Una grabación incorporada hace más de cuatro años al sumario del caso Tándem —nunca reproducida durante la celebración del juicio por la Operación Kitchen y nunca investigada hasta ahora— acredita cómo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, planificó acciones policiales de guerra sucia contra los adversarios del PP.  La conjura, pagada con fondos reservados, incluía a jueces y fiscales con los que supuestamente se había hablado previamente para garantizar el éxito en los juzgados de esa operación política y policial contra dirigentes independentistas catalanes.

La Operación Kitchen que ahora se juzga comenzó en 2014 con una serie de maniobras policiales a espaldas del juez para espiar a la familia del extesorero Luis Bárcenas. El objetivo de los policías, que usaron como confidente y topo al chófer de la familia, era robar documentación sobre la financiación ilegal del PP. La Audiencia Nacional condenó a esta formación política en 2021 por pagar parte de las obras de su sede nacional con dinero negro procedente de donaciones ilegales de empresarios.

Fernández Díaz se ha defendido en el juicio de la Operación Kitchen declarando que desconocía la existencia de esas maniobras policiales y negando que hubiera enviado a Francisco Martínez varios mensajes telefónicos interesándose por el chófer de la familia Bárcenas al que se habría captado como confidente o topo para la operación ilegal de espionaje. Por su parte, Martínez levantó acta notarial de esos mensajes, pero el juez no pudo contrastarlos con el teléfono móvil del ministro del Interior porque este había cambiado de aparato y no conservaba los mensajes con su número dos en el ministerio. El exministro niega veracidad a los mensajes de su subordinado y asegura que nunca conoció las operaciones ilegales de los comisarios de policía que estaban a su cargo.

Sin embargo, la grabación de 2012 que sigue sin investigar acredita el protagonismo de Fernández Díaz en las operaciones de la policía política que trabajó durante su etapa como ministro.

La grabación sobre lo que ahora se conoce como Operación Cataluña recoge una cita en diciembre de 2012 del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con su jefe de gabinete, Francisco Martínez (después nombrado secretario de Estado de Seguridad); el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino; y el comisario José Manuel Villarejo. El ministro planifica allí junto a sus colaboradores varias operaciones policiales encaminadas a denunciar por corrupción al expresidente catalán Jordi Pujol y a su sucesor, el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.  

Durante esa reunión, fechada el 16 de diciembre de 2012, Fernández Díaz impone el secretismo y advierte a los comisarios de que negará “incluso bajo tortura” que esa cita se produjo, y que él no sabe “nada de nada” de lo que ahí se habló. El entonces ministro del Interior apremia en ese encuentro a Villarejo para que tenga todo listo y presentar cuanto antes en la Audiencia Nacional las denuncias contra Jordi Pujol y Artur Mas.

El comisario Villarejo explica que ha hablado con dos jueces instructores de la Audiencia Nacional —Fernando Andreu y el decano, Santiago Pedraz— para lograr que la denuncia prospere. El ministro Fernández Díaz pregunta si se ha hecho lo mismo con la fiscalía y Villarejo responde que lo han hecho “con Javier Zaragoza [entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional], pero muy sutilmente”. Es entonces cuando el ministro Jorge Fernández le tranquiliza: “Se ha hablado con el fiscal general [Eduardo Torres Dulce], ¿eh?”. Y el comisario contesta: “Pues eso es importante. De alguna manera, que estén todos…”.

Lo que sigue resume el contenido de la reunión en el Ministerio del Interior para planificar acciones contra los principales dirigentes independentistas catalanes:

Jorge Fernández Díaz: ¿Hoy podría ser la cosa?

José Manuel Villarejo: Yo he estado el fin de semana, le estaba contando a su jefe de gabinete y al DAO… Yo he estado el fin de semana, he cenado con Fernando Andreu, el juez, y luego he hablado con Santiago Pedraz, con el decano, y ellos a su vez han tocado a otros y están, de alguna manera, dispuestos a que se presente la denuncia adecuada y ahora nos hace falta la declaración de la antigua amante [de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán], centrando los temas...

Fernández: ¿Y eso cómo va a ir?

Villarejo: Pues en principio va bien, yo he hablado esta mañana con ella, a las diez y pico, antes de ver al DAO y la chica está motivada.

Fernández: Para vuestra información, está reunión no ha existido…

Villarejo: No ha existido, por supuesto.

Fernández: ¿Está claro?

Villarejo: Está claro.

Fernández: El ministro no sabe nada del tema, ¿eh? (…) Esta reunión no ha existido. Y a partir de aquí, estamos dispuestos a judicializar, en la Audiencia Nacional...

Villarejo: Yo creo que sí, a las doce y media hemos quedado con el jefe de la UDEF, con todos los datos…

Fernández: Que es de absoluta confianza, ¿no?

Villarejo: A mí me parece un hombre (…)

Fernández: Repito que está claro que el ministro no sabe nada, está claro, ¿verdad? Digo esto porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Por eso, yo negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión ha existido. Dicho esto, tenemos dos denuncias para la plaza de Castilla, que podría ser la segunda considerada como ampliatoria de la primera, junto con un informe de UDEF, ¿no? Y si se uniera la de esta señora, sería el paquete que iría, ¿es así?

Villarejo: Junto con otra serie de informaciones, anónimos, notas informativas, datos recogidos… todo eso se puede completamente estructurar en el mismo informe de avance.

Fernández: Y eso se podría presentar hoy…

Villarejo: Yo creo que sí… se podría presentar esta tarde.

Fernández: A mí me gustaría que se presentara hoy (...) En todo caso, en todo caso, aquí la cuestión es ver en la Audiencia nacional y en Plaza de Castilla para ver si…

Villarejo: Materia hay para la Audiencia Nacional y predisposición hay porque yo hablé en la Audiencia Nacional, con el decano, Santiago Pedraz, y me dijo no te preocupes que en todo caso, si no cae a uno de los cuatro que ya están tocados abiertamente, lo que le voy a pedir a quien le caiga en reparto que será en 10 o 15 días, cuando ya le adjudique a uno, es que antes de hacer nada por favor que hable con vosotros. Y dice, yo, obviamente, estaré en esa reunión, ira el de la UDEF…

Fernández: ¿Y la Fiscalía?

Villarejo: No está muy… Se le ha tocado, a Javier Zaragoza, pero muy sutilmente.  

Fernández: Con el fiscal general del Estado se ha hablado, ¿eh?…

Villarejo: Pues eso es lo importante, de alguna manera que estén todos. Pero si me permite, ministro, lo que está claro es que hay materia para la Audiencia Nacional con los datos que hay, con las cuentas...

Fernández: Pero esa no toca a Artur Mas.

Villarejo: No toca, no toca, entendemos que es un error.

Esta conversación en la que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asume la dirección política de la conocida como Operación Cataluña fue la primera de la que existe una grabación, pero no es la única. En octubre de 2014, Fernández Díaz se reunió en su despacho con el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, para hablar de nuevas corruptelas que afectaban a dirigentes independentistas catalanes y planificar la posibilidad de filtrar esas informaciones antes de la consulta del 9-N. La conversación fue grabada con el conocimiento y la autorización del propio ministro.

Ese mismo mes de octubre, Fernández Díaz filtró a El Mundo, según su secretario de Estado, Francisco Martínez, la información sobre una cuenta falsa de Xavier Trías, entonces alcalde de Barcelona, en Suiza.

El caso Pujol, pendiente de sentencia

Las denuncias contra Jordi Pujol por sus cuentas en Andorra, a raíz de las confidencias de quien fue la pareja sentimental del hijo mayor del presidente catalán, se judicializaron e investigaron en la Audiencia Nacional. Los magistrados Pablo Ruz y José de la Mata instruyeron la causa y llevaron a juicio a toda la familia Pujol. El caso está pendiente de sentencia.

El exministro del Interior, Jorge Fernández, expresó en la reunión con Villarejo su contrariedad por el hecho de que el juez de guardia al que le podría corresponder la tramitación de las denuncias contra Pujol y Mas fuera Pablo Ruz. El Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, optó mucho tiempo después, en marzo de 2015, por no prorrogar más tiempo la comisión de servicios de Ruz al frente del juzgado encargado de instruir el caso Gürtel. Las denuncias contra Artur Mas quedaron en nada porque todas las corruptelas económicas que se le atribuían en los informes apócrifos de la policía se demostraron falsas.

El juez Santiago Pedraz, citado por Villarejo en su conversación con el ministro Jorge Fernández Díaz, investiga desde hace más de dos años con escasos avances y algún retroceso una de las operaciones ilegales de la policía política que acumula más pruebas: el espionaje a dirigentes de Podemos. La Audiencia Nacional también mantiene en el limbo la pieza 34 del caso Villarejo, donde acumulan decenas de grabaciones del comisario donde se da cuenta de múltiples operaciones ilegales contra los adversarios políticos del PP.

La sentencia condenatoria del Supremo en el caso Ábalos destaca el “convencimiento [del Tribunal] de que la aportación realizada” por el empresario corrupto Víctor Aldama, jefe de la trama y penado con cuatro años y medio de cárcel, “al descubrimiento de los delitos merece la aplicación del artículo 82 del Código Penal”, por el que se suspende la ejecución de su castigo de prisión a cambio de que cumpla un año de servicios a la comunidad. Sin embargo, la supuesta aportación realizada por Aldama –su confesión voluntaria ante la Audiencia Nacional para salir de la cárcel por un grave caso de fraude fiscal y la posterior entrega de documentación al Supremo– apenas supuso novedades respecto a los delitos que la Guardia Civil había descubierto ya y tenía acreditados a través de numerosas pruebas tras más de dos años de investigación del caso.

Aldama hizo su confesión en noviembre de 2024, nueve meses después de que le detuvieran y el juez le imputara por las irregularidades descubiertas en la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes en abril de 2020, durante lo peor de la pandemia. La supuesta aportación de Aldama al esclarecimiento de los delitos se produjo además un mes después de que ingresara en prisión por otra causa penal, un fraude fiscal multimillonario relacionado con el negocio de la venta de hidrocarburos. Para quedar en libertad en el caso Hidrocarburos, Aldama se dispuso a colaborar con la Justicia en el caso Mascarillas y confesó al juez que había entregado 250.000 euros a José Luis Ábalos y 100.000 euros más a su asesor Koldo García a cambio de que le adjudicasen un contrato multimillonario de mascarillas con el que ganó 3,7 millones de euros.

En la misma declaración sostuvo que había pagado al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, 25.000 euros por el amaño de obras públicas en el norte de España. Y que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, pidió conocerlo. Unos días más tarde, entregó en el Tribunal Supremo documentación que supuestamente acreditaba el amaño de obras en el Ministerio de Transportes a cambio del pago de comisiones ilegales, para lo que entregó un listado del presupuesto del departamento que no demostraba nada, y un papel manuscrito, supuestamente del asesor Koldo García, con datos sobre seis obras amañadas que Transportes cuestionó porque la mayoría no pertenecía al tiempo de Ábalos en el Ministerio.

Junto a ello, Aldama intentó desacreditar al ministro Ángel Víctor Torres, al asegurar y aportar documentación del alquiler de un piso para el uso de Ábalos y el propio Torres en compañía de prostitutas. Torres acreditó por su parte que en las horas del alquiler del piso él se encontraba en Canarias o volando a Madrid. Aldama también denunció el pago a Carlos Moreno, ex jefe de gabinete de la exministra de Hacienda María Jesús Montero, de 25.000 euros a cambio de conseguir el aplazamiento tributario de una deuda. El exjefe de gabinete declaró que nunca cobró nada del empresario corrupto. La sentencia sostiene que jamás se produjo ese aplazamiento.

El Supremo señala en la sentencia que Víctor de Aldama “decidió colaborar en la investigación, proporcionando datos fácticos relevantes a la misma, que han permitido su estudio y confirmación por la instrucción judicial”. El Tribunal defiende que Aldama “ha aportado a la causa documentación sobre viajes, ingresos económicos a los otros acusados y contratos de arrendamientos de inmuebles referenciados en los anteriores hechos, que han sido objeto de análisis y pericia para corroborar sus manifestaciones, reconociendo su participación en los hechos y afirmando las de los otros acusados”.

Nada salvo su autoinculpación

Víctor Aldama llegó a declarar en el juicio que “el número uno” de la trama era Pedro Sánchez, una denuncia sin pruebas que el fiscal jefe Anticorrupción consideró un “simple desahogo de Aldama”. Durante la investigación judicial, Aldama denunció en medios afines al PP –radios, televisiones y periódicos– todo tipo de corruptelas de ministros del Gobierno de Pedro Sánchez o de la esposa del presidente, que los tribunales archivaron por tratarse de bulos fácilmente contrastables. Además, Aldama aportó documentación del amaño de obras en el Ministerio de Transportes que ahora investiga la Audiencia Nacional en una causa donde figuran como imputados Ábalos, Koldo García, y el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

La sentencia del Supremo considera probada la existencia de delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas al Ministerio de Transportes a través de Puertos del Estado y Adif; en la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos y su asesor Koldo García; en la contratación de dos mujeres, conocidas del exministro, en empresas públicas; en el pago del apartamiento durante dos años a una de ellas; en el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra para el disfrute del ministro a cambio de gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

Pero de todos estos delitos que el Supremo considera probados en su sentencia del caso Ábalos, Aldama no aportó nada relevante que la Guardia Civil no hubiera descubierto ya mucho antes, salvo su autoinculpación. Un mes y medio antes de la confesión del empresario corrupto, la UCO remitió al juez un informe de más de 200 páginas donde daba cuenta de las pruebas encontradas durante la investigación sobre todas estas cuestiones y algunas otras. El trabajo era fruto de “las intervenciones telefónicas, y el estudio documental y análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos durante las actuaciones llevadas a cabo los días 20 de febrero de 2024, 3 y 4 de marzo de 2024”.

Lo que sigue resume solo algunas de las numerosas pruebas que la Guardia Civil había reunido sobre los delitos investigados:

Aldama, jefe de la organización criminal. “Como jefe de la organización criminal, Aldama sostiene una estructura financiera y societaria, tanto nacional como internacional que ha ido mutando con el paso del tiempo. Mantiene bajo sus directrices al resto de socios detenidos con él a quienes emplea para múltiples tareas, siendo las más relevantes a los efectos de este, la gestión, localización y entregas de dinero en efectivo a Koldo García de manera directa, o a través de su hermano Joseba García, así como la materialización de las oportunidades de negocio conseguidas por la organización criminal”.

Otras contraprestaciones a Ábalos y los pagos a Koldo García: 10.000 euros al mes. Koldo García habría percibido contraprestaciones económicas, que esta Unidad ya adelantaba en el atestado de fecha 22 de febrero de 2024, donde se reflejaban indicios de pagos en metálico, dimanantes de Aldama, de manera mensual, y por valor de 10.000 euros, a una persona apodada 'K' y que se lograba identificar con Koldo. Estos pagos tendrían como principal razón de ser, mantener el acceso de Aldama tanto a Koldo como a José Luis Ábalos en beneficio propio y de terceros directamente relacionados con el propio Aldama. De este modo, los pagos de efectivo, fueron acompañados de otras contraprestaciones también a Ábalos“. ”En el lapso temporal en el que Ábalos y Koldo permanecen en el Ministerio, se localiza la primera retribución que Aldama habría pagado a Koldo ya en octubre de 2019. Posteriormente, se han obtenido evidencias de que en febrero de 2022 Aldama consideraba estas retribuciones como periódicas y por valor de 10.000 euros. A la luz de estas evidencias, se apreciaría la posible existencia de una relación causa-efecto entre las labores realizadas por Aldama en el seno del Ministerio, buscando favorecer a personas de su interés, y la recurrencia de pagos en efectivo a Koldo. Se aprecia, por tanto, que la dinámica habitual sería realizar pagos fijos y mensuales, en unión de otros extraordinarios“.

