“Fuck the police, pero con alegría”, solía decir a su madre Manuel Paez Terán, y se lo repitió por teléfono pocos días de que un agente en Atlanta le arrebatara la vida hace un año. Se encontraba en el bosque Weelaunee, el mayor espacio verde de la capital de Georgia, donde llevaba siete meses acampado en protesta contra la construcción de un enorme centro de militarización policial en ese enclave. Un macrocomplejo, de 34 hectáreas y 90 millones de coste inicial, destinado a alojar y entrenar a las fuerzas del orden de todo el país en tácticas de guerrilla urbana. Una “ciudad policial”, financiada por grandes corporaciones, que no ha sido votada por los ciudadanos y servirá de escuela para reprimir protestas.

A Manuel le acribillaron con la misma brutalidad policial contra la que protestaba, en el mismo bosque que estaba defendiendo de la deforestación: recibió 57 heridas de bala, que le harán pasar a la historia como el primer activista climático asesinado por la policía en suelo estadounidense. Se convirtió en un mártir de la causa contra esta ciudad policial en pleno pulmón de Atlanta, una oposición transversal, que bebe del movimiento Black Lives Matter y aúna a ecologistas, activistas contra la violencia policial, anarquistas, líderes religiosos y amplios sectores de la sociedad atlanteña.

Manuel, que había nacido en Venezuela 26 años atrás, se identificaba como una persona no binaria y todos le conocían como tortuguita. El sobrenombre, según recuerda su madre, Belkis Terán, se lo pusieron los miembros de la nación Muscogui Creek, uno de los últimos pueblos originarios de EEUU, que habitaron el bosque hasta que fueron desplazados forzosamente en 1830, y con los que Manuel se había relacionado en los últimos meses.

“Manuel se enamoró del bosque Weelaunee. Yo le decía que no se quedara ahí, que se fuera para otra parte, porque a mí me daba miedo. Le decía que eso estaba en disputa y era peligroso, porque había policías envueltos. Me dijo: 'Mami, es que aquí me necesitan'”, explica Terán en una entrevista con este medio.

Un mes antes, la policía había hecho otra redada y se llevó detenidos a una docena de sus compañeros, imputados con cargos de terrorismo. Un año después, la represión contra el movimiento Stop Cop City (paremos la ciudad policial) no ha dejado de crecer: otros 61 compañeros se enfrentan a un juicio, acusados de pertenecer a una banda para el crimen organizado. El motivo: protestar contra la construcción de una ciudad –con sus casas, sus calles, sus campos de entrenamiento– para la preparación de policías y en contra de la voluntad popular.

El enorme complejo policial, cuyo nombre oficial es Centro de Formación de Seguridad Pública de Atlanta –aunque todo el país, e incluso Wikipedia, se refiere a él como Cop City–, supone una amenaza para las comunidades indígenas, pero también para la población mayoritariamente negra que habita sus alrededores y para la ciudadanía en general: sus detractores denuncian que se trata de un verdadero crimen medioambiental en Atlanta, otrora conocida como “la ciudad en el bosque”.

“Varios informes municipales previos a su construcción se refieren al bosque Weelaunee como el principal pulmón de Atlanta. No solo proporciona oxígeno a la ciudad, también sirve de muro de contención ante las inundaciones y es el hogar de una importante diversidad animal”, explica Hannah Riley, activista por los derechos humanos y una de las organizadoras del movimiento. “Además, la tala de estos árboles va a ser enormemente perjudicial para Atlanta, una ciudad que ya es peligrosamente cálida en verano”.

Además, este polémico centro va a ser construido en el condado DeKalb, que, a pesar de que pertenece a Atlanta, no tiene representación en el ayuntamiento. Es decir, los propios habitantes del condado no tienen ni voz ni voto sobre su construcción, a pesar de que afectará directamente a sus vidas. Por ello, reunieron 116.000 firmas para hacer un referéndum en noviembre, pero este ha sido impugnado por el ayuntamiento y de momento está en manos de los tribunales. 

El asunto, en el centro del debate nacional sobre el futuro de la policía en EEUU, ha provocado multitudinarias manifestaciones desde que se propuso el complejo. Unas protestas en las inmediaciones del bosque Weelaunee que, reiteradamente, han sido reprimidas con dureza por la policía de Atlanta.

Una ciudad policial en el hogar de Luther King

Atlanta, lugar de nacimiento de Martin Luther King Jr. y con larga tradición en el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos, fue un importante foco de protestas en 2020 tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis (Minnesota) y el de Breonna Taylor en Louisville (Kentucky). 

Tres semanas después de la muerte de Floyd, la ciudad sureña también tuvo a su propio mártir de la brutalidad policial, Rayshard Brooks, un afroamericano de 27 años que se encontraba descansando en su vehículo en el aparcamiento de un restaurante Wendy's cuando fue asaltado por un agente, que lo mató con tres disparos por la espalda. 

Inspirados por el movimiento Black Lives Matter, los atlanteños salieron masivamente a protestar de forma pacífica. Sin embargo, un sector reducido provocó importantes disturbios y llegó a incendiar el restaurante ante el que habían matado a Brooks. Las autoridades usaron ese fuego como justificación para construir Cop City.

“En esas protestas, pedimos la desfinanciación de la policía, incluso su abolición, y la búsqueda de alternativas a la seguridad pública. Pero la respuesta de la alcaldesa –la afroamericana Keisha Bottoms– fue insistir en la militarización”, dice Kamau Franklin, abogado con más de una década de experiencia contra la brutalidad policial y uno de los líderes del movimiento Stop Cop City.

En la web del proyecto, el ayuntamiento destaca la “importancia ecológica” de la zona y dice seguir comprometido “con su preservación mediante una gestión responsable ahora y en el futuro”. También defiende que la construcción del centro “contribuirá a inyectar nueva energía a los esfuerzos por hacer accesible esta zona a los residentes y visitantes de Atlanta”.

Desde que se planteó el proyecto, los vecinos salieron a las calles a protestar, pero no fue hasta la muerte de tortuguita cuando el movimiento se ganó la atención mediática de todo el país. A pesar de la oposición popular, e ignorando la recogida de firmas suficientes para pedir la celebración de un referéndum, la ciudad de Atlanta, gobernada por demócratas, decidió seguir adelante con el plan. Y mientras los activistas batallan en los tribunales para que pueda darse la votación que piden en las elecciones presidenciales del próximo noviembre, ya se ha completado la tala del bosque y el terreno está listo para la construcción de la ciudad policial.

Al servicio de las grandes corporaciones

El macrocomplejo será financiado y dirigido por la Atlanta Police Foundation (AFP), una de las numerosas asociaciones privadas y sin ánimo de lucro que existen en EEUU para dar apoyo a las fuerzas del orden, y que podrían parecer un tanto marcianas en Europa. Su función principal es asegurarse de que el apoyo económico a la policía sigue vivo, ante el creciente movimiento defund the police (desfinanciar a la policía), sea cual sea el color político del gobierno de turno.

“A raíz del asesinato de Mike Bown (un joven de 18 años al que mataron a tiros) en 2014 y las protestas que surgieron a continuación, cuerpos policiales de todo el país decidieron fundar un mecanismo alternativo para mantener la financiación de la policía, incluso cuando el voto popular pidiese lo contrario”, explica Franklin. Entre otras acciones, estas fundaciones financian proyectos, construyen alojamientos para los agentes –contribuyendo a los procesos de gentrificación de algunos barrios– e incluso les dan puntualmente bonus, como ocurrió por su respuesta durante el levantamiento contra el racismo institucional en 2020.

En el caso de la AFP –que se ha convertido en la segunda fundación policial más grande del país, después de Nueva York, a pesar que la policía de Atlanta es la vigésima–, está financiada por grandes compañías como Delta Air Lines, Waffle House, The Home Depot, Georgia-Pacific, Equifax, Accenture, Wells Fargo y United Parcel Service (UPS). 

En 2021, año en el que se dio luz verde al proyecto, generó 28,1 millones de dólares, una cifra quince veces superior a sus ingresos de 2011 y el doble que la Fundación Policial de Las Vegas. Para la ciudad policial de Atlanta, el gasto inicial será de 90 millones de dólares, de los cuales 30 millones proceden de los impuestos de los ciudadanos (a los que se les niega el referéndum), y el resto de la AFP y contribuciones individuales.

“Con los años, las fundaciones policiales se han puesto al servicio de las grandes corporaciones y, por tanto, en contra de la clase trabajadora y las comunidades negras. Al fin y al cabo, esa es la función de la policía: mantener el llamado orden público para servir al capital y la propiedad privada”, denuncia Riley. 

En su opinión, la AFP “tan solo existe para recaudar el oscuro dinero de las grandes empresas para financiar a la policía. Al ser una organización sin ánimo de lucro, no tiene que declarar exhaustivamente sobre el origen de dicho dinero”. Esta fundación, añade Franklin, “es la principal responsable de que Atlanta sea la ciudad más videovigilada del país, y una de las principales del mundo, a excepción de cinco grandes ciudades chinas”.

La policía de Atlanta, prototipo de país

Si hay un asunto capaz de unir al alcalde demócrata de Atlanta, el afroamericano André Dickens, y al gobernador republicano de Georgia, el supremacista Brian Kemp –a pesar de la creciente e insalvable polarización entre ambos partidos–, es la defensa del Estado policial. El mismo consenso ocurre en la mayoría de grandes ciudades y estados del país norteamericano.

Pero Atlanta se ha convertido en una especie de fantasía para los adalides de la militarización policial. Su futura Cop City “ya está sirviendo de prototipo, incluso antes de ser construida: otras ciudades del país están llevando a cabo proyectos similares, con enormes centros de entrenamiento, auténticas bases militares para la policía, cuyo objetivo es formar a los agentes en tácticas de guerrilla urbana”, asegura Franklin. 

El claro ejemplo es Baltimore, ciudad mayoritariamente afroamericana (62,3%), donde se ha propuesto un proyecto todavía mayor, de 330 millones de dólares de coste inicial. También hay iniciativas similares planteadas o en marcha en San Pablo (California), con 43,6 millones de dólares de inversión inicial, en Chicago (Illinois), con un coste de 170 millones, y en otras ciudades del país. “Ninguno de estos proyectos tiene nada que ver con perseguir el crimen, sino con el control de las masas cuando salen a manifestarse. Su objetivo es debilitar todo levantamiento popular para que el statu quo prevalezca”, concluye Franklin.

En marzo del año pasado, se llevó a cabo una protesta contra la construcción de las instalaciones de Atlanta. Las autoridades dicen que decenas de manifestantes enmascarados irrumpieron en las obras, algunos incendiaron equipos de construcción y otros lanzaron artefactos a los agentes. Los activistas han cuestionado las pruebas porque los manifestantes fueron detenidos posteriormente en un festival de música a más de un kilómetro de distancia.

El legado de tortuguita

La represión contra los opositores, acusados de terrorismo y pertenencia a grupos del crimen organizado, y el caso de Manuel Paez, en medio de una acampada pacífica, han contribuido a hacer más grande el movimiento. “Tortuguita nos ha inspirado: vivió profundamente alineado con sus principios, y puso su cuerpo para defenderlos”, apunta Riley. “Su asesinato fue increíblemente aterrador, pero a nadie le sorprendió demasiado: sabíamos que era cuestión de tiempo que la policía matara a uno de nosotros, porque esto es EEUU y eso es lo que hace la policía todo el rato”.

La policía justificó su acción asegurando que él había disparado primero; sin embargo, esta acusación es inconsistente con un video publicado por el mismo departamento policial, que muestra, desde la cámara de otro agente, la secuencia que terminó con 57 disparos sobre su cuerpo. La familia de Manuel discrepa de la versión oficial y ha llevado a cabo una autopsia independiente que demuestra que sus manos estaban alzadas en el momento del tiroteo.

Tras meses de investigación, la Fiscalía dijo que el uso de la fuerza letal por parte de los policías fue “objetivamente razonable dadas las circunstancias del caso”.

“Ahora dicen que mi hijo promovía la violencia, pero eso no es cierto: Manuel jamás la predicó ni la usó. Él tenía sus enojos con la policía, sus rabias internas, y usaba un diario para desahogarse como terapia”, dice Terán. Ahora la policía está usando ese diario, encontrado en el lugar de los hechos, para construir la acusación contra los otros activistas acusados de terrorismo. “Nos ha tocado vivir de frente la maldad de la sociedad”, lamenta. “Era un santo, incapaz de atacar a alguien, y mucho menos de quitarle la vida”. 

Para honrar la memoria de Manuel, Terán se ha involucrado en el último año en el movimiento y asegura que no parará hasta poner fin a la ciudad policial. “Tengo claro cuál es mi labor: me han nombrado la mamá del movimiento, y una mamá vela por la salud, la alimentación y el estado emocional de sus hijos. Como mamá, voy a darlo todo para parar ese centro de entrenamiento. Voy a transmitir a todos esos jóvenes mi amor y el punto de vista de Manuel: no creo en la violencia y no creo que con ella vayas a resolver nada”, dice. “Para 'joder a la policía', tenemos que estar alegres”. 

Los dardos del cuarto debate republicano de primarias –celebrado a principios de mes de nuevo sin Donald Trump, consciente de su amplia ventaja en las encuestas– no fueron por una vez dirigidos contra el expresidente. En la diana estuvo Nikki Haley, la única mujer candidata a la presidencia de Estados Unidos, que lleva semanas subiendo como la espuma. De momento, Trump domina los sondeos con un aplastante 60%, pero el segundo puesto se lo disputan Ron DeSantis y Nikki Haley. En la última encuesta de la Universidad de Siena para el New York Times, Haley ya le arrebata el segundo puesto al gobernador de Florida.

“Me encanta que me prestéis tanta atención, compañeros”, dijo Haley hacia el final del debate. A diferencia de los demás contrincantes –el empresario Vivek Ramaswamy, el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie y el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson–, Haley no es, ni mucho menos, una cara desconocida en la política del más alto nivel. Fue precisamente Trump quien la encumbró en 2017 al nombrarla embajadora de EEUU en la ONU, cargo que aceptó después de dimitir como gobernadora de Carolina del Sur.

Pero su andadura institucional comenzó mucho antes. De hecho, en las elecciones del próximo año celebrará su 20 aniversario en política, casi media vida ocupando cargos electos y defendiendo una visión muy conservadora en lo económico y lo social. A sus 51 años, ya ha escrito su primer libro de memorias, Can't is not an option, donde cuenta cómo, en su primera campaña electoral en 2004, para la elección a la Cámara de Representantes estatal, la descartaron “porque era una chica, por ser india y porque era joven”.

Sin embargo, con una campaña sin fondos, pero agresiva, logró desbancar a Larry Koon, que llevaba nada menos que 29 años representando a su distrito del condado de Lexington en Carolina del Sur. Un hito que consolidó en dos reelecciones, tras las que fue ganando bagaje y popularidad. Durante su tercera legislatura presentó su candidatura a gobernadora en su estado. Ganó en 2010, con 38 años, y se convirtió en la gobernadora más joven de la historia de Carolina del Sur, cargo para el que sería reelegida en 2014.

De criticar a Trump a representarlo ante el mundo

Después seis años sirviendo en la tribuna estatal, en 2017 abandonó el cargo tras recibir la llamada del recién elegido presidente Trump: había sido designada para representar a su país en la ONU, convirtiéndose en la primera india americana en formar parte del gabinete presidencial. Para aceptar el ascenso, Haley tuvo que renegar de su opinión sobre Trump, al que había criticado duramente cuando presentó su campaña en 2016.

“No sigáis los cantos de sirena de las voces enfadadas”, dijo del entonces candidato en los meses previos a las elecciones. “Trump es todo lo que un gobernador no quisiera como presidente”, llegó a asegurar, insistiendo en que sus palabras eran “irresponsables” y “no sabe de lo que habla” en sus discursos. Tras un mitin de Marco Rubio, el candidato a quien Haley dio su apoyo en 2016, volvió a criticar el supremacismo de Trump: “No pararé hasta que derrotemos a un hombre que decide no renegar del Ku Klux Klan. Eso no es el Partido Republicano”. También se sintió interpelada, siendo ella hija de inmigrantes, por la propuesta de Trump de prohibir la entrada musulmanes a EEUU, algo que tachó de “absolutamente anti-estadounidense” e “inaceptable”.

Poco después, Haley se tragó esas palabras y aceptó el cargo de embajadora en la ONU: pasó a representar ante el mundo las políticas que solo unos meses antes había criticado con firmeza. Tan solo duró dos años en el cargo, hasta que el 9 de octubre de 2018 anunció que dimitiría al terminar al año. En ese tiempo, trató de suavizar el incendiario discurso de Trump ante el mundo, mientras internamente dejaba de lado sus diferencias con el presidente en las reuniones de gabinete, según han confirmado fuentes de la anterior administración al New York Times.

“Creo que Haley comprendió, de una manera casi visceral, la importancia de mantener una buena relación con el presidente”, dijo al periódico estadounidense Thomas Shannon, quien fue subsecretario de Estado durante la primera mitad del mandato de Haley. “Ella no aceptó este trabajo para librar batallas con el presidente”. Quizás, por ese buen trato con Trump, que después ratificó en su libro With all due respect: defending America with grit and grace, cuando dimitió se convirtió en una de las pocas personas en abandonar el gabinete de Trump por las buenas.

El discurso de Haley dio un nuevo giro el 7 de enero de 2021, ya liberada de sus ataduras institucionales. Un día después del asalto al Capitolio, dijo ante el Comité Nacional Republicano que Trump había estado “muy equivocado con sus palabras” ante la turba que, minutos después, se dirigió hacia la sede legislativa. “Y no solo fueron sus palabras: sus acciones desde el día de las elecciones van a ser duramente juzgadas por la historia”, añadió.

Moderada por comparación

Ahora, como candidata, Haley discute aún más abiertamente las posiciones del líder de su partido: “No nos podemos permitir cuatro años de caos, vendettas y drama”, dijo sobre la posibilidad de una reelección. “EEUU necesita un capitán que estabilice el barco”, afirmó, añadiendo que a Trump “el caos le persigue allá adónde va”.

De este modo, se vende como la candidata del orden, pero también del cambio generacional, si bien sus conservadoras propuestas no distan mucho de las de sus contrincantes: quiere prohibir a nivel federal el aborto a partir de 15 semanas de gestación, revertir las restricciones aprobadas por la administración de Biden al petróleo y el gas, eliminar los subsidios a la energía renovable, expandir la militarización de la frontera, limitar la ciudadanía de inmigrantes y basarla en el “mérito” y las “necesidades de las empresas”, y, en general, hacer un gran recorte al gasto público.

En el que muy probablemente fue el último debate republicano antes de los determinantes caucus de Iowa en enero, Haley mantuvo la calma ante los ataques constantes, especialmente de DeSantis y Ramaswamy. En un momento del debate, este último levantó un bloc de notas en el que había escrito “Nikki=Corrupta”, acusándola de haberse enriquecido tras dejar la administración de Trump. Haley, preguntada por la moderadora si quería responder, dijo: “No. No merece la pena gastar en él mi tiempo”. El empresario también la acusó de alinearse con la izquierda, porque un comité de acción política (entidad encargada de administrar el dinero de las campañas en EEUU) que la apoya recibió 250.000 dólares de un donante demócrata, Reid Hoffman.

No es la única donación destacada que ha recibido la exgobernadora de Carolina del Sur. La semana pasada se conoció la noticia de que la apoya uno de los “super PAC” más influyentes de EEUU, Americans for Prosperity Action, la rama política de la red empresarial de los hermanos Koch. Hasta ahora, este fondo no había financiado ninguna campaña presidencial, relegándose a las elecciones locales y legislativas. Pero han visto que los votantes buscan la moderación, Haley parece representarla, teniendo en cuenta cuáles son las alternativas, lo que da la medida de cuánto el Partido Republicano se ha escorado a la derecha. “EEUU tiene la oportunidad de pasar página de la etapa política actual”, dijo la CEO, Emily Seidel, en un comunicado: “Haley tiene lo que hace falta para liderar un programa político que afronte los mayores retos de nuestra nación”. La aspirante a la nominación republicana sería la primera mujer en llegar a la Casa Blanca.

