Yolanda Estrada se pronunciará por primera vez sobre las denuncias por acoso laboral en la Junta de Chamartín el próximo miércoles 13 de mayo. Será en el pleno mensual de la entidad distrital que preside, después de que este jueves hayan presentado una petición de comparecencia los tres partidos de la oposición: Más Madrid, PSOE y Vox.

La Junta de Portavoces de Chamartín se reunía este 7 de mayo para abordar el orden del día del pleno venidero. Los representantes de las tres formaciones que lo integran al margen del PP habían acordado previamente forzar una sesión monográfica en la que rendir cuentas a Estrada tras las acusaciones de “humillaciones”, “trato vejatorio” o “ceses indiscriminados” recopiladas en dos denuncias. También sobre los efectos de esta dinámica en el funcionamiento de los servicios municipales.

Hasta el momento, ha sido la vicealcaldesa Inmaculada Sanz quien ha hablado por boca de la concejala, para afirmar que Estrada les ha negado los hechos. Sanz también trasladó a los medios que el Consistorio no ha tenido constancia de actitudes de esta índole a través de los cauces establecidos para la prevención de riesgos laborales.

Una de las denuncias se dirige contra la Inspección de Trabajo y apunta a Estrada; a su mano derecha, la coordinadora del distrito Alicia Gregorio y al director general de Función Pública del Ayuntamiento, Juan José Blázquez, en este último caso por la no adopción de “medidas eficaces para prevenir o corregir la situación”. Tres altos cargos del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida señalados en un duro escrito que recoge “epidodios de llantos en el trabajo”, así como bajas o traslados indiscriminados. La otra denuncia, presentada ante los Juzgados de lo Social de Madrid, centra el relato de los hechos en Gregorio.

Según trasladan a Somos Madrid fuentes cercanas a la Junta de Chamartín, Estrada ha intentado atajar la propuesta de la oposicón registrando una propuesta alternativa para un pleno focalizado en políticas de personal, sin concretarlo en las denuncias de acoso laboral (reforzadas con otros testimonios a este medio que hablan de una actitud que “está jodiendo vidas”). Finalmente, después de la negativa de los tres grupos fuera del Ejecutivo, ha cedido y se pronunciará específicamente sobre este asunto.

El pleno arrancará con una comparecencia de siete minutos por parte de la concejala de Almeida, a la que seguirá una comparecencia de cinco minutos por grupo de la oposición, que Estrada volverá a replicar durante un máximo de cinco minutos. A continuación, un vocal de grupo volverá a tomar la palabra tres minutos, para una posterior respuesta de la edil que podrá alargarse hasta 21 minutos. El último tramo de la sesión se cerrará con cinco comparecencias de cinco minutos cada: una por grupo político (en este caso también el PP) y por último la de la propia Estrada. Está previsto que arranque a las 17.00 y se extienda hasta alrededor de las 19.00

Más Madrid apunta al alcalde: “Tendría que tomar cartas en el asunto”

“Por muchas trabas que ponga y por mucho que se empeña Yolanda Estrada, va a tener que dar explicaciones en el pleno del próximo dia 13”, avisa en declaraciones a este periódico Mar Barberán, concejala de Más Madrid. “Las vecinas y vecinos de Chamartín y las concejalas de la oposición sufrimos pleno tras pleno sus insultos, su trato humillante y sus arranques de ira. Su agresividad y malas formas son, lamentablemente, reflejo del Gobierno de Almeida”, lamenta.

“Si su comportamiento en público es este, no quiero ni imaginarme lo que puede llegar a humiillar y hostigar a las personas que trabajan para ella. Esta situación de intimidación que describen los funcionarios afectados va más allá del ámbito de salud laboral: tiene un impacto directo sobre los servicios que presta el distrito, y, por tanto, trasciende las medidas que se puedan considerar desde el departamento de recursos humanos”, expone. Todo ello después de que en los últimes meses hayan aumentado las vacantes de personal en el distrito y se haya dejado de prestar un servicio de refuerzo educativo que no había decaído previamente en ningún otro distrito.

“Cuando hay gente que describe situaciones de acoso afecta al servicio y cuando no se cubren las vacantes también, por lo que el propio alcalde tendría que tomar cartas en el asunto”, reprocha Barberán. “No es el momento de atrincherarse y esperar a que pase la tormenta o victimizarse, excusándose en que no hay un dictamen o no les ha llegado la denuncia. Hay distintos testimonios que coinciden con el talante y la actitud que la presidenta de la Junta muestra en cada pleno. Hay que poner pie en pared exigiendo que se tomen medidas contundentes, que acaben con el ambiente de hostilidad que parece ser habitual en este distrito”, concluye la edil.

La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento, Enma López, recuerda que “las informaciones conocidas son gravísimas, por tanto los grupos hemos entendido que no podemos mantener una normalidad institucional hasta que se sepa qué ha pasado”. Pide “explicaciones” a Estrada, ya que las denuncias “se suman al maltrato institucional a los grupos o a los vecinos que asisten al pleno”.

“No puede suceder que los empleados públicos desarrollen su actividad en condiciones que no sean las dignas, las justas y las legales. Nos hemos unido para que dé explicaciones. Nada más importa hasta que sepamos qué ha ocurrido realmente y si de verdad ha habido un delito”, completa la concejala socialista.

“Una calle llena de furgones policiales para desahuciar a una persona que lleva 67 años en su casa”. Así denunciaba el Sindicato de Inquilinas de Madrid en sus redes sociales el nuevo despliegue para desalojar de su casa a Mariano Ordaz, vecino de la céntrica calle del Carnero que este jueves se enfrentaba al quinto intento de desalojo de un piso en el que ha pasado toda su vida y del que quiere expulsarle una orden religiosa.

Esta vez, ni siquiera la enorme movilización vecinal e inquilina ha logrado evitar su ejecución, apoyada por hasta ocho vehículos de gran tamaño de la Policía Nacional y decenas de efectivos. Como respuesta al lanzamiento y a la detención de dos personas, el Sindicato ha convocado una manifestación de urgencia este mismo jueves desde las 18.00 junto a la sede de la Brigada Política de Información de Madrid, situada en la calle Tacona del distrito de Moratalaz.

Una multitud de manifestantes, la mayoría de ellas jóvenes, se han concentrado junto al domicilio de Mariano desde primera hora de la mañana para evitar el desahucio y mostrar su apoyo a este vecino, muy querido en la zona. Dos de estas personas han llegado a colgarse de la fachada del edificio y han colgado una pancarta con un contundente mensaje dirigido a la orden católica: “Aquí no desahucia ni Dios”. Han permanecido en el aire durante más de nueve horas, desde las 6.00 de la madrugada, como medida de presión para suspender el lanzamiento: si alguien abría la puerta de casa de Mariano, caerían al vacío. Finalmente, bomberos del Ayuntamiento de Madrid han intervenido para que bajaran de las alturas tras colocar una colchoneta a nivel del suelo y ambas han sido arrestadas.

“Mariano no estás solo, estamos contigo” ha sido una de las proclamas que más han repetido los protagonistas de la movilización ante los agentes y furgones de la Policía Nacional movilizados. “Cuanta policía para echar a un pensionista”, lamentan desde el Sindicato de Inquilinas. También han vuelto a reprochar su “falta de humanidad” a la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, conocida como VOT, propietaria del inmueble.

Carolina Vilariño, miembro de la organización, denuncia que el dispositivo de este jueves “no tiene precedentes y está lleno de irregularidades”: “No han esperado a la Comisión Judicial y están intentando tirar la puerta abajo, han amenazado a las compañeras que resisten con un bidón de gasolina y quemarlas vivas dentro si no salen y hay dos vidas en riesgo”.

Con este último punto, Vilariño se refiere al dispositivo ideado desde el Sindicato para instar a las autoridades a que desistan del desalojo: “Hay un dispositivo en el que si se abre la puerta [del domicilio de Mariano] dos personas que están colgadas en la ventana del patio se precipitan al vacío. Los policías no están capacitados para esa operación, tendrían que venir bomberos”. “El delegado del Gobierno, Francisco Martín, es el responsable de lo que está ocurriendo y debe detenerlo. Es un dispositivo para favorecer al rentismo”, apostillan desde la agrupación en defensa de los derechos inquilinos. La operación para encaramarse al bloque ha sido ejecutada por dos miembros del grupo de militancia Acciones en Alturas.

Finalmente, efectivos del cuerpo de bomberos se han personado en el lugar pasada las 9.00 y han colocado una colchoneta bajo las dos personas encaramadas a la fachada. “Confiamos en que los bomberos del Ayuntamiento de Madrid no colaborarán en ejecutar este desahucio, solo en garantizar la seguridad de las compañeras que siguen colgadas. No dejaremos de gritar un segundo para que Mariano sepa que estamos con él”, trasladaba la organización. Vilariño ha apuntado luego que “los bomberos han dejado claro que desahuciar no es su función y se plantan, solo van a asegurar a las compañeras en caso de que la policía tire la puerta abajo”.

Imágenes posteriores muestran, no obstante, que los bomberos sí han comenzado a participar del desalojo. “La Comisión Judicial pretende ejecutar el desahucio, los bomberos se están preparando para entrar. La vida de dos compañeras corre peligro. Lo que estamos viviendo es una verdadera vergüenza”, publicaba en su perfil el Sindicato. Un mensaje que apuntaba ya hacia la culminación del desahucio, un hecho que ha adelantado Público y que confirman a Somos Madrid fuentes cercanas al caso.

Además de las irregularidades previas denunciadas por el Sindicato, afirman haber captado incluso una conversación entre dos agentes policiales donde uno de ellos deja las declaraciones siguientes, según el vídeo compartido con los medios y en sus redes: “Lo que tendría que tener es no tanto miramiento, dejar entrar y se acabó. ¿Qué se cae uno? El siguiente ya no se volverá a colgar”.

Ocho furgones de las fuerzas de seguridad han llegado a la calle del Carnero poco después de las 6.00 de madrugada, una temprana hora a la que ya había sin embargo un nutrido grupo de personas movilizado que se ha ido ampliando con el paso de las horas.

Desde el Sindicato han alertado asimismo de que no se ha permitido a un grupo de abogadas con labores de mediación conversar con la Comisión Judicial desplazada, un hecho que califican de “inaudito”: “No entendemos esto, queremos que puedan acceder y hacer su función”, afirma Vilariño. “La Comisión simplemente ha dicho que se va a ejecutar, pero nosotras seguimos resistiendo”, zanja.

El pasado miércoles, el Sindicato organizó ya una “vigilia contra el rentismo” a modo de acción simbólica de protesta contra las actuaciones de la la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís. A sus 67 años, tiempo en el que solo ha conocido esta casa donde nació cuando ya vivían en ella su abuela y sus padres, Mariano se enfrentaba a una difícil encrucijada. Tenía que decidirse entre su propia seguridad o el más que probable desahucio si abandona el piso para que la orden franciscana que ostenta la propiedad ejecuten los trabajos de reforma necesarios.

El techo de la cocina, carcomido por las humedades, se vino abajo el pasado 8 de noviembre. La estancia ha quedado inutilizable desde entonces, con la excepción de la nevera. La encimera, el fregadero o la propia cocina cedieron ante la caída de unos escombros ahora agolpados en una esquina. Seis meses después, pilotes colocados por los bomberos evitan el colapso de la estructura y la apuntalan.

Estos elementos también ocupan la mitad del baño, incluida la ducha, para reforzar la estabilidad. Mariano hace algunas elaboraciones con un hornillo o busca lugares baratos para comer. Se ducha en casas de amigos, la de su vecina o en el gimnasio de un centro social. No sabía si su vivienda regresará algún día a la normalidad y ahora ya no sabe ni siquiera si tendrá de nuevo una vivienda.

La propiedad solo se plegaba a acometer las obras necesarias si él la abandonaba. “Ahora que el desahucio se ha parado sin fecha, la propiedad tiene tiempo para las reformas acometidas sin echar a Mariano de la casa en la que lleva toda su vida”, apuntaba el Sindicato en un comunicado después de frenar el cuarto conato de desahucio. Pero en vez de eso, volvieron a la carga.

Y eso que la milenaria VOT cuenta con un extenso patrimonio inmobiliario en la ciudad de Madrid y sus alrededores. Entre sus propiedades se encuentra el Hospital VOT San Francisco de Asís, en el barrio de Embajadores. Este centro sanitario, ubicado a escasos diez minutos del domicilio de Mariano Ordaz, se inauguró en 1967 y es el más antiguo de Madrid. En las inmediaciones del propio domicilio de Mariano, en el número 1 de la calle del Carnero, varios inmuebles comerciales o residenciales pertenecen a la entidad religiosa.

Mariano estuvo a punto de ser desalojado (llegó a recibir una orden) ya en 2022, después de acumular impagos. No hubo caridad por parte de su casero, la VOT, conocida más recientemente como Orden Franciscana Seglar (OFS). Finalmente, aquel desalojo lo evitaron la movilización del Sindicato de Inquilinas y el freno judicial amparado en el decreto del Gobierno para la paralización de los desahucios a quienes acreditasen vulnerabilidad. Ahora el apoyo del Sindicato y la organización colectiva han sido el único escudo que le queda a Mariano y esta vez, por desgracia, no ha sido suficiente. Termina así una etapa de 67 años arraigada en un hogar del que ahora le despojan.

El Ayuntamiento de Madrid quiere que la polémica amaine en uno de los grandes emblemas de la ciudad. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, anunciaba este martes la suavización de los protocolos que rigen los cierres del parque del Retiro debido a determinadas condiciones meteorológicas. Unos ajustes que de momento atañen solo a este pulmón verde de la urbe, aislando las decisiones que le conciernen de las de otros parques. Según los cálculos del área de Medio Ambiente, dirigida por el concejal Borja Carabante, la actualización permitirá rebajar la cifra de días con clausuras en torno al 20%. Las modificaciones, eso sí, no terminan de contentar a unos vecinos y una oposición que exigen medidas de calado e integrales para mejorar el mantenimiento de las instalaciones.

La iniciativa se aprobará inicialmente este jueves en la Junta de Gobierno municipal y entrará en vigor, previsiblemente, en junio. Solo en los dos primeros meses de 2026, el Retiro permaneció plenamente cerrado en parte de su horario o en jornadas completas durante 13 días, casi uno de cada cuatro. A ello hay que sumar la clausura de estancias parciales, algunas precintadas y otras (como determinados jardines) valladas o con puertas echadas con llave.

La novedad implantada por el Ejecutivo de Cibeles incidirá en la velocidad del viento a partir de la cual se toman las medidas de seguridad. El Consistorio aumentará en 5 kilómetros por hora el umbral de rachas de viento para la activación de la alerta naranja, que se pondrá en marcha con velocidades entre 45 y 60 kilómetros por hora. Hasta ahora, el baremo para su activación iba de las 40 a las 55. En cuanto a la alerta roja, se fijará a partir de 60 kilómetros por hora frente a los 55 que debían superar las rachas con el reglamento actual.

El protocolo actual: por niveles de alerta y estándar en todos los parques

El actual protocolo establece distintos niveles de alerta que, al activarse, afectan al estado del Retiro y el resto de parques de la ciudad, donde de momento se mantiene sin cambios. Cuando se superan los 35 grados y la velocidad del viento oscile entre 40 y 55 kilómetros por hora se habla de alerta amarilla: en estos casos, cierran los Jardines de Cecilio Rodríguez y el Retiro restringe el acceso a zonas infantiles, deportivas o de mayores para balizar las partes afectadas.

Un nivel por encima, en alerta naranja, significa que a esa misma temperatura (más de 35 grados) el vendaval rebasa los 50 y puede llegar hasta los 65. Si se da esa circunstancia, se limitan las mismas áreas clave que en la alerta amarilla (infantiles, deportivas y de mayores) en el Retiro, donde también se anulan eventos al aire libre o se prohíbe entrar a determinadas zonas. Además, muchas veces las clausuras se trasladan a las primeras horas del día siguiente, hasta que los técnicos completen las comprobaciones oportunas.

El nivel de máximo riesgo es la alerta roja. Se inicia cuando al calor se suma un viento que corre a más de 65 kilómetros por hora. Es entonces cuando el Ayuntamiento clausura todas las áreas de recreo que puedan cerrarse materialmente (es decir, con puertas o muros) y aquellas de libre acceso, para las que aplica el mismo tipo de alerta.

Además del Retiro, cierran otros ocho parques históricos de la capital: el del Jardín del Capricho, en la Alameda de Osuna; el Parque Juan Carlos I; el de Juan Pablo II; la Quinta Torre Arias, la de los Molinos y la de Fuente del Berro; la rosaleda del Parque del Oeste y el Lineal del Manzanares. La normativa restringe igualmente el acceso a zonas de Madrid Río o Casa de Campo y suspende eventos al aire libre en el Parque del Oeste o la Dehesa de la Villa. Entre las medidas que contempla el Consistorio está la de que la protocolización individualizada no se constriña al Retiro, sino que cada parque tenga su propio patrón de clausuras y protocolos, lo que puede derivar en que con determinadas condiciones unos parques cierren y otros permanezcan abiertos durante la misma jornada.

Vecinos instan a poner el foco en otro sitio: “Necesitamos más recursos”

Almeida ha advertido que a lo largo de 2025 se produjeron más de 65 caídas de árboles durante los cierres previstos en el protocolo y también se acumularon más de 460 ramas caídas de gran porte, por lo que pide tomar en serio el protocolo de cierre. Actualizado por última vez en 2019, después de que la caída de un tronco acabara con la vida de un niño en un suceso que marcó profundamente a la exalcaldesa Manuela Carmena, vecinos y hosteleros del Retiro lo han tachado de “ambiguo”, “impredecible” o “errático”.

Este último calificativo lo utiliza en declaraciones a Somos Madrid Javier de la Puente, presidente de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro, vecino del barrio y figura con amplia formación y experiencia como ingeniero de montes e ingeniero técnico forestal. A su vez, tacha el nuevo anuncio de Almeida de “insuficiente”. A su juicio, el foco debería estar no tanto en las decisiones sobre las clausuras, sino más bien en el cuidado del entorno y en una vigilancia efectiva: “Ahora el protocolo del Retiro se basa en tres cosas: el viento, la temperatura y la humedad del suelo, factores importantes para la caída de las ramas. Pero no se presta la suficiente atención a la situación de un arbolado envejecido y en mal estado, debido a podas defectuosas y a un suelo demasiado compactado. Por no hablar de errores como que se han llegado a plantar pinos de secano en césped de regadío”.

No se presta suficiente atención a la situación de un arbolado envejecido y en mal estado, debido a podas defectuosas y a un suelo demasiado compactado. Por no hablar de errores como que se han llegado a plantar pinos de secano en césped de regadío

Javier de la Puente — Presidente de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro

El área de Medio Ambiente no coincide con todas las valoraciones previas y recalca que esta medida se ha tomado analizando los cierres que ha habido durante los años de funcionamiento de los protocolos, así como que no conlleva una disminución de la seguridad. Desde el departamento municipal trasladan que se ha detectado una menor influencia de la temperatura máxima y la humedad del suelo en la sucesión de incidencias en alerta naranja y roja. Así, el equipo de Almeida otorga a las rachas de viento una influencia mucho mayor en los desprendimientos de la que se extrae del análisis de Javier de la Puente, para quien las condiciones del suelo son igualmente determinantes.

