El día que elDiario.es contó la denuncia por el fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid compareció ante los periodistas para defenderse. Lo hizo con mentiras y ataques al medio de comunicación que publicó esa información. Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, amenazó antes con “triturar” a elDiario.es, mientras Ayuso mentía después entre titubeos contando que era la Agencia Tributaria quien debía dinero a su pareja, “600.000 euros” llegó a decir. De paso, la dirigente popular deslizó la idea de que aquel asunto era fruto de una cacería organizada por inspectores de Hacienda y fiscales contra su pareja, el comisionista Alberto González Amador, procesado por un doble fraude fiscal e imputado por un delito de corrupción en los negocios y administración desleal. Con los beneficios del pelotazo de dos millones de euros logrado por la intermediación en una compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia, González Amador compró un piso y alquiló el ático superior para vivir allí con su pareja. Desde que estalló el escándalo, Ayuso no ha dejado nunca de defender a su novio utilizando para ello un variopinto catálogo de desinformación, mentiras y ataques a los pocos medios que informaban del supuesto fraude fiscal de González Amador.

Fiel a su estilo, Ayuso respondió con más ataques a la prensa y mucha desinformación frente a una noticia de El País sobre la adquisición con dinero público de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo destinado a uso temporal de la presidenta y de un equipo mínimo de colaboradores, obligados al traslado por unas obras en el edificio de la Puerta del Sol.

“Lamento tener que defenderme de pretendidas campañas de desprestigio. Se ha hecho de mala fe, tanto en la forma como en el momento en que se hizo”. Ayuso acusó en falso a El País de montar una campaña de desprestigio a su persona por la información publicada sobre el ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid. “Es lo que se ha buscado por el día y por la forma en la que se cuenta”, declaró. El País publicó la información una vez que la contrastó con el propio Gobierno de Ayuso, pese a que la adquisición del inmueble con el dinero público de los presupuestos de la Comunidad de Madrid se hizo hace tres meses sin que el Ejecutivo regional informara sobre ese gasto. “Cuando la gente ha perdido sus casas, resulta que a mí me compran un inmueble”, declaró ayer Ayuso. La información nunca hablaba de un inmueble comprado para la presidenta madrileña, sino para uso temporal como oficina de Ayuso y un “equipo mínimo” de colaboradores ante las obras que iban a comenzar en el edificio de la Puerta del Sol, que fue la explicación dada por un portavoz de su propio Gobierno.

“No sé si me quedaré en Presidencia o en Transportes, no sé quién irá allí. Tenemos que hacer una reforma integral que no se hacía en décadas”. “Vamos a llevar a cabo una reforma integral del edificio: empezamos por esta sala, seguimos con la planta de la Real Casa de Correos y ahora vamos a remodelar por completo la segunda planta. Hacía décadas que no se realizaba ninguna reforma, por lo que ahora existen daños estructurales que obligan a empezar de cero en muchos aspectos: climatización, aislamiento térmico y otras muchas cuestiones”. La mayor reforma de la Real Casa de Correos se hizo entre enero de 1996 y febrero de 1998, cuando se renovaron en profundidad tanto su interior como parte de la arquitectura original exterior. La reapertura de Real Casa de Correos se hizo en un acto solemne al que asistieron rey Juan Carlos y la reina Sofía. Alberto Ruiz-Gallardón, entonces presidente autonómico, tuvo que abandonar temporalmente el edificio pero no adquirió para ello ningún ático de lujo, sino que utilizó las dependencias de una entidad pública autonómica, IMADE, en la llamada Casa Rosada de la calle de Miguel Ángel. En 2017, el Gobierno regional encargó más obras de rehabilitación en la fachada que concluyeron un año después.

Después de que su propio equipo informarse de que el ático de lujo se utilizaría como oficina temporal de la presidenta con un equipo mínimo, Ayuso lo desmintió ayer: “También les digo que no sé cómo nos organizaremos. No sé si seguiré en... Prepárese, consejero, porque no sé si me quedaré en la presidencia o pasaré a la Consejería de Transportes —que es un área enorme—; no sé quién irá allí.

¿Puede utilizarse un edificio residencial como oficinas? “La agencia que planifica Madrid compra, alquila y también vende inmuebles”. El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid define el inmueble donde se sitúa el ático comprado por la Comunidad de Madrid como de uso residencial y por tanto impide el uso del mismo como oficinas. Cuando le preguntaron a Ayuso por esta dificultad, la presidenta no contestó. Se limitó a explicar que existe una agencia pública que compra, alquila y vende inmuebles. “Esto se reorganiza el patrimonio constantemente a lo largo del año y también me consta que ha habido venta de otros muchos (...) Sobre la cuestión, no depende de mí porque yo no realizo la operación personalmente; no es para mí. No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me han comprado nada (...) Los inmuebles se compran y se venden, se alquilan y se desocupan; lo que esta Administración no puede hacer es desprenderse de su patrimonio —perder todos sus activos—, ya que soy consciente de que en estos mismos meses también se están produciendo muchas ventas de inmuebles, de otras propiedades y de otras oficinas”. El edificio de 485 metros cuadrados que la Comunidad quiere destinar a oficinas tiene una terraza de 200 metros cuadrados.

¿Cuánto ha costado? “Sé que la compra es reciente, desconozco como se contabiliza”. A la pregunta de cuánto dinero público se ha destinado a esta operación, Ayuso contestó: “Sé que la compra es reciente, pero desconozco cómo se contabiliza o cómo se comunica, porque yo ni contabilizo ni comunico todo lo que Planifica Madrid compra o vende, y mucho menos en este caso, ya que no es mío ni es para mí”. Bastaría con una pregunta al consejero de Presidencia, máximo responsable de Planifica Madrid, para que Ayuso hubiera podido contestar a la pregunta sobre el dinero público gastado por su Gobierno en esta compra.

El derecho a la defensa permite a los acusados mentir a la cara del tribunal que los juzga. No están obligados a declarar contra sí mismos ni a confesarse culpables. El testimonio falaz de un procesado en el juicio no se considera prueba suficiente para emprender acciones penales contra el mentiroso.

El Tribunal Supremo negó hace solo unos días a un empresario la posibilidad de querellarse contra el comisionista Víctor de Aldama por unas declaraciones que hizo durante el juicio del caso Ábalos. Aldama acusó al constructor Manuel Contreras Cano (Azvi) de pagar mordidas a cambio de obras amañadas en el Ministerio de Transportes. Contreras consideró estas declaraciones injuriosas y calumniosas, pero el Supremo recordó que Aldama, corrupto confeso, había hecho esas manifestaciones “en el ejercicio de su derecho de defensa y, en consecuencia, asistido del derecho a no declarar contra sí mismo y no declararse culpable”. El Tribunal concluyó que el derecho al honor del constructor Contreras no prevalecía sobre el derecho de defensa de Aldama, y denegó el permiso para presentar la querella.

En el juicio del caso Kitchen, media docena de comisarios empoderados, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado, Francisco Martínez, todos ellos procesados y para los que se piden altas penas de cárcel, han dado una versión de lo ocurrido entre 2013 y 2015 que choca con todas las pruebas recabadas durante la investigación judicial e incluso contradice la versión que alguno de ellos se dio a sí mismo o confesó al juez en la fase de instrucción.

El comisario José Manuel Villarejo, uno de los implicados con mayor protagonismo en las actividades ilegales del grupo, grabó durante aquella operación a los principales implicados en el espionaje ilegal a la familia del extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Grabó al chófer de esa familia, Sergio Ríos, captado como confidente, y le animó a buscar documentación que guardase Bárcenas sobre la financiación ilegal del PP. Le pagó 2.000 euros mensuales durante casi dos años, algunas veces en billetes de 500 euros, con cargo a los fondos reservados del ministerio del Interior. Hay recibos y grabaciones en el sumario que acreditan estos hechos.

Grabó a Enrique García Castaño, el comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), quien se coló en el taller de la esposa de Bárcenas en busca de papeles comprometedores para el PP. García Castaño entregaba al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, toda la información que conseguía a través del chófer de la familia del tesorero. Así lo admitió este comisario en fase de instrucción, pero una grave enfermedad le ha impedido ratificar ahora su testimonio. Antes de sufrir la enfermedad, García Castaño habló con Villarejo sobre su mala suerte porque los nuevos responsables del ministerio del Interior le habían quitado el cargo y trasladado a una comisaría.

García Castaño: Me han pedido 40.000 cosas de trabajo, mírame esto, mírame lo otro. Y ahora me reciben y me espabilan en dos minutos...

Villarejo: Yo le habría dicho, dile al ministro que le busco la ruina. Yo que tú, con toda la información que tienes...

García Castaño: Si no tengo nada… Mi trabajo, lo único que hay son cuatro cosas…

Villarejo: ¿Te parece poco macho? Una operación para quitarle al Bárcenas los papeles que le comprometían al presidente, no me jodas…

Por si fueran pocas evidencias, el secretario de Estado de Seguridad, contaba así lo ocurrido a periodistas de El País cuando le imputaron en el juzgado: “Supe de esa operación por el ministro. Me llamó, no recuerdo si un sábado o un domingo por la tarde, para decirme que un confidente iba a colaborar con la policía para ver lo de Bárcenas. Luego me mandó un mensaje por WhatsApp recordándome el asunto. Tenía la costumbre de enviarme por escrito las cosas que habíamos hablado, para que quedase constancia o no se me olvidasen. Yo me quedé atónito. Hablé con el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y me dijo que sí, que había un grupo de policías con el confidente, que era el chófer de Bárcenas, y que en esa operación estaban el Gordo [comisario Enrique García Castaño] y Villarejo. Además, me dejó claro que nada por escrito”.

Martínez enseñó a un notario amigo suyo esos mensajes del ministro alertándole de la operación para robar documentación a la familia de Bárcenas y levantó acta sobre aquellos hechos. Luego borró su móvil y el ministro, Jorge Fernández, le desmintió delante del juez negando cualquier conocimiento de los hechos. Aunque tampoco pudo demostrar que no había enviado esos mensajes porque había cambiado de teléfono y no conservaba sus conversaciones con Martínez.

Fernández Díaz, Martínez, Villarejo y otros comisarios han defendido durante el juicio que la operación no era ilegal, sino “de inteligencia” para descubrir donde tenía escondido Bárcenas el dinero de sus actividades corruptas.

La fecha de inicio de la Operación Kitchen, 13 de julio de 2013, descarta esta nueva teoría que varios abogados defensores expusieron en el juicio. El juez Pablo Ruz, que investigaba los hechos, ya había acreditado en aquel momento con pruebas documentales fuera de toda duda donde guardaba su fortuna quien había sido gerente y tesorero del PP durante casi 20 años. Las comisiones rogatorias, que tardaron varios años en llegar, acreditaron en enero de 2013 y en junio de 2013 que Bárcenas acumuló 47 millones de euros en dos bancos suizos: el Dresdner Bank y el Lombard Odier.

El abogado de Fernández Díaz buscó otro argumento para defender la inocencia del ministro en relación con la Operación Kitchen. “Interior es una de las carteras más complicadas del Gobierno, con más de 200.000 funcionarios a su cargo, con una agenda parlamentaria e internacional intensa y, por eso, nunca se le informa [al ministro] de las operaciones policiales ni del uso de los fondos reservados”. Pero la Audiencia Nacional almacena pruebas relevantes, y directas, de la participación de Jorge Fernández Díaz en operaciones de la cloaca policial contra Artur Mas, Jordi Pujol o Xavier Trías, con grabaciones muy comprometedoras.

El abogado de Villarejo, en un giro sorprendente de guion, llegó a culpar a Bárcenas y a un grupo de periodistas de haberse inventado esta historia. Las fechorías de este comisario durante sus años de ejercicio profesional han llenado cientos de tomos de sumarios en más de 30 piezas separadas del caso Tándem. Acumula varias penas de cárcel y todavía tiene varios juicios pendientes. Su derecho de defensa le ha llevado a desmentirse a sí mismo, a contar que sus diarios manuscritos recogían elucubraciones sin fundamento y que las grabaciones de toda su vida eran obra de espías del CNI que le querían buscar la ruina.

Los acusados, y sus abogados, pueden mentir en el juicio del caso Kitchen que ayer quedó visto para sentencia. Es la ley. Tienen derecho a no confesar su culpa ni a declarar contra ellos mismos. Se llama derecho de defensa. Para un tribunal de justicia, los hechos son sagrados y el testimonio de los acusados, libre. La verdad, cuando las pruebas lo permiten, casi siempre prevalece.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero gobernó España entre 2004 y 2011. Dejó un país con más derechos sociales y una penosa situación económica con el paro desbocado. La corrupción no fue un problema de su Ejecutivo sino del partido que opositaba a sucederle. En esa etapa, el PP se financió ilegalmente a través de una caja B y algunas de las instituciones donde gobernaba estaban colonizadas por la trama Gürtel.

Zapatero abandonó el Gobierno y el liderazgo del partido para refugiarse durante los tres años siguientes en el Consejo de Estado, en un puesto reservado a quienes han sido presidentes del Gobierno y que además pueden desempeñar, si quieren, para toda la vida. Cuando renunció a ese empleo público, indefinido y muy bien remunerado, inició una nueva etapa donde mezcló su actividad privada –conferencias, asesorías– con su trabajo público como interlocutor del Gobierno venezolano para la liberación de decenas de presos y como referente ético del PSOE en mítines de las últimas campañas electorales.

Ahora le persigue un juez instructor de la Audiencia Nacional por siete delitos y por ser, supuestamente, el jefe de una trama de tráfico de influencias. Zapatero, al que muchos consideraron salvador en las últimas elecciones generales de 2023 y autor junto a otros de la exitosa investidura de Sánchez, se ha convertido como imputado en un grave problema para el PSOE.

Todos esperaban las palabras del investigado. Tres días después de que el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá, y el empresario Julio Martínez Martínez, enviaran sendos escritos al juez acusando al expresidente socialista de ser el ideólogo y principal beneficiario de esa trama de tráfico de influencias, Zapatero ha dado explicaciones en TVE. Con esta iniciativa, intenta combatir la decepción sobre su persona que empieza a instalarse en el PSOE.

El expresidente no quiso responder sobre las sospechas más inquietantes respecto a sus actividades privadas como consultor, su relación con Plus Ultra y la participación de sus dos hijas en la trama. Zapatero comenzó agradeciendo el apoyo recibido estos días por parte de sus compañeros en el PSOE, y del propio presidente Pedro Sánchez, pero les rogó que no le respalden “por fe o por cariño sino por los hechos”. Y fue precisamente en el relato de los hechos donde el expresidente del Gobierno estuvo más esquivo, sin dar explicaciones escudándose en que el proceso judicial sigue abierto y es allí donde hará las aclaraciones pertinentes.

Zapatero asegura que “jamás” hizo “ni una sola influencia”, que nunca habló “con nadie de la SEPI ni del Gobierno” para el rescate de Plus Ultra. “Eso es así y va a ser así. Tengo convicción absoluta de mi inocencia”, remarcó. Las pruebas que se acumulan en el sumario apenas sirven para demostrar que Zapatero ejerciera presión sobre alguien para lograr el rescate de la aerolínea. “No van a aparecer conversaciones mías con dirigentes de Plus Ultra sobre el rescate”, recalcó.

Lo que dicen los empresarios

Pero el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, asegura que en enero de 2021, Zapatero les reclamó a través de su amigo Julio Martínez Martínez una comisión de 530.000 euros a cambio de ayudar para que el consejo de ministros aprobase el préstamo de 53 millones, cosa que ocurrió el 9 de marzo de 2021. Y que esa comisión se pagó por Plus Ultra a tres empresas propiedad de Julio Martínez Martínez, quien también dirigió un escrito al juzgado ratificando esta versión de los hechos. No es necesario que Zapatero influyera o presionara a alguien. El Código Penal (artículo 430) considera delito “el ofrecimiento de corrupción o tráfico de influencias” y castiga “a quienes solicitan dádivas o aceptan promesas para realizar conductas corruptas”.

Cuando Javier Ruiz preguntó por el escrito de su amigo Julio Martínez Martínez donde aseguraba que era “Zapatero quien marcaba los pasos a seguir” en relación con Plus Ultra, el expresidente del Gobierno se remitió a cuestiones del procedimiento para no contestar: “No voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Yo pongo los hechos encima de la mesa y reitero mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra (...)”. También rechazó Zapatero que informara sobre la aprobación del rescate días antes de la decisión: “Niego totalmente, yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la Sepi, no conozco a nadie de aquel consejo. No lo supe si se iba a rescatar o no se iba a rescatar”.

Cuando le recordaron que su amigo Julio Martínez Martínez llegó a decir que había pagado durante años a las hijas de Zapatero por no hacer nada, dando a entender que eran testaferros del padre, el expresidente volvió a refugiarse en el procedimiento: “No son mis testaferros. Mis hijas van a presentar todos sus trabajos y tareas, y todos sus contratos, en el procedimiento judicial. Vamos a ver”.

Zapatero también habló, sin dar demasiados detalles, pero con aparente convicción, sobre las joyas que encontraron en su caja fuerte y por las que se le imputa un delito fiscal y otro de contrabando. “Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años. Tengo que ser muy prudente. Lo especificaré ante la Justicia. Ni tenían uso, no habíamos pensado en ellas, su valor será sometido a contradicción, no había afán patrimonial. No podíamos imaginar su valor. No voy a decir el país de origen. No hay intención de defraudar, regalo de cortesía personal, sin uso. Esa es la verdad. No he entrado nunca en una joyería”. Y descartó con contundencia que hubiera tramado, como sugirió la UDEF en su primer informa, la creación de una sociedad 'offshore' en Dubai donde ingresar los beneficios de las supuestas mordidas. “Es una invención absoluta, un error, no me corresponde. No he hablado de una sociedad 'offshore' en mi vida, ni con Julio Martínez ni con nadie. Lo otro me parece una inferencia insólita”.

