No fue una invasión alienígina, pero aquel platillo volante fascinó a Madrid como si un ovni aterrizase en plena Gran Vía. El restaurante y mirador de más de 30 metros de altura se convirtió en uno de los principales reclamos del Parque de Atracciones de Madrid, abierto en 1968 en el entorno de la Casa de Campo, de la cual ofrecía unas vistas inmejorables. La alegría y la adrenalina de grandes o pequeños comenzaron a recorrer el lugar el 15 de mayo de aquel año, aunque había sido adjudicado ya en julio de 1967. La idea venía de lejos: ya en 1941, ABC publicó que el Consistorio planeaba erigir una instalación de estas características en la Casa de Campo.

La fotografía de la izquierda que encabeza este artículo, durante una visita de prensa a la construcción del platillo en 1969, refleja las entrañas del cilindro que servía de base y del característico disco superior. El hombre que aparece, por cierto, no es ningún reportero. Se trata de un trabajador de la obra.

Seis décadas después, la torre futurista que llegó a estar tomada por el verde de las enredaderas ha desaparecido del paisaje del recinto. Desde 2010 ocupa su espacio el star flyer o estrella voladora, una imponente estructura de 80 metros (el equivalante a un edificio de 25 metros) que llega más alto que cualquier otra atracción del parque. Los 24 pasajeros de sus doce sillas dobles ascienden a 2,5 metros por segundo mientras giran. Un mecanismo que provoca la sensación de estar atravesando el cielo con Madrid a los pies.

El cambio ilustra cómo se ha modificado la manera en la que las personas se relacionan con la ciudad. De la contemplación a la vivencia. La ciudad ya no se mira, se experimenta. Un viraje que a priori debería situar al Parque de Atracciones como puntal del ocio madrileño. Sin embargo, el espacio no pasa por su mejor momento.

Nueva etapa para ir a más: atracciones renovadas y modernizadas

No en vano, el Ayuntamiento de Madrid prepara en estos momentos los pliegos de un nuevo concurso para su gestión y conservación. La concesión por 60 años a la empresa Parques Reunidos, que también gestiona el zoo de la ciudad, caduca el próximo año. La nueva licitación incluirá la renovación de las instalaciones y la ejecución de obras de accesibilidad. Asmismo, según detallan fuentes municipales, exige la introducción de nuevas atracciones que lo hagan más competitivo, de cara a incrementar su diversión y también su atractivo como polo turístico.

Las bases del concurso público priorizarán las inversiones obligatorias destinadas a la modernización, así como que las actuales tengan carácter inclusivo. El ahorro energético será uno de los aspectos que también sume puntos en el futuro concurso. Dentro de las obligaciones de la nueva concesionaria estará la protección y restauración del Tiovivo del Parque, una atracción de madera hecha a mano en Francia en 1927, con estilo art decó y comprada por el Parque en 1968 a un feriante español.

Desde que el Parque de Atracciones de Madrid abrió sus puertas se han ejecutado cinco grandes reformas. La primera, en los setenta, con una expansión que incorporó nuevas atracciones como La noria, el Jet Star o La casa magnética. En los noventa se desarrolló la ampliación de la zona noreste, donde construyeron muchas atracciones de la actual zona de maquinismo (Aserradero o Rotor). En 1998 se abrieron las cinco áreas temáticas actuales y se incorporaron también nuevas atracciones. En 2005 y 2006 se erigieron las dos grandes montañas rusas, las más aclamadas por el público: Abismo y Tarántula. La última ampliación se llevó a cabo en dos fases (2014 y 2018) para dar vida al espacio infantil Nickelodeon.

En estos momentos, el Parque de Atracciones de Madrid cuenta con más de 30 aparatos de ocio, pero a lo largo de los 58 años de funcionamiento se han sustituido una cuarentena de atracciones por otras nuevas: Los 7 picos, La noria, El barco pirata, El barco del Mississippi, La casa magnética, Los caballos del oeste, Jet star o el Enterprise, entre otros.

Martín Santos Yubero y lo excepcional del Madrid cotidiano

La imagen de la edificación del platillo volante forma parte de la exposición Madrid en construcción. 1940-1985, visitable en el compleo cultural El Águila del barrio de Delicias. Extraída del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, es obra del destacado fotorreportero Martín Santos Yubero (Madrid, 1903-1994).

Santos Yubero trabajaba como reportero gráfico para el diario Ya y gran parte de las fotografías de su fondo corresponden con esta actividad laboral. No obstante, en muchas otras ocasiones salía a fotografiar Madrid con el simple objetivo de inmortalizar la ciudad en su extraordinaria rutina.

Es justo lo que capta la instantánea: un obrero en la cotidianeidad del descanso para almorzar. La fiambrera y el gesto con el que come contrastan con la majestuosidad del platillo que se erigía para coronar Madrid. Ya no hay rastro de esta infraestructura alienígena, pero deja en el recuerdo miles de anécdotas y vivencias en las alturas. Tardes familiares donde los niños flipaban girando en el cielo. Citas románticas con vistas a una ciudad que dos personas contemplaban como el escenario de su amor. El platillo podía parecer extraterrestre, pero en realidad nada fue tan humano.

Las quejas por las altas temperaturas y la poca efectividad del aire condicionado en varias líneas de Metro de Madrid, sobre todo la 5 y muy especialmente la 1, comienzan a encauzarse a través de una plataforma que las aglutina. Con el ilustrativo nombre de Termo de Madrid, permite a los usuarios reportar los problemas técnicos que derivan en un calor extremo en numerosos coches del suburbano.

“Un proyecto ciudadano para visibilizar las líneas y vagones del Metro de Madrid que no tienen aire acondicionado”, recoge la presentación de la iniciativa en su web. Solo en el último día se han reportado más de 400 incidencias, después de un reciente pico que se corresponde con la creciente popularidad de la herramienta, pese a ello con una escasa implantación entre el total de viajeros.

Los usuarios de Termo de Madrid reportan las incidencias eligiendo una de las categorías en las que se clasifican: calor, infierno, fresco y frío polar. Las dos primeras concentran en estos momentos la inmensa mayoría de reportes, aunque aparecen algunos en la de “fresco” para líneas como la línea 10, donde el are acondicionado funciona por lo general a pleno rendimiento.

La otra cara de la moneda está en la 1, que concentra más de 1.000 avisos de los alrededor de 1.500 totales colgados hasta ahora en la plataforma. Esto es, dos de casa tres. La 5 también se destaca, con una cifra por encima de los 300. Estos datos se pueden visualizar tanto gráfica como numéricamente en la pestaña “explorar”. También pueden consultarse en inglés.

A la hora de subir las alertas, los pasajeros pueden indicar también el coche en el que ha tenido lugar la incidencia, aunque no es obligatorio. La línea 1 concentra unos 240 coches distintos y la 5 más de 120. Les sigue a distancia la circular, con menos de 60. Más ilustrativo si cabe es atender a los modelos: 1.000 de 1.300 reportes pertenecen a la serie 2.000, los trenes más antiguos en circulación (los de la 1 y la 5).

Respecto a los horarios más problemáticos, se encuentran en torno a las 15.00 y las 16.00, coincidiendo con la salida de muchos trabajadores con jornada intensiva, ya que se agolpan muchas personas en un momento del día con altas temperaturas. Suben de nuevo alrededor de las 18.00.

Indicador para “visualizar lo evidente”

Según recoge el creador de la página web en un apartado donde explica su metodología, no se trata de una medición oficial de temperatura, sino “un índice ciudadano de 0 a 100” que persigue “crear un histórico y unos gráficos que muestren el vergonzoso estado del Metro, para visibilizar lo que lleva años siendo evidente para sus usuarios”.

“Hace dos años me mudé a vivir al lado de la estación de Estrecho de la L1, por lo que cojo esa línea muchas veces a la semana para ir a trabajar, al centro o a Plaza de Castilla. Es la línea más utilizada de Madrid, y la más antigua”, cuenta. El primer periodo estival pensó que era “casualidad” el “inaceptable el calor y el desastroso estado del aire acondicionado”, pero el segundo le sorprendió que “nadie hubiese arreglado o mejorado nada, sino que además había empeorado”. “El tercer verano es este año 2026, y no solo ha empeorado, sino que he podido ver cómo en Twitter la cuenta oficial del Metro de Madrid responde cientos de quejas diarias”, añade.

Pese a ello, critica que el suburbano responde a los usuarios con “los mismo mensajes vacíos y genéricos”. “Hay claramente una decisión política en todo esto: las mejoras tecnológicas punteras son vistosas [como la automatización de la circular], los 70.000 usuarios diarios de la L1 que se asan de calor no lo son tanto”, denuncia.

El último informe de sostenibilidad de Metro, con datos que llegan a 2025, muestra que ya ese año se multiplicaron por cinco las reclamaciones en materia de temperaturas en el suburbano. Las quejas en este ámbito fueron 464 en 2023, 935 en 2024 y hasta 2.088 en 2025. Hay además un aumento progresivo en las que versan sobre la temperatura de las estaciones: de 41 a 80 y de 80 a 131. Y en la ventilación de los trenes: de 18 a 30 y de 30 a 46.

Desde Metro de Madrid han indicado a este periódico, a preguntas en informaciones previas sobre la misma problemática de la climatización, que el aire acondicionado “funciona de igual manera en todos los vehículos: se pone en marcha a las 6:00 de la mañana y permanece encendido hasta que finaliza el servicio”. Recuerdan que se han tomado medidas adicionales, como instalar grandes ventiladores en diferentes andenes.

Fuentes del sindicato Solidaridad Obrera trasladan a Somos Madrid que la situación es “insostenible”, pese a las mejoras avanzadas por la Comunidad de Madrid, y lamentan que el mantenimiento y la climatización de los trenes sea un servicio “que se externaliza a una subcontrata, al menos en la línea 1, cuando lo deberían presentar desde Metro para que fuese más barato y eficaz”. Se trata de la compañía Induremon. Una de las reseñas a la empresa en Google adjunta de hecho reclamaciones recopiladas en Termo de Madrid.

“Y estoy por fin en la cima. Solo unos pájaros llegamos a ser libres como esos pájaros que vuelan tan alto. El cielo es inmenso y te veo pequeño desde arriba”. Con esta lírica se promocionaba en redes el ático adquirido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que la Comunidad de Madrid compró a través de la empresa pública Planifica Madrid para que “la presidenta y su equipo lo usaran durante las obras de la sede en Sol”, según fuentes autonómicas.

La frase citada pertenece a un vídeo publicitario publicado en TikTok por la inmobiliaria de lujo Promora, que administra propiedades de lujo en la capital y en entornos tan cotizados como la urbanización de La Moraleja. El clip muestra el interior del polémico inmueble, con 485 metros cuadrados de los cuales casi 200 se corresponden con una impresionante terraza.

El anuncio, publicado el 31 de enero y con un uso evidente de inteligencia artificial, se adentra en las distintas estancias del alojamiento mientras suena el tema Baby I'm Back, del rapero australiano The Kid Laroi. El piso en el número 35 de la calle General Martínez Campos, pleno corazón de Chamberí, se ofertaba a 6.600.000 euros.

A través de frenéticos movimientos de cámara y cambios de plano, el anuncio muestra las distintas zonas de la lujosa propiedad que el equipo de Ayuso adquirió como “oficina” mientras se desarrollan unos trabajos en la Real Casa de Correos que todavía no se han licitado. Amplias zonas comunes con y sin amueblar, un muy completo baño, un despacho equipado y la joya de la corona: una gran terraza con imponentes vistas de la ciudad.

Desde Promora no atienden las preguntas trasladadas desde Somos Madrid, ya que alegan que los detalles de la operación deben preservarse “por protección de datos”. Fuentes de la compañía sí han comunicado que la venta comenzó “como cualquier otra” y fue “totalmente normal”, según avanza El País. La empresaria Astrid Gil-Casares, anterior propietaria, es clienta habitual de la inmobiliaria y les contactó para gestionar la venta de lo que la oposición ha calificado de “aticazo”. La principal anomalía fue que tuvieron que firmar, a petición del comprador (la Comunidad de Madrid), un acuerdo de confidencialidad: “Nos pidieron privacidad. Todo de una manera muy razonable: análisis de los papeles, algunas dificultades técnicas habituales en este tipo de operaciones…”. Así lo confirmaron fuente conocedoras del proceso a elDiario.es la pasada semana.

La polémica del ático ha envalentonado a la oposición y preocupado en el seno del PP. Las explicaciones con las que respondió el Ejecutivo autonómico resultaron primero confusas y equívocas: sus responsables aseguraron que el lugar iba a ser utilizado como oficina en un lugar donde la normativa municipal impide estos usos y que el traslado se haría durante unas obras en la Puerta del Sol, a pesar de que no están planificadas en ningún contrato del Gobierno regional. Luego se supo que la casa en la que actualmente vive fue puesta a la venta por su pareja en un portal online, justo después de la compra del ático chamberilero.

Ayuso rebatió la información presentándose como la víctima de una supuesta “campaña de desprestigio”, algo que no calmó los ánimos, como tampoco lo hizo el intento de zanjar el tema el pasado jueves con el anuncio de la venta del ático para destinar su importe a la reconstrucción de los incendios en la Sierra Oeste.

“En vez de facilitar el acceso a la comunicación, que es un derecho humano, pone palos en las ruedas”. Javier Robles lamenta con estas palabras la situación de Radio Enlace, una emisora con 37 años de historia que sigue el día a día de la vida vecinal en el norte de Madrid. Javier, uno de sus coordinadores, arremete contra David Pérez en esas declaraciones después de que el concejal presidente del distrito de Hortaleza no haya renovado la concesión de uno de los dos locales a la emisora, el único accesible a personas con movilidad reducida.

Todo ello en medio de una enquistada confrontación entre el tejido asociativo y el exconsejero de Vivienda en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Un enfrentamiento que se remonta al inicio de la legislatura, cuando Pérez llegó a Hortaleza y comenzó a intentar revertir el peso de asociaciones de gran calado sociocultural en el barrio, las que con el paso de los meses y de su gestión han sido denominadas “críticas”.

“Mucha gente va a dejar de participar en Radio Enlace por el final de nuestra segunda sede. Tenemos 15 o 20 grupos de personas con diversidad funcional que vienen con iniciativas de varias fundaciones a hablar tanto de su realidad y sus circunstancias como de otras cosas que les interesan. Luego hay programas puntuales, como Cine Jabato, en los que una de las dos personas va en silla de ruedas. No sabemos si el espacio podrá continuar”, explica Robles en conversación con Somos Madrid. El situado en el número 6 de la calle Matapozuelos es uno de los dos lugares de grabación con los que cuentan, el más moderno, mientras que el activo desde la creación de la emisora en 1989 se encuentra en la calle Costa del Sol.

“Es un local con unas escaleras superempinadas y sin acceso habilitado para personas mayores o con movilidad reducida. El otro, en cambio, cuenta con rampas, está mejor equipado y es más o menos nuevo”, detalla. Además, servía para almacenar parte del copioso material que manejan y era usado para algunas de las numerosas grabaciones que se llevan a cabo en la cadena. No en vano, en la emisora hacen radio actualmente “cerca de 90 personas”.

Mientras buscan dónde guardar lo que ya han sacado del espacio, ante la falta de sitio en su sede original, confían en que la continuidad dentro de esta última nunca se comprometa: “Nos la cede la asociación vecinal La Unión de Hortaleza. Pero si un día cambia su junta directiva y quieren darle otro uso nos quedamos sin nada”.

Gozaban de las instalaciones ahora perdidas desde 2022, gracias a una cesión de un máximo de cuatro años por parte del anterior concejal presidente de Hortaleza, Alberto Serrano (Ciudadanos). “Lo que ahora pedimos es seguir utilizándolas hasta que se resuelva un concurso que de momento no está ni convocado, pero no nos han atendido. Y luego vemos que se hacen concesiones de parcelas municipales durante 50 años”, reprocha. Cita el caso del colegio Pedro de Alvarado, que lleva 15 años cerrado y solo encontró un nuevo uso como casa de asociaciones durante unos pocos meses, durante el mandato de Manuela Carmena, antes de volver a permanecer clausurado.

Javier Robles reivindica además la aportación de la emisora a un nivel social: “Somos una asociación cultural y una radio comunitaria que facilita el acceso de cualquier persona a la comunicación. No solo a recibirla, sino también a trasladarla. Llevamos desde 1989 haciéndolo sin publicidad, empresarios o administración detrás”. Lo que sí tienen es “un amplio respaldo comunitario en el distrito, así como de la Red Estatal de Medios Comunitariias y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid”. Para aterrizar ese apoyo popular, han lanzado una campaña en change.org, que en pocas horas ha superado ampliamente el objetivo inicial de 1.000 firmas. Además, han convocado una concentración frente a la sede de Matapozuelos este martes a las 10.30.