El contrato de las mascarillas que enriqueció a Víctor Aldama. “La selección de la empresa Soluciones de Gestión como adjudicataria de los contratos habría partido de Aldama y algún alto cargo del Ministerio de Transportes, con la permanente mediación de Koldo García. En este sentido, se ha localizado una conversación entre Aldama y un tercero donde, inmediatamente después de que Soluciones de Gestión resultara adjudicataria de los contratos de material sanitario objeto de investigación, y en un contexto marcado por la relación estrecha entre Aldama y Koldo-Ábalos, el primero solicitaba dinero en metálico para ”seguir alimentando la máquina (...) Aldama tenía la información proveniente de la Administración, como él mismo reconoce, sobre la necesidad de realizar una contratación con carácter de urgencia, y de ella se valió para proveer de material sanitario a través de Soluciones de Gestión a varios entes dependientes del Ministerio de Transportes, al igual que a otras administraciones. Este conocimiento privilegiado de la información, y el consecuente aseguramiento de la contratación, le reportó un beneficio económico de unos 6,6 millones de euros“.

Regalo/soborno con el chalé de La Alcaidesa. “Koldo habría sido encargado de realizar la selección del inmueble con los criterios recibidos de parte de Ábalos, y conviene detenerse en el siguiente anuncio de los cuatro que le envía, ya que es el que finalmente resulta adquirido por Aldama y empleado por Ábalos”. “Aldama, durante el mes de marzo, vuelve a encomendar a Corvillo que contacte con una nueva persona de nombre Claudio, vinculado a Villafuel. Es conocido por esta instrucción que Claudio Rivas se encontraría vinculado presuntamente, al igual que Aldama, a una organización criminal dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos”. “Hay que retrotraerse nuevamente a diciembre de 2020. Entre los días 24 y 28 de ese mes, mientras se resolvía la selección del chalet, se gestó una entrevista ante el Director de Gabinete del Ministerio de Industria a la que acudirían Claudio Rivas, Carmen Pano y tres personas más. Esta entrevista, que finalmente tendría lugar el 14 de enero de 2021, fue promovida y orquestada por Aldama, quien les puso en manos de Koldo para que fueran recibidos por el referido Director de Gabinete (...) La importancia de este mensaje radica en que el día 1 de junio de Have Got Time abona la parte restante del dinero necesario para adquirir la casa de La Alcaidesa. De acuerdo con la escritura de compraventa de este inmueble, esta sociedad ubicada en la esfera de control de Aldama, abonó 526.500 euros. Esta empresa compradora, Have Got Time, es titulada por Leonor María González Pano, hija de Carmen Pano, quien conviene recordar que fue una de las personas que fue introducida por Aldama, a través de Koldo, al Director del Gabinete del Ministro de Industria para poder obtener la condición de operadora para Villafuel”.

El enchufe de la pareja sentimental de Ábalos y el alquiler de un apartamento. “Se han analizado las conversaciones adyacentes de Koldo y Aldama en esos días, y se ha podido identificar y contextualizar tanto a Jésica como a Alberto. El referido Alberto resulta ser Luis Alberto Escolano Martín, a la sazón también detenido en las presentes diligencias previas como presunto testaferro de Aldama. Jésica se correspondería con Jésica Rodríguez, quien mantendría una relación particular con Ábalos. Koldo recibe el día 23 de febrero de 2021 recibe un pantallazo de Ábalos de una conversación mantenida con Jésica, en la que ella le recuerda que su contrato laboral expira en unos días. Koldo, conocedor de la circunstancia le responde que ”hay que pasar a otro sitio y luego vuelve, lleva 18 meses“ y Ábalos le contesta: ”Díselo“, todo ello en referencia al contrato que tenía en vigor Jésica como auxiliar administrativa para Ineco, empresa de ingeniería dependiente del Ministerio de Transportes (...) Jésica se encontraba residiendo en una vivienda sita en la Plaza de España nº18, Edificio Torre de Madrid apartamento 11-03, por lo que se toma nuevamente en consideración la reclamación que reenvía Koldo a Aldama para que un tal Alberto abone un alquiler. La persona que envía originalmente ese mensaje a Koldo fue Jésica, buscando que Escolano abonara el alquiler del inmueble de Plaza de España, 18. Pero lo que resulta verdaderamente esclarecedor, es que Koldo le remita a Aldama la reclamación efectuada por Jésica del pago del alquiler, evidenciando que sería este último el responsable de afrontar el pago del mismo”.

La defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó en la noche del sábado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por entender que el juez Juan Carlos Peinado pudo vulnerar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva en su última actuación como instructor. Antonio Camacho, el abogado de Gómez, sostiene en su escrito que tuvieron conocimiento ayer sábado de la apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno y de la adopción de medidas cautelares —retirada del pasaporte y dos comparecencias al mes en el juzgado— “a través de los medios de comunicación”.

“Lo verdaderamente alarmante y objeto de la presente queja”, señala el escrito, “radica en que dichas resoluciones, dictadas presuntamente este sábado, día 20 de junio de 2026, no han sido notificadas a esta parte en ningún momento, de suerte que el compareciente —en su condición de defensa técnica— ha debido enterarse de su existencia y contenido a través de la prensa, sin que hasta la fecha de presentación de este escrito haya recibido notificación alguna por los cauces procesales legalmente establecidos”. Los medios de comunicación tuvieron acceso al auto, firmado electrónicamente por Peinado a las 11.59, en torno a las 13.00.

Esta “grave irregularidad en el funcionamiento del órgano judicial”, señala Camacho, “es contraria a los principios y garantías que informan el proceso penal en un Estado de Derecho”. La defensa de Gómez denuncia en su escrito al Consejo General del Poder Judicial una “vulneración del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva”. El artículo 24 de la Constitución protege “el derecho a ser informado de las actuaciones que afectan directamente al investigado”, destaca. La apertura de juicio oral y la adopción de medidas cautelares son resoluciones de extraordinaria trascendencia “que exigen una notificación formal, inmediata y efectiva a las partes personadas y a sus defensas técnicas”. “Los artículos 160 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen con claridad la obligación de notificar todas las resoluciones judiciales a las partes personadas en el procedimiento. Dicha obligación no queda condicionada al día de la semana en que se dicte la resolución, y en todo caso debería haberse procedido a su comunicación en cuanto fue dictada o en el primer momento hábil posterior”.

Además, el escrito denuncia por su “especial gravedad” la adopción, sin comunicación previa y simultánea a la defensa, de medidas cautelares “que pueden implicar restricciones a la libertad, al patrimonio o a otros derechos fundamentales de la investigada”. Y es especialmente grave, según el abogado de Gómez, porque “impide a la parte el ejercicio inmediato de los recursos y remedios procesales que el ordenamiento le reconoce, causando un perjuicio irreparable de orden material y procesal”.

El hecho de que la defensa de Begoña Gómez “haya tenido que conocer la existencia de estas resoluciones a través de la prensa —y no a través de los cauces procesales legalmente establecidos— constituye una situación de extraordinaria gravedad que compromete seriamente la imagen de la Administración de Justicia y el principio de igualdad de armas entre las partes”, señala el abogado.

El escrito de queja solicita al Consejo General del Poder Judicial que “inste a la Inspección de Tribunales a verificar las circunstancias en que fueron dictadas las resoluciones referidas, con especial atención a los motivos por los que no se procedió a su notificación a esta defensa”. También solicita que se adopten las medidas oportunas “si de las actuaciones inspectoras resultase acreditado un funcionamiento anormal o irregular del órgano judicial, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse de los hechos expuestos”.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial aplazó hasta mañana la votación sobre la propuesta de la presidenta de este órgano, Isabel Perello, para abrir expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado a raíz de la queja presentada por el ministerio del Interior. Peinado justificó su decisión de retirada del pasaporte de Begoña Gómez en la posibilidad de que los policías que trabajan como escolta de la mujer del presidente o sus jefes pudieran ayudar en una posible fuga. La defensa de Begoña Gómez espera que su escrito de queja contra Peinado por supuesta vulneración de su derecho de defensa también se trate en la reunión de los vocales que integran la comisión permanente del Poder Judicial.

Lo que sigue es una elucubración con base. O una conjetura basada en indicios. O una inferencia según las reglas de la experiencia. Sea lo que sea, lo único que intenta es explicar el laberinto judicial en el que anda metido el expresidente Zapatero a cuenta de sus negocios privados… y opacos.

Es una interpretación libre de los hechos bajo sospecha tras analizar los informes de la policía y las explicaciones dadas por el expresidente al juez Calama.

Primera parte

Casi 30 años de función pública acaban en 2015 para iniciar una nueva actividad privada

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero decidió poner fin a su vida en la Administración Pública tres años después de dejar el Gobierno. Comenzó en 1986 como diputado en el Congreso por León y finalizó cuando abandonó en 2015 el Consejo de Estado donde, como consejero nato, gozaba de un salario público considerable. Renunció a ese puesto de duración indefinida y se buscó la vida como expresidente conferenciante y consultor.

Muy pronto simultaneó su desempeño profesional en la vida privada con un nuevo empeño político con origen y destino en Venezuela. En poco tiempo inició gestiones, muchas veces fructíferas, para la excarcelación de decenas de presos políticos. En ese trabajo de años, Zapatero conoció a empresarios venezolanos que le preguntaban por el futuro del país y le contaban problemas que tenían para desarrollar su actividad. También habló con directivos de empresas españolas que le pedían alguna gestión con el Gobierno de Nicolás Maduro para eliminar obstáculos o mejorar su actividad en aquel país. Todo, según Zapatero, “pro bono”, por el bien común, sin cobrar un euro.

Segunda parte

Sus relaciones con empresarios venezolanos sin remuneración aparente

Una de las principales sospechas de corrupción que ensucia a Zapatero tiene que ver con la empresa Inteligencia Prospectiva, creada en Madrid en 2020 por los hermanos Guillermo Alfredo y Domingo Arnaldo Amaro Chacón. Esta sociedad, sin ingresos ni trabajadores, pagó entre 2020 y 2025 hasta 561.440 euros a Whathefav, la firma de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero; 260.000 euros a Gate Center, la sociedad en la que Zapatero figura como presidente del consejo asesor, y 368.258 euros a Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez que pagó a Zapatero.

El expresidente explicó así al juez sus relaciones con la familia Amaro Chacón, un grupo empresarial con inversiones en distintas partes del mundo. “Esta familia es de un grupo empresarial muy importante. Ellos dos son la tercera generación. La empresa Inteligencia Prospectiva debía de ser un apoyo a todo lo que suponía su proceso de inversión en diversos lugares, también en España y desde la base física legal de España. Yo he hecho una intensa tarea de consultoría con los hermanos Amaro Chacón. Me he reunido con ellos en innumerables ocasiones. Me han consultado absolutamente todas las vertientes políticas, económicas. He viajado con ellos y he estado en reuniones con ellos, con otras personas. He hecho una intensa actividad que podremos exponer en su momento”.

Zapatero no le contó al juez, ni Calama se lo preguntó, si cobraba por esos servicios a la familia Amaro Chacón. Los hechos acreditados por la investigación son que Inteligencia Prospectiva pagó casi 1,2 millones de euros a tres sociedades, entre ellas la registrada a nombre de las hijas de Zapatero. Y que en ese periodo, las tres empresas que recibían fondos de Inteligencia Prospectiva abonaron cantidades parecidas al expresidente y a sus hijas. La inferencia según las reglas de la experiencia podría indicar que los hermanos Amaro Chacón pagaban indirectamente a Zapatero a través de esas tres empresas por sus trabajos de asesoría no remunerados. Pero el expresidente no llegó tan lejos en su declaración. Cuando explicó por qué Inteligencia Prospectiva contrató a Whathefav se limitó a decir que los dos hermanos venezolanos eran amigos de sus hijas desde la infancia.

Tercera parte

El amigo Julio Martínez que le acompañó a Venezuela y se hizo agente comercial

Zapatero explicó así la relación de su amigo Julio Martínez con Venezuela: “Conocía a Julio Martínez desde 2011. En 2019, en un momento dado, pues como yo viajaba tanto, Julio Martínez era amigo antes de que tuviéramos ninguna relación comercial ni nada, pues me acompañó, me acompañó como un amigo a viajar. Como en alguna otra ocasión me han acompañado a algún proceso electoral, alguna otra persona a Venezuela por interés, por acompañarme, y eso hizo que a partir de ahí fuera con más frecuencia conmigo”.

Como acompañante de Zapatero en numerosos viajes, Julio Martínez se convirtió en una especie de solucionador de problemas con las autoridades venezolanas. Y varias empresas que conocieron esta circunstancia le contrataron. La compañía aérea Plus Ultra le pagó entre 5.000 y 6.000 euros al mes durante años. Gestionó con las autoridades venezolanas permisos de vuelo en plena pandemia, homologaciones de aeronaves o aplazamientos en el pago de una deuda de combustible a PDVSA, según han explicado directivos de la compañía a elDiario.es. “Era muy eficaz”, aseguran.

La investigación sostiene que la eficacia de Martínez en sus gestiones venezolanas se debía a que se presentaba en ese país con el aval de Zapatero. De hecho, los propietarios de Plus Ultra, como el venezolano Rodolfo Reyes, cada vez que se mandaban mensajes en los que se referían a Julio Martínez Martínez escribían entre paréntesis el nombre de Zapatero. Buena parte del millón de euros que Julio Martínez cobró en los últimos cinco años de distintas empresas por sus gestiones en Venezuela acabó en los bolsillos de Zapatero o de sus hijas a través de Análisis Relevante.

Cuarta parte

El rescate de Plus Ultra, un tráfico de influencias sin influencia acreditada

Durante dos horas de interrogatorio, el juez Calama apenas pudo rebatir las rotundas palabras de Zapatero negando cualquier influencia en el proceso del rescate a Plus Ultra. El Consejo de Ministros aprobó en abril de 2021 un préstamo de 53 millones de euros para salvar del cierre a la compañía aérea ante la obligada inactividad provocada por la pandemia.

Zapatero repitió varias veces lo mismo: “No hablé. No solo no influía o no me interesé. No hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y, por tanto, creo que una influencia tiene que ser ante alguien”. Una jueza investigó durante 19 meses todas las circunstancias del rescate sin apreciar ninguna irregularidad. El instructor de la Audiencia Nacional tan solo pudo aportar como prueba de la sospecha conversaciones de otros sugiriendo que Zapatero estuvo detrás de una reunión en el ministerio de Transportes que tampoco sirvió para facilitar o acelerar el rescate. Pero es que, además, el secretario de Estado que estuvo en esa reunión, Pedro Saura, negó que fuera por mediación de Zapatero.

La investigación localizó una especie de contrato por el que Julio Martínez Martínez cobraría el 1% del rescate si el consejo de ministros lo aprobaba. Plus Ultra sostiene que ese contrato nunca pasó por el consejo de administración y asegura que a Julio Martínez no se le pagó ninguna comisión por el rescate dado que la empresa cumplía las condiciones y no necesitaba la ayuda de nadie para conseguir el préstamo.