De la Puente reclama más personal y con mayor preparación: “Lo que hace falta en el parque más valorado de España, todo un Bien de Interés Cultural, es gente especializada en arboricultura. Necesitamos recursos técnicos y humanos, que vengan ingenieros de montes o agrónomos”. La movilización de la agrupación que lidera se ha redoblado en los últimos meses, cuando los cierres han comenzado a proliferar a la par que lo hacían sus consecuencias. A comienzos de año, un temporal provocó la decapitación de dos bustos, componiendo una siniestra imagen en el corazón del Retiro. La escultura homenaje al dramaturgo Ramón de Campoamor y Campoosorio, en la que tres mujeres rodean al autor, presenta desde hace semanas a dos de ellas sin cabeza. Fue la consecuencia más simbólica de las últimas caídas de árboles y ramas.

En cuanto a la eficacia de los cierres, este apasionado y gran conocedor de la naturaleza urbana exige mayor rigor a los que se ejecutan de manera parcial afectando solo a determinados recintos, como parques infantiles o zonas caninas: “Muchas veces el Retiro se precinta por áreas, pero se llenan de niños y de familias sin que pase nada. No hay sanciones, parece que con esta nueva idea de libertad estamos acostumbrados a que nos dejen hacer cualquier cosa”. De la Puente no plantea acabar definitivamente con estos cierres parcelados, ya que coincide en que con ciertas circunstancias “hay zonas peligrosas y otras que no lo son”, pero llama a “acotar mientras se vigila”.

Sí celebra el establecimiento de un protocolo desgajado del de otros parques: “Son 500 años de historia muy ligados a la ciudad. Pero luego están las cuestiones técnicas, como que es un parque con características propias. Por ejemplo, debido a la elevada compactación de su suelo, las raíces no respiran y eso facilita que puedan caer. Este es por cierto otro punto en el que el Ayuntamiento tendría que intervenir para su mejora trayendo una tecnología más moderna”. No entra a valorar que el equipo de Almeida “se base en datos que ellos tienen para subir el límite máximo de rachas de viento de cara a los cierres”. Desde su punto de vista, lo “importante” es “potenciar el cuidado de los árboles”.

El concejal de Más Madrid José Luis Nieto ha mostrado a su vez sus “dudas” ante unos ajustes del protocolo que desde su formación venían demandando: “No se ha hecho el inventario completo del arbolado que exige el propio plan director del Retiro, que debería haberse actualizado en 2021. El Gobierno de Almeida se comprometió a individualizar protocolos parque por parque y ahora plantea rebajar las exigencias de manera general y dar el asunto por zanjado”.

“Los datos que tenemos no son nada tranquilizadores, entre octubre y febrero se han producido más de 200 incidencias en el Retiro, con 50 árboles caídos y más de 150 ramas fracturadas. Si caen sobre alguna persona, pueden tener consecuencias muy graves”, alerta. Nieto lamenta asimismo que “el Ayuntamiento justifica una vez más una decisión importante en un estudio estadístico que no comparte con la oposición”. “La seguridad y el uso del parque como refugio climático son compatibles, pero no tenemos claro que lo que propone Almeida vaya a permitirlo”, concluye.

“Su objetivo fundamental es que Chamartín no se pare. Que Chamartín siga avanzando”. Con esa aseveración concluía la nota de prensa que presentaba a Yolanda Estrada como nueva concejala presidenta del distrito del norte de Madrid en 2023. Menos de tres años después hay cosas que se han detenido, como los conciertos y las obras de los parkings del Santiago Bernabéu que los vecinos llevaron a la Justicia. Como un programa de refuerzo educativo promovido desde la Junta para el alumnado con necesidades especiales. Y como, según cuentan testimonios de personas que han estado vinculadas al organismo municipal, se está ralentizando la actividad ordinaria de la entidad debido a un ambiente “hostil” que ha desembocado en una denuncia por acoso laboral contra Estrada y otros dos altos cargos del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

La denuncia presentada el pasado 12 de marzo en la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid presenta “un entorno laboral intimidatorio y degradante” en la Junta de Chamartín. La edil ha negado los hechos, según trasladó la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que afirma además que el Ejecutivo de Cibeles no tiene constancia documental alguna de la denuncia, ni se han elevado escritos similares en las instancias municipales habilitadas para este tipo de cuestiones.

En cualquier caso, no es esta la primera polémica de Estrada (Hannover, Alemania, 1974) desde su llegada a Chamartín, todo un caladero de votos para el Partido Popular por el carácter conservador y acomodado de su población (con excepciones en zonas como el barrio de Prosperidad): la formación aglutinó el 61% de los sufragios en las últimas elecciones municipales. En los más recientes comicios celebrados hasta la fecha en la capital, las europeas de junio de 2024, los populares superaron el 69% y el 66% de los votos en las dos secciones censales correspondientes a las viviendas más afectadas por las molestias sonoras del Bernabéu. Pero las acusaciones de acoso laboral sí suponen la controversia que le afecta de manera más directa, al menos en la más reciente etapa de una trayectoria política originada en un entorno tan agitado como el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y en pleno estallido de la trama Gürtel.

De dimitir por su imputación en la Gürtel a ser repescada por Ayuso

Estrada pasó de la noche a la mañana de funcionaria interina en el Área de Urbanismo del municipio madrileño, puesto al que llegó en 2001, a concejala de Obras y Servicios entre 2003 y 2008. Eran los años de la burbuja inmobiliaria en una localidad de la periferia madrileña, por lo que las oportunidades de negocio parecían infinitas. También para los consistorios. Estrada ascendía mientras lo hacía la economía, hasta que todo colapsó a finales de 2007 y comienzos de 2008. Ese año se convirtió en teniente de alcalde.

Dicho regidor era Jesús Sepúlveda, condenado a 14 años y ocho meses de prisión por la trama Gürtel. Según acreditó la Audiencia Nacional, Sepúlveda recibió dinero negro y regalos “por las irregularidades en las adjudicaciones públicas que favoreció”. Además de metálico, la trama le obsequió con “viajes y servicios turísticos”, “eventos familiares” o “servicios prestados para su campaña electoral como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Pozuelo”. El tribunal condenó a su exmujer, Ana Mato (exministra de Sanidad en el Gobierno de Mariano Rajoy), como responsable civil a título lucrativo por beneficiarse de los regalos que su entonces esposo obtuvo de la trama.

Los juicios se desarrollaron mientras Estrada estaba fuera de la política activa, de la que se mantuvo al margen nueve años desde 2010, cuando dimitió de sus cargos en el Ayuntamiento de Pozuelo y el PP la expulsó del grupo municipal al ser imputada por el Juzgado Número 3 de Pozuelo debido a los incrementos del presupuesto para construir un parque. Finalmente, la causa acabó sobreseída.

En 2019, fue repescada por un Partido Popular de Madrid que trató de ofrecer una imagen de renovación y frescura. La por entonces candidata a presidir la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la incorporó a sus listas para unas elecciones autonómicas en las que los populares consiguieron formar gobierno con la colaboración de Ciudadanos y Vox. Además de diputada autonómica, ejerció de coordinadora territorial del grupo parlamentario del PP en la Asamblea y estuvo al frente de la Comisión de Vivienda y Administración Local. Así, como David Pérez (exconsejero autonómico de Transportes y Vivienda que también está protagonizando una agitada legislatura con los vecinos y su propio personal), acabó en el equipo de Almeida procedente del círculo de poder ayusista.

Estrada, señalada por los vecinos del Bernabéu

En los comicios de mayo de 2023, Estrada pasó de las listas de Ayuso a las de Almeida, donde ocupó el puesto 21 (el PP consiguió 29 ediles). Su gestión en la Junta Municipal de Chamartín, a cuya presidencia le destinó el alcalde, ha estado marcada por los frustrados conciertos y parkings alrededor del Santiago Bernabéu, que los vecinos frenaron en la Justicia. La edil, acusada de rechazar peticiones y reuniones con las asociaciones de afectados, trató por contra de concertar encuentros privados con las comunidades de residentes instando a su equipo a entregar notas manuscritas en las porterías. Un suflé que en las últimas semanas parece haberse rebajado, después de marcar toda la legislatura de Almeida, ya que el Consistorio no ha recurrido las más recientes decisiones de los tribunales (sí el Real Madrid) y se abre a dejar el proyecto de dos aparcamientos en uno solo.

Los residentes también se han movilizado contra el proyecto del Ministerio de Defensa, en un principio apoyado por el Ayuntamiento de Madrid, para edificar una torre de 18 plantas y 60 metros de altura junto a la colonia El Viso (otro entorno con una elevada renta media). Finalmente, el área de Urbanismo trasladó a este diario que no se aprobará la construcción, después de numerosas alegaciones que aludían a la protección del terreno o molestias por tráfico y contaminación.

Estrada también se ha inmiscuido en controversias de carácter puramente ideológico, como cuando incluyó referencias religiosas mezcladas con proclamas políticas (“La Venezuela libre está en Madrid”) en un programa de fiestas de Chamartín. Aunque sin duda la más comentada fue el envío por parte de la Junta Municipal de una felicitación navideña dirigida a los más pequeños en la que un hombre con la cara pintada de negro encarnaba a Baltasar. Todos estos conflictos han derivado en plenos distritales extremadamente broncos, aunque fuentes de los grupos políticos trasladan que “las malas formas y las faltas de respeto” por parte de Estrada han sido “la tónica habitual” durante toda la legislatura.

Así lo expone en declaraciones a este periódico la edil de Más Madrid Mar Barberán: “El hecho de que haya distintos testimonios acusando a la concejala de vivir un ambiente asfixiante, hostil, nocivo y vejatorio es reflejo de lo que vivimos y soportamos en cada pleno de distrito. Parapetándose en su presidencia dirige la junta y los plenos como si Chamartín fuera su cortijo, insultándonos y descalificándonos constantemente. Las concejalas de la oposición y los vocales vecinos sufrimos faltas de respeto continuas, sus malos modos, su agresividad y sus provocaciones, como si de un hooligan se tratara”.

El clima de Chamartín según la denuncia: “Ansiedad, crisis nerviosas y llantos”

“Si todo esto lo hace en un espacio público como el pleno —donde hay cámaras y actas—, nos podemos imaginar cómo amedrenta y hostiga a las personas que trabajan para ella y de puertas para adentro”, teme Barberán. La documentación a la que ha accedido Somos Madrid acredita que la denuncia por acoso laboral a Inspección de Trabajo derivó en una segunda ante los Juzgados de lo Social de Madrid, tras la “inacción” de la entidad de control laboral.

Este último escrito incorpora el sello oficial de la Junta de Chamartín y centra las acusaciones en la coordinadora general del distrito, Alicia Gregorio. Solicita “medidas cautelares urgentes” para “evitar la continuidad del daño y la agravación de sus consecuencias”, ante hechos que “vulneran derechos fundamentales como la integridad moral, la dignidad en el trabajo o la salud laboral”. 20 páginas que desarrollan un “deterioro progresivo y grave del clima laboral” tras la llegada de Estrada a la Junta de Chamartín, en junio de 2023. Desde entonces, se han generado “consecuencias graves para la salud de los trabajadores como episodios de ansiedad, crisis nerviosas y llantos”.

Estrada ha ejecutado “nueve ceses de funcionarios” en menos de tres años (el último de ellos en febrero), una cifra que fuentes consultadas por este diario elevan a once. También han proliferado las bajas laborales, cinco de ellas de larga duración, y al menos cuatro solicitudes de reasignación en otros puestos fuera del distrito. Esta última cantidad se refiere a las especificadas en el escrito judicial, aunque las mencionadas fuentes sostienen que hasta “16 personas se han ido voluntariamente”.

Dichas peticiones de traslado buscarían, según un denunciante que obra “con reserva de identidad” por “temor real, fundado y objetivable a represalias laborales”, escapar de “conductas constitutivas de acoso laboral” que se habrían recrudecido desde el nombramiento de una nueva coordinadora del distrito en 2024. El documento atribuye a Gregorio, mano derecha de Estrada, “humillaciones, trato vejatorio, gritos y descalificaciones públicas en reuniones o en presencia de otros empleados”. La lista de acusaciones es extensa: amenazas sobre el mantenimiento del puesto, restricciones de permisos con efectos en la conciliación, coacciones para firmar documentos, vigilancia fuera del horario laboral o prohibición de comunicar estas situaciones. La denuncia apunta asimismo que el nombramiento de Gregorio estuvo precedido por el cese del anterior coordinador del distrito mientras “se encontraba en enfermedad oncológica”.

“En realidad, el comportamiento de Yolanda Estrada representa muy bien lo que es el Gobierno de Almeida”, lamenta Barberán. “No podemos normalizar el insulto, el amedrentamiento o la vejación a representantes políticos ni a funcionarias. Deberíamos poder ejercer nuestro trabajo como servidores públicos mediante la escucha, no con gritos y humillaciones, generando confianza, no imponiendo e intimidando. Desde Más Madrid apoyamos a las funcionarias y funcionarios que levantan este Ayuntamiento cada día y exigimos a Almeida que puedan realizar su trabajo en un ambiente adecuado. Por nuestra parte vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para hacerlo posible”, remata.

Más puestos sin cubrir y un programa educativo no renovado

En paralelo, las plazas de personal municipal sin cubrir en la Junta de Chamartín han ido aumentando a lo largo del actual mandato. Las vacantes llegaban a 37 en marzo de 2023 (última relación de puestos de trabajo previa al aterrizaje de la edil) y pasaron a 48 en marzo de 2026 (un 30% más), según los documentos a los que ha accedido Somos Madrid a partir del portal de datos del Ayuntamiento de Madrid. Estas vacantes son mayores que las de distritos con una plantilla similar, como Salamanca o Centro.

Los testimonios recopilados por este medio sugieren que la situación de Chamartín afecta a los recursos humanos de la Junta y, con ello, a la efectividad de los servicios que debe acometer: “No hay personal funcionario que quiera venir a Chamartín, salvo la gente que tenga mucha necesidad. Se ha corrido la voz. Están quedando plazas desiertas, cubiertas por interinos de otras administraciones o gente de la Oficina para el Empleo. Eso provoca que las cosas tarden más en hacerse, que haya que estar pendientes constantemente para arreglar y corregir”.

“Antes de Estrada éramos un equipo supercoordinado, ahora cada vez más lo compone gente nueva y sin experiencia. Es alguien que va arrasando, que no entiende que estamos para servir al ciudadano. Lo hacíamos bien, simplemente no le hemos caído bien. Aunque ni siquiera nos ha conocido”, expone una persona que ha estado laboralmente vinculada al organismo distrital.

Desde 2015, la Junta de Distrito Chamartín ofrecía un programa de refuerzo educativo enfocado al alumnado con dificultades de aprendizaje; estudiantes de Educación Infantil y Educación Primaria del distrito que no cumplen los requisitos para que se les considere como de necesidades especiales, pero con dificultades que interfieren en su proceso educativo. Sin embargo, este curso 2025-2026 el servicio se interrumpió.

En la actualidad, solo cuatro de los 21 distritos de Madrid no ofrecen este servicio, alguno análogo o actividades de carácter similar. De esos cuatro, Chamartín es el único en el que ha decaído después de ponerse previamente en marcha. La última licitación se produjo en 2021, con Sonia Cea como concejala presidenta de Chamartín y ya dentro de un Gobierno de Almeida. Se hizo mediante una adjudicación prorrogable en 2023, la cual recibió luz verde ya con Estrada en la Junta. Esta prórroga concluyó en julio, sin que el servicio fuese renovado o sacado de nuevo a concurso.

Ver un enclave en un mapa es encontrar un punto que genera preguntas. La existencia de lugares que emergen en medio de otros que le son administrativamente ajenos produce irremediablemente curiosidad, sugiere un momento en el que la historia se torció hasta romper la lógica del territorio. En España el más conocido es Treviño, que pertenece a la provincia de Burgos pero se encuentra completamente rodeado por Álava. Pero Madrid también tiene el suyo, aunque más modesto y deshabitado.

Los 12 kilómetros cuadrados de la Dehesa de la Cepeda pertenecen al modesto municipio de Santa María de la Alameda, ubicado al oeste de la Comunidad y a 1.440 metros de altura (más que ningún otro en la región), del cual se constituye como pedanía. Les separan 6,2 kilómetros (hay otros 60 hasta Madrid ciudad), pero lo más significativo es que se encuentran en provincias y hasta comunidades autónomas distintas. La Cepeda se ubica al este de Ávila y al sur de Segovia, rodeada por la localidad abulense de Peguerinos y la segoviana El Espinar. Su término nunca confluye con el de la región madrileña a la que pertenece administrativamente.

La llamativa situación no genera demasiados titulares por las circunstancias del terreno en cuestión. Se trata de una zona deshabitada de pastos y rocas graníticas diseminadas. Tradicionalmente se ha destinado a la trashumancia, el pastoreo y la ganadería en general, de ahí ese calificativo de dehesa. Los promotores de esta actividad procedían en su mayor parte de Segovia, en concreto la localidad de El Espinar, que siglos después continúa reclamando la adscripción del territorio a su término municipal.

La anomalía de La Cepeda se remonta al siglo XIX y la famosa desamortización de Mendizabal. La dehesa, por entonces perteneciente al conocido como Sexmo de El Espinar (integrado a su vez en el Concejo de Segovia), fue incluída en las expropiaciones del ministro Pascual Madoz y sacada a subasta. La familia Sainz de Baranda, que no es solo una calle o una estación de Metro, fue la agraciada y se hizo con el extenso páramo. Casualidades de la vida, eran los allegados del por entonces máximo mandatario del Ayuntamiento de Madrid.

Un alcalde histórico en un momento determinante

Pedro Casto Sainz de Baranda y Gorriti no fue además cualquier alcalde de la ciudad: fue el primero. Al menos técnicamente, ya que antes de su llegada el cargo se conocía como corregidor o presidente del cuerpo municipal. Destacada figura del liberalismo decimonónico, su figura fue clave en la reconstrucción de Madrid después de la Guerra de la Independencia. Abrazó con fervor la Constitución de Cádiz de 1812, a raíz de la cual puso en circulación el primer bando en el que se citaba el título de alcalde. Un puesto que sometía a votación cada 1 de enero, hasta que los absolutistas volvieron al poder de la mano de Fernando VII y derogaron La Pepa.

Un legado bien valorado por muchos historiadores que se topa en el caso de La Cepeda con el clientelismo propio de la época. El padre de Sainz de Baranda llegó a ser director del Banco Nacional de San Carlos, precursor del Banco de España. Él mismo alcalnzó ese puesto antes de emprender su carrera en el municipalismo en 1808. La mezcla de poder económico y político resultó en la adquisición familiar del terreno.

Cuando se produjo, Santa María de la Alameda todavía pertenecía a la provincia de Segovia. También Peguerinos, hoy en Ávila, y claro está El Espinar. Pero la ejecución de la división provincial de Javier de Burgos en 1833 dinamitó la organización territorial del entorno y partió en tres provincias los municipios históricamente ligados a La Cepeda.