La emisora pide más tiempo y el Ayuntamiento aduce que ya ha permitido prórrogas

Además del propio traslado, uno de los principales puntos de discordia ha llegado en los plazos de la ejecución, en pleno verano: “La fecha del 31 de julio nos trastoca bastante. Habíamos pedido en un escrito que nos dejen utilizar las instalaciones hasta la nueva adjudicación, a la cual nos vamos a presentar. Pero solo nos conceden un mes de plazo para irnos, hasta el 31 de agosto”. La Junta les deja acceder al local hasta esa fecha para llevarse sus enseres.

Fuentes del Consistorio madrileño trasladan a este periódico, por contra, que “la cesión del local no termina por una decisión política de ahora”. “El propio decreto firmado el 21 de junio de 2022 establecía una autorización temporal de un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro, por lo que su finalización estaba prevista desde el primer día”, recuerdan. Precisan asimismo que “en febrero de este año se les notificó expresamente que el plazo máximo había finalizado y debían abandonar el inmueble una vez concluido el procedimiento”. Por ello, sostienen desde Cibeles que a los perjudicados “no les ha pillado por sorpresa ni se enteran el último día de julio, solicitaron ampliar el plazo hasta el 30 de junio y esa petición fue atendida y luego se les permitió permanecer un mes más para facilitar la retirada del material y evitar problemas”.

“Resulta llamativo que ahora digan que se les echa en verano, cuando fueron ellos quienes pidieron esa ampliación y, además, se les concedió incluso más tiempo del solicitado. Tampoco cuentan que pidieron un certificado para que, de cara al procedimiento de adjudicación de casetas de las fiestas, constara administrativamente que ya no disponían de local, circunstancia que podía beneficiarles en la puntuación”, precisan por último desde el Ejecutivo que lidera José Luis Martínez-Almeida.

“Nadie ha dicho que una cesión no pueda finalizar. Lo que criticamos es su forma de actuar. Meses sin responder, ninguna alternativa y una orden de desalojo inmediato el 31 de julio a una entidad que lleva décadas sirviendo al barrio. Esa es la cuestión que sigue sin contestar”, replicaba en X el concejal socialista Jorge Donaire. Antes, el concejal presidente había utilizado de nuevo sus redes sociales para arremeter contra sectores críticos y contra la oposición: “Según el PSOE y Más Madrid, las entidades de izquierdas no tienen por qué dejar un local municipal cuyo contrato ha vencido. Se creen por encima de la ley. Y no. Vaya ejemplo que dan a los ciudadanos, despreciando así las normas y las instituciones para beneficiar a los suyos”.

La publicación de Pérez ha encendido los ánimos de la Coordinadora de Hortaleza, entidad que aglutina a distintas agrupaciones comunitarias del distrito: “Nos tiene bloqueadas, nunca ha aceptado una reunión, nunca nos contesta, pero sabemos que nos lee. Así que ahí va. Le ha dado locales a asociaciones amigas, con las que ha hablado, ha puesto todas las facilidades posibles y con unas ventajas que más quisieran el resto. No se piden privilegios, se pide diálogo, el mínimo de responder los mensajes, como con otros”.

La Coordinadora cuestiona además la valoración de Radio Enlace como “entidad de izquierda”: “Quien piense que Radio Enlace es eso no conoce nada Hortaleza, pero ¿cómo la va a conocer si viene uno o dos días a la semana como mucho? Radio Enlace ha sido, y será, escuela y altavoz para cientos de vecinas, asociaciones, grupos de música, mayores, etc”.

Un choque más de Pérez con entidades comunitarias

La controversia se suma a un historial de tensiones entre el edil y diferentes entidades vecinales de Hortaleza, que le han valido el apodo de “concejal aguafiestas” y hasta la creación de un juego de mesa a su medida. Todo ello por sus recortes o trabas administrativas en diferentes festejos populares, como el Luis Aragofest o hasta un Carnaval cuyos permisos no fueron concedidos debido a “coincidir con la Cuaresma”. En otras celebraciones que sí han tenido lugar, las entidades critican los “arbitrarios” criterios para la adjudicación de casetas o el veto a la venta de alcohol (gran fuente de financiación). La concesión de ayudas o permisos, con cambios de criterios que ven arbitrarios y poco transparentes y que en ocasiones ni siquiera fueron respetados, ha sido otro de los puntos de fricción.

“Pérez juega a enfrentar asociaciones, te vas encontrando algunas en el barrio y te cuentan cosas con las que flipas. El año pasado en la Junta de Hortaleza dieron puntos a equipos de fútbol por unos torneos que luego nunca se celebraron. Esos puntos dejaron sin ayudas a otras asociaciones por unos supuestos”, narra Javier Robles. “Este año han convertido ayudas competitivas en unas que se repartirán por igual a cada entidad concedente, así que las que obtuvimos más puntos por presentar los mejores proyectos nos vamos a ver perjudicadas. Radio Enlace recibirá 1.250 euros, cuando el año pasado fueron 3.100. Mientras, asociaciones amigas que son de las que menos puntos tenían, conseguirán algo a cambio de perjudicar a las demás. Asociaciones vecinales y de familias van a presentar alegaciones”, expone.

“No sabemos por qué Pérez ha venido con este plan, pero desde el inicio ha jugado a dividir, utilizando para ello la declaración de fiesta popular, las concesiones de casetas o las subvenciones. A nosotros no ha sido capaz de darnos ninguna entrevista para explicarnos su política y mira que se lo hemos solicitado muchísimas veces”, zanja el coordinador radiofónico. Mientras, los festejos del distrito encadenan diversos escándalos por lo que las agrupaciones consideran actos de censura contra protestas vecinales. El último fue en junio, cuando una trabajadora de la Junta Municipal retiró una pancarta desplegada sobre el escenario. “David Pérez se irá y nosotros nos quedaremos porque el barrio es nuestro”, era el mensaje que contenía.

No será el Bernabéu ni el Metropolitano. Tampoco Leganés o Getafe. El Rayo Vallecano saldrá de la Comunidad de Madrid y se desplazará hasta el estadio El Plantío, del Burgos Club de Fútbol, para jugar sus partidos como local. Un viaje de unos 243 kilómetros, los que separan ese punto del Estadio de Vallecas, mientras en su casa habitual se desarrollan las obras urgentes por las que el Gobierno autonómico ha extinguido la concesión a la entidad franjirroja.

Durante ese tiempo, de “dos a seis meses” según la Consejería de Cultura y Deporte, la plantilla y la afición tendrán que cubrir un importante trayecto también cuando juegen en casa. Así será durante una cantidad de partidos que oscilará entre tres y diez, si se cumplen los plazos marcados por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Desde el club que preside Raúl Martín Presa no han informado por el momento de que se vaya a cubrir los gastos de la hinchada que decida movilizarse hasta la capital burgalesa. Tampoco a rebajar o devolver los abonos expedidos antes o después de que se conociera la clausura urgente de su campo habitual.

El traslado a El Plantío se iniciará con el Rayo-Alavés del jueves 20 de agosto, en la segunda jornada de la competición regular. Llega después de que el Rayo sondeara, sin éxito, otras alternativas en Madrid. Los conciertos en el Metropolitano, la concatenación de encuentros como local del Real Madrid en el Bernabéu durante las primeras jornadas y las obras en el Coliseum de Getafe han descartado esas opciones. La que partía como favorita, el Estadio de Butarque en Leganés (donde ya disputaron un partido como locales ante el Oviedo la pasada temporada por el deplorable estado del césped), tampoco ha prosperado por falta de acuerdo entre las partes. Según informa el diario Marca, “las elevadas pretensiones del Leganés descartaron este estadio”. Otros campos regionales, como los de Alcorcón o Fuenlabrada, no cumplen las condiciones técnicas o de aforo que requiere La Liga.

Si el hartazgo ya era insoportable entre los seguidores rayistas ante el deterioro de su estadio y la posterior clausura forzosa, la lejana ubicación elegida para el realojo ha escalado todavía más la indignación. Posibilidades más cercanas causaban ya mucho rechazo: “A Leganés va a ir su tía”, decía el socio número 1 en declaraciones a Somos Madrid la semana pasada. La finalmente escogida, mucho más lejana, va un paso más allá. Y con ello, la rabia de los seguidores.

De acuerdo al medio Unión Rayo, la Asamblea de aficionados del Rayo Vallecano celebrada el pasado domingo acordó dejar vacío El Plantío como medida de protesta contra la gestión de Martín Presa. Exigen el regreso del club a su campo lo antes posible y garantías de que podrán quedarse en el que consideran su hogar. El presidente continúa empeñado en trasladar la entidad fuera de Vallecas. Para muchos aficionados, esa es la principal razón tras la falta de mantenimiento en la infraestructura y la no ejecución de medidas de seguridad básicas, que ha acabado provocando la intervención autonómica.

La Comunidad de Madrid convoca a Martín Presa

El consejero de Cultura y Deporte, Mariano de Paco, ha convocado este lunes a Martín Presa para “abordar los impedimentos a la intervención del Gobierno regional”. De Paco comunicó a los medios el pasado martes la retirada de la concesión al Rayo por “incumplimientos continuados de las condiciones”, después de que el club no detallara el estado de sus sistemas de prevención contra incendios o de salubridad del agua, algunas de las principales fallas detectadas en la auditoría técnica previa a la gran reforma prevista en 2027.

Desde el miércoles, operarios movilizados por la Comunidad de Madrid han tratado de acceder a las instalaciones. De momento solo han podido empezar a trabajar en la parte que explotan varias federaciones deportivas madrileñas, ya que los responsables del Rayo no les han abierto la puerta. Así, técnicos de jardinería no han podido iniciar sus labores de mantenimiento y mejora del césped. Ante la negativa de la directiva, el Gobierno de Sol denunció a varios miembros de la cúpula rayista a la Policía Nacional. Demasiados giros de guion en una telenovela veraniega donde quienes sufren y pagan todos los sinsabores son los aficionados, así como unos jugadores que acaban de completar la hazaña de disputar la primera final europea del Rayo.

Mientras la hinchada rayista ha hablado de “vergüenza”, “dejadez” o “interés por hacer negocio” en sus reproches a Martín Presa (y en menor medida a la “tardía” actuación de la Comunidad de Madrid), jugadores del equipo han comenzado a pronunciarse. A través de un comunicado en X, el futbolista Óscar Valentín indicó que “la plantilla del Rayo quiere expresar su deseo y voluntad de seguri jugando en Vallecas, junto a nuestra gente y nuestro estadio”. “Durante demasiado tiempo las advertencias no merecieron la atención que merecían por parte de la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano. Hoy nos encontramos con las consecuencias. Esto podía haberse evitado”, denuncia.

“Esta situación afecta directamente a nuestra gente. A miles de aficionados que cada quince días llenan Vallecas con la única intención de animar al Rayo y que merecen hacerlo con todas las garantías de seguridad y en unas instalaciones acordes a la historia de este club”, reclamaba el comunicado. Unas garantías que, a poder ser, no tengan que llegar después de más de 200 kilómetros de carretera.

“El plan de negocio recoge una compra para la tramitación y cambio de uso. Lo que haremos es adquirir el activo y acto seguido solicitaremos la licencia para convertirlo en turístico a través del Plan Reside”. Con esta claridad expone el fondo inmobiliario Urbanitae sus objetivos en un piso de Lavapiés, en el centro de Madrid, del que los vecinos se han ido marchando en los últimos meses. Pero la sentencia no solo esclarece el propósito de la empresa privada, sino que ilustra la herramienta en favor de la turistificación y en contra de los residentes permanentes en la que se ha convertido una de las principales iniciativas del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida en materia de vivienda.

“La operación consiste en adquirir un edificio residencial prácticamente reformado en el barrio de Lavapiés, compuesto por 19 apartamentos y un local comercial, para su explotación como alojamiento turístico bajo el marco del Plan Reside del Ayuntamiento de Madrid y su posterior venta a un inversor institucional o patrimonialista”, recalcan desde la web de Urbanitae. En ella también se aloja el vídeo donde Luis Maura, director asociado de esta compañía del sector inmobiliario, presenta el “proyecto de plusvalía” en el número 50 de la calle de Lavapiés. Lo anuncian justamente con el nombre de Lavapiés 50, reclamo atractivo y fácil de memorizar.

El portal cita específicamente la utilidad del Plan Reside a la hora de vaciar este bloque: “Es el marco regulatorio del Ayuntamiento de Madrid que permite la conversión de determinados inmuebles residenciales a uso de apartamento turístico durante un plazo máximo de 15 años, siempre que cumplan los requisitos técnicos y urbanísticos aplicables. En este proyecto, la obtención de la licencia turística es una pieza clave de la estrategia de valor añadido. La conversión del activo bajo el Plan Reside permite ampliar el universo de compradores potenciales en la desinversión, especialmente entre inversores institucionales y patrimonialistas interesados en activos operativos con ingresos recurrentes”.

El equipo de Almeida ha repetido incesantemente que el Plan Reside “protege el uso de la vivienda habitual y ubica los pisos turísticos fuera de edificios residenciales”. “Persigue tres objetivos: acabar con la pérdida de población del centro de la ciudad y ampliar la oferta residencial, ordenar la oferta turística y mejorar la convivencia entre vecinos y visitantes”, sostenía el Consistorio tras su presentación en 2024.

Posteriormente, cuando en agosto de 2025 la Comunidad de Madrid aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que facilitaba su implantación, desde Cibeles insistieron en que “blinda el uso de la vivienda habitual y lleva los pisos turísticos fuera de los edificios residenciales para la protección y mejora del uso residencial en Madrid”. Fondos como Urbanitae, por contra, lo citan como un motor para reducir la oferta de alojamientos tradicionales.

El Plan Reside, de “acabar con la pérdida de población del centro” a herramienta de los fondos

Esta operación inmobiliaria en un barrio igual de céntrico que de popular, de la que ya informó el portal xLavapiés, está desalojando a los residentes de un edificio de cuatro plantas. Cuenta con 19 viviendas y un local comercial donde actualmente se ubica una tienda de alimentación. Sin embargo, como traslada a Somos Lavapiés una de las personas que vive en el bloque durante una conversación junto al propio portal, ya apenas quedan “tres o cuatro pisos con gente dentro”.

El Plan Reside separa a turistas de residentes, ya que prohíbe los Airbnb dispersos en el corazón de Madrid y a cambio ofrece dedicar edificios enteros a los apartamentos turísticos, con ciertas condiciones. Fuera de la almendra central que circunscribe la M-30 (no es este caso), pueden habilitarse en bajos, sótanos o primeras plantas. A priori parece más restrictivo que el Plan Especial de Hospedaje aprobado durante el mandato de Manuela Carmena, al que sustituye desde que entró en vigor en septiembre de 2025, ya que permite viviendas turísticas en menos lugares. No obstante, ha abierto la puerta a una posibilidad que no existía: convertir edificios residenciales enteros en pisos turísticos, lo que puede suceder en el 73% de bloques de la almendra central de Madrid, según un estudio que publicó el PSOE.

Ante la posibilidad de que fondos buitres adquieran bloques enteros para dedicarlos al turismo, los socialistas lo han calificado de “Plan Especula” y Más Madrid llama “Plan Expulsa” al cambio normativo. En la formación que lidera Rita Maestre alertan de que hasta 315.000 pisos podrían convertirse legalmente en turísticos en Madrid, frente a los 15.000 existentes cuando la nueva legislación entró en vigor. El partido ha solicitado de manera incesante su derogación por “acelerar la especulación inmobiliaria”.

Hacia un edificio fantasma

Lo que está ocurriendo en Lavapiés 50 refuerza las enormes críticas de la oposición. “Sé que me tendré que ir en cuanto me venza el contrato el año que viene”, lamenta el residente que conversa con este medio, y que en 2027 cumplirá cinco años en el inmueble. Dice que los vecinos están al tanto del proceso de compra, aunque en su caso no ha habido ninguna comunicación específica: “Que no van a renovar es una suposición, pero tiene toda la pinta. El edificio se ha ido quedando vacío y han precintado las puertas de los pisos de los que se marcha la gente”. Cuenta que algunos inquilinos llegaron a acuerdos con la propiedad para marcharse antes incluso de que vencieran sus alquileres.