El Tribunal Supremo de Colorado ha expulsado este martes al expresidente estadounidense Donald Trump, precandidato a los comicios de 2024, de las primarias republicanas de ese estado. El tribunal ha tomado esta decisión por el rol del expresidente en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Esto es lo que sabemos:

¿Qué implicaciones tiene la expulsión de Trump en las primarias de Colorado?

A la espera de que el Tribunal Supremo federal decida si asume el recurso, el expresidente no podrá presentarse a las primarias republicanas en Colorado tras la decisión sin precedentes de la corte estatal

El Tribunal Supremo de Colorado ha dado un nuevo golpe de efecto judicial a la campaña para las elecciones presidenciales de EEUU del 5 de noviembre de 2024. En una decisión insólita, la mayoría de cuatro jueces –de los siete que conforman la corte– ha dictaminado que Trump no podrá presentarse a las primarias republicanas en dicho estado, que se celebrarán el 5 de marzo –ocho meses antes de los comicios– en una fecha decisiva, conocida como supermartes, en la que votarán simultáneamente 16 de los 50 estados.

¿En qué se basa la decisión del Supremo?

El escrito de la sentencia cita la sección 3 de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe a cualquier individuo que en el pasado juró la carta magna como cargo electo y posteriormente haya estado “involucrado” en una “insurrección o rebelión” contra la misma, a presentarse de nuevo, ya sea como congresista, gobernador o presidente del país. 

Dicha enmienda, ratificada en 1868, se aprobó tras la guerra civil de EEUU para evitar que aquellos que formaron parte de la Confederación, al sur del país, pudieran llegar al poder en Washington. Desde entonces, tan solo se ha aplicado en dos ocasiones. En el caso de Trump, los jueces interpretan que sus intentos de manipular las elecciones de 2020 y de obstruir la transferencia pacífica del poder, que culminaron el 6 de enero con el asalto al Capitolio instigado por el entonces mandatario, constituyen una insurrección.

Independientemente de esta decisión, Trump está imputado en dos procesos judiciales relacionados con estos hechos: en Washington, donde se le juzgará por su papel en el asalto al Capitolio, y en Atlanta (Georgia), por ejercer presiones para cambiar el resultado de las elecciones en dicho estado. Ambos juicios podrían tener implicaciones penales para Trump, pero ni siquiera la cárcel le impediría presentarse a los comicios. 

Sin embargo, la decisión del Supremo en Colorado sí supone un golpe directo a su ambición de volver a la Casa Blanca: la sentencia pide directamente al secretario de Estado de Colorado que excluya el nombre de Trump del proceso de primarias en dicho estado, aunque no afecta a los otros 49 estados. “El presidente Trump está descalificado para ocupar el cargo de presidente”, dice el escrito. “Como está descalificado, sería un acto ilícito según el Código Electoral que el secretario de Estado de Colorado lo incluya como candidato en las primarias presidenciales”.

¿Qué opciones tiene Trump?

Conscientes de las implicaciones de su decisión, los jueces –todos ellos nominados por gobernadores del Partido Demócrata– han dejado constancia de la importancia del caso: “No llegamos a estas conclusiones a la ligera. Somos conscientes de la magnitud y el peso de las cuestiones que nos ocupan. Del mismo modo, también somos conscientes de nuestro solemne deber de aplicar la ley, sin temor ni favoritismos y sin dejarnos influir por la reacción pública a las decisiones que la ley nos obliga a tomar”.

La reacción de Trump no se ha hecho esperar: su campaña ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo de EEUU la decisión, que tilda de “completamente errónea”. Anticipándose, los magistrados de Colorado han decidido dejar la decisión en suspenso hasta, al menos, el 4 de enero, dado que, si Trump apela antes de aquella fecha, la suspensión será igualmente efectiva hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo federal. De la decisión de los magistrados de Washington depende que la prohibición, que de momento se aplica en un estado, se extienda a los 50 estados.

De este modo, la mayoría conservadora (6-3) de la máxima instancia judicial del país, con tres jueces nombrados por el mismo Trump durante su mandato, jugará un papel importante en su intento de volver a ocupar el Despacho Oval. En caso de aceptar a trámite el caso, sería la decisión más importante sobre el expresidente de las que ya tienen pendientes los jueces del Supremo, como la decisión sobre si el líder republicano es inmune de los cargos que se le imputan en Washington por el asalto al Capitolio.

“Como era de esperar, el demócrata Tribunal Supremo de Colorado, con el apoyo del grupo izquierdista de (George) Soros, ha interferido en una elección en favor del corrupto de Joe Biden”, ha denunciado, en el característico uso del lenguaje trumpista, uno de los portavoces de la campaña del expresidente, Steven Cheung. Y ha añadido: “Tenemos plena confianza que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminará rápidamente a nuestro favor y finalmente acabará con estas demandas antiestadounidenses”.

Otra opción que tiene Trump para evitar la prohibición es que el Congreso la revierta, algo que está concebido en la provisión legal, “con el voto de dos tercios” de los dos órganos legislativos. Sin embargo, la ajustada mayoría republicana en la Cámara Baja y demócrata en el Senado hace inconcebible que esto ocurra.

¿Cómo se ha llegado a esta decisión? ¿Podría ocurrir en otros estados?

Activistas, abogados y grupos de presión llevan meses trabajando para sacar adelante demandas a lo largo y ancho del país para prohibir a Trump presentarse a las elecciones por su rol en el ataque al Capitolio, en el que murieron, según un informe bipartito del Senado, hasta siete personas.

La 14ª enmienda ha sido invocada este año para abrir tres causas similares en New Hampshire, Minnesota y Michigan. En Colorado, el caso lo presentó un grupo de votantes con la ayuda de la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética, pero un tribunal inferior lo tumbó, porque la cláusula tercera de la enmienda no se refiere explícitamente al cargo de presidente. 

Dicha decisión fue recurrida y admitida a trámite por el Supremo estatal, que con una mayoría de cuatro a tres jueces ha dictaminado contra el expresidente. Su sentencia no tiene precedentes, puesto que nunca se había aplicado dicha provisión para un expresidente y candidato a la presidencia: en 1919, se aplicó para rechazar la elección de un congresista socialista, alegando que había ayudado al enemigo durante la Primera Guerra Mundial. 

El año pasado, la cláusula se volvió a aplicar en Nuevo México para impedir que Cuoy Griffin ocupara el cargo para el que había sido elegido en un condado rural. El motivo guarda relación con el caso de Colorado: Griffin, uno de los fundadores del grupo Cowboys for Trump, había entrado en el Capitolio el 6 de enero. Esta causa, como la de Trump, también fue presentada por Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética.

¿Qué impacto tendrá en las elecciones?

La decisión, que revolucionará la campaña electoral, llega tres semanas antes de los caucus republicanos de Iowa, el próximo 15 de enero, que marcarán el inicio del proceso de primarias. En aquel estado, Trump ha dado de madrugada un discurso en Waterloo (Iowa), en el cual no ha hecho ninguna referencia directa a la sentencia. Pero mientras él hablaba, su campaña hacía llegar a las bases republicanas un correo acusando los demócratas de intentar “anular” los votos hacia Trump y pidiéndoles donaciones.

Por ahora, Trump tan solo tiene prohibido presentarse en Colorado, que celebrará sus primarias presidenciales en marzo, en el conocido supermartes. En las dos elecciones anteriores, 2016 y 2020, el expresidente perdió la batalla contra Hillary Clinton y contra Joe Biden en este estado. De este modo, la decisión por sí sola no parece que vaya a afectar en gran medida las opciones de Trump. Sí podría hacerlo, sin embargo, si el Supremo decide extenderla al resto de estados, algo que varios analistas citados por medios estadounidenses consideran improbable.

A pesar de los embates judiciales, y en gran parte aprovechándose, Trump parte como favorito en las primarias republicanas, que lidera con un 62,7% de los apoyos, ante el 12% del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el 10,9% de la emergente promesa electoral, la exembajadora de Trump ante la ONU, Nikki Haley. 

De cara a la elección general, las últimas encuestas dan una victoria por la mínima al expresidente en el voto popular (44% contra el 42% de Biden), y muchas posibilidades de ganar los comicios, dado que es el favorito –también por la mínima– en todos los llamados swing states, los estados más disputados y decisivos de la elección.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visita este martes Washington por tercera vez desde el inicio de la invasión rusa, en una semana crucial para que el Congreso supere su bloqueo y apruebe asistencia militar adicional a Kiev. La Casa Blanca ha invitado al mandatario para una reunión con Joe Biden, quien quiere “subrayar su inquebrantable compromiso” con su aliado en guerra. La secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, ha señalado que la aprobación de más ayuda a Ucrania es de “vital importancia” en este momento, en el que “Rusia intensifica sus ataques con misiles y drones”.

Zelenski también tiene previsto reunirse con un grupo de congresistas, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, elegido a finales de octubre tras semanas de parálisis legislativa. A escasos días del receso de fin de año, que empieza el 15 de diciembre, las urgencias vuelven a instalarse en el Congreso estadounidense, que está más lejos que nunca de un acuerdo sobre este asunto.

Meses de bloqueo en el Congreso

La semana pasada, los republicanos bloquearon en el Senado una nueva propuesta demócrata, de 110.500 millones de dólares, que incluía 50.000 millones de asistencia a Ucrania y 14.000 millones para Israel, así como partidas para Taiwán y el refuerzo de la frontera sur con México. Tras un año y medio de guerra, y con la situación estancada en el campo de batalla, los republicanos piden a Biden un plan claro hacia la victoria para recibir el dinero de los contribuyentes. 

Además, condicionan su voto a que la Administración endurezca su política fronteriza y de asilo, una de las patatas calientes de Biden, puesto que en sus casi tres años de mandato se han registrado números récord de llegadas de migrantes en situación irregular. Y el último escollo es que, a diferencia de los demócratas, los republicanos quieren desvincular la ayuda a Ucrania de la de Israel, que Biden solicitó aprobar de manera conjunta.

Zelenski visitó la Casa Blanca y el Congreso, por primera vez desde que comenzó la guerra, a finales de diciembre del año pasado. Un movimiento que repitió en septiembre de este año, tras la Asamblea General de la ONU, cuando la ayuda a Ucrania comenzaba a ponerse manifiestamente en duda en el Capitolio. Sin embargo, el entonces presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, se negó a que se dirigiese al Congreso, como sí hizo la primera vez. 

En esta ocasión, Zelenski tampoco ha sido invitado, de momento, a hablar en sesión conjunta en la Cámara Baja. Sin embargo, sí tiene previsto reunirse a puerta cerrada con algunos congresistas en el Senado, en un encuentro organizado por el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, y el líder republicano, Mitch McConnell.

Los republicanos se acercan a Orbán

Días después de su última visita en septiembre, la mayoría republicana de la Cámara Baja votó en contra de la ayuda de emergencia a Ucrania, por primera vez desde la invasión rusa. Desde entonces, los conservadores no se han movido de su oposición. De hecho, mientras Zelenski visita el Capitolio, varios congresistas republicanos están citados a un encuentro en la embajada de Hungría, principal opositor europeo a la asistencia a Ucrania, para coordinar su bloqueo tanto en EEUU como en la UE, donde también se debatirá esta semana la cuestión. 

La reunión, organizada por el think tank conservador Heritage Foundation, durará dos días y juntará a los republicanos con miembros de la embajada húngara y del Instituto Húngaro de Asuntos Internacionales, según avanzó The Guardian. Aunque no está confirmado, podría asistir también el ultraderechista primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien tiene una relación cercana con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Por su parte, Zelenski dijo en un comunicado el domingo que, en esta semana clave, se centrará en “asegurar la unidad entre EEUU, Europa y el resto del mundo en apoyar a la defensa de Ucrania frente a la agresión rusa, así como en fortalecer el orden internacional basado en reglas y el respeto para la soberanía de las naciones”.

“Sin dinero y casi sin tiempo”

Por ahora, EEUU, el país que más dinero ha destinado a su aliado del este de Europa, ya ha aprobado 111.000 millones de dólares. Tras un año y medio de conflicto, y ante la llegada del invierno, la Casa Blanca ve imprescindible seguir aumentando dicha ayuda. La directora de presupuesto de Biden, Shalanda Young, envió la semana pasada una carta a los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado, avisando de que el país se quedará “sin dinero y casi sin tiempo” para enviar armas y asistencia a finales de año, con lo cual Kiev se arriesga a “quedar mutilada en el campo de batalla”.

En la misma línea, el secretario de estado, Antony Blinken, reiteró en dos entrevistas televisadas el domingo que Washington se está “quedando sin fondos” para Ucrania: “Es el momento de dar un paso adelante de verdad, porque si no lo hacemos, ya sabemos lo que pasa. Putin podrá avanzar impunemente y sabemos que no se detendrá en Ucrania”. Y ante el rechazo republicano, que busca rascar un acuerdo sobre política fronteriza, aseguró que Biden “está totalmente dispuesto a comprometerse” y a hacer concesiones importantes, con tal de lograr aprobar el paquete de ayuda.

Sin embargo, los republicanos insisten que hace falta un plan claro para superar el estancamiento. “¿Qué van a conseguir 61.000 millones de dólares que no hayan conseguido ya 100.000 millones?”, se preguntaba el senador republicano JD Vance en otra entrevista en CNN. Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, Johnson, insiste en su posición: “Cualquier paquete adicional de seguridad nacional debe comenzar por nuestra propia frontera. Ambos asuntos pueden ser acordados si los demócratas del Senado y la Casa Blanca negocian razonablemente”.

De momento, el acuerdo entre ambas partes, que debe ser aprobado por las dos cámaras del Congreso antes del viernes, parece más lejano que nunca. La semana pasada, Biden hizo su última defensa a ultranza de la ayuda militar: “No puede esperar. Es increíble que hayamos llegado hasta este punto. Los republicanos en el Congreso quieren darle a Putin el mayor regalo que podría esperar y abandonar nuestro liderazgo global, no solo en Ucrania, sino más allá”.

El inesperado giro del principal canal de televisión estadounidense en español, Univision, en su cobertura sobre Donald Trump, en el arranque del largo año electoral hacia las presidenciales en EEUU, ha desatado en las últimas semanas las críticas internas a la cadena. La más sonada ha sido la de uno de sus presentadores más reconocidos, Jorge Ramos, quien en un artículo de opinión se pronunció sobre la dócil entrevista de una hora, sin repreguntas, que la cadena le hizo al magnate el pasado 9 de noviembre en Mar-a-Lago. “La democracia es algo que se debe defender todos los días. Y para los periodistas la manera de hacerlo es preguntando. Aunque duela. Aunque incomode. El silencio casi nunca culmina en buen periodismo”, escribió Ramos. “Es un insulto a la comunidad hispana”, dijo el expresidente de la cadena, Joaquín Blaya, tras la emisión de la entrevista.

A principios de noviembre, tres altos ejecutivos del grupo mexicano Televisa, propietario de la cadena, acudieron a la cita en el club privado del expresidente en Florida, el mismo donde el FBI encontró el año pasado miles de documentos gubernamentales, cientos de ellos con material clasificado. Allí, presenciaron la entrevista realizada por el periodista Enrique Acevedo, que no puso en ningún aprieto al magnate, ni matizó sus palabras cuando este aseguraba que en la frontera con México solo entran “drogadictos, violadores y personas que deberían estar en un asilo”.

La entrevista, según revela el Washington Post, fue organizada por Jared Kushner, el yerno y exasesor de Trump en la Casa Blanca, que mantendría una relación estrecha con la dirección de la cadena, propiedad el grupo mexicano Televisa. A pesar de que Trump dijo el año pasado que esta vez no quería que Kushner ni su mujer, Ivanka Trump, se involucraran en la campaña electoral, la ayuda entre bastidores con el público latinoamericano podría serle de gran ayuda para vencer a Joe Biden en 2024.

Del desprecio al elogio a Univision

“Trump nunca me hubiera dado a mí una entrevista”, escribe Ramos, que lleva cuatro décadas trabajando en Univision, en su crítico artículo de opinión titulado 'El peligro de no confrontar a Trump'. “No podemos normalizar un comportamiento que amenaza a la democracia y a la comunidad hispana, ni ofrecerle a Trump un micrófono abierto para que difunda falsedades y sus teorías de conspiración. Hay que cuestionar y verificar todo lo que hace y dice”, aseguró el presentador en su texto.

En 2015, después de que Trump se convirtiera en candidato presidencial, Ramos buscó durante meses una entrevista con él. Pero no tuvo éxito. El magnate, que se presentaba como el candidato antiestablishment, veía en Univision –y en todos los principales medios que no fueran Fox– a un canal aliado de la causa demócrata. Ramos aprovechó una rueda de prensa tras un mitin en Iowa para lanzarle una pregunta sobre inmigración, que Trump rechazó, pero él decidió no callar y siguió preguntando. El jefe de seguridad de Tump decidió expulsar al periodista a empujones de la sala de prensa.

Ha llovido mucho en los ocho años que han pasado desde ese momento. El mes pasado, en el mismo canal de televisión, Acevedo dejó al expresidente el espacio para mentir deliberadamente durante 60 minutos sobre los éxitos de su presidencia, acusar al “estado profundo” de cometer una caza de brujas contra él, venderse como el único capaz de “evitar la tercera guerra mundial” y promover su agenda antiinmigración sin ser contestado.

E insistió poco en los cuatro casos judiciales en los que Trump está imputado por mover hilos para amañar las elecciones en 2020, por tratar de evitar el traspaso pacífico del poder a Biden, por llevarse y retener documentos clasificados de la Casa Blanca y por falsificar documentos para esconder su soborno a una actriz porno.

Cada vez más hispanos apoyan a Trump

Al inicio de la entrevista, Acevedo le preguntó a Trump por la reciente encuesta de Siena para The New York Times, que le da la victoria en cinco de los seis estados clave (swing states) y un apoyo del 42% entre los latinoamericanos, sin precedentes para un republicano. “Los votantes latinos son increíbles. Tienen unas habilidades y energía increíbles, y son muy emprendedores. Solo hay que mirar a los propietarios de Univision: son unos emprendedores increíbles, y me quieren a mí”, respondió el magnate.

Recientemente, la cadena canceló varios anuncios de la campaña de Biden que ya habían sido contratados, así como una entrevista pactada con la Casa Blanca. Además, Univision promovió, junto con Fox Business, el segundo debate de las primarias presidenciales republicanas, el 27 de septiembre pasado en California. Esta serie de acontecimientos revelan un giro en la línea editorial del medio de comunicación, al que el mismo Trump definió en 2020 como “un aparato de propaganda izquierdista y un altavoz del Partido Demócrata”.

Cuatro años después, Univision sigue siendo muy influyente entre la principal minoría étnica del país, los hispanos, que conforman el 19,1% de la población, según el censo estadounidense. Su creciente peso en la demografía del país convierte al voto latino en esencial para ganar las elecciones: Biden lo necesitó en 2020 y lo volverá a necesitar, en caso de que gane las primarias, en 2024. Pero las últimas encuestas no le auguran un buen resultado: en los seis estados considerados clave, el 42% de los hispanos se inclina hacia Trump y tan solo el 50% prefiere a Biden, un 15% menos que en 2020, según The New York Times. Si entonces el demócrata venció por la mínima, la huida del voto latino podría terminar de decantar la balanza hacia Trump, que por primera vez lidera la intención de voto frente a Biden, 46% a 44%.

Tras el asalto de Hamás en el sur de Israel el pasado 7 de octubre, Estados Unidos mostró al mundo un apoyo “inquebrantable” a Tel Aviv en su “derecho a defenderse ante los ataques terroristas” del grupo islamista. Una posición que no ha cambiado en dos meses de escalada y bombardeos indiscriminados sobre población civil que han dejado 15.899 muertos, el 70% de ellos mujeres y niños, según las autoridades de Gaza.

Sin embargo, sí se percibe un cambio de tono y una mayor presión para que Israel se contenga en su ofensiva hacia el sur. El portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Matthew Miller, ha señalado que Washington “observa muy de cerca” las operaciones: “Hemos dejado claro a Israel que esperamos que cumplan con el derecho internacional humanitario y que hagan todo lo que puedan para minimizar el daño a civiles de forma que no veamos una repetición en el sur de los que hemos visto en el norte”.