Desde entonces, ni la cesión de los terrenos por parte de los Saiz de Baranda a otras familias ganaderas ha modificado el encaje administrativo de este punto geográfico. De hecho, el alejamiento administrativo solo ha ido a más. En 1983, con la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la frontera provincial pasó a ser además autonómica.

Litigios y reclamaciones cruzadas en “una pequeña Galicia”

Pero el paso de los siglos no ha terminado de tumbar los recurrentes intentos de recuperar el territorio por parte de la Diputación de Segovia y los consistorios de Peguerinos y El Espinar. La cuestión llegó incluso a los tribunales, cuando el 8 de abril de 1944 el Ayuntamiento de Peguerinos solicitó al Juzgado de Primera Instancia de Cebreros (Ávila) la nulidad de la inscripción ya que no se adecuaba a la realidad. El escrito, según recoge el portal A21, argüía que el ayuntamiento de Santa María de la Alameda era titular únicamente del vuelo o facultad de edificación, pero el suelo era de Pereguinos. Se parapetaban en un acta de deslinde de 1909, en la cual los representantes de Santa María de la Alameda indicaban que el suelo era propiedad del pueblo abulense. El Consistorio de la localidad madrileña se defendió apelando a la inexactitud de algunas refencias históricas de la demanda y acabó conservando la titularidad del territorio.

Medio siglo después, fue El Espinar quien volvió a la carga para recuperar La Cepeda. O al menos, para poner el grito en el cielo. En 1995 su por entonces alcalde, Juan José Sanz Vitorio (Partido Popular), expuso su postura en declaraciones a El País. Elogió el “alto valor ecológico” del entorno y aseguró que su adscripción a la villa segoviana lo guarecería “eficazmente”. Para legitimar tal protección, Sanz recurrió a documentos con rúbrica monárquica que databan del siglo XIV. En ellos se estipula que La Cepeda era de uso comunal para los concejos segovianos, como El Espinar. El reportaje detalla que esta postura era compartida por su antecesor, el socialista Jesús Olmos, que llevó el asunto ante el arbitraje del Senado a través de la Diputación de Segovia, sin que prosperara.

Por aquel entonces acababa de tomar el bastón de mando de Santa María de la Alameda una joven alcaldesa, la popular Begoña García Martín, que respondió con contundencia, pero con cautela: “No tengo intención de renunciar a ningún territorio del municipio. La Cepeda pertenece a la madrileña Santa María de la Alameda al menos desde 1897. Pero aún hay que hablar el asunto. Necesito conocerlo bien. Estoy dispuesta a entrevistarme con el alcalde Vitorio”. 20 años después, la exalcaldesa seguía admitiendo la complejidad del asunto en otra entrevista: “Es bastante confuso. Este municipio está muy diseminado tanto dentro como fuera del término municipal, es como una pequeña Galicia”. Si Santa María es como Galicia, La Cepeda es su Finisterre: el último confín.

“Se le notan los tijeretazos”. “Una dramaturgia al servicio de un apolillado nacionalismo españolista”. “Más de 140 minutos de égloga pastoril destinados a enardecer el sentimiento nacionalista frente al invasor mameluco”. Son algunas de las críticas que recibió en su estreno Sangre de mayo (2008), la película más ambiciosa y el gran fiasco de la carrera de José Luis Garci, ganador de un Oscar por Volver a empezar (1982) y uno de los pocos directores españoles que ciertos sectores de la derecha española salvan del desdén (cuando no del odio). Esa misma derecha que insiste en el discurso de los “subvencionados” para descalificar el séptimo arte patrio, por mucho que las ayudas reviertan positivamente en la economía o contribuyan al desarrollo artístico de todo el país.

Frente a esos duros comentarios de la prensa especializada, Esperanza Aguirre calificó Sangre de mayo como un “resultado artísticamente muy satisfactorio”. Lo hizo para responder a las críticas de la oposición en la Asamblea de Madrid, el mismo lugar donde pronunció la frase “yo destapé la trama Gürtel”. Una visión condicionada por el papel de la expresidenta autonómica en la película, financiada casi íntegramente a través de Telemadrid, con un proceso mucho más opaco y discrecional que el que regula las ayudas habituales al cine español. Aguirre fue más que la madrina del proyecto: se convirtió en su principal impulsora y la que encargó a Garci una gran producción con la que conmemorar los 200 años del levantamiento del pueblo madrileño contra el ejército francés.

Según datos de la Comisión de Empresa de Telemadrid, la televisión autonómica invirtió 15.570.477 euros “a dedo sin concurso público” para que la productora de Garci, Nickel Odeon, levantara la película. Una cantidad generada con una aportación extraordinaria al presupuesto del ente público a través la Consejería de Educación. Todo ello pese a los informes negativos de la Dirección Económica del Ejecutivo de Aguirre. A esa cifra hay que sumar otros 1,2 millones para la promoción y distribución del largometraje, a través de una contratación con la empresa Alta Classics, según recogió infoLibre.

Un masivo (y arbitrario) apoyo institucional que no fue correspondido en los cines. La recaudación en salas, después de su estreno el 3 de octubre de 2008 (ni siquiera llegó a estar lista para el 2 de mayo), no llegó a los 745.000 euros. Los datos, recopilados por el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), implican que su taquilla recuperó menos de un 5% de la inversión pública.

Aunque fue una de las producciones con mayor presupuesto de aquel año y de la historia del cine español, ocupó la 21ª posición a nivel de recaudación entre las películas españolas de 2008. Por comparar, otra película histórica lanzada ese mismo ejercicio logró un respaldo del público mucho más elevado: Los girasoles ciegos, de José Luis Cuerda, recaudó 4,2 millones de euros en todo el país y 5,7 millones a nivel global. Y eso que la temática de la Guerra Civil, según dicen, agota al público. El presupuesto de esta adaptación de varios relatos del libro homónimo de Alberto Méndez, con guion del propio Cuerda y Rafael Azcona, fue de cinco millones más otros 600.000 euros en marketing. En total, apenas un tercio respecto al del drama histórico de Garci.

Al director de El crack (1981) le fue algo mejor cuando su epopeya galdosiana se emitió en televisión, por supuesto a través de Telemadrid. Se emitió el 26 de diciembre del propio 2008 y logró un 17% de cuota de pantalla en la comunidad, con 332.000 espectadores. Esto es, casi el doble de los que logró en el cine, donde la eligieron menos de 127.000 personas.

Quienes no se perdieron Sangre de mayo, o al menos posaron antes de su proyección, fueron las personalidades políticas que acudieron a su preestreno en los cines Callao de la Gran Vía. Además de la propia Aguirre, retratada junto a Garci, se dejó ver por allí el exministro de Trabajo de José María Aznar y expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana (a la postre condenado a diez años de prisión por corrupción).

Un fiasco que Aguirre justificó atacando a Zapatero

Ante la debacle de Sangre de mayo, Aguirre llegó a responsabilizar al ICAA y al Ministerio de Cultura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con un rocambolesco argumentario: “Me ha escandalizado, cuando hoy mismo me he enterado gracias al control parlamentario, que el Instituto de la Cinematografía le ha denegado a la productora de esta película el permiso para el doblaje al inglés y la reproducción de copias para asistir a festivales internacionales a los que había sido invitada la película. Resulta que a José Luis Garci, que es de los pocos directores españoles que tienen el Oscar, como no ha sido de los de la ceja y no aplaude a ZP, se le niega incluso la participación en festivales”, afirmó la expresidenta en la Asamblea, como recoge esta crónica de El Mundo.

El ICAA respondió que su negativa era a abonar a la productora Nickel Odeon una copia en inglés “con dinero público al margen de toda subvención reglada” y calificó las palabras de Aguirre de “rotundamente falsas”. En un comunicado, la entidad trasladó que no posee “en ningún caso, la facultad de aprobar o prohibir el permiso para que una película española se doble o subtitule al inglés con el fin de participar en certámenes internacionales”. Y añadían: “Una productora que ha recibido una ayuda directa de 15 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid/Telemadrid [subvención quince veces superior a la máxima que pueden percibir como ayuda estatal las películas españolas] no precisa que también se haga una copia subtitulada a expensas del dinero público”.

En cualquier caso, la incidencia de este doblaje en la proyección internacional de la película habría sido mínima, ya que la inmensa mayoría de festivales (y todos los de mayor prestigio e influencia) pasan las películas en versión original subtitulada.

Años después, y pese a la proliferación del discurso difamatorio hacia las subvenciones desde sectores reaccionarios, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid siguen concediendo ayudas directas. Ocurrirá con lo nuevo de Woody Allen, que se rodará íntegramente en la región y cuyo título incluirá “Madrid”, según el acuerdo de patrocinio al que llegó el cineasta con los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, por el que accederá a sendas subvenciones de 1,5 millones cada una. Según fuentes municipales, estas aportaciones servirán para sufragar la cuarta parte del presupuesto de la película, estimado en 12 millones de euros.

El bicentenario del 2 de mayo, la obsesión de Aguirre en plena crisis económica

Conmemorar los 200 años de la rebelión popular contra las tropas napoleónicas (aunque en realidad este pasaje solo ocupa los últimos 40 de sus 150 minutos de Sangre de mayo) se volvió uno de los principales caballos de batalla de Aguirre durante su presidencia de la Comunidad de Madrid. La Fundación Caja Madrid y el Gobierno autonómico financiaron publicaciones y algunas actividades canalizadas a través de la Fundación Dos de Mayo, creada para la ocasión, por un valor de ocho millones de euros. Todo el cuando la crisis económica ya hacía estragos entre la población.

El entonces director de la Fundación Caja Madrid, Rafael Spottorno, denunció ante Miguel Blesa el “despilfarro” de la fundación estrella de Aguirre y expresó que algunas cifras presupuestadas eran “disparatadas”. Estas cuentas no incluyen actividades como la exposición Madrid Dos de Mayo: Un pueblo, una nación, que dirigió Arturo Pérez Reverte a cambio de 300.000 euros, ni por supuesto la inversión en el drama de Garci.

El responsable de El abuelo (1998) volvió a beneficiarse del potencial económico de Telemadrid, ya que produjo y presentó el espacio Cine en blanco y negro entre 2009 y 20212, que según eCartelera costó 865.000 euros. Consistía en un debate sobre cine, precedido por la emisión de una película, y cada programa salía a unos 7.000 euros. Además, la cadena pública financiaba parcialmente todas sus películas desde Historia de un beso (2002). Muy sonado fue en su momento el cameo del exalcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, en la igualmente fracasada Holmes & Watson. Madrid Days (2012). Garci, la única persona capaz de salvar las diferencias y unir a Gallardón y Aguirre.

El drama histórico-detectivesco, convertido en objeto de culto ya desde su tráiler, también tuvo su cuota de controversia. Esa vez, después del estreno: tras conseguir apenas 60.000 euros en su primer fin de semana, mes y medio después experimentó un inaudito aumento en su recaudación superior al 5.000%. De unos 185.000 euros acumulados en los cines del 7 de septiembre al 14 de octubre, la recaudación bruta de Holmes y Watson subió hasta los 194.616 euros en solo una semana. La película pasó de vender entradas por valor de 682 euros en la semana previa a la anomalía a rozar los 9.000 durante esos siete días que causaron suspicacias. No tardaron en emerger acusaciones de autocompra de entradas para garantizar que la cinta pudiera beneficiarse de ayudas sujetas a logros en taquilla.

Un Garci menor a partir de Galdós

Garci se sirvió en Sangre de mayo de dos de los Episodios Nacionales firmados por Benito Pérez Galdós, La Corte de Carlos IV y El 19 de marzo y el 2 de mayo. Así, el material de partida que adapta junto a Horacio Valcárcel (su habitual coguionista) parecía augurar una calidad mínima. El problema estuvo en trasladar esos relatos, entre la épica, el costumbrismo y la intriga palaciega, a una película de dos horas y media.

El resultado es un drama de afán panfletario, deslavazado, irregular, sin ningún sentido del montaje (el uso de la cámara lenta en la escena más ambiciosa de la película es irrisorio) y en definitiva una de las peores películas de un director capaz de crear grandes obras. La terminan de lastrar la dificultad de construir escenas de acción verdaderamente potentes, un desenlace anticlimático o la sensación de descuido que transmite su rodaje en estudio, por mucho que haya exteriores como la Puerta del Sol o la plaza mayor de Torrelaguna. Este último problema es especialmente curioso, pues de ello se encarga el oscarizado Gil Parrondo, al igual que en la anterior Tíovivio c.1950 (2004), estupenda película coral cuya gran fortaleza es la construcción histórica, narrativa y emocional a través de los decorados.

Al largometraje, que actualmente no está disponible en ninguna plataforma más allá de YouTube, se le pueden encontrar eso sí algunos hallazgos. Especialmente en el plano interpretativo, con Miguel Rellán, Enrique Villén, Manuel Galiana, Fernando Guillén Cuervo y Tina Sáinz a la cabeza (Quim Gutiérrez y Paula Echevarría solo hacen lo que pueden con dos personajes protagonistas tan faltos de color como la fotografía de la película). Optó a siete premios Goya (Sáinz como mejor actriz de reparto y seis categorías técnicas), aunque no logró ninguno en una ceremonia que coronó una película contra la manipulación sentimental, mediática y económica del Opus Dei: Camino (Javier Fesser, 2008).

También tiene cierta gracia el retrato del Madrid decimonónico, sobre todo en un prólogo narrado por el propio Garci que dibuja ese centro castizo de la ciudad ahora arrasado por las políticas de fomento especulativo emprendidas por la propia Aguirre y retomadas por su discípula Ayuso. Una ciudad que es Corte y a la vez Villa, con ansias de nobleza y espíritu de plebe. Un Madrid del pueblo que por supuesto merece una película que aborde los sucesos del 2 de mayo. El problema, claro, es que es insostenible mantener ese enfoque popular durante dos horas y media con una producción levantada desde la élite madrileña.

Madrid perdió 30.647 habitantes en 2025 respecto al año anterior, según los datos del padrón municipal que ha dado a conocer este jueves la vicelacaldesa Inmaculada Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. La ciudad rompe así una tendencia alcista iniciada en los años posteriores a la pandemia y disminuye su población un 0,87%.

A 1 de enero de 2026, en la capital estaban registradas 3.497.277 personas. La ciudad se deja así el umbral simbólico de 3,5 millones de habitantes, que rebasó por primera vez en el padrón de 2024. Pese a ello, se trata de la segunda cifra más elevada de la serie histórica y el incremento desde 2019 es de 230.000 vecinos. Sanz ha apostillado, según recoge Europa Press, que los datos se han visto afectados por un ajuste del padrón “sin el cual la población hubiera crecido en torno a los 70.000 habitantes”.

Lo más reseñable es que este retroceso se ha producido aunque Madrid revierte su tendencia al saldo vegetatitvo negativo. Como ha indicado Sanz, “por primera vez en años” se han producido más nacimientos (27.097, 884 más que en 2024) que defunciones (26.533). En total, el número de alumbramientos supera en 564 al de muertes.

En relación al origen, el 80,6% de la población es de nacionalidad española frente al 19,4% de nacionalidad extranjera. Respecto al lugar de nacimiento, el 69,5% han nacido en España (2.432.079) frente al 30,5 % que lo ha hecho en el extranjero (1.065.198). Comparando las cifras del ejercicio anterior, los habitantes de nacionalidad española disminuyeron en cerca de 2.400 personas, mientras que en el caso de los extranjeros la caída supera los 28.000 habitantes. Por género, hay un 47% de hombres (1.642.288) y un 53% de mujeres (1.855.049).

Sanz ha explicado que, a la reducción del número de entradas desde el extranjero y al incremento de las migraciones interiores a otros municipios (dos circunstancias que han mitigado el saldo migratorio positivo de ejercicios previos), se ha unido un saldo negativo acusado derivado del número de bajas por gestión tramitadas en 2025. Son aquellas a las que obliga la normativa padronal, pero que no están causadas por movimientos efectivos de población.

Son bajas por caducidad y por no confirmación las que causan los habitantes extranjeros que no cumplen con su obligación legal o administrativa de renovar o confirmar su inscripción padronal. Asimismo, son bajas por inscripción indebida las de las personas de las que se tiene conocimiento que ya no residen en el domicilio en el que constan, pero que no se han empadronado en otro. Durante 2025 las altas y bajas tramitadas por gestión arrojan un saldo negativo de casi 100.000 habitantes, derivados de 28.450 altas y en 127.825 bajas.

Menos llegadas desde el extranjero y más mudanzas fuera de la ciudad

En cuanto a las mencionada reducción de llegadas desde el extranjero, en 2025 fueron 117.706 altas, por las 136.000 de 2024. Venezuela, Colombia, Perú, Estados Unidos, China, Ecuador y México aglutinan más de la mitad de esos movimientos. Los países de destino más habituales para quienes se marcharon de Madrid fueron Estados Unidos, Reino Unido, Colombia, Alemania, Suiza y Venezuel. El saldo migratorio exterior registró 117.706 altas procedentes del extranjero frente a 11.589 bajas, lo que arroja un saldo migratorio exterior positivo de 106.117 personas.

En un contexto de crisis de la vivienda y alza de los precios, son los movimientos migratorios interiores los que ahondan en cifras negativas, con una pérdida neta de 37.957 personas (82.235 altas frente a 120.192 bajas). La mayor parte de estas mudanzas se produjeron a otros municipios de la Comunidad de Madrid (cerca de 57.000), pero también hacia provincias como Toledo, Barcelona, Valencia, Alicante y Guadalajara. Al igual que en los movimientos de salida, los mayores flujos de entrada se produjeron desde los municipios cercanos a Madrid y desde la provincia de Barcelona, a la que se añaden Toledo, Valencia, Málaga y Alicante.

Carabanchel lidera la población y Vicálvaro el crecimiento

Donde no hay cambios es en el distrito más poblado de la ciudad, que vuelve a ser Carabanchel, esta vez con 278.000 vecinos. Le siguen Puente de Vallecas (257.924), Fuencarral-El Pardo (256.037) y Latina (251.139). Son solo cuatro de los 21 que hay en la ciudad, pero concentran casi el 30% de la población municipal. Vicálvaro (97.860), Moratalaz (94.405) y Barajas (50.613) son los que cuentan con menor número de residentes.

Vicálvaro y Barajas son precisamente dos de los únicos tres distritos donde sube la población, 2.627 y 74 habitantes respectivamente. El primer caso está sin duda marcado por el avance de nuevos desarrollos urbanos como El Cañaveral o Los Berrocales. Un proceso similar al de Villa de Vallecas, que gana 1.047 personas. En el extremo opuesto, los mayores descensos de población se han registrado en Centro (-4.549), donde más se acusa la actualización del padrón, seguido de Ciudad Lineal (-3.741) y de Salamanca (-3.540).

Diez distritos presentan un crecimiento vegetativo positivo, por encima de 300 personas, comandados por Vicálvaro (+2.120), Villa de Vallecas (+1.534) y Hortaleza (+1.492). Por contra, Centro pierde más de 2.700 residentes al medir la diferencia entre nacimientos y muertes. En total, se produjeron más de 111.000 cambios de domicilio dentro del municipio con destino a otro distrito de la capital.