Sé que me tendré que ir en cuanto me venza el contrato el año que viene. El edificio se ha ido quedando vacío y han precintado las puertas de los pisos de los que se marcha la gente

Este testimonio también cuestiona otro de los puntales del Plan Reside: la ejecución de importantes reformas en edificios degradados para mejorarlos a nivel estructural o estético. El propio Luis Maura hablaba ya de una “inversión reducida, pues acaba de realizar una reforma”. “Para adaptar el activo al Plan Reside llevaremos a cabo obras menores”, apostilla en el clip. La persona que atiende a este periódico habla, en cambio, de una “reforma de chapa y pintura para ponerle mejor cara”, en referencia a la que ejecutó el anterior dueño. Esa que según Urbanitae fue una rehabilitación de calado y ahora no hace necesarias grandes intervenciones.

“El edificio se ha ido pasando de un fondo a otro”, lamenta. Por eso no tardaron en percatarse de la llegada de un nuevo comprador hace unos meses: “Venían los trajeados”, dice. Fue el primer aviso de que sus estancias en el corazón de Lavapiés estaban a punto de terminar... salvo que encuentren alguna alternativa en un barrio enormemente tensionado en lo que tiene que ver con el precio de la vivienda y con la acción de grandes fondos inmobiliarios.

Un plan de negocio a medida frente a la única vecina que puede resistir

La situación, eso sí, es diferente en uno de esos “tres o cuatro pisos” donde todavía queda algo de vida. En él, los nuevos propietarios no podrán comenzar a actuar en cuanto finalice el contrato dentro de uno o dos años. “Ahí una señora arriba que tiene un alquiler de renta antigua”. Esto es, un arrendamiento firmado antes del 9 de mayo de 1985, fecha de entrada en vigor del conocido como decreto Boyer. Este tipo de contratos son indefinidos hasta la defunción del titular o de la primera persona en la que lo subrogó, al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. A tenor literal del Plan Reside y siguiendo su ambición por limitar los pisos turísticos a edificios dedicados íntegramente a esta actividad, esta será una importante traba para que se cumplan los planes de Urbanitae (la alternativa sería llegar a un acuerdo económico o de realojo con la arrendataria). Sin embargo, no lo mencionan en su web ni en el vídeo subido a YouTube.

En estos contenidos sí detallan el respaldo a la compra y explotación del inmueble, que no se ejecutará únicamente a través de Urbanitae: “El socio promotor es Jamison Group, firma inmobiliaria fundada en 2008 y respaldada por más de 25 años de experiencia en desarrollo y gestión de activos en Europa, Latinoamérica, África y la región del Golfo. La compañía está liderada por Mariano Martí, cofundador y experto en gestión de activos y derecho inmobiliario; Bertrand Guillot, managing partner con más de 30 años de experiencia en banca de inversión internacional y private equity; y Victoria Dowling, project director con amplia trayectoria en desarrollo urbano en Madrid y Buenos Aires”. Mencionan que Jamison Group gestiona “una cartera de 23 apartamentos en barrios céntricos de Madrid, como Las Letras y Salamanca”.

También pronostican el retorno económico que la inversión inmobiliaria dejará en sus arcas: “Primero, los inversores de Urbanitae recuperan su capital y obtienen un retorno preferente del 14% anual; después, Jamison Group recibe un catch-up equivalente al 14% sobre su aportación; y, finalmente, los excedentes restantes se distribuyen al 50% entre Urbanitae e inversores, por un lado, y Jamison Group, por otro”.

Este periódico ha tratado de contactar a Urbanitae para conocer los pormenores de la operación, sin recibir respuesta hasta el momento. Tampoco la ha habido desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento, liderada por Borja Carabante, al trasladarles algunas cuestiones sobre las implicaciones prácticas del Plan Reside en casos como este y si consideran que desvirtúa su concepción original de la normativa o se corresponde con ella.

El PSOE ha solicitado formalmente al consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, visitar el ático que el Gobierno de Sol pretendía utilizar como “lugar de reuniones para Isabel Díaz Ayuso y un pequeño equipo de colaboradores”, según fuentes autonómicas. La portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, lo ha anunciado ante los medios de comunicación junto a la ubicación del inmueble, en el número 35 del Paseo del General Martínez Campos. La socialista ha hablado de un “aticazo” ante el cual “debe dar explicaciones a todos los partidos, entre ellos el PP”. Su formación ha registrado “más de treinta solicitudes” en el portal de transparecina Madrid y ante Planifica Madrid para conocer pormenorizadamente lo que ha ocurrido con la frustrada compra.

Para Espinar, el objetivo de la presidenta con estas y otras operaciones inmobiliaria es claro: “Ayuso ha venido a vivir como Dios. Lo que no le pague Quirón se lo vamos a pagar todos”. Por ello, cree que “los madrileños tienen derecho a saber en qué se está gastando el dinero de todos ellos”. Espinar ha recordado que ya el pasado verano se conoció el uso de Ayuso de una residencia estival de la Comunidad en el municipio de Rascafría, con piscina incluída.

El ático de la discordia se encuentra en una de las zonas más caras y selectas de la capital. Cuenta con 485 metros cuadrados de superficie y 200 de terraza. El edificio posee además una puerta de entrada y salida específica para el servicio, como ha podido comprobar in situ este medio. La frustrada “sala de reuniones ” fue adquirida con dinero público por la Comunidad de Madrid a hurtadillas y el Gobierno de Ayuso anunciaba su venta este jueves. Es decir, solo un día después de que saltara la noticia de su intención de utilizarlo como espacio de trabajo temporal.

Desde la Comunidad aseguran que dedicarán el dinero conseguido a paliar los efectos de los incendios que han asolado la región las últimas semanas. “Marca Ayuso. Es una demagoga y utiliza lo que ha pasado en Madrid por su negligencia para tapar algo que ha intentado hacer por la puerta de atrás. Lo que está claro es que ha mentido”, arremete Espinar. La Comunidad los ingresos que obtendrá en 20 millones de euros, aunque esa cantidad incluye la venta de propiedades que ya estaban en el mercado, como un edificio de Gran Vía.

En la operación con el inmueble de Chamberí, que está en manos de la empresa pública Planifica Madrid, se exigió a la parte vendedora la firma de un acuerdo de confidencialidad con carácter previo incluso a la visita del piso, según explican fuentes conocedoras del proceso. La presidenta autonómica afirmó el miércoles que iba a destinarse a “reuniones”, pese a que de acuerdo a la normativa no puede convertirse en oficinas.

El Ejecutivo regional justifica el traslado por obras en la sede de Sol, que no han derivado en ninguna licitación en lo que va de año ni tienen fecha estimada. “También debe explicar esto. Hemos sabido que son trabajos para climatizar, cuando no lo ha hecho ni en los colegios ni en las residencias de mayores”, ha lamentado Espinar. El equipo de Ayuso ni siquiera había pedido al Ayuntamiento el necesario cambio de uso en ático para desarrollar la actividad que tenía prevista de forma temporal, durante unas obras en la Puerta del Sol de gran calado que tampoco habían sido anunciadas. Lo comunicaba el pasado jueves la vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz. “Ayuso debe dejar de tomar por tontos a los madrileños”, sostiene la portavoz socialista.

La controversia ha coincidido con la puesta en venta del piso en el que residían la dirigente autonómica y su pareja, el empresario y comisionista Alberto González Amador. Aparece promocionado en la web de una conocida inmobiliaria por 1.790.000 euros. Esto es, más del doble del importe por el que fue adquirido en 2022. Sobre la coincidencia de ambas operaciones, Espinar se ha pronunciado en estos términos: “Yo tenía un profesor que solía decir que muchas veces la casualidad es empecinamiento. Pone a la venta su vivienda y casi al mismo tiempo intenta comprarse otro aticazo, mucho más grande además”. La diputada autonómica considera que “Ayuso debe dar muchas explicaciones”.

“Mira, ¿sabes qué te digo? Ojalá esto fuese el mayor problema de la vida”. Entre insultos al presidente del Rayo Vallecano, exabruptos contra la situación de la entidad y preguntas al aire sobre qué va a pasar después de que la Comunidad de Madrid haya extinguido la concesión, la reflexión de este aficionado franjirrojo casi parece venida de otro planeta. Uno en el que el equipo con más solera de la ciudad es solo fútbol y no una forma de vida. Un mundo en el que la identidad del barrio no depende del campo donde dejarse las gargantas y el espíritu cada quince días.

La frase, sin embargo, resume un enfado tan enquistado en la hinchada que comienza a convertirse en resignación. En medio del fuego cruzado entre la directiva y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que este miércoles ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional por los impedimentos para tomar el control del recinto e iniciar unas obras “urgentes”, los seguidores rayistas tratan de asimilar una noticia chocante aunque no sorprendente: su estadio, con 50 años de historia (casi la mitad que la de todo el club), va a dejar de poder acoger partidos del Rayo “de dos a seis meses”. Será así hasta que el Gobierno autonómico acometa los trabajos de emergencia y decida qué hacer con una nueva concesión.

Una mujer expresa la rabia desganada que se desliza en las palabras que abren este artículo, pero de un modo más metafórico: “Es como ver que Julio Iglesias tiene un hijo, una noticia más”. Eso sí, no todo el mundo se resigna, como demuestra un veterano socio que se desahoga frente a una de las puertas de las instalaciones: “¡En el último partido esto estaba lleno de basura y hasta de palomas muertas! El campo está bien hecho, pero abandonado. Si se rompe el marcador, lo que hacen es cambiarlo por otro enano en una esquina. Es una vergüenza”.

Alberto, otro aficionado, cree que “el verdadero milagro del Rayo no ha sido la final de la Conference League, sino que tal y como está el campo no haya pasado ninguna desgracia”. Define todo lo que está pasando como “un disparate”. Su amigo José expone una de las teorías más extendidas en Vallecas: “Creíamos que iba a dejar morir el espacio para que le hagan un campo gratis. Al menos esa era su intención, claro”. Ese “dejar morir” se traduce en falta de unas medidas de seguridad o sociosanitarias mínimas, así como acumulación de residuos y enseres en zonas como el bar, con el consiguiente riesgo de incendio. Por no hablar de la falta de inversión en acciones tan básicas como la venta online de entradas o la apertura de una tienda oficial.

Aunque ya no vive en Madrid, Alberto iba a aprovechar su estancia veraniega en la ciudad para ver el partido de la segunda jornada ante el Deportivo Alavés, el 20 de agosto. Será el primero que el club juegue como local una vez suspendida la concesión. El lugar en el que se disputará sigue siendo una incógnita, aunque parte como principal candidato el Estadio de Butarque, en Leganés. El traslado no solo implica complicaciones logísticas, sino que merma el ambiente y la comunión de una afición con gran apego al territorio. “Ya nos vemos en Valdebebas”, comentan con preocupación en los alrededores. Otra persona recuerda que la directiva ni siquiera desplegó autobuses para cubrir y costear el traslado a Butarque la pasada temporada, cuando el equipo se enfrentó allí al Oviedo por el mal estado del césped.

Por eso Rafa, socio número 1 del club, lo tiene claro: “A Leganés irá su tía [la de Martín Presa]”. A sus 90 años, recuerda un exilio previo del Rayo, cuando antes de jugar en su estadio disputó sus encuentros durante cinco años en el antiguo Estadio de Vallehermoso de Chamberí. Con una sonrisa permanente en su cara que no oculta la preocupación, Rafa culpa de toda la situación al presidente: “Si no pagas la contribución de tu piso te pueden acabar echando, ¿no? Pues aquí pasa igual”. Su carisma es reverenciado en Vallecas. “Si nos llevan a Leganés a Rafa le tienen que poner una limusina”, comenta un seguidor.

La mayoría de aficionados ve con buenos ojos la medida del Gobierno autonómico, de hecho algunos reclaman que debería haber llegado mucho antes: “La vergüenza es que la Comunidad de Madrid ha estado 15 años mirando a otro lado”, dice un rayista. El sentir general es que la progresiva devaluación en el mantenimiento de las instalaciones ha sido una constante desde la llegada de Martín Presa en 2011. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso acometió ya reformas para reforzar la estructura y prepara otra de gran calado para modernizarla, pero estas de carácter “urgente” se enfocan a elementos tan elementales como los sistemas contra incendios o los que garantizan la salubridad del agua.

Otro reproche, o más bien suspicacia, hacia el Gobierno regional tiene que ver con el futuro modelo para el estadio. Tanto el enfoque de las reformas como las implicaciones de esa posible nueva concesión a una empresa tercera que a su vez lo ceda al Rayo (a imitación de lo que ocurre con Estudiantes y Real Madrid en el Movistar Arena): “El problema es que lo que quieren es hacer negocio”, opina un hincha.

En medio del hartazgo y los temores, el club sigue gastando renovaciones de abonos a un precio que alcanza los 1.400 euros. “Sabía que le iban a echar antes de lanzar la campaña”, apunta con desprecio un hincha. Los trámites se completan a mano en una mesa y varias sillas portátiles colocadas en los exteriores del recinto. Pese a que ya saben que durante una larga temporada no podrán ver al club en su hogar común, decenas de aficionados acuden con la esperanza del regreso y de que mantener su apoyo ayude a encauzar la situación de la entidad. “Si no renuevas pierdes tu número”, apostilla además uno de ellos. Esto puede implicar perder ventajas económicas y logísticas o incluso no poder adquirirlo de nuevo.

Entre vecinos, curiosos y seguidores, la mañana del miércoles se ha desarrollado con una creciente tensión sobre el inicio de las obras. Finalmente, no han arrancado, ante la negativa de los dirigentes a entregar las llaves. Un par de jardineros contratos por la Comunidad de Madrid han permanecido horas esperando, sin éxito, entrar para comprobar el estado del césped. Llegado cierto punto, se han marchado a tomar un café. Luego han regresado, sin que hubiera muchas novedades.

Más suerte han tenido otros operarios movilizados por el Ejecutivo autonómico para labores de fontanería, electricidad, calefacción o saneamiento. Este personal puede iniciar sus trabajos en el edificio adyacente al Estadio de Vallecas, donde se encuentran las sedes de cuatro federaciones deportivas madrileñas: la de ajedrez, la de boxeo, la de billar y la de tenis de mesa. “Falta hace, porque el otro día hubo una fuga de agua tremenda en la de boxeo”, alerta un residente de la zona.

Ni los trabajadores desplegados ni los miembros de estas federaciones han querido pronunciarse por el momento en los medios, durante una desconcertante mañana que ha terminado con la denuncia de un Gobierno regional a un club emblema ante la Policía. Alegan que el vicepresidente y el jefe de los servicios jurídicos del club han obstruido el inicio de unos trabajos “urgentes”. El último giro de guion para una afición y un barrio que no pueden saborear su momento de mayor esplendor deportivo debido a la precariedad en todo lo que les rodea.

“No es solo el Estadio. La ciudad deportiva también se cae a cachos”, recuerda un rayista sobre las instalaciones que usan los equipos filiales o la cantera en el Ensanche de Vallecas. El fútbol femenino, del que el Rayo fue emblema hace años, lleva años en caída libre ante la falta de dotación económica o de una dirección deportiva profesional. Es la paradoja del Rayo, que resume un seguidor con un recuerdo: “Andoni Iraola estaba dando una rueda de prensa hace dos o tres años mientras todo lo que tenía de fondos se caía a cachos. Aquí lo hizo tan bien que ahora está entrenando al Liverpool. Y nosotros vamos camino de quedarnos en la calle”.

La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en su confrontación con el Rayo Vallecano, después de que la entidad presidida por Raúl Martín Presa no haya permitido entrar este miércoles al Estadio de Vallecas a trabajadores movilizados por el Gobierno autonómico para unas obras que considera “urgentes”, a tenor de una auditoría técnica “sorprendente y demoledora”. La última novedad es que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional después de esas trabas por parte de la directiva.

Fuentes de la Consejería de Cultura y Deporte trasladan a Somos Madrid que esta decisión llega “por impedir el acceso al personal que debía iniciar las obras urgentes de mantenimiento”. Y añaden: “Responsables del club, concretamente su vicepresidente [José María Sardá de Abreu] y el jefe de los servicios jurídicos del Club, se han negado a facilitar el acceso al personal técnico y operario designado por el Gobierno regional para ejercer las funciones de inspección, comprobación y ejecución derivadas de la suspensión cautelar de la concesión. A raíz de ella, el concesionario carece de título jurídico suficiente para continuar desarrollando actividad en la instalación, que pasa a estar bajo control de la Comunidad de Madrid”.

Desde las 9.00 de este miércoles se han personado en las inmediaciones del recinto rayista técnicos de jardinería, electricidad, fontanería, climatización y ventilación. Ante la negativa del Rayo Vallecano, el personal ha empezado a trabajar en el edificio adyacente al estadio, cedido a distintas federaciones deportivas. La excepción ha sido el personal de jardinería, que horas después permanece fuera del campo a la espera de poder entrar a hacerse cargo del césped (uno de los aspectos más cuestionados de la estructura).

