva TGR [Tasa de Gestión de Residuos] que debéis pagar. Es el primer año que el Ayuntamiento de Madrid nos lo pone a todas las viviendas. Esto os corresponde pagarlo a vosotros. Hacedme una transferencia. Yo ya lo he pagado. Gracias”. Un mensaje como este es el que David recibió en su móvil hace un año. El propietario de su piso, en el barrio de Atocha y el distrito de Arganzuela, le emplazaba así a abonarle de manera inmediata la nueva tasa de basuras introducida por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

Pese a que esta partida no aparece en su contrato, por entonces vigente desde tres años antes y ahora cuatro, el casero les amenazó. “Si me venís con pegas ya sabéis que tengo gente esperando para entrar cuando pasen los cinco años y que lo puedo subir bastante. Sois buenos chicos, pero no os pongáis pesados”, les dijo, según ilustra David. Finalmente, él y sus tres compañeros de piso optaron por ceder. No todos coincidían, lo cual causó alguna tensión interna, pero prefirieron no estirar más la tensión y abonar alrededor de 150 euros entre los cuatro.

Un año después, el arrendador ha vuelto a la carga. Esta vez, tras llegar a un acuerdo para renovar su alquiler más allá de 2027 (aunque todavía sin actualizar el documento incluyendo la nueva tasa), le hicieron el ingreso sin rechistar. “Es muy fuerte que me tenga que hacer cargo de algo que no está en mi contrato, pero que mi casero me obliga a pagar”, lamenta David. La legislación les ampara: el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos señala que, para que los tributos que correspondan a la vivienda (caso de la tasa de basuras) sean a cargo del arrendatario, en el contrato “deberá constar por escrito”. Todas las fuentes jurídicas consultadas por Somos Madrid coinciden en este análisis: aunque sea un recibo asociado al consumo del hogar, si no aparece recogido expresamente en el acuerdo en vigor no puede repercutir en el inquilino.

Los caseros se aprovechan de nuestro miedo. Saben que la ley suele estar de su parte, pero cuando no lo está, pueden tirar de la posición de poder que tienen frente a nostros que somos más precarios

Es por ello que en el piso de David hubo división entre quienes se plantearon insistir al casero e incluso recurrir legalmente y quienes optaban por evitar el conflicto. Finalmente, ante la complicada crisis habitacional que atraviesa la ciudad y todo el país con unos precios disparados, se impuso la segunda postura. “Los caseros se aprovechan de nuestro miedo. Saben que la ley suele estar de su parte, pero cuando no lo está, pueden tirar de la posición de poder que tienen frente a nosotros que somos más precarios”, expone.

Las armas del inquilino: la letra pequeña del contrato o los decretos de vivienda

Antes de acordar no batallar por esos cientos de euros que creen que el casero les ha “robado”, David estuvo pensando recurrir al Sindicato de Inquilinas. En su web, la organización dedicada un artículo a las dudas generadas por la entrada en vigor de esta tasa. “Es cierto que el propietario puede repercutir la cuota sobre las inquilinas, pero solo si se cumplen dos condiciones, ambas necesarias: que se haya pactado expresamente en el contrato de alquiler y que el contrato además especifique el importe anual de la tasa”, indican. La segunda de ellas no encuentra el mismo consenso que la primera entre las fuentes consultadas por este medio. En la Sentencia 1637/2025, el Tribunal Supremo determinó que la tasa de basuras es un gasto individualizado de la vivienda. Por tanto, no sería obligatorio que conste el importe exacto anual en el contrato en el momento de la firma para que la cláusula sea válida, siempre que exista el acuerdo expreso.

Es decir, la tasa debe aparecer especificada en el contrato, pero este precedente despeja el camino a que no sea preciso indicar un importe concreto o aproximado. Incluso así, el casero de David no contaba con justificación legal alguna para imponer que se la abonaran. “Puedes negarte a pagarlo argumentándolo legalmente. En este caso, recomendamos hacerlo siempre por algún medio escrito para dejar constancia de los motivos de la negación”, aconseja el Sindicato ante esa coyuntura, además de afiliarse a la organización para desarrollar “estrategias para defendernos”. Para nuevos contratos, animan a negociar en la medida de lo posible. Y si no hay margen, “tener claro que la omisión de la tasa nos favorece, haciendo que podamos defender la inaplicabilidad de la cláusula”. Esto es, sacar partido a los descuidos del propietario.

Los inquilinos cuentan con una herramienta añadida en uno de los decretos de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre. En lo que respecta a la renovación de contratos, otorga una vía para no introducir nuevas obligaciones al inquilino, pero vigente solo en unas zonas tensionadas que las administraciones madrileñas se niegan a declarar: “En ningún caso podrán fijarse nuevas condiciones contractuales que supongan la repercusión al arrendatario de cuotas, gastos generales, servicios, impuestos, tasas, cánones, contribuciones especiales u otros conceptos análogos que no estuviesen recogidas en el contrato anterior”.

Otro punto referido a nuevos contratos se extiende, además de zonas tensionadas, a viviendas gestionadas por un gran tenedor (persona física o jurídica con más de diez inmuebles) y sí es, por tanto, aplicable a algunos inquilinos madrileños: “La renta pactada no podrá exceder del límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia atendiendo a las condiciones y características de la vivienda arrendada y del edificio en que se ubique, sin que, en ningún caso, puedan fijarse nuevas condiciones contractuales que supongan la repercusión al arrendatario de cuotas, gastos generales, servicios, impuestos, tasas, cánones, contribuciones especiales u otros conceptos análogos que, directa o indirectamente, impliquen superar el límite máximo de renta aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia”.

El Ayuntamiento no se posiciona ni en casos de abuso: “Se la pasamos al propietario. Hasta ahí”

El Sindicato de Inquilinas recuerda asimismo cómo la agencia tributaria del Ayuntamiento de Madrid ha apuntado que “con carácter general la persona obligada al pago es la propietaria del inmueble”. Pese a ello, la postura oficial del Consistorio tanto al preparar y anunciar el nuevo recibo como ante las consultas sobre el asunto de este diario es mucho más tibia. Al ser preguntados sobre si el Ejecutivo municipal se plantea publicar alguna guía oficial en la que los inquilinos puedan ampararse cuando los caseros pretendan imponerles el pago, o establecer canales de mediación para estas situaciones, desde el área de Economía y Hacienda son escuetos: “Nosotros se la pasamos al propietario, que es el titular. Hasta ahí”. El alcalde sí que ha declarado en repetidas ocasiones que hay circunstancias en las que los caseros lo pueden repercutir en los inquilinos.

La respuesta municipal no va más allá, quizá porque todo lo relacionado con la tasa ha sido ya un auténtico quebradero de cabeza para el equipo de Almeida. En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó los recursos interpuestos por varias instituciones y organizaciones contra la Ordenanza Fiscal 8/2024 del Ayuntamiento de Madrid y la declaró nula de pleno derecho. La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo entiende que se produjo “una infracción sustancial de las normas” al omitir durante el trámite de información pública parte esencial del informe técnico-económico que servía de base para la determinación de la tasa. En concreto, no se incorporaron ni publicaron los anexos relativos al estudio de generación de residuos por actividades económicas, a juicio de la Sala imprescindibles para comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo.

El fallo judicial abre la puerta a que las 130.000 personas que reclamaron en su día puedan obtener su devolución, aunque para ello la sentencia tendrá que ser firme y actualmente el Tribunal Supremo estudia el último recurso del Ayuntamiento para evitar la anulación. Las personas que no se sumaron a la reclamación no podrán beneficiarse en ningún caso. “Mi casero ya podría haberlo hecho antes de obligarnos a pagar. Nos lo habríamos ahorrado los dos”, lamenta David.

Almeida se ha zafado de las críticas por este laberinto legal argumentando que la tasa ha sido impuesta por instancias superiores, apuntando al Gobierno central, aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez sostiene que solo traspone una normativa comunitaria. En muchos municipios pagos similares ya estaban vigentes, con mecanismos más afinados que no han desembocado en cálculos tan polémicos. Es el caso de Rivas, donde la existencia de una empresa pública de basuras o un reciclaje proporcionalmente mayor repercuten en una tasa media un 60% inferior a la de la capital: 55 euros por 141.

Tendrían que solicitar la declaración de zonas tensionadas en la ciudad de Madrid, algo a lo que siempre se han negado [en el Ayuntamiento]. Prefieren proteger los intereses del mercado y el privilegio de unos pocos

Sara Ladra — Concejala de Más Madrid y portavoz del partido en la Comisión municipal de Hacienda

Sara Ladra, edil de Más Madrid, planteó la cuestión en la comisión municipal de Hacienda el pasado martes. “¿Van a seguir incumpliendo la ley o aplicarán el Real Decreto que prohíbe repercutir a los inquilinos de zonas tensionadas impuestos vinculados a la vivienda?”, inquirió a la edil del ramo, Engracia Hidalgo. “Si quisieran cumplir la legalidad y aliviar la carga que soporta la gente trabajadora, hubieran incluido los cambios oportunos en las ordenanzas fiscales de 2027 para impedir que los propietarios trasladen tasa de basuras o IBI a sus inquilinos, pero no lo han hecho. También tendrían que solicitar la declaración de zonas tensionadas en la ciudad de Madrid, como ya lo han hecho más de 317 municipios en España, algo a lo que siempre se han negado. Prefieren proteger los intereses del mercado y el privilegio de unos pocos”, criticó Ladra. Hidalgo rechazó de nuevo cualquier actuación encaminada a amparar a los inquilinos.

Los caseros que cargan la tasa de basuras en los residentes, con amparo legal o sin él, verán cómo en paralelo consiguen un ahorro por importes en algunos casos similares gracias a la rebaja del IBI recientemente anunciada por Almeida. El Impuesto de Bienes Inmuebles quedará en el 0,4%, el mínimo legal y el nivel más bajo de todo el país junto a Santander y Zaragoza, para una cifra media de 143 euros (aunque sensiblemente mayor en los inmuebles más caros, también los que más disminuirán). Con ello, la recaudación bajará en 31 millones de euros hasta los 245, mientras este año la de la tasa de basuras ha subido siete hasta los 303 millones. No habrá tampoco gravamen más elevado a dueños de pisos turísticos, como permite la legislación nacional. Preguntado por si el propietario les ha planteado reducir el alquiler o no subirlo cuando toque gracias a esta medida, David se ríe: “No tenía ni idea, pero ya te digo que no va a pasar”.

El polémico caso del Plan Vive

Pero la tasa de basuras no solo llega a quienes soportan un alquiler debido a la avaricia de los caseros. La coyuntura se da también en programas de vivienda impulsados por administraciones públicas como la Comunidad de Madrid. Paradigmático es el caso del Plan Vive, iniciativa público-privada de alquiler asequible en la que el Gobierno regional cede suelo público a empresas privadas para construir y gestionar viviendas con rentas hasta un 30% más baratas que las de mercado. Sergio Montero, presidente de la Asociación de Inquilinos del Plan Vive y vecino de una promoción de Valdebebas, lleva meses denunciando que este modelo de “privatización al uso” se ve lastrado porque el Ejecutivo autonómico “no pone coto a la gestión tributaria o el modelo de explotación de las compañías”.