El impacto sobre su intimidad

Zapatero siente que el procedimiento judicial contra él está lleno de irregularidades y es una víctima de la vulneración de derechos fundamentales que se está ejerciendo contra él. Remarcó la anomalía que supone hacer públicas sus agendas personales de dos años así como las comunicaciones por mensajería con su secretaria particular. “Creo que esto no ha pasado nunca”, se lamentó. “Se ha vulnerado mi derecho a la intimidad, se ha producido un impacto sobre terceros, defiendo mi derecho a que el secreto bancario se mantenga, el impacto es extraordinario. Toda mi vida de dos años está para siempre ahí y para que se hagan valoraciones, relaciones. Esto ha permitido un juicio paralelo, ha afectado incluso al secreto profesional de los periodistas, no juzgo intenciones, pero esto estructuralmente es un problema muy serio. No juzgo intenciones, me remito a las reglas, a los procedimientos, a los derechos, a lo que es un proceso penal. No recuerdo que a ningún investigado se le haya puesto la agenda entera de dos años, sin tener nada que ver la inmensa mayoría por lo que se está investigando”.

Miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE habían pedido estos días a Zapatero explicaciones ante todo lo que se sabía de la causa penal. El expresidente atendió la petición con un relato agujereado y un ruego a los preocupados difícil de cumplir: “Que no confíen en mí, ni por fe ni por cariño, que lo hagan por los hechos. Mi deber es explicar los hechos, defender mi inocencia, con las reglas del derecho”.

Víctor de Aldama, empresario condenado por corrupción en el caso Ábalos y al que el Tribunal Supremo le suspendió la entrada en prisión por su supuesta colaboración con la justicia, ha enviado un escrito al juzgado para contestar a la demanda por difamación que le presentó Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia. El escrito, adelantado por el diario ABC, incorpora nuevos bulos y se escuda en una persona, Ramón Bermejo, que actuó de jefe de Comunicación de Aldama cuando este abandonó la prisión tras pactar con la Fiscalía Anticorrupción una colaboración con la justicia. Aldama admitió sus delitos y denunció entonces distintas corruptelas de varios dirigentes socialistas, algunas de ellas confirmadas y condenadas por el Supremo, y otras, directamente falsas. Esas mentiras para desacreditar a dirigentes socialistas siguen impunes.

El empresario corrupto acusó a Bolaños en un programa de Telemadrid de haber intentado comprar su silencio a cambio de dinero. “Me ha contactado a través de mi jefe de comunicación, Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero para que yo me callara”, declaró. Los periodistas que le rodeaban no cuestionaron aquel bulo, remarcaron su gravedad y el presentador intentó confirmar si había sido directamente el ministro Bolaños quién había llamado a Ramón Bermejo para ofrecerle dinero. Aldama contestó: “Si”. Luego ha ido matizando esa declaración que ya se ha demostrado falsa porque las llamadas que ha presentado Aldama en el juzgado correspondiente al teléfono de su portavoz, Ramón Bermejo, nunca son con el ministro.

En el escrito de respuesta a la demanda, Aldama precisa que Bermejo llamó entre marzo y julio de 2024 a distintos números de teléfono de la sede socialista de Ferraz y de varios departamentos del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, y que fue entonces cuando le ofrecieron dinero a cambio del silencio del empresario corrupto. Lo explica así: “Se suceden una serie de llamadas con distintas localizaciones de las que es interlocutor el señor Ramón Bermejo y de las que resultan en última instancia sugerirle o proponerle una cantidad de dinero destinada al señor de Aldama a los efectos de evitar que el mismo pudiera aportar judicialmente información o documentación sensible que afectaba a Altos Cargos del Estado, a sabiendas de que disponían de ella”.

Pero en el periodo de estas llamadas al que se refiere Aldama nadie sabía que el comisionista corrupto, que entonces seguía en libertad aunque imputado en el caso Mascarillas, podría tener intención de tirar de la manta.

“En el desarrollo de tales llamadas participaron”, continúa el escrito de respuesta a la demanda, “por lo que se trasladó al señor de Aldama por parte de don Ramón Bermejo, personas mandatadas por Bolaños, Rafael Oñate Molina, exdirector del Gabinete del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y otras personas del departamento ministerial”.

Rafael Oñate dejó de ser jefe de gabinete de Bolaños en noviembre de 2023 mientras el escrito de Aldama habla de unas supuestas conversaciones de primavera y verano de 2024. El nuevo bulo evita aclarar si Ramón Bermejo precisó a Aldama la fecha de esas llamadas y su contenido. Difícilmente pudo hablar en 2023 con Oñate de un soborno a cambio del silencio de Aldama cuando el empresario ni siquiera había sido detenido por la primera de las causas de corrupción en las que estaba involucrado.

Bermejo, según fuentes conocedoras de esas comunicaciones, llamó a distintos departamentos del Gobierno en el verano y otoño de 2023 interesándose por la celebración de la Copa América de Vela. En sus llamadas al ministerio de Presidencia, insistentes y la mayoría sin resultados, le llegaron a indicar que sus demandas o preocupaciones sobre la Copa América de Vela debería tratarlas en otra ventanilla, la del ministerio de Educación y Deportes.

El abogado de Aldama aclara ahora que Ramón Bermejo actúa como representante o director de comunicación del empresario desde “aproximadamente marzo de 2024, momento a partir del cual se le empieza a identificar como interlocutor, gestionando su relación, entre otros, con los medios de comunicación”. En realidad, Bermejo se presenta ante los periodistas como portavoz de Aldama en noviembre de 2024 cuando el empresario acababa de salir de la cárcel, donde permaneció durante un mes en prisión provisional por el caso Hidrocarburos. La fecha de marzo de 2024 que cita ahora en el escrito, sin ninguna prueba que acredite su veracidad, intenta evitar que no se desmorone completamente el primer bulo de Aldama sobre el ofrecimiento de dinero a cambio de silencio. Las llamadas del soborno tienen que ser antes de que Bermejo apareciese por primera vez como jefe de comunicación de Aldama cuando éste ya había tirado de la manta.

El Gobierno le acusa de mentir

Aldama también involucra a dos trabajadores del grupo parlamentario socialista y a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, por supuestas comunicaciones con Ramón Bermejo. Fuentes socialistas desmienten también que el contenido de esas llamadas fuese un intento de soborno por parte de dirigentes del PSOE para evitar que Aldama tirase de la manta. Narbona ha aclarado que Bermejo se comunicó con ellos para ofrecerse a trabajar para el partido en 2023.

Fuentes del Ministerio de la Presidencia y Justicia acusaron ayer a Aldama de volver a mentir en el escrito de respuesta a la demanda por difamación que le presentó Félix Bolaños:

- “Las afirmaciones de Aldama son radicalmente falsas: el ministro Bolaños no ha contactado nunca con Aldama ni con Bermejo y jamás ha enviado 'un emisario' para que contactase con ellos”.

- “Un ejemplo: afirma que las llamadas se produjeron en marzo y julio de 2024, pero en ese momento: ni el señor Oñate era director de Gabinete del ministro Bolaños (cesó en noviembre de 2023) ni el señor Bermejo era el asesor de comunicación del señor Aldama [lo contrató en noviembre de 2024]”.

- “El ministro Bolaños no ha tenido el menor contacto, directo o indirecto, con el sr. Aldama ni para este ni para ningún otro asunto. Algo que el propio Aldama afirmó públicamente en noviembre de 2024 al decir que ”es duro ver que gente como el señor López o Bolaños, que no me conocen de nada hablan de mí de oídas“.

La demanda de protección civil del derecho al honor que ha interpuesto Julio Iglesias contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se basa en dos comentarios –uno publicado en la red social Bluesky y otro en TVE– a cuenta de las informaciones publicadas en elDiario.es que recogían las denuncias de agresión sexual de dos extrabajadoras contratadas por el cantante. La demanda señala que Yolanda Díaz se refirió en sus comentarios a unos “escalofriantes testimonios”, de las dos mujeres, “de los que no había constancia oficial, sino lo únicamente referenciado por el medio de comunicación elDiario.es., sin corroboración objetiva alguna”.

La corroboración objetiva a la que se refiere el abogado de Iglesias eran vídeos grabados a las dos mujeres donde detallaban las agresiones sufridas, y la constancia oficial era la publicación en un medio de comunicación que había intentado conseguir, sin éxito, la versión de la persona a la que se referían las denunciantes. Yolanda Díaz escribió. “Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a los periodistas de elDiario.es por denunciarlo”.

A continuación, la demanda de Julio Iglesias se detiene en un conjunto de acusaciones sin fundamento contra elDiario.es: “Hay que significar que el propio medio de comunicación había provocado la noticia, como resultado de un supuesto trabajo de investigación, y no se trataba, según amplia jurisprudencia constitucional de un reportaje neutral, que además se difundía de forma reelaborada, porque el medio acabó reconociendo, ocultando la plena identificación de la fuente, manteniendo el anonimato de las supuestas denunciantes que no se reproducían los testimonios de las denunciantes, sino el emitido por actrices profesionales que se hacían pasar por las denunciantes, acreditándose que la imagen, aún distorsionada, la voz y el nombre real estaban modificados y correspondían a las actrices”.

La demanda se basa, al igual que la querella contra elDiario.es, en hechos falsos al acusar a este medio de comunicación de “no reproducir el testimonio de las denunciantes sino el emitido por actrices profesionales que se hacían pasar por las denunciantes”. elDiario.es reprodujo fielmente el testimonio de las denunciantes, con su imagen –producto de la grabación de entrevistas con las dos mujeres– y con sus palabras, pero doblando sus voces para proteger su identidad. Pese a este, la demanda considera acreditado que “la imagen, aún distorsionada, la voz y el nombre real estaban modificados y correspondían a las actrices”. La imagen de los videos que complementaban la información corresponde a las dos mujeres que denunciaron los hechos ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Tras ser admitida a trámite la denuncia, la Fiscalía decidió no seguir adelante por haber sucedido los hechos en el extranjero y no tener competencia para investigarlos en España.

La demanda llega a acusar a la vicepresidenta segunda de actuar con “temeridad evidente” al dar “por ciertos los ”escalofriantes testimonios“, que no eran tales”. Los testimonios eran ciertos y así lo acreditan las grabaciones realizadas por los periodistas de elDiario.es y Univisión. El abogado de Julio Iglesias sostiene en la demanda que Yolanda Díaz “realizó valoraciones propias, dando por ciertos los hechos con grave desprecio a la presunción de inocencia, y situando a mi mandante como autor de la comisión de graves de delitos de agresiones sexuales y de explotación laboral y trata de personas vulnerables, sin hacerlo en términos de presunción”.

El abogado pide 50.000 euros

Díaz declaró en TVE: “Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias”. A continuación, preguntada por el apoyo que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, había dado al cantante, rechazando así el testimonio de las mujeres, la vicepresidenta contestó: “La Presidenta de la Comunidad de Madrid lo que ha hecho ayer no ha sido condenar si quiere con carácter presunto lo que ha hecho el señor Julio Iglesias no, no, lo que ha dicho es colocarse por la pasiva del lado del presunto agresor, por tanto, eso es machismo”.

Al finalizar la entrevista, y cuando el periodista le preguntó si respetaba el principio de presunción de inocencia para el cantante, Díaz contestó: “Una cosa es la responsabilidad penal en la que por supuesto presunción de inocencia, derecho a un proceso justo, tutela judicial efectiva y un millón de cosas más, artículo 24 y siguientes de la Constitución y otra cosa es la responsabilidad de carácter político o ético que uno o una tenga, y en este sentido parece que todo lo que estamos conociendo requiere de una actuación ejemplarizante en esta materia”.

El escrito de demanda termina reclamando a la vicepresidenta segunda que “se avenga a reconocer que las manifestaciones realizadas constituyen una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante, absteniéndose de realizar en lo sucesivo nuevas manifestaciones de tenor similar (...) que se retracte públicamente de las mismas en la misma forma en la que estas fueron difundidas, y que indemnice por daño moral al cantante con la cantidad de 50.000 euros además de los intereses que correspondan”.

La querella presentada por el abogado de Julio Iglesias contra elDiario.es relata hechos falsos, denuncia determinadas conductas de los profesionales del medio que nunca se produjeron y se apoya en jurisprudencia que no se corresponde con lo publicado sobre la denuncia de dos mujeres contra el cantante por supuesta agresión sexual. El escrito comienza considerando la investigación de elDiario.es como un “montaje periodístico” y sostiene que dicho trabajo “no puede encontrar amparo en los derechos fundamentales establecidos en el artículo 20 de la Constitución, de acuerdo con reiterada jurisprudencia constitucional, y que han supuesto una grave lesión de los derechos fundamentales de Julio Iglesias, al honor, a la imagen y a la intimidad personal”.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre este tipo de noticias ampara el trabajo desarrollado durante tres años por los periodistas de elDiario.es:

Relevancia pública para que prevalezca el derecho a la libertad de información

“La relevancia pública o interés general de la noticia constituye un requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia del derecho a la libertad de información cuando las noticias comunicadas o las expresiones proferidas redunden en descrédito del afectado”. La relevancia pública de Julio Iglesias es más que evidente.

El requisito de la veracidad

“La libertad de información, dado su objeto de puesta en conocimiento de hechos, cuando comporta la transmisión de noticias que redundan en descrédito de la persona, para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor exige que la información cumpla el requisito de la veracidad, a diferencia de lo que ocurre con la libertad de expresión, que protege la emisión de opiniones. Por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, puede más adelante ser desmentida o no resultar confirmada”.

elDiario.es, junto a Univision Noticias, publicó una serie de reportajes que partían de los testimonios de varias de las extrabajadoras domésticas al servicio de Julio Iglesias en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Estos reportajes se publicaron después de tres años de investigación periodística en los que los profesionales de elDiario.es y Univision acreditaron los datos incluidos en las informaciones e intentaron contrastar con todas las partes los principales detalles de lo difundido.

Dos mujeres que trabajaron para el cantante, identificadas para su protección con los nombres ficticios de Rebeca y Laura, interpusieron una denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata de personas. Pese a los reiterados intentos para conseguir, durante los 11 días previos a la publicación del primer reportaje, una respuesta de Julio Iglesias, el cantante no respondió a las preguntas que le trasladaron los periodistas de elDiario.es y Univision Noticias. Posteriormente, emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en el que negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Investigación con la diligencia debida aunque no se declare probado el hecho

La jurisprudencia señala que “la protección de la libertad de información no resulta condicionada por el resultado del proceso penal, de modo que no es obstáculo que el hecho denunciado no se haya declarado probado en un proceso de esta naturaleza”. Y concluye: “De este modo el requisito de la veracidad deberá entenderse cumplido en aquellos casos en los que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y la referida indagación la haya efectuado con la diligencia exigible a un profesional de la información. Es suficiente, por tanto, que exista una diligencia en la búsqueda de los datos para elaborar el trabajo periodístico. Es suficiente con demostrar la seriedad en la constatación de la existencia de las pruebas y en la recopilación de los materiales para la elaboración de la correspondiente información”.

Las dos mujeres supuestamente agredidas por Julio Iglesias presentaron una denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que decidió archivarla unos días después de admitirla a trámite por considerar que no tenía competencia sobre unos hechos ocurridos en el extranjero. Ni la Fiscalía ni ningún tribunal ha investigado los hechos denunciados por las dos mujeres.

Iglesias denuncia actuaciones de los periodistas que nunca se produjeron

La querella considera inveraz la información publicada por elDiario.es y para argumentar su acusación denuncia comportamientos de los periodistas que firmaron las noticias que nunca se produjeron. “No se trata de una acción penal contra un periodista que emite un reportaje neutral”, escribe el abogado que defiende a Julio Iglesias. “Los querellados han participado en la promoción y confección de la denuncia, y han difundido hechos a la opinión pública manipulando la información, reelaborando y recreando supuestas declaraciones de las víctimas de delitos graves, que no se identifican, y que, de acuerdo con la más reciente jurisprudencia, no pueden encontrar amparo en el derecho fundamental a la difundir información veraz”.

Los periodistas no recrearon supuestas declaraciones de nadie. Todas las declaraciones de las víctimas, cuyas grabaciones conserva este medio para acreditarlo, no se reelaboraron ni se recrearon; ni tampoco participaron en la confección de la denuncia hecha por un despacho de abogadas.

La querella acusa en falso a elDiario.es de usar actrices profesionales para presentar la denuncia contra Julio Iglesias: “Se produce la reelaboración de la noticia, ocultando la plena identificación de la fuente, manteniendo el anonimato de las supuestas denunciantes que cita como fuente de información, que mantiene indeterminada, y utilizando ficciones y la actuación de actrices profesionales para confundir a la opinión pública, haciéndolas pasar por declaraciones emitidas por las denunciantes”. Es falso que elDiario.es utilizase “actrices profesionales para confundir a la opinión pública”. Los vídeos que acompañaron a la información recogían la imagen (sin mostrar su rostro para evitar que su identificación pudiera ponerlas en peligro) y el testimonio, sin ningún tipo de manipulación, de las mujeres que habían denunciado las supuestas agresiones sexuales de Julio Iglesias. Tan sólo se dobló la voz de las dos mujeres, pero sin modificar ni una sola de las palabras que pronunciaron durante las entrevistas, para evitar un posible reconocimiento de las mismas, tal y como se explicó desde la primera información.