Ayuso ve “riesgo para la seguridad” en el estadio: “Nos hemos visto obligados”

La noticia llega horas después de que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, se haya referido por primera vez a la controversia este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo extraordinario de Gobierno, aunque sin aportar novedades: “La auditoría externa traslada riesgo para la seguridad de las personas. Por ello, entendemos este proceso de extinción de la concesión por incumplimiento del club. Nos hemos visto obligados a tomar esta decisión, tomada junto a la Liga y las federaciones española y madrileña de fútbol”.

Fue este martes cuando el consejero, Mariano de Paco, anunció la extinción de la concesión para “garantizar la seguridad de las personas” ante incidencias sanitarias o en la prevención contra incendios. Precisó, eso sí, que los principales contratiempos estructurales quedaron solventados en una intervención anterior. Así, según ha detallado De Paco a modo de ejemplo, el club no ha aportado “registro sanitario de diferentes evaluaciones sobre la calidad de agua que se han demandado”.

El responsable autonómico de Cultura y Deporte lamentó el comportamiento de los dirigentes del Rayo durante todo el proceso postefior a la auditoría, que prosigue con esta nueva fase del encontronazo: “Lo que agrava aún más la actitud del club, y lo digo con pena, es que el pasado 12 de junio mandamos primer requerimiento de información para ver si justificaban todas las deficiencias. No solo no han aportado nada, sino que el último día de plazo pidieron una prórroga argumentando que era demasiada documentación, cuando es la que hay que tener para garantizar la seguridad de las personas. Le dimos la prórroga y volvió a no entregarnos la información. Actualmente, el mantenimiento del estadio no garantiza esa seguridad”.

De Paco considera que el club “ahora mismo no está capacitado para ser titular de una concesión pública”. “Lo que ha pasado es intolerable. Haremos las obras y después será necesaria una nueva concesión una vez entendamos que todo está en orden y con garantías de mantenimiento. El club desaparece de la ecuación”, reiteró. En cuanto a la posible nueva fórmula escogida, desliza un modelo similar al del Movistar Arena, donde la Comunidad de Madrid cede el espacio a una tercera empresa que a su vez alcanza compromisos con el Real Madrid y el Estudiantes. “Sería lo ideal”, confesó.

El Rayo disputa su primer partido como local el 20 de agosto ante el Deportivo Alavés, en la segunda jornada. De Paco da por hecho que tanto en ese como varios encuentros más la entidad deberá buscar un recinto alternativo. “La Federación y LaLiga y lo saben. Están trabajando en ello”, precisa De Paco. La pasada temporada, el Estadio de Butarque en Leganés suplió al Estadio de Vallecas ante el deterioro de su césped.

A diferencia de los otros dos clubes de fútbol de Primera División en Madrid ciudad, el Rayo Vallecano no dispone de estadio propio y disputa sus partidos en unas instalaciones propiedad de la Comunidad, que el Gobierno de Ayuso apuesta por renovar de forma integral para aumentar aforo y servicios. El club de fútbol usa estas instalaciones en régimen de concesión administrativa, que la entidad propietaria puede revertir para acometer obras de mantenimiento, como es el caso actual. Así, los trabajos que obligan a “extinguir la concesión con una medida cautelar de suspensión” no son los de la gran reforma (que sí dio pie a la auditoría técnica donde se han detectado las deficiencias), sino actuaciones previas de urgencia.

Nuevo capítulo del choque entre la presidencia del Rayo Vallecano y la Comunidad de Madrid, que anunciaba este martes por boca de su consejero de Cultura y Deporte la extinción de la concesión del Estadio de Vallecas al club, después de que una auditoría arrojase unos resultados “demoledores” sobre el estado del recinto. Mariano de Paco anunciaba unas obras “de dos a seis meses” durante las cuales la entidad deberá buscar un lugar alternativo para disputar sus partidos como local y que precederán a la gran reforma anunciada para 2027. También indicaba que los trabajos arrancarían este miércoles... pero la directiva rayista no lo ha permitido, al menos de momento.

Así lo ha comprobado Somos Madrid en las inmediaciones del estadio, donde varios jardineros y técnicos que iban a tratar el césped no han podido acceder al campo después de varias horas de espera. Empleados del club lo han vetado. Este periódico ha podido acreditar que a primera hora de la mañana estaba presente en el interior del estadio el vicepresidente del club, José María Sardá de Abreu.

Sí han entrado, aunque solo a las instalaciones adyacentes que el Gobierno autonómico cede a diversas federaciones deportivas madrileñas en el propio estadio (donde la directiva no tiene poder de mando), el resto del personal desplazado por la Comunidad. El objetivo es que comiencen a ejecutar de forma inmediata labores de electricidad, fontanería, climatización o ventilación.

Fuentes de la Consejería insisten en que se tratan de “obras urgentes de mantenimiento” y sentencian que “el Rayo no ha permitido el acceso del personal”. “El club ha presentado un escrito solicitando información que ya obra en su poder, porque se encuentra en el expediente remitido por correo electrónico”. Califican lo ocurrido como una “maniobra dilatoria”.

La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido por primera vez a la controversia este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo extraordinario de Gobierno, aunque no ha aportado novedades: “La auditoría externa traslada riesgo para la seguridad de las personas. Por ello, entendemos este proceso de extinción de la concesión por incumplimiento del club. Nos hemos visto obligados a tomar esta decisión, tomada junto a la Liga y las federaciones española y madrileña de fútbol”.

La mañana se ha desarrollado entre la tensión de los trabajadores de la entidad que llegaban a las instalaciones y las dudas o la indignación de vecinos y aficionados. La cúpula del club ha continuado renovando unos abonos cada vez más caros pese a la noticia, trasladando el punto de atención a unas mesas improvisadas colocadas en el exterior de una de las puertas. De Paco lamentó que el presidente, Raúl Martín Presa, lanzase la campaña de abonados y socios siendo ya conocedor del proceso para suspender la concesión.

La Comunidad de Madrid cuestiona a Martín Presa y estudia nuevo modelo de concesión

El Ejecutivo de Ayuso explicó en su encuentro con medios de la comunicación que toma esta decisión para “garantizar la seguridad de las personas” y que debe empezar obras para solucionar incidencias sanitarias o en la prevención contra incendios. Así, según ha detallado De Paco a modo de ejemplo, el club no ha aportado “registro sanitario de diferentes evaluaciones sobre la calidad de agua que se han demandado”.

El responsable autonómico de Cultura y Deporte lamentó el comportamiento de los dirigentes del Rayo durante todo el proceso posterior a la auditoría, que ha continuado con esta nueva fase del conflicto: “Lo que agrava aún más la actitud del club, y lo digo con pena, es que el pasado 12 de junio mandamos un primer requerimiento de información para ver si justificaban todas las deficiencias. No solo no han aportado nada, sino que el último día de plazo pidieron una prórroga argumentando que era demasiada documentación, cuando es la que hay que tener para garantizar la seguridad de las personas. Le dimos la prórroga y volvió a no entregarnos la información. Actualmente, el mantenimiento del estadio no garantiza esa seguridad”.

De Paco considera que el club “ahora mismo no está capacitado para ser titular de una concesión pública”. “Lo que ha pasado es intolerable. Haremos las obras y después será necesaria una nueva concesión, una vez entendamos que todo está en orden y con garantías de mantenimiento. El club desaparece de la ecuación”, reiteró. En cuanto a la posible nueva fórmula escogida, desliza un modelo similar al del Movistar Arena, donde la Comunidad de Madrid cede el espacio a una tercera empresa que a su vez alcanza compromisos con el Real Madrid y el Estudiantes. Esta compañía asumiría las obligaciones contractuales con el Ejecutivo autonómico y podría acordar la explotación deportiva con el Rayo. “Sería lo ideal”, ha respondido a preguntas de la prensa que planteaban este formato de concesión.

El equipo disputa su primer partido como local el próximo 20 de agosto ante el Deportivo Alavés en la segunda jornada. De Paco da por hecho que la entidad deberá buscar un recinto alternativo tanto en ese como en varios encuentros más. “La Federación y La Liga y lo saben. Están trabajando en ello”, precisa De Paco. La pasada temporada, el Estadio de Butarque en Leganés suplió temporalmente al Estadio de Vallecas ante el deterioro de su césped.

Al contrario que los otros dos clubes de fútbol de Primera División en Madrid ciudad, el Rayo Vallecano no dispone de estadio propio y disputa sus partidos en unas instalaciones propiedad de la Comunidad, que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso apuesta por renovar de forma integral para aumentar aforo y servicios. El club de fútbol usa estas instalaciones en régimen de concesión administrativa, que la entidad propietaria puede revertir para acometer obras de mantenimiento, como es el caso actual. Así, los trabajos que obligan a “extinguir la concesión con una medida cautelar de suspensión” no son los de la gran reforma (que sí dio pie a la auditoría técnica donde se han detectado las deficiencias), sino actuaciones previas de urgencia.

Una “okupación” de un espacio que supera las 200 hectáreas, casi el doble de las que posee el parque del Retiro, en plena Casa de Campo. Con ese término describe la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, la situación administrativa que permite la continuidad del Real Club de Campo Villa de Madrid con su actual modelo. La líder de la oposición viene denunciando de manera reiterada que los actuales gestores del entorno, un puntal de la jet set y de ciertos sectores cercanos al Partido Popular, se aprovechan de una concesión caducada desde 2025.

El enorme recinto deportivo se erige sobre suelo público, pero su explotación corre a cargo de un grupo privado de socios en la actualidad. Maestre explica en declaraciones a los medios el origen de esta cesión y una controvertida actuación posterior para exponer la anómala coyuntura legal que rige sobre el espacio: “Según el acuerdo del pleno municipal adoptado en 1991, las instalaciones del club debían volver a manos del Ayuntamiento el 31 de diciembre de 2025, revirtiendo a la ciudad y todos los madrileños. Sin embargo, a las puertas de las elecciones municipales de 2003 y con José María Álvarez del Manzano como alcalde, el propio club decidió por iniciativa propia alargar su concesión nueve años más, hasta 2034. Lo hizo sin contar para ello con el refrendo del pleno, al que correspondía legalmente la decisión”.

“El propio Ayuntamiento nos ha confirmado que el Club de Campo Villa de Madrid está okupando los terrenos públicos municipales, ya que la concesión municipal para su uso venció el pasado 31 de diciembre de 2025. Desde el pasado 1 de enero sus instalaciones, que son suelo público y patrimonio de todos los madrileños, están siendo usadas por los socios sin ningún título ni ninguna autorización que lo ampare. Por ello, exigimos al alcalde que termine con esta situación y recupere este patrimonio público para abrirlo como equipamiento deportivo a todas las vecinas y vecinos”, reclama la concejala.

La edil fue un paso más allá en un mensaje publicado a través de BlueSky: “La concesión de los terrenos municipales para que los amiguitos de la jet set del PP hagan hípica y jueguen al golf lleva meses caducadas. Con razón ven okupas por todas partes. Exigimos al alcalde que rescate inmediatamente las instalaciones”. Por las instalaciones del Real Club de Campo Villa de Madrid pasan asiduamente o han acudido de forma ocasional personalidades como la infanta Elena, Cayetano Martínez de Irujo, Carlos Alcaraz o Marta Ortega.

El Club y el Ayuntamiento sostienen que lo que ha caducado no es la concesión

Desde el Real Club de Campo Villa de Madrid aseveran en declaraciones a este medio que el ente “no tiene caducada su concesión como empresa mixta”. Y explica: “La convalidación del pleno municipal en 1991 solo fue necesaria por darse una situación especial en la vida de la sociedad, la incorporación al accionariado como accionista con el 24,5% de las acciones de Patrimonio del Estado. Únicamente por ese motivo se llevó al pleno la cesión de acciones, que debía ser autorizadas por el titular de las acciones tipo A (el Ayuntamiento), según el artículo 6 de los Estatutos, incluyéndose en el cambio estatutario la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025”. Es ese traspaso en parte de la titularidad del accionariado, sostienen, lo que estaría prescrito desde el 1 de enero.

“La prórroga de la concesión hasta el año 2034 que se hizo en el año 2003, por los tres accionistas de la sociedad mixta, no se llevó al pleno del Ayuntamiento por no existir ninguna circunstancia excepcional como la anteriormente descrita, siendo una facultad ordinaria de los tres accionistas conforme está recogido en sus estatutos fundacionales. Dado que la sociedad mixta se constituyó en el año 1984, la duración máxima de la sociedad mixta se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2034, fecha en que se cumplirán los 50 años establecidos legalmente”, exponen.

Desde el Ejecutivo de Cibeles desmienten las acusaciones del partido de Rita Maestre. En la Junta de Gobierno del pasado 16 de julio, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz desechó la acusación de “escándalo mayúsculo” al asegurar que “[Maestre] no se ha estudiado correctamente la estructura societaria y los acuerdos vinculados al Club de Campo”. Así, la número dos del Consistorio respaldó las explicaciones del Club de Campo y recordó que “la entidad se creó en los años ochenta con la participación del Ayuntamiento de Madrid y la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo, que aportó unos terrenos que tenía arrendados a Patrimonio del Estado [organismo adscrito al Ministerio de Hacienda]”.

“Patrimonio del Estado se incorporó como tercer socio y pasó a estar representado en el Consejo de Administración del Club de Campo tras firmar un acuerdo con la Hípica relacionado con esos terrenos. Es ese acuerdo entre Patrimonio del Estado y la Hípica el que ha caducado y cuya continuidad están negociando ambas partes”, apuntó Sanz, para luego apostillar que las reclamaciones de Más Madrid deberían dirigirse al ente de Hacienda y no al Ayuntamiento. Lo cierto es que la inauguración del Club de Campo en 1931 vino a raíz de un acuerdo entre Patrimonio del Estado y la por entonces conocida como Sociedad Deportiva Club de Campo, pero esta agrupación fue extinguida en 1984 y sustituida por la entidad vigente en estos momentos. Cuenta con alrededor de 34.000 miembros.

Sanz ha solicitado en cualquier caso a Más Madrid “un poquito de rigor” y ha defendido que, antes de formular una crítica, la oposición “debe estudiar el asunto”. Asimismo, echó en cara Más Madrid que cuestione ahora la gestión de las instalaciones cuando el Gobierno de Manuela Carmena no adoptó “una sola medida distinta de las que ahora se están llevando a cabo”.

Más Madrid alerta de otras irregularidades

Más Madrid venía denunciando ya irregularidades en el club, cuyo Consejo de Administración preside el propio José Luis Martínez-Almeida: “La gestión de nuevos socios es opaca. La lista de espera lleva bloqueada 20 años, mientras el total de miembros crece por la vía de parentesco con los socios ya inscritos. Por tanto, una institución que desarrolla su actividad en suelo público municipal funciona como un coto privado para una minoría privilegiada”. Maestre avanzó que su formación ha exigido ya “una auditoría”.

El Club de Campo acoge uno de los eventos en los que más dinero gasta el equipo de Almeida en lo que tiene que ver con patrocinios deportivos. El pasado año, el Consistorio destinó 3.630.000 euros en un contrato privado de patrocinio del Open de España de Golf. La subvención aumentó significativamente con respecto a la de años anteriores, debido a un nuevo convenio que se alarga hasta 2030.

La otra parte firmante, la compañía Madrid Trophy Promotion, organiza también el Open de Tenis, otro de los eventos deportivos que más dinero público recibe en la capital. En total, el Ayuntamiento de Madrid gastó en 2024 más de 17 millones de euros (impuestos no incluidos) en patrocinar este tipo de torneos, unas cantidades muy superiores a las que dedica cada año al deporte base.

El Rayo Vallecano tendrá que abandonar de forma inmediata su estadio y no podrá comenzar allí la temporada. La Comunidad de Madrid ha extinguido la concesión por la que actualmente disfruta del Estadio de Vallecas para acometer una reforma urgente de las instalaciones, ha explicado este martes el consejero de Cultura Turismo y Deporte, Mariano de Paco. La decisión llega después de una auditoría previa a la gran reforma de las instalaciones que ha arrojado unos resultados “sorprendentes y demoledores”: “Hemos encontrado muchos más problemas de los que pensábamos”.

El Gobierno regional ha explicado en un encuentro con medios de la comunicación que toma esta decisión para “garantizar la seguridad de las personas” y explica que tiene que empezar obras para solucionar incidencias sanitarias o en la prevención contra incendios. Precisan, eso sí, que los principales contratiempos estructurales quedaron solventados en una intervención anterior. Así, según ha detallado De Paco a modo de ejemplo, el club no ha aportado “registro sanitario de diferentes evaluaciones sobre la calidad de agua que se han demandado”.