Quinta parte

La sospecha sobre la creación de una empresa en Dubái tras una comida que no recordaba Zapatero

El juez Calama asumió sin matices la tesis policial según la cual Zapatero ordenó crear una sociedad offshore en Dubái para derivar las comisiones del 1% (530.000 euros) cobradas por el rescate de Plus Ultra. La secretaria del expresidente convocó una comida con Julio Martínez y un militante socialista con negocios en Dubái donde supuestamente se apalabró el plan. La policía no ha encontrado todavía ni la empresa de Dubái ni la trasferencia de la mordida del rescate de Plus Ultra.

Tampoco han encontrado en las cuentas de la compañía aérea esa salida de fondos. Pero la respuesta de Zapatero, que no recordaba esa comida en una marisquería, aumentó las sospechas del magistrado pese al énfasis del expresidente en despejar todas las dudas. “Es muy pertinente que usted compruebe si comió o no comió”, le dijo Calama.

El abogado de Zapatero presentó un escrito con una autorización universal al juez para que investigase en cualquier rincón del mundo supuestas propiedades o empresas del expresidente del Gobierno. Calama aceptó la propuesta sin darle mayor valor como prueba de la inocencia de Zapatero.

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La declaración íntegra de José Luis Rodríguez Zapatero:

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso desde 2021, hizo el negocio de su vida en lo peor de la pandemia –segundo y tercer trimestre de 2020– aprovechando sus relaciones profesionales con el primer directivo de Quirón Prevención, Fernando Camino. El novio de la presidenta ganó dos millones de euros –el 4,5% de la operación– por intermediar en la compraventa de mascarillas entre una empresa gallega –Mape, que tenía a Camino como consejero– y otra catalana, FSC, la principal suministradora de material chino en España durante los primeros meses de la crisis del coronavirus.

Fue el mayor éxito empresarial de toda su vida, y su estreno en el mercado de los comisionistas. Aquel pelotazo de los dos millones ganados en apenas unas semanas supuso más del doble del dinero que González Amador había facturado en sus cinco años anteriores de ejercicio profesional. Aprovechó, como otros, la oportunidad servida por una emergencia sanitaria mundial. Era un negocio fácil, rápido y sin apenas riesgo. Las administraciones estuvieron dispuestas a pagar cualquier precio, y sin preguntar, por unas mascarillas que supuestamente protegían contra la muerte.

Cuando González Amador ingresó los dos millones en su cuenta corriente (agosto de 2020) puso en marcha algunas operaciones sospechosas con el objetivo de no repartir sus beneficios con Hacienda como establece la ley. El juez y la UCO de la Guardia Civil investigan ahora al comisionista por supuesta corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.

La primera operación de González Amador tras el pelotazo consistió en adquirir por 499.836 euros una empresa, Círculo de Belleza, sin valor ni negocio ni futuro. Esa sociedad era propiedad de Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Tres meses antes del cambio de propiedad (septiembre de 2020) Camino vendió a su propia esposa el 20% de participaciones que poseía en Círculo de Belleza por apenas 4.000 euros. De esta manera, nunca apareció su nombre en las escrituras de compraventa de la empresa (diciembre de 2020). El Código Ético de Quirón prohíbe las relaciones comerciales entre directivos como Fernando Camino y proveedores como González Amador.

La compra de esa empresa por el comisionista fue la primera de sus iniciativas para, supuestamente, evitar el pago de impuestos a la Agencia Tributaria tras su espectacular año de beneficios, según la hipótesis con la que trabajan los investigadores. La segunda actuación sospechosa llegó en mayo de 2021 –cuando Isabel Díaz Ayuso ya era su pareja– al hacer la declaración del Impuesto de Sociedades de 2020. González Amador intentó ahorrarse el pago de 155.000 euros mediante el arte del engaño a la Agencia Tributaria: presentó unos supuestos gastos desgravables y superiores a los 600.000 euros a favor de una empresa mexicana. Pero nunca hizo esos pagos, según reconoció muchos meses después el novio de Ayuso a los inspectores de Hacienda.

El año siguiente, González Amador insistió en sus intentos de fraude fiscal subiendo las cifras del engaño: 927.000 euros por unos gastos en Costa de Marfil que nunca efectuó. De aquella manera tan poco original se ahorraba 195.000 euros en la factura del Impuesto de Sociedades de aquel año. La pareja de la presidenta madrileña fue consciente de todo aquel intento de fraude e intentó, por recomendación de su abogado, un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel mediante el pago de una multa y el reconocimiento de los dos delitos fiscales.

El conocimiento de sus andanzas supuestamente delictivas tras la querella presentada por la Fiscalía hizo que su pareja, Isabel Díaz Ayuso, saliera en su defensa. Descalificó a la fiscal jefe del departamento que había denunciado a su pareja; puso en marcha la máquina de la desinformación y el bulo con sus medios habituales y aireó la existencia de una supuesta campaña ilegal contra González Amador. La presidenta negó públicamente en rueda de prensa que su novio debiera nada a Hacienda y llegó a proclamar que era justamente al contrario, en una explicación delirante e incomprensible.

Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, manipuló después a varios medios afines al PP facilitándoles un correo electrónico del fiscal del caso al abogado de González Amador para dar a entender que todo era una sucia operación de inspectores de Hacienda y fiscales contra el novio de la presidenta. Para contrarrestar aquella campaña en defensa de un supuesto defraudador, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, difundió una nota informativa contando la verdad: González Amador propuso un acuerdo de conformidad en el que reconocía haber cometido dos delitos fiscales a cambio de evitar la prisión.

De todo aquel enredo quedó una sentencia del Tribunal Supremo –firmada por cinco de los siete magistrados que formaron ese tribunal– donde se condenaba sin pruebas al fiscal general por filtrar supuestamente un correo –del abogado del novio de Ayuso al fiscal del caso– informando que González Amador confesaba sus delitos para evitar la cárcel.

El comisionista, que ahora vive con Ayuso en un doble piso situado en una de las zonas más caras de Madrid, empezó su carrera empresarial de la mano de Quirón, firma a la que prestaba unos servicios de consultoría por los que, en el mejor de los años (2019), cobró 357.000 euros. Su noviazgo con Ayuso –a partir de 2021– coincidió con una mejora sustancial de su facturación con Quirón, una empresa de servicios sanitarios cuyo principal ingreso procede de la Comunidad de Madrid. González Amador cuadruplicó sus ingresos de un año para otro. De 275.000 euros en 2020 a 1.375.716 en 2021. Y mantuvo con altibajos ese nivel de negocio en los años siguientes: 1.054.335 (2022); 1.886.391 (2023) y 944.836 (2024).

El defensor principal de González Amador -procesado por delitos fiscales e imputado por corrupción en los negocios y administración desleal- ha sido en todo este tiempo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Con la “experiencia del que peina canas”, Rodríguez registró al comisionista González Amador en su agenda telefónica como “Alberto Quirón”. Ayer, el jefe de gabinete recuperó su vieja costumbre de proteger al novio de su jefa, procesado por fraude fiscal, con más bulos: “Quede claro: el último contrato con Quirón fue del año 2010. La presidenta no estaba ni pensada”.

La exmilitante socialista Leire Díez, imputada por supuestos delitos relacionados con sus maniobras para buscar irregularidades en la actuación de los jefes de la UCO o de la Fiscalía Anticorrupción que investigaban a dirigentes socialistas, apuntó en su agenda personal una reunión con la Fiscalía General del Estado el 19 de febrero de 2025. El juez Santiago Pedraz, que dirige la investigación en la Audiencia Nacional, ha solicitado a esta institución un informe sobre esos supuestos encuentros.

elDiario.es ha confirmado en fuentes próximas a la trama investigada que se produjeron dos reuniones con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, en la que estuvieron presentes el abogado Jacobo Teijelo, con quien se había concertado la cita, y la exmilitante socialista Leire Díez, que le acompañó.

El abogado Teijelo denunció en el primer encuentro mantenido en la Fiscalía General del Estado las numerosas irregularidades supuestamente cometidas por el fiscal Anticorrupción, José Grinda, en algunos procedimientos judiciales. Entre las causas penales que citó figura una pieza separada del caso Tándem en la que está imputado por fraude en las subvenciones el empresario Javier Pérez Dolset, cliente de Teijelo; o la que llevó a la cárcel a Sandro Rosell, el expresidente del F. C. Barcelona, absuelto tras pasar 643 días en prisión preventiva.

La Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado reclamó en la primera de las reuniones, según cuenta el entorno de la trama de Leire Díez, documentación en la que se basaba la denuncia contra Grinda, por lo que se concertó una segunda cita para entregar las supuestas pruebas que pudieran avalar el relato de Teijelo. Entre esas pruebas llevaron grabaciones del supuesto montaje que terminó con Sandro Rosell en prisión o la supuesta desaparición de pruebas relevantes en el caso por el que estaba imputado Pérez Dolset. La Fiscalía General del Estado ha preferido guardar silencio sobre estas citas.

El abogado Jacobo Teijelo es ahora es uno de los dos letrados que defienden a Santos Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE imputado en el caso de supuesto amaño de obras públicas del Ministerio de Transportes que investiga la Audiencia Nacional. El fiscal Villafañe llegó a estar imputado en el caso que acabó con la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su causa fue archivada en la fase de instrucción sin llegar a juicio.

Teijelo fue también el abogado que convocó en su despacho una reunión con empresarios de hidrocarburos imputados por fraude fiscal en la que estuvieron Pérez Dolset y Díez. En esa reunión, grabada y filtrada por uno de sus participantes, la trama se interesaba por la existencia de trapos sucios del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe de las principales investigaciones contra dirigentes corruptos socialistas.

La Fiscalía General del Estado ha registrado y tramitado desde 2022 numerosas denuncias por escrito, principalmente firmadas por Pérez Dolset, contra el fiscal anticorrupción, José Grinda, o su jefe, Alejandro Luzón, por diversas irregularidades en la investigación de causas penales vinculadas a la denominada Operación Cataluña y otras. Todas esas denuncias por destrucción de pruebas o revelación de secretos acabaron archivadas tras una rápida tramitación por la Fiscalía General del Estado, que las derivó en algunos casos a la Fiscalía provincial o a la Fiscalía superior de la Comunidad de Madrid..

La trama que investiga la Audiencia Nacional, cuyos principales integrantes serían Pérez Dolset y Leire Díez, asegura que nunca en todo este tiempo tuvo contacto con el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Y denuncia una vez más la inactividad de esa institución para investigar las supuestas irregularidades existentes en algunas causas que son competencia de la Fiscalía Anticorrupción.

El PSOE puso a disposición de la Fiscalía General del Estado un archivo con documentos y grabaciones que había entregado Leire Díez el mismo día que formalizó su baja como militante del PSOE. Ese archivo incluía numerosa documentación de las múltiples denuncias presentadas desde 2022 hasta 2025 en la Fiscalía General del Estado. El análisis de ese archivo, derivado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tampoco dio lugar a nuevas investigaciones sobre lo denunciado por la exmilitante socialista.

Entre las maniobras de Leire Díez, la investigación judicial también señala una reunión para buscar información comprometedora del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Díez se citó con Ignacio Stampa, el fiscal que impulsó en Anticorrupción decenas de piezas separadas del caso Tándem, la investigación de la mafia policial que encabezaba el comisario José Manuel Villarejo y que durante años hizo la guerra sucia a los adversarios políticos del PP.

El encuentro, promovido por Javier Pérez Dolset con la ayuda del empresario Luis del Rivero, fue grabado por Stampa, quien presentó una denuncia algún tiempo después. Leire Díez llegó a comprometerse con el fiscal en devolverle a la plaza que perdió a cambio de información sobre los motivos por los que el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, había dejado morir determinadas investigaciones judiciales del caso Tándem. El fiscal no ofreció ninguna información y tampoco creyó aquella promesa de quien se presentó como “la mano derecha de Santos Cerdán”. La persona encargada de recuperarle para ocupar un puesto en Anticorrupción era el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien Stampa llevaba años denunciando como el culpable de la pérdida de su plaza. Leire Díez nunca hizo gestiones para cumplir con lo prometido a Stampa, al menos según la investigación que acaba de iniciar la Audiencia Nacional.

Xavier Trias era alcalde de Barcelona aquel 27 de octubre de 2014 cuando el diario El Mundo publicó que el dirigente independentista mantuvo durante años una cuenta abierta en UBS (Union de Banques Suisses) y que en febrero de 2013 la traspasó a otra entidad de Andorra con un saldo de 12,9 millones de euros. Trias tardó 24 horas en acreditar mediante una certificación negativa de UBS donde figuraba que el entonces alcalde de Barcelona no tenía ni había tenido ninguna cuenta en esos bancos con sede en Ginebra. “No tengo ninguna cuenta en Suiza, ni en Andorra, ni en ningún sitio que no sea en Cataluña. No tengo ni he tenido 13 millones de euros, ni 200.000 en mi cuenta corriente, la información que apareció en El Mundo es totalmente falsa”, declaró entonces Trias.

Detrás de aquella información falsa estaba el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz (PP), según le contó diez años después Francisco Martínez, que era secretario de Estado de Seguridad cuando ocurrieron los hechos, a Leire Díez, militante socialista imputada como parte de una trama, amparada supuestamente por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Díez, según las pesquisas, maniobró buscando irregularidades en la actuación de jueces, fiscales o guardias civiles que investigaban la corrupción socialista.

La militante socialista citó a Martínez en julio de 2024 con la promesa de mejorar su situación judicial a cambio de informaciones relevantes sobre la actuación corrupta de la cúpula policial del Ministerio del Interior durante el mandato del PP. Díez se presentó a aquella reunión como una persona con capacidad de influencia en el PSOE y en el Gobierno. Martínez estaba ya procesado en el caso Kitchen y la Fiscalía pedía para él hasta 15 años de cárcel como jefe de una operación ilegal en la que participaron una decena de policías empoderados con el objetivo de sustraer a la familia del extesorero del PP, Luis Bárcenas, documentación sobre la financiación ilegal de la formación conservadora.

Martínez le contó a Díez en esa reunión detalles relevantes de una de las operaciones impulsadas desde el Ministerio del Interior para desacreditar a dirigentes independentistas catalanes. La militante socialista grabó aquella conversación, incorporada ahora al sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz y donde Leire Díez está imputada.

El exsecretario de Estado de Seguridad se refiere así al episodio de la cuenta falsa de Trias en Suiza:

La operación del Ministerio del Interior para desprestigiar a Xavier Trias con una información falsa era una más de las que se pusieron en marcha aquellos años contra independentistas catalanes, inmersos en un proceso ilegal de convocatoria de consultas por la autodeterminación. En las semanas previas a las elecciones catalanas de noviembre de 2012, un informe policial sin sello ni firma denunciaba múltiples corruptelas —la mayoría de ella resultaron falsas— contra los principales dirigentes independentistas catalanes.

El ex secretario de Estado de Seguridad conoció la mayoría de las operaciones de guerra sucia contra los adversarios políticos del Gobierno de Mariano Rajoy. En su conversación con Leire Díez, el número dos de Interior señala que el problema de aquella información falsa sobre Trias es que no se investigó por parte de la UDEF, sino que se filtró mucho antes a El Mundo por culpa del exministro Jorge Fernández Díaz.