“Demasiados civiles inocentes han sido asesinados”, lamentó la vicepresidenta, Kamala Harris, este sábado. Una señal de alarma a la que se sumó el secretario de Defensa, Lloyd Austin, quien aseguró que es necesario proteger la vida de civiles para evitar una “derrota estratégica” en Gaza, y dijo que EEUU ha aprendido la lección de lo sucedido en Irak y Afganistán: “Solo se puede ganar en la guerra urbana si se protege a los civiles”, de lo contrario “los dejas en manos del enemigo”.

En las primeras 24 horas tras el fin de la tregua, Israel anunció que ampliaba la ofensiva hacia el sur y Hamás comunicó la muerte de 700 gazatíes. “La magnitud del sufrimiento civil y las imágenes y vídeos procedentes de Gaza son devastadores”, lamentó Harris desde Dubái, donde se encontraba por la cumbre del clima COP28.

El cambio de tono de Washington se ha hecho notar también en la Cisjordania ocupada. En una medida poco frecuente contra Israel, el secretario de Estado, Antony Blinken, ha anunciado este martes la prohibición de la entrada al país a los colonos israelíes “radicales” que son responsables de los ataques violentos contra la población palestina en este territorio. La decisión llega apenas un mes después de que Israel obtuviera la entrada en un programa que permite a sus ciudadanos entrar en el país sin visado.

Un plan para “el día después”

Sin embargo, de momento no parece que la presión de EEUU, pública y privada, esté teniendo efecto sobre el gabinete de guerra de Benjamin Netanyahu, que no suavizó el tono belicista ni siquiera durante la tregua. Tanto Tel Aviv como Washington aseguran que Hamás “violó el marco acordado” al negarse a liberar a 17 mujeres y niños más, impidiendo así la ampliación de la tregua.

Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, reiteró que “la pausa llegó a su fin por culpa de Hamás”, que mantiene a otro centenar de rehenes bajo su custodia.

“Como resultado de su incumplimiento del acuerdo, y tras hablar con el Gabinete de Guerra, di instrucciones a las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) para que reanudaran el fuego”, sostuvo el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Alrededor del 80% de la población de Gaza está desplazada internamente. La mayoría de ellos, residentes del norte que fueron hacia el sur por los bombardeos, y que ahora están recibiendo de nuevo los avisos de Israel para que evacúen la región.

EEUU lleva semanas pidiendo a su aliado, el mayor receptor de su ayuda exterior desde la Segunda Guerra Mundial, que tenga un plan para “el día después de la guerra” en Gaza. Los norteamericanos, así como Occidente en su conjunto, insisten en que la única salida es la llamada solución de los dos Estados. “Es la única manera de garantizar la seguridad a largo plazo tanto del pueblo israelí como del palestino”, publicó Biden en X (Twitter): “No dejaremos de trabajar para lograr este objetivo”.

La idea estadounidense es que la Autoridad Palestina de Mahmud Abás, que gobierna en Cisjordania, administre también el enclave mediterráneo; sin embargo, este plan no convence a Israel y está por ver su apoyo entre la población local. Quien sea que tome el mando deberá encargarse de la reconstrucción de Gaza, lo que incluye hospitales, viviendas, instalaciones eléctricas y el suministro de agua, entre otros.

Según EEUU, la única manera de conseguirlo es mediante un mando único de la Autoridad Palestina en todos los territorios palestinos. “No nos hacemos ilusiones, sabemos que esto no va a ser fácil. Seguramente tendremos desacuerdos por el camino”, dijo Blinken durante su último viaje a Tel Aviv, pero “la alternativa ­–más ataques terroristas, más violencia, más sufrimiento inocente– es inaceptable”.

El apoyo a Israel, un asunto de “seguridad nacional”

A pesar del cambio de tono, el apoyo de EEUU a Israel sigue inequívoco, y seguirá así mientras se mantenga el apoyo militar. De momento, las llamadas a la contención se quedan en conversaciones privadas y algún discurso, es decir, más en la retórica que en lo material. EEUU tiene comprometidos 3.800 millones de dólares anuales hasta el 2028, una ayuda aprobada por el Congreso en 2019, y está buscando activamente la manera de enviar ayuda adicional.

Preguntado por si habría consecuencias en el caso de que Israel no se alinee con el plan estadounidense para proteger a civiles, John Kirby, el portavoz del Pentágono, fue meridiano: “Vamos a seguir apoyando a Israel en su lucha contra Hamás. La ayuda a la seguridad va a seguir fluyendo. Eso no va a cambiar”, aseguró el domingo en una entrevista con NBC News.

El presidente estadounidense, Joe Biden, se dirigió el 19 de octubre por primera vez a sus compatriotas para convencerles del alineamiento con Israel. Enmarcó el apoyo militar a Tel Aviv como central en la “estrategia de seguridad nacional” y consideró que es un asunto de “vital importancia”. “Nos encontramos en un punto de inflexión en la historia”, dijo.

Al día siguiente, envió una “petición urgente” al Congreso de 106.000 millones de dólares para financiar, entre otras partidas, el envío de armas a sus dos socios en guerra, Ucrania e Israel. “Las decisiones que tomemos hoy determinarán las próximas décadas”, dijo, asegurando que esta es una “inversión inteligente” que va a “pagar los dividendos de la seguridad estadounidense durante las próximas generaciones”.

Ha pasado un mes y medio desde entonces y las divisiones entre demócratas y republicanos han imposibilitado su aprobación. Por un lado, los republicanos buscan desvincular la ayuda a Israel de la ucraniana, que genera mayor rechazo en la población por el estancamiento del conflicto y ya aprobaron en la Cámara Baja una asistencia independiente que ni siquiera llegó a votarse en el Senado (de mayoría demócrata). Por otro lado, los demócratas, que ven innegociable el paquete conjunto, se enfrentan a divisiones internas sobre la ayuda a Israel.

Un alto el fuego, pero con condiciones

Una veintena de senadores demócratas se reunió la semana pasada con el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, para exigirle garantías por parte de Netanyahu de que destinará la ayuda militar de acuerdo con el derecho internacional. El senador Chris Van Hollen, uno de los que está preparando la proposición de ley para proveer a Israel los 14.300 millones de dólares (más otros 61.000 millones para Ucrania) que solicitó Biden, opinó que esta es una línea roja: “Necesitamos esas garantías expresas (de Netanyahu) y estamos debatiendo cómo conseguirlas”.

Esta petición se suma a las multitudinarias manifestaciones que han tenido lugar en las principales ciudades de EEUU en los últimos dos meses, a la carta abierta firmada por cientos de trabajadores gubernamentales pidiendo un alto el fuego y al aumento de congresistas que han alzado la voz contra el “cheque en blanco” a Israel, que inicialmente eran una decena y ya superan los 40.

Una reciente encuesta de Data for Progress estima que el 66% de los votantes está a favor de un alto el fuego. Sin embargo, en el Congreso la mayoría de los que piden un alto el fuego le ponen dos condiciones: que Hamás libere a todos los rehenes y que el grupo islamista sea expulsado del poder. Por su parte, este es el argumento que está dando Israel para mantener el flujo de bombardeos sobre Gaza.

La desaparición de Hamás no parece muy probable. Palestina celebró sus últimas elecciones en 2006 en todo su territorio, Cisjordania y Gaza. Hamás ganó los comicios con un 44% de los votos y Fatah, el otro gran partido palestino, recibió un 41%. Tras el estallido del conflicto interno, las milicias de Hamás vencieron a las unidades de Fatah y tomaron el control de Gaza, anunciando una ruptura con la Autoridad Palestina de Cisjordania y la presidencia de Mahmud Abás, de Fatah.

El cambio de tono de la Administración Biden, que se explica por el rechazo interno e internacional a los crímenes de guerra perpetrados por las FDI, no parece devenir en una presión efectiva hacia Tel Aviv, que en estos momentos está dejando en el sur de Gaza una repetición de las imágenes vistas en el norte: evacuación forzosa, bombardeos y destrucción de edificios civiles.

Por primera vez en la historia, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado a favor de expulsar a un representante sin que este haya sido condenado previamente. George Santos, el republicano que saltó a la fama en la escena nacional por haber forjado una carrera política a base de mentiras sobre su pasado, ha recibido la repudia de la mayoría de dos tercios que se requería para echarlo de la cámara baja: 311 votos a favor, frente a 114 en contra y dos abstenciones.

En un órgano legislativo terriblemente polarizado, el joven político, de 35 años, se ha convertido en un elemento de consenso: su reciente imputación por 23 delitos graves, algunos de ellos relacionados con el fraude y el robo de identidad, ha puesto de acuerdo a los demócratas con una facción importante de republicanos. Sus incesantes mentiras, así como sus presuntos delitos, han supuesto un coste político que ni siquiera sus correligionarios han querido asumir.

Santos se convierte así en el sexto congresista expulsado por sus compañeros y el primero en serlo sin una sentencia en su contra. Hasta ahora, la provisión que otorga la Constitución para expulsar a miembros de las dos cámaras del Congreso se ha usado en casos muy excepcionales, principalmente para castigar a aquellos que habían apoyado la secesión en la Guerra Civil, hace un siglo y medio. Desde entonces, tan solo se había usado para expulsar a dos declarados culpables de corrupción.

El recién elegido presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se ha contado entre el centenar de republicanos que han votado en contra de expulsar a Santos. “El nuevo número de representantes de la Cámara es 434”, ha anunciado tras dar a conocer el resultado de la votación. Minutos antes, Santos ya había abandonado el órgano legislativo, y en su salida del Capitolio ha dicho sus últimas palabras ante las cámaras: “¿Para qué querría quedarme? ¡Que le jodan a este lugar!”.

Bótox, tiendas de lujo y 'Only Fans'

Antes de esta votación, el republicano sobrevivió a dos otras votaciones este año, pero cada vez más republicanos se han ido oponiendo a él. La gota que colmó el vaso fue un informe de la Comisión de Ética, publicado hace dos semanas, que dictó sentencia política sobre el representante al concluir que su comportamiento no había sido adecuado para un miembro del Congreso.

La lista de escándalos de Santos en su breve carrera política es abismal: usó fondos de su campaña para ponerse Botox, para comprar en tiendas de lujo y para pagar contenido adulto en su cuenta de OnlyFans; presionó a su equipo de campaña para que falsificara dichas facturas; se inventó detalles no menores de su vida para ganar popularidad, por ejemplo, asegurando que era descendiente de judíos perseguidos por el Holocausto, o diciendo que su madre había sido una superviviente del atentado terrorista del 11-S. 

Santos también inventó su curriculum, al que hacía referencia en sus discursos, asegurando que tenía licenciaturas en la Universidad de Nueva York o que había trabajado en Goldman Sachs, y escondió un matrimonio con una mujer, siendo él abiertamente homosexual, entre otras falsedades. “George Santos es un mentiroso. De hecho, ha admitido haber mentido muchas veces, y ha utilizado su cargo de confianza pública para beneficiarse personalmente desde el primer día”, dijo el representante Anthony D'Esposito, republicano de Nueva York y enemigo declarado del congresista. 

Los republicanos podrían perder el escaño

Ahora, el substituto de Santos deberá ser elegido en votación especial, por lo que los republicanos se arriesgan a perder un escaño en su ajustada mayoría, ya que el distrito de Long Island y Queens al que representa está muy reñido entre republicanos y demócratas. Este fue uno de los motivos por los que tanto el anterior speaker, Kevin McCarthy, como el actual, Mike Johnson, se habían opuesto fervientemente a su expulsión. Aunque, entre sus argumentos, justificaban que la expulsión de Santos sienta un “precedente peligroso”, al permitir que los demás congresistas expulsen a un representante democráticamente elegido por el pueblo.

El propio excongresista ya ha anunciado que no buscará la reelección, pues su carrera política parece enterrada después de la serie de revelaciones del último año. Sin embargo, rechazó dimitir después de que varios miembros de su partido lo pidieran públicamente, tras el informe del comité que afirmaba que había “evidencia substancial” de que vulneró la ley federal.

Concretamente, un tribunal de Nueva York lo imputó en mayo de una docena de cargos y el mes pasado se añadieron otros diez delitos. El texto de acusación asegura que Santos utilizó las tarjetas de crédito con el dinero de sus donantes “repetidamente y sin su autorización”, gastándose no solo el dinero de su campaña, también el de otros candidatos, y se llegó a hacer transferencias a su propia cuenta bancaria.

Según los fiscales, Santos robó el número de la tarjeta de crédito de un donante para transferir más de 11.000 dólares a su cuenta bancaria y estafó 50.000 dólares a otros donantes mediante su propia organización sin ánimo de lucro falsa. Según su versión, fingió ser rico para impresionar a los líderes del Partido Republicano. La acusación incluye el fraude electrónico, el robo de identidad con agravantes, el fraude con dispositivos de acceso, la declaraciones falsas a la Comisión Electoral Federal que investigó su caso y la falsificación de registros para obstruir a la comisión.

Elegido en los comicios de mitad de mandato de hace justo un año, llegó al Congreso en enero, y en todo este tiempo ha sido objeto de polémica y burla constante, tanto en el Capitolio como en las redes sociales. Hoy la Cámara Baja ha puesto fin a otro capítulo vergonzoso de su historia.

El diplomático más influyente de la historia moderna de Estados Unidos, Henry Kissinger, ha fallecido esta noche a los 100 años de edad en su residencia en Connecticut. Permanecerá el despiadado y sangriento legado que caracterizaron sus ocho años al mando de la política exterior estadounidense, entre 1969 y 1977, durante las presidencias de Richard Nixon y Gerald Ford. Y será recordado en el país norteamericano como un hombre de estado, que priorizó los intereses de EEUU en detrimento de los derechos humanos en la etapa de distensión de la Guerra Fría, que fue el artífice de las tardías y secretas negociaciones de paz en Vietnam, y que apoyó el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile en 1973, así como otras dictaduras en América Latina, mediante el conocido como Plan Cóndor.

Kissinger, que a lo largo de su vida llegó a asesorar a 12 presidentes distintos, se mantuvo activo hasta los últimos días de su vida mediante su consultoría geopolítica, Kissinger Associates, escribiendo libros de geopolítica y artículos de opinión sobre asuntos como la guerra de Ucrania y realizando viajes de alto nivel al exterior. Ya cumplido el centenar, en mayo se reunió con el presidente Xi Jinping en China, donde fue recibido con honores de estado.

Allí, aún se le recuerda el papel que tuvo en la normalización de relaciones diplomáticas con el país, que sirvió para retomar el comercio y fue precursora del reconocimiento oficial de la República Popular China en 1979. Ocho años antes, Kissinger viajó en secreto a Pekín, donde realizó un primer acercamiento diplomático, planificó la visita oficial de Nixon y esbozó el borrador del Comunicado de Shanghái. Este texto, emitido durante la visita del mandatario un año después, reconocía el “interés mutuo” de ambos países en la distensión y materializaba el giro estadounidense hacia la política de “una sola China”, que mantiene a día de hoy.

Nacido de una familia de judíos alemanes en 1923, sus padres se exiliaron con él a Nueva York huyendo de la persecución nazi. Kissinger, que nunca perdió su acento alemán, se asimiló rápidamente a la cultura estadounidense y estudió Ciencias Políticas en Harvard, donde posteriormente fue profesor, obtuvo una maestría y realizó un doctorado en Relaciones Internacionales. Desde la vertiente académica, asesoró a varias consultorías de defensa, como la RAND Corporation –muy vinculada al ejército, al que se alistó durante la Segunda Guerra Mundial–, hasta que tuvo el encargo de asesorar a la mayor empresa del país: el gobierno estadounidense.

Realpolitik en plena la Guerra Fría

En 1968, Richard Nixon ganó las elecciones presidenciales, en una campaña embarrada por los asesinatos del presidente John F. Kennedy y su hermano Robert Kennedy, así como por el recrudecimiento de la guerra de Vietnam y su impopularidad en EEUU. Nixon vio en Kissinger las virtudes para ser consejero de Seguridad Nacional y, de facto, la mano derecha del presidente. El académico llevaba años ligado al Partido Republicano y había asesorado a Nelson Rockefeller, gobernador de Nueva York y candidato a las primarias en 1960, 1964 y 1968, lo que le llevó a ser conocido en la escena nacional.

Durante su primer mandato, se implicó, más allá de sus funciones, en todos los aspectos de la política estadounidense. Fue influyente, entre otras decisiones, en el bombardeo secreto de Camboya entre 1969 y 1970, en un intento de Washington de convencer al bloque comunista del norte de Vietnam de que era capaz de cualquier atrocidad para terminar la guerra. Esta estrategia, que recibió el nombre de “teoría del loco” (madman theory), resultó más bien contraproducente, pues no aceleró la negociación de paz y la guerra siguió activa hasta 1975.

En 1972, Nixon volvió a ganar las elecciones, en gran parte, gracias al capital político que le otorgó Kissinger. En su segundo mandato, Nixon elevó su cargo al de Secretario de Estado, es decir, jefe de la diplomacia estadounidense. En los años posteriores se ganaría el reconocimiento de hombre fuerte, carismático y negociador, pero no menos controvertido. Cambió el enfoque de la política exterior del país con su promoción de la deténte, la distensión de las relaciones con la Unión Soviética, entonces liderada por Leonid Brézhnev. Después de años de hostilidades, momentos de tensión como la crisis de los misiles y un gasto militar estratosférico, con la guerra de Vietnam de por medio, el deshielo significaba un paso lógico para ambos países.

Kissinger lideró las negociaciones para el breve alto el fuego en Vietnam en 1973, por lo que se le otorgó el Premio Nobel de la Paz junto al vietnamita Le Duc Tho, quien rechazó el galardón, consciente de que la paz no sería duradera. Mientras se estaban dando dichas negociaciones, Kissinger había dado orden de iniciar una serie de bombardeos sobre población civil en diciembre de 1972, que recibieron el nombre de “bombardeos de Navidad” y mataron a 1.600 vietnamitas. Tras un breve cese de hostilidades, la brutal guerra seguiría hasta 1975, dejando un total de 58.220 soldados estadounidenses muertos en veinte años de conflicto y la humillante derrota ante el régimen comunista del norte de Vietnam.

Durante sus años al mando de la secretaría de estado, Kissinger también tuvo que lidiar con la guerra de Yom Kipur (1973), en la que Egipto y Siria atacaron por sorpresa a Israel durante la festividad hebrea y recuperaron los territorios del Sinaí y los Altos del Golán, conquistados por Israel seis años antes, en la guerra de los Seis Días. EEUU tenía una relación estrecha con el estado judío desde su misma fundación, pero el contexto de distensión con la URSS le llamaba a mantenerse al margen y buscar la paz. Esta fue la posición de Kissinger, aunque Nixon decidió oponerse a su mano derecha y llevó a cabo una operación militar aérea, que desencadenó en la crisis del petróleo de 1973.

Apoyo al terrorismo de estado en América Latina

Kissinger siguió ejerciendo el cargo de Secretario de Estado incluso después de la dimisión de Nixon por el escándalo del Watergate, que dio paso al mandato de otro republicano, su entonces vicepresidente, Gerald Ford (1974-1977). Para darle un lavado de cara a su administración, hizo dimitir a la mayoría de ministros: solo Kissinger y el secretario del Tesoro, William Simon, permanecieron en sus puestos. Más allá del cambio de estilo hacia dentro, hubo continuidad en la política exterior, entre otros asuntos, con respecto a América Latina, donde se puso en marcha una política de apoyo a los regímenes totalitarios anticomunistas. 

En Chile, Kissinger fue el principal artífice –junto con la CIA– de la política para desestabilizar el régimen del presidente socialista Salvador Allende, elegido democráticamente en las urnas, y apoyó el golpe de estado de Augusto Pinochet en 1973. Posteriormente, hizo la vista gorda ante su represión y asesinatos a disidentes, incluido un atentado con coche bomba en las mismas calles de Washington contra un político en el exilio, Orlando Letelier. Durante años, miembros del departamento de Estado pidieron a Kissinger que denunciara los abusos de Pinochet, pero este siguió haciendo caso omiso.

A partir de 1975, la política de apoyo a los regímenes latinoamericanos, en pro de la lucha anticomunista, cobró un nombre: Plan Cóndor. El 28 de noviembre de ese año, representantes de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia y pactaron un acuerdo secreto para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles: una suerte de Interpol anticomunista. 