La querella señala que “era exigible a los querellados un deber de diligencia en su máxima intensidad, ya que la noticia que se transmitió suponía la atribución de la comisión de delitos graves”. La diligencia de elDiario.es fue de máxima intensidad, hasta el punto de dedicar tres años del trabajo de varias de sus periodistas a la investigación de los hechos denunciados por las mujeres y el intento infructuoso durante días para conocer la respuesta de Julio Iglesias a sus acusaciones. El cantante nunca quiso responder a las reiteradas llamadas, mensajes y el cuestionario enviado por correo y entregado en mano por elDiario.es y Univision. Sólo reaccionó a la denuncia de las mujeres una vez publicada por ambos medios.

La querella cita una jurisprudencia que elDiario.es respetó hasta el final: “La salvaguardia que el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos otorga a los periodistas en relación con la información sobre cuestiones de interés general está sujeta a la condición de que actúen de buena fe para proporcionar información precisa y fiable de acuerdo con la ética del periodismo”.

La conjura de togas contra la ley de amnistía comenzó en España meses antes de que el proyecto de la norma se registrase para su tramitación en el Congreso y continuó mucho después con intensidad creciente. El acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts en el otoño de 2023 para aprobar en un plazo breve la ley de amnistía desencadenó la rebelión de los jueces conservadores, mayoritarios en la carrera y en la cúpula judicial. Pedro Sánchez necesitaba los siete votos de la formación independentista para garantizar su investidura tras quedarse muy lejos de la mayoría absoluta en las elecciones de julio de 2023. Aunque su Gobierno rechazó meses antes una Ley de Amnistía por “inconstitucional”, el líder socialista hizo “de la necesidad virtud”, según sus propias palabras, para mantenerse en el poder.

Cientos de togados salieron a protestar a las puertas de algunos juzgados, incumpliendo la Ley del Poder Judicial que castiga como falta grave la “censura a las autoridades y poderes públicos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esa condición”. Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenía competencias para castigar esas conductas, miró para otro lado. La derecha judicial seguía dominando el órgano de Gobierno de los Jueces porque el PP bloqueaba su renovación desde diciembre de 2018.

La asociación mayoritaria de jueces y el fin de la democracia

Las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de las comunidades aprobaron comunicados muy críticos contra la futura norma. Estos órganos estaban dominados por jueces pertenecientes a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera. Dos semanas antes de que el texto de la proposición de Ley de Amnistía se hiciera público, la APM sacó un comunicado donde anunciaba el apocalipsis si los planes del Ejecutivo se hacían realidad: “Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho”. Dos años después de aquel manifiesto de la derecha judicial, la Ley de Amnistía sigue vigente, como las reglas de la Constitución de 1978 y el Estado de derecho.

Jueces de tendencia progresista, minoritarios en la carrera, se atrevieron a protestar contra las protestas: “No tenemos competencia para emitir acuerdos sobre pactos entre formaciones políticas y estamos obligados a mantener la neutralidad en el debate partidista”. Nadie les hizo caso.

El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, elegido a propuesta del PP, no entendía el papel de algunos jueces en aquella cruzada contra la Ley de Amnistía y censuró que sus compañeros vocales conservadores propusieran un comunicado contra la norma: “Entiendo que la independencia judicial tiene una vertiente bidireccional: es deseable la falta de injerencia de otros poderes en lo que resulta ser actividad jurisdiccional y, paralelamente, lo es también el que desde el Poder Judicial evitemos la injerencia en la actividad política”. Nadie le hizo caso.

El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya instruían causas con decenas de independentistas imputados a los que deberían aplicar la Ley de amnistía cuando se aprobase. Todos ellos anunciaron que impugnarían la futura Ley ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo hicieron, pero fracasaron con estrépito.

Maniobras judiciales para imputar terrorismo a Puigdemont

El magistrado Manuel García Castellón, ya jubilado, instruía desde 2019 una causa relacionada con las protestas independentistas, el caso Tsunami Democratic. Aunque durante cuatro años la investigación apenas avanzaba, la tramitación de la Ley de Amnistía despertó al instructor, quien comenzó a dictar resoluciones para torpedear la futura norma que se tramitaba en las Cortes. En noviembre de 2023, envió una exposición razonada al Supremo, que incumplía los principales requisitos establecidos por la jurisprudencia de ese tribunal, para investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por un delito de terrorismo.

Los indicios que García-Castellón envió al Supremo ―una reunión en Ginebra sin conocer su contenido, dos conversaciones de WhatsApp donde se cita al expresidente y un intercambio de mensajes donde Puigdemont expresa su temor a que haya muertos en los disturbios― fueron despreciados como inverosímiles por el fiscal encargado de esa causa en la Audiencia Nacional. Pero muchos de sus compañeros en el Supremo, fiscales conservadores mayoritariamente, no tuvieron en cuenta su criterio y plantaron cara al Fiscal General del Estado para que se apoyase la imputación por terrorismo a Puigdemont. Fracasaron.

El Tribunal Supremo, con el informe en contra de la Fiscalía, admitió la exposición razonada e imputó a Puigdemont por terrorismo, uno de los delitos no amnistiable según la Ley pactada con Junts. Un fallecido por infarto en el aeropuerto del Prat durante una protesta ciudadana contra la sentencia del Procés servía entonces a García Castellón para construir la nueva causa contra el expresidente catalán. El Tribunal Supremo, dominado por magistrados conservadores, aceptó sin rechistar. Pero aquellas maniobras judiciales se frustraron por culpa de los errores detectados en la instrucción de García Castellón, quien incumplió los plazos de prórroga en la investigación. La causa fue anulada. El intento, con la inestimable colaboración de los magistrados del Supremo, fue inútil.

Las diligencias del magistrado García Castellón no se detuvieron ahí. Aprovechando el recurso de un imputado, escribió un párrafo para establecer que los delitos que investigaba – los daños ocasionados por manifestantes independentistas a dos policías antidisturbios- eran los pertenecientes a la categoría de no amnistiables en la Ley que se tramitaba en el Congreso. El párrafo en cuestión era una copia literal de una de las enmiendas que se había registrado en el parlamento.

Pieza separada por alta traición contra el expresidente catalán

Mientras García Castellón trabajaba desde la Audiencia Nacional contra la Ley de Amnistía, el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, se afanaba con un objetivo parecido aprovechando el caso de la denominada trama rusa del proceso independentista que investigaba desde hacía seis años.

Aunque la Audiencia de Barcelona le había ordenado poner fin a la instrucción, el juez Joaquín Aguirre decidió abrir una pieza separada para investigar un posible delito de alta traición cometido por el expresidente Carles Puigdemont. Ese delito figuraba en la categoría de los no amnistiables por la futura norma.

Jurisprudencia creativa del Supremo contra líderes del Procés

La aprobación de la Ley de Amnistía el 30 de mayo de 2024 por 177 votos a favor y 172 en contra desencadenó un nuevo movimiento del Tribunal Supremo para evitar su aplicación a los principales dirigentes del proceso independentista: Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Para conseguirlo, el Supremo tiró de jurisprudencia creativa. Los legisladores habían escrito que eran amnistiables los delitos de malversación cometidos en el Procés -la utilización de dinero público para los gastos del referéndum- siempre que sus responsables, altos cargos de la Generalitat de Catalunya, no hubieran tenido “un propósito de enriquecimiento, es decir, de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”.

El Supremo interpretó que esos altos cargos debían haber pagado de su bolsillo los gastos del referéndum y, por tanto, se habían ahorrado ese dinero incrementando su patrimonio. Sus delitos se declararon no amnistiables. Y así continúan. Carles Puigdemont, huido de la justicia, no puede regresar a España hasta que el Constitucional resuelva su recurso contra la decisión del Supremo sobre la malversación que cometió. Oriol Junqueras no puede presentarse a las elecciones. Aunque fue indultado parcialmente, mantiene la pena de inhabilitación por malversación. La Fiscalía rebatió, sin éxito, el argumento principal de los magistrados: “Los condenados destinaron la totalidad de los fondos públicos malversados al referéndum de secesión [y] su patrimonio no experimentó incremento alguno como consecuencia de la malversación”. Los magistrados conservadores no hicieron caso.

Jueces del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya aplicaron la Ley de Amnistía a un exconseller, Miquel Buch, condenado por malversación. Esa sentencia consideró que Buch no tuvo ningún beneficio patrimonial por malversar fondos para impulsar el proceso independentista.

La conjura de la derecha judicial en España contra la Ley de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya ha fracasado. El presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, el belga Koens Lennaert, lo contó así. “El Derecho de la Unión no se opone a la ley que concede la amnistía (…) su objetivo es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación”.

Nunca un instructor recibió tantos varapalos de la instancia superior encargada de revisar sus decisiones. Y pese al rosario de correcciones acumuladas en la instrucción de una única causa, ese juez podrá seguir adelante con un proceso penal donde los indicios se desvanecen como humo en el aire cuando se pone la lupa sobre ellos.

Juan Carlos Peinado ha logrado su objetivo: llevar a juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por malversación y tráfico de influencias, dos delitos menos de los que él mismo le atribuía. La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha censurado a Peinado como a ningún otro juez antes, desmontando parte de su instrucción por vulnerar derechos fundamentales de los imputados y por falta de motivación. Pero ha dado su bendición a la cacería judicial contra la mujer del presidente manteniendo viva la causa con sus delitos principales.

La lupa que han usado esos magistrados para examinar el caso tiene un aumento muy limitado. Nunca acabaron de apreciar las numerosas impurezas que invalidan todo el proceso. Esos magistrados llevan dos años anulando diligencias ordenadas por el juez Peinado y, a la vez, manteniendo casi intacta la parte principal de la causa pese a la ausencia de indicios sólidos sobre los delitos investigados.

El catálogo de irregularidades detectadas en la instrucción es abundante. La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado desde que comenzó el procedimiento varios registros ordenados por el juez Peinado al empresario Juan Carlos Barrabés mientras estaba en la habitación de un hospital, incomunicado y muy grave; ha obligado a retirar la imputación sobre el rector de la Complutense –Joaquín Goyache–, sobre un directivo del Instituto de Empresa –Juan José Güemes–, sobre la secretaria general de Presidencia –Judith González–, sobre el delegado del Gobierno en Madrid –Francisco Martín–; y ha prohibido al juez investigar supuestos delitos, como el rescate de Air Europa, basados en meras conjeturas o en mentiras groseras publicadas por medios de comunicación. El Tribunal Supremo también desestimó una exposición razonada del juez Peinado para imputar al ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En el último acuerdo comunicado ayer por los cinco magistrados de la Sección 23, la Audiencia Provincial ha vuelto a anular decisiones muy relevantes de Peinado, aunque no todas, ni siquiera las principales. Ha retirado dos de los cuatro delitos por los que el juez quería llevar a juicio a Begoña Gómez y a su asistente, Cristina Álvarez, y ha anulado las medidas cautelares –retirada de pasaportes y comparecencia quincenal en el juzgado– que el instructor impuso por un discutible riesgo de fuga y ante la posibilidad, todavía más discutible, de que los escoltas de la Policía que acompañan a la mujer del presidente colaboraran con ella en su huida.

La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid lleva dos años salvando al juez Juan Carlos Peinado, que es una forma de mantener acorralado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los supuestos delitos de su mujer –antes cuatro, ahora solo dos (tráfico de influencias y malversación de fondos públicos)–. Para justificar que se juzgue a Begoña Gómez, los magistrados escriben lo siguiente: “Parece perfectamente verosímil sostener en el caso que nos ocupa y con el canon de la simple probabilidad ahora exigible, que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno”. El “canon de la simple probabilidad ahora exigible” permite a estos magistrados sentar en el banquillo a Begoña Gómez, pese a la torticera instrucción de un juez al que le han corregido ellos mismos por vulnerar derechos fundamentales de los imputados o no motivar sus resoluciones.

Los mismos magistrados explican por qué los actos de cualquier esposa de un presidente de Gobierno que logre dinero privado para una actividad docente en la universidad pública tienen una alta probabilidad de ser delictivos, aunque no exista una sola prueba sólida para justificar la sospecha: “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. Indra, Telefónica o Google aportaron dinero para un trabajo de investigación comprometido en la cátedra. Estas empresas, dos de ellas participadas por el Estado, aseguraron que subvencionan múltiples proyectos de universidades públicas y que su aportación a la cátedra dirigida por la esposa del presidente no tuvo que ver con el parentesco de esta con Pedro Sánchez. Pero a la Audiencia Provincial le da igual. Si eres la mujer del presidente, mejor no trabajes, porque cualquier cosa que hagas o que consigas para la universidad pública puede acabar siendo un delito de tráfico de influencias.

A los magistrados de la Audiencia Provincial, que llegaron a escribir de manera inveraz en uno de sus autos que los asistentes de las mujeres de los presidentes son “funcionarios expertos en protocolo”, parece no importarles demasiado que los supuestos delitos de Begoña Gómez por los que será juzgada le reportaron un beneficio bruto de cero euros en los ocho años investigados, desde que su marido accedió a la presidencia del Gobierno. Aunque admiten que no cobró nada como codirectora de la cátedra de Responsabilidad Social Corporativa creada a iniciativa suya en la Complutense, porque lo prohibía la propia Universidad, encuentran un beneficio ridículo en la actividad de Begoña Gómez como profesora para justificar su resolución: “Está fuera de toda duda el beneficio que la creación de la Cátedra y su nombramiento como directora (luego codirectora) le comportó: prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos, relanzamiento de los propios master insertos en la Cátedra, lo que disparó sus ingresos de forma exponencial, por más que, en todo caso, hablemos de cifras muy moderadas (desde los modestos 1050 euros del año 2014-2015 o los 750 € del año 2015/2016 a los 14.595 del año 2020/2021 o los 14.900 del año 2021/2022) y, esto es el dato clave, le confirió un «paraguas institucional», en expresión de su propia defensa, que le permitió obtener financiación, y disponer de ingresos para contratar servicios técnicos especializados por importe de cientos de miles de euros, eso sí, carente de un control efectivo y sin pleno sometimiento a los procedimientos ordinarios de contratación”. La financiación privada que obtuvo no fue para Begoña Gómez sino para la Universidad Complutense. La disposición de ingresos para contratar servicios técnicos especializados sólo sirvió para financiar tareas de investigación de la universidad pública. “Disparó sus ingresos de forma exponencial”, escriben sin rubor los magistrados para, a continuación, reconocer que se trata de “cifras muy moderadas”, o por decirlo de manera comprensiva, logró una remuneracióno anual que estaba por debajo del salario mínimo interprofesional. El argumento torticero de los cinco magistrados concluye comparando sus ingresos de 2022 (14.900 euros) con los de 2014 (1.400 euros), cuando también daba clases en la Universidad -aunque su marido no era todavía líder del PSOE y tenía otros ingresos privados muy superiores-. Que los firmantes del auto sostengan que está “fuera de toda duda el beneficio” que le reportó a Begoña Gómez la creación de la cátedra -y no a la Universidad Complutense para la que consiguió más de medio millón de euros en patrocinios- es tan descabellado como las imputaciones de delitos que el juez Peinado decidió colgar sobre cinco personas inocentes y que luego anuló la propia Audiencia Provincial.

El juez Peinado husmeó en todas las cuentas bancarias de la mujer del presidente sin hallar un solo euro sospechoso de haberse beneficiado de ese tráfico de influencias que le imputa. No hay en la causa un solo indicio sólido del delito que Peinado vio muy claro desde el principio a cuenta de dos cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense. Eran cartas incluidas en una propuesta del empresario Juan Carlos Barrabés presentada a dos concursos públicos de Red.es. La investigación de la UCO no detectó ni una huella mínima de que la adjudicación de esos contratos tuviera relación con la influencia de Begoña Gómez o el peso de sus escritos de apoyo. Había otras 32 cartas similares firmadas por distintas instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid gobernado por el PP. Pero es que, además, la Fiscalía Europea investiga estos hechos sin encontrar, tras dos años de interrogatorios a más de 50 personas, ni rastro de ese tráfico de influencias de Begoña Gómez origen de esta causa que va a llegar a juicio.

El segundo delito, malversación de fondos públicos, investigado un año después de que se abriera la causa, se basa en la ayuda que prestó Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, en las gestiones privadas de la mujer del presidente para los cursos que organizó en la Universidad Complutense. El abogado de Álvarez lo justifica así: “Los hechos atribuidos a Cristina Álvarez en esos ocho años que lleva en su puesto de asistente son una llamada telefónica, asistencia a doce eventos (un evento y medio al año), redacción de siete correos electrónicos (menos de un correo al año) y asistencia a cuatro reuniones (media reunión al año)”.

Un premio al instructor

“La acusación”, continúa, “califica como malversación el hecho de que una empleada con una dedicación anual de 1.751 horas, que en los años investigados trabajó 455 horas más de las previstas contractualmente, dedicara una parte mínima e insignificante de su jornada a los actos antes enumerados. Todas las actividades que la acusación considera constitutivas de malversación forman parte de las funciones que tenía asignadas Cristina Álvarez, según consta en el certificado emitido por Presidencia del Gobierno, que describe sus cometidos como: ”(i) La gestión de la agenda y (ii) la preparación de la presencia en reuniones, visitas y/o eventos, (iii) la gestión y administración de las comunicaciones, la asistencia telefónica y documental, (iv) el acompañamiento en desplazamientos y (v) la interlocución y coordinación con los equipos de protocolo, seguridad, asuntos exteriores y resto de departamentos implicados en la organización de actos y viajes del Presidente del Gobierno o derivados de su propia agenda“.