Denunciar es un camino largo y costoso en un contexto, el del alquiler, donde el tiempo siempre juega en contra. Es muy posible que en cinco años no se resuelva nada y probablemente ya no seguirás en la vivienda cuando pasen

Sergio Montero — Presidente de la Asociación de Inquilinos del Plan Vive

Así, aunque viven en un suelo de titularidad pública, deben afrontar una fuerte carga impositiva que incluye el IBI o los gastos de comunidad mientras “la concesionaria no paga nada”. Respecto a la tasa de basuras, Sergio explica que “todo lo generado en la superficie no ya de las casas, sino del bloque en su conjunto, se divide entre los vecinos”. Esto, dice, genera “un nivel de vulnerabilidad muy grande”. El decreto de vivienda mitigará esta situación, ya que prohíbe que gastos extra como garaje o trastero impliquen una subida extra sobre el precio inicial de la vivienda que acabe suponiendo un esfuerzo mayor del 30 o 35% de los ingresos para inquilinos de planes asequibles.

“La mayor parte de gente llega un poco engañada. La Comunidad de Madrid pone su cara como comercializadora y cuando empiezan a llegar notificaciones de una empresa privada salta la liebre. Tenemos un borrador de contrato que podemos ver sin todos los importes y luego tenemos 48 horas para consultar el que está completo antes de firmar. A eso hay que añadir que el 90 o 95% de inquilinos no pueden ver su piso antes de entrar”, alerta Sergio.

Apunta por último una circunstancia compartida por todos los arrendatarios y que explica la complejidad de llevar todas estas situaciones a la vía jurídica o administrativa: “Denunciar es un camino largo y costoso en un contexto, el del alquiler, donde el tiempo siempre juega en contra. Es muy posible que en cinco años no se resuelva nada y probablemente ya no seguirás en la vivienda cuando pasen”. Una circunstancia que los propietarios aprovechan mientras él, como David, solo pretende “estar salvaguardado” en su casa.

Durante las últimas semanas, los encuentros del Sindicato de Inquilinas de Madrid con la prensa se han producido en ambientes de convulsión, tensión e incluso dramatismo. El desahucio de Maricarmen, las protestas que le siguieron, el inicio de la acampada en Sol, la aprobación y caída de los decretos de vivienda. Las portavoces de la organización atendían a los numerosos medios que se agolpaban a su alrededor con declaraciones potentes, pero sin tiempo para la reflexión ante la voraz actualidad.

Aunque las tiendas siguen en Sol y la crisis habitacional continúa ahogando a millones de familias, el Sindicato ha celebrado este jueves en el Ateneo La Maliciosa una jornada en la que trasladar a la opinión pública de forma más pausada sus estrategias, sus objetivos y los medios para materializarlos. Todo ello con un horizonte claro: la huelga general convocada el miércoles 11 de noviembre.

“Ahora mismo el Sindicato está poniendo todas sus fuerzas en organizar la huelga con los comités unitarios, además de retomar el sindicalismo inquilino y las asambleas abiertas en los barrios. Apoyamos la acampada y a los militantes participan, aunque no tengamos un puesto permanente ya, pero la prioridad es construir la huelga porque creemos que es la herramienta ideal”, ha comenzado explicando Alicia del Río, portavoz. Han acudido además Elisa Molina, de la Comisión de Organización; Álvaro Piélago, responsable de prensa y Lucas Vázquez, coordinador de comunicación del Comité de Huelga de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (la cual ha pasado en pocos meses de integrar solo Madrid y Catalunya a sumar una quincena de territorios).

Del “impacto” de los sindicatos mayoritarios a la “alianza natural” con otras organizaciones

Del Río ha querido atajar “la desinformación y los bulos contra la huelga”, de la cual “todos los actores se la van a intentar apropiar, más en medio de unas elecciones”. Pese a destacar el crecimiento de su organización y toda la Condeferación en el país, recalca que “vivienda y salario dos caras de la misma moneda, así que para lograr el impacto deseado necesitábamos a los sindicatos, también los mayoritarios”. No obstante, admite que sus “alianzas naturales” son organizaciones “más combativas”, como CNT, CGT o entidades ecologistas y antirracistas. El fin último es que la huelga sirva de “golpe de toda la sociedad contra un sistema rentista que nos destroza la vida en comunidad, también a los propietarios que ven cómo su edificio se llena de pisos turísticos o los amigos de sus hijos se tienen que ir del cole”. De hecho, Elisa Molina apunta que “la huelga general y la educativa, con sus particularidades, deben entenderse como una”.

Preguntada por dónde quedó la propuesta de impulsar una gran huelga de alquileres, muy pregonada en las movilizaciones pro la vivienda de 2024, la portavoz no la rechaza de plano más adelante: “No nos despedimos del objetivo, pero entendemos que la problemática no está despegada de lo laboral y de ahí que la huelga general sea la herramienta más efectiva. Dejar de pagar el alquiler es una herramienta histórica olvidada que pusimos sobre la mesa para que las inquilinas sepan que pueden dar la vuelta a la tortilla. De momento lo hemos probado parcialmente y contra rentistas concretos, como el fondo Nestar”.

“Que las casas pasen de ser un bien de mercado a un derecho no lo podríamos conseguir solos, necesitamos un proyecto que unifique luchas. Reforzar alianzas con el sindicalismo laboral u organizaciones de barrio sirve para lograr más poder. Si conseguimos victorias sin un frente realmente fuerte, desplazaríamos los costes del capitalismo a otro sector. Hay que recuperar herramientas históricas de la clase trabajadora que nos unen”, defiende Alicia del Río. El propósito es también “extender el sindicalismo de base a sectores que no estaban tan organizados, como la juventud o la población migrante, para forjar un ciclo de poder popular ante el descrédito de las instituciones”.

Reforzar alianzas con el sindicalismo laboral u organizaciones de barrio sirve para lograr más poder. Si conseguimos victorias sin un frente realmente fuerte, desplazaríamos los costes del capitalismo a otro sector

Alicia del Río — Portavoz del Sindicato de Inquilinas

Desde el Sindicato insisten en que se trata de “una huelga contra el sistema rentista y contra los gobiernos que lo sustentan, las instancias a su servicio tanto por obra como por omisión”. Al ser preguntada sobre la apropiación de sus reclamaciones por parte de los partidos de izquierda en un contexto electoral, la activista reconoce que eso está ocurriendo, al tiempo que opta por focalizar sus esfuerzos en otras luchas más que en desacreditar la apropiación de su lucha: “Intentamos no perder el tiempo y medir qué medios tenemos para que nuestro mensaje cale”. “En función de si una comunicación o un mensaje en redes se sale de un marco u otro se nos respalda o se nos acusa. Para nosotros lo importante es poner las reclamaciones de vivienda en el centro”, destaca Álvaro Piélago.

Sobre el papel de CCOO y UGT, Elisa Molina indica que hay “sectores que dependen mucho de ellos para un respaldo masivo”, por lo que esperan que sigan volcados con la movilización. Avanza que en la mesa sindical están presentes representantes de EMT, Metro o la educación, donde esperan seguimientos masivos al margen de los servicios mínimos. “Esta huelga es unitaria y de carácter popular, no le pertenece a ninguna organización. Los sindicatos somos una herramienta de servicio”, setencia.

Ambición de “generar una conversación pública” alrededor de la huelga

Una vía hacia el paro que se articula con mecanismos con una web recién creada o una apliación donde pueden consultarse, entre otros datos, los comités de huelga desplegados por todo el país. “Es una herramienta importante para animar a participar en la huelga a personas que quieren y no saben cómo, de conectar a gente separada”, subraya Molina.

El primer portal recoge además referentes históricos de otras huelgas, un seguimiento interactivo de piquetes o actos de divulgación e incluso argumentarios sectoriales para convencer a personas pertenecientes a diversos colectivos (desde pensionistas hasta estudiantes) sobre por qué deben sumarse a los paros y las manifestaciones. Piélago espera que la huega del 11N “genere una conversación pública, aunque sea desde la discrepancia, como pasó después del desahucio de Maricarmen”.

Sobre lo que vendrá más allá de la huelga, además de un gran acto que preparan en Vistalegre el día 15 de noviembre o de la variable electoral dos semanas después, Alicia del Río alerta de una amenaza externa y una interna. El primero tiene que ver con la ola reaccionaria: “Un Gobierno con fascistas implica estar más a la defensiva, pero nuestra tarea es animar a luchar, difundir el mensaje de que votar es importante pero no es suficiente”. El segundo, con el temor de repetir los errores de organizaciones que encauzaron la indignación en etapas anteriores: “El mayor riesgo es correr tanto que perdamos la distancia con la base, convertirnos en una cúpula de listos”. Así avanzan en su objetivo de parar el país: desde una rabia modesta.

La Delegación del Gobierno investigará la actuación de la Policía Nacional en la protesta espontánea frente al Palacio de Santoña del pasado lunes. La concentración reclamaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sentarse a negociar con los colectivos educativos en huelga de la región. Los testimonios recopilados por este diario denunciaron las “violentas” cargas de los agentes, que según los docentes y estudiantes congregados comenzaron sin ninguna actuación hostial previa por su parte, con el objetivo de despejar los accesos y que la dirigente madrileña pudiese abandonar la zona.

El delegado del Gobierno de España en Madrid, Francisco Martín, se reunió en la tarde del martes con el Comité de Huelga representante de los trabajadores y trabajadoras de Educación, poco antes de una nueva una manifestación desde la propia sede de Delegación al Gobierno a la de la Consejería de Educación. Martín les trasladó el compromiso con “la protección del ejercicio de los derechos fundamentales de huelga y reunión”, según trasladan a este medio fuentes del órgano que dirige. El encuentro tuvo lugar justo antes de una manifestación de protesta contra los excesos policiales.

Martín ha confirmado la apertura de una investigación interna sobre la actuación policial que tuvo lugar el lunes a las puertas de la Cámara de Comercio de Madrid. El delegado ha defendido la “profesionalidad con la que la Policía Nacional actúa en nuestras calles”, con la existencia de “garantías” para que cuando se pueda producir “alguna intervención no justificada o desproporcionada”, esta situación “sea analizada de inmediato y se adopten, en su caso, las medidas correspondientes”.

Manuel, uno de los profesores golpeados por la policía, ha remitido a Somos Madrid un parte de lesiones con el sello del Servicio Madrileño de Salud. El informe refiere cuatro hematomas en el musmo, dedos de la mano izquierda, pie izquierdo (con edema “muy doloroso a la palpación”) y costado izquierdo del tórax. Este último aparece descrito como un hematoma “con forma de porra de unos 10 centímetros de longitud y 3 de ancho”.

El parte médico recomienda incluso seguimiento médico debido al alcance de las heridas, aunque las califica de leves, y recomienda un tratamiento analgésico. “Las lesiones que más duelen son las que menos se notan”, declara Manuel ante lo aparatoso de la marca en el costado.

Sobre lo ocurrido el lunes, cuenta que la Policía Nacional “empezó a barrer frente a la puerta del edificio para que saliera Ayuso, cuando nosotros nos estábamos retirando”. Considera que los agentes comenzaron a “pegar porrazos bastante gratuitamente”. Otros testigos narran cómo los efectivos policiales dispararon pelotas de goma al aire para disuadir a los manifestantes y convirtieron la vía en una “ratonera” al cortar varias salidas. Llegaron a retener incluso a uno de los docentes, que finalmente pudo zafarse de los agentes y volver a la muchedumbre después de saltar encima de un coche.

Pese a que por parte de los manifestantes no se registraron actuaciones violentas, Ayuso volvió a vincular las huelgas con que la oposición de la Asamblea de Madrid no admite una pérdida electoral. “Solo quieren violencia y acoso porque la izquierda antidemocrática de este país no admite dejar las urnas”, aseguró.