Todos esos países eran dictaduras o estaban camino de serlo. En Argentina, por ejemplo, Kissinger apoyó a la junta militar que en 1976 depuso a la presidenta peronista María Estela Martínez de Perón e impuso a Jorge Rafael Videla como presidente. En Paraguay, se puso del lado de la larga dictadura militar de Alfredo Stroessner, en el poder desde 1954. En Uruguay, de Juan María Bordaberry, que había sido elegido democráticamente, pero disolvió las cámaras e instauró una dictadura en 1973. Y así con la mayoría de países del cono sur americano.

El plan secreto no se descubrió hasta que en 1992 se hallaron en Paraguay los llamados “Archivos del Terror”, que cifran en 50.000 las personas asesinadas, 30.000 las desaparecidas y 400.000 las encarceladas. Durante ese tiempo, las administraciones de Nixon, Ford, Carter y Reagan ayudaron en la planificación, coordinación y formación para llevar a cabo el terrorismo de estado. Con un apellido en el fondo: Kissinger.

El legado sangriento del diplomático dio la vuelta al mundo: en 1975 dio luz verde a la invasión de Timor Oriental por parte de Indonesia, que causó la muerte de más de 100.000 civiles. Según se supo recientemente por unos documentos publicados por la organización National Security Archive, Kissinger le dijo al general Suharto, líder indonesio, que su uso de armas estadounidenses “podría crear problemas” legales a EEUU, pero añadió: “Depende de cómo lo interpretemos: si es en defensa propia o es una operación extranjera”. Una Comisión de la Verdad de Timor Oriental concluyó años más tarde que el apoyo político y militar estadounidense a Suharto fue “fundamental para la invasión y ocupación indonesias.”

A lo largo de su vida, tras abandonar la secretaría de Estado en 1977, Kissinger reconoció algunos de estos actos, justificándolos en el interés de la seguridad nacional, y trató de ocultar o negar otros tantos. Su argumentación siempre fue el pragmatismo o, como según la doctrina académica en Relaciones Internacionales, el realismo. Esta visión de la política internacional, fundamentada en las ideas de autores como Maquiavelo o Hobbes, parte de una visión pesimista de la naturaleza humana y entiende que, igual que el individuo, los países están destinados al conflicto por el poder. La trayectoria geopolítica de Kissinger, manchada de sangre y de patriotismo estadounidense, se puede describir a través de la frase hecha mal atribuida a Maquiavelo: “el fin justifica los medios”.

El presidente electo de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, ha presentado este martes en Washington sus promesas electorales insignia: la eliminación del Banco Central, la dolarización de la economía argentina y la privatización en masa de servicios públicos. En una visita exprés a la capital estadounidense y a dos semanas de su toma de posesión, el dirigente se ha reunido con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan y el responsable de la política estadounidense en América Latina, Juan González. En paralelo, su futuro jefe de gabinete, Nicolás Posse, y su probable ministro de Economía, Luis Caputo, se han encontrado con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI).

No los ha recibido el presidente Joe Biden, que se encontraba en Atlanta (Georgia) por el funeral de la primera dama Rosalynn Carter. El mandatario llamó a Milei la semana pasada para felicitarlo y “continuar construyendo sólidas relaciones bilaterales”, según confirmó la Casa Blanca, y horas más tarde Milei recibió otra felicitación: la del expresidente Donald Trump, de quien bebe políticamente y se declara admirador, y con quien tampoco ha coincidido en su visita exprés a Estados Unidos.

Este es el primer viaje al exterior de Milei desde que arrasó en las urnas al peronista Sergio Massa el pasado 19 de noviembre. Llegó este lunes a Nueva York, donde visitó y rezó en el Ohel, la tumba de un influyente rabino y sitio de peregrinación para los judíos jasídicos.

Milei ya visitó hace meses este lugar, que se considera sagrado, para “pedirle su bendición” para ganar las elecciones. A pesar de que se reconoce católico, ha asegurado en varias ocasiones que piensa en convertirse al judaísmo y ha declarado que un rabino ortodoxo, Axel Wahnish, es su consejero y “guía espiritual”.

Reunión con el FMI

En la Casa Blanca, el economista y líder de la coalición La Libertad Avanza (LLA) ha expuesto sus radicales planes para sacar al país de la grave crisis inflacionaria: el adelgazamiento del Estado mediante el ajuste fiscal y la privatización de servicios públicos, el cierre del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la dolarización de la economía. 

Argentina arrastra una inflación anual de más del 140%, la tercera más alta del mundo, y unos índices de pobreza por encima del 40%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La gran mayoría depende de los servicios públicos y los subsidios estatales, a los que el presidente electo ha reiterado que pasará “la motosierra”. “Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estarlo”, aseguró el ultraderechista poco después de su victoria en los comicios.

Entre los servicios públicos y empresas que busca privatizar, se incluyen algunas estratégicas, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Aguas y Saneamientos y los ferrocarriles; y otras de alto peso simbólico, como la radiotelevisión y la agencia estatal de noticias. Argentina tiene un precedente en este tipo de políticas: en 1990, el peronista conservador Carlos Menem emprendió una masiva ola de privatizaciones de la que participaron tanto capital privado como el Estado español, a través de la SEPI. Varias de esas privatizaciones, muy cuestionadas por la calidad de los servicios y sospechas de corrupción, terminaron en litigios a comienzos de los 2000.

Mientras Milei estaba en la Casa Blanca, sus futuros miembros de gobierno se reunían con miembros del FMI. En 2018, el organismo concedió a Argentina, entonces liderada por el conservador Mauricio Macri, el mayor préstamo de la historia del FMI, de 44.000 millones de dólares. Una deuda que se acabó convirtiendo en una losa para su presidencia y que el país todavía no ha logrado devolver, a pesar de que su sucesor, Alberto Fernández, renegoció sus condiciones. Previo a su visita a Washington, la Casa Rosada aseguró que el objetivo de estas reuniones “no es la búsqueda de financiamiento”, sino “explicar el plan económico”.

Este lunes, la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, que el viernes mantuvo un encuentro virtual con Milei, aseguró que el organismo está “muy interesado en apoyar a Argentina, abordar el profundo problema de la inflación y crear un entorno para el crecimiento impulsado por el sector privado que pueda animar el empleo y la economía en general” y dijo que el país podría ser candidato a recibir financiación adicional a través de su Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad.

Al primer viaje internacional tras ser elegido, Milei ha ido acompañado de su hermana, Karina Milei; su futuro jefe de gabinete, Nicolás Posse; el exsecretario de finanzas del Gobierno de Macri, Luis Caputo, quien está en las quinielas como próximo ministro de economía; el embajador de EEUU en Argentina, Mark Stanley; y el empresario Gerardo Werthein, que podría ser el elegido por Milei para embajador en Washington. 

Werthein –bonaerense que se fue a EEUU durante el Gobierno de Alberto Fernández, junto con muchos otros millonarios, para evitar el aumento del impuesto de bienes personales durante la pandemia– es muy cercano al expresidente Bill Clinton, con quien Milei mantuvo este lunes una breve reunión y comida en Nueva York.

Prioridad a EEUU e Israel y marcha atrás con Brasil, China y el papa

“Mis aliados son Estados Unidos e Israel, con todo lo que eso implica”. Así de contundente se mostró Milei durante la campaña electoral en una entrevista con el medio argentino La Nación. Acto seguido propuso una medida similar a la que ya tomó Donald Trump en 2017: “Considero tan aliado a Israel que voy a mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén”.

A pesar de sus marcadas diferencias ideológicas con la Administración Biden, la visita al país del dólar era obligada. “Queremos seguir buscando formas de cooperar con Argentina”, dijo este lunes el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, quien se expresó con mayor frialdad que ante otras visitas de líderes extranjeros. “El presidente electo viene a Washington, sobre todo, a reunirse con el FMI y el Banco Mundial por cuestiones monetarias y fiscales”, aseguró. “Esperamos escuchar sus ideas y dónde quiere ir con sus políticas”.

Después de este, se prevé que el próximo viaje sea a Israel, donde podría reunirse con el primer ministro, Benjamin Netanyahu. De este modo, seguiría los pasos de otro expresidente ultraderechista de la región, el brasileño Jair Bolsonaro, cuyo primer viaje fuera del continente americano fue a Jerusalén. Ahí, también prometió que movería la embajada de Tel Aviv, aunque finalmente no lo hizo en sus cuatro años de mandato.

Milei, que congenia ideológicamente con Bolsonaro, criticó duramente a su sucesor, Lula Da Silva, durante la campaña electoral. Después de llamarlo “comunista corrupto” y asegurar que rompería relaciones con el país vecino (y principal socio comercial), el ultraderechista envió el domingo pasado a su futura canciller a Brasilia, donde entregó a su homólogo una carta. En ella se leía una invitación formal a Lula para que acuda a su toma de posesión, el próximo 10 de diciembre. “Deseo que el tiempo común como presidentes y jefes de Gobierno sea una etapa de trabajo fructífero y construcción de lazos”, rezaba la carta, en un giro radical de su discurso.

Algo parecido ocurrió con el papa Francisco, a quien Milei había tachado de “representante del maligno en la tierra” y lo había acusado de “estar del lado de dictaduras sangrientas”. Tras el triunfo del dirigente ultra, el papa lo llamó para felicitarlo y le envió un rosario, y Milei relajó su tono y lo invitó a visitar Argentina próximamente. 

El presidente electo también suavizó su aproximación a China, el segundo socio comercial de Argentina, después de haber afirmado que rompería relaciones con el gigante asiático. “No pactamos con comunistas. No promoveré relaciones con países comunistas: ya sea Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Nicaragua o China”, aseguró en una entrevista con Bloomberg. Sin embargo, tras ser felicitado públicamente por Xi Jinping, dio marcha atrás y envió sus “más sinceros deseos de bienestar para el pueblo de China”.

El 22 de noviembre de 1963, alrededor de las 13:40 horas, las tres grandes cadenas de televisión de Estados Unidos –NBC, CBS y ABC– interrumpieron su programación para informar de un trágico suceso que conmocionaría a la sociedad estadounidense: “En Dallas, Texas, tres disparos han impactado en la caravana del presidente Kennedy. Las primeras informaciones dicen que ha sido gravemente herido por el tiroteo”. Las palabras de Walter Cronkite, presentador de la CBS, que media hora después volvería a interrumpir una telenovela para confirmar la muerte de John F. Kennedy, han quedado grabadas en la memoria colectiva del país.

Seis décadas después, la sociedad estadounidense sigue preguntándose qué ocurrió ese día. Hay pocas dudas sobre la culpabilidad de Lee Harvey Oswald, un exmarine de 24 años que fue arrestado poco después en un teatro cercano al lugar del crimen. Según el relato oficial, Oswald realizó con su rifle tres disparos desde una sexta planta, dos de los cuales alcanzaron al presidente –y al gobernador de Texas, John Connally, que se encontraba en el asiento delantero–, y trató de huir, hasta que media hora después fue detenido por la policía. 

Pero Oswald, que en todo momento negó haber disparado, nunca llegó a ser juzgado: dos días después, fue asesinado en directo, en el sótano de la estación de policía de Dallas y ante las cámaras de televisión, a manos de Jack Ruby, un gánster y empresario del mundo de la noche, presuntamente a modo de venganza. Aquel acontecimiento enrarecería todavía más el clima de opinión, generando dudas sobre el autor del ataque y sus motivos.

Tras la muerte de Kennedy, el presidente más joven en ser elegido y uno de los más carismáticos y mejor valorados de la historia del país, su vicepresidente, Lyndon B. Johnson, asumió inmediatamente el poder, tal como dicta la Constitución. Una de sus primeras medidas fue crear una comisión para investigar el traumático crimen. Reunió a un comité de expertos, presidido por Earl Warren, presidente del Tribunal Supremo de EEUU, y conformado, entre otros, por el director del FBI, Edgar Hoover, el exdirector de la CIA, Allen Dulles, y el entonces congresista republicano Gerald Ford.

La Comisión Warren, autorizada por el Congreso estadounidense, concluyó en un informe de 888 páginas, tras un año de investigación, que Oswald había actuado solo, al igual que Jack Ruby en su venganza. Se basó en las pruebas recogidas por la policía de Dallas y analizadas por el FBI, que determinó que tan solo se habían disparado tres disparos desde un mismo punto. 

Esta es la versión oficial que ha mantenido la administración estadounidense durante los últimos 60 años, a pesar de que una serie de evidencias dan credibilidad a teorías alternativas, que apuntan a que Oswald no actuó solo, sino que se trató de un complot contra el presidente orquestado por la CIA.

Tal es el descrédito hacia la versión del “lobo solitario” que a día de hoy tan solo un 29% de los estadounidenses cree en ella, según la encuesta más reciente de la consultora Gallup, publicada el 13 de noviembre. Un 65% de los consultados considera que hubo otras personas involucradas en el asesinato del 35° presidente de EEUU.

La reconstrucción alternativa del relato

El magnicidio, en plena Guerra Fría, del mandatario que metió de lleno a EEUU en la Guerra de Vietnam y protagonizó la invasión fracasada en Bahía Cochinos (Cuba) para derrocar al Gobierno de Fidel Castro, marcó un antes y un después en el mundo. Fueron a su entierro, en el cementerio de Arlington (Virginia), personalidades como el mandatario francés Charles de Gaulle, el canciller alemán Ludwig Erhard o el príncipe Felipe de Reino Unido. 

En los tres años posteriores, más de 16 millones de personas habían visitado su tumba. Muchos de ellos, con dos dudas en la cabeza: quién lo hizo y por qué. Lo mismo se preguntó el fiscal de Nueva Orleans, Jim Garrison, quien a finales de 1966 acusó al Gobierno de encubrir una conspiración en el asesinato de Kennedy. Su principal sospecha fue que se trató de una operación anticomunista orquestada por la CIA.

Según su hipótesis –retratada más adelante en la película JFK (1991), de Oliver Stone–, la idea de que una misma “bala mágica” había atravesado a Kennedy y el gobernador Connally, impactando en hasta siete lugares distintos, como concluyó la Comisión Warren, era inconsistente. En su investigación, preguntó a testigos ignorados por la versión oficial e incluyó en el juicio una inédita grabación casera de Abraham Zapruder, que muestra desde un ángulo distinto el momento de la muerte de Kennedy. 

Garrison concluyó que dichas evidencias demostraban que la bala que mató al mandatario había impactado de frente y no desde atrás, desde donde disparó Oswald, lo que implicaría, al menos, la existencia de un segundo atacante. Tras conocerse esta teoría, el descrédito de la sociedad estadounidense sobre la versión oficial aumentó hasta el histórico 81% en la encuesta realizada por Gallup en 1976, dos años después de que el escándalo Watergate obligara al presidente Richard Nixon a dimitir.

Ese mismo año, la Cámara de Representantes creó un Comité Selecto para investigar el asesinato, a la luz de las nuevas revelaciones, y concluyó que Kennedy había sido “probablemente” víctima de una conspiración. Según su análisis, fueron cuatro, y no tres, los disparos efectuados ese 22 de noviembre; el tercero de los cuales, desde una posición frontal, aunque a diferencia de lo que expuso Garrison en su teoría, este no habría acertado. El informe también concluyó, en 1979, que la investigación realizada por el Departamento de Justicia, el FBI, la CIA y la Comisión Warren había tenido un pobre desempeño y criticó al Servicio Secreto por su ineficaz protección del presidente.

La progresiva desclasificación de documentos

A raíz de las investigaciones e informes contradictorios con la versión oficial, surgieron también multitud de teorías de la conspiración alternativas, algunas respaldadas con pruebas y otras faltas de evidencia. Ante la exigencia de la sociedad estadounidense por saber la verdad, y tras la caída del muro de Berlín, el Congreso aprobó en 1992 la Ley de Recopilación de Documentos sobre el Asesinato de JFK. 

El texto legal obligaba a todos los niveles de la administración a facilitar pruebas, informes y otros documentos oficiales con relación a la muerte del presidente, y daba 25 años para que se hicieran públicos, aunque se permitían aplazamientos si se consideraba que existían preocupaciones sobre seguridad nacional. Desde entonces, las distintas administraciones han ido sacando a la luz pública unos cinco millones de páginas con pruebas, fotografías, reconstrucciones, grabaciones de sonido, artefactos y otros materiales de interés.

En 2017, terminó el plazo con la gran mayoría de informes publicados, pero aún quedaban miles de documentos por salir a la luz, que se mantuvieron en secreto por motivos de “seguridad nacional”. La administración de Donald Trump desclasificó unos 2.800 documentos inéditos en octubre de 2017, y en 2022, Biden ordenó desclasificar otros 12.000, y otros 1.100 a lo largo de este año, dejando por publicar alrededor del 1% del total. Ambos presidentes fueron advertidos por las agencias de inteligencia del riesgo a la seguridad nacional de dichos documentos.

Los millones de páginas divulgadas de manera progresiva han ido aportando más pruebas que respaldan la versión oficial. Y, aunque a medida que se han ido publicando ha ido aumentando la creencia en que Oswald fue el único atacante, dos tercios de la sociedad estadounidense siguen comprando la teoría del complot. El 1% que queda por publicar, así como la desafección política y la poca fe en la transparencia de la Administración, han alimentado la creencia en teorías alternativas.

El legado de Kennedy entra en la campaña electoral

El mandatario demócrata llegó al poder tras vencer por tan solo 100.000 votos a Richard Nixon en 1960, en la primera campaña electoral en la historia de EEUU con debates televisados, que lo convirtieron, a él y a su familia, en el foco de las cámaras, creando una verdadera sensación en la sociedad. Quizás esa atención mediática, junto con su carisma y sus políticas, que en el contexto conservador se consideraron progresistas, fueron la clave de sus elevados índices de aprobación, que mantuvieron una media del 70,1% en sus tres años de presidencia, la más alta del último siglo.

Nacido de una familia adinerada, Kennedy fue el primer católico en llegar al Despacho Oval. Su padre, el magnate Joseph P. Kennedy, fue un inmigrante irlandés enriquecido tras el Crack del 29 que llegó a ocupar cargos importantes en la Administración estadounidense, llegando a ser presidente de la Comisión de Bolsa y Valores durante el mandato de Roosevelt. Todo ello, sumado a una importante fortuna creada en Wall Street, facilitó el camino de su hijo a la Casa Blanca. 

Después de formarse en Harvard, combatió en la Segunda Guerra Mundial al mando de una fragata en el Pacífico y luego sirvió en la Cámara de Representantes (1947-1953) y el Senado (1953-1960). Su corta presidencia, que duró alrededor de 1.000 días, estuvo marcada por uno de los momentos de mayor tensión en la Guerra Fría, la crisis de los misiles de Cuba; por la carrera espacial y el impulso del programa Apolo que llevó el hombre a la luna, y por la implicación directa en la guerra de Vietnam, donde en 1963 pasó de haber 260 militares a 16.300. 

La política exterior y el papel de EEUU en el mundo fue la obsesión de Kennedy, como él mismo reconoció en su primera intervención del primer debate presidencial jamás televisado. En política interior, su logro más recordado fueron los avances en materia de segregación racial, gracias a su impulso de la Ley de Derechos Civiles, que finalmente fue aprobada por Johnson en 1964, un año después de la muerte del mandatario. A pesar de su resistencia inicial, Kennedy se unió finalmente a Martin Luther King en su movimiento por los derechos civiles y su petición para que el Congreso aprobara dicha ley.

Hoy su nombre vuelve a inmiscuirse en la campaña para los comicios presidenciales del próximo año. Su sobrino y último representante del linaje político, el controvertido outsider Robert Kennedy, se presentó a las primarias del Partido Demócrata, aunque luego se retiró de la carrera contra Joe Biden para presentar una candidatura independiente. Aunque las encuestas le dan pocas posibilidades, su índice de aprobación (52%) supera al de Donald Trump y Biden y es el candidato independiente con más apoyo desde los años 1990.

La cuestión del asesinato de Kennedy sigue reverberando en la política estadounidense. En esta campaña, tanto Trump como Bobby Kennedy han acusado a Biden de esconder documentos oficiales y han prometido que si son presidentes desclasificarán la totalidad de los mismos. El sobrino de Kennedy sostiene, de hecho, que hay “evidencia abrumadora” de que la CIA estuvo detrás del asesinato. 

Trump también ha alimentado las dudas sobre la versión oficial, ya que la teoría de que existe un “Estado profundo” a la sombra casa muy bien con su electorado, más propenso a las teorías de la conspiración, como las que llevaron al asalto al Capitolio en enero del 2021. Lo cierto es que Biden desclasificó más documentos que el republicano, y así se defiende, mientras la sociedad estadounidense sigue teniendo dudas y reclama que se divulgue su totalidad.