Información policial falsa era filtrada a los medios de comunicación afines al PP mucho antes de que fuera judicializada. Xavier Trias denunció estos hechos y se querelló contra el entonces ministro del Interior por un delito de violación de secretos, prevaricación y malversación de fondos públicos. Pero el Tribunal Supremo rechazó la iniciativa “reiterando la doctrina de la Sala de lo Penal contraria a admitir como base de la querella hechos cuya base probatoria aparece solo en medios de comunicación, como en este caso”.

Otros dirigentes catalanes perjudicados por maniobras similares denunciaron sin éxito en distintos juzgados “un entramado político-policial que tendría por finalidad llevar a cabo actuaciones para desestabilizar o frenar a personas vinculadas al movimiento independentista, o vinculadas, presuntamente a ellas”.

El ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, mantuvo dos reuniones en julio de 2024 con Leire Díez, la integrante de la trama conspiranoica que trabajó para desestabilizar causas judiciales vinculadas a la corrupción socialista. Díez, exmilitante socialista, intentaba sonsacar al ex número dos de Interior detalles del funcionamiento de las cloacas del PP a cambio de garantizarle un buen trato judicial. Las maniobras de Díez estaban amparadas por el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien habría ordenado financiar con dinero del partido todos estos movimientos. Por su parte, Francisco Martínez está siendo juzgado ahora en la Audiencia Nacional como impulsor desde el Ministerio del Interior de la Operación Kitchen ejecutada en 2014 por varios comisarios de policía con la intención de robar documentación sobre la financiación ilegal del PP a la familia del extesorero, Luis Bárcenas.

El ex número dos de Interior reveló en la segunda de las reuniones con Leire Díez que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había investigado a Pedro Sánchez, líder de la oposición y elegido un año antes secretario general del PSOE. “El otro día hablamos del tema de las saunas [del suegro de Pedro Sánchez]”, comenzó Martínez. “Seguro 100% que hay un informe del CNI, al menos uno, sobre las saunas, que es del año 2015, casi, casi, casi seguro del segundo semestre”. Las elecciones generales de 2015 se celebraron el 20 de diciembre, dentro del segundo semestre en el que, según Francisco Martínez, el CNI elaboró un informe que llegó al Gobierno de Mariano Rajoy (PP) sobre las saunas que regentaba el suegro de Pedro Sánchez.

“Eso sí que es fácil, porque eso se llama a tu jefe máxima que es Esperanza [Casteleiro, directora del CNI] y que te diga qué es… Y eso lo hemos confirmado estos días que existen y yo no lo he visto. Pero sé que existe. Y quien lo ha visto me lo ha dicho. Y no sé si es uno o son 16, pero que es uno seguro. Eso abre otra puerta que yo te decía el otro día que yo creo que sin ella no se completa esta historia, que es el CNI, que no es que yo les tenga especial manía, que a mí mucho no me quieren. Pero han hecho muchas cosas de todo esto, muchísimas cosas, probablemente hechas mucho mejor que las cosas que Villarejo o El Gordo o no se qué. Mucho mejor hechas. Pero a mí, si de verdad queréis saber qué pasó y limpiar, no podéis dejar esa casa sin mirar. Aunque es mucho más difícil, claro”.

Díez grabó aquella reunión y conservó el archivo que ahora se ha incorporado al sumario de la causa penal que instruye el juez Santiago Pedraz. La exmilitante socialista pretendía obtener información complementaria sobre las andanzas de la policía patriótica del PP contra el presidente Pedro Sánchez. En el verano de 2014, el comisario José Manuel Villarejo informó al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, de los negocios del suegro de Pedro Sánchez y comentaron que el conocimiento de esa circunstancia podría dañar mucho la imagen del entonces recién elegido secretario general del PSOE.

Villarejo: Está todo [el negocio de las saunas] a nombre del mayor, que es gay, es maricón, pero luego los otros dos por debajo, el suegro y el otro hermano, son los responsables, los que llevaban la gestión, y esa es la historia...

Martínez: Y Sánchez lo sabe seguro, sabe perfectamente a qué se dedica el suegro...

Villarejo: Sí, coño, ya me contarás... Es su punto débil, esto es mortal, mortal. Cuando haga falta... es un tema para que solamente lo trates con el presidente y con el número 1, para en un momento determinado decirle tenemos tal información...

Martínez: Esto lo mata. Esto mataría a cualquiera políticamente, un tío que va con la bandera del rollo este feminista y no sé qué. ¿Feminista y lo tienes lleno de polacas chupando pollas en la sauna?

Villarejo: Mortal, Paco. Imagínate cuando me enteré... ¡se me puso el rabo de la hostia!

El ex secretario de Estado de Seguridad comentó a Leire Díez que aunque no estuvo elegante en sus palabras, nunca ordenó desde el Ministerio ningún espionaje a Pedro Sánchez ni ningún informe para difundir los negocios de su suegro. Sin embargo, el comisario Villarejo hizo notas informativas para las autoridades del Ministerio del Interior que incluían todo un historial de Sánchez, su mujer, las aficiones de sus hijas y los negocios de su suegro. Además, en diversas reuniones que el comisario grabó con empresarios y policías aseguró que el ministro del Interior le había encargado reportajes “sobre los puticlubs” del suegro de Pedro Sánchez. Todo eso que Villarejo contaba en sus comidas se produjo supuestamente en el último trimestre de 2014.

Ahora, las grabaciones incorporadas al sumario del caso Leire incorporan este testimonio de Francisco Martínez donde revela que, además de los supuestos trabajos del comisario Villarejo para desacreditar al líder socialista, el Centro Nacional de Inteligencia también se implicó en la investigación sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez, y lo hizo en el segundo semestre de 2015, cuando se celebraron las elecciones generales del 20 de diciembre de aquel año. El PP perdió su mayoría absoluta (se quedó con 123 diputados) y el PSOE logró 90 escaños.

El PSOE llegó a denunciar ante la Audiencia Nacional las primeras grabaciones conocidas donde Villarejo hablaba con Martínez sobre esos negocios. El juez instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, rechazó investigar los hechos: “No existen indicios de que la información relativa al suegro del presidente del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez, sea resultado de ninguna investigación en la que hubieran participado José Manuel Villarejo Pérez, en su condición de comisario del Cuerpo Nacional de Policía adscrito a la DAO, y Francisco Martínez Vázquez, desde su puesto de secretario de Estado de Interior”.

En el origen del escándalo, una militante socialista, exdirectiva de Correos, y un empresario imputado desde 2017 por supuesto fraude, entraron el 26 de abril de 2024 en la sede socialista de la calle Ferraz para reunirse con Santos Cerdán, entonces secretario de Organización. La militante Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset llegaron cargados con grabaciones del comisario José Manuel Villarejo sobre planes del ministerio del Interior para desacreditar a Pedro Sánchez, por los negocios de saunas de su suegro.

“Eso es mortal”, se escuchaba decir al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en el verano de 2014, con Sánchez recién elegido secretario general del PSOE. En otra grabación, Villarejo le contaba a un empresario de la comunicación como el ministro Interior, Jorge Fernández Díez, le había pedido algo especial sobre el líder socialista: “El del Opus me ha encargado un reportaje de los puticlubs del suegro de Pedro Sánchez”.

Santos Cerdán contó al juez que aquellas confidencias de la trama sobre las maniobras sucias de la policía patriótica del PP apenas le interesaron porque ya se habían publicado antes. Que no le contó nada a Pedro Sánchez y que tampoco encargó nada a partir de entonces a Leire Díez.

Pero aquella reunión en Ferraz, según ha acreditado ahora la investigación judicial, fue el comienzo de una relación discreta, pero intensa entre Cerdán y los dos integrantes de una trama que, hasta entonces, había dedicado todos sus esfuerzos a denunciar las actividades delictivas de las cloacas del PP. Durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy, la cúpula policial del ministerio del Interior fabricó pruebas falsas contra independentistas catalanes o dirigentes de Podemos y trabajó a espaldas del juez para destruir documentos sobre los 20 años de financiación ilegal de la formación conservadora.

Dolset, convencido de que su imputación por fraude en las subvenciones era un invento sucio de los directivos de un grupo empresarial con el que se alió, llevaba años denunciando en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía o en la Audiencia Nacional las fechorías de las cloacas del PP. Se hizo con ingente documentación comprometedora cuyo origen era el comisario José Manuel Villarejo y la trasladó a los tribunales con escaso éxito. Hasta hoy, ni los jueces ni la fiscalía han querido investigar la mayoría de las pruebas de múltiples corruptelas que Dolset registró en la Audiencia Nacional.

Mucho antes de iniciar junto a Leire Díez la colaboración con el PSOE, el empresario Dolset había denunciado ante la Fiscalía General del Estado al fiscal José Grinda, impulsor de su imputación en la Audiencia Nacional; y a su jefe, el fiscal Alejandro Luzón, por revelación de secretos o destrucción de pruebas. La Fiscalía General del Estado archivó todas estas denuncias.

Financiación de la trama

A partir del primer encuentro en la sede socialista de Ferraz, el jefe del partido, Santos Cerdán, dispuso la manera de financiar desde el PSOE los trabajos especiales de Díez y de Pérez Dolset. La trama conspiranoica decidió ampliar entonces sus objetivos y aunque siguió con la búsqueda de información sobre las cloacas del PP, se dedicó principalmente a las nuevas causas penales que afectaban a dirigentes socialistas. En el periodo de actuación de esta trama, los jueces imputaron a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno; a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo; a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE; a su asesor, Koldo García, y finalmente a Santos Cerdán; ex secretario de Organización del PSOE.

La estrategia de Díez y Pérez Dolset para “desestabilizar” esas causas judiciales siempre fue la misma y siempre fracasó. Buscaron trapos sucios de los principales investigadores de la corrupción socialista: los jueces Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma; el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, o el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la unidad de la Guardia Civil encargada de las principales investigaciones judiciales. La trama no dudó en utilizar el soborno en ocasiones como medio para lograr sus fines, según esa unidad de la Guardia Civil.

Leire Díez se presentó a algunas de las reuniones donde buscaba información comprometedora contra jueces o fiscales como “la mano derecha” en la sombra de Santos Cerdán, o una especie de agente encubierto del Gobierno con un poder ilimitado para conseguir cambios en la Guardia Civil o ascensos en la Fiscalía. Nada de lo que prometió para buscar información comprometedora se cumplió porque su poder sobre los aparatos del Estado era muy inferior al que se podía intuir por sus palabras. Ni siquiera la protección que le daba el número dos del PSOE, Santos Cerdán, le sirvió para cumplir sus promesas.

Un pacto “poco creíble” a Villarejo

Leire Díez fue capaz en este tiempo de contactar con las cloacas del PP para ofrecerles el cielo a cambio de confidencias del infierno. Prometió a Villarejo, el activista principal de la policía patriótica metido en las principales operaciones ilegales del mandato popular, un trato favorable del fiscal general del Estado –no regresar a la cárcel– a cambio de que aportara nuevas pruebas del aparato corrupto del Estado y contra los principales dirigentes del PP: el ministro del Interior, el presidente del Gobierno, la secretaria general, el secretario de Estado de Seguridad, el jefe de la policía...

Propuso al abogado de Villarejo unos acuerdos que debería cerrar con el fiscal encargado del caso. Pero este profesional nunca atendió al letrado, que acabó considerando los ofrecimientos de Leire Díez como “poco creíbles y fantasiosos”.

Al 'número dos' de Interior: “Los que me han dicho que me ponga al frente están entre Ferraz y Moncloa”

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, accedió a la desesperada –buscaba una salida a su situación judicial con una petición fiscal de 15 años de cárcel como jefe de la Operación Kitchen– reunirse con Pérez Dolset y con Díez. Son tres horas de conversaciones grabadas en las que Martínez confiesa que sabía que “lo de la cuenta de Pablo Iglesias en las Islas Granadinas era una falsificación” que la policía filtró a los medios afines al PP, o que “hubo actuaciones policiales encaminadas a generar causas o aflorar casos de corrupción de independentistas catalanes (…) se forzó la máquina para conseguir información de los Pujol”.

Martínez preguntó a Leire Díez qué obtenía él por aquella colaboración: “Tendré que saber cuál es el ofrecimiento porque la Fiscalía tampoco funciona con tanto automatismo”. Y Díez improvisó: “Por eso es que hay que ir a Fiscalía y decir esto es lo que tenemos y esto es a lo que vamos a llegar. No necesito exprimirte como un limón. Pero sí tenemos cosas flagrantes, de las que sean flagrantes, que sepamos que las intervenciones policiales dirigidas por Villarejo, Olivera o Marcelino, se ha hecho con causa política sin ser verdad, eso es un atentado contra los derechos de los ciudadanos”.

Martínez: ¿Y eso se lo trasladas a quién?

Díez: A los que me han dicho que me ponga al frente de esto.

Martínez: ¿Qué están en la calle Ferraz o en el Palacio de la Moncloa?

Díez: En la calle Ferraz comunicados con el Palacio de La Moncloa. Porque como bien sabes gobierna el partido de la calle Ferraz.

Al fiscal Stampa: “Soy una mano derecha de Cerdán que nunca va a aparecer por ningún lado”

El fiscal Ignacio Stampa investigó durante varios años el caso Villarejo e impulsó la apertura de piezas separadas antes de que nadie en el Consejo Fiscal le apoyará para mantener su plaza en la Fiscalía Anticorrupción. Stampa atribuye su despido de ese departamento a las maniobras de Dolores Delgado, entonces fiscal general del Estado, y Álvaro García Ortiz, que la sustituyó en el puesto. Leire Díez consiguió reunirse con Stampa, al que pidió pruebas de las conductas irregulares de su jefe, Alejandro Luzón, en la investigación del caso Villarejo. Para convencer a Stampa de que colaborara, Díez se presentó como “una mano derecha de Cerdán que nunca va a aparecer por ningún lado”, y le prometió que gracias a su poder de influencia, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le volvería a situar en la Fiscalía Anticorrupción. Stampa tampoco creyó a Díez, grabó el encuentro para, tiempo después, denunciar las maniobras de Díez.

La militante socialista fracasó en todos sus intentos. Sus promesas, según los indicios de la Guardia Civil, se han demostrado falsas. A un comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, llegó a contarle que los nombramientos del futuro jefe del Cuerpo los haría ella y que Marlaska había caído en desgracia por su gestión. Díez prometió al PSOE que tendría las pruebas de la corrupción en la instrucción de la juez Alaya. La contrató cuatro meses el despacho del exconsejero Gaspar Zarrías, condenado en el caso de los ERE, a razón de 4.000 euros al mes pagados por orden de Santos Cerdán. No consiguió nada.

Koldo García y José Luis Ábalos, pendientes de una sentencia en el Supremo que les puede llevar a la cárcel por muchos años, confiaron en que las maniobras de Díez para demostrar la corrupción en la Guardia Civil darían sus frutos y aliviarían su situación judicial. No sucedió.

Santos Cerdán también confió en aquella militante que llegó un día de abril de 2024 a su despacho cargada de informaciones explosivas contra el Gobierno de Mariano Rajoy. El ex secretario de Organización del PSOE acabó en la cárcel, donde estuvo cuatro meses antes de salir en libertad con varias causas pendientes en los tribunales.

Dolset y Díez mostraron en sus dos últimos años de actividades peligrosas una tendencia creciente a interpretar las causas judiciales contra la corrupción socialista como el producto genuino de una conspiración. Para combatir esa supuesta anomalía, la trama se aferró a las promesas fantasiosas en busca de hechos que nunca pudieron acreditar con los que pretendieron neutralizar a jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban la corrupción socialista.