La huelga educativa arrancó en la Comunidad de Madrid el pasado 14 de octubre y se suma a los meses de paros en la educación infantil de 0 a 3 años. La marea verde reclama bajadas de los ratios, volver a las horas lectivas previas a 2010, equiparación salarial con otras comunidades o refuerzo del personal para atención a la diversidad. A sus habituales manifestaciones han sumado acciones como el corte de la M-30 a comienzos de semana o un recorrido nocturno por la ciudad en la noche del martes. “Seguiremos al menos hasta que Ayuso se siente a negociar”, anticipaba una docente tras la protesta del lunes.

Para la Comunidad de Madrid y la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, las protestas de los docentes, que continúan estos días con la huelga educativa, es sinónimo de violencia. Así lo ha trasladado este lunes la líder madrileña a las puertas de un acto al que ha acudido en la capital y donde se han concentrado decenas de manifestantes de manera espontánea para reivindicar mejoras en la educación pública. En declaraciones a la prensa, la presidenta autonómica ha planteado sobre las personas que han acudido a protestar al edificio donde se encontraba: “La educación de los hijos de todos está en manos de gente así de violenta que no respeta ni siquiera el derecho de los niños de ir al colegio”. Gente que, además, según ha dicho, está “untada por los sindicatos”. Sobre las 14.15, la presidenta ha partido en coche del acto.

Ayuso también ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de fomentar las protestas “coaccionando a los gobiernos”: “Si Pedro Sánchez piensa que por acosarme y mandarme a los sindicatos a las huelgas mientras él va de enamorado de España nos va a amedrentar, se equivoca. Porque estamos en democracia y en democracia si tienes que dejar el poder te vas a tu casita y lo soportas, Sánchez”, ha añadido ante la prensa, antes de comenzar la clausura de un acto al que asistía. La presidenta ha ido más allá en su intervención y ha llegado a vincular las protestas de estos días con las de París, que dejan disturbios en todo el país y más de 2.000 detenidos.

La Policía Nacional ha acabado cargando contra las personas que se manifestaban este lunes en las inmediaciones del acto. Según asistentes a la protesta, “ha sido un boca a boca” surgido al conocer la agenda de la dirigente mientras celebraban su habitual concentración frente a la Consejería de Educación, situada a pocos cientos de metros del Palacio de Santoña. En él, ubicado en el número 28 de la céntrica calle del Príncipe, Ayuso clausuraba este lunes el Foro Longevidad tiene nombre de mujer.

“Toda la marea se ha movido”, cuenta Diana, docente que ha acudido a la protesta y que dice haber sentido “miedo” cuando ha perdido de vista a alguna compañera cuando han comenzado las cargas policilaes. “Estábamos allí pacíficamente, con nuestras proclamas, hasta que la policía ha tirado pelotas de goma al aire, se ha puesto a arrear y ha venido a por nosotras para permitir que saliera Ayuso”, cuenta. Manuel, otro de los profesores movilizados, muestra a este periódico las marcas que han dejado en su mano “los porrazos de la policía”. Este periódico ha tenido acceso a una grabación en la que una persona se zafa de los agentes que le retenían y consigue volver al gentío tras subirse a un vehículo.

Martina avanza por su parte que pretenden eguir con estos actos “hasta que se sienten a negociar”: “Como no quiere hablar con nosotras, hemos venido a hablar con ella”. Asegura que la intención es ir “escalando las protestas” ante la falta de negociación: “Llevamos tres años con las mismas protestas y manifestaciones sin que nos escuchen”. Sobre las cargas, otro manifestante llamado Alejandro sostiene que la intervención de la Policía ha sido “bastante violenta”, pese a que Diana recuerda que todas las personas congregadas eran “docentes y chavales de bachillerato”. Una de estas alumnas, cuenta, “estaba muy acongojada y he tenido que abrazarla”. “La forma en la que han cortado las calles nos ha dejado en una ratonera”, opina Irene, otra manifestante.

De nuevo, Ayuso ha vuelto a vincular las huelgas con que la izquierda no admite una pérdida electoral. “Solo quieren violencia y acoso porque la izquierda antidemocrática de este país no admite dejar las urnas”, ha asegurado. La presidenta autonómica también ha recuperado la frase de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que dijo en la Asamblea que con la muerte de Maricarmen, la anciana de 87 que fue desahuciada, que no había “consuelo” y que tras el fallecimiento “no habrá paz en las calles de Madrid”, unas declaraciones que la bancada del PP y Vox consideraron como una amenaza. A su juicio, estas protestas están vinculadas con ese tipo de declaraciones. “Quiero saber si esta historia de 'no habrá paz en las calles de Madrid' que está fomentando la Moncloa va a estar durante todas las elecciones”, ha añadido la presidenta autonómica.

La Comunidad cancela un acto de la consejera por las protestas

Unas horas antes, un grupo de docentes se había reunido a las puertas de un instituto al que tenía previsto acudir la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y que finalmente ha sido cancelado por las protestas. Ayuso ha responsabilizado tanto a Delegación de Gobierno como a Pedro Sánchez de “toda la violencia que se está produciendo en las calles de Madrid, coaccionando a los gobierno y casualmente al mío, que es el único que sí había llegado a un acuerdo con toda esta gente que está fuera”. “Están persiguiendo a mi consejera de Educación”, ha denunciado, sobre el escrache de esta mañana.

También este lunes, un grupo de manifestantes ha cortado la A-3 en plena hora punta por la huelga educativa, una protesta que para Ayuso “no es solución a nada”, así como “impdeir que los niños vayan a clase y que sean secuestrados por huelgas políticas tampoco es solución a nada”.

Tensión en la comisión de Familias, Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid celebrada este lunes. Las tres concejales del PSOE presentes en la sesión la han abandonado después de que Andrea Levy haya llamado “loca” a una de ellas“, según sostienen fuentes socialistas.

Una secuencia de creciente tensión que ha acabado con la marcha de las socialistas María Caso, Ana Lima y Meritxell Tizón. La primera de ellas es la que responde al agravio, después de que Levy se lleve el dedo índice a la cabeza. Caso asegura en conversación con Somos Madrid que la concejala del PP ha comentado “esta chica...”, seguido de unas palabras que no ha oído, mientras hacía el gesto asociado a representar la falta de cordura. Levy niega el insulto y describe como “show” la marcha de las socialistas, según ha indicado al final de la comisión.

Las ediles del grupo municipal que lidera Reyes Maroto han reclamado la intervención de la presidenta de la comisión, la también popular Paula Gómez-Angulo, que ha declinado la petición de amparo. “Yo no lo he visto y por lo tanto no voy a pedir rectificación de algo que yo no he visto”, ha justificado, pese a sentarse junto a Levy. Acto seguido, las tres concejalas socialistas se han ido.

“Nos vamos a marchar a no ser que Andrea Levy pida disculpas por llamar loca a mi compañera”, ha avisado Ana Lima. Posteriormente, Gómez-Angulo ha contestado que las ediles “quieren montar un numerito”. “Váyanse, fenomenal”, ha zanjado.

Esta situación se ha producido en un tenso debate que ha abordado cuestiones como el modelo y la financiación de los espacios de igualdad del Consistorio (sindicatos del sector trasladaban en un comunicado este lunes que “el desmantelamiento de la Red de Violencia de Género continúa adelante”) o las deficiencias estructurales en escuelas infantiles municipales (donde la oposición alerta de plagas de ratas y desprendimientos de techos), cuyos educadores continúan en huelga junto a los de centros de titularidad autonómica. “No ha sido un desprecio hacia mí, sino hacia el 0-3”, explica Caso en declaraciones a este periódico. Varias profesionales del sector estaban de hecho presentes en la comisión como espectadoras.

La edil estudia tomar “las medidas oportunas” si no se producen unas disculpas por parte de Levy y Gómez-Angulo una vez consulten la grabación de la sesión. Critica asimismo que “no es la primera vez” que la concejala presidenta de Retiro actúa de esta manera, pero “la diferencia es que en esta ocasión ha sido cazada”.

El concejal de Políticas Sociales, José Fernández, también ha sido muy duro al rechazar todas las acusaciones de la oposición. Para zafarse de las críticas sobre las dos cuestiones mencionadas, ha aludido a diversas controversias del Gobierno central en otras áreas. Cuando los reproches entre populares y socialistas han comenzado a cruzarse entre los dos lados de la mesa, Fernández ha llegado a tomar el micrófono para espetar a las concejalas del PSOE que “si necesitan ayuda que la pidan”, en referencia al bulo sobre las palabras de Pedro Sánchez después de la DANA de València.

Antes de terminar la comisión, Levy ha solicitado la palabra para tachar las acusaciones contra ella, que califica de “absolutamente falsas”, y afear a Caso que quiera utilizarla para “hacer un poco de show”. “Los asuntos de salud mental son lo suficientemente serios para que nadie frivolice sobre ellos”, ha añadido. Levy argumenta que estaba manteniendo una conversación “de política nacional” con José Fernández e hizo “una referencia de no entender lo que estaba diciendo”. A partir de ahí, mantiene, Caso “se levantó como una furia” imputándole “haber dicho cosas que no”. “No se puede mentir falsamente, sobre todo cuando no ha escuchado nada. No he dicho nada. Ni tan siquiera el compañero que tengo más cercano lo ha escuchado. Que dejen de montar shows”, ha concluido Levy.

Maroto no compra estas explicaciones y ha pedido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, “responsabilidades” tras lo ocurrido. Creee que el PP convierte las comisiones en “espacios de insultos y descalificaciones”. “Vamos a seguir exigiendo soluciones al Gobierno de Almeida por mucho que les incomode”, anticipa la portavoz socialista. Caso lamenta el comportamiento “absolutamente parcial” de los presidentes y presidentas de estos organismos, todos ellos populares. “Hace unos mes desde Vox nos llamaron terroristas en el pleno de San Blas-Canillejas y nadie hizo nada”, recuerda. Desde su punto de vista, lo sucedido ejemplifica las diferentes formas de encarar la político, desde el respeto o desde el conflicto: “No todas somos iguales”.

“Somos vecinos que hemos comprado nuestro piso con el sudor de nuestras frentes o que estamos pagando el alquiler mes a mes y nos quieren plantar un recinto ferial, con todos los ruidos y molestias que eso provoca, a muy pocos pasos de nuestras viviendas”. Con esta contudencia expresan su enfado en un comunicado los afectados por un nuevo proyecto del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, esta vez a través de la Junta Municipal del distrito de Vicálvaro. Son residentes de El Cañaveral, uno de los desarrollos urbanos en proceso de expansión de la ciudad, ideado hace ya décadas pero todavía en plena expansión poblacional.

La Junta de Vicálvaro adjudicó en febrero por 5.676 euros un contrato para la “redacción de estudio previo para la implantación de un recinto ferial en el barrio de El Cañaveral”. La construcción está prevista en plena zona residencial, concretamente en un terreno ubicado entre las calles Alto del Esparragal, Tolerancia y Cilantro. Esto es, a “apenas 18 metros” de los pisos más cercanos. Lo denuncia en conversación con Somos Madrid Roberto, que vive en una de las urbanizaciones más próximas: “Los dormitorios, también los de mis hijos de 2 años y de 4 meses, dan con la parcela”.

En su urbanización han proliferado pancartas con mensajes como “recinto ferial fuera de la zona residencial” o “el ferial al polígono industrial”, en referencia a una posible localización alternativa a unos pocos cientos de metros donde no habría viviendas adyacentes y en la que hay una parcela municipal. “Prometen que cumplirán las medidas acústicas y de horario, pero cuando acaba el evento no termina la música, la gente se queda y habla. Además es una calle de un único sentido, cuando la mayoría aquí son de dos, por lo que habrá más congestión y la movilidad será más movilidad más caótica que en otros puntos”, explica Roberto.