Joe Biden, el presidente más mayor de la historia de Estados Unidos, y Donald Trump, el único exmandatario imputado, han perdido la capacidad de interpelar a sus votantes que tenían en 2020. Y no es únicamente por la edad del primero, 80 años, o por las cuentas pendientes con la justicia del segundo, 91 cargos en cuatro acusaciones. Es también por una mezcla de hastío, desconexión y desapego de la clase política. Sin embargo, mucho tendrían que cambiar las cosas para que en noviembre de 2024 no se repita el duelo de las últimas presidenciales: Biden contra Trump.

En este escenario, la última encuesta disponible indica un panorama desolador para el demócrata: si las elecciones se celebraran hoy, perdería en cinco de los seis estados considerados clave para vencer en los comicios presidenciales, según la estimación de Siena College para The New York Times. Trump ganaría en Nevada, Georgia Arizona, Michigan y Pensilvania, cinco estados donde Biden le venció en 2020 con un estrecho margen.

En otra encuesta de Ipsos y Reuters publicada el jueves, los demócratas dicen estar más motivados por impedir el regreso de Trump a la Casa Blanca que por apoyar a Biden. De acuerdo con las encuestas de Five Thirty Eight, un 55,5% de la población desaprueba a Biden. En el caso de Trump, el porcentaje llega al 54,4.%

“Biden no solo pierde en cinco de los seis swing states, sino que además sus índices de aprobación son todavía más bajos que los que tenía Trump a estas alturas en las últimas elecciones”, dice a ElDiario.es el director de Siena College y responsable de la encuesta, Don Levy.

La edad es uno de los factores más determinantes, a pesar de que solo le separan tres años de su rival. “El 71% de los electores, y el 50% de los demócratas creen que Biden está demasiado mayor para ser presidente, y el 62% lo ve falto de la agudeza mental necesaria”, subraya Levy.

Si es elegido, Biden terminaría su segundo mandato con 86 años. El presidente es cuatro años mayor que Trump. “Tan solo el 38% de los encuestados responde a nuestras encuestas que Trump es demasiado mayor: es una diferencia significativa”, remarca Levy. El director de Siena College explica que este resultado se debe a que “la campaña de Trump ha sido efectiva en caricaturizar a Biden como un viejo senil, con expresiones como sleepy Joe (el dormilón Joe)” y que “su lenguaje simple y directo conecta con más capas de la sociedad”.

Sin embargo, para Levy la edad no es el único factor determinante en una de las elecciones con los candidatos más impopulares de la historia. Trump se ha beneficiado de sus problemas judiciales para que los republicanos cierren filas con él y lidera de forma arrolladora las primarias republicanas, pero eso le pasaría factura en una elección general.

“El 54% de los votantes en los estados más disputados creen que cometió delitos penales graves y sus índices de desaprobación son similares a los de Biden”, sostiene Levy. Además, “un 10% de los votantes republicanos cambiaría su opinión si Trump fuera, no solo imputado, sino condenado antes de las elecciones”.

La economía castiga a Biden y el aborto, a Trump

Hay una continuidad histórica en las elecciones presidenciales de EEUU: “Cuando preguntamos a los electores en qué basarán su voto, si en cuestiones económicas, como el coste de la vida o los impuestos, o sociales, como el aborto, las armas o las amenazas a la democracia, siempre termina ganando la economía”. Y cuando Siena College pregunta a qué candidato fiarían los asuntos de su bolsillo, Trump gana a Biden por un margen de 20 puntos.

A pesar de que esta percepción es tradicional en la sociedad estadounidense, que en la historia reciente ha confiado más en los republicanos en cuestiones económicas, esto se explica en gran parte por la elevada inflación que ha marcado el mandato del demócrata. Y esto a pesar de ser un fenómeno global, impulsado por la reactivación del consumo tras la pandemia y por el aumento de los precios de la energía con la guerra de Ucrania, y del que no se puede atribuir toda la responsabilidad a Biden.

Durante su mandato, los precios del consumo llegaron el pasado junio a su pico más alto desde los años ochenta (9,1% interanual), pero desde entonces la inflación se ha ido reduciendo progresivamente hasta el 3,7% actual. Pero, a pesar de que con su bidenomics el mandatario hace bandera de sus políticas económicas, como la Ley de Reducción de la inflación o la Ley de Infraestructuras, que priorizan la inversión en la industria y el campo estadunidense, Biden no termina de convencer a los votantes.

Mientras Biden flojea en la economía, Trump lo hace en cuestiones de derechos sociales como el aborto, que está desprotegido en el país desde el fallo del Tribunal Supremo que derogó la histórica sentencia de 1973 Roe v Wade. Desde entonces, los estados liderados por republicanos han tenido carta blanca para implementar una serie de límites y prohibiciones, que a la luz de las encuestas y los resultados electorales son impopulares.

Concretamente, el 62% de los estadounidenses en los estados clave opinan que el aborto debería ser legal en todos los casos o en la mayoría. “Hay una tensión: muchos de los votantes que prefieren a Trump están en contra del aborto. Lo vimos durante la noche del 7 de noviembre”, asegura Levy, cuando el derecho al aborto salió reforzado en varios balotajes en las elecciones estatales y locales.

Los ciudadanos de Ohio votaron en referéndum proteger el derecho en su constitución estatal, mientras que el aborto también jugó un papel importante en la elección del gobernador demócrata de Kentucky, Andy Beshear, o en las legislativas de Virginia, donde los demócratas mantuvieron el control de ambas cámaras.

A estos elementos se le añade uno de los que más ha definido el mandato de Biden: el apoyo a sus dos aliados en guerra, primero Ucrania y ahora Israel. A pesar de que ambos países tienen el apoyo mayoritario de la población estadounidense, las reticencias llegan, a izquierda y derecha, cuando se les pregunta si hay que enviar asistencia militar adicional. Concretamente, Biden envió en octubre una solicitud “urgente” de 106.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania (61.400 millones) e Israel (14.300 millones), así como para Taiwán (7.400 millones), para suministrar ayuda humanitaria (9.000 millones) y para reforzar la frontera sur con México (14.000 millones).

Todos estos elementos harán que las próximas elecciones terminen siendo muy ajustadas, como ya ocurrió en 2016 y en 2020. “En la mayoría de estados, vamos a ver como un 40% tiene el voto asegurado al Partido Demócrata, y otro porcentaje similar no se moverá del republicano. Así que la elección recaerá en el 20% restante, que tendrá que elegir entre los dos candidatos, no votar, o decidirse por un tercer candidato independiente”, concluye Levy.

¿Hay alternativa a Biden y Trump?

Ninguno de los más que probables candidatos a la presidencia convencen a los estadounidenses. Pero a estas alturas, cuando queda apenas un año para los comicios, tampoco parece probable que surjan alternativas viables. Los demócratas ni siquiera consideran seria las candidaturas de Dean Phillips o Marianne Williamson, los dos rivales oficiales de Biden. Y es lógico que no las haya: presentarse a unas primarias contra el presidente del país suele significar, con pocas excepciones en la historia, la muerte política del candidato.

En el caso republicano sí hay un escenario más disputado, pero parece que la disputa es más bien por el segundo puesto o, en palabras de Trump, “parece que estén compitiendo por el trabajo de vicepresidente, pero ninguno da la talla”. El magnate va tan sobrado que ni siquiera ha acudido a ninguno de los tres debates republicanos.

Sin embargo, su alargada sombra estuvo presente desde el principio: la primera pregunta de la noche se la hicieron los presentadores al gobernador del estado anfitrión, Ron DeSantis: “¿Por qué los republicanos tendrían que elegirle a usted y no a Trump para enfrentarse a Biden dentro de un año?”. Los otros cuatro contrincantes presentes también respondieron a la misma pregunta: Nikki Haley, Vivek Ramaswamy, Chris Christie y Tim Scott.

Trump lidera de manera arrolladora las encuestas, con el 56,5% del apoyo republicano, y DeSantis, el único remotamente capaz de hacerle frente, lo mira de lejos con un 13,9% de los apoyos.

En este escenario aparece el nombre de Robert F. Kennedy, el último representante de la dinastía política más influyente de la historia del país, que se presenta como candidato independiente tras retirarse de las primarias demócratas por falta de apoyo. “Cuando pides a los electores que elijan entre Biden, Trump y Kennedy, es sorprendente que este último, que no es un gran conocido en la política estadounidense, consiga cerca de un 25% de los apoyos”, destaca Levy. “Tiene unos números que no hemos visto nunca en un tercer candidato desde Ross Perot en los años 90, lo que demuestra el descontento con los dos candidatos líderes”, añade.

Kennedy, conocido por su largo historial antivacunas, se vende como un candidato antiestablishment, denostado por el Partido Demócrata, al que perteneció también su padre, el fiscal general Robert F. Kennedy, y su tío, el expresidente John F. Kennedy. Habitual de los espacios mediáticos de la ultraderecha –como Fox News o los podcasts de ultraconservadores como Steve Bannon (The War Room), Alex Jones (Infowars), Jordan Peterson o Joe Rogan–, su campaña está yendo a la caza del electorado trumpista y del desencantado por los dos partidos tradicionales.

Aunque su candidatura podría influir y decantar la balanza hacia uno de los otros dos candidatos, no parece que sea factible su llegada al Despacho Oval. “Es un tipo poco conocido entre los votantes y, a pesar de que a sus 69 años conecta más con el público joven y que tiene el dinero de importantes donantes para financiar su campaña, se va a encontrar con una fuerte resistencia por parte de republicanos y demócratas”, resume Levy.

Los líderes de las dos primeras potencias mundiales han llegado este miércoles a una conclusión: “el Planeta Tierra es suficientemente grande para que ambos prosperemos. El éxito de uno es una oportunidad para el otro”. Así lo ha expresado el presidente chino, Xi Jinping, en su breve intervención minutos antes de comenzar una reunión de cuatro horas en Woodside, a las afueras de San Francisco (California) con su homólogo estadounidense, Joe Biden. Al terminar, el mandatario demócrata ha salido a anunciar en rueda de prensa los dos anuncios más notables del encuentro: Estados Unidos y China restablecerán su cooperación en la lucha antidroga, especialmente contra el fentanilo, y sus ejércitos retomarán las comunicaciones a nivel militar, que el Gigante Asiático había suspendido tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán en verano del año pasado.

La cumbre diplomática del más alto nivel, celebrada en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en San Francisco, es el segundo cara a cara desde que Biden y Xi son presidentes, y la primera visita oficial del mandatario chino a EEUU en seis años. En una escena preparada al milímetro, Biden ha recibido a Xi en la histórica mansión Filoli –construida en 1917, es el escenario principal de la serie Dinastía, que narra la disputa por la hegemonía entre dos magnates del petróleo–; ambos mandatarios han llegado en coche oficial, se han dado las manos, han saludado a la prensa, han subido las escalinatas y se han encerrado en la finca durante cuatro horas, sentados en una mesa alargada junto a sus equipos de gobierno. 

“No es realista que una de las dos partes intente remodelar a la otra. El conflicto y la confrontación tendrá inasumibles consecuencias para ambos países”, ha insistido Xi antes de iniciar la reunión a puerta cerrada. A pesar de la evidente rivalidad en el terreno comercial y geopolítico, que se ha hecho manifiesta durante los doce meses que han pasado desde su último encuentro en Bali, Xi ha insistido en la necesidad de gestionar con responsabilidad las tensiones: “darnos la espalda no es una opción”. Y ha concluido: “el Planeta Tierra es suficientemente grande para que los dos países prosperemos”. En el mismo tono conciliador, Biden ha remarcado: “es primordial que usted y yo nos entendamos, de líder a líder, sin ideas erróneas o fallos de comunicación. Nos tenemos que asegurar de que la competición no derive en conflicto”.

Precisamente, la falta de comunicación entre ambas partes ha evidenciado la fricción entre potencias durante el último año. Especialmente cuando en febrero Washington acusó a Pekín de haber enviado un globo espía sobre el espacio aéreo estadounidense. Una acusación que China negó, alegando que era un artefacto para recoger información meteorológica. Aquel incidente llevó la Casa Blanca a suspender la visita oficial a Pekín de su jefe diplomático, Antony Blinken, y ambos países elevaron el tono con acusaciones cruzadas. 

La reunión de este miércoles ha escenificado un acercamiento entre ambos países, que reconocen sus diferencias, pero se ven obligados a entenderse en asuntos de primer orden: la emergencia climática, la inteligencia artificial, el control de armamento nuclear, la lucha contra el fentanilo o el establecimiento de la paz en conflictos de peso geopolítico como los que se libran en Europa del Este y Oriente Medio. “Nuestra relación bilateral es la más importante en el mundo, y tiene que ser entendida en el contexto de la aceleración de las transformaciones mundiales que se ha producido en un siglo”, ha destacado Xi: “tiene que desarrollarse de tal modo que beneficie a nuestras poblaciones y cumpla con nuestra responsabilidad con el progreso humano”.

Fentanilo y comunicación militar: los “avances” del encuentro

Nadie esperaba grandes anuncios de la reunión de este miércoles. Ni los ha habido, ni se han echado en falta: después de un año de creciente fricción diplomática y comercial, el simple encuentro entre líderes ya ha cumplido el objetivo, escenificar su acercamiento. En la rueda de prensa posterior, Biden ha vendido la conversación como “la más constructiva y productiva” de todas las que ha tenido con su homólogo “desde que ambos éramos vicepresidentes, hace diez años”. 

“Hemos hecho importantes avances”, ha asegurado, triunfal: “Me complace anunciarles que, tras muchos años en suspenso, reanudamos la cooperación en materia de lucha contra los narcóticos”. Pero esto no es nuevo: China ya se comprometió en 2019 a frenar el flujo de fentanilo. Desde entonces, “el desafío ha evolucionado”, ha dicho Biden, y ahora “se están enviando sin control ingredientes químicos para producir fentanilo, y en forma de pastillas, hacia el hemisferio occidental”. El presidente, que no ha concretado las medidas que se tomarán, ha agradecido a Xi su “compromiso en este asunto”, pues “salvará muchas vidas”.

Además, “vamos a reanudar los contactos directos de ejército a ejército”, ha anunciado, asegurando que la falta de comunicación de los últimos quince meses –tras la visita de Pelosi a Taiwán en agosto de 2022– “ha sido preocupante, y así es como ocurren los accidentes y los malentendidos”. De este modo, ambos países se comprometen a retomar “comunicaciones directas, abiertas y claras”, para evitar “errores de cálculo que puedan causar problemas importantes”.

La normalización de este tipo de comunicaciones llega en un contexto de creciente preocupación por una escalada regional del conflicto entre Israel y Palestina. De hecho, Biden le habría pedido a Xi que use su influencia sobre Irán para que no trate de entrar en el conflicto, según avanzó en rueda de prensa el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.

Mientras ambos líderes estaban reunidos en California, en Nueva York el Consejo de Seguridad –actualmente presidido por China– adoptaba una resolución para establecer pausas y corredores humanitarios prolongados en Gaza, durante “un número suficiente de días”. Tras cuatro intentos fallidos desde la escalada del conflicto el pasado 7 de agosto, finalmente la medida ha tenido el voto favorable de 12 países, incluido el de China, y tres abstenciones, incluida la de EEUU (junto con Rusia y Reino Unido), que esta vez ha decidido no emplear su poder de veto.

Xi define Taiwán como el conflicto “potencialmente más peligroso”

Más allá de estos puntos de encuentro, que más que acuerdos plasmados en tinta son declaraciones de intenciones, Biden y Xi también han subrayado sus diferencias y desconfianza mutua. Sobre el asunto de Taiwán, principal punto de fricción; sobre la guerra comercial, dado el creciente proteccionismo estadounidense; y, por último, sobre el modelo de sociedad: en la última pregunta en rueda de prensa, improvisada, Biden ha dicho que sigue considerando a Xi como un “dictador”, reafirmándose en lo que dijo a principios de año.

“¿Confías en el presidente Xi?”, le han preguntado: “confío, pero verifico, como dice el viejo refrán”. Esta expresión proviene de un proverbio ruso, “Doveryai, No Proveryai”, que la hemeroteca otorga a los líderes soviéticos Vladimir Lenin y Joseph Stalin, y que también fue usado en ocasiones por Ronald Reagan, en el contexto de las negociaciones para el desarme nuclear. “¿Todavía consideras como un dictador al presidente Xi?”, le ha preguntado otra periodista: “Lo es, en el sentido de que lidera un país comunista basado en una forma de gobierno totalmente distinta a la nuestra”, ha respondido Biden, y ha dado por finalizada la rueda de prensa.

El principal escollo, y “potencialmente el más peligroso en las relaciones bilaterales”, sigue siendo Taiwán. Así lo ha recordado Xi durante la reunión, según el resumen de Biden, quien le ha reafirmado la postura estadounidense: mantiene la política de “una sola China”, la misma que tiene desde que en 1979 reconoció oficialmente a la República Popular China. Según la versión china, Xi le habría dicho a Biden que será “inevitable” la unificación entre China y Taiwán.

Esta unificación, que podría darse por la fuerza, implicaría directamente a EEUU. A pesar de que no tiene firmado ningún tratado que le obligue a salir en su defensa, los vínculos que mantiene Washington con la isla autogobernada son evidentes: la Ley de Relaciones con Taiwán, aprobada el mismo año, compromete EEUU a poner “a disposición de Taiwán los artículos y servicios de defensa en la cantidad que sea necesaria”. 

Durante el encuentro, Biden le habría expresado a Xi su preocupación por la creciente actividad militar alrededor de la isla y le habría pedido que respete el resultado de las elecciones presidenciales que celebrará Taiwán el próximo enero. Unos comicios que podría ganar por tercera vez consecutiva el Partido Democrático Progresista, el más lejano a los intereses de Pekín.

El presidente de EEUU, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, no hablan en persona desde la cumbre de líderes del G20 en Bali, hace exactamente un año. Entonces, después de tres horas y media de reunión, quisieron escenificar un acercamiento tras la ruptura de comunicaciones militares a raíz de la visita a Taiwán en agosto de 2022 de Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense. Biden y Xi volverán a verse este miércoles en San Francisco en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, siglas en inglés) y, según avanzan fuentes de la Administración Biden, podrían anunciar el restablecimiento de las comunicaciones.

La cumbre congregará hasta el viernes en la ciudad estadounidense a todos los líderes de los veintiún países miembros del APEC, a excepción del ruso Vladímir Putin. Será la segunda reunión presencial de Biden y Xi desde que ambos presiden las dos primeras potencias mundiales y la primera visita a Estados Unidos de un mandatario chino en los últimos seis años.

Durante los doce meses que han pasado desde el primer encuentro, EEUU y China no han hecho más que evidenciar sus diferencias y desconfianza mutua. La tensión se intensificó a principios de este año, cuando Washington acusó a Pekín de haber enviado un globo espía sobre el espacio aéreo estadounidense. Una acusación que China negó, alegando que era un artilugio para recoger información meteorológica. Finalmente, fue abatido por un avión de combate estadounidense y cayó en la costa de Carolina del Sur. El incidente llevó a la Casa Blanca a suspender la visita oficial del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, y ambos países elevaron el tono con acusaciones cruzadas: Biden llegó a llamar “dictador” a Xi y este acusó a EEUU de llevar a cabo una “estrategia global de contención, cerco y represión de China”.

Desde entonces, ambos países han tratado de aliviar las tensiones con esfuerzos diplomáticos, y Blinken viajó finalmente el pasado verano a Pekín. Allí mantuvo una “robusta conversación” con Xi que, según afirmó, ha hecho posible la reunión de este miércoles.

Dos guerras en el menú

En la agenda de la reunión, que se espera que dure alrededor de cuatro horas, estarán todas las cuestiones centrales de la relación entre las dos potencias: las disputas comerciales y tecnológicas y su creciente proteccionismo; la cooperación en políticas contra el cambio climático; el establecimiento de un marco para el desarrollo de inteligencia artificial; el creciente arsenal nuclear del gigante asiático o la lucha contra el fentanilo.