El equipo disputa su primer partido como local el próximo 20 de agosto ante el Deportivo Alavés, en la segunda jornada. De Paco da por hecho que tanto en ese como varios encuentros más la entidad deberá buscar un recinto alternativo. “La Federación y LaLiga y lo saben. Están trabajando en ello”, precisa De Paco. La pasada temporada, el Estadio de Butarque en Leganés suplió al Estadio de Vallecas ante el deterioro de su césped.

Al contrario que los otros dos clubes de fútbol de Primera División en Madrid ciudad, el Rayo Vallecano no dispone de estadio propio y disputa sus partidos en unas instalaciones propiedad de la Comunidad, que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso apuesta por renovar de forma integral para aumentar aforo y servicios. El club de fútbol usa estas instalaciones en régimen de concesión administrativa, que la entidad propietaria puede revertir para acometer obras de mantenimiento, como es el caso actual. Así, los trabajos que obligan a “extinguir la concesión con una medida cautelar de suspensión” no son los de la gran reforma (que sí dio pie a la auditoría técnica donde se han detectado las deficiencias), sino actuaciones previas de urgencia.

La Comunidad cuestiona a la directiva del club: “No está capacitado para una concesión”

De Paco ha sido muy duro en la crítica al presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, por la falta de mantenimiento. Considera que el club “ahora mismo no está capacitado para ser titular de una concesión pública”. “Lo que ha pasado es intolerable”, ha zanjado para explicar la extinción del contrato.

“Haremos las obras y después será necesaria una nueva concesión una vez entendamos que todo está en orden y con garantías de mantenimiento. El club desaparece de la ecuación”, ha reiterado el consejero. En cuanto a la posible nueva fórmula escogida, desliza un modelo similar al del Movistar Arena, donde la Comunidad de Madrid cede el espacio a una tercera empresa que a su vez alcanza compromisos con el Real Madrid y el Estudiantes. Esta compañía asumiría las obligaciones contractuales con el Ejecutivo autonómico y podría acordar la explotación deportiva con el Rayo. “Sería lo ideal”, ha respondido a preguntas de la prensa que planteaban este formato de concesión.

El responsable autonómico de Cultura y Deporte ha lamentado además el comportamiento de los dirigentes del Rayo durante todo el proceso posteior a la auditoría: “Lo que agrava aún más la actitud del club, y lo digo con pena, es que el pasado 12 de junio mandamos primer requerimiento de información para ver si justificaban todas las deficiencias. No solo no han aportado nada, sino que el último día de plazo pidieron una prórroga argumentando que era demasiada documentación, cuando es la que hay que tener para garantizar la seguridad de las personas. Le dimos la prórroga y volvió a no entregarnos la información. Actualmente, el mantenimiento del estadio no garantiza esa seguridad”.

De Paco ha deslizado que las tensiones con la cúpula del ente franjirrojo van a seguir e incluso acrecentarse: “Las obras comenzarán mañana si nos abren la puerta”, ha dicho. Más tarde ha puntualizado que el club tiene diez días para acceder a la notificación del fin de la concesión, aunque “la intención es empezar los trabajos este mismo miércoles”. El consejero ha aclarado por su parte que “siempre he tenido la esperanza de recibir una llamada del presidente o parte de la documentación, pero no ha llegado, otra muestra del estado de dejación”. Cree además que “el presidente es el único que está generando polémica con todo esto, ni nosotros, ni la prensa, ni mucho menos los aficionados lo están haciendo”.

A preguntas de este periódico, De Paco ha aclarado que no desea “ninguna batalla legal”, pero admite que desde la Comunidad se preparan para una respuesta de la directiva que puede ser judicial o mediática: “Es cierto que el modus operandi habitual ha sido este. Burofax va, burofax viene y dejar pasarr los plazos. Me entristece la respuesta del club, pero es la que ha tenido en la última década y más allá. Ha hecho de esta forma de actuar un estilo de gestión, que está llevando a la ruina un emblema para la afición y para Madrid. No lo vamos a permitir. Nuestro objetivo es que la Liga y el fútbol vuelvan lo antes posible. Intervenimos porque es bueno para el club”.

En cuanto a posibles compensaciones a hinchas que ya han pagado el abono de esta temporada, la Comunidad de Madrid abre la puerta a compensaciones que no concreta: “Nos planteamos escenarios para paliar el menoscabo económico . No sé si tenemos capacidad para pagar los abonos, pero buscaremos reducir el efecto económico coordinándolo con LaLiga”.

La gran reforma del Estadio de Vallecas sigue adelante

Mariano de Paco ha incidido en la importancia de estos trabajos previos de cara a la reforma integral prevista el próximo año: “No solo no va a retrasarla, sino que la mejorará y la hará más eficaz. Lo que queremos es hacer del Estadio de Vallecas una gran infraestructural que hasta pueda tener su papel en el Mundial 2030”. Las gradas del campo se cerrarán, la capacidad aumentará a 18.000 espectadores y se edificará una gran torre en terrenos anexos de titularidad autonómica con servicios complementarios.

El propósito, sostiene el consejero, es lograr “una infraestructura a la altura del Rayo y del patrimonio deportivo e inmaterial que representa para el barrio, así como de los méritos deportivos que sí hay que concederles a los actuales dirigentes”. La pasada temporada, el equipo masculino alcanzó por primera vez una final europea, la de a Conference League. Aunque cayeron ante el Crystal Palace, su periplo en la competición ilusionó al barrio, la ciudad y todo el país.

De Paco se ha referido además al traslado a otra zona de Madrid que defiende Martín Presa. “Nunca negamos la psoibilidad de que el club sueñe con otro estadio, solo que vamos a garantizar que pueda hacerlo en el de Vallecas mientras lo necesite. Además, nos parece la mejor ubicación. En cualquier caso, aunque se mudaran, construir un nuevo estadio lleva cuatro o cinco años. ¿Qué hacemos ese tiempo? Pues arreglarlo”. El consejero no ha entrado a valorar si esa nueva ubicación que persigue Martín Presa ha podido incidir en la “dejación de funciones” o los menoscabos hallados durante la auditoría.

Tebas no cuestiona la medida y a Más Madrid le “huele a pelotazo”

La medida anunciada este martes ha generado ya reacciones en distintos ámbitos. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, no cuestionó la decisión de la Comunidad de Madrid ya que a su modo de ver apela a la seguridad de los aficionados y eso “no se puede poner en duda”. Considera que “queda tiempo” para decidir si juega contra el Alavés en un campo “alternativo”, posiblemente Butarque, en la segunda jornada de LaLiga EA Sports. Así lo ha comentado tras el acto de bienvenida a los clubes que han ascendido a Primera División. Tebas abundó igualmente en que será el Rayo quien decida qué estadio le acoge, siempre que cumpla con las condiciones que establece el fútbol profesional.

En cuanto al terreno político Olga Martínez, concejala de Más Madrid, denuncia el “cinismo” del PP, “llevándose ahora las manos a la cabeza por la gestión negligente de Presa al frente del club tras haberla consentido durante años”. Advierten que “no asegurar la continuidad del club y a la vez meter a un promotor intermediario para la gestión de las instalaciones huele a pelotazo”. “Defendemos que el Rayo se quede donde está, que el estadio se reforme y reclamamos que la Comunidad, el propio club y el Ayuntamiento se sienten con las peñas y el movimiento vecinal del barrio para que cualquier paso sea desde el consenso”, apostilla.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha calificado de “caótica y opaca” la gestión de Ayuso: “Genera una enorme preocupación a los vecinos y la afición”. Pese a ello, espera que las actuaciones “modernicen y mejoren un estadio que lleva demasiado tiempo necesitando intervenciones”. Asimismo, pide que la concesión vuelva al Rayo una vez terminen las obras: “El Estadio de Vallecas es símbolo esencial de la identidad vallecana y su convivencia”. Por ello, Maroto llama al “diálogo y la transparencia” entre el club y la Comunidad. De momento, sin embargo, los puentes parecen rotos.

La primera vez que Joaquín vio a España conquistar un Mundial, sus dos hijos gemelos tenían apenas cinco años. “Eran muy pequeñitos”, recuerda. Por aquel entonces, en 2010, pensó que era muy probable que aquello jamás se repitiese. Pero sucedió. En su casa, sin embargo, la final del pasado domingo se vivió con pesar. “Apenas lo celebramos. Fue una pena”. Unos días antes, la noche del martes 14 de julio, uno de sus hijos sufrió una brutal agresión policial mientras celebraba el triunfo de España ante Francia en las semis. Fue en los alrededores de la plaza de Colón, donde estaba instalada una de las pantallas gigantes para seguir el partido en las calles de Madrid. Fruto de esa actuación del agente, el joven de 21 años ha perdido un testículo.

“Estamos buscando testigos y más vídeos. Fue un hombre de algo más de 1,80, con complexión fuerte y barba. Es importante destacarlo para encontrar al autor y que algo así no se repita”, recalca en su conversación con Somos Madrid. Lo hace después de narrar con indignación todo lo acontecido esta última semana, aunque “más relajado y más tranquilo” que en sus primeras intervenciones televisivas sobre el tema. “Me pilló en Italia, lejos de casa. Cuando le pasan cosas así a los tuyos y no estás cerca la intranquilidad y el dolor son todavía mayores”, explica. Ya de regreso a Madrid y con su hijo fuera de peligro más allá de la extirpación, ha podido serenarse, aunque no su ímpetu por “hacer Justicia”.

“No entiendo que la policía se líe a porrazos de una forma salvaje. Los médicos nos dijeron que cuando se recibe un golpe de este tipo suele provocar un dolor intenso, pero para que llegar al estado de necrosis que obligó a quitárselo es muy inhabitual. Tuvo que ser un golpe tremendo”, cuenta Joaquín. A raíz del ataque, buscó otras actuaciones cuestionables de esa misma noche y concluye que es “tremendo” ver “cómo apalean gente en el suelo”. Jóvenes, adultos, personas mayores y niños que “simplemente celebraban el pase a la final del Mundial, que solo dejaban ver su alegría sin romper nada hasta que llegó la Policía”.

En imágenes de la celebración en torno a Colón puede verse cómo algunos aficionados toman las calles de alrededor y ocupan parte de la calzada, aunque un vídeo de la agresión muestra que el joven se encontraba en un paso de cebra (eso sí con el semáforo en verde para coches y el paso prohibido a viandantes). Estampas no muy distintas a las que poblaron todos los puntos de España esa noche y la de la victoria en la final, donde la mayoría de vehículos se sumaban al jolgorio haciendo sonar sus cláxones o sacando banderas por las ventanillas.

Joaquín cuestiona además que la agresión a su hijo, previa a las cargas policiales, incumple los protocolos en este tipo de actuaciones: “Cuando das un porrazo puede pasar cualquier cosa, pero se supone que los policías están entrenados para no dar en ciertas partes como la cara o las zonas íntimas. No entiendo por qué pasó lo que pasó y se incumplieron las normas más básicas”. Destaca que, según muestra el vídeo que ha podido ver, el propio agente da la vuelta a su hijo antes de golpearle en los testículos en lugar de la zona trasera.

Una violencia excesiva y descontrolado que ha motivado la rápida puesta a disposición del caso en los tribunales. “Presentamos la denuncia el viernes pasado y la primera cautelar del juez ha sido intervenir esas imágenes y las de las cámaras”. Además de la querella criminal, han iniciado un procedimiento civil para una indemnización. “Lo importante es localizar a la persona que ha hecho esto y que no pueda volver a hacerlo. Es un tipo que denigra al cuerpo y no debería llevar ese uniforme. La Policía no está para corromper el orden público y perturbar una celebración”.

Un policía sin identificar, ni siquiera el cuerpo al que pertenece

La grabación de una persona cercana al suceso no permite esclarecer el cuerpo al que pertenece el agente, según apunta Joaquín. Espera que las de las cámaras de la zona, que el magistrado ya ha solicitado, puedan esclarecer este punto e identificar al agente en concreto. Por el momento, tanto el Ayuntamiento como la Delegación del Gobierno han negado que forme parte de los cuerpos que dependen de cada administración: la Policía Municipal de Madrid y la Policía Nacional, respectivamente. Aunque en el primer caso, la negativa no es tajante.

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, aseguraba el pasado miércoles desde Cibeles que el Gobierno municipal no tienen “ningún tipo de confirmación de que haya ningún Policía Municipal implicado”. A renglón seguido, la concejala apostilló que abrirán “la correspondiente investigación en el caso de que llegase la denuncia que se ha presentado en los juzgados”.

Más claro fue el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que descartó que se trate de un profesional del cuerpo estatal en una entrevista para el programa Mañaneros 360 de RTVE: “No se trataría de una actuación de la Policía Nacional, aunque hay que dejar avanzar la investigación. Las imágenes parecen inaceptables y hay que adoptar las medidas necesarias”. En conversación con este periódico, Joaquín agradece a Martín el “gesto humano” y haber sido la única autoridad que se ha puesto en contacto con la familia después de lo ocurrido: “Hubiera agradecido que también lo hicieran desde el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid”.

Joaquín denuncia burlas en redes sociales

“En una casa esto no es poco, por mucho que pueda parecerlo y hasta haya gente que se ha burlado en redes. Mi madre, su abuela, estuvo llorando toda la noche en la que ocurrió”, subraya este padre coraje en busca de reparación. Aunque pueda parecer lo de menos, lamenta también no haber podido disfrutar de unos días tan especiales para todos: “No vivimos la final como el resto. Estábamos encantados con la victoria, claro, pero teníamos una desgracia vinculada además a la propia selección. Aunque indirectamente, claro, ellos son los menos culpables”.

Un equipo que ha conseguido, dice, “la comunión de todo un país”. Y esa unión que se saldó sin apenas destrozos, recuerda: “El día de la semifinal no hubo ni un detenido en Madrid”. Porque aquella noche lo que se quebró, al menos durante unos días (pero qué días), fue la ilusión de una familia: “Nos rompieron la alegría”, concluye Joaquín.

Pocas horas después de que la afición española estallase de alegría junto a la selección española, durante la celebración por la consecución de la segunda Copa del Mundo, Cibeles se prepara para un lavado de cara. No es que la hinchada haya deteriorado el monumento, sino que se trata de una restauración anunciada el pasado año para frenar y paliar el deterioro de este icono de Madrid.

El Ayuntamiento invierte 260.000 euros en una intervención de cinco meses que “garantizará la conservación del conjunto monumental”, resguardado ahora tras una lona. La Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano del Consistorio determinó la necesidad de la actuación por la acumulación de suciedad, grietas y fisuras; corrosión en elementos metálicos; alteraciones en la piedra; reintegraciones y morteros en mal estado en algunas zonas del conjunto monumental. También preparan medidas destinadas a mejorar la estabilidad del monumento, así como la reintegración de pequeñas pérdidas y el entonado final del conjunto.

Además de insistir en los pormenores de la rehabilitación, la principal novedad que han trasladado las autoridades en el acto de este miércoles es que los vecinos y vecinas de Madrid podrán visitar por primera vez la fuente, más allá de contemplarla a unos cuantos metros desde zonas peatonales o de subirse a ella para celebrar gestas deportivas (cuando estaba permitido). Así lo han comunicado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz y la concejala delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, que ha definado como “un chequeo” la obra de mejora y ha advertido que la circunstancia de mayor gravedad es “un leve movimiento” en la fuente.

En total, se van a habilitar 176 visitas guiadas con 2.640 plazas. Las primeras serán este sábado 25 y domingo 27 de julio, mientras que las demás tendrán lugar ya en septiembre. Las plazas pueden reservarse desde este jueves 23 de julio a las 10.00 en este enlace. Lo esperable es que se agoten en pocos minutos, como ya ocurrió con la rehabilitación de la Puerta de Alcalá, incluida igualmente en el programa Abierto por Restauración.

Estas visitas, de unos 50 minutos cada una, contarán con un guía y una persona auxiliar. Se llevarán a cabo alrededor del monumento y dentro del andamiaje, por lo que las medidas de seguridad son estrictas: no se permite calzado abierto como chanclas, llevar maletas y mochilas de gran tamaño o que suban menores de edad. Además, hay que acudir debidamente indentificado con DNI y es imprescindible completar la actividad con el casco de obra puesto.

Una serie de medidas que este miércoles han tenido que respetar ya las autoridades y periodistas que han contemplado el avance de los trabajos. Además de lo impresionante de contemplar a la Cibeles y sus leones a solo dos palmos, las explicaciones de las expertas son el complemento perfecto. Arquitectas y restauradoras han detallado minuciosamente el origen de la fuente, sus componentes (atención al contraste entre el mármol de Montesclaros con el de Carrara), sus simbolismos o las reformas que ya ha experimentado a lo largo de su historia.