El comunicado de los residentes alude a problemáticas como el ruido, un aumento de la inseguridad en los bloques (tanto en los días de celebración de las distintas fiestas como en los momentos en los que el recinto quede vacío), la suciedad asociada a estos eventos, el incremento del tráfico en la zona (con el consiguiente aumento de la contaminación a la que se ven expuestos los residentes) y dificultades para poder acceder a las viviendas en los días de mayor asistencia a los eventos. Indican que un colegio concertado también se encuentra muy próximo a la parcela. Mencionan también efectos económicos: “Los edificios que se encuentran en un radio que alcanza las tres manzanas del recinto ferial verían cómo el precio de sus viviendas sufriría una gran devaluación, además de aumentar el gasto que tendrían que asumir las urbanizaciones en limpieza”.

Ante las quejas, la Junta de Vicálvaro que preside el concejal Ángel Ramos ha trasladado a los vecinos que el uso principal del espacio será como parking gratuito de respaldo al campo de fútbol base colindante. “Este tipo de equipamientos precisan de un gran número de plazas de estacionamiento en los alrededores, ya que generan un importante flujo de circulación y se persigue evitar molestias a los vecinos de la zona”, argumentan fuentes municipales en declaraciones a este medio.

El Gobierno de Almeida habla ahora de parking tras presentarlo y financiarlo como recinto ferial

El acta del Consejo de Proximidad de Vicálvaro celebrado en noviembre de 2025, al que ha tenido acceso este medio, refleja sin embargo otros argumentos de la coordinadora del distrito para justificar el recinto: “Tiene como finalidad acoger eventos, mercados, ferias culturales, cine de verano, eventos deportivos y otros actos públicos que, en la actualidad, se celebran en calles, calzadas u otros espacios públicos, lo que genera molestias e inconvenientes para los residentes del barrio. Con esta iniciativa se dota al barrio de El Cañaveral de una infraestructura necesaria, dado que los eventos son muy demandados y todas las actividades han contado con acogida muy favorable de la ciudadanía. De este modo, se crea un espacio adecuado para la convivencia vecinal, equipado con los recursos necesarios”. El documento detalla incluso que el proyecto recibe apoyo del Plan de Desarrollo del Sur y el Este de Madrid (SURES).

Desde el Consistorio insisten en que no hay ninguna contradicción y ambos enfoques son compatibles: “El proyecto contempla la división de ese espacio en dos plataformas situadas a dos niveles diferentes e independientes. El superior y más cercano a las viviendas siempre estará destinado a parking y inferior, situado en la parte más lejana a las viviendas, acogerá actividades puntuales. En el último pleno del distrito, el concejal se comprometió a celebrar exclusivamente La Muestra del Cañaveral el segundo domingo de cada mes en la calle Gran Vía de Vicálvaro y el cine de verano, siempre orientando el sonido hacia la M-45. Ambas actividades se trasladarán al Parque Central cuando esté finalizada su construcción. En cualquier caso, no constará ningún escenario fijo y las actividades siempre tienen que cumplir con la normativa vigente sobre límites acústicos, horarios y similares”.

La proliferación de eventos más allá de jornadas puntuales es precisamente una de las grandes preocupaciones de Roberto: “Si meten todo en el mismo recinto y se repite el ritmo del año pasado, tendremos que soportar 87 días de festejos, 56 de ellos en días laborables”. Las explicaciones municipales no satisfacen su inquietud: “No nos oponemos al parking, pero no sé hasta qué punto puede ser su uso principal cuando han recibido fondos SURES vendiéndolo como recinto ferial. La sensación es que nos ocultan información”. Otro aspecto que apostillan es la mencionada orientación a la M-45: “Ahí hay colinas sin árboles que no absorberán el sonido, sino que este va a rebotar. Cuando pasa un avión militar a Torrejón, el eco se escucha muchísimo y retumba en las casas. Hemos solicitado estudios topográficos y no nos han respondido”.

Roberto tampoco comparte que la ubicación actual de eventos y festejos cause grandes molestias al barrio: “Los hacen en avenidas repartidas por el barrio que ya estaban previamente cortadas al tráfico con bloques de hormigón y que están a unos 60-80 metros del edificio más cercano”. “En cualquier caso no lo quiero ni para mí ni para otros vecinos. Hay ubicaciones alternativas, como el polígono industrial”, dice.

Otro argumento de quienes cuestionan la iniciativa es que deberían priorizarse otros espacios públicos en un barrio que “no para de crecer de manera excepcional, casi 30.000 personas ya, la mayoría niños”. “Anda que no necesitamos otras dotaciones antes a las que podría dedicarse este dinero”, reclama Roberto. Además de Metro y centros de salud o educativos, competencias de la Comunidad de Madrid, habla de un polideportivo (que podría adecuarse a este terreno por la convivencia con el campo de fútbol) o una escuela infantil.

El Cañaveral no para de crecer de manera excepcional, casi 30.000 personas ya, la mayoría niños. Anda que no necesitamos otras dotaciones antes a las que podría dedicarse este dinero

Roberto desliza que el punto escogido, que en Google Maps ya aparece indicado como “parking y recinto ferial”, no es ninguna casualidad y tiene relación con los pocos propietarios de los alrededores: “Salvo nuestra urbanización, las demás o tienen alquileres privados o todavía son solares en construcción y en algunos casos hasta todavía por adquirir. Esto hace que la movilización sea más complicada”.

Además de a los propios afectados, la respuesta al proyecto municipal ha escalado ya a la Asociación de Vecinos El Cañaveral Avanza (Aveca) y a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), si bien cuenta con el visto bueno de la Asociación Vecinal El Cañaveral. Rosa, presidenta de Aveca, coincide con Roberto en que “hay prioridades ante las necesidades y carencias de dotaciones en el barrio”, de ahí que sus suspicacias fueran previas incluso a que se conociera la localización.

“Hace un mes nos llegaron las primeras llamadas de vecinos temerosos de soportar ruidos y molestias justo debajo de sus dormitorios, que querían apoyo para reclamar. Lo valoramos y la conclusión es que no tiene sentido con todos los suelos dotaciones en el barrio sin proyecto asociado. La orientación lo emperora aún más porque no es que no puedas escuchar la televisión en el salón, es que no podrás dormir”, cuenta. Rosa admite que el parking “hace falta, porque el campo mueve mucha gente y hay que dar espacioa e sos vehículos”, pero “no puedes venderlo como que solo de vez en cuando lo vas a usar de recinto ferial cuando has recibido dinero para ese uso, me parece casi delictivo”. Desde Aveca proponen que el aparcamiento sea subterráneo y en superficie se coloquen “dotaciones como centros que ofrezcan servicios sociales, viveros profesionales o el polideportivo, aunque este quizá precisaría de una parcela más amplia”.

Rosa concluye que “las cosas hay que hacerlas bien”, por lo que anima a replantear tanto el parking como el recinto ferial, de forma que ambas dotaciones cuenten con el beneplácito de todo el barrio al tiempo que se complementan con otras igual o más demandadas por los vecinos.

Aunque el impulso del Sindicato de Inquilinas y la beligerancia de la Coordinadora Juvenil Socialista han concentrado las miradas y los titulares de la acampada de Sol, entre los más de 40 colectivos que la conforman hay una organización que sobresale por su afán en servir de confluencia. Bajo las siglas Pucvm (Proceso de Unión de Colectivos de Vivienda de Madrid), esta entidad de reciente creación aglutina colectivos de vivienda de distintos barrios y municipios de la capital o el conjunto de la Comunidad. 

Entre ellos se encuentra el Sindicato del Barrio de Hortaleza, al que pertenece Lucía; la Asamblea de Vivienda del Barrio del Pilar, en la que milita Rodrigo o la Asamblea de Vivienda de Villalba, donde Pablo trata de luchar contra la especulación inmobiliaria en la localidad de Collado Villalba. Los tres atienden a Somos Madrid tras la carpa de Pucvm entre las calles Arenal y Preciados, convertida en las últimas semanas en una herramienta de difusión que ha contribuido a lograr cifras récord de asistencia a los encuentros por la vivienda de los barrios.

También integran Pucvm la PAH Vallekas, el Sindicato San Blas-Canillejas, la Asamblea de Vivienda de Aranjuez, la Organización de Vivienda de Tetuán y la Asamblea de Vivienda AlcoSanse. Otros colectivos con fines similares con presencia en la Puerta del Sol optan de momento por no integrarse en el proyecto, caso del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, el de Moratalaz y el de Tetuán.

“El nombre lleva poco tiempo, surgió justo la semana previa a la acampada, pero el proceso para generar esta unión viene de largo y habíamos tenido reuniones”, comenta Lucía. “La intención es encauzarnos en un proceso más unitario porque muchas asambleas compartimos discurso y maneras de hacer, aunque otras compañeras apuesten por otros modelos igual de legítimos. Sol ha sido una oportunidad más orgánica de hacerlo efectivo, lo cual es muy positivo y nos pone muy contentos”, opina Pablo. “Solemos trabajar a nivel de barrio, pero para determinadas acciones necesitábamos un espacio de coordinación manteniendo nuestras particularidades en el que mostrar el músculo que tenemos en el territorio. El movimiento por la vivienda es más grande que nosotros y la magnitud del problema es enorme”, completa Rodrigo.

Pablo lo baja a tierra y habla de “compartir formaciones, talleres, saberes, técnicas o tácticas que poner en funcionamiento conjuntamente, sin perder la esencia de barrio o de pueblo”. Una cotidianeidad que contribuya a “escalar el conflicto” si la situación de la vivienda no mejora, con una movilización persistente. Rodrigo menciona asimismo que esta articulación facilita que operen como “referente” para futuras asambleas.

Todo dentro de la heterogeneidad de las agrupaciones. El Sindicato del Barrio de Hortaleza, por ejemplo, no circunscribe su acción tan solo a temas habitacionales: “Tratamos también asuntos laborales [ya han anunciado su participación en la huelga general del 11 de noviembre]”. Es un elemento clave a la hora de diferenciarse, por ejemplo, del Sindicato de Inquilinas. Lucía indica, eso sí, que “en los últimos tiempos las problemáticas de vivienda han cobrado un protagonismo especial”. Cita el caso de las viviendas en el parque de Santa María que la Familia Banús, uno de los grandes clanes de la construcción durante el franquismo, vendió a varios fondos. Esto generó una enorme incertidumbre entre los inquilinos, que sirvió de germen para el propio Sindicato. “Es una asamblea abierta y horizontal. No hay ninguna verticalidad en la toma de decisiones”, resalta.

“Compartimos la misma manera de funcionar”, dice Rodrigo sobre la Asamblea de Vivienda del Barrio del Pilar. Hasta les une la preocupación ante actuaciones de la Familia Banús, aquí por una estafa que amenaza con dejar sin casa a algunos propietarios. “Llevamos solo dos años y nos reunimos los miércoles a las 19.00 en el centro social autogestionado La Piluka. Queremos dinamizar el espacio con contenido político, que parecía haber decaído estos últimos años en lo que respecta a lo social. Pero sobre todo nos gusta enfatizar que somos vecinas y vecinos normales del barrio, simplemente afectados de una manera u otra por la problemática de la vivienda que entendemos que no tiene solución únicamente en lo institucional, sino que tenemos que articularnos y acompañarnos para enfrentarlo de forma colectiva”.