La cátedra que se creó en la Complutense fue idea de Begoña Gómez, quien colaboraba desde 2012 en esa Universidad como profesora de distintos cursos. La mujer del presidente logró el patrocinio de numerosas empresas privadas para la cátedra que codirigió, de manera que la universidad no dedicó un solo euro público a esa actividad. Cuando la Complutense canceló la cátedra, en la caja quedaban 25.000 euros de remanente propiedad de la universidad.

Con estos antecedentes, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que la mujer del presidente tiene que someterse a juicio por tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Es un premio al juez Peinado por la instancia superior que corrigió y censuró una buena parte de su instrucción. Los firmantes de este desenlace judicial controvertido son los magistrados Enrique Jesús Vergés, María del Rosario Esteban, José Sierra Fernández, Jesús Gómez-Angulo, y Carlos Prat.

Los once condenados por prevaricación en el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, tienen diez días hábiles (hasta el 29 de julio) para recurrir la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La condena de inhabilitación especial para empleo o cargo público (nueve años para Sánchez y 18 para el expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo) no es firme, por la que todos los afectados pueden trabajar o seguir trabajando para la administración. En caso de que el recurso ante el Tribunal Superior de Extremadura no prospere, los condenados todavía tienen una última vía para impugnar la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Fuentes próximas a la defensa de David Sánchez consideran que el recurso del hermano del presidente deberá argumentar por qué no fue, como establece el fallo, cooperador necesario en el acto de prevaricación cometido supuestamente por técnicos de la Diputación que aprobaron el cambio de nomenclatura del puesto de trabajo que tenía asignado.

El hermano del presidente pasó de coordinador de las Actividades de los Conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas sin que su salario aumentase. Las acusaciones populares denunciaron que David Sánchez desempeñó un trabajo distinto por lo que la Diputación debía haber creado y presupuestado una nueva plaza además de convocar un concurso público para adjudicarla.

Cooperador necesario para la prevaricación de otros

La Audiencia Provincial de Badajoz considera que Sánchez fue cooperador necesario para la prevaricación cometida por otros trabajadores de la Diputación al crear esta plaza. Y aunque la sentencia señala que el hermano del presidente, “teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los conservatorios se había creado para él, se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento siendo el principal beneficiario del mismo”, fuentes de la defensa explican que este aspecto que relata el fallo no es condenable.

De hecho, el presidente del tribunal declaró al principio del juicio “extinguida por prescripción la responsabilidad penal por el delito de aceptación de nombramiento ilegal por el que venía siendo acusado David Sánchez”.

¿Cómo se explica que la prevaricación no lleve aparejado el tráfico de influencias?

La defensa de Sánchez entiende que tiene una explicación técnica clara para que una condena por prevaricación no lleve aparejada otra por un delito de tráfico de influencias. “La prevaricación”, explica, “es una isla autónoma como lo es el tráfico de influencias. No son dos delitos que tengan que ser aplicados necesariamente al concurso”. En este caso, el tribunal explica que se amañó una plaza a favor de David Sánchez, pero aclara que no hay prueba sólida que permita conocer si hubo alguna persona o autoridad que presionó a los funcionarios y trabajadores para lograr ese objetivo. “Si no hay tráfico de influencias”, explican fuentes de la Defensa, “lo que está claro es que la prevaricación, de ser tal, no tuvo un móvil probado”.

Una “contra hipótesis” del tribunal que no sirve como hecho probado

Los magistrados fabrican en la sentencia una contra hipótesis, así la llaman, según la cual pudo ocurrir que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, decidió adjudicar la plaza a David Sánchez en julio de 2017 para congraciarse con Pedro Sánchez, que un mes antes había ganado las elecciones primarias del PSOE y volvía a ser secretario general. Fuentes jurídicas señalan que “esa conjetura o sospecha” no entra dentro de los hechos probados de la sentencia y carece de relevancia dado que los propios magistrados que firman el fallo aclaran que no hay prueba sólida suficiente para condenar por tráfico de influencias.

Tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz (José Antonio Patrocinio, Emilio Francisco Serrano y María Dolores Gallardo) han condenado este martes a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por un delito de cooperación en prevaricación administrativa. En la misma sentencia, los tres magistrados absuelven a Sánchez y al resto de acusados de un delito de tráfico de influencias, el núcleo central de la causa que instruyó la juez Beatriz Biedma. Las acusaciones populares, vinculadas a la ultraderecha, pidieron seis años de cárcel. El tribunal rechaza de plano esta petición y sostiene que no hay prueba sólida para condenar por tráfico de influencias, la acusación principal de este caso.

El tribunal intenta justificar de una manera confusa por qué condena a David Sánchez por prevaricación, un delito que no conlleva penas de cárcel, pero le absuelve por tráfico de influencias. La sentencia da por acreditado que la plaza de coordinador de conservatorios fue creada por “razones espurias” para David Sánchez, pero sostiene que no existe una sola prueba de que ese trato de favor obedeciera a un tráfico de influencias por parte de los dirigentes de la Diputación de Badajoz.

Los jueces llegan a escribir en su sentencia algunas conjeturas sobre la posibilidad de que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, decidiera, para congraciarse con Pedro Sánchez tras su victoria en las primarias, influir para adjudicar la plaza al hermano del entonces secretario general del PSOE. Pero los mismos jueces rechazan a continuación que esa elucubración pueda servir para firmar una condena por tráfico de influencias.

Una prevaricación clara, un tráfico de influencias dudoso y sin pruebas

“Si bien se alza la convicción de este Tribunal de que la prevaricación cometida obedecía al designio de favorecer por razones espurias a Don David Sánchez y Don Luis María Carreras, albergamos dudas, que no han sido despejadas a la luz de las pruebas practicadas en el plenario, referentes a la utilización de concretas conductas de presión, prevalimiento, en definitiva, influencias ejercidas en orden a conseguir las resoluciones que pudieron generar directa o indirectamente beneficio económico para aquellos”.

Una conjetura sobre el tráfico de influencias sin soporte fáctico

“Podemos conjeturar que la actuación coordinada prevaricadora de los acusados que ostentaban cargos de responsabilidad en la Diputación de Badajoz fue la respuesta a una previa presión o influencia ejercida sobre ellos, pero esa hipótesis carece, tanto de soporte fáctico elaborado y descrito por las acusaciones, como de acervo acreditativo que la sustente”.

El tribunal “no sabe” quién influyó

“No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”.

Una contra hipótesis sin una sólida prueba de cargo

“Podríamos mantener, como contra hipótesis, que las conductas prevaricadoras obedecieron al interés de favorecer a las personas que se beneficiaron de aquellas por su proximidad familiar (Don David Sánchez) al que sería reelegido Secretario General del Partido y con el tiempo Presidente del Gobierno de la Nación (Bloque 1 de hechos probados) y que ostentaba ya tal cargo cuando sucedieron los acontecimientos descritos en los Bloques 2 y 3; respondiendo a un propósito de congraciarse con aquel al haber apoyado en el XXXIX Congreso del Partido a la candidata perdedora de las elecciones primarias. Siendo así, este Tribunal se ve obligado a considerar que no es posible condenar por los delitos de tráfico de influencias que han sido objeto de acusación, pero no de concreta y completa descripción fáctica y acreditación, resultando por demás aplicable el principio ”in dubio pro reo“. De alguna manera dicho principio se injerta en el derecho a la presunción de inocencia, porque no basta para la condena la sola convicción del Tribunal -el impresionismo o convicción judicial-, pues poco vale este si no encuentra su anclaje en una sólida prueba de cargo (…) Dicho de otro modo, aunque el Tribunal de instancia no dudara, correspondería a esta Sala casacional verificar si debió dudar por la escasa fiabilidad de la prueba de cargo (…)”.

“Escasa fiabilidad y solidez de la prueba de cargo practicada”

“Y es aquí donde radica la esencia del problema: la escasa fiabilidad y solidez de la prueba de cargo practicada, en orden a la determinación y concreción de los hechos incardinables en los tipos penales de tráfico de influencias objeto de acusación, insuficiente para despejar toda ausencia de duda sobre la autoría de los mismos por parte de los acusados”.

Inferencia: todos concertados para crear una “plaza innecesaria y vacía de contenido”

El tribunal considera que “la actuación de los acusados justifica el juicio de inferencia que conduce a colegir que todos estaban concertados para la creación de una plaza de empleo público, innecesaria y vacía de contenido esencial, cuyo destinatario sería el acusado Don David Sánchez (y para el ulterior torticero cambio de denominación de tal puesto de trabajo), así como de otra igualmente vacua reservada al acusado Don Luis María Carrero, fingiendo un proceso de selección y valoración de méritos sustancialmente inexistente como justificación mendaz de los contratos para acceder al empleo público, que estarían avalados por unos procedimientos administrativos oficiales de selección y propuestas de contratación puramente cosméticos o ”de escaparate“ sin fundamento real alguno, con ulterior adaptación en el caso de Don David de las condiciones de su puesto a sus apetencias sin consideración alguna a la causa pública, al interés general y soslayando de manera palmaria los principios de mérito y capacidad rectores en el acceso a los puestos de trabajo en la Administración y sin que, como se ha afirmado, dicha transmutación obedeciera a una ”evolución natural de funciones“ previamente desarrolladas o a un acto de ”sinceración administrativa“. Esta inferencia del tribunal no se basa en las pruebas recabadas durante la celebración del juicio, ya que el trabajo de David Sánchez como coordinador de los conservatorios no fue puesto en duda ni siquiera por los directores de esos departamentos. Que el montaje de óperas que impulsó el hermano del presidente se hiciera ”sin consideración alguna a la causa pública y al interés general“, es una inferencia del tribunal sin prueba conocida.

“Es inverosímil” que el presidente de la Diputación no conociera los hechos

Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, ha sido condenado a 18 años de inhabilitación por prevaricación. El tribunal, sin citar prueba que lo acredite, considera “inverosímil que, conociéndose de forma generalizada en el ámbito de Cultura desde el momento de la creación del puesto que el mismo estaba destinado a ser adjudicado al señor Sánchez, no supiera dicha circunstancia y no participara directamente en los hechos”. En el juicio, ningún testigo ni imputado declaró o acreditó que se conociera de forma generalizada en el departamento de Cultura que se creó el puesto para David Sánchez. “Intervino, como representante del órgano decisorio, la Diputación de Badajoz, en la decisión de contratar a Don David y de modificarle las funciones que tenía encomendadas en su puesto original. Por consiguiente, es responsable en concepto de autor de los delitos de prevaricación administrativa correspondientes a los Bloques A) y B) del párrafo de hechos probados, resultando aplicable el artículo 31 del CP”, señala la sentencia. Las pruebas recabadas durante la instrucción no acreditaron que Gallardo hubiera intervenido en la decisión de contratar a David Sánchez.

David Sánchez conoció previamente que el puesto de coordinador se creó para él

El Tribunal, sin prueba que acredite su tesis principal, afirma: “David Sánchez Pérez-Castejón, quien teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había creado para él, se presentó a la convocatoria, e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo, al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera (…) Cooperó realizando actos nucleares: presentó la solicitud correspondiente en el concurso de méritos para la adjudicación de la plaza creada para él, participó en el proceso selectivo maquillado aportando documentación y derivó, incumpliendo el contenido obligacional del contrato de coordinador de actividades de los conservatorios, a actividades operísticas que no guardaban relación alguna con el puesto primigenio para el que había sido nombrado ,interesando y consintiendo que, al socaire del denominado cambio de nomenclatura de la plaza, se creara otra absolutamente diferente de la que seguía siendo titular y beneficiario”. El tribunal le condena por cooperación a la prevaricación al haber forzado el cambio de nomenclatura del puesto de trabajo asignado, y sostiene que David Sánchez tuvo conocimiento previo de que la creación de la plaza (octubre de 2016) se hizo para adjudicársela a él mismo. Sin embargo, en la contra hipótesis redactada por el mismo tribunal se elucubra con la posibilidad de que el presidente de la diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, hubiera decidido, en mayo de 2017, cuando Sánchez ganó las primarias y volvió a ser secretario general del PSOE, adjudicar la plaza al hermano (junio de 2017). Esta contra hipótesis echaría por tierra la conclusión del mismo tribunal cuando afirma que David Sánchez tuvo conocimiento previo de que se había creado la plaza para él en noviembre de 2016.

La Audiencia Nacional arrastra los pies en la investigación de causas graves de corrupción policial vinculadas al Ministerio del Interior bajo mandato del PP entre 2012 y 2018. Un tribunal de ese órgano juzga estos días el caso Kitchen, la operación policial dirigida desde Interior y perpetrada por media docena de comisarios para robar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, pruebas sobre la financiación ilegal de la formación conservadora. Pero el grueso de las operaciones secretas de aquellas cloacas del Estado sigue impune diez años después.

Comisarios empoderados trabajaron en la fabricación de pruebas, muchas de ellas falsas, contra políticos de la oposición. Lo hicieron fuera de la Ley, a espaldas de los jueces pero con el impulso y conocimiento de la cúpula de Interior y del PP. La misión de aquellos comisarios corruptos culminaba en muchas ocasiones con la difusión del resultado de sus trabajos a través de medios de comunicación afines al partido.

La guerra sucia de los agentes tuvo un triple objetivo: dirigentes independentistas catalanes embarcados en el desafío secesionista; altos cargos de Podemos, la formación emergente que amenazaba la continuidad del PP en el poder; y el entonces líder de la oposición y hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El número uno de la policía, Eugenio Pino, y sus principales lugartenientes, comisarios jefe en distintas áreas, se enfangaron en las operaciones ilegales. El agente más activo en esas tareas fue el comisario José Manuel Villarejo. Había ingresado en la Policía a los 22 años. Solo 10 años después pidió una excedencia para dedicarse a sus empresas privadas (con las que continuó hasta su jubilación y más allá). Regresó en 1993 para trabajar en Información y Policía Judicial, dos de los departamentos donde se manejan los datos más sensibles. En 2007 y durante los 10 años siguientes, Villarejo fue un verso libre de jefes. Se presentaba como “agente encubierto dependiente de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía”. Aunque más que un agente encubierto era un agente doble. Durante el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011), Villarejo conspiró con la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, planificando acciones para obstaculizar o arruinar las investigaciones del caso Gürtel. Para entonces, Villarejo ya era un policía todopoderoso que influía, o lo intentaba, en políticos, empresarios, jueces, fiscales y periodistas.

“Hay confianza, ¿no? Somos colegas. Móviles a la vista, aquí nadie graba a nadie”, les decía a algunos de sus interlocutores. Mientras tanto, él grabó durante al menos 20 años todos los encuentros que le interesaban. Era un notario infalible, también con sus agendas personales. Confiaba en esas grabaciones como una garantía de vida si venían mal dadas. Pero se equivocó.

Ingresó en la cárcel de Estremera el 3 de noviembre de 2017 y salió libre el 3 de marzo de 2021 con numerosos juicios pendientes y un escándalo mayúsculo sobre sus hombros. Cuando dejó la prisión y se vio rodeado de periodistas, les mostró alguna de las cartas que todavía guardaba: “Confío en que a partir de ahora pueda defenderme y es la única razón por la que me han tenido preso, para que no hablara”.

Fue a partir de entonces cuando las grabaciones, que todavía no se conocían, empezaron a hablar por el comisario. En esos audios había decenas de pruebas de la corrupción policial que embarró a empresarios, jueces, fiscales y periodistas. El material que se conoció entonces incluía decenas de notas informativas donde desparramaba algunas teorías conspirativas apoyadas en medias verdades. Pero jueces y fiscales anticorrupción de la Audiencia Nacional hicieron oídos sordos a todo este nuevo arsenal de evidencias.

Desde que el juez García-Castellón abrió la pieza separada número 34 del caso Tándem en 2022 a raíz de la publicación en El País de los audios de la corrupción hasta hoy, ninguna de las pruebas incorporadas a ese sumario ha servido para avanzar en la investigación de los hechos. En la pieza 34 se acumulan documentos y grabaciones de Villarejo donde se detallan los desmanes policiales contra independentistas catalanes en la denominada Operación Cataluña, o sobre el seguimiento ilegal al líder socialista Pedro Sánchez y su familia, o sobre las sofisticadas patrañas con las que llenaron de sospechas a los dirigentes de Podemos por una financiación ilegal que nunca existió.

Ni el juez Manuel García-Castellón (jubilado) ni su sucesor Antonio Piña han avanzado en la causa penal abierta donde se hallan las pruebas de estas operaciones ideadas desde el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz, procesado y pendiente de un juicio donde la Fiscalía le pide 15 años de cárcel.

Las pruebas que nadie ha querido ver y analizar hasta ahora —el juez Antonio Piña ha encargado dos años después de llegar al juzgado un informe policial sobre el valor de esas grabaciones— son las que siguen:

Informe apócrifo para desacreditar a la cúpula política independentista

En las semanas previas a las elecciones anticipadas de noviembre de 2012 en Cataluña, Villarejo —según su propia confesión en grabaciones incorporadas al sumario— colocó en El Mundo un informe policial, sin fecha ni firma, del que ninguna autoridad de Interior se hizo nunca responsable, donde se acusaba a altos cargos independentistas de algunos delitos vinculados a la corrupción:

Nada se acreditó como cierto. Las conversaciones de Villarejo con Dolores de Cospedal, o con el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, detallan la existencia de esta operación de intoxicación informativa que sigue impune.