Las plazas de personal municipal sin cubrir en la Junta de Chamartín han ido aumentando a lo largo del actual mandato, en medio de un clima laboral que algunos trabajadores califican de “entorno insostenible” y que ha derivado en una denuncia por acoso laboral contra su concejala presidenta, Yolanda Estrada. Las vacantes llegaban a 37 en marzo de 2023 (última relación de puestos de trabajo previa al aterrizaje de la edil) y pasaron a 48 en marzo de 2026, según los documentos a los que ha accedido Somos Madrid a partir del portal de datos del Ayuntamiento de Madrid. Estas vacantes son mayores que las de distritos con una plantilla similar, como Salamanca o Centro.

La falta de un 30% más de trabajadores es especialmente llamativa al excluir los polideportivos, que operan con mayor autonomía respecto a la Junta de distrito y donde además se ha llevado a cabo un proceso de estabilización para cubrir puestos. En ellos, las vacantes se han reducido desde las 13 de hace tres años a las siete con fecha del pasado 31 de marzo. Dejando a un lado estas unidades deportivas, las plazas sin ocupar se han disparado con Yolanda Estrada al frente de Chamartín, de 24 hasta alcanzar las 41 en marzo de 2026 (un 70% más).

Las áreas con mayor deterioro son el servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana, que pasa de siete a once vacantes, y la secretaría de Distrito Chamartín, con plazas sin cubrir que se duplican, de dos a cuatro (y con una mayoritaria proporción de interinos en las que están ocupadas). Los ceses en los departamentos citados están recogidos en la denuncia por acoso laboral a la que ha tenido acceso este periódico, cuyos detalles se publicaron hace unos días.

“Menos y peores servicios”

Esta falta de personal se traduce en “menos y peores servicios”, opina el portavoz de Más Madrid en la Junta de Chamartín, David Penado. De hecho, la propia denuncia contra Estrada y los otros dos altos cargos del Gobierno de Almeida presentada ante la Inspección de Trabajo recoge el “deterioro del servicio público” como uno de los motivos del requerimiento, además del “acoso laboral institucional” y los “riesgos psicosociales”.

Los testimonios recopilados por este medio sugieren que la situación de Chamartín afecta a los recursos humanos de la Junta y, con ello, a la efectividad de los servicios que debe acometer: “No hay personal funcionario que quiera venir a Chamartín, salvo la gente que tenga mucha necesidad. Se ha corrido la voz. Están quedando plazas desiertas, cubiertas por interinos de otras administraciones o gente de la Oficina para el Empleo. Eso provoca que las cosas tarden más en hacerse, que haya que estar pendientes constantemente para arreglar y corregir”.

“Antes de Estrada éramos un equipo supercoordinado, ahora cada vez más lo compone gente nueva y sin experiencia. Es alguien que va arrasando, que no entiende que estamos para servir al ciudadano. Lo hacíamos bien, simplemente no le hemos caído bien. Aunque ni siquiera nos ha conocido”, expone una persona que ha estado laboralmente vinculada al organismo distrital.

El primer distrito en el que decae el servicio de refuerzo escolar

Desde 2015, la Junta de Distrito Chamartín ofrecía un programa de refuerzo educativo enfocado al alumnado con dificultades de aprendizaje; estudiantes de Educación Infantil y Educación Primaria del distrito que no cumplen los requisitos para que se les considere como de necesidades especiales, pero con dificultades que interfieren en su proceso educativo. Sin embargo, este curso 2025-2026 el servicio se interrumpió “sin previo aviso a las familias que lo utilizaban y a pesar de que en junio se les dijo que las actividades se reanudarían en octubre”, traslada Penado en declaraciones a este diario.

“En el pleno de marzo, desde Más Madrid pedimos que la Junta de Distrito de Chamartín tomase las medidas necesarias para que se volviese a prestar con la mayor brevedad posible, asegurando la continuidad del mismo; pero el PP votó que no”. En dicho pleno, Penado contaba cómo las familias no han podido ni siquiera consultar o recuperar los informes de quienes prestaban ese servicio, ya que el teléfono de contacto municipal habilitado para estas comunicaciones quedó inoperativo.

En la actualidad, solo cuatro de los 21 distritos de Madrid no ofrecen este servicio, alguno análogo o actividades de carácter similar. De esos cuatro, Chamartín es el único en el que ha decaído después de ponerse previamente en marcha. La última licitación se produjo en 2021, con Sonia Cea como concejala presidenta de Chamartín y ya dentro de un Gobierno de Almeida. Se hizo mediante una adjudicación prorrogable en 2023, la cual recibió luz verde ya con Estrada en la Junta. Esta prórroga concluyó en julio, sin que el servicio fuese renovado o sacado de nuevo a concurso.

Este periódico ha consultado fuentes municipales para conocer los motivos por los que no promovió la renovación o la posible incidencia en ello del aumento de plazas vacantes entre el personal, sin recibir respuesta por el momento. En el citado pleno la portavoz adjunta del PP en Chamartín, Ana Ballesteros, argumentaba que “las competencias municipales en materia educativa son limitadas y complementarias a las de la Comunidad de Madrid, que tiene competencias plenas y ha implementado medidas especializadas de diagnóstico, recuperación y tratamiento en todos los centros del distrito”. Y añadió: “Hemos pasado de una ayuda concentrada en dos centros a establecer un sistema que se puede prestar en todos los del distrito”. Penado contestó a esta afirmación con una pregunta: “¿Si han mejorado el servicio con esta reforma como es posible que familias que lo recibían ahora lo hayan dejado de recibir?”.

Una denuncia que recoge “trato vejatorio”

La denuncia presentada el pasado 12 de marzo en la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid presenta “un entorno laboral intimidatorio, degradante y hostil” en la Junta de Chamartín. Está dirigida contra la concejala presidenta del distrito de Chamartín, Yolanda Estrada (que llegó a estar imputada en la trama Gürtel por su etapa como concejala en Pozuelo de Alarcón), y otros dos altos cargos del Ayuntamiento. La concejala ha negado los hechos, según trasladó la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que afirma además que el Ejecutivo de Cibeles no tiene constancia documental alguna de la denuncia, ni se han elevado escritos similares en los organismos municipales habilitados para este tipo de cuestiones.

La documentación a la que ha tenido acceso este periódico acredita que la denuncia a Inspección de Trabajo derivó en una segunda ante los Juzgados de lo Social de Madrid, ante la “inacción” de la entidad de control laboral. Este último escrito incorpora el sello oficial de la Junta de Chamartín y centra las acusaciones en la coordinadora general del distrito, Alicia Gregorio Arroyo. Solicita “medidas cautelares urgentes” para “evitar la continuidad del daño y la agravación de sus consecuencias”, ante unos hechos que “vulneran derechos fundamentales como la integridad moral, la dignidad en el trabajo o la salud laboral”.

La denuncia desarrolla a lo largo de veinte páginas un “deterioro progresivo y grave del clima laboral” que se remonta a la llegada de Estrada a la Junta Municipal de Chamartín, en junio de 2023. Desde entonces, se ha generado “un entorno insostenible, con consecuencias graves para la salud de los trabajadores como episodios de ansiedad, crisis nerviosas y llantos en los puestos de trabajo”.

Estrada ha ejecutado “nueve ceses de funcionarios” en menos de tres años (el último de ellos en febrero), una cifra que fuentes consultadas por este diario elevan a once. A ello hay que sumar las bajas laborales (la más reciente data del 13 de febrero según la denuncia), cinco de ellas de larga duración, y al menos cuatro solicitudes de reasignación en otros puestos fuera del distrito. Esta última cantidad se refiere a las especificadas en el escrito judicial, aunque las mencionadas fuentes sostienen que hasta “16 personas se han ido voluntariamente”.

Dichas peticiones de traslado buscarían, según el denunciante (que obra “con reserva de identidad” por “un temor real, fundado y objetivable a represalias laborales”), escapar de “conductas constitutivas de acoso laboral” que se habrían recrudecido desde el nombramiento de una nueva coordinadora del distrito en septiembre de 2024. El documento atribuye a Alicia Gregorio, mano derecha de Estrada, “humillaciones, trato vejatorio, gritos y descalificaciones públicas del trabajo de funcionarios en reuniones o en presencia de otros empleados”. Pero la lista de acusaciones es extensa: amenazas sobre el mantenimiento del puesto, restricciones de permisos con efectos en la conciliación, coacciones para firmar documentos administrativos para no sufrir represalias profesionales, vigilancia fuera del horario laboral o prohibición de comunicar fuera de la Junta de Chamartín todas estas situaciones.

La denuncia apunta asimismo que el nombramiento de Gregorio estuvo precedido por el cese del anterior coordinador del distrito mientras este “se encontraba en situación de enfermedad oncológica”. Aunque para entonces la situación era ya difícil y se habían producido destituciones, según el denunciante fue esta sustitución la que elevó el acoso a “extremos absolutamente insostenibles” y a ambiente generalizado de “miedo, presión y sumisión entre los trabajadores”. Por ello, solicita como medidas cautelares y urgentes “el cese inmediato de las conductas descritas”, “la limitación o suspensión de funciones de supervisión directa de Alicia Gregorio” o “requerir al Ayuntamiento de Madrid para que de forma inmediata evalúe los riesgos psicosociales en la Junta de Chamartín”.

Esta instancia llega después de una primera remisión del caso ante la Inspección de Trabajo de Madrid, con un documento al que también ha podido acceder este periódico. La escalada tiene lugar porque “no se ha personado ningún Inspector de Trabajo ni consta la apertura de actuaciones inspectoras”, circunstancias que hacen “necesaria” la “intervención judicial urgente”.

Este primer requerimiento cita expresamente diez posibles testigos entre el personal y concreta que las conductas han desembocado en “episodios reiterados de estrés laboral grave, crisis emocionales en el puesto, bajas médicas por ansiedad o agotamiento psicológico”. Pero es especialmente reseñable que incluye una tercera persona identificada como “responsable”, además de Estrada y Gregorio, que da cuenta de cómo el caso habría llegado previamente a manos del Ejecutivo municipal.

Se trata de Juan José Blázquez, director general de Función Pública del Ayuntamiento. Un alto cargo en el Gobierno de Almeida que depende directamente de la concejala de Economía, Hacienda e Innovación, Engracia Hidalgo. La denuncia a la Inspección de Trabajo le achaca que, “en su condición de responsable de la función pública municipal”, tenía “conocimiento de los hechos denunciados y los ceses producidos”. Todo ello “sin que conste la adopción de medidas eficaces para prevenir o corregir la situación”.

Fuentes del área liderada por Hidalgo afirman que “la Inspección de trabajo no ha requerido nada al Ayuntamiento de Madrid relacionado con un supuesto caso de acoso laboral de la concejala de Chamartín a un empleado público”. Puntualizan que “cuando hay una denuncia de la Inspección, el inspector lo comunica y se le dan las explicaciones pertinentes tras recabar la información”. Apostillan que “tampoco en Prevención de Riesgos Laborales ni en el Comité de Seguridad y Salud consta nada relacionado con este asunto”. “Si hablamos de acoso laboral, lo habitual en el Ayuntamiento es solicitar la activación del protocolo aspecto que tampoco se ha producido. Tampoco consta que se haya planteado ninguna solicitud de intervención por parte de la Unidad de Conflictos en ese ámbito. Estos dos últimos supuestos son las vías que se utilizan cuando se detecta un problema de existencia de conflictos o acoso”, informan.

Testimonios que corroboran las aptitudes: “Yo he sufrido acoso”

Con este diario han conversado personas que han estado vinculadas laboralmente a la Junta de Chamartín y corroboran el “trato vejatorio” por parte de Yolanda Estrada, así como las actitudes previamente descritas. “Lo primero que preguntó era a quién podía cesar o rebajar”, asegura una de ellas. “Yo he sufrido acoso. Ha hecho polvo mi carrera y mi dedicación”, cuenta. Añade que si no lo ha denunciado es por su falta de confianza en las garantías del proceso: “Sé que a nivel interno estas cosas no van a ningún sitio, pero esta persona conmigo se ha ensañado”. En su caso centra ese “acoso” en la propia Estrada, aunque precisa que Alicia Gregorio “ejecuta las órdenes”.

Otra persona que atiende a este medio coincide en este deterioro del ambiente provocado por Estrada: “Todo le parece mal sin conocer nada ni saber nada. Tuerce el gesto y solo busca cosas negativas, sin escuchar, sobre todo si te pone la cruz por cosas tan subjetivas como que no le guste cómo miras”, expone. “En un momento dado empezó a puentearme, preguntaba cosas personales sobre mí a administrativos que estaban bajo mi responsabilidad. Al final me cesaron sin valorar mi gestión. El argumento es que había quejas sobre mí, cuando pude comprobar en el sistema de reclamaciones que eso no es así. También fue una cuestión de edadismo”.

Miembros de la plantilla cesados, los que podían serlo al ocupar plazas singularizadas, han acabado en puestos que en muchos casos comportan una menor retribución económica. A otros “les ha degradado del cargo, les ha recortado el complemento de productividad o directamente se lo ha quitado”. “Está jodiendo vidas”, lamenta sobre la situación en la Junta Municipal desde la llegada de Estrada. Todo ello ya antes de que asumiera la coordinación del distrito Alicia Gregorio, a la que tacha de “alma gemela” de la concejala: “Es la voz de su amo. Ya era horrible e indigno solo con Estrada, ahora con dos mucho peor”. Precisa además que el cese del coordinador anterior fue “completamente arbitrario” y se debió a “algo que no gustó a la concejala en una reunión con vendedores de los puestos alrededor del Bernabéu”.

Además de los ceses, los traslados y las bajas médicas, este testimonio da cuenta de situaciones especialmente delicadas entre quienes continúan trabajando en la Junta, como la de una mujer “humillada día tras día que está aguantando hasta su jubilación”. Las “faltas de respeto” se repiten incluso “con sus propios asesores”, sobre todo con los que le atribuye el Partido Popular. Cada concejal de distrito suele contar con uno que designa personalmente y otro que coloca el partido. Por este segundo puesto habrían pasado “tres personas en tres años”. “Estrada es lo peor que me he encontrado en la administración. Es muy zafia, pero como chilla te encoge”, concluye, antes de alertar sobre la dejadez del resto del Ejecutivo de Almeida: “Lo sabe todo el Ayuntamiento y toda la corporación, pero ahí sigue”.

“El sistema no funciona para protegernos. Es anónimo, pero si señalas cosas acaban llegando a ti”, apostilla una de las fuentes que conversa con Somos Madrid, todas ellas de manera anónima ante el temor a represalias. “Al final es tu palabra contra la de la otra persona y ante el acosador quien tiene más que perder es el trabajador”. Y a veces también los ciudadanos.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, asegura desconocer los desalojos emprendidos por la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS), dependiente de su propio Gobierno municipal, y que la empresa está negándose a reunir con los inquilinos, según le han contado los propios afectados. “No era consciente de esto”, ha respondido a un grupo que protestaba contra estos procesos este martes en el Teatro Real. A pocos metros de la inauguración del Bloomberg CityLab, un encuentro de líderes municipales mundiales para debatir el futuro de las ciudaded.

“Explícale al alcalde lo que está pasando”, ha indicado en primer lugar una persona a la manifestante que se dirige luego al regidor: “Soy una madre de 40 años. El edificio de EMVS está en la calle Doctor Tolosa Latour. Tengo tres niños menores, estoy enferma, al corriente de pago y me quieren desahuciar por una antigua deuda que estoy pagando. Hay edificios igual en Usera, Villaverde, Vallecas o Carabanchel”.

La afectada cuenta que “escribí al correo electrónico [del alcalde], me contestaron del gabinete y remitieron a EMVS, que ha pasado de todo y no me atienden”. Es entonces cuando Almeida responde a la mujer que “eso no puede ser de ninguna manera”. Cuando otra manifestante indica que “se están yendo familias a la calle sin alternativa y ya hay familias desahuciadas”, el regidor asegura que pretende tomar cartas en el asunto: “No era consciente de esto. Llamo ahora mismo a EMVS y que os reciban”. “Tienen derecho a ser escuchados”, concluye el primer edil.

Mercedes Revuelta es la mujer que facilita esa conversación entre Almeida y Vanesa, la madre de una familia con una orden de desahucio programado para finales de mayo. En declaraciones Somos Madrid, esta activista de la Asamblea de Vivienda de Usera (vinculada a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca) señala que Vanesa “no tiene ninguna alternativa habitacional y está volviéndose loca para encontrarla”.

Cuestiona que el alcalde, “máximo responsable que debe supervisar y hacer las directrices de EMVS”, diga que no tenía conocimiento de estas prácticas: “En la sede de la empresa municipal ni nos reciben ni se sientan a negociar. Los activistas y los afectados estamos haciendo nuestros trabajo con creces. El alcalde y EMVS, no”.

Desde la compañía pública reconocen en declaraciones a este diaro que cuando el conflicto se judicializa “no hay interlocución directa”, pero mantinen que antes de ello “siempre hay atención”. “Por motivos de protección de datos y al afectar a derechos fundamentales y de privacidad de los afectados, no podemos dar información concreta de procedimientos actuales”, matizan a la hora de valorar casos específicos.

Declaran que “solo se inician procedimientos judiciales por ocupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas, cesiones ilegales y subarriendos”. En esos supuestos, “los servicios jurídicos de EMVS Madrid cumplen con su deber de interponer demandas de desahucio para proteger los derechos de los solicitantes inscritos que esperan la adjudicación de una vivienda”. Lo explican aludiendo a que “las viviendas son públicas, un bien de todos los madrileños, y sujetas a una normativa y un reglamento por cuyo cumplimiento EMVS Madrid tiene la obligación legal de velar”.

60 juicios “porque en EMVS no le ha dado la gana de hacer bien su trabajo”

Revuelta afirma por contra que “EMVS está desahuciando a un porrón de familias”. Narra casos como el de Eva, “que duerme con sus tres niños hacinados en el sofá de un amigo”. “Hay 60 expedientes judicializados de EMVS porque no les ha dado la gana de hacer bien su trabajo. Deudas que van de unos 400 euros a unos 7000, pequeñas si tenemos en cuenta que hablamos de desahuciar gente de sus casas, que además son públicas. Todo porque no les ha dado la gana renegociar la deuda o hacer planes de deuda a los afectado aunque sean inquilinos que llevan muchos años”, expone esta defensora de los derechos en materia de vivienda. En paralelo, el consejo de administración de la entidad ha aprobado incorporar dietas de 612 euros por reunión para todos sus miembros, una política promovida por el propio equipo de Almeida.

“Si a alguien le falla el ingreso mínimo vital un mes, hay que buscar formas de replantear esa deuda, no puedes desahuciar para que entren inquilinos con mayor nivel de renta. Ya vemos en el plan ReViVe para que tipo de rentas se dirige, o en otros programas”, denuncia. Cree que es “una sinvergonzonería, cuando EMVS es el último recurso de muchas personas”.

En EMVS desmienten estas afirmanciones y sostienen que “planes de pago se hacen siempre”: “No llevamos al tribunal a quien queriendo pagar no puede. Ahora bien, si hay 60.000 personas en lista de espera que quieren pagar, no es de recibo que haya gente que pudiendo pagar no lo haga. Es un bien público y hay que cuidarlo como tal, como montar en autobús. La oposición deberá aclarar si apoya el cumplimiento de la ley y a los solicitantes inscritos legalmente en el Registro de Vivienda, o si respalda a quienes incumplen las normas y okupan ilegalmente el patrimonio de todos los madrileños”.