Rodrigo destaca de hecho el vínculo entre organizaciones de vivienda y centros sociales okupados o autogestionados, “lugares de ocio alternativo en los que poder reunirte con tus vecinas sin mediación por el consumo”. Muchos de ellos también han tenido gran peso en la acampada: La Animosa (Hortaleza), La Casika (Móstoles), La Enredadera (Tetuán), La Rosa (Centro), la EKO de Carabanchel o el colectivo feminista Ariskas, ligado a La Villana de Vallecas. 

Pablo ejemplifica la fuerza de los movimientos por la vivienda fuera de Madrid ciudad, que suelen recibir una atención mediática todavía menor. “Compartimos los principios de horizontalidad o apoyo mutuo, aunque sí que tenemos más trayectoria, ocho años. En ese tiempo han surgido muchos conflictos con la Sareb [el banco malo] y en general las administraciones públicas. La sierra norte no tiene un problema de vivienda turística tan acusado, pero sí hay muchas complicaciones por el caciquismo, familias enteras con muchísimas propiedades e influencias que están asentadas en los pueblos”. Frente a ese modelo, defiende la okupación como “una manera de garantizar el derecho a la vivienda y de lucha contra este sistema”.

Con el estallido social tras el desahucio y la posterior muerte de Maricarmen, la afluencia a sus encuentros se ha disparado. “En la asamblea de Hortaleza normalmente somos 15 personas y el otro día fuimos 40. Ha habido un agite del que Sol habla por sí solo, pero que lo rebasa. Es algo que estaba latente, pero faltaba que saltara una chispa para enfrentarnos a la realidad de un problema que nos sobrepasa a todas. Está siendo muy abrumador y también muy ilusionante”, afirma Lucía. Pablo apostilla que “algo así puede ocurrir porque durante años ha habido un trabajo paciente, de hormiguita, que han plantado la semilla que ahora está creciendo de esta manera”.

Ha habido un agite del que Sol habla por sí solo, pero que lo rebasa. Es algo que estaba latente, faltaba que saltara una chispa para enfrentarnos a la realidad de un problema que nos sobrepasa. Está siendo muy abrumador y también muy ilusionante

Lucía — Miembro del Sindicato del Barrio de Hortaleza

Pese a la emoción, expresan a título personal algunos reparos sobre cómo se ha canalizado la movilización social de las últimas semanas. “Tengo la sensación de que ha estado demasiado pautado. El recorrido de la protesta y de sus ítems mediáticos la han reconducido hacia canales institucionales que no sé si expresan la profundidad del malestar o la complejidad del problema”, opina Rodrigo. Pablo pone como ejemplo que los decretos de vivienda tumbados por la derecha en el Congreso “ya dejaban fuera a las personas migrantes y sin papeles, el colectivo más afectado por la situación de la vivienda junto a los jóvenes”. Rodrigo lo resume en que existe “una subrepresentación de los sectores más afectados por la propia temática en el discurso público”.

Además de poner reparos a la concepción de las medidas, exigen una mayor ambición. Según Pablo, “hace falta una baja de alquileres, la congelación ya no es suficiente”. Habla de “movilizar el parque de 3,8 millones de viviendas vacías, con penalización fiscal a quienes no las ponen en el mercado, en vez de beneficios a los caseros buenos”. Rodrigo reclama “la prohibición de la especulación impidiendo comprar vivienda a las entidades jurídicas”, así como la de “las empresas de desokupación, replanteando el marco de la okupación, que deslegitima situaciones vitales de pura necesidad”. Lucía recuerda otra petición de colectivos sociales, no solo ligada a la vivienda, pero sí a la protección del derecho a la protesta: “La derogación de la Ley Mordaza, que en ocho años este Gobierno no ha tocado. Hay muchas compañeras en procesos judiciales por defender el derecho a la vivienda. Las diferentes asambleas suman 350.000 euros en multas”.

Reforzar la participación para mantener la chispa

El Sindicato del Barrio de Hortaleza se reúne una vez a la semana, normalmente los lunes a las 18.30 o 19.00, en La Soci. Se trata de la sede de la Asociación Vecinal de Manoteras, en el número 46 de la calle Cuevas de Almanzora. El primer lunes de cada mes abordan cuestiones de funcionamiento interno, mientras que el resto se centran en casos concretos. “Solo si la persona implicada va; no los tratamos si no está porque su presencia nos parece importante”, matiza Lucía. Luego reparten tareas, tanto para la persona afectada como las que puedan asumir el resto de miembros.

La Asamblea de Villalba se da cita por su parte cada viernes a las 19.00: “Somos un grupo de vecinas afectadas por el problema de la vivienda que se reparten tareas a todos los niveles: pegar carteles, escribir un comunicado, subir algo a Instagram... Hay muchísimas cosas que hacer y todo el mundo puede aportar. Nadie vino aprendido, que se pasen a conocernos porque somos un espacio abierto y diverso”, expone Pablo.

Somos un grupo de vecinas afectadas por el problema de la vivienda que se reparten tareas. Hay muchísimas cosas que hacer y todo el mundo aporta. Nadie vino aprendido, que se pasen a conocernos porque somos un espacio abierto y diverso

Pablo — Asamblea de Vivienda de Villalba

Recuerda que los desahucios, el extremo más “traumático” de la crisis habitacional, son “la punta del iceberg de todo un proceso larguísmo de muchas otras dinámicas perversas”. Cita solo algunas: “Que el casero no te quiera devolver la fianza, que no me pueda empadronar en mi vivienda, que me hagan pagar honorarios y mes de agencia...”.

Respecto al futuro inminente de Pucvm, su papel en la acampada, lo encaran con tranquilidad y sin dramatismo. Así lo explica Rodrigo: “Aunque en un primer momento nos volcamos con mucha energía porque somos organizaciones por la vivienda, nunca nos hemos sentido un elemento central en Sol. Nuestra posición ha sido colateral, de traer al centro lo que hacemos en los barrios. Un pie aquí y un pie allí. Nos ha servido para mayor difusión y para recoger casos. Pero, como no fuimos convocantes, tampoco creemos que debamos ser desconvocantes. Acompañaremos la acampada con nuestro trabajo y veremos cómo evoluciona”.

Pablo lo sintentiza en que no conciben la movilización como “un trabajo explosivo, sino como una labor del día a día”. El objetivo es que “cada persona se organice en su propio territorio con sus vecinas y su comunidad inmediata para que el apoyo mutuo contribuya a solucionar el drama de la vivienda”.

“La presión inmobiliaria es tal que es imposible construir proyectos empresariales o culturales. Los alquileres no paran de subir y los números no dan”. Aunque no pierde la ilusión ni la esperanza y aboga por trasladar el espíritu de su librería a una nueva localización, la indignación y la preocupación se imponen en el discurso de Pablo Cerezo pocas horas después de anunciar el cierre de la librería más antigua de Madrid.

Será el 17 de noviembre cuando Pérgamo bajará la persiana después de 80 años como gran refugio literario del distrito de Salamanca, uno de los más pudientes de la capital. Cuando el catedrático republicano Raúl Serrano abrió el comercio en 1946, después de que el franquismo le arrebatara su posición académica y universitaria, este punto de la ciudad todavía era algo así como la periferia. Hoy no solo es un lugar céntrico, sino que ejemplifica las perversas dinámicas mercantiles y especulativas que asolan Madrid.

“Del mismo modo que miles y miles de personas se matan a trabajar para pagar una habitación sin vistas, nosotros lo hacemos para pagar el alquiler del local. Pero ya es insostenible”, explica Pablo en conversación con Somos Madrid desde su establecimiento, del que tomó las riendas en 2022 tras un conato de cierre por entonces salvado ante la intervención de un inversor anónimo. Unos meses más tarde se incorporó su compañera María Treviño y luego otra trabajadora más. Juntos han convertido Pérgamo en un nuevo referente, explotando su potencial en redes sociales, medios de comunicación y eventos de todo pelaje (presentaciones, clubes de lectura, cafés literarios...).

El modelo convierte en un acontecimiento todavía más doloroso esa clausura forzosa, la de la librería El Aleph de la calle Ferraz el 28 de diciembre o la de Tipos Infames en Malasaña, a comienzos de año (cuyo local sigue cerrado y sin conato alguno de obras ocho meses después). “El sentido que tienen las librerías hoy en ciudades fragmentadas y aceleradas es construir lugares de encuentro, lo mejor que genera un libro es una conversación y de ahí el boom de los clubes de lectura. Uno de los males de nuestra sociedad es la soledad. Hay quienes la usan para agitar odio. Nosotros tratamos de solucionarla mediante el encuentro y la conversación”, expone Pablo.

Las cifras de una creciente incertidumbre

La Asociación de Librerías de Madrid ya alertó en mayo, a través de una encuesta, del “escenario de incertidumbre creciente” generado por la presión inmobiliaria. El 84% de las librerías consultadas desarrolla su actividad en régimen de alquiler y más del 80% percibe estas rentas como un peligro para su estabilidad. Solo un 14,3% tiene garantizada su continuidad en el local actual, según el informe. Un 33,3% afirmaba haber renunciado a contratar personal debido a los precios del alquiler, mientras que un 41% de estos comerciantes anticipa un riesgo inmobiliario “alto o muy alto” en los próximos dos años.

“La paradoja es que los datos macro avalan que las librerías y el sector editorial va muy bien y no deja de crecer, con sus complejidades. Sin embargo, los proyectos de librería no son sostenibles por la presión inmobiliaria, lo mismo que le pasa a la gente en general pese el auge de la macroeconomía. O paramos esto o se va a hundir”, alerta Pablo. Una coyuntura que hace extensible al conjunto de los pequeños comercios: “Yo vivo en la calle Alcalá a su paso por Quintana y no paran de vaciarse locales porque no hay negocios tan rentables como el rentismo. Si seguimos hacia un país o una sociedad donde la gente busca máxima rentabilidad, y eso solo lo da el suelo, se va a llevar toda la inversión frente a la cultura, la innovación, la educación... La propia clase empresarial debería verlo como un disparate”, explica.

Recuerda que el alquiler es una problemática que atraviesa a “cuatro de cada cinco librerías de Madrid que no saben si podrán continuar de aquí a dos años”. Su compañera María apostilla que “una librería siempre tiene una facturación que debe procurar llegar a cero, porque alcanzar el beneficio es difícil cuando tienes que pagar nóminas o cubrir todos los gastos logísticos”. Tampoco deja pasar el dato de que las librerías solo obtienen el 30% de la venta de un libro, ya que su precio se reparte además entre autores, editoriales o proveedores.

El presidente de la citada Asociación de Librerías de Madrid, Luis M. Tigeras, puntualiza en declaraciones a este periódico que ese porcentaje disminuye todavía más hasta el 15% cuando la venta se dirige a instituciones públicas. Luis es además dueño de la librería Dykinson, con un local en propiedad en la calle Meléndez Valdés abierto hace ya 53 años y otro operativo desde 2024 en la calle de Gaztambide de Chamberí, este en régimen de alquiler con un contrato de diez años.

“Éramos conocedores de la situación de Pérgamo desde hace días y le hemos trasladado todo nuestro apoyo y nuestro cariño. Lo triste es que se trata de un contexto generalizado en el sector y en todo el comercio local. Los alquileres tan altos dan pie a que una pequeña bajada o incluso un mantenimiento de las ventas provoquen que los libreros no puedan asumir gastos, mejoras o contrataciones”, lamenta. Avisa de que “muchos contratos pospandemia comienzan a caducar y en Madrid ciudad, la Comunidad y todo el país las renovaciones están siendo muy al alza”.