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declaró esquivo el pasado 2 de febrero ante el juez Arturo Zamarriego. Acudía como testigo —el instructor rechazó citarle como investigado— en la causa abierta contra una trama conspiranoica vinculada y financiada por el PSOE. Esa trama, integrada por la militante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, buscó irregularidades y corruptelas en la actuación de los jefes de la Guardia Civil y de la Fiscalía que investigaban la corrupción socialista.

Cerdán intentó en el juzgado desvincularse de Díez. Contó al juez que la conoció en la primera reunión que tuvo con ella en abril de 2024, en los mismos días que Sánchez se tomó para reflexionar sobre si abandonaba la política tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez. Llegó Díez a la sede socialista de la calle Ferraz acompañada del empresario Javier Pérez Dolset, imputado desde hace nueve años en una de las piezas separadas del caso Tándem, un sumario interminable donde se investigan las operaciones ilegales del comisario José Manuel Villarejo y parte de la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP.

Ambos miembros de la trama le contaron a Cerdán que tenían audios grabados por Villarejo donde se acreditaba la existencia de una campaña ilegal desde el Ministerio del Interior para desprestigiar a Pedro Sánchez por los negocios de saunas de su suegro. Pero Cerdán, según su testimonio en el juzgado, despreció aquella información por ya conocida: se había publicado antes en algún medio de comunicación. De aquel encuentro, según el exsecretario de Organización, no dio cuenta al presidente del Gobierno. Tampoco le contó ni a Sánchez ni al juez Zamarriego que desde aquel 26 de abril de 2024 hasta el 21 de mayo de 2025 se reunió en hasta 22 ocasiones con Leire Díez, según ha descubierto ahora el juzgado que dirige Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

En su declaración del pasado febrero, apenas dos meses después de abandonar la cárcel, Cerdán sostuvo que no había pagado nada a Leire Díez ni le había encargado ningún trabajo. Sin embargo, la investigación de Pedraz considera acreditado que Cerdán ordenó financiar los trabajos conspiranoicos de Díez a través de un sistema opaco. El PSOE firmó contratos de asesoramiento con tres despachos: el del exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías; el de Ismael Oliver, defensor entonces de José Luis Ábalos; y el de Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán. El juez Pedraz sospecha que el dinero que el PSOE pagaba a estos tres despachos se empleaba en financiar el trabajo de Leire Díez en aquel tiempo. Junto a Pérez Dolset buscó información sobre irregularidades cometidas por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, o el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Ambos dirigen los departamentos que han investigado las tramas de corrupción que llevaron a la cárcel a Cerdán y a Ábalos, los principales colaboradores de Sánchez en el partido desde 2018.

El juez Pedraz ha imputado también a la gerente del PSOE, Ana Fuentes, por firmar los contratos de asesoría que ocultaban la financiación de las prácticas irregulares de Leire Díez. Portavoces del partido sostienen que la gerente firmó esos contratos sin conocer que el dinero destinado a los despachos de abogados acabaría financiando la trama conspiranoica. El presidente Sánchez, según fuentes del Gobierno, siente vergüenza por los hechos conocidos y por los engaños de Cerdán, que nunca le contó la puesta en marcha de este operativo. La investigación judicial no tiene aún indicios de que todas estas operaciones irregulares se hicieran por orden o con el conocimiento del secretario general del PSOE.

El juez Pedraz ordenó el pasado miércoles la intervención de la Guardia Civil durante más de diez horas en la sede del PSOE para requerir abundante documentación y los tres contratos sospechosos de asesoría jurídica que ocultaban supuestamente los pagos a Leire. Además, los agentes se llevaron algunas pertenencias de Santos Cerdán, entre ellas un ordenador que la Guardia Civil despreció durante el registro ordenado un año antes por el juez del Supremo, Leopoldo Puente, cuando investigaba un caso de supuesto amaño de contratos por el que acabó en prisión provisional el entonces secretario de Organización del PSOE.

La derecha política (Vox y PP) y la mediática atribuyen los hechos conocidos a unas “cloacas del PSOE” que apenas tienen parecido con las cloacas del PP que funcionaron en España entre 2012 y 2017. Aquellas cloacas perpetraron la Operación Kitchen, el espionaje ilegal al extesorero Luis Bárcenas para robarle documentación sobre la financiación ilegal del partido de Mariano Rajoy. Aquellas cloacas fabricaron pruebas falsas contra los adversarios del Gobierno: independentistas catalanes o dirigentes de Podemos. Esas pruebas falsas —cuentas corrientes en paraísos fiscales, patrimonios ocultos en Suiza, fuentes de financiación ilegal de un partido concreto— se convertían luego en informaciones escandalosas sin contrastar que difundían determinados medios y a veces terminaban en denuncias ante los tribunales, todas archivadas. Aquellas cloacas del PP tenían un poder real, dinero del presupuesto público para sus fechorías, el amparo de quien mandaba en el ministerio del Interior y el impulso del partido en el Gobierno.

La trama conspiranoica vinculada al PSOE que integraban Leire Díez y Javier Pérez Dolset carecía de poder real. La investigación no ha encontrado hasta ahora ningún indicio que permita aventurar que esta trama tuviera contactos o influencia en el ministerio del Interior; ni control sobre el funcionamiento de las unidades policiales anticorrupción, ni relación alguna con la Fiscalía General del Estado. Y pese a eso, en la búsqueda de trapos sucios para arremeter contra quienes investigaban la corrupción socialista, ofrecían a sus interlocutores todo tipo de mejoras debido a sus supuestos contactos con el poder político y judicial a cambio de información comprometedora para los que destapaban las corruptelas de dirigentes socialistas. Leire Díez y Javier Pérez Dolset nunca cumplieron sus promesas ni obtuvieron la información que perseguían y sobre la que elucubraban. El juez investiga si la trama intentó sobornar al fiscal José Grinda con 300.000 euros, algo que ha desmentido el propio afectado; o pagar 50.000 euros a Carmen Pano, una empresaria imputada que denunció que había llevado 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE en la calle Ferraz, algo también desmentido por la abogada presuntamente encargada del soborno a cambio de una rectificación.

Antes de su reunión con Cerdán en abril de 2024, la trama había denunciado muchas corruptelas de la policía patriótica que seguían impunes. Dolset registró en la policía, la Fiscalía y los juzgados de la Audiencia Nacional numerosos escritos reclamando la investigación sobre aquellos hechos, incorporando decenas de grabaciones de Villarejo que acreditaban las irregularidades policiales cometidas en la Operación Cataluña o en el espionaje a Pedro Sánchez. Sin ningún éxito.

Tras la reunión con Cerdán en la sede socialista de Ferraz, Leire Díez cambió algunos de los objetivos de sus denuncias. Se entrevistó con un empresario imputado por fraude fiscal en el negocio de hidrocarburos; con un comandante de la guardia civil imputado por su colaboración con la trama corrupta de Koldo García y José Luis Ábalos; con un fiscal anticorrupción que dejó el puesto en 2020 tras investigar decenas de casos vinculados a la corrupción policial en el ministerio del Interior, y hasta con el secretario de Estado de Seguridad del PP, Francisco Martínez, al que le pidió detalles sobre algunas operaciones ilegales de la Policía durante su mandato. Todos esos encuentros donde Leire prometía cosas que no podía cumplir fueron grabados. Ahora son la principal prueba de cargo contra esta trama conspiraonica vinculada y financiada por el PSOE gracias al impulso de Santos Cerdán.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como supuesto jefe de una trama corrupta enriquecida gracias al tráfico de influencias. La principal operación bajo sospecha en la que supuestamente intervino la red delictiva es el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El Consejo de Ministros aprobó el 9 de marzo de 2021 la concesión a la compañía de dos préstamos por 53 millones de euros a devolver en siete años. El PP denuncia por sospechosa la rapidez en la aprobación de ese rescate. En realidad se hizo ocho días más tarde del plazo máximo para resolver –seis meses– establecido en el decreto que regulaba estas ayudas extraordinarias. Calama interpreta algunos mensajes de directivos de Plus Ultra para situar a Zapatero como la principal vía de influencia que triunfó para que se aprobara el rescate. Esos mensajes se produjeron cuando la compañía se reunió con el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, para conocer detalles del Fondo creado para ayudar a empresas en pandemia.

El expediente completo de la tramitación del rescate de Plus Ultra, remitido por la SEPI al juzgado de instrucción número 15 de Madrid que investigó la operación tras una querella de Manos Limpias, detalla los múltiples controles internos y externos que superó la solicitud de ayuda de la compañía aérea sin hallar rastro de intervención política.

La solicitud pasó la revisión de la auditora financiera DAIWA CORPORATE ADVISORY, de la auditora jurídica DELOITTE, de la dirección general de Aviación Civil, de la Agencia de Seguridad Aérea y de la auditora Price Waterhouse (contratada por Plus Ultra para avalar el cumplimiento de todos los requisitos del rescate). La propuesta que finalmente hizo la SEPI, con la resolución estimatoria del Fondo de Ayuda, se basó “en las conclusiones de los informes” de las dos auditoras externas que analizaron la solicitud “sin incluir valoraciones de carácter discrecional”, según explica la Abogacía del Estado en un extenso informe remitido al juzgado. La instructora Esperanza Collazos investigó el rescate durante 19 meses y acabó archivando la querella presentada por Manos Limpias contra los principales directivos de la SEPI.

Sin el aval de esos dos informes, la ayuda no se habría aprobado. No consta ninguna intervención o presión política sobre esas dos empresas en la investigación abierta por el juez Calama en la Audiencia Nacional ni en los informes policiales que analizaron el caso. Los principales directivos de la SEPI encargados de gestionar el Fondo de Ayuda a empresas, Bartolomé Lora y José Ángel Partearroyo, han declarado en el Senado que no recibieron presiones de ningún ministro del Gobierno.

Plus Ultra es una sociedad anónima con domicilio en Alcobendas (Madrid) que inició sus operaciones en 2015 tras obtener el certificado de operador aéreo durante el mandato del PP. El año anterior a la crisis del coronavirus, la compañía transportó 176.396 pasajeros y 3.461 toneladas en sus cuatro rutas regulares (Madrid-Lima, Madrid-Caracas, Madrid-Quito-Guayaquil y Tenerife-Caracas) con una cuota de mercado del 11% en dichas rutas y una plantilla de 403 empleados (228 entre pilotos y personal de cabina). Ese año 2019 tuvo unos ingresos de 100 millones de euros y aprobó un presupuesto para 2020 con un resultado neto positivo por primera vez desde su fundación.

El Fondo de Ayuda que el Gobierno creó para ayudar a determinadas empresas con problemas de solvencia por la crisis del coronavirus establecía dos condiciones principales: la solvencia financiera antes de presentar la solicitud y que fueran “compañías estratégicas”.

El expediente remitido al juzgado acredita cómo se cumplieron ambos requisitos para aprobar el rescate de Plus Ultra. Pero las informaciones publicadas en algunos medios cuestionando la aprobación del préstamo a Plus Ultra obligaron al Gobierno a “extremar la prudencia”, según explicó la Abogacía del Estado, y se bloqueó el pago del 60% de los 53 millones. 

El 18 de marzo de 2021 se desembolsó únicamente el préstamo ordinario de 19 millones, “el más urgente para la cobertura de la tesorería de acuerdo con el Plan de Viabilidad, así como el de más fácil recuperación, si fuese preciso, por su menor importe y carácter no subordinado”. Sin embargo, el préstamo participativo de 34 millones quedó bloqueado. La compañía se quejó dado que tenía una “urgente necesidad de recibir la ayuda” para liquidar las deudas contraídas como consecuencia de su inactividad. Los 34 millones de euros se liberaron más de tres meses después, algo que comunicó la Abogacía del Estado a la juez que investigaba el rescate: “Deloitte ha remitido carta de 8 de junio de 2021 en la que, además de ratificar su informe emitido en el curso del expediente, manifiesta que, a su criterio no existe óbice legal para acometer el desembolso pendiente, sin perjuicio de que en caso de algún tipo de falsedad u ocultación por parte de la compañía quepa aplicar las causas de vencimiento anticipado que en el contrato se contempla”.

La juez Esperanza Collazos siguió investigando y 16 meses después archivó el procedimiento abierto tras la querella de Manos Limpias con la siguiente conclusión: “El delito de obtención de subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieses impedido, previsto y penado en el artículo 308 del Código Penal, requiriéndose como elemento del tipo el que sea cometido de forma dolosa, no cabe la comisión imprudente, lo que lleva a considerar, a la vista de las periciales practicadas que por parte de la empresa no se ocultaron datos, con el ánimo de defraudar, y deduciéndose de la prueba del careo que la interpretación contable siembra una duda sobre ese ánimo defraudatorio que la parte querellante afirma existir. Una cosa son prácticas contables no ortodoxas y otra, la comisión de un tipo penal”.

La cronología del préstamo que ahora cuestiona la Audiencia Nacional en el caso Zapatero es como sigue:

Una de las primeras solicitudes para el rescate: 1 de septiembre de 2020. Plus Ultra fue una de las primeras empresas en solicitar apoyo financiero acogiéndose al plan de rescate aprobado por el Gobierno. La propuesta fechada el 1 de septiembre de 2020 incluía un Plan de Viabilidad (elaborado por la consultora PriceWaterhouseCoopers) e información financiera y jurídica, así como las correspondientes declaraciones responsables y certificados para justificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para acceder al apoyo temporal con cargo al Fondo.

Tres requerimientos de subsanación en octubre, noviembre y diciembre de 2020. La comunicación entre los responsables del Fondo y Plus Ultra fue muy intensa en los primeros cuatro meses de tramitación de la solicitud, como ocurría con el resto de propuestas de empresas en dificultades. Se remitieron a la compañía aérea tres requerimientos de subsanación, mejora, complemento y aclaración de la solicitud. Plus Ultra atendió a todos los requerimientos, según el informe de la Abogacía remitido al juzgado. El fondo reclamaba a la aerolínea “más información económico-financiera y jurídica, necesaria para hacer la revisión de la solicitud por parte de auditoras externas”.

Los fundamentos del “carácter estratégico de la compañía”

La Abogacía del Estado justificó así el carácter estratégico de la compañía en el informe remitido al juzgado:

La solvencia financiera de Plus Ultra

Los asesores externos financiero y jurídico concluyeron “inequívocamente” que la empresa no estaba “en situación de crisis”. “El patrimonio neto a 31 de diciembre de 2019 no resulta inferior a la mitad del capital social suscrito (incluyendo un préstamo participativo de 6.304.000 euros, que representa el 63% del capital suscrito). La potencial beneficiaria no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, ni ha sido declarada insolvente y no ha recibido ayuda de salvamento ni ayuda de reestructuración (…) Los ratios de Deuda/Capital y de EBITDA/Intereses que presenta la potencial beneficiaria al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 (inferior a 7,5 y superior a 1,0, respectivamente) no superan los umbrales que determinan la calificación de ”empresa en crisis“, cumpliendo ampliamente con dichos ratios”.

Plus Ultra conoce con antelación la concesión del préstamo y lo aprueba en sus órganos sociales. “El Consejo Gestor, habiendo sido informado previamente en varias reuniones sobre la evolución del procedimiento administrativo de la solicitud, el 2 de marzo de 2021 adoptó resolución estimatoria de la solicitud condicionando la misma a la aprobación de los citados acuerdos por los órganos sociales de Plus Ultra y a la posterior autorización del Consejo de Ministros, de modo que tras la correspondiente aprobación por los órganos sociales de Plus Ultra en fecha 3 de marzo de 2021 se elevó la resolución a autorización del Consejo de Ministros”, que lo aprobó el 9 de marzo de 2021.