Una oposición que ha criticado duramento las respuestas de Almeida en la mañana de este martes. “La caradura del alcalde no tiene límites”, declara la concejala de Más Madrid Lucía Lois sobre el hecho de que el máximo mandatario municipal haya negado tener conocimiento de los desalojos de EMVS. “Llevamos tiempo denunciando esta política, pero puede que no se entere de nada entre feria y feria haciendo de comercial para los fondos buitre”, dice. “Ha pasado de tres desalojos en octubre de 2023 a 60 este abril. Almeida cierra la puerta de la vivienda pública a los más vulnerables justo después de que el PP dejara caer el escudo social en el Congreso”, reprocha la edil.

Para Mercedes Revuelta, ante deudas que se mueven en unos cientos o poco miles de euros o en contratos que pasan de padres a hijos y por tanto podrían contemplar la subrogación, la entidad pública debería ser garantista: “Son buenos inquilinos que pagan su renta y suministros”. Pero además, recuerda que establecer planes de deuda “es obligatorio, no una cuestion de humanidad, porque sabemos que EMVS no tiene ninguna”.

“Se debe permitir a las trabajadoras sociales hacer su trabajo; ir a las casas para ver por qué no se ha pagado y establecer planes de pago por una cantidad determinada de euros al mes que se añada a las mensualidades”, recalca Revuelta. Y añade: “Hay grandes empresarios que no pagan impuestos y se les hacen planes de pago, ¿cómo no permitirlo también con familias con menos posibilidades de defenderse?”. En EMVS argumentan que “la asistencia social opera en la propia empresa para los casos más extremos” y apostillan que “al que quiere pagar se le ayuda”.

El modelo de EMVS como modelo de ciudad

Todo ello, critica la activista, mientras “EMVS lleva diez años con el mismo número de viviendas (9.000)”. “No aumentan el parque ni llevan a cabo grandes sorteos, más allá de las 300 viviendas que rotan cada año por muerte o mudanza”, remata. Unas cifras que desmienten en la entidad: “Desde 2019, hemos pasado de 6.258 viviendas a alrededor de 10.000, un 60% y casi 3.600 patrimonios más. 3.300 de ellas son de nueva construcción y el resto compra. Además, se están edificando casi 6.000 viviendas más”.

La protesta de este martes, cuyos organizadores califican de “escrache”, ha sido promovida por la Asamblea de Vivienda de Usera, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel y la PAH de Getafe. Buscaban la “gran visibilidad del evento”, pero también aprovechar su potencial simbólico: “Vienen alcaldes de ciudades con muchos problemas, pero que lo hacen mejor en materia de vivienda dentro de sus competencias, como Londres, París o Barcelona”, detalla Revuelta. “Se va a hablar de vivienda, de casas públicas que las personas amenazadas con un desahucio han contribuido a construir con sus impuestos y a mantener con sus esfuerzos. Por eso es improtante que los afectados estén delante”, dice para finalizar a este periódico.

Las obras del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid ya tienen fecha de conclusión: el próximo 25 de mayo. Al menos las de mayor calado, ya que desde la entidad público-privada precisan que luego quedarán “otras actuaciones” que se estarán llevando a cabo hasta el último momento. En concreto, un aspecto tan importante como los hospitalities (opciones de hospedaje en el entorno del recinto ferial) todavía está muy lejos de ejecutarse por completo.

Así lo ha explicado este lunes el presidente ejecutivo de Ifema, José Vicente de los Mozos, en la presentación ante los medios de comunicación de los resultados económicos de 2025. Unas cuentas que arrojan una reducción de los ingresos en casi 14 millones, desde los 230 millones de 2024 hasta los 216,8 del pasado ejercicio.

De los Mozos lo achaca al carácter de las ferias bienales que acogen, con mayor potencial en los años pares que en los impares. Destaca que el aumento de la facturación comparada a la del 2023 es del 22% y el beneficio neto llega a los 18,7 millones. Pero los números coinciden con los preparativos del circuito y con la marcha que este ha provocado de algunos festivales de música o espectáculos auspiciados por Ifema, con el musical Malinche de Nacho Cano como ejemplo paradigmático. “Arrollados por la Fórmula 1”, publicó en redes sociales la cuenta oficial de la obra.

De los Mozos ha reconocido además que las obras de Madring (nombre con el que se promociona el trazado) han “generado incomodidad” respecto a la actividad habitual del recinto ferial, aludiendo específicamente al polvo. En cualquier caso, ha quitado importancia a este impacto. Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo del consorcio público-privado, ha incidido en que el diseño ha sido “compatible” con el día a día de Ifema.

Su superior ha llego a asegurar que el Gran Premio permitirá a la institución “superar los 300 millones de ingresos en 2026”. De los Mozos ha dejado unas declaraciones que son toda una declaración de intenciones sobre el objetivo de esta apuesta por la Fórmula 1: “Estamos en esto porque genera imagen de marcha. Yo no quería hacer una carrera, lo que me interesa es la experencia”.

El dirigente ha recalcado que la inversión del consorcio habrá sido compensada en “solo cuatro años”, frente a los siete que ha dicho son habituales, llevando la caja de Ifema “de 80 a 200 millones de euros” en solo unos años. No ha aclarado sin embargo cómo ha influido la edificación del circuito, tanto a nivel de inversión como de eventos trasladados, en dichas cuentas.

Tampoco la repercusión positiva de unas ventas que cifra en el “97%” de las más de 90.000 localidades puestas a disposición, lo cual califica de “sold out técnico”. De los Mozos ha especificado sin embargo que “las ferias y congresos seguirán siendo el centro de negocio”, después de subrayar que este sector ha generado el 90% de sus 216,8 millones de facturación declarada en 2025. Fitur y Fruit Attraction han sido los dos grandes acontecimientos del año, con un crecimiento respectivo de visitantes del 10% y el 13%. Como apunte final, ha adelantado que el Gran Premio de Madrid será “el primero en utilizar la inteligencia artificial para el análisis de datos”.

De las “incomidades” en Ifema a la oposición vecinal más beligerante

Aunque el ejecutivo alude solo a las “incomodidades” de los participantes en las ferias y el conjunto de la actividad económica de Ifema, han sido vecinos de Valdebebas y de zonas de Hortaleza o Barajas los que han protagonizado la oposición más beligerante al proyecto. Tanto a la propia construcción como a los efectos en la movilidad, el descanso o la calidad del aire del futuro circuito: “Habrá mil veces más ruido”, criticaban en una de sus protestas.

La Plataforma Stop F1 Madrid, donde se agrupan estos contestatarios residentes, nació como una suma de colectivos con un fin común: paralizar el circuito de Fórmula 1 en Ifema por su impacto ambiental. En septiembre de 2026, la principal competición de motor en todo el mundo aterrizará por primera vez en el recinto multiusos de Barajas. Una “apuesta para el futuro” que, según el alcalde, “no costaría ni un euro” al contribuyente. Sin embargo, la inversión de la propia Ifema (consorcio financiado en un 62% por la aportación conjunta del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid) alcanza al menos los 188 millones de euros.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciaba hace semanas una reforma “muy profunda” del reglamento de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) para favorecer a quienes acrediten una residencia continuada en la ciudad. Estos cambios no se han concretado por el momento en el conjunto de las promociones, pero sí se despliegan ya en algunas específicas.

Así lo trasladó el pasado 9 de abril la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, al exponer los pormenores de la promoción de 52 viviendas Iberia Loreto, 1, en el distrito de Barajas. Fuentes de la propia entidad trasladan a Somos Madrid su apuesta por el “arraigo vecinal” de quienes resulten beneficiados de este nuevo modelo de promociones, aunque apostillan que por el momento se mantienen las que no incluyen exigencias concretas en materia de empadronamiento.

Así, el programa general de vivienda pública de EMVS seguirá teniendo como principal requisito que quienes se beneficien de él tengan unos ingresos familiares medios anuales que vayan desde la no declaración de ingresos hasta 3,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), una cifra que se sitúa alrededor de los 42.600 euros brutos en unidades familiares de dos miembros y 44.300 si son cuatro. Y que aumentará en función del número de integrantes de la unidad familar. Para calcularlo, se suelen sumar las bases imponibles de la declaración de la renta y dividir entre el número de miembros de dicha unidad, comparando el resultado con los límites del IPREM.

Además, es preceptivo apuntarse en el Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda, no poseer en titularidad otra vivienda y no ser inquilino de otro alojamiento público. En cuanto al “arraigo”, la única exigencia es residir o trabajar en Madrid. La inscripción se completa en este enlace.

Nuevas promociones para “madrileños con ingresos medios”

Adjudicada mediante sorteo, como es habitual en EMVS, las principales novedades de las promociones dirigas a “madrileños con rentas medias” están en las exigencias respecto al IPREM y la acreditación de residencia en Madrid. Respecto al primer apartado, los ingresos declarados pasan a situar el mínimo en 3,5 veces el citado índice, mientras que el máximo alcanza ese IPREM multiplicado por 5,5. Así, la cifra se mueve entre unos 44.300 euros en la escala inferior y unos 68.400 en la superior (atendiendo siempre a familias con cuatro miembros como baremo). Según el Gobierno municipal, en algunas promociones el límite podría llegar incluso a 7,5 veces el IPREM (unos 92.500 euros brutos anuales).

Para optar a los pisos que se adscriban a este programa, los adjudicatarios (de entre 18 y 50 años) tendrán que estar empadronados en el municipio de Madrid con una antigüedad mínima de cinco años ininterrumpidos o de ocho dentro de los últimos diez años.

Además de carecer de otra vivienda en propiedad (obligación aquí limitada al territorio nacional), un requisito adicional en este caso es “que ninguno de los miembros de la unidad familiar haya sido condenado por delitos relacionados con la ocupación ilegal, ni por impago de rentas o en procedimientos de desahucio de viviendas por problemas de convivencia en los últimos cinco años”. Así lo exponía el porpio Consistorio a través de una nota de prensa municipal.

“Esta ampliación no sustituirá en ningún caso a los sorteos de vivienda pública que EMVS Madrid efectúa periódicamente para adjudicar vivienda a madrileños con rentas de hasta 3,5 veces el IPREM, como el previsto para el próximo mes de mayo, sino que los complementará para dar respuesta a este segmento de población que hasta ahora quedaba fuera de los sorteos”, detalla el Ayuntamiento.

El Plan ReViVa se abre a rentas más altas y aumenta la exigencia de arraigo

En paralelo, el consejo de administración de EMVS aprobaba el pasado 16 de abril una nueva modificación (la tercera en cinco años) del Plan ReViVa, en la misma sesión donde validaba la incorporación de dietas de 612 euros por reunión e integrante. Diseñado para recuperar viviendas en desuso en la ciudad, el objetivo de este programa es destinarlas al alquiler por un tiempo determinado y a cambio de una renta mensual por parte del Consistorio (cuente o no con inquilinos la vivienda).

Según traslada el concejal socialista presente en dicho consejo, Pedro Barrero, “el PP abre este programa a rentas superiores a 62.000€, para afianzar un negocio a propietarios con opacidad y dejar fuera a quienes más lo necesitan”. En la actualidad, la renta mínima para acogerse a este programa es de unos 44.000 euros en unidades familiares con cuatro integrantes y la máxima es la citada por el edil, de 7,5 veces el IPREM (92.500). Como apunte, en este caso los solicitantes no pueden ser titulares de otra vivienda en la Comunidad de Madrid, pero sí en otros puntos del país o del resto del mundo.

“También se endurece el acceso a la vivienda pública con un requisito de cinco años de arraigo [por el año actual en el momento de la inscripción], lo que podría excluir a más de 16.000 familias (el 27% de los solicitantes)”. Mientras, el Consistorio continúa teniendo problemas para encontrar arrendadores que se sumen y presten sus viviendas: “Apenas ha logrado 198 viviendas y 143 inquilinos”, afirma Barrero. Y eso que el ReViVa presenta la garantía jurídica y administrativa como su principal baza (el casero cobra solo con ceder su propiedad con independencia de lo que ocurra con ello), en un contexto donde según el Ayuntamiento de Madrid el miedo a la okupación es uno de los principales motivos de la reducción en la oferta de viviendas.

“La EMVS debe garantizar el derecho a la vivienda, no convertirse en una inmobiliaria al servicio de unos pocos”, concluye Barrero sobre estos nuevos modelos emprendidos por la compañía municipal, en la misma línea de otros cambios introducidos desde la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid afirma que no tenía constancia de los hechos recogidos en la denuncia por acoso laboral contra la concejala presidenta del distrito de Chamartín, Yolanda Estrada, y otros dos altos cargos del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha indicado que Estrada “niega cualquier tipo de acoso” después de que el Consistorio le haya consultado al respecto.

“Se han producido movimientos y ceses de personal como en muchos lugares”, ha informado Sanz a partir de la respuesta que les ha trasladado la edil y después de una pregunta de la Cadena Ser. En contestación a una consulta de Somos Madrid sobre este mismo asunto, la vicealcaldesa ha incidido en los argumentos esgrimidos desde el área de Economía, Hacienda e Innovación: “Inspección de Trabajo no ha requerido nada y tampoco ha habido traslado a Prevención de Riesgos Laborales, que es lo habitual para que se activen los protocolos”. “Lo estudiaremos”, ha afirmado en último término sobre el caso, antes de concluir que “nos hemos enterado por elDiario”.

La noticia, adelantada en exclusiva por este medio, recoge las “humillaciones”, “descalificaciones” y “trato vejatorio” que el personal de la Junta Municipal del distrito ha sufrido en los últimos tiempos, según un escrito elevado a los Juzgados de lo Social de Madrid. Varios testimonios recogidos por Somos Madrid apuntan en la misma línea: “Yo he sufrido acoso. Conmigo se ha ensañado”, cuenta una persona que ha estado vinculada laboralmente al órgano de gobierno de Chamartín.

Maroto, contra el Gobierno de Almeida: “Creen que la administración es su cortijo”

En paralelo, comienzan las reacciones políticas a la denuncia. La portavoz del Grupo Municipal Socialista en Cibeles, Reyes Maroto, ha lamentado los hechos denunciados en un mensaje publicado en X: “Así son, creen que la administración es su cortijo particular. Así gestionan el día a día, con miedo y humillación hacia los trabajadores”, opina en referencia a la gestión del Ejecutivo de Almeida.

“Todo mi reconocimiento a los empleados públicos que sostienen esta ciudad con profesionalidad frente a entornos que, según denuncian, son intolerables. Se deben asumir responsabilidades ya”, ha rematado la líder de los socialistas madrileños.

Por su parte la portavoz adjunta de PSOE en el Consistorio, Enma López, ha trasladado su “cariño” a los trabajadores denunciados y a todos los empleados públicos del Ayuntamiento. Llama a “esclarecer lo que ha pasado”, por mucho que deba “respetarse la presunción de inocencia”. Y añade: “Nosotros no somos como ellos, así que no voy a decir que Almeida lo conocía y lo tapó, pero sí voy a exigirle que se implique personalmente. Debe hacerlo porque Estrada forma parte de su grupo municipal, es concejala del PP y porque la Ley de Capitalidad determina que el alcalde es el máximo responsable en materia de personal en el Ayuntamiento.”.

“Nos gustaría decir que nos ha extrañado esta noticia pero, por desgracia, no es así. Hemos visto en Chamartín pleno tras pleno como esta concejala se dirige en tono insultante, bronco, a toda la oposición. Ahora nos apena comprobar que da la sensación de que ese trato denigrante también forma parte del día a día de la Junta de Distrito. No podemos tolerar esta clase de hechos. Hay que dirimir responsabilidades tanto penales como administrativas y el Grupo Municipal Socialista va a estar muy atento”, concluye López.

“Un entorno intimidatorio”

Este periódico ha tenido acceso a dos denuncias anonimizadas, la de carácter judicial (que pide “medidas cautelares urgentes” para “evitar la continuidad del daño y la agravación de sus consecuencias”) y una anterior dirigida a la Inspección de Trabajo de Madrid. Ambas describen un “entorno laboral intimidatorio, degradante y hostil, con consecuencias graves para la salud de los trabajadores como episodios de ansiedad, crisis nerviosas y llantos en los puestos de trabajo”. Testimonios recopilados por este diario contrastan esas actitudes y señalan que desde la llegada de Estrada a Chamartín en 2023 se han producido once ceses y cinco bajas de larga duración, mientras que 16 personas se han marchado de la Junta voluntariamente. “Está jodiendo vidas”, afirma una de estas fuentes.

La segunda denuncia achaca la responsabilidad a Estrada y otros dos altos cargos municipales. Por un lado su coordinadora general en Chamartín, Alicia Gregorio, a la que acusa de “gritos y descalificaciones públicas del trabajo de funcionarios en reuniones o en presencia de otros empleados”. También de “amenazas sobre el mantenimiento del puesto, restricciones de permisos con efectos en la conciliación, coacciones para firmar documentos administrativos para no sufrir represalias profesionales, vigilancia fuera del horario laboral o prohibición de comunicar fuera de la Junta de Chamartín todas estas situaciones”.

Por último, el documento señala a Juan José Blázquez, director general de Función Pública del Ayuntamiento.Un alto cargo en el Gobierno de Almeida que depende directamente de la concejala de Economía, Hacienda e Innovación, Engracia Hidalgo. La denuncia a la Inspección de Trabajo le achaca que, “en su condición de responsable de la función pública municipal”, tenía “conocimiento de los hechos denunciados y los ceses producidos”. Todo ello “sin que conste la adopción de medidas eficaces para prevenir o corregir la situación”.

Desde el área liderada por Hidalgo, después de consultar a la Dirección General de Función Pública, aseguran que “la Inspección de trabajo no ha requerido nada al Ayuntamiento de Madrid relacionado con un supuesto caso de acoso laboral de la concejala de Chamartín a un empleado público”. Puntualizan que “cuando hay una denuncia de la Inspección, el inspector nos lo comunica y se le dan las explicaciones pertinentes tras recabar la información”. Apostillan que “tampoco en Prevención de Riesgos Laborales ni en el Comité de Seguridad y Salud consta nada relacionado con este asunto”.

“Un entorno laboral intimidatorio, degradante y hostil”. Es lo que recoge una denuncia por acoso laboral institucional, riesgos psicosociales y deterioro del servicio público presentada el pasado 12 de marzo en la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid. Está dirigida contra la concejala presidenta del distrito de Chamartín, Yolanda Estrada, y otros dos altos cargos del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida.

Un proceso que once días después, el 23 de marzo, derivó en una segunda denuncia en los Juzgados de lo Social de Madrid, según la documentación al que ha tenido acceso Somos Madrid. Este último escrito incorpora el sello oficial de la Junta de Chamartín y centra las acusaciones en la coordinadora general del distrito, Alicia Gregorio Arroyo. En último término, solicita “medidas cautelares urgentes” para “evitar la continuidad del daño y la agravación de sus consecuencias”, ante unos hechos que “vulneran derechos fundamentales como la integridad moral, la dignidad en el trabajo o la salud laboral”.

A lo largo de varias páginas, la denuncia desarrolla un “deterioro progresivo y grave del clima laboral” que se remonta a la llegada de Estrada a la Junta Municipal de Chamartín, en junio de 2023. Desde entonces, se ha generado “un entorno insostenible, con consecuencias graves para la salud de los trabajadores como episodios de ansiedad, crisis nerviosas y llantos en los puestos de trabajo”.