Para Luis, en suma, los dos desafíos más importantes que afronta el sector son “la presión inmobiliaria y la falta de relevo generacional”. Dos cuestiones muy vinculadas entre sí: “Es complicado emprender ante las dificultades de estos proyectos y cuesta ver la viabilidad de un nuevo negocio. Venimos arrastrando el problema de las subidas años, pero desde 2025 ha pasado de goteo constante a una oleada muy preocupante”.

Dibuja un tercer problema en que “el aumento en las ventas de libros no necesariamente llega a las librerías, ya que cada vez se vende más fuera de ellas”. “Entre tres y cuatro de cada diez ventas se producen en librerías independientes. El resto se lo llevan las compras online, las grandes superficies y venta directa de las grandes editoriales”, detalla.

En cuanto a las posibles soluciones, el caso de Pérgamo ejemplifica que apelar a la solidaridad de los dueños de los locales no parece la mejor opción. Sus caseras son dos hermanas que durante años gestionaron la librería que había fundado su padre. Cuando el negocio estuvo cerca de bajar la persiana ya en 2022, aseguraron en diálogo con elDiario.es que “el nivel cultural es más importante que el económico” en su barrio. Una de ellas criticó incluso la deriva del expresidente Felipe González, que en 1982 devolvió la cátedra a su padre que el franquismo le había quitado, con la frase “la pasta es la pasta”.

La presión inmobiliaria es un problema general y quienes más lo sufren son particulares o ese pequeño comercio del que se nutre el barrio y la comunidad. Cualquier actuación debe ir dentro de un marco más amplio de fomento al comercio local

Luis M. Tigeras — Presidente de la Asociación de Librerías de Madrid

“Seguro que las propietarias han sido conscientes de lo que Pérgamo aporta el barrio, no podemos indagar en las razones que tendrán. Lo que debemos pedir a las administraciones públicas es que sigan apoyando a las librerías y la cadena de libros. Recibimos ayudas para aspectos como la modernización, pero no satisfacen todas las necesidades para resolver el problema. Una opción es plantear ayudas directas al alquiler o a propietarios que alquilen a agentes culturales”, propone Luis.

“Hay que partir de que la presión inmobiliaria es un problema general y quienes más lo sufren son particulares o ese pequeño comercio del que se nutre el barrio y la comunidad. Por ello, cualquier actuación debe ir dentro de un marco más amplio de fomento al comercio local”, dice. Lo cual no significa que sus particularidades no deban tomarse en cuenta: “Lo que nos diferencia del resto de locales con necesidades similares es la dinamización del espacio o el arraigo que generamos. Pérgamo es un ejemplo esencial, en los últimos tiempos ha pasado de ser una librería de 80 años a un espacio de encuentro social”. El pasado 26 de septiembre, cuando Pablo y María ya conocían el destino que les aguarda, un vermut literario celebró el 80º aniversario del establecimiento y llenó de mensajes de felicitación su escaparate.

Esta transformación de las librerías de lugares de compra-venta a recintos que sirven también para el encuentro cultural implica que necesiten más espacio. Lo expresaba María al comentar la complicada tarea de hallar un sitio alternativo para revivir Pérgamo: “En la búsqueda se refleja la inaccesibilidad del alquiler para proyectos culturales que necesitan un buen espacio y ciertos recursos”.

Luis estima que, ante una subida de 1.000 euros mensualidades en la renta, sería preciso obtener “10.000 euros más en ventas” para que el negocio siguiese siendo rentable: “Como nuestro margen de beneficio y nuestros precios están muy marcados, cuesta asumir cualquier alza de los gastos”.

Pese a un panorama tan desolador, Madrid todavía ve cómo llegan nuevas aperturas de librerías y espacios literarios, sobre todo en puntos más periféricos que escapan en parte de la gentrificación y con proyectos que se lanzan a una decidida apuesta por géneros como el cómic o el anime.

La dibujante e investigadora Clara Moreno lleva meses relatando el proceso para poner en marcha su propia librería en Tetuán. Narraba que los dueños de un par de posibles locales se echaron atrás cuando se enteraron del tipo de negocio, incluso habiendo dejado una señal. “El primero claramente me dijo que prefería un comercio más viable (me parece que iban a poner otro negocio de uñas) y el segundo me hizo ghosting”. Al preguntar a los obreros que se encontraba reformando los bajos de la zona, la respuesta siempre era la misma: “Va a ser un piso turístico”. Finalmente, consiguió abrir hace pocas semanas en el número 11 de la calle del Doctor Santero. No todo está perdido para proyectos como Pérgamo mientras indagan en nuevas ubicaciones donde “mantener su espíritu”, por muy difícil que la especulación ponga las cosas.

“Ahora lo que queremos es celebrarnos. Venderlo todo y empezar en otro sitio, todavía no sabemos dónde ni cuándo”. Pablo Cerezo mira al futuro sin temor y con algo de resignación, o al menos eso transmite el día en el que han comunicado la noticia que nunca quisieron dar: la librería Pérgamo, la más antigua de Madrid y de la que es responsable desde 2022 junto con María Treviño, cierra sus puertas el próximo 17 de noviembre.

[ACTUALIZACIÓN: Culebrón en la librería más antigua de Madrid y disputa por la marca Pérgamo, registrada sin permiso por sus gestores]

Ubicada en el número 24 de la calle General Oráa, en el pudiente distrito de Salamanca, abrió sus puertas en 1946. No en vano, celebraron el 80º aniversario con un vermut literario el pasado 26 de septiembre. Aquella jornada Pablo y María ya sabían el porvenir que les esperaba, pero solo allegados y clientes habituales del barrio conocían una inminente clausura que han hecho pública este martes con una entrevista en la Cadena SER.

Desde entonces, las llamadas se han sucedido y las visitas tampoco cesan en el local. Este respaldo masivo complica la conservación con Somos Madrid, pero Pablo y María (que sacan adelante el negocio junto a otra empleada, Nicole) siempre acaban encontrando el momento y la manera de transmitir su amor por la literatura en general y por este espacio en particular. Aunque sea para abordar un desenlance, o un punto y aparte, tan descorazonador.

“En estos cuatro años y medios tan intensos que llevamos al frente de Pérgamo las dueñas no nos han aplicado ninguna subida del alquiler, que estaba a precio de mercado, pero ya llegábamos justos a cubrir gastos. Además, el hecho de renovar el contrato año a año nos generaba mucha incertidumbre. Nunca sabes cuándo va a pasar lo que nos acaba de ocurrir”, cuenta Pablo.

Fue a mitad de septiembre cuando recibieron el jarro de agua fría: “Nos comunicaron que no somos las personas más apropiadas para continuar con el local y no nos van a renovar el alquiler”. Pablo vincula la situación a la especulación inmobiliaria, meses después del traumático cierre de Tipos Infames en Malasaña y tras el anuncio de El Aleph, en la calle de Ferraz, sobre su inminente clausura el 28 de diciembre. De hecho, no es que las caseras de Pablo y María busquen otros libreros, de hecho sería difícil que cualquier profesional logre la dedicación o el impacto cultural y en redes de los actuales, sino que previsiblemente se plantean vender el inmueble o alquilarlo con otro uso.

La búsqueda de una alternativa refleja la inaccesibilidad del alquiler para proyectos culturales que necesitan un buen espacio y ciertos recursos

De hecho, tras su primera clausura en 2022, el negocio estuvo a punto de convertirse en una pizzería. Las hermanas Ana y Lourdes Serrano, hijas del catedrático republicano represaliado por el franquismo que fundó la librería en los años más férreos de la censura, pusieron fin a esta etapa poco después de la pandemia. La intervención de un anónimo inversor mexicano-gallego permitió retomar la actividad y mantener la librería, con Pablo y María al frente. “Se dice que en este barrio hay mucho nivel económico, pero es más importante el cultural”, declaraba Lourdes a elDiario.es cuando que parecía la literatura no regresaría ya al establecimiento cuatro años atrás. Ahora, en cambio, han cambiado de opinión.

Su padre, Raúl Serrano, era profesor de Lengua y Literatura en la Universidad Complutense hasta que fue desposeído de la plaza al acabar la Guerra Civil, de la que se libró por su miopía. El académico optó entonces por dedicarse a los libros desde otra perspectiva. Unos familiares asturianos con posibles pusieron el dinero para la aventura, cuando la localización actual era casi el extrarradio de la capital. El profesor librero nunca abdicó de sus ideas. Todos los 14 de abril el negocio cerraba y los empleados recibían un aguinaldo. Con la llegada de la presidencia tambión recuperó su cátedra, otorgada de nuevo por Felipe González en 1982. “Hizo muchas cosas buenas… Pero la pasta es la pasta”, opinaba paradójicamente sobre la trayectoria del expresidente Ana Serrano.

Pablo y María no se amilanan y prometen retomar Pérgamo lo antes posible, “con el mismo nombre y el mismo espíritu”: “No tenemos claro dónde iremos o si continuaremos por la zona, pero sigue el entusiasmo del proyecto, aunque termina la historia en esta ubicación”, dice ella. Admite, eso sí, que la búsqueda para dar con una alternativa “refleja la inaccesibilidad del alquiler para proyectos culturales que necesitan un buen espacio y ciertos recursos”. Por suerte, no pierde la esperanza: “Espero que con este anuncio se levanten manos y alguien o mucha gente nos eche un cable. Somos optimistas”.

El Observatorio Vecinal de Terrazas y Uso del Espacio Público de Madrid aglutina a un pequeño equipo de voluntarios que, desde 2022, analiza la utilización indebida o irregular de las terrazas de hostelería y en general la mercantilización de la vía pública. Como parte de su actividad, efectúan peticiones de información en los canales habilitados por el Ayuntamiento de Madrid. Hace dos años, la respuesta a una de ellas arrojó unos datos que dejaron perplejos a los miembros del grupo: la empresa que gestiona y explota los conciertos del Palacio de los Deportes, ahora conocido como Movistar Arena por motivos de patrocinio, no abonó al Consistorio pago alguno por ocupar 44 plazas de aparcamiento alrededor del recinto entre 2021 y 2023.

Los estacionamientos se distribuyen en 116 metros de la calle Jorge Juan y casi 94 de la calle Fuente del Berro, ambas dentro de una zona SER. 41 de las plazas corresponden a bandas azules y tres, ubicadas en la segunda de las vías, a bandas verdes. La zona azul permite aparcar a no residentes por un tiempo máximo de 4 horas, tras lo cual deben esperar una hora para volver a estacionar en el mismo barrio, salvo los días y horarios de exención. El precio medio ronda los 1,10 euros la hora. Respecto a las verdes, están reservadas principalmente para vecinos sin límite de tiempo, pero los visitantes también pueden aparcar con un máximo de 2 horas pagando la tarifa correspondiente (4,10 euros agotando las dos horas).

Cuando algún servicio ocupa ese tipo de plazas, la empresa responsable debe pagar un canon municipal al dejar inoperativos los aparcamientos públicos. Así lo venía haciendo desde su llegada a la gestión del Palacio de los Deportes Impulsa Eventos e Instalaciones, una compañía ligada a la promotora Live Nation que explota el espacio desde 2014, después de ser la única entidad en presentarse a un concurso lanzado por el Ejecutivo entonces presidido por Ignacio González.

La documentación consultada por Somos Madrid desgrana la tasa por utilización privativa del dominio público local, requerida por la Junta Municipal del distrito de Salamanca. Aunque con fluctuaciones relacionadas con el número de eventos y, por tanto, de días de ocupación de los aparcamientos, la cifra mantiene cierta estabilidad desde ese primer año hasta 2018: 17.666 euros en 2014, 30.575 en 2015, 20.641 en 2016, 28.103 en 2017 y 18.375 en 2018.