La presencia de los agentes de la UCO en la sede nacional del PSOE para requerir determinada documentación no tiene que ver con la búsqueda de una caja B, como aireó un digital y denunció el PP en el Congreso. Ese movimiento está vinculado a una pieza separada y secreta desgajada de la causa penal que asumió el juez Santiago Pedraz en diciembre pasado contra el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y la exmilitante socialista Leire Díez por el supuesto cobro de mordidas a cambio de contratos públicos.

El caso que ahora se investiga y que provocó la presencia de guardias civiles en la sede del PSOE tiene que ver con las actividades de Leire Díez, quien durante los últimos años ha maniobrado junto al empresario Javier Pérez Dolset, imputado en una de las piezas del caso Tándem y víctima del espionaje ilegal del comisario José Manuel Villarejo, para denunciar tanto las andanzas de la policía patriótica que funcionó en los seis años de Gobierno de Mariano Rajoy, como las supuestas corruptelas que —consideran— se esconden tras las nuevas operaciones judiciales y policiales contra dirigentes socialistas como José Luis Ábalos o Santos Cerdán.

La exmilitante socialista celebró reuniones en este tiempo, muchas de ellas grabadas, con guardias civiles, fiscales, o exdirigentes del PP ofreciendo en falso favores en nombre del Gobierno socialista a cambio de información sobre actividades corruptas del PP, de fiscales, de jueces o de guardias civiles.

La exmilitante socialista llegó a pronunciar en algunas de esas reuniones grabadas frases contra el principal investigador de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, quien dirige ahora las pesquisas contra esta supuesta trama. En una cita con empresarios imputados por fraude en el negocio de los hidrocarburos, Díez llegó a pedir documentos para desprestigiar al teniente coronel de la UCO con la promesa de que la Fiscalía favorecería a quien facilitara esa información. También se reunió con el fiscal Ignacio Stampa, que investigó durante años el caso Villarejo hasta perder la plaza que ocupaba en Anticorrupción. Intentó Díez, que acudió a la reunión junto a Pérez Dolset, sonsacar información a Stampa contra quien había sido su superior, el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón o contra el fiscal general de entonces, Álvaro García Ortiz.

Leire Díez acudió a la sede del PSOE en la calle Ferraz en la primavera de 2024 para entregarle al entonces secretario de Organización, Santos Cerdan, un pen drive con numerosos audios grabados por el comisario José Manuel Villarejo donde se relataban todo tipo de maniobras ilegales contra los adversarios políticos del PP: Podemos y sus principales dirigentes; los principales cargos independentistas catalanes o el entonces líder socialista, Pedro Sánchez. Junto a esos audios, el pen drive incorporaba documentación con denuncias archivadas por la Fiscalía Anticorrupción y las quejas formuladas ante Alejandro Luzón por los denunciantes.

Santos Cerdán no hizo nada con esa información hasta que se empezaron a conocer las maniobras de Leire Díez, quien decidió darse de baja como militante del PSOE. Fue entonces cuando Cerdán remitió a la Fiscalía General del Estado el pen drive con la información sobre las cloacas del PP “a los efectos oportunos”. La Fiscalía analizó esa documentación, pero no hizo nada.

El PSOE negó en aquellos momentos que Leire Díez trabajara o cobrara para el partido. Pero durante la investigación abierta en un juzgado de Madrid por estas maniobras de la exmilitante socialista, Gaspar Zarrías, exconsejero socialista andaluz durante los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, reconoció que durante tres meses pagó desde su despacho profesional a Leire Díez por investigar el caso ERE. Díez le había contado a Zarrías que disponía de información relevante que demostraría prácticas ilegales en la instrucción judicial de la causa penal abierta contra los principales dirigentes socialistas en Andalucía y que concluyó con duras condenas de cárcel para la mayoría de ellos.

El juez Santiago Pedraz investiga ahora las actividades de Leire Díaz para aclarar si se trató de una trama financiada por el PSOE y organizada con el único objetivo de obstaculizar procedimientos judiciales abiertos contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 cerró España durante meses con fuertes medidas de limitación de la movilidad para contener la expansión del virus. El impacto sobre la economía no tenía precedentes en la historia reciente. El Gobierno salió al rescate con un antídoto multimillonario, apoyando mediante préstamos a empresas de carácter estratégico “para evitar que las dificultades transitorias que padecen acaben teniendo un impacto social y económico contrario al interés general”.

El 9 de marzo de 2021, casi un año después del decreto de alarma que paralizó España por la pandemia, Plus Ultra recibió dos préstamos por 53 millones de euros (uno ordinario de 19 millones y otro participativo de 34 millones). Era la única solución para evitar su quiebra por inactividad y el Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, aprobó esta ayuda.

Los recursos públicos reservados para ese fin –10.000 millones de euros– dependían del Consejo Gestor, cuyo máximo responsable fue Bartolomé Lora, un técnico ascendido en 2017 por Cristóbal Montoro (PP) a vicepresidente de la SEPI y mantenido en ese puesto por el Gobierno de Pedro Sánchez. Otro técnico con una antigüedad parecida, José Ángel Partearroyo, director de Participadas de la SEPI, intervino activamente en el control del proceso para la adjudicación de ayudas.

Bartolomé Lora sostuvo en el Senado que nunca recibió presiones de ningún miembro del Gobierno para adjudicar los préstamos a determinadas empresas: “Tramitamos unos expedientes en base a las normativas europea y nacional, con un procedimiento riguroso y tasado”. Partearroyo coincidió con su jefe y añadió: “Para las ayudas a Plus Ultra nos basamos en los informes financieros que avalaban que se cumplían las condiciones de elegibilidad de la compañía”.

La investigación judicial abierta en el juzgado de instrucción 15 de Plaza de Castilla puso bajo sospecha esa ayuda a Plus Ultra, aireando un posible trato de favor en el rescate porque la compañía no cumplía supuestamente los criterios de solvencia para beneficiarse del préstamo de 53 millones aprobado por el consejo de ministros en marzo de 2021. Aunque esa causa fue archivada, su reapertura como consecuencia de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, ha vuelto a sembrar dudas sobre el rescate a Plus Ultra. El juez instructor, José Luis Calama, ha encontrado indicios de tráfico de influencias en el préstamo concedido a la aerolínea y ha citado como imputado al expresidente Rodríguez Zapatero.

El juez Calama reproduce en su auto algunas de las sospechas que el PP lanza contra el Gobierno por el polémico rescate de la compañía aérea.

1.- ¿Empresa estratégica con solo cuatro aviones? El PP cuestionó que el Gobierno informara a favor de considerar a Plus Ultra como “empresa estratégica” cuando tan solo disponía de cuatro aviones (dos A340-300 y dos A340-600) y denunció que sólo funcionaba uno de ellos, además de tener una cuota de mercado ínfima. Plus Ultra realizó 765 operaciones en 2019 sobre un total de 1.155.070 operaciones de pasajeros internacionales desde los aeropuertos españoles y en el año siguiente, en plena pandemia, hizo 220 de un total de 352.652 operaciones. La compañía operaba en España desde 2017 tras conseguir una licencia durante el mandato del Gobierno del PP. Plus Ultra recuerda que todos sus aviones estaban operativos y se utilizaban “aunque con menos actividad por las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia; se convirtieron en cargueros para transportar material con modelos de Airbus de fuselaje ancho para viajes intercontinentales”.

El expediente que dio lugar a la aprobación del préstamo incorporó informes de la secretaria de Estado de Transportes, la dirección general de Aviación Civil, la secretaría general de Industria, además de diversas consejerías de los gobiernos autonómicos de Andalucía, Castilla y León, Galicia y Madrid, todos ellos a favor de esa calificación basada en la normativa y jurisprudencia comunitaria, según el Gobierno. Europa asignaba carácter estratégico a diversos sectores: salud, turismo, cultura, comercio minorista y transporte; y destacaba que el tamaño de la beneficiaria de las ayudas no debía ser decisivo a la hora de considerar estratégica una empresa que solicitaba el apoyo temporal, según el Gobierno. Plus Ultra sostuvo por su parte que optó a esa vía de financiación pública extraordinaria porque formaba parte de “dos sectores estratégicos: Turismo y Transporte”.

2.- ¿Empresa solvente o empresa en crisis antes de solicitar el rescate? Pedro Martín Molina es el perito que informó al juzgado de Plaza Castilla sobre la situación de Plus Ultra cuando se acogió al Fondo de Ayuda. Su conclusión es que la aerolínea no cumplía la condición de no encontrarse en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019, pues existían “dudas más que razonables sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía a dicha fecha y, por tanto, sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública”. Pese a este informe pericial, la juez que investigaba el caso decidió archivarlo.

El juez Calama recuerda en su auto que “el análisis pericial determinó que Plus Ultra ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar”. El Gobierno cuestiona las conclusiones del perito y contesta que la aerolínea “no estaba en causa de disolución ni liquidación a 31 de diciembre de 2019” porque el préstamo participativo que había solicitado debía computarse como parte de su patrimonio neto. Además, el Ejecutivo asegura que cinco informes avalan que Plus Ultra no era una empresa en crisis: el auditor de la aerolínea, Price Waterhouse Coopers, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, DC Advisory (que prestó asesoramiento financiero al Fondo de Ayuda) y Deloitte. Estos informes técnicos fueron los utilizados para aprobar el préstamo. Todos ellos “verificaron la solidez financiera y la elegibilidad de la compañía”.

El juez Calama rebate esta tesis en su auto: “Los informes presentados por los asesores de la SEPI fueron redactados para justificar la concesión del rescate, pese a que Deloitte señalaba dudas sobre la capacidad de la aerolínea para seguir funcionando y advertían de problemas graves de caja. Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa había recurrido a diversas herramientas contables: un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp –que en realidad obligaba a inmovilizar fondos en un banco de Dominica–provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión”.

3.- Las razones del primer archivo judicial que avaló el rescate de Plus Ultra. El juzgado de instrucción número 15 de plaza de Castilla archivó hace dos años la investigación abierta tras las denuncias presentadas por Manos Limpias contra el rescate de Plus Ultra. La resolución, según Plus Ultra, señalaba que no había delito en la concesión del préstamo; que se cumplieron todos los requisitos para acceder a los fondos y que las dudas de interpretación contable sobre la solvencia de la compañía que expuso el perito judicial no eran suficientes para considerar que la aerolínea no tenía derecho a la ayuda.

4.- ¿Deudas vencidas con la Seguridad Social o al corriente de pago? El auto judicial contra Zapatero cuestiona que Plus Ultra se encontrara al corriente de pago con la Seguridad Social porque cuando presentó la solicitud, el 1 de septiembre de 2020, aún no tenía la resolución estimatoria del aplazamiento de una deuda de 451.954 euros, fechada el 5 de octubre de 2020, según el informe de Deloitte. La concesión de la ayuda por el Consejo de Ministros se aprobó en marzo de 2021. El Ministerio informó que la concesión del aplazamiento a Plus Ultra y la posterior reconsideración se ciñó en ese momento a la normativa vigente y al proceder normal en una situación de este tipo. Todos los aplazamientos concedidos finalizaron por pago“.

5.- La devolución de los dos préstamos, todavía pendiente. Plus Ultra ha pagado ya al Estado 12 millones de euros en intereses de los préstamos logrados, pero tiene pendiente desde marzo la devolución de 19 millones del préstamo ordinario y se le ha concedido un aplazamiento ante “la subida del coste del queroseno y los cierres en Venezuela”. Además, deberá devolver 34 millones más en marzo de 2028 del préstamo participativo.

6.- ¿A qué se dedicaron los 53 millones del rescate? El juez Calama sostiene que Plus Ultra hizo “pagos cuantiosos tras el rescate a sociedades que no formaban parte de la operativa normal de la aerolínea, con transferencias relevantes a empresas que no figuraban en ejercicios anteriores y que no tenían relación directa con la actividad de Plus Ultra”. El Gobierno detalla que la compañía aérea ha destinado los 53 millones del préstamo a pagos a acreedores (40%); nóminas, impuestos, seguros sociales, transición ecológica y digital y gastos financieros (22%); reembolsos a pasajeros (19%) y capital de trabajo (19%).

7.- Los pagos a Zapatero, los ingresos de Julio Martínez Martínez y la aprobación del préstamo. El juez Calama se basa en los informes policiales de la UDEF para señalar que Zapatero cobró dinero de Julio Martínez Martínez, asesor de Plus Ultra, por influir en el rescate de la aerolínea. Los ingresos acreditados del expresidente del Gobierno a través de Análisis Relevante, consultora de Julio Martínez, comenzaron en octubre de 2020, mucho antes de que Plus Ultra recibiera el préstamo de 53 millones (marzo de 2021).

Por su parte, Julio Martínez firmó un contrato de asesoramiento a Plus Ultra en julio de 2020 (a razón de 5.000 euros más IVA al mes), cuando la compañía ni siquiera había iniciado los trámites para acogerse a las ayudas del Gobierno. En el registro de su domicilio se encontró un borrador de contrato fechado en enero de 2021 por el que cobraría el 1% del rescate si el consejo de ministros lo aprobaba. Zapatero ha negado que hiciera gestiones con miembros del Ejecutivo para el rescate de la aerolínea, y mucho menos que cobrara por nada relacionado con esa operación. Directivos de Plus Ultra presumieron de que “el pana Zapatero” estaba detrás de sus gestiones para acogerse al rescate. La única reunión que mantuvo Zapatero con José Luis Ábalos, exministro de Transportes, fue posterior a la aprobación de la ayuda a Plus Ultra, según cuenta su entorno, y no trató sobre esa cuestión. Los informes que elaboraba para Análisis Relevante nunca trataron aspectos relacionados ni con este rescate ni con Venezuela, según su entorno.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha escrito en un auto de 88 páginas que José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, “dirigió una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas a favor de terceros”. Calama tomará declaración a Zapatero el próximo 2 de junio en calidad de investigado. Es la primera vez en la reciente etapa democrática que un presidente del Gobierno es imputado por corrupción.

La influencia delictiva que el juez atribuye a Zapatero es doble: nacional e internacional. En España, el expresidente favoreció, mediante una supuesta presión a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, el rescate de la aerolínea Plus Ultra –un préstamo de 53 millones de euros– aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021.

En Venezuela, Zapatero –cuya gestión sin lucro durante años facilitó la liberación de decenas de presos– influyó supuestamente en el Gobierno de Nicolás Maduro por algunos problemas de Plus Ultra para operar en ese país.

El juez Calama basa sus afirmaciones en los trabajos de la UDEF, unidad policial especializada en la investigación de tramas corruptas. Entre las pruebas manejadas por la UDEF se encuentra el contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, el socio venezolano de Plus Ultra hasta hace unos meses (tenía el 40% de las acciones) donde aparecen mensajes sugiriendo que “el pana Zapatero” está detrás de las gestiones de la compañía aérea para lograr el rescate en plena pandemia.

El relato policial asumido por el juez en la resolución judicial concluye que la influencia de Zapatero fue decisiva para el éxito de la operación.