Además, Estrada ha ejecutado “nueve ceses de funcionarios” en menos de tres años (el último de ellos en febrero), una cifra que fuentes consultadas por este diario elevan a once. A ello hay que sumar las bajas laborales (la más reciente data del 13 de febrero según la denuncia), cinco de ellas de larga duración, y al menos cuatro solicitudes de reasignación en otros puestos fuera del distrito. Esta última cantidad se refiere a las especificadas en el escrito judicial, aunque las mencionadas fuentes sostienen que hasta “16 personas se han ido voluntariamente”.

Dichas peticiones de traslado buscarían, según el denunciante (que obra “con reserva de identidad” por “un temor real, fundado y objetivable a represalias laborales”), escapar de “conductas constitutivas de acoso laboral” que se habrían recrudecido desde el nombramiento de una nueva coordinadora del distrito en septiembre de 2024. El documento atribuye a Alicia Gregorio, mano derecha de Estrada, “humillaciones, trato vejatorio, gritos y descalificaciones públicas del trabajo de funcionarios en reuniones o en presencia de otros empleados”. Pero la lista de acusaciones es extensa: amenazas sobre el mantenimiento del puesto, restricciones de permisos con efectos en la conciliación, coacciones para firmar documentos administrativos para no sufrir represalias profesionales, vigilancia fuera del horario laboral o prohibición de comunicar fuera de la Junta de Chamartín todas estas situaciones.

La denuncia apunta asimismo que el nombramiento de Gregorio estuvo precedido por el cese del anterior coordinador del distrito mientras este “se encontraba en situación de enfermedad oncológica”. Aunque para entonces la situación era ya difícil y se habían producido destituciones, según el denunciante fue esta sustitución la que elevó el acoso a “extremos absolutamente insostenibles” y a ambiente generalizado de “miedo, presión y sumisión entre los trabajadores”.

Por ello, solicita como medidas cautelares y urgentes “el cese inmediato de las conductas descritas”, “la limitación o suspensión de funciones de supervisión directa de Alicia Gregorio” o “requerir al Ayuntamiento de Madrid para que de forma inmediata evalúe los riesgos psicosociales en la Junta de Chamartín”. A preguntas de este diario, el Consistorio no ofrece hasta la fecha valoraciones de la Junta sobre la denuncia o los comportamientos abusivos recopilados a lo largo de este artículo.

Vía judicial ante la “inacción” de la Inspección de Trabajo y el Ayuntamiento

La denuncia en los tribunales llega después de una primera remisión del caso ante la Inspección de Trabajo de Madrid, con un documento al que también ha podido acceder este periódico. La escalada tiene lugar porque “no se ha personado ningún Inspector de Trabajo ni consta la apertura de actuaciones inspectoras”, circunstancias que hacen “necesaria” la “intervención judicial urgente”.

Este primer requerimiento cita expresamente diez posibles testigos entre el personal y concreta que las conductas han desembocado en “episodios reiterados de estrés laboral grave, crisis emocionales en el puesto, bajas médicas por ansiedad o agotamiento psicológico”. Pero es especialmente reseñable que incluye una tercera persona identificada como “responsable”, además de Estrada y Gregorio, que da cuenta de cómo el caso habría llegado previamente a manos del Ejecutivo municipal.

Se trata de Juan José Blázquez, director general de Función Pública del Ayuntamiento. Un alto cargo en el Gobierno de Almeida que depende directamente de la concejala de Economía, Hacienda e Innovación, Engracia Hidalgo. La denuncia a la Inspección de Trabajo le achaca que, “en su condición de responsable de la función pública municipal”, tenía “conocimiento de los hechos denunciados y los ceses producidos”. Todo ello “sin que conste la adopción de medidas eficaces para prevenir o corregir la situación”.

Fuentes del área liderada por Hidalgo, después de consultar a la Dirección General de Función Pública, afirman que “la Inspección de trabajo no ha requerido nada al Ayuntamiento de Madrid relacionado con un supuesto caso de acoso laboral de la concejala de Chamartín a un empleado público”. Puntualizan que “cuando hay una denuncia de la Inspección, el inspector nos lo comunica y se le dan las explicaciones pertinentes tras recabar la información”. Apostillan que “tampoco en Prevención de Riesgos Laborales ni en el Comité de Seguridad y Salud consta nada relacionado con este asunto”.

“Si hablamos de acoso laboral, lo habitual en el Ayuntamiento de Madrid es solicitar la activación del protocolo aspecto que tampoco se ha producido. Tampoco consta que se haya planteado ninguna solicitud de intervención por parte de la Unidad de Conflictos en ese ámbito. Estos dos últimos supuestos son las vías que se utilizan cuando se detecta un problema de existencia de conflictos o acoso”, informan.

Testimonios refuerzan la denuncia: “Conmigo se ha ensañado”

Este periódico ha conversado con personas que han estado vinculadas laboralmente a la Junta de Chamartín y corroboran el “trato vejatorio” por parte de Yolanda Estrada, así como las actitudes previamente descritas. “Lo primero que preguntó era a quién podía cesar o rebajar”, asegura una de ellas. “Yo he sufrido acoso. Ha hecho polvo mi carrera y mi dedicación”, cuenta. Añade que si no lo ha denunciado es por su falta de confianza en las garantías del proceso: “Sé que a nivel interno estas cosas no van a ningún sitio, pero esta persona conmigo se ha ensañado”. En su caso centra ese “acoso” en la propia Estrada, aunque precisa que Alicia Gregorio “ejecuta las órdenes”.

Otra persona que conversa con este medio coincide en este deterioro del ambiente provocado por Estrada: “Todo le parece mal sin conocer nada ni saber nada. Tuerce el gesto y solo busca cosas negativas, sin escuchar, sobre todo si te pone la cruz por cosas tan subjetivas como que no le guste cómo miras”, expone. “En un momento dado empezó a puentearme, preguntaba cosas personales sobre mí a administrativos que estaban bajo mi responsabilidad. Al final me cesaron sin valorar mi gestión. El argumento es que había quejas sobre mí, cuando pude comprobar en el sistema de reclamaciones que eso no es así. También fue una cuestión de edadismo”.

Miembros de la plantilla cesados, los que podían serlo al ocupar plazas singularizadas, han acabado en puestos que en muchos casos comportan una menor retribución económica. A otros “les ha degradado del cargo, les ha recortado el complemento de productividad o directamente se lo ha quitado”. “Está jodiendo vidas”, lamenta sobre la situación en la Junta Municipal desde la llegada de Estrada. Todo ello ya antes de que asumiera la coordinación del distrito Alicia Gregorio, a la que tacha de “alma gemela” de la concejala: “Es la voz de su amo. Ya era horrible e indigno solo con Estrada, ahora con dos mucho peor”. Precisa además que el cese del coordinador anterior fue “completamente arbitrario” y se debió a “algo que no gustó a la concejala en una reunión con vendedores de los puestos alrededor del Bernabéu”.

Estrada es lo peor que me he encontrado en la administración. Es muy zafia, pero como chilla te encoge. Lo sabe todo el Ayuntamiento y toda la corporación, pero ahí sigue

Además de los ceses, los traslados y las bajas médicas, este testimonio da cuenta de situaciones especialmente delicadas entre quienes continúan trabajando en la Junta, como la de una mujer “humillada día tras día que está aguantando hasta su jubilación”. Las “faltas de respeto” se repiten incluso “con sus propios asesores”, sobre todo con los que le atribuye el Partido Popular. Cada concejal de distrito suele contar con uno que designa personalmente y otro que coloca el partido. Por este segundo puesto habrían pasado “tres personas en tres años”. “Estrada es lo peor que me he encontrado en la administración. Es muy zafia, pero como chilla te encoge”, concluye antes de alertar sobre la dejadez del resto del Ejecutivo de Almeida: “Lo sabe todo el Ayuntamiento y toda la corporación, pero ahí sigue”.

“El sistema no funciona para protegernos. Es anónimo, pero si señalas cosas acaban llegando a ti”, apostilla una de las fuentes que conversa con Somos Madrid, todas ellas de manera anónima ante el temor a represalias. “Al final es tu palabra contra la de la otra persona y el trabajador tiene más que perder que el que acosador”.

Esta misma semana Comisiones Obreras denunciaba en un comunicado las “quejas de la plantilla de la Junta Municipal de Hortaleza”, presidida por el polémico concejal aguafiestas David Pérez, relativas a “un ambiente de trabajo hostil con repercusiones muy graves en el desarrollo de la actividad cotidiana”. El documento, difundido por la Coordinadora de Hortaleza a través de redes sociales, protesta por un “cuestionamiento permanente de los trabajadores” o “la retirada de complementos”. Un contexto de “hostigamiento” que ha derivado en dos demandas interpuestas ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, ambas ganadas en primera instancia por el sindicato.

Antes de Estrada éramos un equipo supercoordinado, ahora cada vez más lo componen gente sin experiencia. Es alguien que no entiende que estamos para servir al ciudadano. Lo hacíamos bien, simplemente no le hemos caído bien. Aunque ni nos ha conocido

La coyuntura en Chamartín es tan dramática que ya afecta a los recursos humanos de la Junta o a la efectividad de los servicios que debe acometer: “No hay personal funcionario que quiera venir a Chamartín, salvo la gente que tenga mucha necesidad. Se ha corrido la voz. Están quedando plazas desiertas, cubiertas por interinos de otras administraciones o gente de la Oficina para el Empleo. Eso provoca que las cosas tarden más en hacerse, que haya que estar pendientes constantemente para arreglar y corregir”.

“Antes de Estrada éramos un equipo supercoordinado, ahora cada vez más lo compone gente nueva y sin experiencia. Es alguien que va arrasando, que no entiende que estamos para servir al ciudadano. Lo hacíamos bien, simplemente no le hemos caído bien. Aunque ni siquiera nos ha conocido”, remata.

Estrada, de la cercanía con la Gürtel al roce con los vecinos del Bernabéu

Almeida incorporó en sus listas a Estrada después de los comicios municipales de 2023. Hasta entonces, era la coordinadora territorial del grupo parlamentario del Partido Popular que Isabel Díaz Ayuso presidía en la Asamblea de Madrid, además de estar al frente de la Comisión de Vivienda y Administración Local. Así, como David Pérez (exconsejero autonómico de Transportes y Vivienda), acabó en el equipo de Almeida procedente del círculo de poder ayusista.

El mayor quebradero de cabeza para la gestión de Estrada han sido sin duda los frustrados conciertos y parkings alrededor del Santiago Bernabéu, que los vecinos tumbaron en la Justicia. La edil, acusada de rechazar peticiones y reuniones con las asociaciones de afectados, trató por contra de concertar encuentros privados con las comunidades de residentes instando a su equipo a entregar notas manuscritas en las porterías.

Estrada también ha protagonizado controversias de carácter puramente ideológico, como cuando incluyó referencias religiosas mezcladas con proclamas políticas (“La Venezuela libre está en Madrid”) en un programa de fiestas de Chamartín. Pero sin duda la más sonada fue el envío por parte de la Junta Municipal de una felicitación navideña dirigida a los más pequeños en la que un hombre con la cara pintada de negro encarnaba a Baltasar. Todos estos conflictos han derivado en plenos distritales extremadamente broncos, aunque fuentes de los grupos políticos trasladan que “las malas formas y las faltas de respeto” por parte de Estrada han sido “la tónica habitual” durante toda la legislatura.

Antes de su etapa como diputada autonómica, su carrera política estuvo ligada al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, donde encadenó los cargos de concejala de Obras, de Presidencia y teniente de alcalde entre 2003 y 2010. Llegó a ese Consistorio de la mano de Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo condenado a 14 años y ocho meses de prisión por la trama Gürtel.

Según acreditó la Audiencia Nacional, Sepúlveda recibió dinero negro y regalos “por las irregularidades adjudicaciones públicas que favoreció”. Además de metálico, la trama le obsequió con “viajes y servicios turísticos”, “eventos familiares” o “servicios prestados para su campaña electoral como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Pozuelo”. El tribunal condenó a su exmujer, Ana Mato (exministra de Sanidad en el Gobierno de Mariano Rajoy), como responsable civil a título lucrativo por beneficiarse de los regalos que su entonces esposo obtuvo de la trama. Los juicios se desarrollaron mientras Estrada estaba fuera de la política activa, de la que se mantuvo al margen desde 2010 hasta 2019, cuando fue repescada para un PP de Madrid que trató de ofrecer una imagen de renovación y frescura.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha desplegado este martes la alfombra roja institucional para las empresas que sacarán partido de la concesión demanial del antiguo Centro Acuático de Madrid, símbolo de los fracasos olímpicos de la capital. Una cesión a 75 años para que el Atlético de Madrid pueda construir allí y explotar un pabellón para macroconciertos y un centro universitario, entre otros equipamientos. Una recalificación que sigue avanzando, pese a la sentencia judical que la tumbó hace unos meses y tras la cual el principal cambio ha sido prescindir de la edificación de un hotel, presente en el diseño original.

Almeida, que ha agradecido “el liderazgo y la visión” de su “querido” consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ha definido el proyecto como “el mejor complejo deportivo, cultural, universitario y de ocio de cualquier ciudad de Europa”. Sostiene que “estos 65.000 metros cuadrados, junto con la Ciudad del Deporte que está construyendo el Atlético [en dos parcelas adyacentes del barrio de San Blas], van a ser únicos integrando esas actividades en un ámbito concentrado”. El regidor ha hecho gala de su afición colchonera y hasta ha dicho que “la grandeza reside en cómo nos levantamos después de caer”, en referencia al tropiezo del Atlético en la final de Copa del Rey disputada el pasado sábado en Sevilla ante la Real Sociedad.

El primer edil describe el futuro recinto de conciertos dentro de los terrenos como “la mejor arena del mundo”, a través de constantes “residencias para artistas especialmente de la música latina”, un hito que atribuye en parte a la promotora Live Nation. Otros de sus elogios se han dirigido a la empresa GoFit (que gestionará algunas dotaciones deportivas) y a la universidad Alfonso X El Sabio (que tendrá un nuevo centro en una de las parcelas). En un discurso plagado de loas a la colaboración público-privada, ha recordada sobre esta institución de educación superior que fue “la primera exclusivamente privada y uno de esos lugares de Madrid donde el talento encuentra el lugar adecuado”.

La realidad tras el megaproyecto: tropiezo judicial en un plan municipal a medida del Atlético

Pese a las buenas palabras del regidor, la iniciativa se encuentra en un momento delicado. El pasado diciembre, el Tribunal Superior de Justicia regional (TSJM) anuló el plan especial sobre el fallido Centro Acuático de La Peineta, justo cuando el Gobierno de Almeida acababa de sacar a concurso la concesión. El fallo judicial cuestiona el interés general de la operación, debido a que el Ayuntamiento de Madrid no justificó el cambio de usos en la parcela, pensada inicialmente para proyectos deportivos ligados a las candidaturas olímpicas de la capital que acabaron fracasando. El equipo de Almeida intentó añadir usos educativos, de ocio, o culturales a la parcela a través de un procedimiento urbanístico aprobado en octubre de 2024.

Aun con la sentencia judicial, la concesión demanial sigue adelante, de momento. Según los detalles a los que ha tenido acceso este periódico, el Consistorio prevé entregar los 90.000 metros cuadrados de edificabilidad de la parcela ES-01 (la del Centro Acuático) a una empresa durante los próximos 75 años, hasta el 2100. Esta empresa es Barsento SL, una sociedad montada por el Atlético de Madrid, en la que se acompaña de dos gigantes del mundo del entretenimiento: la mencionada compañía Live Nation (promotora de conciertos y dueña de Ticketmaster implicada también en el “estadio” de Shakira en Villaverde) y Oak View Group (OVG).

Barsento ha reclamado este espacio para completar la Ciudad del Deporte del Atlético, que ya construye en otras tres parcelas municipales de 205.000 metros cuadrados que previamente le ha cedido el Ayuntamiento alrededor de su Estadio Metropolitano (con dotaciones tan controvertidas como una piscina de olas). La guinda de este pastel sobre suelo público es un recinto cubierto de conciertos para 20.000 espectadores, que el club rojiblanco presentó hace unos meses y que el Ayuntamiento acomodó a medida de sus peticiones en forma de concurso público. Queda fuera respecto al planeamiento original y después del mazazo judicial un hotel de 250 habitaciones

El estudio económico elaborado por el área de Obras y Equipamientos del Consistorio para este negocio arroja cifras muy altas, que explican el interés del Atlético de Madrid por este proyecto y el elevado precio de venta de la mayoría de acciones del club que acaba de tener lugar.

El plan económico plantea una puesta en marcha de las instalaciones en el año 2031, después de dos años del proceso de adjudicación y redacción de proyectos, a los que seguirán tres años de obras. La facturación del complejo en el año 2045 rozará los 145 millones de euros y para el final de la concesión, en el año 2100, alcanzará los 445 millones. Por entonces los beneficios anuales serán de unos 95 millones de euros, antes de impuestos.

El Ayuntamiento de Madrid recibirá un canon de explotación a cambio, que comenzará siendo de 300.000 euros anuales y hasta el año 2051 no subirá notablemente, hasta los 1,4 millones. Al final de la concesión, en el año 2100, será de 6,6 millones. El estudio publicado calcula que el plazo de recuperación de la inversión de Barsento, que deberá invertir 407 millones de euros, estará entre los 19 y los 21 años.

Más de la mitad de esta inversión (260 millones) estará dedicado al pabellón cubierto, “concebido expresamente para conciertos, eventos corporativos, galas y espectáculos de gran formato”, explica el concurso municipal. Se situará sobre el lugar donde iban a estar las piscinas de waterpolo en el Centro Acuático y contará con 37.500 metros cuadrados y un aforo en torno a 20.000 espectadores, con lo que se convertirá en el recinto para conciertos cubierto de mayor tamaño en España, en rivalidad con el Roig Arena de Valencia (misma capacidad) y el Movistar Arena de Madrid, que trabaja en una ampliación

La construcción aprovechará una parte importante de la obra civil y estructura ya levantada en el edificio y que según un estudio municipal se encuentra en buen estado general. El estudio económico calcula que el periodo de concesión arrancará con 88 eventos al año y se acabará con 132 (uno cada tres días, sin contar el mes de agosto). Las cifras de beneficios están elaboradas contando con una asistencia media del 56% del aforo máximo, con entradas a 65 euros.

La oposición muestra sus “dudas sobre la legalidad de la operación”

El proyecto no convence a la oposición ni desde su planteamiento ni desde el punto de vista jurídico, como demuestran las declaraciones que ha compartido este martes Antonio Giraldo, concejal portavoz de Urbanismo del Grupo Municipal Socialista: “El Ayuntamiento pretende sacar adelante un proyecto de 360 millones de euros sobre una parcela pública que debería haber sido siempre un equipamiento deportivo público, apostando una vez más por la privatización”.

“Tenemos serias dudas sobre la legalidad de la operación: el plan especial que permitía estos usos fue anulado por el TSJM en diciembre. Nadie ha aclarado si se ha recurrido al Supremo”, advierte. Así, el edil considera que “si está recurrido, es una temeridad seguir adelante sin garantías jurídicas”. Y si no lo está, “el plan está definitivamente anulado: el Gobierno de Almeida debe explicar cómo encaja este proyecto en la legalidad vigente”.