La cuenta falsa del exalcalde de Barcelona en Suiza

El Gobierno de Cataluña convocó una consulta independentista, declarada ilegal, para el 9 de noviembre de 2014. Un mes antes, las cloacas del PP prepararon otra carga de profundidad contra un dirigente nacionalista. La víctima fue Xavier Trías, entonces alcalde de Barcelona, de Convergència. Tenía 12,9 millones de euros escondidos en Suiza, según la información difundida por el Ministerio del Interior a través de sus canales habituales.

Las grabaciones que ordenó el ministro Jorge Fernández Díaz cuando se reunió en su despacho con el director de la oficina antifraude de Cataluña (2 y 16 de octubre de 2014) acreditan otra operación para difundir el bulo de la cuenta suiza de Trías que algún policía había llevado previamente al Ministerio. De Alfonso comentó al ministro que había escuchado que el entonces alcalde de Barcelona ocultaba 12 millones de euros en Suiza: “Eso es lo que yo sé, pero no tengo ningún dato que lo acredite, es un comentario de café”. El ministro tenía las pruebas (falsas):

—Fernández Díaz: “¿Y si eso saliera? [la cuenta de Trías], ¿tú qué opinas de eso?”

—Alfonso: “Yo soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe va a acabar con el animal (…) Yo me aseguraría de que estuviera bien asestado, para que sea mortal. ¿Qué tengo? Tener 12 millones sin declarar en el extranjero, o 13, más gordo que eso… solo es descubrir un homicidio…”

—Fernández Díaz: “El número de cuenta corriente (…) Yo lo tengo, la cuenta exacta, el número de cuenta corriente y la fecha en que la cuenta corriente es cerrada en Suiza por la Unión de Bancos Suizos y es llevada a la Banca de Andorra (…) ¿Te acuerdas cuando sacó aquello El Mundo con el pantallazo aquel y tal? Eso llevó a que Pujol dejara la política, perdiera el apoyo y a que hiciera la UCO un par de pinzas… ¿Me explico?”.

Unos días después de aquella reunión, El Mundo publicaba el supuesto fraude fiscal de Xavier Trías. Otras grabaciones existentes en la pieza 34, algunas no publicadas en ningún medio, detallan el origen de la información falsa de la cuenta de Trías, cómo llegó, quién la gestionó, cómo se filtró y otros pormenores. Pero aquella revelación de secretos… falsos contra un adversario político del PP sigue impune.

Hay más grabaciones en el sumario sobre el pago con fondos reservados a una expareja del hijo mayor de Jordi Pujol para montar la causa penal contra toda la familia; reuniones con el financiero Javier de la Rosa donde se le prometían grandes cantidades de dinero para preparar querellas contra el expresidente catalán o el Gobierno de Cataluña; filtraciones de bases de datos policiales para desprestigiar en determinados medios a jueces que firmaron manifiestos favorables a la independencia… Todo esto sigue impune.

La cúpula policial al servicio del Gobierno del PP simultaneó su guerra sucia contra el independentismo catalán con las operaciones de desprestigio contra Podemos y su primer líder, Pablo Iglesias.

Informe PISA denunciado por la policía y archivado por los tribunales

La fabricación de pruebas falsas contra Podemos se inició en 2016 con el denominado informe PISA (Pablo Iglesias S.A.) que denunciaba financiación ilegal con dinero iraní y que fue difundido a través de determinados medios incluso antes de que la Policía lo denunciase ante el Tribunal de Cuentas y los ultraderechistas de Manos Limpias hicieran lo mismo ante el Supremo. Todas las denuncias fueron archivadas. Pero aquellos movimientos, de los que hay múltiples pruebas en las grabaciones acumuladas en la pieza 34, siguen sin castigo.

El falso dinero venezolano de Podemos dio mucho juego a las cloacas del PP. Varios mandos policiales se entrevistaron en Nueva York con un exministro de Hugo Chávez. Le pidieron pruebas de la financiación de Podemos con un argumento de peso:

Los documentos que acreditaban esa supuesta financiación ilegal eran falsos, pero la noticia se publicó en los medios habituales con el consiguiente desprestigió para Podemos. Todo era mentira, pero el daño estaba hecho. Esa grabación también figura en los sumarios de la Audiencia Nacional. El caso sigue impune.

Las elecciones generales se repitieron en España el 26 de junio de 2016 ante la imposibilidad de que ningún candidato logrará las mayorías suficientes para una investidura tras los comicios de diciembre de 2015. Podemos seguía siendo la principal amenaza para la continuidad del PP en el Gobierno. La policía volvió a filtrar documentos falsos por sus canales habituales para sostener un nuevo bulo: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”.

Grabaciones incorporadas al sumario, así como mensajes intercambiados entre dirigentes políticos de Interior y cargos policiales acreditan estos hechos y cómo el confidente que facilitó la información averiada había recibido como premio un permiso de residencia en España. El banco de Granadinas certificó que los documentos con los que se difundió el bulo eran falsos y en ellos se cambiaron hasta los nombres oficiales de los ministerios venezolanos.

El montaje policial de la cocaína

La policía urdió un montaje disparatado contra el exdirigente de Podemos Miguel Urbán para atribuirle un negocio de narcotráfico con 40 kilos de cocaína. El asunto avanza con una lentitud exasperante en el juzgado que dirige Santiago Pedraz, el mismo magistrado que ordena desde hace un mes y a un ritmo trepidante numerosas diligencias para investigar el caso Leire, la trama conspiranoica vinculada al PSOE que trabajó supuestamente para desacreditar a la UCO y “desestabilizar” procedimientos judiciales contra altos cargos socialistas o familiares de Sánchez.

La documentación incautada por la UCO en el caso Leire acredita también a través de distintas grabaciones como la cloaca del PP trabajó desde 2014 en el espionaje a Pedro Sánchez y a su familia para desprestigiarle por los negocios de su suegro. En alguna de esas grabaciones, el ex secretario de Estado de Seguridad llega a comentar que el CNI también hizo operaciones secretas contra Sánchez. Estos hechos siguen impunes. El PSOE llegó a pedir una investigación, pero el juez García-Castellón lo rechazó.

Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver, escribió: “La falsedad vuela y la verdad viene cojeando detrás de ella; de modo que cuando los hombres finalmente se dan cuenta del engaño, es demasiado tarde”. La actividad política en España anda enredada estos días en una realidad paralela donde la falsedad vuela a la velocidad de la luz mientras la verdad aún se está poniendo los zapatos. Pero bastan un puñado de hechos y de datos para desmontar el pesado bulo del pucherazo electoral que el PP dispara contra el Gobierno.

El presidente Pedro Sánchez, según la teoría conspirativa vigente, prepara desde hace cuatro años un colosal fraude emboscado en la ley de nietos, la norma que establece el derecho a la nacionalidad a descendientes de españoles represaliados del franquismo. Fue aprobada en octubre de 2022 sin que la derecha del PP y la ultraderecha de Vox dijeran una palabra contra esta medida tras 15 meses de tramitación en el Congreso y en el Senado. Se opusieron a la Ley de Memoria Democrática pero sin censurar la disposición adicional octava que incluía esa norma: “Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española”.

Cuatro años después de aquello y a solo unos meses de las campañas electorales de 2027, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sacado de paseo el bulo del pucherazo, un fantasma peligroso para la democracia porque cuestiona las reglas del juego y siembra la desconfianza en algo que debería ser sagrado.

Aunque los pilares de un sistema electoral blindado al fraude han resistido sin apenas amenazas durante la reciente etapa democrática, el PP difunde estos días la idea de que la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas puede ser manipulada a su antojo por la “ingeniería social” del Gobierno de Sánchez.

Frente a ese engaño que corre a la velocidad de la luz el único antidoto efectivo es la información veraz.

El periodista Guillermo Lerma (Cadena Ser) desbarató el pasado jueves en unos minutos de radio esta teoría conspiranoica del PP y lo hizo con un relato riguroso salpicado de memoria, datos y hechos. Escúchalo aquí.

El catálogo de evidencias para desbaratar el bulo es amplio, tanto como el conjunto de conjeturas sin base que difunden medios de comunicación conservadores donde la verdad apenas importa.

En las cuatro últimas elecciones autonómicas (Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía) el PP ganó con claridad y mantuvo el Gobierno en su poder tras aliarse con Vox, pero perdió frente al PSOE en el recuento del voto de residentes ausentes. Los resultados, similares a los de otras elecciones anteriores, agitan ahora las conjeturas de los conspiranoicos. Sin embargo, esos votos a favor del PSOE no cambiaron ni ahora ni en el pasado el reparto de escaños en ninguno de los territorios.

Tres años antes, sin efecto conocido de la ley de nietos que acababa de entrar en vigor y cuando no había apenas inscritos en el registro consular, el PSOE también ganó en el voto emigrante de estas mismas autonomías: en Extremadura sacó al PP una diferencia de 13 puntos tanto en 2023 como en 2026; en Aragón fueron ocho puntos en 2023 y 12 puntos en 2026; en Andalucía empataron en 2022 y el PSOE ganó por dos puntos en 2026; en Castilla y León gano por ocho puntos en 2023 y por 9,5 puntos en 2025. Con la ley de nietos vigente y aplicándose, el PP ha aumentado mucho (entre cinco y nueve puntos) su porcentaje de voto en las últimas elecciones celebradas en Castilla y León, Extremadura y Andalucía.

Hechos y datos contra bulos y conspiración

El PP se aficionó muy pronto en democracia a coquetear con la desinformación cuando los resultados electorales le resultaron esquivos. La formación conservadora se las prometía muy felices en 1993 con José María Aznar de candidato a presidente pero perdió las elecciones frente al agonizante PSOE de Felipe González. Los dirigentes populares Javier Arenas y Alberto Ruiz-Gallardón cuestionaron esa noche electoral del 6 de junio de 1993 el recuento y pusieron en duda los resultados. El berrinche les duró muy poco tiempo. Nunca después dudaron de aquel resultado que les dejó en la oposición y en 1996 consiguieron ganar las elecciones con Aznar de candidato.

El actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene experiencia acreditada en difundir sospechas sobre procesos electorales. En su primer intento como candidato a presidente del Gobierno de España —julio de 2023— denunció solemne una supuesta dejación de funciones del Gobierno de Pedro Sánchez para garantizar el voto por correo en las elecciones, convocadas en plenas vacaciones de verano. Los hechos demostraron que sus sospechas eran completamente infundadas. Feijóo ganó esas elecciones generales, pero no pudo gobernar.

El líder popular insistía hasta el pasado viernes en dar vida a la patraña del pucherazo sin prueba conocida: “Están alterando el censo electoral. Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes”.

La escuela de aficionados a despreciar los hechos para apreciar los bulos se ha convertido en un negocio al alza. La falsedad vuela estos días a la velocidad de la luz mientras la verdad viene cojeando detrás de ella. “Hay un punto esencial en el que un mentiroso político”, escribió Jonathan Swift en 1710, “se diferencia de otros de su misma facultad: su poca memoria, necesaria según las diversas ocasiones que encuentra a cada hora para contradecirse a sí mismo y jurar a favor de ambas partes de una contradicción, según la disposición de las personas con las que tiene que tratar”.

La contratación pública de mascarillas en España se guio por la ley de la selva durante los meses más mortales de la pandemia. Las administraciones públicas gastaron 2.000 millones de euros en material sanitario cuando los controles habían saltado por los aires. El decreto que impuso el Estado de Alarma en el país permitió comprar de emergencia a cualquiera y sin concurso cuando fallecían cientos de personas al día. No había concurrencia de ofertas, se contrataba a dedo, sin límite de precios ni acreditación de solvencia o experiencia en el sector. Todo valía en pandemia para sobrevivir a un virus que mató en España a más de 150.000 personas entre 2020 y 2023. Decenas de empresarios, algunos ni eso, se enriquecieron como nunca a cuenta de la compra de mascarillas en China y su venta a administraciones públicas españolas que buscaban a ciegas un material vital en esos momentos.

La Fiscalía Anticorrupción alertó por escrito sobre este 'antisistema', perfecto para alimentar la corrupción: “La Administración Pública puede adjudicar un contrato directamente a una empresa preseleccionada, en lugar de utilizar un procedimiento competitivo normal. Esta excepción [de la contratación de emergencia] tiene como fin que los compradores públicos adquieran suministros y servicios de primera necesidad en el plazo más breve posible (…) Este tipo de adquisiciones de emergencia son una herramienta de contratación que por sus características inherentes resultan vulnerables ante ciertas prácticas ilícitas”.

La pandemia dejó en España cientos de casos de empresarios o comisionistas que lograron, por la emergencia, un enriquecimiento obsceno pero legal. Como Víctor de Aldama, el nexo corruptor del Ministerio de Transportes que tras sobornar con dinero y regalos al ministro José Luis Ábalos y a su principal asesor, Koldo García, logró el primer gran negocio millonario de su vida con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.  

Soluciones de Gestión fue la empresa recomendada por Aldama, que para entonces ya pagaba el apartamento donde vivía la pareja sentimental del ministro Ábalos. Logró vender 20 millones de mascarillas por más de 50 millones de euros al Ministerio de Transportes, al Ministerio del Interior y a las comunidades de Canarias y Baleares. De ese dinero público, 15 millones de euros se quedaron en los bolsillos del dueño de Soluciones de Gestión (nueve millones) y de Víctor de Aldama (seis).

Antes del juicio en el Supremo del caso mascarillas, la Fiscalía Anticorrupción avisó de que no había nada anómalo en ese procedimiento: “La contratación pública efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y COVID-19”.

Durante el juicio, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pidió que Aldama devolviera al menos los 3,7 millones de euros que había ganado por el material vendido al Ministerio de Transportes previo soborno a sus dirigentes. “Por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, multa de 3.713.981 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de dos meses en caso de impago, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de un año”, escribió.

Los siete magistrados del Supremo que juzgaron el caso decidieron por unanimidad que Aldama no cumpliera los 4,5 años de cárcel de la condena y, además, le perdonaron la multa de los 3,7 millones de euros ganados. La sentencia considera poco relevante la información privilegiada con la que Aldama hizo negocio en el Ministerio donde tenía comprado a su principal responsable. “La relevancia de la información sobre la futura licitación, además de ser de muy escasa entidad dada la situación de la pandemia, el Estado de Alarma y normativa circundante, sucede que resultaba accesoria para la obtención del beneficio económico, que, como finalidad, establece el artículo 442 del Código Penal; pues la existencia de otros licitadores, como hemos descrito, en virtud de las influencias descritas, no eran ponderadas”, señala la sentencia.

Los magistrados creen y así lo defienden en el fallo que “no ha mediado prueba sobre que el suministro de mascarillas se haya pactado en condiciones perjudiciales para la Administración, ni que el precio fuera excesivo”. El empresario corrupto Víctor de Aldama vendió las mascarillas a 2,5 euros por unidad, lo que según el Supremo es prueba de que no se puso un precio excesivo y el suministro no se pactó en condiciones perjudiciales para la Administración.

El hermano de Isabel Díaz Ayuso, de nombre Tomás, se alió con un amigo de su pueblo que tenía una empresa de ropa infantil, Priviet, para suministrar a la Comunidad de Madrid hasta 250.000 mascarillas a seis euros la unidad, casi el triple que los precios ofrecidos por Aldama. El material era muy parecido, comprado en China a dos euros en las mismas primeras semanas de la pandemia en España.

La importancia que los magistrados del Supremo dieron al precio fijado por Aldama fue, sin embargo, irrelevante para la Fiscalía Anticorrupción cuando decidió archivar la investigación al hermano de Díaz Ayuso porque, según dijo un alto cargo de esa institución, “la avaricia no es delito”. Aquel expediente se cerró con una excusa administrativa: “Aunque Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido una relación comercial con Priviet por la que ha percibido una comisión, para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar aquel tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno”.

Los correos electrónicos de la oferta de Tomás Díaz Ayuso iban a nombre del dueño de la empresa de ropa infantil, Priviet, y, por tanto, los funcionarios de la Comunidad de Madrid no podían saber que detrás de esa propuesta estaba el hermano de la presidenta, argumentaron los fiscales.

El Supremo destacó en su sentencia que 2,5 euros por unidad era un precio que se situaba por debajo de la media del precio medio pagado en España en marzo de 2020 (3,38 euros) y en abril (3,65 euros). De los 37 contratos que formalizó la Comunidad de Madrid en aquellas fechas, el de las mascarillas del hermano de Ayuso fue el cuarto más caro. 

El delito fiscal después del beneficio empresarial

La rapiña en la pandemia añadió una variante derivada de la avaricia. Algunos de los que se enriquecieron a cuenta de la compraventa de mascarillas durante la emergencia intentaron después engañar a Hacienda para que su beneficio fuera aún mayor. Es el caso de Alberto Luceño, quien junto a Luis Medina logró a dedo un contrato millonario para vender material sanitario chino al Ayuntamiento de Madrid a uno de los precios más caros en aquel momento (seis euros por mascarilla).

La Audiencia Provincial absolvió a ambos del delito de estafa agravada al considerar que no había quedado probado que engañaran a los responsables municipales ocultando que iban a cobrar una comisión de seis millones por la operación. Sin embargo, Luceño fue condenado por fraude a Hacienda a casi tres años de cárcel y 3,5 millones de multa.

Algo parecido le ocurrió al novio de Isabel Díaz Ayuso, comisionista en una compraventa de mascarillas entre dos empresas privadas. Ganó dos millones de euros (el 4,5% de la operación) pero engañó a Hacienda con facturas falsas para ahorrarse el pago de 155.000 euros en impuestos, según determinó la Agencia Tributaria. Ahora se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años y nueve meses de cárcel por dos delitos fiscales.