Es una conjetura basada en indicios endebles: los comentarios por Whatsapp del socio venezolano, y el conocimiento con una semana de antelación de la concesión de la ayuda por parte del Consejo de Ministros. Las investigaciones abiertas –una de ellas en el Senado– sobre cómo se concedió la ayuda a Plus Ultra acreditan que tanto Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, como José Ángel Partearroyo, director de participadas de la SEPI, han declarado que para el rescate de esa línea aérea no recibieron presión de ningún ministro o dirigente del Gobierno y se basaron en los informes financieros que avalaban que se cumplían las condiciones de elegibilidad de la compañía.

Si Zapatero, como sugiere la policía interpretando mensajes del socio venezolano de Plus Ultra, gestionó la primera reunión que la compañía tuvo en el ministerio de Transportes, esa cita no sirvió para determinar la aprobación del préstamo. Uno de los directivos de la compañía así se lo hizo saber al socio venezolano: “Transportes no decide las compañías que se pueden acoger a la ayuda, la SEPI creará un consejo económico para valorar y decidir las solicitudes”. Plus Ultra (4 aviones, 350 trabajadores) presentó su solicitud el 1 de septiembre de 2020 y el préstamo fue aprobado en marzo de 2021, seis meses después, al límite del plazo máximo previsto para resolver.

Todas las líneas aéreas que solicitaron acogerse a las ayudas estatales por la pandemia fueron rescatadas por el Gobierno: Air Europa (46 aviones, 3.000 trabajadores) con 475 millones; Volotea (41 aviones, 2.250 trabajadores) con 200 millones; y Air Nostrum (41 aviones, 1.500 trabajadores) con 111 millones.

El relato judicial considera “indiciariamente acreditado” que Zapatero dio la orden de “crear una estructura societaria en Dubai cuyo plan de negocio preveía ingresos de tres millones de dólares en cinco años” y a la que poder derivar la supuesta comisión del 1% (530.000 euros) por el éxito del rescate de Plus Ultra. La investigación judicial no ha aportado todavía las pruebas de que esa sociedad se creara realmente ni tampoco de que recibiera los 530.000 euros, una supuesta mordida que el entorno de la compañía niega que se pagara y que figure como una salida de fondos en las cuentas de Plus Ultra.

Junto a esas conjeturas con las que el juez Calama ha reforzado el relato judicial contra Zapatero hay hechos acreditados sobre ingresos económicos del expresidente del Gobierno de difícil justificación procedentes de una consultora propiedad de Julio Martínez, empresario al que contrató Plus Ultra en el verano de 2020, coincidiendo con el inicio de las gestiones para conseguir el préstamo del Gobierno en plena pandemia.

Julio Martínez, amigo de Zapatero con el que salía a correr por el monte del Pardo, trabajó desde entonces como intermediario ante las autoridades de Venezuela para resolver problemas de Plus Ultra en ese país. El empresario cobró por ese trabajo 72.600 euros anuales y lo hizo con extraordinaria eficacia, según la compañía aérea. Julio Martínez logró, gracias a sus contactos con las autoridades venezolanas, aplazar una deuda de siete millones de euros con la petrolera PDVSA; o conseguir permisos excepcionales de vuelo para operar en Venezuela durante la pandemia o agilizar autorizaciones para nuevas aeronaves de Plus Ultra.

El relato del juez sostiene que esas gestiones exitosas son parte del tráfico de influencias que atribuye a Zapatero, el supuesto líder de la trama, aunque entre las pruebas recabadas por la UDEF no hay conversaciones directas del expresidente o mensajes donde se pueda intuir que él siempre está detrás del éxito de las gestiones de Julio Martínez.

Más de 600.000 euros en cinco años

El caso probado es que mientras Julio Martínez facturaba grandes cantidades de dinero por sus gestiones exitosas en Venezuela, gastaba una buena parte del dinero conseguido en contratar a Zapatero y a sus hijas por supuestos informes geoestratégicos que luego no rentabilizaba de ninguna manera. La familia Zapatero ingresó más de 600.000 euros de Julio Martínez en cinco años por unos servicios dudosos.

La tesis de la policía, y del juez, es que el expresidente del Gobierno cobró sus servicios de influencia en Venezuela a través de la consultora creada por Julio Martínez.  

El Código Penal castiga “al particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero”. En el rescate de Plus Ultra, la investigación judicial todavía no ha hallado o no ha mostrado las pruebas de que la influencia de Zapatero consiguiera una resolución favorable. En el caso de Venezuela, todavía no hay pruebas de que las gestiones exitosas de Julio Martínez a favor de Plus Ultra fueran en realidad consecuencia de la influencia de Zapatero en las autoridades venezolanas. Pero el expresidente y sus dos hijas cobraron en esos mismos años más de 600.000 euros de Julio Martínez por servicios de difícil justificación.

Víctor Aldama, el jefe de la trama corrupta que colonizó el Ministerio de Transportes y ensució para siempre al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, ambos en prisión a la espera de sentencia, sigue enredado en la espiral de las mentiras para tumbar al Gobierno de Pedro Sánchez.

El último bulo, al que se ha enganchado el PP como a un clavo ardiendo, tiene que ver con una mentira anterior que Aldama lanzó en una de las cadenas de televisión asociadas a las patrañas del empresario corrupto contra el Ejecutivo. Aldama dio a entender en Telemadrid, en una entrevista concedida en enero de 2026, que le encarcelaron en octubre de 2024 por el caso hidrocarburos porque no accedió al intento de soborno del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quién llamó supuestamente a su portavoz, Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero a cambio del silencio del empresario.

La contratación de Bermejo por parte de Aldama es a finales de noviembre de 2024, un mes después de la supuesta llamada de Bolaños. Un intento de soborno del que Aldama hablaba por primera vez más de un año después de que, supuestamente, se produjera. Y sin ofrecer prueba alguna, pero que provocó el escándalo de los periodistas que le jaleaban en la tertulia.

Durante el juicio en el Supremo, donde la Fiscalía Anticorrupción le pide siete años de cárcel con posibilidad de una rebaja sustancial por su supuesta colaboración esencial con la Justicia, Aldama presumió de que ningún dirigente socialista le había demandado por sus acusaciones. Un día después, Bolaños presentó la denuncia: “No conozco ni he hablado nunca, ni tengo ni he tenido relación personal alguna con el demandado ni con su responsable de comunicación que, según manifiesta el señor Aldama, se llama Ramón Bermejo. Mi relación personal es total y absolutamente inexistente, nunca he mantenido una conversación ni telefónica ni de ningún otro tipo con el señor Aldama ni con el señor Bermejo, ni vinculada a las declaraciones del demandado, ni relacionada con ningún otro asunto. Es más, ni siquiera tengo sus números de teléfono”.

Bermejo, que según ese relato le contó a Aldama el intento de soborno, facilitó a El Debate información de hasta 15 llamadas de teléfono supuestamente con origen o destino en algún departamento del complejo de la Moncloa, sin aclarar su contenido o siquiera la persona con la que habló, pero sí las fechas en las que se produjeron esas supuestas comunicaciones comprometedoras: entre el 25 de junio y el 27 de agosto de 2024.

Aldama agradeció el nuevo bulo: “Señor Bolaños, una vez más parece que no MIENTO!”. Y el PP se lanzó en tromba a publicitarlo para acusar de nuevo al Gobierno sin pruebas.

Resulta que en el periodo de las supuestas llamadas (junio a agosto de 2024), Aldama no había dado señales de querer colaborar con la Justicia para denunciar comportamientos corruptos de dirigentes socialistas. Más bien al contrario. Llevaba imputado en el caso de las mascarillas desde febrero de 2024 sin hacer amago de confesión ante el juez instructor o en los medios de comunicación a los que luego se abonó para lanzar sus acusaciones.

¿Cómo podía el PSOE ofrecer dinero a cambio de silencio sin saber que Aldama tenía una manta y pretendía tirar de ella?

En aquellas fechas, el PSOE ya había despedido a Ábalos (febrero de 2024), pese a que no estaba imputado todavía en la causa. El exministro rechazó dejar el escaño y se pasó al grupo mixto.

El empresario corrupto solo delató a sus socios de la supuesta organización criminal en el Ministerio de Transportes cuando le encarcelaron por otra trama de delincuencia relacionada con el negocio de hidrocarburos.

Cuando salió en libertad (21 de noviembre de 2024) tras aceptar confesar su culpa y el pago de comisiones ilegales en el caso de las mascarillas, amenazó públicamente al Gobierno de Pedro Sánchez con revelar nuevas corruptelas. En ese momento, noviembre de 2024, ya declaró Aldama que no conocía de nada ni a Bolaños, ni al ministro Óscar López, y se lamentaba de que estos dirigentes socialistas le criticaran. “Es duro ver que hay gente como el señor Bolaños o el señor Óscar López que no les había mencionado en ningún momento y que no me conocen de nada, que hablan de mí de oídas o porque esta gente siempre que habla de alguien, habla sin informarse. No es la primera vez que cometen errores hablando y luego se demuestra que es mentira o que lo que dicen no es tal cual”. No parece que entonces supiera que Bolaños estaba intentando sobornarle. Y eso pese a que fue en esos días de noviembre de 2024 cuando supuestamente contrató como portavoz a Bermejo para que le paseara por radios y televisiones esparciendo todo tipo de acusaciones sin pruebas. Bermejo no le dijo nada o, si se lo dijo, dejó que pasaran 14 meses para denunciarlo.

En el periodo de los contactos comprometedores (junio a agosto de 2024) entre Bermejo y algún departamento de Moncloa, el corrupto Aldama no había contratado como portavoz a ese profesional de los medios de comunicación que, según indican fuentes del Gobierno, llamó de manera insistente a departamentos que nada tenían que ver con Bolaños para ofrecer supuesta información que nadie atendió. Ni rastro de un supuesto soborno de Bolaños a Aldama y múltiples pruebas de un nuevo bulo del “colaborador esencial de la justicia” que sigue en libertad a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo.

El empresario comisionista Víctor Aldama fue durante al menos tres años (2018-2021) el jefe de una trama corrupta instalada en el Ministerio de Transportes que se enriqueció gracias a los favores de José Luis Ábalos, quién se dejó sobornar a cambio de facilitar negocios muy lucrativos. Así lo contó en el Supremo hace solo unos días el jefe de la UCO que investigó los hechos.

Aldama, corrupto confeso, decidió colaborar con la Justicia en noviembre de 2024, nueve meses después de que fuera imputado por el mayor caso de corrupción que golpeó al primer Gobierno de Pedro Sánchez donde Ábalos era una figura clave. El empresario confesó su culpa y acusó a numerosos dirigentes socialistas de distintos amaños corruptos. Así pudo salir de la cárcel, donde estaba preso por otro caso de corrupción vinculado a un fraude fiscal multimillonario en el negocio de hidrocarburos.

La extraña excarcelación de Aldama fue impulsada por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, sin la bendición de sus superiores.

Año y medio después, el supuesto jefe de la trama corrupta llega al final del juicio en el Tribunal Supremo enfrentado a una petición de pena máxima (siete años de cárcel) más de tres veces inferior a la que soporta Ábalos (24 años), el exministro que sucumbió supuestamente a los sobornos de Aldama —“era quién mandaba y pagaba”— y le favoreció en diversos contratos públicos.

En noviembre pasado, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular unificada, en manos del PP, presentaron sus escritos con petición de penas para los tres procesados. Ambas partes aplicaron a Aldama la atenuante de confesión de culpa. “Concurre en Víctor Aldama la circunstancia atenuante analógica 7ª en relación con la atenuante de confesión, 4ª del artículo 21 del Código Penal (apartado IX de la conclusión Primera)”, escribió Luzón.

Han pasado seis meses, y Aldama ha convencido a la acusación popular unificada —dirigida por el PP e integrada por la derecha y ultraderecha judicial (Manos Limpias, Vox, HazteOír) más una asociación de abogados progresistas (Adade)— para pedir ahora una atenuante muy cualificada que rebaja en dos grados la pena de manera que Aldama pueda evitar la cárcel. Luzón, según escribieron ayer distintos medios, era partidario de una medida similar a favor de Aldama, pero la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, defendió en una conversación estrictamente jurídica que no cabía aplicar esa medida ante el comportamiento del empresario corrupto.

La jurisprudencia señala que para aplicar la atenuante muy cualificada —que permite reducir la pena en uno o dos grados— es necesario que la colaboración con la Justicia sea excepcional y eficaz, que las pruebas que aporte permitan el esclarecimiento de los hechos y que ayude a procesar a otros participantes en el delito con una declaración veraz y completa, sin añadir falsedades que desvirtúen esa colaboración y perjudiquen a otros sin fundamento.

No parece que seis meses después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera siete años de cárcel para Aldama aplicándole la atenuante de la confesión de culpa, existan hechos nuevos que permitan modificar el escrito de acusación para rebajar aún más la petición de penas.

Aldama incumple la mayoría de los requisitos de la atenuante muy cualificada por colaboración con la Justicia. Lleva año y medio esparciendo bulos, conjeturas sin base y acusaciones sin pruebas ante distintos tribunales, cadenas de televisión y emisoras de radio.

Pedro Sánchez, un jefe de la trama que agradecía a Aldama cosas que no habían ocurrido

El empresario comisionista declaró ante los siete magistrados que le juzgan en el Tribunal Supremo que el jefe de la trama corrupta en la que él había participado era Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Todas las pruebas que aportó para sostener esa teoría están llenas de grietas.

Contó Aldama al tribunal que tras la foto que se hizo con Sánchez a principios de 2019 durante la presentación de Pepu Hernández como candidato socialista a la alcaldía de Madrid, el presidente del Gobierno le dijo: “Muchas gracias. Sé todo lo que estás haciendo”. Para entonces, lo que estaba haciendo Aldama a favor del PSOE era nada, según le recordó el fiscal anticorrupción en el juicio: “¿Pero usted todavía no había hecho nada, no?”, preguntó Luzón.

Aldama detalló que, a partir de 2020, Koldo García, asesor del ministro Ábalos durante el trienio del pillaje, le propuso que intermediara con empresas constructoras para el cobro de mordidas por el amaño de obras públicas y le dijo que con ese dinero se financiaba el PSOE. Pero no hay ni un solo indicio de financiación ilegal del PSOE a través del amaño de obras, según las investigaciones abiertas en varios órganos judiciales Tampoco existe prueba en el sumario que demuestre que Koldo García le hizo ese encargo.

El empresario apoyó todas sus conjeturas sobre Sánchez en el hecho de que el presidente del Gobierno estaba al tanto de los negocios ilegales porque Koldo García se lo contaba por teléfono. Pero el único número de teléfono del ahora presidente del Gobierno que halló la UCO en todas las agendas de los dispositivos móviles incautados a Koldo García correspondía al que dejó de utilizar Pedro Sánchez en julio de 2017. Las conversaciones que supuestamente escuchó Aldama se produjeron dos años después.

Mordidas en decenas de obras públicas que nunca pudo adjudicar Ábalos

En su primera confesión para colaborar con la Justicia, Aldama presentó unas fotocopias del anexo de inversiones de los presupuestos generales del Estado correspondiente a decenas de obras —subrayadas en distintos colores— que supuestamente se iban a amañar a cambio de mordidas. Muchas de las obras subrayadas no se licitaron siendo Ábalos ministro, y otras muchas ni siquiera se habían sacado a concurso cuando Aldama presentó los papeles. Leopoldo Puente, el juez instructor, advirtió en una de sus resoluciones que las acusaciones del empresario no estaban “mínimamente acreditadas”.