Para Mar Barberán, portavoz de Más Madrid en la Comisión de Urbanismo, el anuncio de este martes confirma que “el patrimonio público de todos los madrileños queda al servicio de intereses privados en una instalación abandonada donde el Ayuntamiento ya dilapidó millones de euros públicos [en concreto 99,6 millones durante la etapa de Alberto Tuiz-Gallardón]”. Afirma que “no es deporte público, es negocio privado”. Mantiene la concejala que “el interés general aquí es que se forren los de siempre, en este caso un fondo de inversión estadounidense, con el patrimonio de la ciudad como moneda de cambio”. Su conclusión es tajante: “Alemida se expone a indemnizaciones, retrasos y litigios si sigue con la adjudicación del Centro Acuático”.

Desagües atrancados, techos apuntalados, desprendimientos por humedades, problemas de climatización, incidencias con las salidas de emergencia o una filtración de 3.000 litros de agua al día. Son algunas de las numerosas incidencias que detalla un demoledor informe de Más Madrid después de su visita al Centro Deportivo Municipal Palomeras, del distrito de Puente de Vallecas, al que ha tenido acceso Somos Madrid.

Las cubiertas de distintos puntos del espacio, desde el rocódromo hasta la sala de caldera o los almacenes, sufren importantes humedades y desprendimientos que comprometen la situación estructural del edificio. La seguridad también se ve mermada por los desperfectos en las puertas automáticas de emergencia de entrada y salida en la zona trasera del edificio, con roturas y bloqueos constantes que empeoran debido a su uso continuo.

Las incidencias del recinto inaugurado en 1994, numerosas y variadas, afectan a distintas funcionalidades. Por ejemplo, solo está operativa una de las cinco unidades de tratamiento del aire (UTAS), lo que imposibilita que en el interior del edificio se mantenga una temperatura adecuada. Hay también problemas en los desagües de los vestuarios de la piscina de invierno destinados a los usuarios, atascos en los inodoros del de personal o inundaciones en el adaptado para personas con problemas de movilidad, debido a que la ducha no tiene la pendiente adecuada.

El deterioro del pavimento en las pistas de fútbol sala, las roturas de losas en la cubierta exterior o la importante fuga de agua en el anillo de riego completan un panorama que Más Madrid define como “un escándalo que el PP no puede seguir ignorando”.

Son palabras de Mar Barberán, portavoz del principal partido de la oposición en la Comisión de Obras, Equipamientos y Políticas de Vivienda, en declaraciones a Somos Madrid. Habla de “un riesgo sanitario real” por los fallos de drenaje y lamenta que haya “gradas clausuradas por peligro de derrumbe”, así como “techos que literalmente se caen a cachos”. “Esto no es dejadez. Es el retrato fiel de lo que el PP entiende por política deportiva en los barrios del sur y del este de Madrid. Una política negligente y de desidia”, critica la concejala.

El Ayuntamiento admite que “no se ha iniciado la tramitación” de la reforma

Otro informe, en este caso uno de carácter municipal que sirve de contestación a una petición de información elevada por la concejala de Más Madrid Olga Martínez, expone el estado en el que se encuentra el procedimiento de la futura remodelación del polideportivo (uno de los proyectos ganadores en la última edición de la consulta ciudadana para la elaboración de los presupuestos participativos). El resumen es que está en una fase embrionaria: “No se ha iniciado aún tramitación del citado proyecto dado que nos han informado desde la Subdirección General de Participación Ciudadana e Innovación que se llevará a cabo con cargo a los presupuestos del 2027”, recoge el escrito.

Así, la mera redacción del proyecto deberá esperar “a principios de ese año”. “Se estima la adjudicación del contrato basado sobre junio [del 2027] y sobre la ejecución de las actuaciones se estima a principios de julio una vez acabada la temporada de futbol”, señala la respuesta del equipo municipal.

El escrito puntualiza que “el presupuesto participativo estimado en 2,45 millones se va a realizar mediante dos proyectos”. “Uno desde la Junta de Puente de Vallecas con un importe que se adjudicará de 0,95 millones para la sustitución de césped artificial y otras mejoras. Otro desde el área de Gobierno de Obras y Equipamientos para la remodelación de las gradas con importe de 1,5 millones”, desgrana el documento.

Desde el área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento, así como desde el departamento de Deportes, no aclaran por el momento los motivos de esta degradación en la instalación o si estudian ejecutar mejoras antes de los trabajos previstos a partir de 2027. Remiten a la discusión del tema en la Comisión municipal de Cultura, Turismo y Deporte que se celebra este martes 21 de abril. Tampoco aportan más datos desde la Junta Municipal de Puente de Vallecas. En la citada Comisión, Sonia Cea (concejala delegada de Deportes) ha reivindicado el gasto de “más de 15 millones de euros en el mantenimiento de este centro” y ha acusado a Más Madrid de dejar Vallecas “abandonado” durante el mandato de Manuela Carmena.

Los vallecanos pagan sus impuestos igual que cualquier vecino del centro de la ciudad y tienen derecho a instalaciones dignas, seguras y en pleno funcionamiento. Lo mismo que el personal que trabaja en la instalación, cuyas condiciones son precarias

Mar Barberán — Portavoz de Más Madrid en la Comisión municipal de Obras, Equipamientos y Políticas de Vivienda

Mar Barberán repasa en cambio las cuentas pendientes del Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida con la dotación para concluir que “Vallecas no puede seguir siendo el barrio al que siempre le toca esperar”: “Durante los siete años de Gobierno de Almeida, solo se han ejecutado obras de mantenimiento en 2019 y la cantidad destinada ha sido tan irrisoria que no alcanza ni para arreglar las rejillas de las duchas. Lo más grave es que ni siquiera han sido capaces de ejecutar un presupuesto participativo aprobado por los propios vecinos y vecinas de Palomeras, que destinaba 2,5 millones de euros a mejoras urgentes. Ese dinero, votado democráticamente, jamás ha aparecido por la instalación. Mientras tanto, se pierden 3.000 litros de agua al día por una fuga sin reparar”.

“Los vallecanos y vallecanas pagan sus impuestos igual que cualquier vecino del centro de la ciudad y tienen derecho a instalaciones deportivas dignas, seguras y en pleno funcionamiento. Lo mismo que el personal que trabaja en la instalación, cuyas condiciones son precarias”, recuerda la edil.

Barberán contrapone estas afecciones en servicios municipales con la predisposición del equipo de Almeida a que Madrid albergue grandes acontecimientos deportivos con un fuerte componente de mercadotecnia: “Mientras Almeida apuesta por la privatización del deporte y los grandes eventos de escaparate, deja que los polideportivos de los barrios del sur y el este se pudran. Le exigimos que actúe de forma inmediata y que invierta lo que haga falta en el Centro Deportivo Municipal de Palomeras para garantizar una gestión de mantenimiento eficaz y continua, porque la situación ya es insostenible”.

Además de las dotaciones que requieren una intervención urgente, el recinto presenta desperfectos de menor calado como la rotura de azulejos y cristaleras, goteras, tomas de luz colocadas en zonas de tránsito o hasta una caja fuerte de la taquilla que permanece en desuso a la espera de ser desmontada y retirada. Un cúmulo de incidencias que, salvo una actuación urgente por el momento no prevista, continuarán durante al menos un año más hasta el inicio de su paulatina resolución.

Las bibliotecas fantasma en el subsuelo de la capital podrían volver a la vida. Al menos, algunas de ellas. Fuentes de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, impulsora del proyecto Bibliometro, aclaran en declaraciones a este periódico que “en el nuevo convenio se incluirán los módulos instalados en las estaciones de Metro de Carabanchel Alto, Chamartín, Mar de Cristal, Sierra de Guadalupe, Nuevos Ministerios, Puerta del Sur, Embajadores, Moncloa y Legazpi”.

Esto supone recuperar cuatro de los seis Bibliometros previamente administrados por el Consistorio y cerrados desde el pasado verano: Nuevos Ministerios, Embajadores, Moncloa y Legazpi. Desde la Consejería justifican a Somos Madrid la apuesta por estas paradas ya que “son las estaciones con más tránsito y en las que se efectuaban más préstamos”. Los de Canal y Aluche permanecerán fuera de servicio, sin que el departamento del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aclare de momento qué ocurrirá con las infraestructuras. Por ejemplo, si se desmontarán para dejar más espacio libre en los vestíbulos.

Mención aparte merece Puerta de Arganda, cuyo Bibliometro ha permanecido operativo al ser de gestión autonómica, pero que ahora podría enfrentarse a su retirada del servicio. En la Consejería de Cultura lo dejan fuera del nuevo convenio en sus declaraciones a este medio, aunque apostillan que “hasta que esté listo se va a renovar el contrato”. Fuentes de la plantilla consultadas por este diario ya apuntaban la posibilidad de su futura clausura al ser el puesto “con menos demanda” de todos los desplegados hasta el momento, al tiempo que alertaban de la inquietud entre el personal ya que el convenio actual de los Bibliometros gestionados por el Gobierno regional caduca ese 30 de abril.

De la externalización al abandono

Instalados en 2005, los Bibliometros son pequeños recintos en los vestíbulos de doce estaciones de la red, cada uno con alrededor de 1.700 títulos. Un importante porcentaje de ellos son novedades, principal aliciente respecto al servicio tradicional de préstamos que lo ha convertido en un servicio muy valorado por viajeros habituales u ocasionales.

Sin embargo, el pasado julio cerraron sorpresivamente seis de los doce módulos, los gestionados por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Así lo acreditan personal de Bibliometro, la propia Consejería de Cultura autonómica o diversas publicaciones oficiales, aunque el área homóloga del Ejecutivo municipal sostiene que “depende de la Comunidad de Madrid y es una iniciativa suya”.

Una empleada contaba a este diario que “el Ayuntamiento lleva años desentendiéndose”: “Pasaron de los seis puestos y no sacaron el concurso para renovar las concesiones. Quienes trabajaban en ellos han sido despedidos o reubicados. Ya antes, no venía nadie se rompía el aire acondicionado, con el calor insoportable que se pasa aquí dentro en verano”, lamentaba para ilustrar esa dejadez. Cree que “el problema detrás de todo esto es que es un servicio subcontratado”. A diferencia de la mayoría del personal de bibliotecas, no se trata de plantilla funcionarial o laboral del Consistorio, sino que este externaliza la gestión a través de empresas que consiguen las adjudicaciones.

Relata que la empresa adjudicataria, Betansa, abonaba a su plantilla justamente el salario mínimo. Lo recoge una oferta laboral para Bibliometro publicada en agosto de 2021, con estas condiciones y requisitos: “Contrato obra y servicio, jornada de lunes a viernes de 13.00 a 20.00 (7 horas), salario SMI (13.300 brutos anuales por 12 pagas + Programa de ayudas de empresa). Estar en posesión de certificado de discapacidad en vigor”.

Inquietud en una plantilla con condiciones precarias

Apunta la bibliotecaria que en Normadat, compañía que ganó el concurso para los seis puestos dependientes del Gobierno autonómico y que hasta la adjudicación de 2022 se hacía cargo también de los municipales, “las condiciones económicas no son muchos mejores, pero sí están más pendientes de ofrecer un servicio con unos estándares de calidad y funciona bien”. Además, “los pliegos de la adjudicación en la Comunidad exigían un resumen de actividades a la empresa beneficiada, mientras que los del Ayuntamiento no, así que tenían un control mucho menor”. De este modo, aunque los seis Bibliometros de control autonómico también tienen una gestión externalizada, en ese caso no ha tenido unos resultados tan negativos (derivando incluso en el fin del servicio).

La trabajadora contaba a Somos Madrid la inquietud que estaba generando en la plantilla la proximidad del vencimiento de convenio sin que conocieran ninguna novedad. Si la Comunidad de Madrid no readjudica el contrato o asume la gestión, los puestos operativos se verían abocados al cierre y el equipo humano (“en torno a una decena de personas”) al despido.

De momento, parece que no será así y los Bibliometros seguirán operando de lunes a viernes entre las 13.00 y las 20.00. Lo harán con algunos módulos recuperados, pero sin regresar eso sí a los 20 años en los que han funcionado con doce puntos repartidos por una red subterránea cada vez mayor. El número de estaciones o de viajeros no deja de crecer, pero este servicio debe contentarse de momento con resistir.

“Recuerdo que en una de las entrevistas para el libro, una mujer defendía ser autónoma para Glovo y Deliveroo porque podía usar el tiempo como quisiera. El ejemplo que puso era que eso le permitía no trabajar en los últimos meses de su embarazo y después del parto. Es decir, no sabía que si trabajase por cuenta ajena podría acogerse a una baja por maternidad. Vivía disociada de los derechos laborales”.

Durante la presentación del libro de autoría colectiva Nómadas digitales y precarización algorítmica (Editorial Catarata, 2026), Francisco Fernández-Trujillo (uno de sus coordinadores) contaba esta anécdota para ilustrar una de las principales estrategias que el conocido como capitalismo de plataforma utiliza para crear o reforzar nuevas formas de dominio: el desconocimiento.

No es la única herramienta, ya que este ensayo aborda también cómo determinadas compañías que en un principio prometieron el auge de una nueva economía colaborativa han acabado aprovechándose de la inestabilidad laboral, las situaciones de ciudadanía irregular, la soledad y el aislamiento vinculados a los procesos migratorios, las ansias de ascenso social, la acuciante necesidad de vivir experiencias o hasta la crisis habitacional que las propias plataformas fomentan para precarizar aún más las condiciones de los segmentos más vulnerables de la población.

Con esta premisa, el libro que Jorge Sequera y Ana Santamarina coordinan junto a Fernández-Trujillo (muy vinculado al Grupo de Estudios Críticos Urbanos o GECU) parte de un sugerente planteamiento que analiza desde varias perspectivas a lo largo de sus siete capítulos: ¿y si este nuevo modelo de capitalismo de plataforma provoca que los nómadas digitales y los expats, pese a proceder mayoritariamente de países del norte global o clases sociales más elevadas, sucumban y acepten la precarizacion (aunque adopte otros modos) como lo hace un rider o una trabajadora de limpieza que encuentra clientes con una aplicación?

Disponibilidad y 'fomo', dos armas digitales para que el trabajo colonice la vida

La definición recogida en el ensayo presenta este capitalismo de plataforma como “la reorganización de la acumulación en torno a plataformas digitales que intermedian, controlan y monetizan interacciones entre usuarios, proveedores y anunciantes”. Y añaden: “Lejos de producir valor mediante el trabajo directo, estas plataformas se apoyan en el control de infraestructuras digitales y la extracción de rentas asociadas a su posición de intermediación privilegiada”.

Pablo Martínez, coautor de un capítulo sobre los expats en Barcelona, resume este rediseño y estas nuevas formas de control con un ejemplo: “El propietario de varias viviendas en la ciudad que alquilaba a través de Airbnb ponía un mensaje en el grupo de WhatsApp que tenía con las mujeres que trabajaban limpiándolos y arreglándolos cuando uno se quedaba vacío. La primera en responder, se ocupaba de ello”.

Así, herramientas asociadas originalmente a una idea de flexibilidad han acabado derivando en que los empleos asociados a ellas requieran una disponibilidad total y permanente. Todo ello además en una especie de pirámide o interrelación de aplicaciones, como muestra el uso cruzado de Airbnb y WhatsApp en el caso anterior. Por regla general, una mujer migrante en Barcelona que trabaja para hospedajes de Airbnb necesitará acaparar cuanto más recursos económicos pueda, así que si puede acumular horas y encargos tratará de hacerlo, aunque ello implique estar pegada al móvil (tiempo que no computa como dedicación laboral cuando realidad lo es).

Lo curioso es que ambas dinámicas operan también en el caso de los expats o los nómadas digitales, como ilustra una idea del ensayo: el fomo (feor of missing out o miedo de quedarse fuera) como vía para tolerar la precariedad a través de una imposición de la movilidad, que se presenta como un concepto atractivo. Además, el tiempo libre o de ocio se difumina con lo laboral a través de espacios de coworking. Para muchos migrantes temporales procedentes de países con “pasaporte fuerte” (Europa, Estados Unidos o Australia), los espacios de trabajo constituyen también los únicos espacios de socialización. Y si hay alternativa es también digital, apps sociales como Meetup o de citas, como Tinder. De ellos salen sus amigos y las actividades que llevan a cabo, muchas veces de espaldas a los ritmos habituales de la ciudad. De hecho, Martínez cita el lamento de estos habitantes pasajeros ante su imposibilidad de “vivir la ciudad real”.

La idea de desarraigo resuena tanto en el colectivo de empleadas de plataformas digitales de trabajos domésticos como en el 'coworking'

Cristina Barrial Berbén — Doctoranda en la Universitat Oberta de Catalunya y coautora del libro 'Nómadas digitales y precarización algorítmica'

Los autores analizan los expats como “aquellos extranjeros altamente cualificados que se trasladan fuera de sus países por iniciativa propia para conseguir un empleo de forma temporal”. El origen foráneo, la alta cualificación profesional o de nivel académico y el carácter no definitivo de su migración son las características claves. La conceptualización presenta algunas diferencias con la de nómada digital, “un profesional de las tecnologías de la información, contratado por una empresa del norte global, que trabaja a distancia en ciudades de países con menor poder adquisitivo, aprovechándose de los costes de vida más asequibles, aunque el concepto se ha ampliado para incluir otras profesiones de prestación de servicios virtuales como contables, profesores o traductores”. El expat sería, por tanto, un nómada digital con una posición laboral algo más estable y una implantación en el territorio un poco más prolongada.

La presentación en la librería Traficantes de Sueños de Madrid, el pasado miércoles 15 de abril, ahondó en la conexión y las divergencias entre ambas figuras, así como el vínculo con otras formas de precarización algorítmica. Formas diversas de lo que Fernández-Trujillo describe como un “dominio capitalismo contemporáneo, que pasa a su vez por el dominio del espacio y de la vida cotidiana en la on demmand city [ciudad bajo demanda]”.

Del análisis a la respuesta: fantasías que se desvanecen y vínculos cotidianos

Hay dos cosas especialmente interesantes en Nómadas digitales y precarización algorítmica. Por un lado, su variedad de objetos de estudios y enfoques. Van del mercado inmobiliario y el choque de modelos urbanos en la Castellana de Madrid a la etnografía de las empleadas dedicadas a los cuidados o las labores del hogar en Milán, pasando por las diversas formas de control plataformizado en la cadena logística o la siniestra ideología detrás del proyecto de atracción tecnológica en Málaga (cuya concepción aparentemente innovadora estaría en realidad mucho más cerca de las lógicas del pelotazo habituales en el sector de la construcción).

La segunda gran baza de la obra es su afán por construir respuestas y alternativas. Lo hacen, primero, desmitificando conceptos y sacando a relucir flaquezas del modelo. Así, Pablo Martínez cuenta que “el deseo de ser nómada digital dura muy poco y atañe a una edad muy concreta alrededor de los 26 o 27 años”. En las entrevistas de cara a su estudio, elaborado junto a Jose Mansilla y Guillermo Aguirre, detectaban que la mayoría de expats que rebasaban la treintena mostraban cierto hartazgo y ganas de abandonar ese inestable estilo de vida. Un proceso en el que tiene mucho que ver “el afecto”: “Llegan por el deseo y se van por la soledad. Los nómadas también tienen sentimientos”, comenta entre las risas del público.