Una recaudación primero desplomada y luego volatilizada

La anomalía comienza en 2019, cuando la recaudación se desploma a 3.005 euros, aunque el número de eventos apenas baja respecto al año anterior (164 por los 179 de 2018). 2020 es el primer año en el que deja de cobrarse cantidad alguna, aunque desde el propio Observatorio Vecinal de Terrazas y Uso del Espacio Público de Madrid lo justifican por la pandemia y el confinamiento. No obstante, tras el regreso de la actividad al Palacio de los Deportes con el transcurso de los meses, no volvió el cobro por la ocupación de las plazas.

“No hay ningún abono por el uso lucrativo y privativo de las bandas de aparcamiento ni ningún informe de exención”, denuncia A. Fernández, de la asociación vecinal Goya-Dalí y partícipe en el citado Observatorio ciudadano. Apunta de hecho que las peticiones de información pudieron jugar su parte en la reactivación del cobro de la tasa en 2024, ya que la primera de ellas fue remitida en octubre de 2023. “La dinámica estaba continuando incluso después de las elecciones municipales y con un cambio de concejal presidente en Salamanca”, añade.

La mayor parte de la situación se extendió cuando era concejal de los distritos Centro y Salamanca José Fernández, hoy responsable del área de Familias, Igualdad y Políticas Sociales del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida. No obstante, los últimos meses de 2023 ya dirigía la Junta de Salamanca la edil que actualmente ocupa este cargo, Cayetana Hernández de la Riva. A los vecinos tampoco les consta hasta el momento expediente administrativo alguno por parte de la Junta Municipal para tratar de recuperar los fondos no reclamados en su momento. Ante las preguntas de este medio, fuentes municipales atribuyen lo ocurrido “con toda probabilidad” a “un desajuste administrativo no detectado hasta tiempo después”. Desde el Consistorio sostienen, por tanto, que “la Junta de Salamanca no dictó ninguna instrucción para eximir del cobro de la tasa a la empresa”.

Estimación de 45.000 euros no percibidos y “evasivas por respuesta” del Ayuntamiento

A. Fernández estima en al menos 45.000 euros el dinero no recaudado al sumar 2021(121 eventos), 2022 (182) y 2023 (207), sin tener en cuenta la repentina bajada en la cantidad de 2019. De enero de 2024 a agosto de 2026, con un ritmo de conciertos algo superior, pero todavía con varios meses por delante para igualar aquel período, la cantidad obtenida por la Junta de Salamanca roza los 46.000 euros.

Fernández cuenta que ya han preguntado por este asunto en el pleno de Salamanca e incluso han mantenido una reunión con representantes del área de Movilidad que dirige Borja Carabante, aunque solo han recibido “evasivas por respuesta” y “ningún dato que aclare lo que ha pasado”. “Es una situación indignante que da una sensación enorme de mala gestión. Un cachondeo que demuestra cómo algunos hacen lo que quieren, cómo quieren y cuándo quieren. O un funcionario ha cometido un error muy grave sin que nadie le haya corregido o directamente desde el Gobierno municipal no han querido cobrar miles de euros”, sentencia en conversación con este periódico.

Otra de las dudas y exigencias de este vecino versa sobre los pasos que dará el Gobierno de Almeida una vez conocida la coyuntura. Las fuentes consultadas por este diario avanzan que “el Ayuntamiento procederá a subsanar la circunstancia, teniendo en cuenta que si el hecho se ha producido no prescribe hasta al menos pasados cuatro años”. Considerando este plazo y una actuación municipal inmediata, más de la mitad del tiempo transcurrido sin que se cobrara la tasa quedaría fuera de dicha reclamación.

En paralelo, A. Fernández recuerda que la posible irregularidad se enmarca en una eventificación convertida ya en norma para los vecinos de Goya que viven junto al Palacio de los Deportes, donde en los últimos años los conciertos ganan por goleadas a los actos deportivos que le dieron nombre (limitados a los partidos de baloncesto de Estudiantes y Real Madrid). “Entre septiembre y octubre hemos tenido o vamos a tener eventos 54 de 61 días. A nivel de ruidos, movilidad o residuos la situación es cada vez más complicada. Solo nos faltaba conocer que encima quienes generan parte de esos problemas tienen privilegios”, concluye Fernández.

Cuando el Congreso tumbó los decretos de vivienda con los votos de PP, Vox y Junts el pasado 2 de octubre, la gran movilización que se produjo junto al hemiciclo durante toda la mañana había ya disminuido sensiblemente. La mayoría de personas que permanecían en la Carrera de San Jerónimo y que protagonizaron el estallido de rabia tras la decisión parlamentaria pertenecían a una única organización, una de las grandes protagonistas en Sol —más allá del Sindicato de Inquilinas— desde la primera noche de acampada tras la manifestación del 26 de septiembre. La misma que ha convertido las banderas rojas en uno de los elementos más reconocibles de Sol y de las marchas por la vivienda: la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS).

Libertad, que conversa con Somos Madrid en la Puerta del Sol, se define como “una militante más” de CJS. Pero fue precisamente la primera persona que tomó la palabra ante los medios cuando las derechas rechazaron las medidas impulsadas por el Gobierno central después del traumático desahucio de Maricarmen. “Que ni siquiera hayan podido aprobar estos parches nos muestra que lo único que este sistema puede ofrecernos a la clase trabajadora es una vida de humillación y explotación. Tenemos que seguir luchando”, declaró con rabia “Líber”, delante de una pancarta con el mensaje “PSOE y Sumar, responsables de nuestra miseria”.

CJS es seguramente el grupo que más visibilidad ha logrado en las últimas semanas al margen del citado Sindicato. Se trata de la rama joven del Movimiento Socialista, corriente surgida a finales de la década pasada en Euskadi que en pocos años ha logrado implantación por todo el país, en gran medida impulsada por el desencanto de muchos militantes del PCE ante su institucionalización. También, dice Líber, por “un proceso de crítica de lo que había sido el ciclo del 15M debido a su canalización de toda esa energía de las calles hacia una representación institucional incapaz de conseguir mejoras mínimas para la clase trabajadora”.

La llegada del Movimiento Socialista a la capital, por entonces bajo el nombre Encuentro por el Proceso Socialista, estuvo muy ligada a la okupación de dos espacios para establecer “un despliegue político donde se pudiera intervenir en lo local”. Así hablaban miembros de la organización de su papel en La Yuntera y El Arrabal, situados en los distritos de Latina y Tetuán, respectivamente.

Por aquel entonces, marzo de 2024, lanzaron además una sobria, pero intensa campaña en redes sociales. Es el estilo comunicativo digital que les sigue caracterizando dos años después, con mensajes directos y fácilmente entendibles, pero desprovistos de la habitual ligereza de las campañas políticas de corte institucional. Superan los 20.000 seguidores en X y los 33.000 en Instagram, aunque Líber recalca que tienen claro que sus principales tareas están en las calles.

Organización y disciplina para construir un horizonte de máximos

“Lo que nos define son los principios del marxismo revolucionario”, resume. “La sociedad capitalista está dividida en clases y es necesario plantear no una reforma de ella, sino una transformación completa mediante la abolición de la propiedad privada y la organización, en base a los principios de la planificación social y las necesidades de una mayoría”, expone. Otorgan un papel primordial a “la militancia disciplinada, el estudio de la teoría marxista y la independencia política”.

Creen que su propuesta de máximos es la más idónea para resolver problemas como el del acceso a la vivienda, motor de las movilizaciones sociales de las últimas semanas: “Mientras las necesidades sociales estén organizadas en función de las del capital, van a seguir ocurriendo situaciones como la de Maricarmen y en general todo lo que sucede con la cuestión de la vivienda. También con lo que vemos en cuanto a los bajos salarios, la degradación ecológica... sin una transformación completa, no vamos a superar estas situaciones”.

A la hora de aterrizar esas ideas y en concreto en materia de vivienda, plantean medidas como “la prohibición de la especulación y su uso como bien de mercado, la expropiación del patrimonio especulativo o la planificación social de las viviendas a nivel de construcción, pero también de planificación o rehabilitación para que sean universales, gratuitas y de calidad”. Un programa que depende, sostienen, de que “la clase trabajadora tome el poder político y genere una sociedad donde las necesidades se planifiquen al servicio de una mayoría”. Por ello, abogan por “una denuncia crítica del conjunto de situaciones que vive la clase trabajadora, no solo la vivienda, que integre los diferentes procesos de lucha mediante una solución real que pasa por ser revolucionaria”.

Para CJS, tan definitorios son los postulados como “la forma organizativa”: “Nos basamos en la militancia, el trabajo cotidiano, la lucha y la formación”. De hecho, Líber resta importancia a los focos que comienzan a recibir estos días y vincula este éxito a los años de trabajo previo: “La construcción organizativa tiene que ir más allá de un día o una semana y no se inicia cuando están las cámaras, sino en lo cotidiano. En asambleas juveniles en los barrios, en las universidades, en procesos de lucha previos relacionados con la vivienda y los desahucios o con la cuestión de la mujer trabajadora...”.

La construcción organizativa tiene que ir más allá de un día o una semana y no se inicia cuando están las cámaras, sino en lo cotidiano. En asambleas juveniles en los barrios, en las universidades, en procesos de lucha previos...

Libertad — Militante de la Coordinadora Juvenil Socialista

Líber contrasta esta implantación previa ignorada o minusvalorada por altavoces comunicativos con la constante atención hacia movimientos de extrema derecha a su juicio minoritarios: “Los medios de comunicación han aupado de manera permanente e intencionada el relato de que la juventud es de derechas. No es cierto. Las organizaciones socialistas tenemos mucho más peso que las fascistas, pero no su cobertura mediática. Lo que hemos visto en los últimos tiempos han sido grandes movilizaciones antifascistas con un preponderante carácter de clase. Han sido mayores que las fascistas, a los que se ha expulsado y desenmascarado como perros de la burguesía en cuanto no les apunta una cámara, pero se ha seguido con un relato falso de la derechización de los jóvenes. Es evidente que hay un giro reaccionario aquí y en todo el mundo, pero la realidad es distinta a la de ese discurso desmovilizador”.

Más allá de esa falta de presencia en medios, Líber cuestiona “lo que siempre se nos decía: que nuestra propuesta era imposible”. “En los últimos años, se ha dicho que el marxismo estaba muerto y había que renunciar a los principios revolucionarios, que solo podíamos plegarnos al reformismo y las propuestas de mínimos para conseguir un impacto masivo. En cambio, hemos conseguido crecer hacia una apuesta de masas sin renunciar a uno solo de nuestros principios”, sentencia.

Todo al rojo en la acampada

Como recuerda la militante, CJS ha estado presente en la acampada de Sol “desde un primer momento”. Se hicieron notar liderando muchos de los cánticos en aquella protesta del 26 de septiembre que acabó frente a la Real Casa de Correos. “Siempre hemos querido ver qué podíamos aportar con nuestra militancia organizada, nuestra implantación territorial y nuestros principios políticos, pero entendiendo que participan muchos otros colectivos y somos un agente más dentro de ella. Debemos contribuir sin apropiarnos de ella y sin perder nuestra presencia en acampadas de otras comunidades autónomas y en general en los procesos de lucha. La fuerza que está en Sol debe seguir movilizada dentro de unos años en las calles, los institutos, las universidades y los centros de trabajo”.