Los mensajes del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, accionista mayoritario de Plus Ultra, durante la tramitación a finales de 2020 del rescate de la compañía por el Gobierno de Pedro Sánchez muestran cómo los directivos de la firma hablaron de buscar apoyos políticos de todo signo, también del PP, para conseguir el préstamo de 53 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga si lo lograron con Zapatero.

Esos mensajes fueron incautados por la Policía de Estados Unidos muchos años antes. Reyes intentó entrar en ese país por el aeropuerto de Miami el 9 de mayo de 2021. Pero los agentes de aduanas le bloquearon el paso, le retuvieron el móvil para copiar todo el contenido que almacenaba, y le deportaron en un vuelo a Panamá. EEUU envió los datos del teléfono de Reyes a la policía española (UDEF) el 18 de marzo de 2026, con casi cinco años de retraso. Esa información está en el origen de la causa penal abierta en la Audiencia Nacional contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por un supuesto tráfico de influencias para el rescate de Plus Ultra.

Junto a uno de los mensajes de Reyes, donde le contaba a un socio de Plus Ultra que “el pana Zapatero” estaba “detrás” de una reunión que los directivos de la compañía mantuvieron con dirigentes del Ministerio de Transportes el 20 de julio de 2020, hay otros mensajes del mes de octubre de ese año, en plena tramitación de la ayuda, en la que el presidente de la compañía y el accionista mayoritario elucubran sobre la posibilidad de hablar con el exdirigente del PP Jaime García Legaz —quien fuera secretario de Estado Comercio con el Gobierno de Rajoy— porque supuestamente conoce a personal de la SEPI y puede ayudar en la consecución del préstamo.

Fuentes del entorno de García Legaz niegan que el exdirigente 'popular' conociera a las personas que hablan en ese chat sobre él. Y dicen más, “jamás” habló con Rodolfo Reyes o con Julio Martínez Sola, y jamás nadie le contactó para ese tipo de asunto. Explican que, seguramente, la posibilidad de hablar con él sería descartada después de que alguien les explicara que no conocía a nadie de la SEPI desde 2018.

En los más de 2.000 mensajes que la policía ha examinado no hay una prueba concluyente de que Zapatero mediara para conseguir el rescate de Plus Ultra o que consiguiera avances durante la tramitación de la solicitud. Los mensajes y el expediente Plus Ultra que se tramitó en la SEPI dan cuenta de las peticiones de aclaración a los directivos de esta empresa antes de aprobar la ayuda, o de los comentarios de Reyes sobre dirigentes del PP que podrían colaborar para conseguir el préstamo cuando estaban en plena negociación con la SEPI.

La historia del rescate de Plus Ultra a través de los mensajes que se intercambiaron durante aquellos meses Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, y Rodolfo Reyes, accionista mayoritario, tiene los siguientes hitos:

Pandemia. Las dificultades de una compañía pequeña

Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez decidió poner al país en pausa y confinó a los ciudadanos en sus casas (decreto del estado de alarma del 14 de marzo de 2020), la compañía Plus Ultra sufrió las consecuencias de una inactividad obligada. El accionista mayoritario, Rodolfo Reyes, escribió en abril de 2020 al presidente de Plus Ultra con un pronóstico esperanzador: “Zapatero, el coletas, Sánchez, Ábalos, nuevos amiguetes”.

La compañía buscaba en aquellas fechas una liquidez que nadie les ofrecía e intentaba llegar a los directivos del Banco Santander a través del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que intermedió para que recibieran a los directivos de Plus Ultra. El 26 de mayo de 2020, Plus Ultra parece descartar cualquier posibilidad de encontrar la liquidez que necesitan a través del Banco Santander.

En su declaración ante el juez, el expresidente aseguró que simplemente fue una gestión para que les “atendieran” y que lo hacía con otras empresas con problemas.

Ayudas europeas para España: “A ver si Sánchez es también héroe para nosotros”

El accionista mayoritario de Plus Ultra celebraba el 21 de julio de 2020 que el presidente Pedro Sánchez hubiera conseguido fondos europeos multimillonarios para combatir la crisis creada por el coronavirus.

Esa misma tarde, Martínez Sola recibe una llamada del Ministerio de Transportes citándoles a una reunión “en el hotel NH Madrid Suecia junto al Congreso”. El secretario de Estado, Pedro Saura, y su jefe de gabinete, les informan sobre la línea de ayudas para empresas estratégicas afectadas por la emergencia sanitaria.

“Somos un ejemplo de libro para la ayuda (...) El pana Zapatero detrás”

Otro accionista de Plus Ultra, Raif el Arigie, le cuenta un día después a Rodolfo Reyes el resultado de la cita con altos cargos del Ministerio de Transportes: “Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete. Reunión agradable, distendida. Lógicamente se notaba que nos han recibido por 'altas recomendaciones'. Para ir al grano y no extendernos, somos un ejemplo de libro (palabras textuales) para las ayudas de los 10.000 millones de la SEPI, ya que eramos solventes en 2019. Antes del próximo martes saldrá publicado en el BOE las condiciones para solicitar las ayudas. De momento solo ha salido una parte (prensa de ayer y hoy). Transportes no decide las ayudas que se pueden acoger a las ayuda, la SEPI creará un consejo económico para valorar y decidir las solicitudes. El papel del ministerio será, únicamente, 'hablar' bien de la compañía, que en este caso lo tenemos asegurado”.

En ese mensaje ya hay una explicación de los directivos de Plus Ultra de como será el mecanismo de las ayudas. El Ministerio de Transportes no decide, ni siquiera propone. Es la SEPI, a través de un consejo de nueva creación, quién decidirá si aprueban los préstamos.

Plus Ultra presenta su solicitud el 2 de septiembre de 2020. Sus directivos comentan semanas después que “se está presionando lo máximo posible” y se preguntan si sería aconsejable que alguien llamara a Zapatero. El 22 de septiembre, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, le cuenta a Reyes que se va a reunir con su “tocayo”, Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero. “Le estoy haciendo el tercer grado. Lo que quiero es que hable con la SEPI, él o Zapatero y que saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad. Con esa respuesta, que busquen un banco para el crédito puente”. Y Reyes contesta: “Necesitamos ese empujón”.

La SEPI, según los mensajes, no se comprometió de palabra ni por escrito a conceder la ayuda con el 100% de seguridad.

De hecho, entre el 19 de octubre y el 9 de diciembre, la SEPI reclama a Plus Ultra numerosa información, documentación y explicación sobre ciertas cuestiones. El presidente de Plus Ultra así se lo cuenta a Reyes: “Ahora a las 12.30 tenemos reunión con SEPI. Acabamos de recibir ahora el primer mail de SEPI con aclaraciones”.

“Me dicen que García Legaz tiene control de mucha gente en la SEPI. Es PP”

Rodolfo Reyes pregunta el 30 de octubre de 2020 a Julio Martínez Sola, por un dirigente del PP que les puede ayudar.

El intercambio de mensajes no acredita que se hicieran gestiones con el dirigente del PP.

“Tema SEPI. Febrero si todo va bien”

Los directivos de Plus Ultra siguen negociando con la SEPI el préstamo a finales de noviembre, aunque ya vaticinan, según el intercambio de mensajes, que “si todo va bien”, la ayuda se aprobará en febrero. El Consejo de Ministros la aprueba finalmente el 9 de marzo de 2021.

Las gestiones del amigo de Zapatero para permisos de vuelo... en Venezuela

Mientras tanto, las comunicaciones entre Reyes y Martínez Sola siguen siendo intensas durante estos meses, pero mayoritariamente versan sobre permisos de vuelo entre Caracas y Madrid, para lo que en muchos casos hablan del “tocayo”, Julio Martínez Martínez, el amigo de Zapatero, al que tienen contratado a razón de 5.000 euros al mes para que les intente resolver problemas en Venezuela.

“Zapatero aquí manda”, dicen los directivos de Plus Ultra en uno de sus mensajes sobre Venezuela. “La mano del tocayo parece larga”, llega a escribir Martínez Sola en relación con un permiso de vuelo que negaban las autoridades venezolanas y que parece resuelto. Reyes le contesta: “Power”.

En otro momento, 23 de enero de 2021, Julio Martínez informa a Reyes: “El tocayo come con Delcy a las 12.00. Que esté atento al móvil por si le llaman…”. “Me acaba de llamar el tocayo. Las seis rotaciones aprobadas…”.

Y el 29 de enero presumen de las ayudas del expresidente. “Mañana Zapatero interviene directamente. Va a intentar que nos den los permisos sin que intervenga la embajada de España”. Rodolfo Reyes: “Excelente”.

Aunque por los mensajes posteriores, parece que Zapatero no ha conseguido los permisos.

Febrero de 2021. “Camilo estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa”

El 6 de febrero de 2021, Rodolfo Reyes informa al presidente de Plus Ultra de que “Camilo estuvo hoy con ZP”: “Le dijo que todo va viento en popa”. Camilo Ibrahim Missa fue el primer accionista mayoritario de Plus Ultra. Todavía faltaban dos semanas para que llegaran los informes de asesores externos y de departamentos ministeriales en los que se basó la decisión de la SEPI para proponer el rescate.

“González Pons nos pide disculpas y retira los tuits [contra el rescate]”

El 9 de marzo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó la ayuda a favor de Plus Ultra. El supuesto origen venezolano de la compañía desencadenó múltiples informaciones denunciando este rescate supuestamente ilegal. El PP anunció iniciativas en el parlamento europeo y en el Congreso para denunciar la supuesta ilegalidad de este rescate. Los directivos de Plus Ultra, según los mensajes localizados en el móvil de Reyes, se movilizaron para neutralizar las críticas del PP.

El 11 de marzo, Julio Martínez Sola informa a Reyes: “Muy buenas noticias. Esteban González Pons. Me/nos pide disculpas. Le han engañado. Retira los tuits y retira la pregunta a la eurocámara”.

Pero en las semanas siguientes, el PP no cejó en su empeño de denunciar la ilegalidad del rescate y de hacer preguntas sobre el mismo en el Congreso de los Diputados.

Una grabación incorporada hace más de cuatro años al sumario del caso Tándem —nunca reproducida durante la celebración del juicio por la Operación Kitchen y nunca investigada hasta ahora— acredita cómo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, planificó acciones policiales de guerra sucia contra los adversarios del PP.  La conjura, pagada con fondos reservados, incluía a jueces y fiscales con los que supuestamente se había hablado previamente para garantizar el éxito en los juzgados de esa operación política y policial contra dirigentes independentistas catalanes.

La Operación Kitchen que ahora se juzga comenzó en 2014 con una serie de maniobras policiales a espaldas del juez para espiar a la familia del extesorero Luis Bárcenas. El objetivo de los policías, que usaron como confidente y topo al chófer de la familia, era robar documentación sobre la financiación ilegal del PP. La Audiencia Nacional condenó a esta formación política en 2021 por pagar parte de las obras de su sede nacional con dinero negro procedente de donaciones ilegales de empresarios.

Fernández Díaz se ha defendido en el juicio de la Operación Kitchen declarando que desconocía la existencia de esas maniobras policiales y negando que hubiera enviado a Francisco Martínez varios mensajes telefónicos interesándose por el chófer de la familia Bárcenas al que se habría captado como confidente o topo para la operación ilegal de espionaje. Por su parte, Martínez levantó acta notarial de esos mensajes, pero el juez no pudo contrastarlos con el teléfono móvil del ministro del Interior porque este había cambiado de aparato y no conservaba los mensajes con su número dos en el ministerio. El exministro niega veracidad a los mensajes de su subordinado y asegura que nunca conoció las operaciones ilegales de los comisarios de policía que estaban a su cargo.

Sin embargo, la grabación de 2012 que sigue sin investigar acredita el protagonismo de Fernández Díaz en las operaciones de la policía política que trabajó durante su etapa como ministro.

La grabación sobre lo que ahora se conoce como Operación Cataluña recoge una cita en diciembre de 2012 del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con su jefe de gabinete, Francisco Martínez (después nombrado secretario de Estado de Seguridad); el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino; y el comisario José Manuel Villarejo. El ministro planifica allí junto a sus colaboradores varias operaciones policiales encaminadas a denunciar por corrupción al expresidente catalán Jordi Pujol y a su sucesor, el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.  

Durante esa reunión, fechada el 16 de diciembre de 2012, Fernández Díaz impone el secretismo y advierte a los comisarios de que negará “incluso bajo tortura” que esa cita se produjo, y que él no sabe “nada de nada” de lo que ahí se habló. El entonces ministro del Interior apremia en ese encuentro a Villarejo para que tenga todo listo y presentar cuanto antes en la Audiencia Nacional las denuncias contra Jordi Pujol y Artur Mas.

El comisario Villarejo explica que ha hablado con dos jueces instructores de la Audiencia Nacional —Fernando Andreu y el decano, Santiago Pedraz— para lograr que la denuncia prospere. El ministro Fernández Díaz pregunta si se ha hecho lo mismo con la fiscalía y Villarejo responde que lo han hecho “con Javier Zaragoza [entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional], pero muy sutilmente”. Es entonces cuando el ministro Jorge Fernández le tranquiliza: “Se ha hablado con el fiscal general [Eduardo Torres Dulce], ¿eh?”. Y el comisario contesta: “Pues eso es importante. De alguna manera, que estén todos…”.

Lo que sigue resume el contenido de la reunión en el Ministerio del Interior para planificar acciones contra los principales dirigentes independentistas catalanes:

Jorge Fernández Díaz: ¿Hoy podría ser la cosa?

José Manuel Villarejo: Yo he estado el fin de semana, le estaba contando a su jefe de gabinete y al DAO… Yo he estado el fin de semana, he cenado con Fernando Andreu, el juez, y luego he hablado con Santiago Pedraz, con el decano, y ellos a su vez han tocado a otros y están, de alguna manera, dispuestos a que se presente la denuncia adecuada y ahora nos hace falta la declaración de la antigua amante [de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán], centrando los temas...

Fernández: ¿Y eso cómo va a ir?

Villarejo: Pues en principio va bien, yo he hablado esta mañana con ella, a las diez y pico, antes de ver al DAO y la chica está motivada.

Fernández: Para vuestra información, está reunión no ha existido…

Villarejo: No ha existido, por supuesto.

Fernández: ¿Está claro?

Villarejo: Está claro.

Fernández: El ministro no sabe nada del tema, ¿eh? (…) Esta reunión no ha existido. Y a partir de aquí, estamos dispuestos a judicializar, en la Audiencia Nacional...

Villarejo: Yo creo que sí, a las doce y media hemos quedado con el jefe de la UDEF, con todos los datos…

Fernández: Que es de absoluta confianza, ¿no?

Villarejo: A mí me parece un hombre (…)

Fernández: Repito que está claro que el ministro no sabe nada, está claro, ¿verdad? Digo esto porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Por eso, yo negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión ha existido. Dicho esto, tenemos dos denuncias para la plaza de Castilla, que podría ser la segunda considerada como ampliatoria de la primera, junto con un informe de UDEF, ¿no? Y si se uniera la de esta señora, sería el paquete que iría, ¿es así?

Villarejo: Junto con otra serie de informaciones, anónimos, notas informativas, datos recogidos… todo eso se puede completamente estructurar en el mismo informe de avance.

Fernández: Y eso se podría presentar hoy…

Villarejo: Yo creo que sí… se podría presentar esta tarde.

Fernández: A mí me gustaría que se presentara hoy (...) En todo caso, en todo caso, aquí la cuestión es ver en la Audiencia nacional y en Plaza de Castilla para ver si…

Villarejo: Materia hay para la Audiencia Nacional y predisposición hay porque yo hablé en la Audiencia Nacional, con el decano, Santiago Pedraz, y me dijo no te preocupes que en todo caso, si no cae a uno de los cuatro que ya están tocados abiertamente, lo que le voy a pedir a quien le caiga en reparto que será en 10 o 15 días, cuando ya le adjudique a uno, es que antes de hacer nada por favor que hable con vosotros. Y dice, yo, obviamente, estaré en esa reunión, ira el de la UDEF…

Fernández: ¿Y la Fiscalía?

Villarejo: No está muy… Se le ha tocado, a Javier Zaragoza, pero muy sutilmente.  

Fernández: Con el fiscal general del Estado se ha hablado, ¿eh?…

Villarejo: Pues eso es lo importante, de alguna manera que estén todos. Pero si me permite, ministro, lo que está claro es que hay materia para la Audiencia Nacional con los datos que hay, con las cuentas...

Fernández: Pero esa no toca a Artur Mas.

Villarejo: No toca, no toca, entendemos que es un error.

Esta conversación en la que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asume la dirección política de la conocida como Operación Cataluña fue la primera de la que existe una grabación, pero no es la única. En octubre de 2014, Fernández Díaz se reunió en su despacho con el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, para hablar de nuevas corruptelas que afectaban a dirigentes independentistas catalanes y planificar la posibilidad de filtrar esas informaciones antes de la consulta del 9-N. La conversación fue grabada con el conocimiento y la autorización del propio ministro.

Ese mismo mes de octubre, Fernández Díaz filtró a El Mundo, según su secretario de Estado, Francisco Martínez, la información sobre una cuenta falsa de Xavier Trías, entonces alcalde de Barcelona, en Suiza.

El caso Pujol, pendiente de sentencia

Las denuncias contra Jordi Pujol por sus cuentas en Andorra, a raíz de las confidencias de quien fue la pareja sentimental del hijo mayor del presidente catalán, se judicializaron e investigaron en la Audiencia Nacional. Los magistrados Pablo Ruz y José de la Mata instruyeron la causa y llevaron a juicio a toda la familia Pujol. El caso está pendiente de sentencia.