El deseo de ser nómada digital dura muy poco y atañe a una edad muy concreta alrededor de los 26 o 27 años. Llegan por el deseo y se van por la soledad. Los nómadas también tienen sentimientos

Pablo Martínez — Investigador en el Grupo de Estudios Urbanos de la UNED y coautor del libro 'Nómadas digitales y precarización algorítmica'

Cristina Barrial Berén, que analiza las plataformas de trabajo doméstico junto a Alina Dambrosio y Ana Santamarina, apunta que “la idea de desarraigo resuena tanto en este colectivo de empleadas como en el coworking”. Destaca que el sector de los cuidados con intermediación digital se encuentra “infraestudiado” por mucho que esté creciendo “exponencialmente” en el sur de Europa, muy asociado a regímenes migratorios. La digitalización se introduce así en un sector “que no es nuevo ni cool”, al tiempo que nació y se expande “desregulado, feminizado y racializado”. Opera por tanto “sobre una carencia histórica”.

Ahora bien, esa limitación arrastrada es también una fuente para superar las imposiciones del capitalismo de plataforma. La existencia de potentes sindicatos u organizaciones ligadas al trabajo doméstico en Madrid, a diferencia de la otra urbe analizada (Milán), crea sinergias entre trabajadoras que les permiten conocer y responder a los abusos de plataformas como Cuideo. También organizarse para protegerse de potenciales clientes peligrosos. E incluso abandonar la plataformización al dar con nuevos clientes. Aunque, curiosamente, esta vía aparece en muchas ocasiones sin ninguna otra mediación externa. Así, una limpiadora o una cuidadora que contactan con alguien con una aplicación acaban por seguir quedando o por ser contratadas al margen de la herramienta digital.

Otra derivada es que las plataformas crean una especie de enemigo común en un tipo de empleo tradicionalmente diseminado, en el que cada trabajadora tenía su propio jefe. Un fenómeno similar al de los VTC, que es precisamente el sector del capitalismo de plataformas con mayor implantación sindical. Así, los negocios digitales no están exentos a las resistencias cotidianas que contestan a otros modelos de dominio laboral anteriores.

Las plataformas digitales y las “clases emergentes o distorsionadas”

Eso no significa, como apunta Fernández-Trujillo, que no haya que atender a las “condiciones contextuales de las propias plataformas”. Más bien, que “no hay ni mucho ni poco nuevo en el capitalismo de plataforma respecto del neoliberalismo”. Jorge Sequera, director de GECU, apela asimismo a la vuelta a modelos previos del capitalismo a través de maniobras como los puestos de nómadas digitales asociados a una alternativa habitacional en un contexto de crisis de la vivienda: “No es solo una cuestión de que la ciudad constituya un salario en sí mismo, aunque sea emocional. Es que si te despiden, además, puedes perder la casa. Eso crea una doble vinculación y una vuelta atrás a la vinculación entre patrón y obrero por parte de estas plataformas de control algorítmico y disciplinamiento de los cuerpos”.

Lo más preocupante es la desmovilización, de la que las plataformas se han alimentado por sus propias condiciones ligadas a la temporalidad o la informalidad extrema. Por suerte aparecen maneras de agencia que atraviesan el sabotaje o el apoyo mutuo

Francisco Fernández-Trujillo — Profesor en la Universidad Complutense de Madrid y coautor de 'Nómadas digitales y precarización algorítmica'

“Hay dinámicas que se asientan en la estructura de clases. Es el caso de la logística en toda su extensión, desde los contenedores en Países Bajos hasta la última milla que cubren los riders. Continuidades que se repiten en el trabajo doméstico, en el que la disponibilidad y el uso del tiempo construyen una relación que se da en términos de clase”, expone Francisco Fernández-Trujillo. A través de estos planteamientos, esboza la idea de “clases emergentes o distorsionadas”. Puede que enfade a más de un marxista clásico, pero cree que es una poderosa herramienta en el actual momento político: “Vemos sujetos que ceden tiempo a una nueva clase media que lo usa para consumirlo. Para subcontratar, para descansar, producir o para una reproducción social más agradable, como puede ser cuidar de tu hijo en vez de planchar”.

Una novedad que también genera “formas sindicales nuevas”, como declara el investigador a Somos Madrid: “Lo más preocupante es la desmovilización, de la que estas plataformas se han alimentado por sus propias condiciones ligadas a la temporalidad o la informalidad extrema. Por suerte aparecen maneras de agencia que atraviesan el sabotaje o el apoyo mutuo. Ha costado, pero ahora hasta los sindicatos más tradicionales se están volcando en un modelo que no les beneficia, pero que deben tener en cuenta. Están empezando a lograr victorias sindicales o legislativas”.

Desde punto de vista, la Ley Rider o la reciente regularización extraordinaria de migrantes “no acaban con la precarización”, pero “eso no quiere decir que sean reformas negativas”. Sobre todo si consiguen revertir o mitigar las características de inestabilidad que los gigantes digitales aprovechan para alienar a sus empleados: “La respuesta de la plataforma es adaptarse y eso puede resultar en trabajos menos precarios”.

La línea 6 de Metro de Madrid ha sufrido un prolongado corte en la mañana de este viernes entre las estaciones de Laguna y Oporto, pasando por Carpetana. La clausura parcial ha comenzado con el inicio del servicio este viernes y durante casi dos horas ha afectado además a Opañel y Plaza Elíptica. En las otras tres paradas, la normalidad no ha vuelto hasta casi las 11.00.

Dicha suspensión en la circulación se ha debido a una “incidencia en las instalaciones por un tiempo estimado en más de dos horas”, según ha informado la cuenta del suburbano en redes sociales. Fuentes internas detallan a Somos Madrid que “en una revisión nocturna de las instalaciones con motivo de las lluvias de las últimas semanas se ha tomado la decisión de cortar el servicio en este tramo, para proceder a reforzar el falso techo de un pequeño espacio del andén de la estación de Carpetana”. Sostienen en Metro que el objetivo es “evitar cualquier problema que pueda luego afectar a la catenaria.

Metro de Madrid ha establecido un servicio especial de autobús sustitutivo entre las estaciones de Laguna y Plaza Elíptica al continuar interrumpida la circulación. Ha durado “mientras duren los trabajos, ahora mismo la previsión es de más de dos horas”, apuntan desde la red, al tiempo que recalcan que “se ha reforzado la línea 55 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que cubre la zona afectada por la suspensión”.

En las estaciones que han estado clausuradas, como Oporto, varios agentes de Metro están bloqueando la entrada y el personal indica a los viajeros donde tomar el servicio alternativo o posibles alternativas de transporte con las que cubrir sus itinerarios. Los buses sustituvos han circulado cargados de pasajeros y empiezan a acumularse personas esperando en las paradas.

Esta misma semana, Metro anunciaba que extenderá hasta finales de año los trabajos que se acometen en horario nocturno para la renovación de la superestructura de vía en la línea 6 de Metro de Madrid. Será concretamente en el tramo entre las estaciones de Laguna y Avenida de América pasando por Méndez Álvaro, el arco sureste (que incluye la zona afectada por este cierre), dentro de las obras para la puesta en marcha de su automatización en 2027. Así, el servicio en este sector seguirá acabando poco después de las 23.00 de domingo a jueves al menos hasta noviembre, cuando la finalización estaba prevista para mayo.

La automatización de la línea provocó el corte del servicio en la circular el pasado año, repartido en dos periódos que afectaron cada uno a la mitad de su trazado. Actualmente, las nuevas puertas de andén se están colocando ya en alguna de sus estaciones, como Legazpi, Arganzuela-Planetario o Ciudad Universitaria.

Se tarda menos de cinco minutos en recorrer los 350 metros que separan el Café Central, templo de la música en directo desde su inauguración en 1982, del Ateneo de Madrid. Los cientos de personas que este jueves han completado este camino, sin embargo, han necesitado más de una hora. La multitud ha protagonizado un particular cortejo fúnebre, pero no ha sido la tristeza el motivo de su lentitud. Al contrario: la alegría ha atravesado el centro de Madrid como ya pocas veces se ve en un entorno donde la gentrificación y el turismo masivo parecen haber dejado sin alma todos sus recovecos. Un funeral festivo para lamentar que el Café Central deja su casa, sí, pero que lo hace para renacer de inmediato a unos cuantos pasos.

Después de unos meses de incertidumbre generados por la negativa de la propiedad a renovar el alquiler por motivos de especulación inmobiliaria, este referente cultural abierto en una antigua cristalería ha encontrado una nueva casa en el Ateneo, otro tótem de la vida artística madrileña. Pero no será finalmente en el propio recinto de la institución, sino en la muy cercana calle de Santa Catalina, en el número 10. Es ahí donde el Café Central Ateneo ofrece conciertos desde este mismo jueves 16 de abril, como recoge un cartel colocado en su fachada. El saxofonista Miguel Malla y el grupo Racalmuto han ejercido de maestros de ceremonias. Antes, han sido parte de un concierto más extraordinario si cabe. Una actuación en un escenario único, las calles de Madrid y con un público igual de especial, sus gentes.

La idea de los promotores del Café Central era sencilla: que quien lo deseara acudiera a despedirse de la que ha sido su casa durante 44 años. Si era equipados con instrumentos musicales, para tocarlos en la breve ruta que separa la plaza del Ángel de la calle de Santa Catalina, mejor que mejor. El resultado ha sido una asistencia masiva, que ha llenado las inmediaciones de la citada plaza del Ángel ya mucho antes de que el acto (o más bien el acontecimiento) comenzara pasadas las 17.00.

Ha sido entonces cuando Juantxu Bohigues, empleado del Central desde hace doce años y una de sus almas (coordinó el libro de autoría múltiple Café Central. Una historia del jazz), ha tomado la palabra megáfono en mano para agradecer el apoyo masivo a “un funeral que es una resurrección”. “Hoy liberamos el espacio, pero para entregárselo al Ateneo, para que lo custodie y lo proteja, que no se pierda como ha pasado con el Café Gijón o la librería Tipos Infames”, ha proclamado. “El Central es un sentimiento, solo hay que veros para entender lo que es el jazz. Nos gusta la vida y salir, algo que queremos compartir. Todo español y todo madrileño tiene una historia con el Central”, ha dicho antes de apelar directamente al público: “Muchos habéis traído instrumentos, ¿dónde están las guitarras?”. Una pregunta tras la cual varias personas han alzado las suyas al cielo soleado de Madrid. Y entonces, la música empezó a sonar.

Ha comenzado en el balcón de la ya antigua sede del Central. Pero los saxos, trompetas, flautas, guitarras, violines, maracas o panderetas no han tardado en entregarse a una multitud con ganas de celebrar, que ha abierto un camino por el que la improvisada banda (cada vez más numerosa) ha completado la travesía. Sus componentes, que han ido rotando, han sido de todo pelaje: músicos profesionales, amateurs, estudiantes, un niño subido en los brazos de su madre... Pocas veces se festeja una pérdida, pero ha sido más fuerte el consuelo por que el proyecto perviva, aunque sea entre otras cuatro paredes.

Un grupo de cinco mujeres congregadas en la plaza del Ángel, que enlazarán el homenaje con una nueva protesta en defensa de las escuelas infantiles públicas en Callao, atiende a Somos Madrid y cuentan su relación con el local. Mar habla de “un sitio muy especial”. Carmen recuerda con especial cariño “todas las actuaciones de Javier Krahe”, pero su última vez fue “apenas hace un mes”. Otra compañera duda de que su nueva casa vaya a ser lo mismo, porque “esto siempre ha sido muy acogedor”.

Carmen muestra su indignación con las razones detrás de la marcha: “Todo tiene que ver con la gentrificación. Ahora pondrán una tienda de souvenirs, imagino”. Mar opina que “todas estas cosas deberían estar protegidas” y otra amiga lamenta que “es la historia de esta ciudad, que parece un parque de atracciones mientras nos quitan lo nuestro”. Está por ver que el mensaje llegue a las figuras políticas que se han desplazado al lugar: el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco y el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López (líder de los socialistas madrileños).

Sobre la falta de gente joven, que se incorpora al ritmo de la música pero no estaba tan presente al inicio de la concentración, Isabel apunta que “no lo han vivido tanto como nosotros”. “Después del after veníamos aquí. Lo recuerdo con mucho cariño”, rememora. “Los que estamos aquí somos los nostálgicos”, apostilla otra voz entre la multitud.

Dice Isabel que cuando salía de copas el Central era el final de una ruta que pasaba por los bares de la plaza de Santa Ana. Esta vez la trayectoria ha sido a la inversa, ya que la banda de música y su muchedumbre alrededor (o quizá su extensión, por cómo aplaudía y coreaba, creando una banda infinita) ha cruzado este enclave en su camino al Ateneo. Es entonces cuando a quienes acudían para el evento se han unido muchos otros curiosos. Entre ellos unos cuantos visitantes extranjeros, dando pie a una curiosa paradoja: la celebración ha sido tan abierta que han formado parte de ella esos mismos turistas que engrasan el modelo que ha expulsado al Café Central.

Aunque más hermoso si cabe ha sido ver cómo se incorporaba al gentío un trabajador de la limpieza del Ayuntamiento de Madrid. El hombre no ha dudado en detener un momento sus labores para adentrarse en el meollo, dejar unos cuantos pasos prohibidos y sacarse fotos o vídeos junto a la banda. Su imagen al lado de Juantxu Bohigues, la que sigue a estas líneas, es quizá el mejor ejemplo de lo que esta jornada y estos 44 años de historia del Café Central han significado para la ciudad.

El heterogéneo y multitudinario grupo ha llegado al Ateneo, en el 21 de la calle del Prado, pasadas las 18.00. Pero la efervescencia ha sido la misma, por mucho que en esa hora de camino la banda no haya parado de tocar o se detuviera en varias ocasiones para ofrecer pequeñas actuaciones que han causado el regocijo en la audiencia. Una responsable de la institución ha agradecido desde la puerta el respaldo ciudadano y ha animado a disfrutar la etapa que está por venir: “Hay espacios que no deberían desaparecer nunca. Larga vida al Café Central Ateneo. Bienvenidos”.

La comitiva ha concluido en la mencionada nueva sede, que no está en realidad dentro del Ateneo como tal, sino en un local muy cercano ubicado en el 10 de la calle Santa Catalina. El tema final que la banda infinita ha regalado a la muchedumbre ha estado acompañado esta última vez con unos improvisados bailes de algunos de los asistentes. La calzada se ha convertido en una suerte de pista al lado del nuevo Café Central, que ha visto este jueves la primera de sus (esperemos) muchas historias para el recuerdo.

“La intención es continuar con la programación habitual de dos conciertos cada noche del año, ofreciendo la posibilidad de terminar su día con música en vivo. De forma paralela, se programarán varias noches en La Cátedra del Ateneo, un auditorio histórico de acústica excepcional que permitirá ampliar la propuesta artística en un entorno singular”, destacaban ya en la convocatoria desde el Central, apelando a las posibilidades del nuevo recinto que les servirá de cobijo.

Avanzan que esta nueva etapa ya ha confirmado la presencia de figuras importantes para el Café Central, como Joshua Edelman, Jorge Pardo, Guillermo McGill, Cecilia Krull, Lluís Coloma, Sheila Blanco, Federico Lechner o Ignasi Terraza. “El Café Central se despide de un espacio que ha sido referencia durante décadas, pero lo hace afirmando su identidad más allá de un lugar físico, libre ya de su antiguo emplazamiento y con la mirada puesta en el futuro, reafirmando su vocación de ser un lugar de encuentro para la música y para quienes la viven cada noche”, recalcan.

Es, desde luego, lo que logró en su día de mudanza (¿o era un funeral?). Una despedida en la que el público acabó pidiendo otra frente al nuevo Café Central Ateneo. Cuando en su interior preparaban ya la puesta a punto para la primera noche, cuando muchas personas comenzaban a marcharse, los ritmos seguían sonado en la calle. En parte era gracias a algunos músicos que querían alargar la jarana, pero también porque el Central ha conseguido hoy y todos estos años convertir la música en eterna, infinita. Hacerla banda sonora de Madrid.

“Una cuestión de buen gobierno corporativo que entiendo que no gusta a Más Madrid”. Así ha justificado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, las dietas de 612,85 euros por asistencia a cada reunión de los miembros de los consejos de administración de cinco empresas municipales (y 525 euros en otros cuatro organismos autónomos).

El mismo día en el que el órgano de gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) vota elevar la cuestión para su aprobación a la Junta de Gobierno, el regidor ha comparecido ante los medios precisamente en la rueda de prensa posterior a dicha Junta. Sin aclarar si los nuevos pagos han sido ya validados, Almeida ha defendido la medida por su utlidad, dice, para “atraer perfiles independientes” y que “los consejos de administración no sean lugares de colocación”. Precisamente en el de EMVS ocupa el cargo de consejera delegada su exjefa de Gabinete, Ana de Miguel.

El alcalde ha centrado su respuesta a las preguntas de Somos Madrid en atacar al principal partido de la oposición: “Más Madrid dice una cosa en público y otra en privado. En alguna sociedad ha votado a favor”, ha espetado ante las críticas de la concejala Lucía Lois, representante de la formación en el consejo de EMVS.

Almeida ha asegurado que “Sumar se abstuvo cuando se votó lo mismo en Casa 47 [la nueva empresa pública de vivienda]”. Anima a Lois a “dar su opinión sobre la legitimidad” de ese caso, después de que la edil trasladase este miércoles su rechazo a las diestas de EMVS “en el contexto de emergencia habitacional que vive Madrid, donde miles de familias no pueden acceder a una vivienda digna y el precio del alquiler sigue disparado”.

El líder del Ejecutivo de Cibeles ha recurrido también al pago de este tipo de retribuciones en organismos estatales: “Es una homologación con el Gobierno de España, con la diferencia de que las municipales son un 50% inferiores”. Desde el área de Hacienda del Consistorio subrayan que esta novedad “ha replicado la legislación del Estado, donde ya se viene haciendo oscilando en su caso entre 1.189 y 623 euros, dependiendo de la categoría del consejo”.

Esas mismas fuentes aclararon a este periódico las nueve entidades que incorporarán estas dietas, aplicables incluso por la participación telemática en las reuniones: “Las empresas afectadas son EMT, EMVS, Madrid Calle 30 y la EMSFCM. Los organismos autónomos IAM, Madrid Salud, ATM, AE y Agencia de Actividades”. Recuerdan que, salvo rechazo expreso de los beneficiarios (posibilidad que Almeida ha planteado a Lois en la rueda de prensa), incluye a “todos los miembros del consejo de administración (concejales de Gobierno y oposición, cargos directivos, sindicatos y funcionarios)”.

En el caso de EMVS, según la proposición sometida a votación este jueves a la que tuvo acceso este diario, el coste de las indemnizaciones será de hasta 107.861,60 euros este 2026. El consejo plantea además aumentar su número máximo de componentes de nueve a 15, lo que implicará un dispendio más elevado.