Pero los dos presidentes de las primeras economías mundiales –y primera y tercera potencia militar– no podrán ignorar los dos conflictos llamados a marcar el devenir geopolítico de las próximas décadas: la guerra de Rusia en Ucrania y la de Israel en Gaza. Según avanzó el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, EEUU pedirá a China que use su capacidad de influencia sobre Irán para evitar una escalada de la violencia en Oriente Medio. “Biden hará ver a Xi que una actuación desestabilizadora de Irán no redunda en interés de China ni de ningún otro país responsable”, aseguró Sullivan este lunes en una rueda de prensa desde la Casa Blanca.

De momento, Pekín se ha negado a condenar directamente los ataques de Hamás del 7 de octubre y su toma de rehenes, y ha acusado a Israel de ir “más allá del alcance de la autodefensa”, algo que inquieta a Washington. La posición oficial china ha sido parecida a la que ha tenido respecto a Ucrania: sin implicarse directamente, ha pedido un alto el fuego en Gaza. El principio de no interferencia, una de las bases de su política exterior, permite al gigante asiático no mojarse demasiado en los conflictos internacionales y centrarse en su desarrollo interno; mientras tanto, EEUU busca retener su papel de líder occidental y se desgasta, diplomática, económica y militarmente, con su posición en Oriente Medio.

A diferencia de EEUU, China –que este mes preside el Consejo de Seguridad– estuvo entre los 120 países que votaron a favor de una resolución pidiendo un alto el fuego en Gaza en la Asamblea General. Históricamente, Pekín no ha tenido ningún papel significativo en la región, pero está tratando de tejer alianzas con los países de más peso, algo que dejó ver con su mediación para favorecer la normalización de relaciones entre dos grandes rivales, el régimen suní de Arabia Saudí y el chíi de Irán.

Tensión por Taiwán

“Esperamos que sea una reunión productiva”, dijo Sullivan. “El presidente Biden cree que no hay sustituto para la diplomacia de líder a líder, cara a cara, para gestionar esta compleja relación”. El principal punto de fricción no es ninguno de los conflictos activos, sino uno hipotético, que trae de cabeza a Washington: Taiwán. Pekín reclama su soberanía sobre la isla autogobernada, donde habrá elecciones a principios del próximo año, y ha reiterado en múltiples ocasiones que su destino es formar parte de China, por vías pacíficas o mediante “el uso de la fuerza”.

Se prevé que Xi pida a Biden que reafirme la postura oficial de EEUU, que desde 1979 no reconoce oficialmente la independencia de Taiwán, a pesar de que sus vínculos son evidentes: la Ley de Relaciones con Taiwán, aprobada el mismo año, compromete a Washington a poner “a disposición de Taiwán los artículos y servicios de defensa en la cantidad que sea necesaria para permitir que mantenga suficientes capacidades de autodefensa”. 

Aunque dicha ley no garantiza la intervención militar estadounidense si China invade Taiwán, y los norteamericanos han jugado durante décadas con su política exterior de “ambigüedad estratégica”, la intervención se da por hecha después de que Biden dijera el año pasado que “defendería” la isla autogobernada si “hubiera un ataque sin precedentes”. Con esta retórica, Biden ha mantenido un tono más combativo que su predecesor, Donald Trump, en la defensa de Taiwán, unas declaraciones que Pekín ha condenado repetidamente.

Biden expresará este miércoles a Xi su preocupación por la actividad militar alrededor de la isla, que ha sido recurrente durante el último año, y por sus acciones en los mares del Sur y del Este de China. Pekín reclama también el control de gran parte de sus aguas colindantes, donde tiene disputas territoriales con Japón, Filipinas, Brunei, Malasia y Vietnam.

China alega que tiene un “derecho histórico” sobre el conjunto de islas e islotes en el mar meridional. Basa su soberanía en la “línea de los nueve puntos”, un conjunto impreciso de líneas que presentó a la ONU señalando en el mapa todo aquello que considera su territorio, pero que ha sido impugnado por varias resoluciones internacionales. Desde hace años construye islotes artificiales en el mar, que además es rico en gas y petróleo y es un importante paso de las rutas comerciales marítimas. Asimismo, en los islotes está construyendo bases militares, con los que aumenta su amenaza contra Taiwán.

EEUU mira de reojo esta progresiva expansión china y, desde el mandato de Barack Obama y su estrategia Pivot to Asia, se centró en tejer alianzas militares con los países del Pacífico para “contener” el avance chino. Además de tratados bilaterales, como los firmados con Filipinas, Singapur o Corea del Sur para establecer bases militares en esos países, y de las bases en los territorios estadounidenses de Guam y Hawaii, ha tejido una alianza con Japón, India y Australia en el marco del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral.

Punto muerto en la guerra comercial

“Los objetivos de esta reunión son gestionar la competencia, prevenir el riesgo de un conflicto y garantizar que los canales de comunicación sigan abiertos”, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. A pesar de sus diferencias, ambos países son conscientes de su interdependencia económica y llevan años tratando de gestionar una guerra comercial acuciada durante la presidencia de Trump, quien impuso unos aranceles de 370.000 millones de dólares en importaciones chinas, que no han sido levantados durante la Administración Biden.

La guerra comercial se centra, especialmente, en el ámbito tecnológico: EEUU no lleva bien la hegemonía de China en el sector de las baterías y el automóvil eléctrico, así como en los semiconductores ­–mayoritariamente fabricados en Taiwán–, esenciales para una tecnología emergente, la de la inteligencia artificial.

Por ello, recientemente, Washington ha impuesto nuevas restricciones a la exportación de tecnología avanzada hacia China. De hecho, este jueves, un día después de la reunión, entran en vigor nuevos límites a su exportación, que se sumarán a los ya impuestos el año pasado para cortar el acceso de China a los semiconductores más sofisticados, necesarios para el desarrollo de inteligencia artificial.

Estas medidas llegan también después de que hace un año el Congreso estadounidense aprobara la Ley de Reducción de la Inflación, que, entre otras muchas medidas, subsidia y da beneficios fiscales a las empresas que produzcan coches eléctricos en territorio estadounidense. Esta ley, que ha provocado tensiones con la Unión Europea, también es vista con recelo desde China, que pide a Washington que ponga fin a sus medidas proteccionistas.

Pekín ve en la visita a San Francisco una buena ocasión para tratar de atraer de nuevo los negocios que se fueron por su política de cero covid durante la pandemia. Una de sus citas en la ciudad californiana será una cena privada con empresarios, organizada por el Comité Nacional de las Relaciones entre EEUU y China, tras la reunión de alto nivel entre Biden y Xi.

San Francisco se blinda ante la cumbre

Ante la expectación mediática, las autoridades locales de San Francisco ya se han encargado de retirar algunos campamentos habitados por las más de 7.000 personas sin techo. La ciudad busca limpiar su imagen ante su mayor foro internacional desde 1945, cuando se firmó la carta fundacional de las Naciones Unidas. Se espera que la cumbre reúna en la ciudad a más de 20.000 personas hasta el viernes.

Además de expulsar a las personas sin hogar y meterlas temporalmente en albergues, San Francisco está borrando grafitis, limpiando la basura acumulada en sus calles y vallando las zonas aledañas a la cumbre para extremar su seguridad. “No queremos sugerir que no tenemos desafíos como cualquier otra gran ciudad, pero esperamos a miles de periodistas de todo el mundo, a quienes daremos la oportunidad de experimentar San Francisco”, dijo la alcaldesa, la demócrata London Breed, a Associated Press.

Las autoridades están haciendo lo posible para evitar que se produzcan protestas durante la cumbre, especialmente este miércoles, día de la reunión entre Biden y Xi. El pasado domingo, organizaciones anticapitalistas organizaron una protesta, denunciando que este tipo de foros benefician acuerdos comerciales perjudiciales para los trabajadores. Además, en las últimas semanas, como en todo el país, ha habido manifestaciones a favor de Palestina, una imagen que San Francisco no quiere que se repita ante este foro de alto valor diplomático para EEUU.

El electorado de Ohio ha consagrado este martes el derecho al aborto en su constitución estatal, una victoria importante para las mujeres en un estado que ha tendido a votar republicano en elecciones recientes. La medida, que ha recibido el 56% de los votos, añadirá a la constitución una sección titulada “El derecho a la libertad reproductiva con protecciones para la salud y la seguridad”. 

Además, un referéndum paralelo ha aprobado por un 57% una ley que regularizará el cultivo, la posesión, la venta, la compra y el uso de marihuana recreativa para los mayores de 21 años. También creará un impuesto específico a la venta de cannabis y usará el dinero para financiar una serie de programas sociales, que incluyen un “programa de equidad social y trabajo”. Ohio se convertirá así en el vigesimoquinto estado en el que se legaliza la marihuana en el país norteamericano.

Ambas medidas han sido aprobadas en una intensa jornada con distintos procesos electorales en varios estados, como Virginia, Pensilvania o Kentucky, donde los demócratas han salido reforzados de cara a las presidenciales de 2024. Aunque el asunto del aborto estaba como telón de fondo en la mayoría de comicios celebrados este primer martes de noviembre, solo el referéndum de Ohio se preguntaba directamente por la cuestión.

El aborto, protegido ante los ataques de la derecha

La aprobación de la protección constitucional del aborto corta de raíz con una ley aprobada por los republicanos en Ohio para prohibir el aborto antes de las seis semanas de gestación, que fue bloqueada por un tribunal y estaba siendo examinada por el Tribunal Supremo estatal. Hasta ahora, el aborto era únicamente legal hasta las 22 semanas de gestación, y ahora no solo será legal después, sino que además quedará protegido ante nuevos ataques de la derecha.

Después de la derogación, en junio del 2022, del fallo Roe contra Wade por parte de la mayoría conservadora del Tribunal Supremo, que eliminó las protecciones federales al derecho al aborto, la batalla se ha estado librando en el terreno estatal. Desde entonces, los estados liderados por republicanos han prohibido parcial o totalmente el aborto, obligando a miles de mujeres a hacerlo en la clandestinidad o a viajar a otros estados donde sigue siendo legal.

Sin embargo, siempre que se ha medido el pulso del electorado, especialmente en las elecciones de mitad de mandato de hace un año, las posturas favorables al aborto han salido vencedoras. Según una encuesta de Gallup, tan solo el 13% de los estadounidenses considera que el aborto debería ser ilegal, mientras que el 51% cree que debería ser legal bajo ciertas circunstancias y el 34% bajo cualquier circunstancia.

La derrota de los postulados republicanos en Ohio ha alzado la voz de alarma de parte del partido, como el candidato a las presidenciales Vivek Ramaswamy, que nació y reside en dicho estado. 

A pesar de que votó contra la resolución de este martes, Ramaswamy aseguró que el llamado movimiento “provida” debe tener “reflexiones profundas” sobre cómo encara el debate, ha dicho a CNN. Por ejemplo, atribuyendo por ley “una mayor responsabilidad sexual a los hombres” y expandiendo el acceso a las medidas anticonceptivas. Sin embargo, su visión, que no deja de ser antiabortista, es minoritaria en un partido dominado por postulados más radicales de sujetos como Donald Trump y Ron DeSantis.

Medidas similares a la aprobada hoy vencieron en las urnas el año pasado en California, Kansas, Kentucky, Michigan, Montana y Vermont, y hasta otros 11 estados tienen previsto votar al respecto en 2024. Mientras tanto, veintiún estados liderados por republicanos ya han prohibido el aborto después de las 18 semanas de gestación, y en algunos casos, como Florida o Texas, incluso antes. Sin embargo, este hecho no ha evitado que muchas mujeres aborten, solo lo han convertido en más inseguro y costoso.

Victoria clave del gobernador demócrata en Kentucky

Otro de los comicios en el punto de mira este martes era la carrera a gobernador de Kentucky, un estado tradicionalmente republicano, donde Donald Trump venció a Joe Biden por 25 puntos en 2020. También ahí, los demócratas se han hecho con una victoria muy importante, especialmente de cara a los comicios del próximo año. 

El carismático gobernador Andy Beshear ha logrado la reelección por un margen de tan solo 2,5 puntos frente al republicano Daniel Cameron, respaldado por Trump. Desde su poltrona estatal, Beshear, elegido en 2019, había convertido el derecho al aborto en un tema central de su campaña. Incluso llegó a lanzar un duro vídeo atacando a su rival, en el que una joven criticaba a Cameron por apoyar el aborto incluso en caso de violación e incesto.

“Fui violada por mi padrastro después de años de abuso sexual. Tenía 12 años. Cualquiera que crea que no debería haber excepciones para la violación y el incesto nunca podrá entender lo que significa estar en mis zapatos”, decía Hadley Duvall, de 21 años, al inicio del vídeo, que se viralizó enseguida en redes sociales. “Esto va para ti, Daniel Cameron”, siguió, “alzo la voz porque las niñas y las mujeres necesitan opciones, y Daniel Cameron no nos dará ninguna”.

En Kentucky, el aborto está prohibido en casi todos los casos, excepto cuando la vida de la madre corre peligro. De momento, poco podrá hacer Beshear para cambiarlo en este estado conservador, donde los republicanos cuentan con una abrumadora mayoría tanto en la Cámara Baja (80 a 19) como en el Senado (31 a 7). Pero su reelección, aunque ajustada, supone una esperanza renovada para las mujeres de Kentucky.

La campaña de Beshear también se ha centrado en su papel de liderazgo con la gestión de la pandemia, así como de un tornado mortal que en 2021 arrasó con el municipio de Dawson Springs, dejando 13 muertos, y de las inundaciones que en julio de 2023 mataron a 43 personas en Kentucky. Durante esos trágicos sucesos, Beshear se consolidó como la figura popular que este martes ha logrado su reelección contra pronóstico, y que supone un fuerte impulso para el Partido Demócrata.

Biden sale fortalecido tras los malos augurios de las encuestas

Los resultados de estos comicios se suman a la elección legislativa de Virginia, también celebrada este martes, que ha permitido a los demócratas mantener el control del Senado (21 demócratas frente a 16 republicanos) y la cámara baja estatal (51 demócratas frente a 43 republicanos). Supone un golpe sobre la mesa del gobernador, el republicano Glenn Youngkin, quien, entre otras políticas, unió a los legisladores de su partido a favor de una prohibición del aborto tras 15 semanas de gestación.

Los de Joe Biden también han ganado en Pensilvania, donde el demócrata Daniel McCaffwery se ha hecho con una silla en el Tribunal Supremo estatal. Y en la ciudad más poblada del estado, Filadelfia, la demócrata Cherelle Parker ha sido elegida alcaldesa. Entre las pocas derrotas concedidas por los demócratas, el candidato a gobernador en Mississipi, Brandon Presley –el primo de Elvis Presley–, ha perdido contra el actual ocupante del puesto, el republicano Tate Reeves, en una carrera más ajustada de lo esperado (52,3% frente al 45,9% del candidato demócrata y el 1,9% del independiente).

Los medios estadounidenses ya están leyendo estos comicios como una inyección de moral a Biden, a quien la última encuesta publicada por The New York Times y Siena deja en muy mala posición de cara a los comicios del 5 de noviembre del 2024. De hecho, si se celebraran hoy las elecciones, Trump vencería en cinco de los seis principales swing states (las circunscripciones más competitivas), lo que en un escenario tan igualado como el actual (ambos tienen el 43% de la proyección de voto a nivel nacional) aseguraría la vuelta a la Casa Blanca al magnate.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado durante la madrugada del martes una resolución de censura a la demócrata Rashida Tlaib, la única congresista de origen palestino, por sus críticas a Israel ante sus bombardeos indiscriminados sobre población civil en Gaza. La medida, aprobada por 234 votos a favor y 188 en contra, está un escalón por debajo de la expulsión de la Cámara Baja y supone la última muestra de la persecución que sufre en el país todo aquél que se pronuncie en defensa de Palestina.

Un total de 22 demócratas se han unido a los republicanos para aprobar dicha resolución, que acusa a Tlaib de “promover falsas narrativas” sobre los ataques de Hamás de hace un mes, el pasado 7 de octubre. El texto es una reprimenda directa por un vídeo que publicó la semana en redes sociales con imágenes de la destrucción en Gaza y las protestas en EEUU, que terminaba con un mensaje al presidente y candidato de su partido: “Joe Biden apoyó el genocidio del pueblo palestino. Los estadounidenses no vamos a olvidarlo. Biden, apoya un alto el fuego ahora o no cuentes con nosotros en 2024”.

Según la resolución, Tlaib “llamó a la destrucción del estado de Israel” y “defendió” al terrorismo de Hamás con este vídeo, así como con un comunicado publicado el día después de los brutales ataques del grupo islamista en el sur de Israel. El texto, presentado por el republicano Rich McCormick, sostiene que Tlaib apoya el eslogan “desde el río hasta el mar, Palestina será libre”, que se escucha en el vídeo. Este cántico ha sido reproducido en las manifestaciones propalestinas alrededor del mundo, y fue uno de los más repetidos en la histórica protesta de este sábado en Washington. 

Dicha frase es, según los 234 congresistas que han votado a favor, “un llamado genocida a la violencia para destruir el estado de Israel y a su pueblo para reemplazarlo por un estado palestino que se extienda desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo”. Durante su defensa en un emotivo discurso en la Cámara Baja, Tlaib se ha referido al eslogan y ha asegurado que es “un llamado aspiracional a la libertad, a los derechos humanos y a la coexistencia pacífica, no a la muerte, a la destrucción o al odio”.

“Soy la única palestinoamericana en el Congreso y mi perspectiva es más necesaria ahora que nunca”, ha dicho. “No seré silenciada y no dejaré que distorsionen mis palabras. Os olvidáis de que soy de la ciudad de Detroit, la más bella ciudad afroamericana del país, donde aprendí a decirle las verdades al poder, incluso cuando me tiemble la voz. Tratar de intimidarme, o censurarme, no va a funcionar. Porque este movimiento por un alto el fuego es mucho más grande que una persona. Está creciendo cada día: hay millones de personas en nuestro país que se oponen al extremismo de –el primer ministro israelí, Benjamin– Netanyahu y están hartos de ver a nuestro gobierno apoyar el castigo colectivo”.

Israel divide al Partido Demócrata

La votación de este martes demuestra la fractura del Partido Demócrata desde la escalada del conflicto palestino-israelí. Tanto Joe Biden como las facciones “moderadas” del partido están impulsando una narrativa belicista, apelando al “derecho de autodefensa” del pueblo israelí, que en el campo de batalla se está convirtiendo en bloqueo, desplazamientos forzosos de población y bombardeos indiscriminados sobre población civil en campos de refugiados y otros enclaves. Unas acciones que están siendo investigadas por Naciones Unidas como potenciales crímenes de guerra.

Además, el mandatario envió al Congreso una solicitud “urgente” de 106.000 millones de dólares en asistencia militar a sus dos grandes aliados en guerra, Ucrania (61.400 millones) e Israel (14.300 millones), así como para Taiwán (7.400 millones), para suministrar ayuda humanitaria (9.000 millones) y para reforzar la frontera sur con México (14.000 millones). Un dinero que se suma a los 3.800 millones que envía EEUU a Israel anualmente y que han convertido al estado hebreo en el mayor receptor de ayuda exterior estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.

En contraposición, el sector progresista del partido, capitaneado por la 'squad' (Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib, Jamaal Bowman y Cori Bush, entre otros), se opone al envío de ayuda militar adicional y presentó una resolución pidiendo el “alto el fuego inmediato” en Gaza. Hasta el momento, tan solo 18 congresistas han firmado dicho texto y 14 senadores otra carta pidiendo el “cese de las hostilidades”. Es decir, tan solo 32 del total de 535 legisladores que ocupan la Cámara de Representantes y el Senado.

Su postura sigue siendo minoritaria en la sociedad estadounidense, pero las protestas pidiendo el alto el fuego son cada vez más mayoritarias en ciudades como Washington, Nueva York, Nashville, Cincinnati, Las Vegas o San Francisco. La última encuesta disponible, de Quinnipiac, muestra que la mitad de los votantes siguen apoyando la respuesta de Israel a las masacres de Hamás, mientras que el 35% se opone y el 15% restante opta por no responder. Dicho apoyo varía según afiliación y grupos de edad, siendo los republicanos (75%) y los mayores de 65 años (59%) los segmentos con porcentajes más altos. Los datos son muy similares en cuanto al envío de asistencia militar adicional, que recibe el rechazo del 65% de los votantes entre 18 y 34 años, pero la aprobación de los demás grupos.