El exministro del Interior, Jorge Fernández, expresó en la reunión con Villarejo su contrariedad por el hecho de que el juez de guardia al que le podría corresponder la tramitación de las denuncias contra Pujol y Mas fuera Pablo Ruz. El Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, optó mucho tiempo después, en marzo de 2015, por no prorrogar más tiempo la comisión de servicios de Ruz al frente del juzgado encargado de instruir el caso Gürtel. Las denuncias contra Artur Mas quedaron en nada porque todas las corruptelas económicas que se le atribuían en los informes apócrifos de la policía se demostraron falsas.

El juez Santiago Pedraz, citado por Villarejo en su conversación con el ministro Jorge Fernández Díaz, investiga desde hace más de dos años con escasos avances y algún retroceso una de las operaciones ilegales de la policía política que acumula más pruebas: el espionaje a dirigentes de Podemos. La Audiencia Nacional también mantiene en el limbo la pieza 34 del caso Villarejo, donde acumulan decenas de grabaciones del comisario donde se da cuenta de múltiples operaciones ilegales contra los adversarios políticos del PP.

La sentencia condenatoria del Supremo en el caso Ábalos destaca el “convencimiento [del Tribunal] de que la aportación realizada” por el empresario corrupto Víctor Aldama, jefe de la trama y penado con cuatro años y medio de cárcel, “al descubrimiento de los delitos merece la aplicación del artículo 82 del Código Penal”, por el que se suspende la ejecución de su castigo de prisión a cambio de que cumpla un año de servicios a la comunidad. Sin embargo, la supuesta aportación realizada por Aldama –su confesión voluntaria ante la Audiencia Nacional para salir de la cárcel por un grave caso de fraude fiscal y la posterior entrega de documentación al Supremo– apenas supuso novedades respecto a los delitos que la Guardia Civil había descubierto ya y tenía acreditados a través de numerosas pruebas tras más de dos años de investigación del caso.

Aldama hizo su confesión en noviembre de 2024, nueve meses después de que le detuvieran y el juez le imputara por las irregularidades descubiertas en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes en abril de 2020, durante lo peor de la pandemia. La supuesta aportación de Aldama al esclarecimiento de los delitos se produjo además un mes después de que ingresara en prisión por otra causa penal, un fraude fiscal multimillonario relacionado con el negocio de la venta de hidrocarburos. Para quedar en libertad en el caso Hidrocarburos, Aldama se dispuso a colaborar con la Justicia en el caso Mascarillas y confesó al juez que había entregado 250.000 euros a José Luis Ábalos y 100.000 euros más a su asesor Koldo García a cambio de que le adjudicasen un contrato multimillonario de mascarillas con el que ganó 3,7 millones de euros.

En la misma declaración sostuvo que había pagado al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, 25.000 euros por el amaño de obras públicas en el norte de España. Y que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, pidió conocerlo. Unos días más tarde, entregó en el Tribunal Supremo documentación que supuestamente acreditaba el amaño de obras en el Ministerio de Transportes a cambio del pago de comisiones ilegales, para lo que entregó un listado del presupuesto del departamento que no demostraba nada, y un papel manuscrito, supuestamente del asesor Koldo García, con datos sobre seis obras amañadas que Transportes cuestionó porque la mayoría no pertenecía al tiempo de Ábalos en el Ministerio.

Junto a ello, Aldama intentó desacreditar al ministro Ángel Víctor Torres, al asegurar y aportar documentación del alquiler de un piso para el uso de Ábalos y el propio Torres en compañía de prostitutas. Torres acreditó por su parte que en las horas del alquiler del piso él se encontraba en Canarias o volando a Madrid. Aldama también denunció el pago a Carlos Moreno, ex jefe de gabinete de la exministra de Hacienda María Jesús Montero, de 25.000 euros a cambio de conseguir el aplazamiento tributario de una deuda. El exjefe de gabinete declaró que nunca cobró nada del empresario corrupto. La sentencia sostiene que jamás se produjo ese aplazamiento.

El Supremo señala en la sentencia que Víctor de Aldama “decidió colaborar en la investigación, proporcionando datos fácticos relevantes a la misma, que han permitido su estudio y confirmación por la instrucción judicial”. El Tribunal defiende que Aldama “ha aportado a la causa documentación sobre viajes, ingresos económicos a los otros acusados y contratos de arrendamientos de inmuebles referenciados en los anteriores hechos, que han sido objeto de análisis y pericia para corroborar sus manifestaciones, reconociendo su participación en los hechos y afirmando las de los otros acusados”.

Nada salvo su autoinculpación

Víctor Aldama llegó a declarar en el juicio que “el número uno” de la trama era Pedro Sánchez, una denuncia sin pruebas que el fiscal jefe Anticorrupción consideró un “simple desahogo de Aldama”. Durante la investigación judicial, Aldama denunció en medios afines al PP –radios, televisiones y periódicos– todo tipo de corruptelas de ministros del Gobierno de Pedro Sánchez o de la esposa del presidente, que los tribunales archivaron por tratarse de bulos fácilmente contrastables. Además, Aldama aportó documentación del amaño de obras en el Ministerio de Transportes que ahora investiga la Audiencia Nacional en una causa donde figuran como imputados Ábalos, Koldo García, y el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

La sentencia del Supremo considera probada la existencia de delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas al Ministerio de Transportes a través de Puertos del Estado y Adif; en la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos y su asesor Koldo García; en la contratación de dos mujeres, conocidas del exministro, en empresas públicas; en el pago del apartamiento durante dos años a una de ellas; en el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra para el disfrute del ministro a cambio de gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

Pero de todos estos delitos que el Supremo considera probados en su sentencia del caso Ábalos, Aldama no aportó nada relevante que la Guardia Civil no hubiera descubierto ya mucho antes, salvo su autoinculpación. Un mes y medio antes de la confesión del empresario corrupto, la UCO remitió al juez un informe de más de 200 páginas donde daba cuenta de las pruebas encontradas durante la investigación sobre todas estas cuestiones y algunas otras. El trabajo era fruto de “las intervenciones telefónicas, y el estudio documental y análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos durante las actuaciones llevadas a cabo los días 20 de febrero de 2024, 3 y 4 de marzo de 2024”.

Lo que sigue resume solo algunas de las numerosas pruebas que la Guardia Civil había reunido sobre los delitos investigados:

Aldama, jefe de la organización criminal. “Como jefe de la organización criminal, Aldama sostiene una estructura financiera y societaria, tanto nacional como internacional que ha ido mutando con el paso del tiempo. Mantiene bajo sus directrices al resto de socios detenidos con él a quienes emplea para múltiples tareas, siendo las más relevantes a los efectos de este, la gestión, localización y entregas de dinero en efectivo a Koldo García de manera directa, o a través de su hermano Joseba García, así como la materialización de las oportunidades de negocio conseguidas por la organización criminal”.

Otras contraprestaciones a Ábalos y los pagos a Koldo García: 10.000 euros al mes. Koldo García habría percibido contraprestaciones económicas, que esta Unidad ya adelantaba en el atestado de fecha 22 de febrero de 2024, donde se reflejaban indicios de pagos en metálico, dimanantes de Aldama, de manera mensual, y por valor de 10.000 euros, a una persona apodada 'K' y que se lograba identificar con Koldo. Estos pagos tendrían como principal razón de ser, mantener el acceso de Aldama tanto a Koldo como a José Luis Ábalos en beneficio propio y de terceros directamente relacionados con el propio Aldama. De este modo, los pagos de efectivo, fueron acompañados de otras contraprestaciones también a Ábalos“. ”En el lapso temporal en el que Ábalos y Koldo permanecen en el Ministerio, se localiza la primera retribución que Aldama habría pagado a Koldo ya en octubre de 2019. Posteriormente, se han obtenido evidencias de que en febrero de 2022 Aldama consideraba estas retribuciones como periódicas y por valor de 10.000 euros. A la luz de estas evidencias, se apreciaría la posible existencia de una relación causa-efecto entre las labores realizadas por Aldama en el seno del Ministerio, buscando favorecer a personas de su interés, y la recurrencia de pagos en efectivo a Koldo. Se aprecia, por tanto, que la dinámica habitual sería realizar pagos fijos y mensuales, en unión de otros extraordinarios“.

El contrato de las mascarillas que enriqueció a Víctor Aldama. “La selección de la empresa Soluciones de Gestión como adjudicataria de los contratos habría partido de Aldama y algún alto cargo del Ministerio de Transportes, con la permanente mediación de Koldo García. En este sentido, se ha localizado una conversación entre Aldama y un tercero donde, inmediatamente después de que Soluciones de Gestión resultara adjudicataria de los contratos de material sanitario objeto de investigación, y en un contexto marcado por la relación estrecha entre Aldama y Koldo-Ábalos, el primero solicitaba dinero en metálico para ”seguir alimentando la máquina (...) Aldama tenía la información proveniente de la Administración, como él mismo reconoce, sobre la necesidad de realizar una contratación con carácter de urgencia, y de ella se valió para proveer de material sanitario a través de Soluciones de Gestión a varios entes dependientes del Ministerio de Transportes, al igual que a otras administraciones. Este conocimiento privilegiado de la información, y el consecuente aseguramiento de la contratación, le reportó un beneficio económico de unos 6,6 millones de euros“.

Regalo/soborno con el chalé de La Alcaidesa. “Koldo habría sido encargado de realizar la selección del inmueble con los criterios recibidos de parte de Ábalos, y conviene detenerse en el siguiente anuncio de los cuatro que le envía, ya que es el que finalmente resulta adquirido por Aldama y empleado por Ábalos”. “Aldama, durante el mes de marzo, vuelve a encomendar a Corvillo que contacte con una nueva persona de nombre Claudio, vinculado a Villafuel. Es conocido por esta instrucción que Claudio Rivas se encontraría vinculado presuntamente, al igual que Aldama, a una organización criminal dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos”. “Hay que retrotraerse nuevamente a diciembre de 2020. Entre los días 24 y 28 de ese mes, mientras se resolvía la selección del chalet, se gestó una entrevista ante el Director de Gabinete del Ministerio de Industria a la que acudirían Claudio Rivas, Carmen Pano y tres personas más. Esta entrevista, que finalmente tendría lugar el 14 de enero de 2021, fue promovida y orquestada por Aldama, quien les puso en manos de Koldo para que fueran recibidos por el referido Director de Gabinete (...) La importancia de este mensaje radica en que el día 1 de junio de Have Got Time abona la parte restante del dinero necesario para adquirir la casa de La Alcaidesa. De acuerdo con la escritura de compraventa de este inmueble, esta sociedad ubicada en la esfera de control de Aldama, abonó 526.500 euros. Esta empresa compradora, Have Got Time, es titulada por Leonor María González Pano, hija de Carmen Pano, quien conviene recordar que fue una de las personas que fue introducida por Aldama, a través de Koldo, al Director del Gabinete del Ministro de Industria para poder obtener la condición de operadora para Villafuel”.

El enchufe de la pareja sentimental de Ábalos y el alquiler de un apartamento. “Se han analizado las conversaciones adyacentes de Koldo y Aldama en esos días, y se ha podido identificar y contextualizar tanto a Jésica como a Alberto. El referido Alberto resulta ser Luis Alberto Escolano Martín, a la sazón también detenido en las presentes diligencias previas como presunto testaferro de Aldama. Jésica se correspondería con Jésica Rodríguez, quien mantendría una relación particular con Ábalos. Koldo recibe el día 23 de febrero de 2021 recibe un pantallazo de Ábalos de una conversación mantenida con Jésica, en la que ella le recuerda que su contrato laboral expira en unos días. Koldo, conocedor de la circunstancia le responde que ”hay que pasar a otro sitio y luego vuelve, lleva 18 meses“ y Ábalos le contesta: ”Díselo“, todo ello en referencia al contrato que tenía en vigor Jésica como auxiliar administrativa para Ineco, empresa de ingeniería dependiente del Ministerio de Transportes (...) Jésica se encontraba residiendo en una vivienda sita en la Plaza de España nº18, Edificio Torre de Madrid apartamento 11-03, por lo que se toma nuevamente en consideración la reclamación que reenvía Koldo a Aldama para que un tal Alberto abone un alquiler. La persona que envía originalmente ese mensaje a Koldo fue Jésica, buscando que Escolano abonara el alquiler del inmueble de Plaza de España, 18. Pero lo que resulta verdaderamente esclarecedor, es que Koldo le remita a Aldama la reclamación efectuada por Jésica del pago del alquiler, evidenciando que sería este último el responsable de afrontar el pago del mismo”.

La defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó en la noche del sábado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por entender que el juez Juan Carlos Peinado pudo vulnerar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva en su última actuación como instructor. Antonio Camacho, el abogado de Gómez, sostiene en su escrito que tuvieron conocimiento ayer sábado de la apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno y de la adopción de medidas cautelares —retirada del pasaporte y dos comparecencias al mes en el juzgado— “a través de los medios de comunicación”.

“Lo verdaderamente alarmante y objeto de la presente queja”, señala el escrito, “radica en que dichas resoluciones, dictadas presuntamente este sábado, día 20 de junio de 2026, no han sido notificadas a esta parte en ningún momento, de suerte que el compareciente —en su condición de defensa técnica— ha debido enterarse de su existencia y contenido a través de la prensa, sin que hasta la fecha de presentación de este escrito haya recibido notificación alguna por los cauces procesales legalmente establecidos”. Los medios de comunicación tuvieron acceso al auto, firmado electrónicamente por Peinado a las 11.59, en torno a las 13.00.

Esta “grave irregularidad en el funcionamiento del órgano judicial”, señala Camacho, “es contraria a los principios y garantías que informan el proceso penal en un Estado de Derecho”. La defensa de Gómez denuncia en su escrito al Consejo General del Poder Judicial una “vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva”. El artículo 24 de la Constitución protege “el derecho a ser informado de las actuaciones que afectan directamente al investigado”, destaca. La apertura de juicio oral y la adopción de medidas cautelares son resoluciones de extraordinaria trascendencia “que exigen una notificación formal, inmediata y efectiva a las partes personadas y a sus defensas técnicas”. “Los artículos 160 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen con claridad la obligación de notificar todas las resoluciones judiciales a las partes personadas en el procedimiento. Dicha obligación no queda condicionada al día de la semana en que se dicte la resolución, y en todo caso debería haberse procedido a su comunicación en cuanto fue dictada o en el primer momento hábil posterior”.

Además, el escrito denuncia por su “especial gravedad” la adopción, sin comunicación previa y simultánea a la defensa, de medidas cautelares “que pueden implicar restricciones a la libertad, al patrimonio o a otros derechos fundamentales de la investigada”. Y es especialmente grave, según el abogado de Gómez, porque “impide a la parte el ejercicio inmediato de los recursos y remedios procesales que el ordenamiento le reconoce, causando un perjuicio irreparable de orden material y procesal”.

El hecho de que la defensa de Begoña Gómez “haya tenido que conocer la existencia de estas resoluciones a través de la prensa —y no a través de los cauces procesales legalmente establecidos— constituye una situación de extraordinaria gravedad que compromete seriamente la imagen de la Administración de Justicia y el principio de igualdad de armas entre las partes”, señala el abogado.

El escrito de queja solicita al Consejo General del Poder Judicial que “inste a la Inspección de Tribunales a verificar las circunstancias en que fueron dictadas las resoluciones referidas, con especial atención a los motivos por los que no se procedió a su notificación a esta defensa”. También solicita que se adopten las medidas oportunas “si de las actuaciones inspectoras resultase acreditado un funcionamiento anormal o irregular del órgano judicial, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse de los hechos expuestos”.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial aplazó hasta mañana la votación sobre la propuesta de la presidenta de este órgano, Isabel Perello, para abrir expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado a raíz de la queja presentada por el ministerio del Interior. Peinado justificó su decisión de retirada del pasaporte de Begoña Gómez en la posibilidad de que los policías que trabajan como escolta de la mujer del presidente o sus jefes pudieran ayudar en una posible fuga. La defensa de Begoña Gómez espera que su escrito de queja contra Peinado por supuesta vulneración de su derecho de defensa también se trate en la reunión de los vocales que integran la comisión permanente del Poder Judicial.

Lo que sigue es una elucubración con base. O una conjetura basada en indicios. O una inferencia según las reglas de la experiencia. Sea lo que sea, lo único que intenta es explicar el laberinto judicial en el que anda metido el expresidente Zapatero a cuenta de sus negocios privados… y opacos.

Es una interpretación libre de los hechos bajo sospecha tras analizar los informes de la policía y las explicaciones dadas por el expresidente al juez Calama.

Primera parte

Casi 30 años de función pública acaban en 2015 para iniciar una nueva actividad privada

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero decidió poner fin a su vida en la Administración Pública tres años después de dejar el Gobierno. Comenzó en 1986 como diputado en el Congreso por León y finalizó cuando abandonó en 2015 el Consejo de Estado donde, como consejero nato, gozaba de un salario público considerable. Renunció a ese puesto de duración indefinida y se buscó la vida como expresidente conferenciante y consultor.

Muy pronto simultaneó su desempeño profesional en la vida privada con un nuevo empeño político con origen y destino en Venezuela. En poco tiempo inició gestiones, muchas veces fructíferas, para la excarcelación de decenas de presos políticos. En ese trabajo de años, Zapatero conoció a empresarios venezolanos que le preguntaban por el futuro del país y le contaban problemas que tenían para desarrollar su actividad. También habló con directivos de empresas españolas que le pedían alguna gestión con el Gobierno de Nicolás Maduro para eliminar obstáculos o mejorar su actividad en aquel país. Todo, según Zapatero, “pro bono”, por el bien común, sin cobrar un euro.