250 años de historia, ahora más cerca que nunca

Diseñada por Ventura Rodríguez en 1777 dentro del proyecto de embellecimiento del Salón del Prado (1775), la fuente de Cibeles constituye uno de los principales emblemas de Madrid. La figura de la diosa fue esculpida por Francisco Gutiérrez Arribas, mientras que los leones fueron obra de Roberto Michel.

A lo largo de más de dos siglos de historia, la fuente ha experimentado diferentes transformaciones y actuaciones de conservación. Trasladada a su ubicación actual en 1895, ha sido restaurada en distintas ocasiones (1980 o 2016) para garantizar su preservación. Desde 2021, forma parte del Sitio Patrimonio Mundial Paseo del Prado y Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias, conocido como Paisaje de la Luz, y continúa siendo uno de los monumentos más reconocibles y representativos de la capital.

La arqueóloga Elena Rosado ha explicado a los medios que la reforma sigue a la de Neptuno (entre 2024 y 2025) y la de Apolo (2018), monumentos con un origen hermanados en el citado Salón del Prado. Ha detallado además que el proyecto de Ventura Rodríguez incluia un surtidor y un abrevadero al que dar forma con la escultura de unos niños. “Finalmente no lo pudo hacer y años después Juan de Villanueva colocó ahí un oso y un dragón, que permanecieron un tiempo hasta su insalvable deterioro”, ha expuesto.

A continuación, Rosado ha recordado el traslado a su céntrica ubicación actual a finales del siglo XIX. “Fue entonces cuando los leones y la diosa se orientaron hacia Sol, en vez de hacia Neptuno”, ha apostillado. También ha recuperado dos pasajes oscuros: cuando las celebraciones de triunfos del Real Madrid provocaron que la diosa perdiera su mano por el comportamiento incívico de algunos hinchas. Ocurrió por dos veces, en 1994 y 2002.

Como complemento a las visitas de la fuente de Cibeles, esta edición de Abierto por Restauración incluirá recorridos guiados al Pabellón de los Hexágonos, actualmente en proceso de rehabilitación. En total, el programa ofrecerá 248 visitas y 4.800 plazas gratuitas, de las que 72 visitas y 2.160 plazas corresponderán al pabellón.

El desahucio de Paquita, la mujer de 82 años con parkinson a la que la promotora dueña de su vivienda quiere expulsar para poner pisos turísticos, ha quedado aplazado. El desalojo estaba previsto para este miércoles 22 de julio a las 11.45, pero había comenzado a forjarse una gran contestación social y vecinal en La Latina, castiza zona del centro de Madrid.

La suspensión fue trasladada en la noche del lunes al abogado de Paquita. El auto judicial de la Sección Civil del Tribunal de Instancia número 36 de la capital, al que ha tenido acceso Somos Madrid, acuerda aplazar el proceso debido a la falta de un informe que verifique la situación de vulnerabilidad y una posterior solicitud de vivienda alternativa a las administraciones.

“Se acuerda reiterar con carácter urgente la emisión del informe solicitado, lo que deberán notificar a este órgano judicial a la mayor brevedad y en todo caso en el plazo máximo de diez días, suspendiéndose cautelarmente el lanzamiento previsto”, recoge el escrito judicial. Así, más allá de ese hiato de diaz días, no hay una nueva fecha fijada para el desahucio.

La empresa Tolesanta, a la que las autoridades cerraron varios pisos turísticos por ruidos y molestias, quiere echar a la mujer pese a que paga 1.180 euros de alquiler. El Sindicato de Inquilinas de Madrid y la Asociación Vecinal La Chispera han convocado una concentración, que se mantiene, para defender a Paquita y que pueda quedarse definitivamente. Ella solicita al menos quedarse en la casa donde lleva viviendo desde hace 28 años con su hijo, que ahora tiene 47, un tiempo más que le permita dar con una alternativa. “¿Adónde me voy a ir con unas semanas de aviso?”, se preguntaba en conversación con este periódico.

Paquita y su hijo, transportista, no son una familia vulnerable en los términios estrictos de la palabra, por mucho que ahora la Justicia les pida acreditar esa condición a la que les empuja el propio proceso: tienen ingresos de 3.000 euros al mes y estarían dispuestos incluso a aumentar los 1.150 euros de alquiler que abonan cada mes. Pero los dueños, la empresa Tolesanta SL, que tiene varios pisos turísticos, no le han dado alternativa. “Por aquí no ha venido nadie ni me han dicho por qué quieren que me vaya”, dice Paquita. “Si quieren que pague más, podríamos hablar”, acepta.

Para José Vicente de los Mozos, presidente de Ifema, quedan apenas dos meses para alcanzar un “sueño”: traer la Fórmula 1 a Madrid. Es la gran apuesta de la institución público-privada, pero también de los gobiernos de José Luis Martínez-Almeida y de Isabel Díaz Ayuso. Un “sueño” que cada vez más se convierte en una pesadilla para algunos vecinos y cuyos pasos recuerdan a otros macroeventos. Los beneficios que según De los Mozos y la presidenta autonómica traerá el Gran Premio no terminan de convencer a falta de los últimos preparativos de cara a septiembre. “No va a haber una revalorización de las casas. Pompeya también es más conocido después del volcán, pero fíjate cómo está”, dice con su habitual lenguaje metafórico Constantino, portavoz de la Plataforma Stop F1 Madrid.

Vecino del barrio de Las Cárcavas, donde los distritos de Hortaleza y Barajas colindan, Constantino es una de las figuras más activas contra el Gran Premio de España, que se desarrollará en los alrededores de Ifema entre el 11 y el 13 de septiembre. Resume así su postura: “La rentabilidad social es muy negativa. ¿Qué precio tiene un barrio?”. Desde su punto de vista, los promotores públicos y empresariales del proyecto “organizan Madrid en contra de los ciudadanos”.

El escenario a su espalda parece respaldarle: una enorme grúa de 40 metros ocupa la acera y la mitad de un carril. Sorprende, nada más llegar a Madring, la cantidad de personas que trabajan todavía construyendo las gradas o los pabellones. Para septiembre el circuito tiene que estar totalmente listo, pero hay muchas cuentas pendientes. Lo primero que se aprecia es una gran polvareda fruto de las obras, una “tormenta de arena”, como dicen algunos residentes. Inmaculada explica que el polvo llega fácilmente a las casas bajas más próximas al circuito, incluido su propio patio. Lidian con él desde hace meses. Constantino apostilla que las placas solares que hay instaladas en las casas de uno de sus vecinos están continuamente llenas de ese polvo. Es lo que tiene estar “en primera línea de playa”, añade irónicamente.

“Una vecina tenía una pancarta en la puerta de casa y algunos la interpelan”, asegura Constantino. El motivo es que declararse a favor o en contra se lee en algunos espacios como un posicionamiento político, en apoyo o detrimento del PP de Madrid. Pero a medida que las obras avanzan y las noticias sobre las posibles consecuencias son cada vez más frecuentes, parece que la acogida también es diferente. “Hay más personas que se están posicionando, ya no tengo que buscar a esos vecinos, ahora ellos me buscan a mí. También hay gente que no se pronuncia, pero que están en contra”, explica. “Al final a la gente le molestan cosas como no poder circular con su coche sin etiqueta y que a la vez vayan a pasar por aquí 20 monoplazas ultracontaminantes”, apunta Jesús, otro residente de los alrededores.

El ruido y las dudas

Cuando De los Mozos presentó el proyecto el pasado lunes 13 de julio durante un desayuno informativo en la capital junto a Ayuso, el directivo de Ifema aseguró que había ya un “sold out técnico” de las entradas y, como hacen también el alcalde y la presidenta regional, volvió a asegurar que el Gran Premio iba a traer mucho más beneficio que gasto: “Solo en sponsors vamos a pagar toda la infraestructura para el circuito”.

Insisten en que no habrá gasto público, cuando Ifema ha aportado al menos 137 millones de euros y el 62% del presupuesto del consorcio lo aportan Ayuntamiento y Comunidad. A ello hay que sumar gastos directos en patrocinios, eventos y actuaciones urbanas ligadas al circuito. Por ejemplo, el desvío de la vía pecuaria Vereda de los Leñeros (con un futuro puente incluido) para permitir que el trazado desvíe su recorrido actual sin que desaparezca un entorno que la ley protege por su valor ecológico e histórico.

“Ayuso y Almeida dicen que no van a gastar un euro de dinero público, pero Ifema la financian mayoritariamente ellos mismos. Y luego lo de la Vereda no lo consideran como una actuación por la Fórmula 1, se hace únicamente por eso. Los circuitos a coste cero no existen”, expone Jesús.

Al ser preguntado por las relaciones con los vecinos de la zona, De los Mozos aseguró que todavía se están haciendo test para el ruido. Pero, tal y como publicó elDiario.es el año pasado, Almeida planea suspender los niveles decibelios máximos previstos por la Ley del Ruido. Ahora, Ifema ha contratado a una empresa para auditar las vibraciones, el ruido o la contaminación del Gran Premio, según publica El País.

El ruido es, además, un vestigio de una lucha vecinal previa en el barrio. Una trabajadora de uno de los escasos negocios en Las Cárcarvas, área mayormente residencial donde también vive, comienza mostrándose aséptica con la Fórmula 1. Ni a favor ni en contra, como otro de los compañeros. Sin embargo, las discrepancias afloran cuando recuerda los incovenientes generados por el Mad Cool. El festival de música se celebraba en el entorno de Ifema hasta su traslado al recinto Iberdrola Music, entre Villaverde y Getafe, y dejó su huella en el vecindario. “Era atronador, no te dejaba dormir. Ahora veremos qué pasa, pero desde luego estos años hemos estado mucho más tranquilos”.

Carmen Morcillo, vecina del barrio de Villa-Rosa en el distrito de Hortaleza, va un paso más allá y apunta directamente a Ifema: “Llevamos años sufriendo sus ruidos, concretamente desde la llegada de la actual directiva de Ifema, que ha sido muy desconsiderada. Insisten en que son tres días de Fórmula 1, pero arrastramos ya los macrofestivales que hemos tenido durante años en el parking de Ifema, juntando a 35.000 personas. Ahí se han dado hasta 90 decibelios, las paredes de nuestras casas vibraban. Ahora no hay macrofestivales por las obras del Match Hospitality, pero siguen los conciertos en pabellones que no están insonorizados”. El pasado 10 y 11 julio, el recinto ferial acogió el festival techno Urban Wave Fest: “Las sesiones arrancaron a las 17.00 y terminaron las 6.00 de la madrugada”.

Cuenta que las calles más cercanas, como el final de Silvano, se sitúan a apenas unos 350 metros. Otra “primera línea de playa”, de las que hablaba Constantino. A esa distancia hay además una guardería, así como “otras cuatro en las proximidades, un colegio que trabaja con niños autistas a 600 metros y dos coles públicos”. Recuerda también la residencia de mayores en el número 38 de la calle Pedroñeras, también a menos de 400 metros.

En este contexto donde los festivales no han cesado y ahora se añade la incertidumbre de la Fórmula 1, Carmen ha emprendido una batalla personal ante las autoridades: “Me he puesto en contacto con Ifema, el Ayuntamiento y el Defensor del Pueblo. Presentamos una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Saben que tienen un problema. Hemos llegado a contabilizar 420 horas de ruido durante un año. Por aquí han pasado tres circos en pocas semanas. Es todo un carrusel de contaminación lumínica y acústica”.

Aunque Madring ha cercenado la celebración de los temidos macrofestivales, teme que el remedio sea peor que la enfermedad: “En la salida y la recta pueden alcanzar los 120 decibelios, pero eso cada coche, y son 20. Eso es más del doble del límite legal y roza el umbral del dolor. Y hay que sumarle el ruido de los helicópteros de la televisión o la policía. Carmen Morcillo recuerda el documento de la Comunidad de Madrid que llegaba a recomendar el desalojo de los vecinos de Silvano y Pedroñeras. ”Saben que serán decibelios estruendosos por encima del umbral del dolor. Consienten un problema grave de salud para los que allí viven. Les da igual nuestra salud“, critica. Avanza que ya ha contactado con allegados para irse de su casa durante el Gran Premio si la situación se vuelve insostenible, aunque de entrada pretende quedarse ”para comprobar de primera mano cómo afecta el ruido y poder registrarlo por si hay que denunciar“.

Ifema y los vecinos: de las invitaciones a la falta de comunicación

“Tenemos reuniones habituales con los vecinos de la zona para explicarles todo lo que hemos hecho”, aseguró el presidente de Ifema. Unas declaraciones que no casan con las de los afectados, que critican la falta de información y de cooperación, aunque sí se produjo una primera reunión: “Con la plataforma se reunieron una vez. Nos contaban que era la mejor idea de la historia contemporánea de este país, pero luego no han tenido en cuenta nuestra opinión ni nos han ofrecido una interlocución constante”. Según adelantó De los Mozos, sí que hubo una oferta: regalarles entradas para ver el Gran Premio. “Solo les han llegado a las asociaciones que les son amables”, asegura Constantino.

Otra propuesta fue que los residentes se vayan cuando se celebren las carreras, como planteó la Consejería de Medio Ambiente. Ideas que los residentes rechazan porque no defienden su casa “individualmente, sino el barrio en su conjunto”. “La idea es muy sencilla, les estorbamos, somos un problema para ellos”, lamenta Toni, vecino de Alameda de Osuna que se opone a Madring también por sus firmes convicciones ecologistas.

Otra forma de intentar que los vecinos se posicionen a favor ha sido asegurar que las casas se van a revalorizar, un extremo que tampoco termina de convencer. No solo por el ruido cuando se produzcan las competiciones, también porque en Valdebebas, el otro barrio próximo al circuito, se da una falta de servicios públicos obvia: no hay polideportivo, instituto o biblioteca públicos.

“Tiene tres cosas inútiles, un hospital que no lo es [el Hospital Zendal], la Ciudad de la Justicia que tampoco es lo que dice su nombre, un intercambiador que no intercambia y un cartel de construcción de un centro de salud que cambia cada cuatro años”, critica Constantino. Además, existe un miedo extra de que la Fórmula 1 no solo no ayudaría a esa supuesta revalorización, sino que también puede afectar a la convivencia de los que ya habitan en el barrio: el temor a que se celebren carreras ilegales, como ya ocurre en el circuito urbano de València.

Claro que no todo el mundo lo ve de la misma forma. Laureano, presidente de la asociación vecinal Las Cárcavas, sostiene que desde Ifema sí se han reunido con ellos “cinco o seis veces”. Desde su entidad abogan por una postura “apolítica”: “No nos metemos en ningún terreno político”. Con ello, paradójicamente, ejemplifican el carácter político de la llegada a Madrid de la Fórmula 1. Explica que su interés son “las mejoras para el barrio”, motivo de esos encuentros con Ifema, que resultan en “informes y datos que compartimos a través de nuestros canales de comunicación”.

Laureano considera que la cita automovilística “puede beneficiar a Madrid y a Valdebebas, donde hay muchos negocios en auge”. Ahora bien, coincide con la Plataforma Stop F1 en que Las Cárcavas es “el barrio más perjudicado” ya que, dada su infraestructura, “no se puede beneficiar a ningún comercio porque no se pueden poner más de los que hay”. Estos, a su vez, no están diseñados para atraer turistas ni apenas nuevos clientes: “Aquí lo que tenemos es un bar que no mete más de 30 personas, una peluquería, una barbería, una farmacia y una frutería”. Sostiene que “es una zona residencial donde a nivel económico esto ni nos va ni nos viene”. Rechaza asimismo cualquier tipo de favor ofrecido por Ifema. Ahí coincide de nuevo con la plataforma, para negar que desde la institución les hayan ofrecido entradas para acudir a la carrera: “No nos paga nadie ni nos han ofrecido nada”.

Entre esos negocios lo cierto es que hay todo tipo de perspectivas. La frutería es ahora un pequeño supermercado donde su plantilla acaba de incorporarse y desconocía, incluso, que la Fórmula 1 va a desarrollarse a pocos cientos de metros. En la peluquería, una empleada opina que “traerá cosas buenas y mala, como todo”. Mientras se tiñe, su clienta atiende con amabilidad las preguntas de este diario y defiende que “va a traer prosperidad a la ciudad”. Ambas minimizan las afecciones con uno de los argumentos que más se escuchan entre quienes ven el proyecto con buenos ojos: “Solo van a ser tres días”. Ya se han producido cortes de tráfico y carrera este mes, también se repetirán en agosto, pero ambas les restan importancia: “Para venir al trabajo tomo una ruta alternativa y ya”, dice la peluquera.

Una “gran Disneylandia” con el castillo situado en Valdebebas

“No estamos en contra de la Fórmula 1, sino de que se monte un circuito en medio de un barrio”, resume Constantino, mientras su compañero Jesús alerta de la “eventificación” de la ciudad. Un interés por parte de las administraciones en convertir Madrid en una especie de “gran Disneylandia”.