“Los gritos de niños palestinos e israelíes no suenan distinto”

“No puedo creer que tenga que decir esto, pero el pueblo palestino no es desechable. Somos seres humanos, como todos los demás”, dijo Tlaib este martes ante el hemiciclo que la quiere acallar: “Los gritos de niños palestinos e israelíes no suenan distinto”. Cuando el recién elegido presidente de la Cámara de Representantes, el ultraconservador Mike Johnson, ha leído en voz alta el resultado de la votación, le han secundado los aplausos de la bancada republicana. Al otro lado del tablero político, tan solo una decena de congresistas se han dirigido hacia Tlaib en señal de apoyo.

Entre otros, Jamaal Bowman, representante afroamericano de Nueva York, quien ha hablado en su defensa y en la de la diversidad racial y étnica en el Congreso, asegurando lo obvio: “(Tlaib) no quiere matar a judíos, no apoya a Hamás: simplemente está hablando como la única palestinoamericana en la historia de EEUU en servir en este órgano. Sin su voz, careceremos de todavía más empatía hacia el pueblo palestino. Tal vez debido a su falta de diversidad, carecen de la capacidad cognitiva y emocional para reconocer opiniones diversas”.

Mientras tanto, la Cámara de Representantes sigue teniendo pendiente la tarea de aprobar los presupuestos antes del 17 de noviembre para evitar el temido cierre de gobierno, que obligaría a la Administración Pública a dejar de prestar servicios considerados “no esenciales”. En ese escenario, un millón y medio de funcionarios y otros dos millones de militares se verían privados temporalmente de su sueldo, numerosos programas sociales dejarían de funcionar y se suspenderían los pagos a empresas que trabajan para el gobierno, entre otras consecuencias.

Uno de los escollos para aprobar dichos presupuestos es, precisamente, la asistencia militar a los aliados en guerra. Mientras la postura dominante de los republicanos, mayoría en la Cámara Baja, es que se debe desligar la ayuda a Israel de la de Ucrania, los demócratas, que dominan el Senado, no aceptarán ninguna propuesta alternativa a la de Joe Biden, que ve imprescindible seguir financiando ambos conflictos en el interés de la “seguridad nacional”. Seguirán siendo una inmensa minoría en ambas cámaras del Capitolio las voces que piden el fin del envío de armas y el alto el fuego, como es el caso de Rashida Tlaib.

El exmandatario y candidato líder a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este lunes como testigo en el juicio civil por fraude en Nueva York que determinará el futuro de su imperio inmobiliario. Fiel a su manual de estilo, ha basado su defensa en un ataque constante al juez, Arthur Engoron, que ya dictaminó antes del juicio que Trump, sus hijos Donald y Eric, y la Organización Trump son responsables de fraude continuado por haber inflado sus activos para conseguir mejores préstamos de bancos y aseguradoras. Lo que está en juego ahora son otros seis cargos relacionados con el fraude, como la falsedad documental, y la decisión sobre qué pena deberán pagar. 

“El único fraude es por parte de este tribunal”, ha espetado el magnate ante el juez: “dictaminó en mi contra y dijo que yo era un fraude sin saber nada de mí. Me llamó fraude sin saber nada de mí”. Antes de entrar en la sala, Trump ha reiterado ante las cámaras que este juicio es “injusto” y forma parte de un proceso de “interferencia electoral” para evitar su vuelta a la Casa Blanca tras las presidenciales del próximo año. 

Su declaración marca el inicio de un intenso calendario judicial, en el que, además de este caso civil y el de difamación a la columnista Jean Carroll, tendrá que responder a otras cuatro históricas imputaciones penales, por las que se le acusa de un total de 91 delitos.

La fiscal de distrito de Manhattan, Letitia James, reclama una compensación de 250 millones de dólares y ha pedido al juez que prohíba a Trump y sus hijos dirigir negocios, comprar inmuebles y pedir préstamos en Nueva York. Es decir, a la práctica busca expulsar al imperio inmobiliario del estado que lo vio florecer. Entre 2011 y 2021, James estima que la empresa de Trump incrementó artificialmente sus valoraciones en 2.200 millones de dólares, algo que le sirvió para conseguir ventajas en los créditos, con los que pudo adquirir nuevas propiedades.

Durante su declaración, Trump ha reconocido que ayudó a reunir los documentos que indicaban el valor de sus propiedades: “Los veía, los hojeaba, y en ocasiones daba alguna sugerencia”. El magnate ha asegurado que rebajó el valor de alguna propiedad, como la de Seven Springs (en Manhattan), puesto que “pensaba que era demasiado alto”, pero en ningún caso lo incrementó, que es de lo que se le acusa. Por ejemplo, “pensé que Mar-a-Lago (su club privado en Florida) estaba muy infravalorado, pero no hice nada al respecto”, ha dicho.

Entre otros activos, Engoron ya ha sentenciado que la Organización Trump manipuló el valor de la icónica Torre Trump, donde el magnate dio el salto a la política al lanzar su primera campaña electoral. También de otras propiedades, como Trump Park Avenue, 40 Wall Street, 1290 Avenida de las Américas o los clubes de golf de Hudson Valley y Westchester. Si el juicio, que ya ha empezado con un gol en contra, termina en goleada, Trump podría llegar a perder el control sobre todo este patrimonio.

La semana pasada testificaron también dos de sus cinco hijos, Donald Jr. y Eric, también acusados en este juicio civil. Durante sus años en la Casa Blanca Trump les dejó al mando de la empresa familiar, con el cargo de vicepresidentes. Ante el juez, ambos responsabilizaron a los contables de la compañía de las valoraciones del patrimonio, asegurando que ellos no tuvieron nada que ver. Su hermana, Ivanka Trump, tiene previsto declarar el próximo miércoles.

El juez, al abogado de Trump: “Controle a su cliente”

En su testimonio, Trump ha impacientado al juez Engoron, que pedía al magnate brevedad en sus respuestas, mientras este divagaba y las convertía en discursos. “Controle a su cliente”, le ha llegado a decir a su abogado, Chris Kise, “si no puede, lo haré yo”, amenazando con echarlo de la sesión. El juez le ha recordado a Trump que, a diferencia de sus mítines, en este procedimiento legal hay unas normas de protocolo: “Esto no es un discurso político. Por favor, simplemente responda a la pregunta. Me puede atacar, puede hacer lo que quiera, pero responda a la pregunta”.

A diferencia de los otros desafíos legales que enfrenta Trump, este es un caso civil, no penal. Además, la sentencia no la determinará un jurado, sino el propio juez Engoron. El expresidente y sus hijos podrían haberse acogido a la Quinta Enmienda para no declarar, pero eso les hubiera jugado en contra: en un caso civil, el juez está autorizado a hacer una suposición negativa cuando un acusado se niega a declarar. 

Como medida preventiva, Engoron puso una orden de mordaza sobre Trump, que le prohibía hablar públicamente sobre el juicio, como está haciendo en todos los casos que pesan sobre él. Una norma que Trump se la ha saltado sistemáticamente, por lo que el juez lo multó la semana pasada a pagar 10.000 dólares. Aun así, eso no ha intimidado a Trump, que lo ha vuelto a hacer justo antes de iniciar su declaración este lunes. Después, cuando las cámaras lo han vuelto a grabar durante una pausa, se ha quedado callado ante las preguntas de los periodistas, llevándose la mano a la boca, escenificando su disconformidad y victimismo.

En el último mes, Trump se ha pasado muchas horas en este tribunal situado en el número 60 de la calle Centre Street, cerca del Distrito Financiero de Manhattan, y ha acudido como público en hasta 8 ocasiones desde que comenzó el juicio. Este su caso más personal: está en juego no sólo su patrimonio y la herencia de sus hijos, también su imagen pública. El exmandatario se convirtió en una celebridad vendiéndose como un hombre hecho a sí mismo, pero esa idea de empresario de éxito no casa con la de uno que se inventa el valor de sus activos para prosperar cometiendo fraude.

Sin embargo, de momento no parece que ni este ni los demás juicios pendientes le estén pasando factura de cara a las elecciones. Una encuesta de The New York Times publicada este domingo muestra que Trump le lleva ventaja a Joe Biden en cinco de los seis estados clave: Nevada, Georgia, Arizona, Michigan y Pensilvania. Unos datos demoledores, a un año de los comicios, que se explican en gran parte por la creciente impopularidad de Biden.

Washington ha presenciado este sábado la manifestación propalestina más multitudinaria de la historia de Estados Unidos. Decenas de miles de personas llegadas de todo el país –300.000, según los organizadores– han marchado por el downtown de la capital durante cuatro horas y se han plantado ante la Casa Blanca para enviar un mensaje claro a Joe Biden: “si no hay alto el fuego, no tendrás nuestros votos” en las elecciones presidenciales, que se celebrarán justo dentro de un año, el 5 de noviembre de 2024.

Las multitudes responsabilizan al mandatario de hacer la vista gorda ante los “crímenes de guerra” que hace casi un mes que se ciernen sobre Gaza, con bombardeos constantes e indiscriminados sobre una de las regiones más densamente pobladas del planeta. Los ataques de Tel Aviv ya han dejado más de 9.400 muertos en Gaza, casi la mitad niños, frente a los 1.400 asesinados por Hamás en Israel.

“Este no es un conflicto entre dos partes iguales, esto es una gran potencia ayudando a otra a masacrar civiles”, lamenta Mohammed, un joven jordano residente en Virginia, que, como tantos árabes, ha viajado a la capital en apoyo a sus hermanos: “Esto no es una guerra, es un genocidio. No nos podemos quedar callados ante el mal”.

Mientras Mohammed protestaba en Washington, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, se encontraba este sábado pidiendo una “pausa humanitaria” desde la capital de su país, en Amman (Jordania). Después de reunirse con su homólogo jordano, Ayman Safadi, y el egipcio, Sameh Shoukri, el secretario de estado reiteró la posición inmutable de la Administración Biden: “Israel tiene el derecho a defenderse ante los ataques terroristas de Hamás”, aunque debe intentar “reducir al mínimo el número de víctimas civiles”.

Como ya hizo Biden el miércoles, Blinken reclamó ayer una “pausa humanitaria” al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que rechazó la petición, pues condiciona el cese de las hostilidades a la liberación de los rehenes. En un mes, Washington ha pasado de dar carta blanca al asedio de Gaza a pedir contención a Israel, en parte por el temor de una escalada regional del conflicto, pero también por la creciente oposición social y dentro del Partido Demócrata.

Muchos de los asistentes a la multitudinaria manifestación de este sábado votaron a Biden en 2020. Una decena de personas entrevistadas por ElDiario.es manifiesta sus dudas sobre si acudirán a las urnas en 2024. Lo que tienen claro es que la “pausa humanitaria” que pide el mandatario es papel mojado, insuficiente y hasta “insultante”. 

“Solo hay dos opciones: alto el fuego o genocidio. Si tienes un mínimo de humanidad, sabes de qué lado debes estar”, apunta Ian, que ha viajado a Washington en el coche de Mohammed: “Lo que está pasando es inhumano, es una locura. Y encima nos mienten a la cara: nos dicen que Israel es la víctima, cuando en realidad lleva 75 años siendo el agresor”.

“Israel bombardea y Estados Unidos paga”

La manifestación de este sábado en Washington ya está siendo comparada con la que hubo el 21 de octubre de 1967 por el fin a la guerra de Vietnam o la del 26 de octubre de 2002 contra la inminente invasión de Iraq, a las que acudieron más de 100.000 personas. Si bien EEUU no ha disparado ninguna bomba ni ha puesto tropas en suelo gazatí, un sector cada vez más ruidoso de norteamericanos responsabiliza directamente a su país de la masacre.

Israel es el principal receptor de ayuda exterior estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. El monto ya asciende a 160.000 millones de dólares (el 80%, en asistencia militar) y ha ido aumentando progresivamente hasta los 3.800 millones al año que se están transfiriendo en la actualidad. El Congreso, encargado de la dotación presupuestaria, fijó los paquetes de ayuda a Tel Aviv en 2.100 millones entre 1999 y 2008, en 3.000 millones entre 2009 y 2018, y en 3.800 millones entre 2019-2028.

Pero la Administración Biden, así como una amplia mayoría de congresistas y senadores, considera que esta ayuda no es suficiente y ya ha pedido al Congreso que apruebe un paquete adicional para salvaguardar “las necesidades de la seguridad nacional”. El mandatario envió una solicitud “urgente” de 106.000 millones de dólares en asistencia militar a sus dos grandes aliados en guerra, Ucrania (61.400 millones) e Israel (14.300 millones), así como para Taiwán (7.400 millones), para suministrar ayuda humanitaria (9.000 millones) y para reforzar la frontera sur con México (14.000 millones).

De momento, la aprobación de este paquete deberá esperar. Los republicanos, que tienen mayoría en la Cámara de Representantes, quieren desligar la ayuda a Israel de la de Ucrania, y ya aprobaron una ley de gasto independiente para el país hebreo, también de 14.300 millones de dólares. Sin embargo, esta iniciativa ni siquiera va a ser tomada en consideración en el Senado, de mayoría demócrata, que se enroca en el paquete de 106.000 millones solicitado por Biden.

“Biden, no te puedes esconder, has elegido el genocidio”, “tienes sangre en tus manos” o “Israel bombardea y Estados Unidos paga. ¿Cuántos niños mataron hoy?”, son algunos de los cánticos que más se han repetido en la Marcha por una Palestina Libre, a la que han acudido decenas de miles de árabes, judíos, cristianos, agnósticos y ateos. Más de 300 organizaciones de todo el país han apoyado la protesta, incluidos el Movimiento Juvenil Palestino, la Alianza de Musulmanes Estadounidenses o la Organización Nacional de Estudiantes por la Justicia en Palestina.

“No es una cuestión de religión: amamos a los judíos y amamos a los cristianos, pues todos somos humanos. Pero la existencia de Israel en Palestina es totalmente errónea, porque siempre fue la tierra de los palestinos. No importa si eres judío, cristiano o musulmán: esta es la tierra de los palestinos, sean de la religión que sean”, ha apuntado Mohammed.

Crece el apoyo a Palestina y divide al Partido Demócrata

La manifestación en Washington ha sido la más multitudinaria, pero no la única que se ha producido este sábado en EEUU: Nueva York, Nashville, Cincinnati, Las Vegas o San Francisco también se han visto inundadas por banderas palestinas y pancartas pidiendo el alto el fuego. Lo mismo ha ocurrido en ciudades como Londres, París, Berlín, Milán, Barcelona o Daca. Es la muestra de un creciente apoyo internacional a la causa palestina, a la luz de los incesantes bombardeos sobre población civil en Gaza.

En el caso estadounidense, la última encuesta disponible de Quinnipiac muestra que la mitad de los votantes siguen apoyando la respuesta de Israel a las masacres de Hamás, mientras que el 35% se opone y el 15% restante opta por no responder. Dicho apoyo varía según afiliación y grupos de edad, siendo los republicanos (75%) y los mayores de 65 años (59%) los segmentos con porcentajes más altos. Los datos son muy similares en cuanto al envío de asistencia militar adicional, que recibe el rechazo del 65% de los votantes entre 18 y 34 años, pero la aprobación de los demás grupos.

A pesar de que son una minoría, los propalestinos se han hecho oír más durante el último mes, en las calles, en las redes y hasta con una sentada organizada por judíos en el interior del Capitolio. En la sede del poder legislativo, también son minoría los que han elevado la voz para pedir el cese de los bombardeos en Gaza. Hasta el momento, 18 congresistas han firmado la resolución pidiendo un “alto el fuego inmediato” y 14 senadores otra carta pidiendo el “cese de las hostilidades”. Es decir, tan solo 32 del total de 535 legisladores que ocupan la Cámara de Representantes y el Senado.

Este viernes, la demócrata Rashida Tlaib, la única congresista de origen palestino en EEUU, publicó un vídeo en redes sociales con imágenes de la destrucción en Gaza y las protestas en EEUU, que terminó con un mensaje al presidente y candidato de su partido: “Biden apoyó el genocidio del pueblo palestino. Los estadounidenses no vamos a olvidarlo. Biden, apoya un alto el fuego ahora o no cuentes con nosotros en 2024”.

Esta semana, el ala dura republicana en la Cámara Baja impulsó una votación para echarla, bajo la acusación de “antisemita”. Un intento que fracasó, pero que se une a la ola de criminalización en EEUU de todo aquél que defienda el alto el fuego en Gaza. La persecución también se traslada a los centenares de detenidos en las protestas durante el último mes o a los tres periodistas árabes despedidos del canal de televisión MSNBC. Sin embargo, en lugar de acallar sus voces, cada día son más los estadounidenses que cuestionan el papel de su país en la espiral de violencia en la que se ha instalado el conflicto palestino-israelí. 

El horizonte judicial de Donald Trump, con cuatro graves e históricas imputaciones, está en el centro de su campaña para las presidenciales del próximo año. Pero el magnate no se está tomando ninguno de esos casos, por los que se le acusa de un total de 91 delitos, tan en serio como el juicio civil por fraude que enfrenta en Nueva York. Desde su inicio a principios de octubre, ya ha acudido siete veces a los tribunales a pesar de no estar obligado, escenificando el que considera su caso más personal. Y no es para menos: la acusación de fraude continuado a la Organización Trump apela directamente a su imagen como empresario de éxito, al patrimonio de su imperio inmobiliario y a la herencia y expediente legal de sus hijos.

Después de testificar la semana pasada dos antiguos aliados reconvertidos en enemigos ­–su exabogado Michael Cohen y el exdirector financiero Allen Weisselberg­–, este miércoles le ha llegado el turno a su hijo mayor, Donald Trump Jr., y este jueves le ha seguido Eric Trump. Ambos están acusados junto a su padre, como vicepresidentes de la empresa, de inflar activos financieros para obtener mejores condiciones a la hora de pedir préstamos. Según la fiscal de distrito, Letitia James, habrían incrementado las valoraciones de sus propiedades en 2.200 millones de dólares entre 2011 y 2021, con lo que consiguieron créditos ventajosos de bancos y aseguradoras.

El próximo lunes declarará el expresidente, por primera vez bajo juramento, y el miércoles su hija Ivanka, que en un inicio también estaba acusada, pero finalmente el juez, Arthur Engoron, descartó las evidencias en su contra. “Deja en paz a mis hijos”, publicó Trump en su red social, Truth Social, en alusión al magistrado: “eres una desgracia para la profesión”, añadió.

La familia Trump, acostumbrada a la exposición pública por su aparición en el programa televisivo The Apprentice y por su destructivo papel en la política estadounidense, está más expuesta que nunca en este juicio. El juez ya dictaminó que son culpables de crear un esquema para cometer fraude financiero al estado de Nueva York. Lo que debe dirimir en las próximas semanas es si el fraude fue a propósito y, especialmente, el tamaño de la pena que merecen pagar Trump, sus dos hijos y su empresa.

Se juegan mucho más que su imagen: la fiscal ha pedido al juez que prohíba a Trump y sus hijos dirigir negocios, comprar inmuebles y pedir préstamos en Nueva York, y que les imponga una multa de 250 millones de dólares. Es decir, a la práctica busca expulsar al imperio inmobiliario del estado que lo vio florecer, según ha dictaminado el juez, fraudulentamente.

Entre otros activos, Engoron ya ha sentenciado que la Organización Trump manipuló las valoraciones de la icónica Torre Trump, donde el magnate dio el salto a la política al lanzar su primera campaña electoral. También de otras propiedades, como Trump Park Avenue, 40 Wall Street, 1290 Avenida de las Américas o los clubes de golf de Hudson Valley y Westchester. Si el juicio, que ya ha empezado con un gol en contra, termina en goleada, Trump podría llegar a perder el control sobre todo este patrimonio.

Un imperio familiar: el rol de los hijos de Trump

De los cinco hijos que ha tenido Trump en sus tres matrimonios, solo Donald, Ivanka y Eric –los tres mayores e hijos de su primera esposa Ivana– han tenido un cargo importante en la Organización Trump. Y aunque James imputó a los tres, el juez Engoron solo halló responsables de fraude a Donald y Eric.

Don Jr. (45 años), que ha declarado este miércoles, es el más interesado en política y un incendiario habitual en redes sociales, ante las cámaras de medios conservadores y en su podcast Triggered with Don Jr., que publica dos veces a la semana en la plataforma Rumble. Pero también está en la primera línea de la empresa familiar: como vicepresidente ejecutivo junto a su hermano Eric, forma parte del grupo de altos cargos con decisión sobre las finanzas de la Organización Trump. 