En cuanto a la continuidad, aclara: “No depende de nosotros, somos uno más de los agentes presentes”. Subraya eso sí “el carácter de punto de encuentro entre organizaciones y entre la clase trabajadora que está suponiendo, como se pudo comprobar en la comunión espontánea que se generó cuando se conoció la muerte de Maricarmen”. Eso sí, circunscribe la acampada a “una herramienta, que ha sido importantísima, pero tras la cual nos seguirán quedando muchos otros medios de lucha”.

Pese a ese mensaje de colaboración durante el asentamiento en Sol, estas dos semanas también han marcado un perfil propio que les ha convertido en una de las organizaciones más destacadas de la acampada. Se han decantado por ir más allá de las asambleas, de su puesto cerca de la calle Carretas o de las movilizaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas. “Hacemos apuestas propias que creemos que pueden ser importantes, como la reclama nocturna [otra manifestación junto al Congreso en la noche del 2 de octubre], donde plantear nuestro punto de vista diferencial”.

Esa agitación propia ha hecho de la bandera roja, gran símbolo de las protestas de CJS, uno de los elementos más reconocibles en Sol. “Es positivo. Al final no es la bandera del Movimiento Socialista, sino la de la clase trabajadora organizada. Para nosotros recuperarla era fundamental, no es una cuestión corporativa. Ojalá siga habiendo miles de jóvenes luchando debajo de ella”, opina Líber.

La bandera roja no es la del Movimiento Socialista, sino la de la clase trabajadora organizada. Para nosotros recuperarla era fundamental, no es una cuestión corporativa. Ojalá siga habiendo miles de jóvenes luchando debajo de ella

Aunque sin aportar cifras concretas, reconoce que ese protagonismo se ha traducido ya en un aumento del número de militantes: “Cada vez más gente pregunta por nosotros y se interesa en militar, colaborar o conocer nuestra apuesta política”. No obstante, apostilla que “lo importante más allá de las cifras es convertir ese interés en un compromiso duradero y organizado”. Una penetración social que permita tomar medidas de cambio “que no queden aisladas” y “desemboquen en la toma del poder político” mediante “un gran partido de masas comunista a escala europea, el nivel al que está organizado la burguesía”. Y añade: “No renunciamos hasta entonces a pequeñas reformas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, pero serán impotentes sin ese marco más amplio”.

En cuanto a sus próximos y más inmediatos pasos, CJS apoya la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre promovida por el Sindicato de Inquilinas y lanzada por sindicatos laborales, ante la cual han presentado “más de 100 comités para la juventud trabajadora para ejercer un trabajo a nivel barrial y que la gente siga organizándose más allá de Sol”.

Con más tibieza reciben el adelanto de los comicios anunciado por Pedro Sánchez al calor de las movilizaciones por la vivienda. “Han gobernado ocho años y no han hecho nada hasta que la situación de Maricarmen ha obligado a unas medidas mínimas”, critica Líber.

Desde CJS recalcan que su posición no es necesariamente abstencionista de cara al 29N o en los procesos electorales en general, pero defienden que la frustración generada por la caída de los decretos de vivienda ante la aritmética parlamentaria refuerza su visión: “Lo primordial es aportar por la organización de clase hacia medidas realmente emancipatorias”. Un potente discurso con el que buscan canalizar la efervescencia de un panorama social al rojo vivo.

Isabel, jubilada hace un mes, ha acudido a Sol con su amiga Elena con un doble propósito. Primero apoyar a los manifestantes de la acampada. “Nos solidarizamos porque la vivienda y todas sus reclamaciones nos afectan a todos”, dice. En segundo lugar, para honrar la memoria de Maricarmen, cuyo desahucio de la casa de Retiro en la que vivía desde 1956 prendió la mecha de las protestas. “Lo que han hecho con ella no tiene nombre”, afirma, después de depositar un ramo de flores en uno de los altares habilitados en Sol para recordarla.

Maricarmen murió a los 87 años este miércoles, justo dos semanas después de ser desalojada de su casa y de que Urbagestión rechazase cualquier intento de negociación hasta que la enorme movilización social les llevó a consensuar una alternativa con el Ayuntamiento.

Esta dramática situación explica la contundencia de algunas consignas que han proliferado en la plaza desde el fallecimiento: “Su muerte caerá sobre vuestra conciencia”, recoge un papel colocado cerca de la pancarta que da nombre a la calle Maricarmen. “Maricarmen vive, la lucha sigue”, expresa una pancarta de grandes dimensiones.

No obstante, y pese a la rabia, si algo prima en Sol es la emoción. En los altares habilitados pueden leerse mensajes de una enorme carga emotiva: “La abuela de todo un país”; “vamos a seguir luchando por lo que era, es y siempre seguirá siendo también tuyo”; “el mundo arde por ti”; “eres el kilómetro 0” o, el que corona el altar frente a la Real Casa de Correos, “no se puede desalojar un recuerdo”.

Un hombre de avanzada edad pide ayuda a jóvenes de la acampada para que prendan la vela que ha traído. El viento no lo pone fácil, pero juntos lo consiguen, en una imagen que resume el carácter intergeneracional de la lucha por la vivienda que ha simbolizado Maricarmen.

Juanlu y Alessandro, que atienden la carpa del Proceso de Unificación de Colectivos de Vivienda de Madrid (Pucvm), cuentan a este periódico que la organización de la acampada trabaja en habilitar un micro abierto que funcione como libro de condolencias para Maricarmen en la calle del Carmen.

Explican que la noticia impactó anoche en la acampada. En pocos minutos armaron un minuto de silencio y también se produjo una nueva marcha de indignación hacia el Congreso. Reacciones espontáneas que dan muestra de lo que ha dejado la marcha de Maricarmen: una indignación conmovida que ha evolucionado hacia una movilización tan heterogénea como imparable. Lo resume otro mensaje colocado en el interior de la plaza: “A Maricarmen no la enterramos, la sembramos”.

La acampada de Sol, surgida al calor de la indignación social por el desahucio de Maricarmen y la crisis de la vivienda, se ha asentado y desarrollado con la contribución de colectivos diversos. Aunque el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid articuló la rabia ciudadana llevando hasta la céntrica plaza la manifestación del 26 de septiembre, actualmente las entidades que coordinan la logística del entorno y articulan la movilización a su alrededor se cuentan por decenas.

Esta implantación, junto a los esfuerzos de cientos de personas que pernoctan en Sol sin adscripción a ningún movimiento concreto y la toma de decisiones a través de las asambleas, permite que la organización inquilina haya comenzado la progresiva disminución de su presencia en la zona para focalizar esfuerzos en los barrios. Y que ya el pasado 30 de septiembre, cuando no habían dado el salto aún a las cercanas calles Arenal o Preciados, hubiese 1.248 tiendas colocadas.

La web acampada26s.net, una de las principales herramientas de difusión de la concentración (con información sobre las asambleas generales, las de nodos territoriales o noticias de última hora como actualizaciones meteorológicas), recopila hasta 37 colectivos y centros sociales con presencia en Sol. Al pulsar en cada uno de ellos, una pestaña permite acceder a sus redes sociales. El portal permite además a entidades que no estén presentes sumarse escribiendo al correo acampada26s@riseup.net.

El listado es exhaustivo, pero no aglutina a todas las agrupaciones presentes en la acampada, bien sea por no haber solicitado aparecer en la página o bien por haberlo rechazado expresamente. Algunas de las organizaciones que no aparecen en la web aunque colaboren y tengan puestos en Sol son Greenpeace, la Plataforma de Afectados de las obras de Metro Línea 7B, la Coordinadora Juvenil Socialista (una de las organizaciones más activas y visibles en las protestas), la agrupación trotskista Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) o Izquierda Diario (que se presenta como una “red internacional de diarios de izquierda”).

De la vivienda a la tecnología, pasando por la educación o el ecologismo

Otros grupos concentran en realidad diversos colectivos unificados, por lo que la cifra de organizaciones presentes sería incluso mayor. Es el caso de Pucvm, siglas del Proceso de Unión de Colectivos de Vivienda de Madrid, que coordina colectivos de vivienda de distintos barrios y municipios de la capital o el conjunto de la Comunidad. Entre ellos se encuentra la PAH Vallekas, el Sindicato del Barrio de Hortaleza, la Asamblea de Vivienda del Barrio del Pilar, el Sindicato San Blas-Canillejas, la Asamblea de Vivienda de Villalba, la Asamblea de Vivienda de Aranjuez, la Organización de Vivienda de Tetuán y la Asamblea de Vivienda AlcoSanse. Al margen del Pucvm, también están en Sol el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, el Sindicato de Vivienda de Moratalaz y el Sindicato de Vivienda de Tetuán.

La educación pública es otro de los sectores más representados. PLEI, Plataforma Laboral de Educadoras Infantiles, ha llevado el amarillo hasta Sol tanto en su carpa como en las protestas celebradas durante la acampada para reclamar unas mejoras laborales y salariales que comiencen a equiparar sus condiciones con las de otras etapas educativas. Después de seis meses de huelga, su visibilidad se ha convertido en un elemento imprescindible para reforzar su caja de resistencia y resistir. El sector también está presente con la Asamblea Bellas Artes UCM x la Pública, el Frente de Estudiantes o el Sindicato de Estudiantes. Y con Marea Palestina: Educación contra el Genocidio, una de las organizaciones en defensa del pueblo gazatí asentadas en la plaza, como Acampada x Palestina y Global Sumud Spain.

La transversalidad de la acampada incluye las luchas laborales, como deja de manifiesto el llamamiento a una huelga general y que CNT Madrid o Solidaridad Obrera cuenten con sus propias mesas en Sol; ecologistas, con la citada Greenpeace, Ecologistas en Acción, Fridays for Future, Rebelión o Extinción y TuNubeSecaMiRio (movimiento contra los centros de datos); por los derechos LGTBIQ+, en el caso de Euforia Familias Trans-Aliadas, Movimiento Marika Madrid, Orgullo Vallekano y Trans En Lucha, o antirracistas, con la presencia de la Articulación Antirracista Madrid.

Una mención aparte merece la gran presencia de activistas implicados en centros y espacios sociales okupados o autogestionados, movimientos habitualmente muy ligados a las luchas por la vivienda. En Sol quien quiera puede acercarse e informarse con representantes de La Animosa (Hortaleza), La Casika (Móstoles), La Enredadera (Tetuán), La Rosa (Centro), la EKO de Carabanchel o el colectivo feminista Ariskas, ligado a La Villana de Vallecas. También proyectos voluntarios de asistencia jurídica, como la Comisión Legal Sol y el Tribunal Ciudadano de Justicia 15M.

También se encuentran sectores con un papel vital en cualquier lucha contemporánea: la cultura, el deporte y la tecnología. La plataforma Defensoras y Defensores de Casa Árabe ha llevado a Sol la lucha por la continuidad del proyecto en las Escuelas Aguirre, ante el conflicto con el Ayuntamiento de Madrid. El Coro de Canción Protesta ha estado implicado en diversas manifestaciones sociales y actuó frente al domicilio de Maricarmen la noche anterior al desalojo. La Liga Gamberra Baloncesto Cooperativa ofrece un espacio deportivo seguro, abierto y transinclusivo. Por su parte, Kräkens.Lab aboga por el hacktivismo o activismo hacker a través de SolarNET.HuB, una herramienta para la creación de redes autosuficientes.

A continuación, recopilamos las organizaciones citadas anteriormente y todas las recogidas en la web de la acampada (en cursiva aparecen las que no incluye el portal). Una lista de 42 entidades que puede ir creciendo y modificándose conforme lo hace la propia movilización social, espoleada por la situación de la vivienda, pero con un trasfondo mucho más amplio.