Segunda parte

Sus relaciones con empresarios venezolanos sin remuneración aparente

Una de las principales sospechas de corrupción que ensucia a Zapatero tiene que ver con la empresa Inteligencia Prospectiva, creada en Madrid en 2020 por los hermanos Guillermo Alfredo y Domingo Arnaldo Amaro Chacón. Esta sociedad, sin ingresos ni trabajadores, pagó entre 2020 y 2025 hasta 561.440 euros a Whathefav, la firma de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero; 260.000 euros a Gate Center, la sociedad en la que Zapatero figura como presidente del consejo asesor, y 368.258 euros a Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez que pagó a Zapatero.

El expresidente explicó así al juez sus relaciones con la familia Amaro Chacón, un grupo empresarial con inversiones en distintas partes del mundo. “Esta familia es de un grupo empresarial muy importante. Ellos dos son la tercera generación. La empresa Inteligencia Prospectiva debía de ser un apoyo a todo lo que suponía su proceso de inversión en diversos lugares, también en España y desde la base física legal de España. Yo he hecho una intensa tarea de consultoría con los hermanos Amaro Chacón. Me he reunido con ellos en innumerables ocasiones. Me han consultado absolutamente todas las vertientes políticas, económicas. He viajado con ellos y he estado en reuniones con ellos, con otras personas. He hecho una intensa actividad que podremos exponer en su momento”.

Zapatero no le contó al juez, ni Calama se lo preguntó, si cobraba por esos servicios a la familia Amaro Chacón. Los hechos acreditados por la investigación son que Inteligencia Prospectiva pagó casi 1,2 millones de euros a tres sociedades, entre ellas la registrada a nombre de las hijas de Zapatero. Y que en ese periodo, las tres empresas que recibían fondos de Inteligencia Prospectiva abonaron cantidades parecidas al expresidente y a sus hijas. La inferencia según las reglas de la experiencia podría indicar que los hermanos Amaro Chacón pagaban indirectamente a Zapatero a través de esas tres empresas por sus trabajos de asesoría no remunerados. Pero el expresidente no llegó tan lejos en su declaración. Cuando explicó por qué Inteligencia Prospectiva contrató a Whathefav se limitó a decir que los dos hermanos venezolanos eran amigos de sus hijas desde la infancia.

Tercera parte

El amigo Julio Martínez que le acompañó a Venezuela y se hizo agente comercial

Zapatero explicó así la relación de su amigo Julio Martínez con Venezuela: “Conocía a Julio Martínez desde 2011. En 2019, en un momento dado, pues como yo viajaba tanto, Julio Martínez era amigo antes de que tuviéramos ninguna relación comercial ni nada, pues me acompañó, me acompañó como un amigo a viajar. Como en alguna otra ocasión me han acompañado a algún proceso electoral, alguna otra persona a Venezuela por interés, por acompañarme, y eso hizo que a partir de ahí fuera con más frecuencia conmigo”.

Como acompañante de Zapatero en numerosos viajes, Julio Martínez se convirtió en una especie de solucionador de problemas con las autoridades venezolanas. Y varias empresas que conocieron esta circunstancia le contrataron. La compañía aérea Plus Ultra le pagó entre 5.000 y 6.000 euros al mes durante años. Gestionó con las autoridades venezolanas permisos de vuelo en plena pandemia, homologaciones de aeronaves o aplazamientos en el pago de una deuda de combustible a PDVSA, según han explicado directivos de la compañía a elDiario.es. “Era muy eficaz”, aseguran.

La investigación sostiene que la eficacia de Martínez en sus gestiones venezolanas se debía a que se presentaba en ese país con el aval de Zapatero. De hecho, los propietarios de Plus Ultra, como el venezolano Rodolfo Reyes, cada vez que se mandaban mensajes en los que se referían a Julio Martínez Martínez escribían entre paréntesis el nombre de Zapatero. Buena parte del millón de euros que Julio Martínez cobró en los últimos cinco años de distintas empresas por sus gestiones en Venezuela acabó en los bolsillos de Zapatero o de sus hijas a través de Análisis Relevante.

Cuarta parte

El rescate de Plus Ultra, un tráfico de influencias sin influencia acreditada

Durante dos horas de interrogatorio, el juez Calama apenas pudo rebatir las rotundas palabras de Zapatero negando cualquier influencia en el proceso del rescate a Plus Ultra. El Consejo de Ministros aprobó en abril de 2021 un préstamo de 53 millones de euros para salvar del cierre a la compañía aérea ante la obligada inactividad provocada por la pandemia.

Zapatero repitió varias veces lo mismo: “No hablé. No solo no influía o no me interesé. No hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y, por tanto, creo que una influencia tiene que ser ante alguien”. Una jueza investigó durante 19 meses todas las circunstancias del rescate sin apreciar ninguna irregularidad. El instructor de la Audiencia Nacional tan solo pudo aportar como prueba de la sospecha conversaciones de otros sugiriendo que Zapatero estuvo detrás de una reunión en el ministerio de Transportes que tampoco sirvió para facilitar o acelerar el rescate. Pero es que, además, el secretario de Estado que estuvo en esa reunión, Pedro Saura, negó que fuera por mediación de Zapatero.

La investigación localizó una especie de contrato por el que Julio Martínez Martínez cobraría el 1% del rescate si el consejo de ministros lo aprobaba. Plus Ultra sostiene que ese contrato nunca pasó por el consejo de administración y asegura que a Julio Martínez no se le pagó ninguna comisión por el rescate dado que la empresa cumplía las condiciones y no necesitaba la ayuda de nadie para conseguir el préstamo.

Quinta parte

La sospecha sobre la creación de una empresa en Dubái tras una comida que no recordaba Zapatero

El juez Calama asumió sin matices la tesis policial según la cual Zapatero ordenó crear una sociedad offshore en Dubái para derivar las comisiones del 1% (530.000 euros) cobradas por el rescate de Plus Ultra. La secretaria del expresidente convocó una comida con Julio Martínez y un militante socialista con negocios en Dubái donde supuestamente se apalabró el plan. La policía no ha encontrado todavía ni la empresa de Dubái ni la trasferencia de la mordida del rescate de Plus Ultra.

Tampoco han encontrado en las cuentas de la compañía aérea esa salida de fondos. Pero la respuesta de Zapatero, que no recordaba esa comida en una marisquería, aumentó las sospechas del magistrado pese al énfasis del expresidente en despejar todas las dudas. “Es muy pertinente que usted compruebe si comió o no comió”, le dijo Calama.

El abogado de Zapatero presentó un escrito con una autorización universal al juez para que investigase en cualquier rincón del mundo supuestas propiedades o empresas del expresidente del Gobierno. Calama aceptó la propuesta sin darle mayor valor como prueba de la inocencia de Zapatero.

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La declaración íntegra de José Luis Rodríguez Zapatero:

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso desde 2021, hizo el negocio de su vida en lo peor de la pandemia –segundo y tercer trimestre de 2020– aprovechando sus relaciones profesionales con el primer directivo de Quirón Prevención, Fernando Camino. El novio de la presidenta ganó dos millones de euros –el 4,5% de la operación– por intermediar en la compraventa de mascarillas entre una empresa gallega –Mape, que tenía a Camino como consejero– y otra catalana, FSC, la principal suministradora de material chino en España durante los primeros meses de la crisis del coronavirus.

Fue el mayor éxito empresarial de toda su vida, y su estreno en el mercado de los comisionistas. Aquel pelotazo de los dos millones ganados en apenas unas semanas supuso más del doble del dinero que González Amador había facturado en sus cinco años anteriores de ejercicio profesional. Aprovechó, como otros, la oportunidad servida por una emergencia sanitaria mundial. Era un negocio fácil, rápido y sin apenas riesgo. Las administraciones estuvieron dispuestas a pagar cualquier precio, y sin preguntar, por unas mascarillas que supuestamente protegían contra la muerte.

Cuando González Amador ingresó los dos millones en su cuenta corriente (agosto de 2020) puso en marcha algunas operaciones sospechosas con el objetivo de no repartir sus beneficios con Hacienda como establece la ley. El juez y la UCO de la Guardia Civil investigan ahora al comisionista por supuesta corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.

La primera operación de González Amador tras el pelotazo consistió en adquirir por 499.836 euros una empresa, Círculo de Belleza, sin valor ni negocio ni futuro. Esa sociedad era propiedad de Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Tres meses antes del cambio de propiedad (septiembre de 2020) Camino vendió a su propia esposa el 20% de participaciones que poseía en Círculo de Belleza por apenas 4.000 euros. De esta manera, nunca apareció su nombre en las escrituras de compraventa de la empresa (diciembre de 2020). El Código Ético de Quirón prohíbe las relaciones comerciales entre directivos como Fernando Camino y proveedores como González Amador.

La compra de esa empresa por el comisionista fue la primera de sus iniciativas para, supuestamente, evitar el pago de impuestos a la Agencia Tributaria tras su espectacular año de beneficios, según la hipótesis con la que trabajan los investigadores. La segunda actuación sospechosa llegó en mayo de 2021 –cuando Isabel Díaz Ayuso ya era su pareja– al hacer la declaración del Impuesto de Sociedades de 2020. González Amador intentó ahorrarse el pago de 155.000 euros mediante el arte del engaño a la Agencia Tributaria: presentó unos supuestos gastos desgravables y superiores a los 600.000 euros a favor de una empresa mexicana. Pero nunca hizo esos pagos, según reconoció muchos meses después el novio de Ayuso a los inspectores de Hacienda.

El año siguiente, González Amador insistió en sus intentos de fraude fiscal subiendo las cifras del engaño: 927.000 euros por unos gastos en Costa de Marfil que nunca efectuó. De aquella manera tan poco original se ahorraba 195.000 euros en la factura del Impuesto de Sociedades de aquel año. La pareja de la presidenta madrileña fue consciente de todo aquel intento de fraude e intentó, por recomendación de su abogado, un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel mediante el pago de una multa y el reconocimiento de los dos delitos fiscales.

El conocimiento de sus andanzas supuestamente delictivas tras la querella presentada por la Fiscalía hizo que su pareja, Isabel Díaz Ayuso, saliera en su defensa. Descalificó a la fiscal jefe del departamento que había denunciado a su pareja; puso en marcha la máquina de la desinformación y el bulo con sus medios habituales y aireó la existencia de una supuesta campaña ilegal contra González Amador. La presidenta negó públicamente en rueda de prensa que su novio debiera nada a Hacienda y llegó a proclamar que era justamente al contrario, en una explicación delirante e incomprensible.

Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, manipuló después a varios medios afines al PP facilitándoles un correo electrónico del fiscal del caso al abogado de González Amador para dar a entender que todo era una sucia operación de inspectores de Hacienda y fiscales contra el novio de la presidenta. Para contrarrestar aquella campaña en defensa de un supuesto defraudador, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, difundió una nota informativa contando la verdad: González Amador propuso un acuerdo de conformidad en el que reconocía haber cometido dos delitos fiscales a cambio de evitar la prisión.

De todo aquel enredo quedó una sentencia del Tribunal Supremo –firmada por cinco de los siete magistrados que formaron ese tribunal– donde se condenaba sin pruebas al fiscal general por filtrar supuestamente un correo –del abogado del novio de Ayuso al fiscal del caso– informando que González Amador confesaba sus delitos para evitar la cárcel.

El comisionista, que ahora vive con Ayuso en un doble piso situado en una de las zonas más caras de Madrid, empezó su carrera empresarial de la mano de Quirón, firma a la que prestaba unos servicios de consultoría por los que, en el mejor de los años (2019), cobró 357.000 euros. Su noviazgo con Ayuso –a partir de 2021– coincidió con una mejora sustancial de su facturación con Quirón, una empresa de servicios sanitarios cuyo principal ingreso procede de la Comunidad de Madrid. González Amador cuadruplicó sus ingresos de un año para otro. De 275.000 euros en 2020 a 1.375.716 en 2021. Y mantuvo con altibajos ese nivel de negocio en los años siguientes: 1.054.335 (2022); 1.886.391 (2023) y 944.836 (2024).

El defensor principal de González Amador -procesado por delitos fiscales e imputado por corrupción en los negocios y administración desleal- ha sido en todo este tiempo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Con la “experiencia del que peina canas”, Rodríguez registró al comisionista González Amador en su agenda telefónica como “Alberto Quirón”. Ayer, el jefe de gabinete recuperó su vieja costumbre de proteger al novio de su jefa, procesado por fraude fiscal, con más bulos: “Quede claro: el último contrato con Quirón fue del año 2010. La presidenta no estaba ni pensada”.

La exmilitante socialista Leire Díez, imputada por supuestos delitos relacionados con sus maniobras para buscar irregularidades en la actuación de los jefes de la UCO o de la Fiscalía Anticorrupción que investigaban a dirigentes socialistas, apuntó en su agenda personal una reunión con la Fiscalía General del Estado el 19 de febrero de 2025. El juez Santiago Pedraz, que dirige la investigación en la Audiencia Nacional, ha solicitado a esta institución un informe sobre esos supuestos encuentros.

elDiario.es ha confirmado en fuentes próximas a la trama investigada que se produjeron dos reuniones con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, en la que estuvieron presentes el abogado Jacobo Teijelo, con quien se había concertado la cita, y la exmilitante socialista Leire Díez, que le acompañó.

El abogado Teijelo denunció en el primer encuentro mantenido en la Fiscalía General del Estado las numerosas irregularidades supuestamente cometidas por el fiscal Anticorrupción, José Grinda, en algunos procedimientos judiciales. Entre las causas penales que citó figura una pieza separada del caso Tándem en la que está imputado por fraude en las subvenciones el empresario Javier Pérez Dolset, cliente de Teijelo; o la que llevó a la cárcel a Sandro Rosell, el expresidente del F. C. Barcelona, absuelto tras pasar 643 días en prisión preventiva.

La Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado reclamó en la primera de las reuniones, según cuenta el entorno de la trama de Leire Díez, documentación en la que se basaba la denuncia contra Grinda, por lo que se concertó una segunda cita para entregar las supuestas pruebas que pudieran avalar el relato de Teijelo. Entre esas pruebas llevaron grabaciones del supuesto montaje que terminó con Sandro Rosell en prisión o la supuesta desaparición de pruebas relevantes en el caso por el que estaba imputado Pérez Dolset. La Fiscalía General del Estado ha preferido guardar silencio sobre estas citas.

El abogado Jacobo Teijelo es ahora es uno de los dos letrados que defienden a Santos Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE imputado en el caso de supuesto amaño de obras públicas del Ministerio de Transportes que investiga la Audiencia Nacional. El fiscal Villafañe llegó a estar imputado en el caso que acabó con la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su causa fue archivada en la fase de instrucción sin llegar a juicio.

Teijelo fue también el abogado que convocó en su despacho una reunión con empresarios de hidrocarburos imputados por fraude fiscal en la que estuvieron Pérez Dolset y Díez. En esa reunión, grabada y filtrada por uno de sus participantes, la trama se interesaba por la existencia de trapos sucios del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe de las principales investigaciones contra dirigentes corruptos socialistas.

La Fiscalía General del Estado ha registrado y tramitado desde 2022 numerosas denuncias por escrito, principalmente firmadas por Pérez Dolset, contra el fiscal anticorrupción, José Grinda, o su jefe, Alejandro Luzón, por diversas irregularidades en la investigación de causas penales vinculadas a la denominada Operación Cataluña y otras. Todas esas denuncias por destrucción de pruebas o revelación de secretos acabaron archivadas tras una rápida tramitación por la Fiscalía General del Estado, que las derivó en algunos casos a la Fiscalía provincial o a la Fiscalía superior de la Comunidad de Madrid..

La trama que investiga la Audiencia Nacional, cuyos principales integrantes serían Pérez Dolset y Leire Díez, asegura que nunca en todo este tiempo tuvo contacto con el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Y denuncia una vez más la inactividad de esa institución para investigar las supuestas irregularidades existentes en algunas causas que son competencia de la Fiscalía Anticorrupción.

El PSOE puso a disposición de la Fiscalía General del Estado un archivo con documentos y grabaciones que había entregado Leire Díez el mismo día que formalizó su baja como militante del PSOE. Ese archivo incluía numerosa documentación de las múltiples denuncias presentadas desde 2022 hasta 2025 en la Fiscalía General del Estado. El análisis de ese archivo, derivado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tampoco dio lugar a nuevas investigaciones sobre lo denunciado por la exmilitante socialista.

Entre las maniobras de Leire Díez, la investigación judicial también señala una reunión para buscar información comprometedora del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Díez se citó con Ignacio Stampa, el fiscal que impulsó en Anticorrupción decenas de piezas separadas del caso Tándem, la investigación de la mafia policial que encabezaba el comisario José Manuel Villarejo y que durante años hizo la guerra sucia a los adversarios políticos del PP.

El encuentro, promovido por Javier Pérez Dolset con la ayuda del empresario Luis del Rivero, fue grabado por Stampa, quien presentó una denuncia algún tiempo después. Leire Díez llegó a comprometerse con el fiscal en devolverle a la plaza que perdió a cambio de información sobre los motivos por los que el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, había dejado morir determinadas investigaciones judiciales del caso Tándem. El fiscal no ofreció ninguna información y tampoco creyó aquella promesa de quien se presentó como “la mano derecha de Santos Cerdán”. La persona encargada de recuperarle para ocupar un puesto en Anticorrupción era el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien Stampa llevaba años denunciando como el culpable de la pérdida de su plaza. Leire Díez nunca hizo gestiones para cumplir con lo prometido a Stampa, al menos según la investigación que acaba de iniciar la Audiencia Nacional.