Esta vertiente comienza a verse ya en la zona de Valdebebas, donde los nuevos negocios hacen mella al alejarse del carácter casi exclusivamente residencial de Las Cárcavas. En los bloques de la calle Francisco Umbral, la “primera línea de playa” frente a Madring ofrece una doble estampa de obras. A las del graderío del trazado se unen las de varios edificios de colivings o flex livings.

Cuenta Constantino que el Bext Valdebebas, uno de los que ya están operativos, despertó una enorme oposición entre vecinos de la zona que no querían perder sus vistas. No en vano, los promotores aprovecharon el carácter de uso terciario de este tipo de negocios para construir con más plantas que los bloques de viviendas. “No consiguieron tumbarlo y eso desanimó a muchos que ahora no se ven con fuerza para unirse a pelear contra la Fórmula 1. Por lo menos abiertamente”.

Los cambios en el modelo habitacional y turístico de la zona se ejemplifican en el Hotel 101, perteneciente a una cadena cuya empresa tiene su sede en Singapur. La construcción sobresale en el entorno por sus grandes dimensiones, su color negro y el desierto a su alrededor.

De hecho, la edificación puede contemplarse desde el propio asfalto, como este medio pudo comprobar al recorrerlo en un bus de EMT. “Justo estaba viendo cómo se ve el hotel desde el Ferrari que vino el otro día”, comenta un trabajador cuando atiende a este periódico, mientras muestra un vídeo de la red social X.

Es el único gesto de emoción o humanidad en un lugar aséptico e impersonal, donde la recepción habitual de estos establecimientos se combina con otros puestos donde se ofrecen operaciones inmobiliarias. Desde el hotel no aclaran si nacen o pretenden crecer al calor de la una Fórmula 1 que, a pocos metros, ha abierto un socavón en la tierra. Con él, según los ecologistas que Toni representa en esta excursión, “destruyen humedales con gran valor ambiental”. Un agujero que parte el suelo en dos, como el propio evento ha hecho con el barrio dividiéndolo entre quienes lo defienden y quienes lo cuestionan. Aunque lo que reina, en realidad, es una amplia mayoría silenciosa y expectante.

Son poco más de las 17.00 de la tarde en Moncloa. Es una de las primeras paradas de la rúa de la selección española, ya campeona del mundo, por las calles de Madrid. Todavía quedan horas para que el bus con los jugadores pase por aquí, después de cumplir con las obligaciones protocolarias en Zarzuela y Moncloa, pero la ilusión y los nervios cunden en la afición que ya se congrega con banderas y camisetas. “¡Están ahí!”, exclama un niño cuando lo que atraviesa la carretera es un autobús cubierto procedente de Lugo.

Una ilusión ciega, una confianza en unos jugadores que han demostrado que pueden aparecer en cualquier parte. ¿De dónde surgió el gol de Ferran? ¿De dónde salía Unai Simón en cada despeje salvador? Es lo que explica la extraordinaria jornada que se ha vivido este lunes 20 de julio en Madrid.

“Llevamos aquí desde las 11.00. No hemos dormido mucho y estamos pasando calor, pero les queremos ver en primera fila cuando pasen”, cuenta a Somos Madrid la madre de una de las familias más madrugadoras en llegar a Moncloa. Otra mujer empieza a tararear de la nada, anticipando lo que vendrá, el Superestrella de Aitana. Preparativos para que un día después de hacer historia, la historia en sí y los protagonistas de ella se hicieran presentes en las calles de la capital.

La espera ha sido tan larga como llevadera. El alrededor de dos millones de personas que se ha congregado en Madrid, según fuentes oficiales, ha amenizado la espera dejándose las gargantas con cualquier camión de basura que pasaba y haciendo sonar los cláxones con los buses de transporte público, como si dentro fueran Lamine Yamal, Rodri Hernández y compañía. Los niños que aguardaban la llegada de sus ídolos subidos a escaleras se envalentonaban cada vez que el público jaleaba a un taxi. Movían sus cabezas tratando de dar con el rostro de Mikel Oyazábal o el de Nico Williams, sin saber que todavía quedaban horas y aquel jaleo era fruto de aficionados con ganas de jarana.

Porque los 26 autores de la proeza, junto al cuerpo técnico de Luis de la Fuente, se han hecho esperar hasta pasadas las 20.00 en las calles. Han iniciado entonces un lento recorrido desde la calle Princesa hasta Moncloa. Las aceras, las plazas y hasta las medianas a su paso han estado abarrotadas y bañadas de rojigualdo. Adolescentes, señoras mayores y hasta bebés de pocas semanas que por desgracia no podrán recordar esta proeza. También proliferan, por desgracia, cada vez más banderas con la cruz de Borgoña portadas por jóvenes. Igual que se ha podido ver alguna de Palestina y muchas de las distintas autonomías. Contrastes, como dos amigos que han acudido a ver a los jugadores con dos camisetas bien distintas: una de Carvajal, otra de Extremoduro. Las dos Españas.

La enseña de Borgoña, apropiada por la ultraderecha, es una mancha en una fiesta que ha tenido su colofón en Cibeles, donde las actuaciones de Viva Suecia o Saiko han amenizado la espera entre cientos de miles de aficionados. Teloneros de una noche donde el streamer Ibai Llanos también se ha dejado caer para acompañar a la plantilla. Y donde no han faltado entre la afición congregada los dardos a la organización del Mundial y al presidente de FIFA, Gianni Infantino.

Finalmente, el equipo ha llegado a Cibeles pasadas las 22.00 para dejar una última actuación para el recuerdo. Parecía que lo dieron todo en la prórroga abre Argentina, pero les quedaba energía: a Pedro Porro para cantar por El Barrio, a Fabián para animar a Gavi a dejar sus pasos prohibidos con Bad Bunny de fondo y a Borja Iglesias para deleitar a la hinchada con un rap marca de la casa (y minutos después una sesión DJ). Nadie le quitaba el micrófono, como a España la pelota cuando juega al fútbol.

O como a Lamine, nuestro bailaor, que lo ha demostrado una vez más sobre las tablas. Otras de las figuras que han aportado la nota musical han sido Lola Índigo, Ana Mena o Arde Bogotá. Eso sí, nadie ha desplegado tanto flow como Marc Cucurella. Además, doblemente: tanto al ritmo de la batería como entonando el ya mítico tema que rima su apellido con una de las cimas de la gastronmía española.

Los más clásicos también han tenido sus guiños, ya que a Marcos Llorente y al seleccionador los han introducido canciones de Julio Iglesias, mientras que a Cubarsí Mi gran noche de Raphael (aunque lo suyo han sido ocho grandes partidazos). Y por supuesto ha sonado Un beso y una flor, de Nino Bravo, otro de los himnos oficiosos de los campeones del mundo durante su andadura en el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

También ha tenido su punto clásico la presentación de un Rodri que se ha dejado la voz en la celebración después de hacer lo propio con el alma sobre el campo: “¡Somos campeones del mundo, viva la madre que me parió, viva la madre que nos parió, viva el rey y viva España!”.

El punto emotivo lo ha traído otro rey, el de la emoción al límite. Mikel Merino que se ha presentado con la banda sonora de Danny Elfman para Alicia en el país de las maravillas, de Tim Burton. Una música asociada para siempre al gol de Iniesta en Sudáfrica. El que fue, hasta el de Ferrán, el gol de nuestras vidas. Ahora lo es de parte de ella.

Ha sido igualmente una jornada especial para Álex Baena, encargado de subir la Copa del Mundo al escenario ya que este 20 de julio ha cumplido 25 años. Poco después Víctor Muñoz ha aparecido con otra que ha arrojado al público. Esta, por fortuna, era de mentira.

La de verdad la ha levantado al cielo de Madrid Rodri después de un emotivo recuerdo a María Caamaño, la niña de 13 años que murió en abril por un sarcoma de Ewing y que seguía fielmente a la selección. De hecho, el equipo la subió al escenario cuando conquistaron la última Eurocopa. Antes, los presentadores del acto quisieron recordar a Manolo “El del Bombo”, incansable seguidor de La Roja, como otro símbolo de todas las personas que han muerto entre la consecución de la primera estrella y la segunda.

Por lo demás, el festejo ha destacado por una duración menor a la de otros hitos recientes y por dejar menos momentos para el recuerdo. Ha influido la falta de un maestro de ceremonias, como lo pudo ser Pepe Reina en el anterior Mundial o Álvaro Morata hace dos años. El público se ha quedado sin su ración de champiñones. Tampoco ha sido lo más acertado la manera de disponer al público, ya que el necesario espacio dedicado a familiares y allegados de los campeones frente al escenario ha ocupado amplias dimensiones. Con ello, los más fervientes aficionados (aquellos que han esperado desde primera hora) quedaban lejos de sus ídolos.

Pequeños lunares de un día tan inolvidable como la primera vez. Uno en el que el “campeones del mundo”, el “yo soy español” o “la segunda oe” han sido banda sonora de un pueblo alegre. Con permiso, claro, del temazo del torneo y del Mundial. No, no es la canción oficial de una Shakira que ha enviado un vídeo de felicitación a los jugadores. Esta vez el himno lo firma Aitana con su Superestrella, por mucho que ella misma la haya descrito como “un poco meme”. Claro que al título le falta el plural: ahora son dos sobre el pecho y 26 sobre el campo. O sobre el escenario.

“Es escandaloso, una censura”. La Melonera, las fiestas más importantes de Arganzuela que animan el distrito madrileño cada septiembre, van camino de embarrarse este 2026 con un nuevo choque del tejido vecinal con el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Las bases para la concesión e instalación de casetas de entidades y colectivos ciudadanos incluyen un novedoso punto que ha causado estupor, tanto entre la oposición como entre diversas agrupaciones de la zona. De hecho, la reacción anticipa ya una batalla legal.

Se trata del apartado 7 del artículo 6 de dichas bases, publicadas el pasado 22 de junio y elaboradas por la Junta Municipal de Arganzuela. La redacción del texto ha levantado ampollas al detallar que “únicamente podrá exhibirse el nombre de la entidad adjudicataria” y “no se autorizará la colocación de elementos distintos de los estrictamente relacionados con la actividad (tales como productos, precios u otros similares)”.

La siguiente frase es todavía más contundente: “En ningún caso se permitirá la presencia de elementos pertenecientes a entidades distintas, ni de símbolos políticos, pancartas o banderas diferentes de las constitucionales”. A continuación, el documento detalla las sanciones por no cumplir con la norma: “Dará lugar a la penalización de la entidad responsable, impidiéndole concurrir a las dos convocatorias siguientes”.

Las palabras que abren este artículo son de Susana de la Higuera, portavoz de la asociación vecinal Pasillo Verde Imperial. Conversa con Somos Arganzuela mientras compagina el inicio de sus vacaciones con la coordinación de un futuro comunicado de entidades vecinales y sociales al respecto de la polémica. “No hay ningún otro distrito con estas condiciones”, dice. Ni siquiera Hortaleza, donde el tejido asociativo acusa al edil David Pérez de boicotear la participación de agrupaciones de residentes en festejos populares, de manera que la continuidad de estas entidades queda en entredicho al perder una importante fuente de recaudación. Pérez ha sido bautizado incluso por los vecinos como “concejal aguafiestas”.

La nuestra es la caseta más multitudinaria, y eso les fastidia. Se hacen muchas actividades y aprovechas para contar lo que haces: la movilización contra las talas, el ruido, los espectáculos de luz en el Manzanares o la operación Mahou-Calderón

Susana de la Higuera — Portavoz de la AV Pasillo Verde Imperial

De la Higuera cree que la Junta de Arganzuela, presidida por Lola Navarro (uno de los perfiles más controvertidos del Ejecutivo de Almeida), ha ido incluso más allá. Desde su punto de vista, el discutido artículo “arremete contra los derechos constitucionales y la libertad de expresión”. Implicaría, por ejemplo, que las asociaciones no puedan poner un cartel con el mensaje “no a la tala” en las casetas. Una consigna que ha vertebrado las luchas vecinales del distrito, sobre todo a raíz de las obras de la línea 11 en Madrid Río. Tampoco lemas contra la eventificación del parque Tierno Galván. Ni la bandera de Palestina o la arcoíris. Solo el nombre de cada entidad y los productos que venden, principalmente bebidas y comida.

Avanza que están estudiando tomar “medidas legales” si la Junta Municipal no rectifica. “Viola nuestros derechos u merece una reprimenda pública”, insiste. “Quieren acallar las voces críticas de Arganzuela”, asegura la dirigente de una de las asociaciones más activas de la zona.

Este diario ha consultado fuentes municipales para conocer los motivos de la actualización de las bases y su defensa ante las acusaciones de “censura”. Hablan de “elementos provocadores” y remiten a las explicaciones del coordinador del distrito, José Herrera de la Morena, durante el pleno de Arganzuela celebrado el pasado martes 14 de julio: “Las bases se han modificado en función de las experiencias de años anteriores. Se exige que las casetas las gestionen las entidades que las solicitaron y se publiciten exclusivamente esas entidades. No se trata de censura, simplemente son fiestas vecinales y lo que se busca es mantener la correcta convivencia. Por eso se entiende que no es un espacio para colocar elementos provocadores, sino los propios de las asociaciones vecinales, de manera que se eviten posibles situaciones de conflicto”.

“No quieren que haya caseta vecinal. No les gustamos”, cree por su parte Susana de la Higuera. Las protestas de este tipo de agrupaciones se han convertido en santo y seña de La Melonera, hasta el punto de que promueven una marcha anual el día del pregón (al cual ya no acude Navarro). “Ya que no pueden prohibir la manifestación, quieren prohibir los mensajes. Y que si no lo cumplimos, nos retiren la caseta”, alerta. “La nuestra es la caseta más multitudinaria, y eso les fastidia. Se hacen muchas actividades y aprovechas para contar lo que haces: la movilización contra las talas, el ruido, los espectáculos de luz en el Manzanares o la operación Mahou-Calderón”.

Rita Maestre habla de “control ideológico” y anuncia un recurso

Desde Más Madrid han presentado un recurso de reposición contra las bases establecidas desde la Junta de Arganzuela. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, argumentan que “la resolución es contraria a Derecho y lesiva para los derechos e intereses legítimos”. “La presente redacción supone la reducción de los derechos de expresión y la libertad sobre el ornato, estética, contendido e imagen de las casetas para las entidades ciudadanas, partidos políticos o grupos municipales que pudieran solicitarlas”, añaden. Por todo ello, solicitan la suspensión cautelar de la ejecutiva del apartado 6.7 del documento que regula la instalación de casetas en los festejos.

Para Rita Maestre, portavoz del principal partido de la oposición en Cibeles, el objetivo es “frenar la censura que quiere imponer a las Fiestas de La Melonera”. “Pedimos la nulidad y la suspensión cautelar de la cláusula mordaza que impide al tejido asociativo ejercer su libertad de expresión. Por primera vez en la historia de estos festejos, el Ayuntamiento pretende prohibir las banderas, pancartas o símbolos que no sean de su agrado. Quieren imponer unas fiestas de pensamiento único”, alerta la edil en declaraciones a este periódico.

“Traducido al día a día, este año el PP quiere prohibir que en las casetas se cuelgue una bandera LGTBI, una enseña palestina o cualquier lema vecinal”, sintetiza Maestre. “Esto se llama censura previa y la Constitución la prohíbe”, asevera. En concreto, desde su formación argumentan que la cláusula “vulnera derechos fundamentales como el de libertad de expresión o el de asociación y participación”, con el propósito de “controlar ideológicamente lo que siempre ha sido un espacio de diversidad y de libertad”.

“Jamás ha habido ningún problema en un espacio de encuentro y convivencia en unas fiestas que son reflejo de la pluralidad y buen ambiente del barrio. El PP crea problemas donde no los hay, solo porque no soporta que haya quien le pueda llevar la contraria. Esperamos que el Ayuntamiento reconsidere este atropello y se estime nuestro recurso”, concluye Maestre.

“Me voy siendo chevalier, me voy con un premio, me voy con un ramo de flores”. Una conmovida Eva Orúe enumeraba así los agasajos que ha recibido este jueves la ya exdirectora de la Feria del Libro de Madrid. En su lista podría incluir también la infinidad de abrazos y agradecimientos que ha cosechado durante el acto homenaje celebrado este jueves en la sala Ramón Gómez de la Serna del Círculo de Bellas Artes (CBA). Un carrusel de emociones en el que diversas figuras de la cultura, la ciencia, la política o la sociedad civil han devuelto a Orúe parte de lo conquistado gracias a su labor desde que llegó al puesto el 15 de diciembre de 2021.