Tras licenciarse en Economía por la Universidad de Pensilvania en el año 2000, no tardó en entrar en el imperio familiar, donde en dos décadas ha cerrado la compra y arrendamiento de importantes propiedades que ahora están en tela de juicio, como la Torre Trump o el 40 Wall Street en Manhattan. Después de que su padre fuera elegido presidente en 2016, Don Jr. firmó unas declaraciones financieras que, según alega el juez, fueron clave en el esquema para cometer fraude. Esas declaraciones, donde se inflaba el valor de varias propiedades en cientos de millones de dólares, fueron luego entregadas a bancos y aseguradoras para obtener ventajas en el crédito.

“No sé nada sobre los principios generales de contabilidad, eso se lo dejo a mis contables” porque “confío en sus evaluaciones para tomar decisiones”, se ha defendido Don Trump ante las preguntas del juez. En una sesión sin cámaras de video, periodistas presentes en la sala reportan que ha testificado de manera ambigua sobre su papel en la empresa: “Hacía un poco de todo, desde diseño, ventas, márquetin, finanzas, construcción, lo que sea”. Y se ha limitado a responder “no lo recuerdo” a la mayoría de preguntas del juez, una opción que en los casos estatales es más favorable que acogerse a la quinta enmienda y no declarar.

Por su parte, Eric (39 años), el tercer hijo de Trump, es el más implicado de todos en el negocio familiar, está menos interesado en política que su hermano mayor y es el que mantiene un contacto más recurrente con su padre. Como vicepresidente de desarrollo y adquisiciones, este jueves se ha mostrado más combativo que su hermano ante el juez Engoron.

Al igual que Donald Jr., Eric Trump ha insistido en que no tuvo nada que ver con las valoraciones y ha responsabilizado a los contables, tanto dentro como fuera de la empresa. “Tenían más información y detalles sobre todo esto de lo que yo podía tener”, ha dicho, “yo no tuve constancia de nada hasta que este caso prosperó”.

Sin embargo, la fiscalía le ha enseñado correos que demostrarían lo contrario, en los que los contables le piden datos de las propiedades para hacer sus valoraciones. Y la evidencia presentada anteriormente prueba que ambos hermanos firmaron documentos en los que se daba información detallada a Mazars, la empresa externa con la que trabajaban para la contabilidad.

Licenciado en finanzas por la Georgetown University, entró muy joven en la Organización Trump y en 2017, cuando su padre empezó su andadura en la Casa Blanca, le dio su responsabilidad al mando de la empresa. Desde entonces, Eric es quien realmente dirige el día a día del imperio inmobiliario, y ha acompañado en varias ocasiones a su padre al tribunal de Manhattan. Este jueves ha confirmado, ante las preguntas de la fiscalía, que la Organización Trump “tiene una jerarquía piramidal” con su padre al frente: “trabajo con muchas personas, pero reporto a mi padre”.

El juez le preguntará este jueves por su relación con David McArdle, uno de los tasadores contratados por la empresa para manipular sus valoraciones, que el 18 de octubre declaró que había mantenido contacto con Eric. Hasta el momento, el hijo de Trump ha afirmado no conocer a McCardle y se ha defendido asegurando que es “un tipo de cemento”, es decir, que su padre confió en él la gestión de las propiedades, pero no el control de los libros de la empresa o la valoración de los edificios: “No soy contable, no soy experto en valoraciones. No pretendo ser ninguna de esas cosas. Dirijo y construyo propiedades, a eso me dedico”, aseguró.

Por último, Ivanka (42 años), que fue vicepresidenta de la empresa, dejó de serlo en 2017, cuando su padre le puso un sueldo público y una oficina en la segunda planta de la Casa Blanca, donde empezó a trabajar, junto a su marido Jared Kushner, como asesora del presidente. Si bien en su momento llegó a sonar como la más probable sucesora de Trump al mando de su imperio inmobiliario, Ivanka se ha mantenido en los últimos años al margen de la empresa. De hecho, fue eso lo que la salvó de la sentencia en su contra en este caso, a pesar de que en un inicio fue acusada por la fiscal James.

La segunda hija de Trump también se ha alejado de la escena política desde que su padre perdió las elecciones, y ni siquiera acudió al anuncio oficial de su campaña el noviembre pasado. “Siempre amaré y apoyaré a mi padre, pero de ahora en adelante lo haré fuera de la arena política”, se justificó entonces a través de su cuenta de Instagram. También trató de evitar testificar en el caso que nos ocupa, alegando que no participaba del día a día de la empresa, pero el juez le obligó a hacerlo en persona de todos modos.

El próximo miércoles, 8 de noviembre, deberá responder por su relación con Rosemary Vrablic, una trabajadora de Deutsche Bank con quien presuntamente negoció en 2011 las condiciones de 350 millones de dólares en préstamos. En la documentación aportada por la fiscal, se incluyó un correo en el que Vrablic dijo a sus jefes que “Ivanka Trump se convertirá en cliente seguro. Ella es la aparente heredera de este imperio”. Aunque ni esta ni otras pruebas fueron suficientes para que el juez dictara sentencia en su contra, igualmente declarará la semana que viene.

Un golpe a la identidad de Trump

El exmandatario se convirtió en una celebridad vendiéndose como un hombre hecho a sí mismo, pero esa imagen de empresario de éxito no casa con la de uno que se inventa el valor de sus activos para prosperar cometiendo fraude. Según ha certificado el juez, gran parte de la riqueza de Trump –que en su vida ha declarado hasta seis bancarrotas–, fue construida artificialmente: inflaba el valor de sus propiedades para obtener créditos, que luego invertía en nuevas propiedades, cuyo valor también manipulaba, y así sucesivamente.

Los demás casos que pesan sobre el magnate, cuyos juicios coincidirán también con la campaña electoral, son mucho más graves que el fraude financiero y podrían llevarlo a la cárcel. Se le acusa de intentar amañar el resultado de las elecciones presidenciales en Georgia, de tratar de impedir la transferencia pacífica del poder tras perder los comicios, de haberse llevado y retenido cientos de documentos clasificados a su club privado de Florida cuando abandonó la Casa Blanca y de falsificar, en plena campaña electoral, documentos fiscales para esconder el soborno a la actriz Stormy Daniels, con quien había mantenido una relación extramatrimonial.

Sin embargo, el victimismo que ha sacado a relucir en todos estos casos, acusando al sistema judicial y al supuesto “estado profundo” de estar cometiendo una “caza de brujas” contra él, le está dando rédito político. En estos momentos, Trump lidera con contundencia las encuestas de primarias republicanas, con el 57,6% de los apoyos (40 puntos por encima del segundo clasificado, Ron DeSantis), y está prácticamente empatado con su más que probable rival el 5 de noviembre del 2024, Joe Biden.

Después de más de 48 horas de luto y agonía por la mayor masacre de la historia de Maine, en el nordeste de los Estados Unidos, la policía ha encontrado el cadáver presunto autor del doble tiroteo, Robert Card. Según ha anunciado el jefe de seguridad pública de Maine, Michael Sauschuck, las fuerzas del orden estatales han localizado el cuerpo del asesino en Lisbon, a escasos kilómetros del lugar de los hechos, muerto “aparentemente por un disparo de pistola auto-infligido”. Concretamente, Card se habría suicidado cerca de su antiguo puesto de trabajo, una planta de reciclaje de la que hacía semanas lo habían despedido.

“Esta noche respiro aliviada después de saber que Robert Card ya no es una amenaza para nadie. Sé que muchas personas comparten este sentimiento, pero también sé que su muerte no traerá consuelo”, ha dicho la gobernadora de Maine, la demócrata Janet Mills, que ha agradecido el esfuerzo de las cientos de personas implicadas en la “incansable” y “valiente” búsqueda del autor del ataque. “Ahora es el momento de sanar”, ha añadido, en una rueda de prensa celebrada de urgencia a las 22 horas, cuando hacía dos del hallazgo: “una vez finalizada esta búsqueda, las fuerzas del orden continuarán investigando los hechos para que podamos aportar todo lo posible a las víctimas y sus familias”.

El tiroteo más mortífero del año

Card, de 40 años, entró el miércoles hacia las siete de la tarde en una bolera de la ciudad de Lewiston (Maine) armado con un fusil semiautomático y empezó a disparar indiscriminadamente, llevándose la vida de siete personas. Después, condujo unos seis kilómetros y al cabo de diez minutos apareció en un restaurante popular del mismo municipio, donde mató a otras ocho y se dio a la fuga. En total, el trágico episodio dejó 18 muertos y 13 heridos, el tiroteo más mortífero del año, en un país que ya acumula 565 desde enero, según Gun Violence Archive.

Desde entonces, Lewiston, una ciudad de unos 40.000 habitantes y poco acostumbrada a los focos mediáticos, se ha convertido en un pueblo fantasma, después de que la policía pidiera a los vecinos que se confinaran hasta que se hallara al atacante huido. El fuerte despliegue policial, que ha incluido unos ochenta efectivos del FBI, múltiples helicópteros, drones e incluso buceadores, repartidos por un amplio perímetro en el estado rural de Maine, finalmente ha sido capaz de poner un punto y final en la búsqueda del asesino. Perdurará, sin embargo, el dolor de los familiares, amigos y vecinos de las víctimas.

El autor del ataque era reservista del ejército de EEUU, había trabajado como instructor de tiro y tenía antecedentes por problemas de salud mental. De hecho, en julio se había sometido a una evaluación psicológica después de que se le detectaran una serie de comportamientos erráticos, y estuvo internado dos semanas en un centro de tratamiento psiquiátrico, según confirmó la policía. Las autoridades sospechan que Card compró legalmente el arma, de estilo militar, meses antes de este episodio.

Durante la jornada de ayer fueron transcendiendo nuevos detalles de Card, que recientemente había terminado una relación con una mujer, junto a la que se le había visto en los dos escenarios del crimen: la bolera Just-In-Time Recreation y el restaurante Schemengees. Además, hace medio año se abrió una cuenta en X (el antiguo Twitter) donde simpatizaba con políticos y figuras mediáticas de ultraderecha, como el periodista Tucker Carlson o el psicólogo y divulgador canadiense Jordan Peterson.

La Comisaría de Seguridad Pública de Maine dio a conocer ayer los nombres y las fotos de los 16 hombres y dos mujeres, de entre 14 y 76 años, víctimas de este homicidio masivo. Se suman a la macabra lista de asesinatos indiscriminados que han conmocionado el país en las últimas décadas. Momentos antes del anuncio del hallazgo del atacante muerto, la ciudad de Lewiston se encontraba celebrando una vigilia online dirigida por miembros de la iglesia local.

Dos días de conmoción

El miércoles, poco después del ataque, la policía encontró el coche que había utilizado Card en Lisbon, el municipio donde ha aparecido muerto, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Lewiston. En el interior, encontraron una pistola, que aparentemente no utilizó durante los tiroteos.

La investigación se centró desde un inicio en los alrededores de este punto, donde el FBI interrogó los familiares del huido y a sus vecinos, y llegaron a rodear una casa propiedad de la familia gritando por los altavoces: “Robert Card, estás detenido. Sabemos que estás dentro, sal con las manos en alto”. Pero no había nadie: estas palabras forman parte del procedimiento estándar en este tipo de operativos, confirmó minutos después la policía en un comunicado.

A medida que avanzaban las horas, crecía el temor que Card hubiera escapado incluso del estado de Maine, el décimo menos poblado de la cincuentena que conforman el país norteamericano. Pero lo han acabado encontrando en el interior de su estado de residencia, uno de los más laxos a la hora de comprar un arma: no se requiere ningún examen para poder adquirir una y es completamente legal llevarlas en público, incluso si se trata de un fusil de asalto de estilo militar como el que utilizó Card el miércoles.

Los republicanos se oponen a prohibir los fusiles de asalto

A nivel federal, el presidente del país, Joe Biden, hace tiempo que insiste en la necesidad de una prohibición de este tipo de armas, una propuesta que ha reiterado esta semana. Aun así, la oposición de los republicanos en la Cámara de Representantes lo imposibilita. De hecho, el recién elegido presidente del órgano legislativo, el ultraconservador Mike Johnson, resumía este jueves en una entrevista en prime time el sentir mayoritario de su partido: “El problema no son las armas, es el ser humano. Tenemos que proteger el derecho a defenderse. No es momento de hablar de leyes. Recemos por la policía”.

Los demócratas esperan que la elevada cifra de tiroteos que se ha vivido este año en el país haga reflexionar a los que se oponen a la regulación de las armas, en un país donde se entienden como parte inseparable del espíritu nacional. Quien sí que ha cambiado de opinión estos días ha sido el congresista demócrata Jared Golden, que representa a los ciudadanos que murieron en la masacre, y que hasta ahora se había mostrado contrario a la prohibición de armas de asalto.

“Me he opuesto a los esfuerzos para prohibir las armas de guerra mortíferas como el fusil de asalto utilizado para llevar a cabo este crimen. Ha llegado el momento de que asuma la responsabilidad de este fracaso. Por eso, pido ahora al Congreso de los Estados Unidos que prohíba los fusiles de asalto”, dijo Golden este jueves, en una rueda de prensa en Lewiston.

Después de tres semanas de caos, divisiones y disfuncionalidad en el seno del Partido Republicano, que han sumido a Estados Unidos en la parálisis legislativa, al fin la Cámara de Representantes ha logrado elegir a su nuevo presidente: Mike Johnson, que no era la primera opción de nadie, ha sido el único capaz de reunir los votos de los republicanos ultras y los “moderados”. Sucederá a Kevin McCarthy, que fue elegido en enero tras otro episodio inédito, requiriendo hasta 15 votaciones, y fue destronado por una moción impulsada por los miembros más extremistas de su propio partido.

La elección de un speaker, tercera autoridad del país y segunda en la línea de sucesión de Joe Biden –después de la vicepresidenta, Kamala Harris– supondrá la vuelta a la normalidad del órgano legislativo, que llevaba tres semanas sin poder aprobar ninguna ley. Nunca antes en la historia la Cámara Baja había estado tanto tiempo sin presidente en tiempos de paz: su elección acostumbra a ser un trámite, en el que el partido mayoritario simplemente se encarga de votar a su líder. Después de cuatro votaciones en tres semanas, eso es lo que ha ocurrido hoy.

Después de echar a McCarthy el 3 de octubre, los republicanos se han sumido en un proceso interno que no ha hecho más que escenificar sus divisiones. Primero nominaron a Steve Scalise, número dos del partido y perteneciente al ala “moderada”, pero se retiró antes de exponerse a una votación en el Congreso por falta de apoyos. Después, dieron su confianza a Jim Jordan, uno de los líderes del Freedom Caucus, el grupo ultraconservador y más cercano a Donald Trump; pero tras intentarlo tres veces, y perder apoyos en cada votación, quedó claro que no tenía opciones. Este martes, nominaron a un tercer candidato, Tom Emmer, número tres del partido, que tan solo duró cuatro horas hasta que, tras acusarlo Trump y su séquito de tibio, lo repudiaron sin ni siquiera pasar por la votación en la Cámara Baja.

Finalmente, a última hora del martes, los republicanos eligieron a Johnson en una última reunión a puerta cerrada. Por primera vez en tres semanas, a la salida del encuentro, todos los congresistas se mostraban confiados ante la prensa de que al día siguiente su candidato obtendría los votos suficientes. Y así ha sido: Johnson ha sido elegido este miércoles 220 votos a favor, frente a los 209 del candidato demócrata, Hakeem Jeffries.

“La democracia a veces es un lío, pero es nuestro sistema”, dijo Johnson tras ser nominado, en una rueda de prensa junto a decenas de republicanos a sus espaldas, que quisieron dar una imagen de unidad después de 22 días demostrando lo contrario. “Esta mayoría republicana está unida”, aseguró.

Ultraconservador y aliado de Trump, Johnson logra convencer a los menos radicales

A sus 51 años, Johnson es representante del ala dura de los republicanos, pero ha sido capaz de convencer a las distintas facciones menos radicales, hastiadas del bloqueo que ha reinado en las últimas semanas. Pero su elección no implica el fin del caos que lleva instalado en el Congreso las elecciones de mitad de mandato de hace un año, que devolvieron la mayoría a los republicanos.

El nuevo speaker había pasado hasta ahora desapercibido, pues no era la primera opción de nadie, aunque tampoco tiene enemigos internos, como sí McCarthy, Scalise, Jordan y Emmer. Cristiano evangélico ultraconservador, lleva ejerciendo de congresista por Luisiana desde el 2017. En su segunda legislatura, llegó a presidir el Comité de Estudio Republicano, y recientemente se había convertido en vicepresidente de la conferencia republicana.

En este tiempo, se ha rodeado de círculos ultraconservadores y se ha convertido en uno de la veintena de aliados de Trump en la Cámara Baja: abogado de profesión, sirvió en el equipo de defensa del exmandatario en su proceso de impeachment. Además, lideró el intento judicial de anular las elecciones de 2020, reclutando a congresistas para que apoyaran una demanda contra el proceso electoral, así como para que se opusieran a la certificación de los comicios el 6 de enero del 2021.

Cuando este martes, tras ser nominado, una periodista le preguntó sobre su papel en el intento de evitar la transferencia del poder de Trump a Biden, recibió el abucheo de los republicanos y Johnson se limitó a negar con la cabeza, sonreír y dijo: “siguiente pregunta”. Hoy, Trump le ha dado públicamente su apoyo en una publicación en su red social, Truth Social, en la que ha asegurado que su “SUGERENCIA es ir con el candidato Mike Johnson, ¡Y HAY QUE HACERLO RÁPIDO!” (las mayúsculas son textuales).

Johnson, que se encuentra en su cuarta legislatura (en la Cámara Baja, los términos son de dos años) será el speaker con menos experiencia como congresista en los últimos 140 años. Se ha saltado los pasos que suelen dar aquellos que llegan a su posición, que normalmente ocupan antes cargos de liderazgo en comités de primer nivel, hecho que les obliga a tejer relaciones tanto dentro como fuera de su partido. Esta debilidad se ha convertido, en el momento actual de excepcionalidad, en una fortaleza, puesto que al no ocupar posiciones de poder no se ha generado enemigos internos.

La ayuda a Israel y el cierre de gobierno: los retos inmediatos del nuevo speaker

Una de sus primeras funciones será valorar si lleva a votación la iniciativa presentada por Biden la semana pasada, que solicitó al Congreso que apruebe un paquete de unos 106.000 millones de dólares en asistencia económica y militar a Ucrania (61.400 millones), Israel (14.300 millones) y Taiwán (7.400), así como para ayuda humanitaria (9.000 millones) y el refuerzo de la frontera sur (14.000 millones).

El mandatario enmarcó esta petición en “las necesidades de la seguridad nacional estadounidense”, asegurando que es crucial defender a sus dos grandes socios en guerra, en un momento que considera “un punto de inflexión en la historia”. No está claro el papel que tomará Johnson ante esta propuesta “urgente”, pues forma parte del grupo de republicanos que se opone a la ayuda adicional a Ucrania, que Biden ha ligado a la asistencia a Israel, que sí genera más consenso en ambas bancadas del órgano legislativo. 

Otro reto que deberá sortear el nuevo speaker en el corto plazo es la aprobación de los presupuestos antes del próximo 17 de noviembre, cuando termina la prórroga aprobada hace casi un mes. Esta prórroga, que logró McCarthy gracias a los votos demócratas, le costó el cargo por haber traicionado al ala dura, que pedía cortar de raíz el flujo de dinero al gobierno de Biden. Ahora Johnson deberá liderar el esfuerzo por aprobar unos presupuestos que satisfagan tanto a su partido, ya de por sí dividido, como a los demócratas, que dominan el Senado, y a Biden, que deberá ratificar dichas leyes de gasto.

Una misión que parece imposible, pero que si no se consigue podría comportar consecuencias catastróficas: un cierre de gobierno, que obligará a la Administración Pública a dejar de prestar servicios considerados “no esenciales”. En ese escenario, un millón y medio de funcionarios y otros dos millones de militares se verán privados temporalmente de su sueldo, numerosos programas sociales dejarán de funcionar y se suspenderán los pagos a empresas que trabajan para el gobierno, entre otras consecuencias.