“Mi cuñada me dijo ayer que lo de hoy sería lo más parecido a un funeral en vida”, ha comentado durante su intervención, despertando las risas de las decenas de personas congregadas. Bien es cierto que en pocos homenajes comunican a una que el próximo otoño recibirá la insignia que le acredita como Caballero de las Artes y las Letras de Francia. Lo ha anunciado Simond de Galbert, director del Instituto Francés en España, una de las mútiples personalidades que ha mostrado su respaldo a Orúe. La periodista y autora ha valorado especialmente la asistencia de la concejala delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, porque “por encima de todo la feria que he dirigido es la Feria de Madrid”.

La edil ha sido una de las personas que la han apoyado en una jornada llena de buenas palabras y sin nigún reproche a los responsables de su cese, que fueron también los de su nombramiento, la Asociación de Librerías de Madrid. Una emotiva jornada promovida por Sara, su pareja, y que pronto encontró refugio en el CBA. “Venimos a celebrar tu increíble trabajo, en positivo, sin críticas. Si te vas parece que el teléfono deja de sonar, pero en este caso no puede ser así”, ha dicho el director de la institución, Valerio Rocco. “La feria no es un mercadillo de libros, es un referente cultural. Hemos visto brillar a la feria y a ella. Acogemos este acto porque la feria se ha convertido en ejemplo inmejorable de la gestión cultural que hace mejores la cultura y la ciudad a través de vínculos y de redes. Con generosidad y apertura. Estos cinco años han servido para conocer su altura profesional, pero también su calidad humana”.

Por el atril de la sala han desfilado representantes de diversas entidades que han colaborado con la Feria durante los cinco años en los que Orúe ha estado al frente del proyecto. También de forma telemática, con varios vídeos donde han aparecido responsables de ferias literarias nacionales e internacionales como las de Santander, Bogotá o Nueva York. Especialmente sobrecogedor ha sido el relato de Julio Zarco, director gerente del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid y presidente de la fundación Humas: “Eva tuvo la fantástica idea de que una representación de la Feria nos visite el día antes de su comienzo, una fantástica forma de compartir la belleza y luz de la literatura con quienes más las necesitan”.

También ha dejado un vídeo la escritora Rosa Montero, que ha repasado los principales logros de Orúe: “Ha conseguido la declaración de Bien de Interés Cultural, la unión de editoriales y libreros... La Feria se estaba quedando fea y antigua, pero ella la ha renovado. Eva la puso en el siglo XXI. Le debemos ideas tan elementales como poner toldos contra el calor o identificar con números las casetas y que todo el mundo pudieras situarlas. Es algo básico, pero no se le había ocurrido a nadie”. La homenajeada delegado gran parte de estos éxitos en su equipo: “Fui la primera mujer directora, sí, pero fui la primera de siete mujeres que formaban mi equipo cuando empezamos. Cualquier avance que se me atribuye a mí lo es también de ellas”.

En cualquier caso, ha concentrado con todo merecimiento los reconocimientos. Otro de los anunciados durante la tarde ha sido la concesión del Premio de Promoción de la Edición Universitaria, otorgado por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE). Cuando el secretario de la entidad le ha entregado un sobre con la distinción, Orúe ha hecho gala del humor que le caracteriza por duplicado. “¿Lleva un cheque?”, ha preguntado primero. “¡Me nombran otra vez caballera!”, ha añadido después para jolgorio de la audiencia. Casi todos eran allegados y amigos así que los tenía ya en el bolsillo, pero sino, se los habría ganado con dos frases.

Un cese que ha agitado la escena literaria

Eva Orúe fue nombrada hace cino años, siendo la edición de 2022 la primera que comandó. Pero la Asociación de Librerías de Madrid, máxima responsable del evento, decidió cesarla el pasado 6 de julio, mismo día que la noticia trascendió en los medios. El único motivo alegado es el interés por iniciar “una nueva etapa”. De hecho, recalcaban los “importantes avances” en ámbitos como “la sostenibilidad y la programación cultural” durante la etapa de Orúe. Preguntado por este periódico, el presidente de la Asociación de Libreros de Madrid, Luis M. Tigeras, no quiso ahondar en las causas y habló de “un cambio de ciclo”. “El equipo técnico y cultural de la Feria se mantiene. Lo importante son los expositores y no tener prisa en dar datos que no lleven a ninguna solución”, apostilló.

La propia Orúe manifestó su disconformidad en declaraciones a este medio: “No comparto ninguna de las razones que han alegado, pero tienen la potestad de rescindir el contrato”. Con su nombramiento, se convirtió en la primera directora mujer de la Feria del Libro, el evento literario más importante de España, después de 80 años de historia. Nacida en Zaragoza, fue elegida entonces para suceder a Manuel Gil, que tras cinco años al frente llegó a un acuerdo con la organización para firmar su jubilación.

La destitución ha provocado una cascada de reacciones y movimientos en la escena literaria madrileña. “Ojalá quienes tomen el relevo sepan cuidar todo lo construido”, fue el mensaje que la librería Grant compartió como respuesta. “Nos vamos orgullosos del camino recorrido, de todo lo que conseguimos y haber compartido este viaje contigo, que también termina para nosotros”, añadió la librería. Un posicionamiento similar al de otras librerías y editoriales como Sigilo, Tránsito, Muñeca Infinita y Comisura, a través de un comunicado conjunto. “Lamentamos muchísimo el cese”, declaraban para arrancar el escrito.

“Las razones no se han hecho públicas y desconocemos los motivos de esta decisión, pero como editoriales pequeñas, que apenas somos un granito de arena dentro de todo el entramado de la Feria, queremos decir que durante estos años nos hemos sentido acogidas, cuidadas y valoradas por la gestión”, expusieron. Otras editoriales como Hoja de Lata y Dos Bigotes también reclaman una explicación más pormenorizada de las razones del cese.

El conflicto velado se ha saldado con otra salida de la organización, la de la libería Muga, en Vallecas. Su responsable, Igor Muñoz, no están “de acuerdo” con su cese ni con el motivo que dio la Junta Directiva para justificarlo: “Falta de confianza en ella”. “Consideramos que la forma en la que se ha cerrado el periodo de Eva Orúe en la Feria no corresponde a su dedicación y resultados, y por ese motivo hemos decidido abandonar la Asociación”, expuso el librero antes de desear “la mayor de las suertes” a la organización, porque “viene por delante un camino complicado y esperamos que consigan llevar adelante los planes que tienen”. También lanzó un mensaje de agradecimiento a “todos los amigos” que dejan en la Asociación después de “tantos años de compromiso compartido”.

Valerio Rocco avanzaba a este periódico que desde la institución aceptaron albergar el acto porque (como él mismo compartió en sus redes sociales desde que se hizo público el despido) no está de acuerdo con la destitución y quieren mostrar su apoyo. Mientras tanto, la Asociación de Libreros de Madrid se anticipó pidiendo “respeto y prudencia” sobre su decisión.

Orúe, agradecida y emocionada. Las vidas que ha tocado, también

Respeto y prudencia son precisamente dos características de las que Orúe ha hecho gala durante la jornada, sin un solo dardo o insinuación sobre su destitución. Solo se ha atrevido a sugerir que, frente a lo que creía, estar al frente de la Feria no va a ser su última aventura profesional. No ha adelantado que nuevas puertas se abren. “Te necesitamos en nuevos proyectos”, había dicho minutos antes Pura Fernández, directora editorial del CSIC. Fernández ha querido rendir tributo al legado de Orúe, en especial por su promoción de la literatura científica, aprovechando al autor que daba nombre a la sala del encuentro: “Decía Gómez de la Serna que la lectura es el viaje de los que no pueden tomar el tren. Tú has hecho de la feria una estación imprescindible”.

Un punto de encuentro para la literatura europea (durante su etapa se ha creado el Pabellón Europa) o iberoamericana (la directora general del Español en el Mundo, Mónica Colomer, ha agradecido su interés por forjar “vínculos con las comunidades que nos unen a ambos lados del Atlántico”). Hasta para el fútbol, como ha contado el periodista y escritor Pedro Zuazua, seleccionador de La Cervantina. Esto es, la selección española de escritores y escritoras: “Confió en el proyecto y ha sido una parte fundamental por permitirnos jugar en la Feria. Esperamos hacer algo especial para el Mundial de 2030 gracias a ese impulso”.

“Agradezco a los editores, distribuidores, libreros y patrocinadores que me hayan dejado dirigir la Feria del libro de Madrid. Un evento como no hay otro”, ha concluido Orúe. Y tampoco hay o habrá una directora como ella, le ha faltado apostillar. Una profesional y una persona a la altura de Rafael Giménez Siles, fundador y primer director del acontecimiento literario allá por 1933. Orúe, por supuesto, no se ha atrevido a lanzarse estos elogios propios. Será que no se lo permite su caballerosidad.

“No son necesarios”. Con esas palabras rechazaban en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) la posibilidad de incluir en su último informe sobre el transporte público de Madrid, publicado en marzo, datos sobre incidencias en Metro. El documento abordaba únicamente averías o cortes en Cercanías, cifrándolas en 323, aunque Renfe sostiene que esta cantidad es un 10% más elevada que la real por la duplicidad en la recopilación de avisos procedentes de su canal de WhatsApp. Pero frente a la sentencia de fuentes del Consorcio, la última memoria de sostenibilidad de Metro arroja un drástico aumento en el número de reclamaciones durante 2024 y 2025.

El estudio, disponible para su consulta pública en la propia web del suburbano, recoge que las reclamaciones de pasajeros pasaron de 11.351 en 2023 a 11.752 en 2025 y hasta 14.530 en 2025. En dos años, crecieron casi un 30%. Un alza que no se explica solo por el incremento en el número total de viajeros, ya que por millón de habitantes también ha habido una elevación progresiva: 17,14 reclamaciones por viajero en 2023; 16,43 en 2024 y 19,05 en el último ejercicio analizado hasta la fecha.

Las obras durante el pasado año para automatizar la línea 6, la más utilizada de la red, explican en parte ese auge de las quejas. Pero el descontento crece de manera generalizada en diferentes variables que aparecen desglosadas. Sobresale en lo que tiene que ver con la temperatura de los trenes, de nuevo en el punto de mira este verano ante las altas temperaturas en la red.

Las reclamaciones en este ámbito prácticamente se han multiplicado por cinco en solo dos años: 464 en 2023, 935 en 2024 y 2.088 en 2025. Hay además un aumento progresivo en las que versan sobre la temperatura de las estaciones: de 41 a 80 y de 80 a 131. Y en la ventilación de los trenes: de 18 a 30 y de 30 a 46. En este sentido, solo mejora respecto a 2023 el indicador de ventilación de las estaciones (55 quejas hace tres años, 25 hace dos y 28 hace uno).

Tampoco son nada halagüeñas las cifras que tienen que ver con el descontento por las frecuencias de los trenes. En este caso el impacto de los trabajos en la circular sí parecen incidir de manera determinante, ya que se dispara en 2025. De las 2.498 quejas en 2023 se pasa a 2.641 en 2024 y nada menos que 4.725 el año pasado.

Muchas otras tipologías de reclamaciones encuentran igualmente su pico en 2025, aunque no de forma tan acusada: cobertura (de 25 en los dos ejercicios previos a 29 en 2025), información web (44, 31 y 56, respectivamente), seguridad ciudadana (214, 222 y 235), suspensión programada (432, 263 u 437), tarifas (120, 96 y 130) o conservación de los trenes (37, 53 y 66). Otro tipo de conservación, la de las estaciones, presenta de nuevo un severo pico en 2025: 153 quejas por las 87 y 79 de cada uno de los años anteriores.

Está por ver cómo están evolucionando estos datos negativos en 2026, ya que Metro no ha aportado cifras al respecto y tampoco los trasladan de momento a consultas de Somos Madrid. Los problemas de climatización se mantienen, mientras que los contratiempos por cortes y frecuencias (ambos muy ligados a las obras en la red) presentan pros y contras. Aunque el fin de la reforma de la circular ha reducido la tensión que absorben otras líneas, la 10 lleva semanas cortada entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla por obras en la estación de Santiago Bernabéu.

Pero no acaba ahí la cosa, ya que Metro ha comunicado nuevas clausuras a lo largo del verano. El servicio estará interrumpido en la línea 7 de Pitis a Gregorio Marañón desde el 2 hasta el 28 de agosto, mientras que la parada de Moncloa en la línea 6 será clausurada del 1 de agosto al 3 de septiembre. La conexión entre Rivas y Arganda del Rey a través de la 9 también quedará cortada entre el 25 de julio y el 13 de agosto.

Menos fiabilidad y menos revisiones preventivas

La memoria de sostenibilidad de Metro refleja otros datos preocupantes más allá de las reclamaciones. Uno de los más importantes tiene que ver con la fiabilidad, el número de kilómetros que un tren completa entre su puesta en marcha y una avería, o entre esta y la siguiente. Cuanto más alta sea, mayor es la resistencia y calidad del transporte. En 2023, dicha fiabilidad alcanzaba los 31.146 kilómetros; en 2024, cayó un 4,56% a 29.726; y en 2025, retrocedió otro 1.93% para situarse en 29.151 kilómetros.

El desplome es todavía más intenso al estudiar la fiabilidad entre perturbaciones, incidencias de menor calado que una avería, pero que menoscaban la calidad de los trenes y, por tanto, de los viajes. Los 129.941 kilómetros de 2023 se quedaron en 108.055 en 2024 (nada menos que un 16,84% menos) y en 102.667 el pasado año (caída de otro 4,99%).

También bajan en estos dos años las revisiones de mantenimiento preventivo, las que se llevan a cabo antes de que se produzcan afecciones. Hay cierta estabilidad en las de ciclo largo (cada seis o siete años), al menos entre 2024 y 2025 (195 por 196), pues en 2023 llegaban a 234. Pero las de ciclo corto, con una periodicidad aproximadamente anual, se desploman de forma progresiva: 5.535 en 2023, 5.200 en 2024 y 4.934 en 2025.

Frente a este descenso superior al 10%, aumentan más de un 15% las revisiones por mantenimiento correctivo. Esto es, las que se ejecutan una vez se han producido averías. Lo cual suele implicar que resolverlas se vuelva una intervención mucho más costosa, así como que ya hayan tenido incidencia en el servicio. Las dos métricas a este respecto, elementos reparados y revisiones en los talleres centrales, se incrementan desde 2023 hasta 2025: van de 10.093 a 11.163 y de 11.211 a 11.916, respectivamente.

Metro achaca los datos al “crecimiento de la demanda”

Desde Metro de Madrid contextualizan el aumento de las reclamacione por el “crecimiento sin precedentes de la demanda, ya que la red viene batiendo récords históricos de viajeros y, de hecho, este mismo año ha vuelto a registrar el mejor primer trimestre de su historia”. Atender cada vez a más usuarios implica, afirman, “un mayor volumen de interacciones y reclamaciones”. Pero el auge no es solo total, lo es también de media por viajero.

En cuanto a las respuestas, indican que “Metro ha reforzado su oferta de servicio hasta alcanzar cerca de 330 trenes circulando simultáneamente en hora punta, la cifra más alta de su historia, gracias también a contar con la mayor plantilla de maquinistas, con más de 2.000 profesionales”. Esto, destacan, “permite mantener frecuencias de entre 2 y 4 minutos en hora punta, dependiendo de la línea”. “LaComunidad de Madrid está llevando a cabo la mayor inversión de la historia de Metro para seguir mejorando el servicio, con actuaciones como la automatización de la línea 6”, apostillan.

Respecto al calor, desde el suburbano reconocen el problema: “Somos conscientes de las molestias que pueden ocasionar las altas temperaturas y trabajamos de forma permanente para mejorar el confort de los viajeros. Todos los trenes disponen de aire acondicionado, se intensifican las revisiones de los equipos de climatización durante el verano y cualquier tren que presenta una incidencia se retira de la circulación lo antes posible. Además, en los trenes donde es técnicamente posible se desactiva la apertura automática de puertas en las estaciones durante el verano para conservar mejor la temperatura interior. También se han vuelto a poner en marcha los sistemas de refrigeración de andenes en 20 estaciones de las líneas 1 y 5 y recientemente se ha aprobado una inversión de 3,5 millones de euros para reforzar la climatización de 93 trenes”.

Pero todas estas quejas ponen en entredicho las recientes declaraciones de fuentes del CRTM a este medio, a raíz del citado informe autonómico que solo repasaba problemas en Cercanías. “Se solicitan ex profeso a raíz de los numerosos incidentes en cercanías que afectan a los usuarios por incidencias recurrentes, que han ido a peor todos estos años. En condiciones normales no se piden porque no son necesarios”. A algunos viajeros del suburbano, quizá, el funcionamiento de la red que reflejan estos datos tampoco les parecerán “condiciones normales”.