Aldama también presentó un manuscrito, obra de Koldo García, con seis nombres de lugares y de empresas supuestamente favorecidas por contratos de obras. El ministerio que dirige Óscar Puente investigó esos trabajos: uno de ellos aún no se había licitado; otro se adjudicó cuando Ábalos ya no era ministro; tres contratos se dieron a la oferta más baja y el restante fue a la propuesta técnica mejor puntuada.

El apartamento con señoritas que nunca usó el ministro Ángel Víctor Torres

Aldama declaró ante el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, que alquiló un apartamento en la calle de Atocha de Madrid en noviembre de 2018 para uso y disfrute de Ábalos, García y el ministro Ángel Víctor Torres: “Ese piso lo pago yo y lo busco yo para encuentros con señoritas que nada que tienen que ver con una reunión empresarial”. El instructor pidió pruebas y Aldama entregó el recibo del apartamento donde figuraba el periodo alquilado: del viernes 9 de noviembre de 2018 a las 16.00 hasta el sábado 10 de noviembre de 2018 a las 11.00. Pero Ángel Víctor Torres estuvo todo ese viernes 9 de noviembre en las Islas Canarias: presentó en Tenerife una enmienda a la totalidad contra los Presupuestos del Gobierno canario, y se desplazó a las 20.00 a Gran Canaria. Al día siguiente voló a Madrid, donde aterrizó a las 10.30 para viajar hasta Fuenlabrada donde asistió a un acto del PSOE después de las 11 de la mañana, cuando el piso de la calle Atocha ya no estaba alquilado.

Cuentas (falsas) en República Dominicana de Begoña Gómez, y media docena de ministros

Aldama reveló en la cadena Cope que había “visto pantallazos” de una cuenta bancaria en República Dominicana a nombre de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, con seis millones de dólares. La acusación del empresario se extendía a media docena de ministros de Pedro Sánchez y hasta al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que también guardaban sus fortunas opacas en aquel país. “Existe una denuncia de un particular en Fiscalía con sello de entrada y con fecha del 13 de enero. Yo tengo copia de esa denuncia y del listado de cuentas. Este particular lo tiene muy bien atado. He visto la trazabilidad de las cuentas. Es algo que me parece que hay que investigar y que me parece gravísimo”, denunció Aldama en uno de los medios que recogía su basura de vez en cuando.

A esas horas, la Fiscalía Anticorrupción de Alejandro Luzón ya había investigado y archivado la denuncia de las fortunas ocultas de dirigentes socialistas en República Dominicana por su “nula credibilidad”: “Los documentos aportados no corresponden con los de ninguna entidad bancaria, pues la información recogida no tiene como soporte documentos de los bancos a los que se refiere, son documentos confeccionados por un tercero que siguen un mismo patrón o forma de elaboración pese a tratarse de entidades distintas, todos en castellano y sin ningún signo distintivo de la marca o nombre de la entidad bancaria”, señaló Luzón en el decreto de archivo. El mismo fiscal anticorrupción que ahora coquetea con la idea de rebajar aún más la pena a Aldama, ya supo hace más de un año que algunas de las acusaciones que lanzaba el empresario corrupto en los medios de comunicación eran falsas.

Rescate de Plus Ultra: “10 millones que cobró Zapatero en Panamá, que también son de Sánchez”

Hace solo ocho meses, poco antes de que la Fiscalía Anticorrupción pidiese siete años de cárcel para Aldama aplicándole la atenuante de la confesión y la colaboración con la Justicia, el empresario corrupto disparó contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y contra el presidente Pedro Sánchez a cuenta del denominado rescate de Plus Ultra —un préstamo de 50 millones de euros para evitar la quiebra de la empresa en plena pandemia—. Aldama aseguró que esa operación se había aprobado en el Consejo de Ministros gracias a la presión de Zapatero.

La prueba de Aldama para una acusación tan grave era el asesor de Ábalos: “Koldo me le encuentro un día muy alegre y me dice, ya estará contento el imbécil este que va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá. Plus Ultra, según Koldo, hace una trasferencia de 10 millones a Panamá para las comisiones del señor Zapatero que, entiendo que por la insistencia de Sánchez a Ábalos, también son de Sánchez”, declaró Aldama en el programa Horizonte de Iker Jiménez.

La conjetura de Aldama era poco menos que increíble e ilógica: los dueños de Plus Ultra habrían pagado 10 millones de euros en mordidas a cambio de lograr un préstamo de 50 millones que tenían que devolver.

La imposible obstrucción a la Justicia del ministro que nunca habló con Aldama

En noviembre de 2024, Aldama reconocía en una entrevista tras salir de prisión que no conocía de nada al ministro de Justicia, Félix Bolaños: “Es duro ver que hay gente como el señor Bolaños o el señor Óscar López que no les había mencionado en ningún momento y que no me conocen de nada, que hablan de mí de oídas o porque esta gente siempre que habla de alguien, habla sin informarse. No es la primera vez que cometen errores hablando y luego se demuestra que es mentira o que lo que dicen no es tal cual”.

Solo 14 meses después, Aldama acudió a un programa de Telemadrid para denunciar un intento de soborno del ministro que, según dijo tras salir de la cárcel, no le conocía de nada y del que nunca antes había hablado: “El señor Bolaños contactó con mi director de comunicación, el señor Bermejo, y me ofreció mucho dinero, yo no voy a decir cuánto, para que me callara, dinero para mí. Por eso, como no accedemos, me montan todo el lío para meterme en la cárcel”. ¿Eso fue antes de entrar en prisión [en octubre de 2024]?, le preguntaron. “Sí”, contestó.

El ministro Bolaños presentó el pasado viernes una querella por difamación contra el intermediario y comisionista corrupto: “No conozco a Aldama ni a su director de comunicación. Es todo falso”.

El fraude electoral de 2023, un “amaño de papeletas” que solo vio Aldama

“Hay que ver cómo se financian los partidos políticos y alguna otra cosa que tenga que ver con Indra [la empresa que gestiona el recuento en los procesos electorales en España]”. Aldama sugirió en otra entrevista que durante las elecciones generales de 2023, que ganó el PP aunque no pudo formar gobierno, hubo un “amaño de papeletas u otra serie de cosas, como también hablaban ellos en las generales con las famosas urnas que llegaban a Ifema. Hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora”. No hay una sola prueba o indicio de lo que sugirió el empresario sobre un fraude electoral en España.

La contratación de mascarillas en España se guio por la ley de la selva durante los meses más mortales de la pandemia. Las administraciones públicas gastaron 2.000 millones de euros en material sanitario. Los controles en la contratación pública habían saltado por los aires, suspendidos por el decreto de alarma cuando fallecían cientos de personas al día en España. No había concurrencia de ofertas, se contrataba a dedo, sin límite de precios ni acreditación de solvencia o experiencia en el sector.

La Fiscalía Anticorrupción lo dejó por escrito: “La Administración Pública puede adjudicar un contrato directamente a una empresa preseleccionada, en lugar de utilizar un procedimiento competitivo normal. Esta excepción [de la contratación de emergencia] tiene como fin que los compradores públicos adquieran suministros y servicios de primera necesidad en el plazo más breve posible (…) Este tipo de adquisiciones de emergencia son una herramienta de contratación que por sus características inherentes resultan vulnerables ante ciertas prácticas ilícitas”.

Decenas de empresarios lograron un enriquecimiento obsceno, pero legal. 

El Ministerio de Transportes compró de urgencia millones de mascarillas (marzo de 2020) a Soluciones de Gestión, la firma impulsada por Víctor Aldama, el empresario que en aquel tiempo pagaba el apartamento donde vivía la pareja sentimental del ministro José Luis Ábalos. La Fiscalía Anticorrupción no encontró nada anómalo en este procedimiento, según la querella presentada contra Koldo García, asesor de Ábalos: “La contratación pública efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y COVID-19”.

La práctica ilícita en estos contratos que no presentaban “irregularidades significativas” consistió en que el empresario Aldama, según confesó a cambio de salir de prisión por otro caso de corrupción, pagó una comisión ilegal al ministro Ábalos (250.000 euros) y otra a su asesor Koldo García (150.000) por haberle facilitado esos contratos. La investigación judicial no ha encontrado todo ese dinero del soborno.

El Ministerio de Transportes pagó 2,5 euros por cada una de esas mascarillas vendidas por Aldama. Otras administraciones compraron en las mismas fechas el mismo material por casi el triple, más de seis euros. Pero en esos otros contratos, salvo casos contados como el de la Diputación de Almería que todavía se investiga, no hubo pago de mordidas a los responsables públicos que facilitaron la operación. 

Conclusión: las administraciones públicas podían adjudicar contratos millonarios a dedo, beneficiar con ello a familiares o amigos o conocidos de los gobernantes y hacerlo sin concurso previo, sin límite de precio, sin concurrencia de ofertas, y sin acreditar solvencia o experiencia.

Todo valía en pandemia para sobrevivir a un virus que mató en España a más de 150.000 personas entre 2020 y 2023. Decenas de empresarios se enriquecieron como nunca a cuenta de la compra de mascarillas en China y su venta, por el doble o el triple, a administraciones públicas españolas que buscaban a ciegas un material vital en esos momentos.

Un amigo de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y de su hermano, Tomás Díaz Ayuso, tenía una empresa de ropa infantil, Priviet, que aprovechó la emergencia para ganar un millón de euros en apenas unos días gracias al contrato que logró con la Comunidad de Madrid. El hermano de Ayuso, que conocía el sector y gestionó la compra de mascarillas en China, se llevó 234.000 euros de comisión en esa operación. De los 37 contratos que formalizó la Comunidad de Madrid en aquellas fechas, el de las mascarillas del hermano de Ayuso fue el cuarto más caro (seis euros por unidad). Priviet, la empresa del amigo de Díaz Ayuso, compró por 500.000 euros el material que vendió a la consejería madrileña de Sanidad por 1,5 millones.

Un alto responsable de la Fiscalía zanjó así el aparente escándalo: “La avaricia no es delito”. Anticorrupción encontró argumentos suficientes para exculpar a la presidenta madrileña del obsceno negocio de las mascarillas que benefició a su hermano: “Aunque Tomás Díaz Ayuso, hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido una relación comercial con Priviet por la que ha percibido una comisión, para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar aquel tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno”.

La rapiña en la pandemia añadió una variante derivada de la avaricia. Algunos de los que se enriquecieron a cuenta de la compraventa de mascarillas en pandemia intentaron engañar a Hacienda para que su beneficio fuera mayor.

La Agencia Tributaria atribuye a Víctor Aldama un delito fiscal penado con varios años de cárcel. “Utilizó mecanismos defraudatorios para reducir la carga fiscal del ejercicio de 2020”, en el que ganó seis millones de euros por su intermediación en la venta de mascarillas al ministerio de Transportes y otros organismos públicos. Aldama “facturó a través de dos sociedades interpuestas de manera artificiosa la prestación de servicios personalísimos obteniendo un importante ahorro fiscal (...) ascendiendo la cuota defraudada a 2,4 millones de euros”, señala la Agencia Tributaria.

También es el caso de Alberto Luceño, quien junto a Luis Medina logró a dedo un contrato millonario para vender material sanitario chino al Ayuntamiento de Madrid a uno de los precios más caros en aquel momento: seis euros por mascarilla. La Audiencia Provincial absolvió a ambos del delito de estafa agravada al considerar que no había quedado probado que engañaran a los responsables municipales ocultando que iban a cobrar una comisión de seis millones de euros por la operación. Sin embargo, Luceño fue condenado por fraude a Hacienda a casi tres años de cárcel y 3,5 millones de multa.

El comisionista Alberto González Amador, novio de Ayuso, cobró casi dos millones de euros en concepto de comisión —el 4,5% de la operación— por intermediar entre dos empresas españolas en la compraventa de mascarillas durante los peores meses de la pandemia. La operación era impecable desde el punto de vista legal, pero González Amador defraudó al fisco, según reconoció el mismo mucho tiempo después, para ahorrarse 155.000 euros que debería haber pagado por los beneficios que le dejó esa intermediación, según la Agencia Tributaria.

Algunas de esas operaciones fueron investigadas por la Fiscalía Anticorrupción sin hallar motivos para un reproche penal a los dirigentes políticos en el hecho de que hubieran adquirido mascarillas a familiares, amigos o conocidos cuyas empresas en muchos casos carecían de experiencia, solvencia y a unos precios disparatados. Es el caso que afectaría al ministro Ángel Víctor Torres que, como presidente canario, adquirió mascarillas a la trama corrupta que dirigía Víctor Aldama por mediación del asesor ministerial Koldo García sin que la investigación haya detectado el pago de mordidas al dirigente autonómico; o a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que cuando gobernaba en Baleares adquirió en 2020 material sanitario a la misma red delictiva y reclamó en 2023 la devolución de un parte por incumplir el producto entregado las condiciones contratadas.

El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, era alcalde de Valladolid en marzo de 2020 y necesitaba urgentemente mascarillas para su municipio. En abril, Puente informó al pleno que un amigo suyo podía facilitarles cientos de miles de mascarillas a 3,35 euros y consultó al interventor sobre esa operación ante una situación de acuciante necesidad. Pasados varios años, el PP denunció estos hechos, al igual que hizo un particular a través de una querella que los tribunales archivaron debido a la transparencia con la que se llevó a cabo una operación donde no hubo pago de comisiones ilegales a nadie.

En el obsceno negocio de la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, los contratos a dedo eran legales, la avaricia no era delito pero el cohecho impropio, sí.

Isabel Pardo de Vera (Lugo, 1975) llega a la redacción de elDiario.es cargada con un portafolios en el que guarda un ordenador donde repasa toda la documentación con la que pretende defenderse de las acusaciones que la señalan como una de las facilitadoras de los desmanes producidos en el ministerio de Transportes en la época en la que lo gobernaban José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, ambos en prisión preventiva.

El contrato a dedo de Jésica Rodríguez, entonces pareja del ministro, para un puesto en Ineco es una de las pruebas de cargo contra esta profesional gallega que sonó para todos los cargos y que ahora ha tenido que cambiar su vida de manera radical. Pardo de Vera asegura que no medió en la llegada de Jésica a la Administración, pero que sí lo hizo en su salida cuando tuvo que llamar al ministro, José Luis Ábalos, para comunicarle que no se la iba a renovar debido al conflicto de intereses existente. Así lo declaró la semana pasada ante los siete jueces del Supremo en el caso mascarillas. Otra causa que se investiga en la Audiencia Nacional mantiene imputada a Pardo de Vera por el supuesto amaño de contratos durante su etapa como presidenta de Adif.

El caso Ábalos la ha expulsado de la Administración, pero también del sector. Tras ser contratada por Florentino Pérez para ACS tuvo que abandonar su puesto para evitar un daño reputacional a la empresa que la acogió tras su salida del Ministerio. Ahora reside en Santiago, donde se emplea como profesora en prácticas de matemáticas en un pequeño colegio concertado del centro de la capital gallega. A su 'vía crucis' se suma el cáncer que le detectaron hace unos años y del que todavía se está recuperando.

¿Ábalos y Koldo le han arruinado la vida?

No creo que mi vida esté arruinada. Este periodo me ha causado un daño enorme, pero espero superarlo. Creo que lo merezco.

Se está usted reinventando como profesora de matemáticas...

Estoy de baja médica por prescripción de mi oncóloga. Durante la baja me he apartado del sector para hacer un máster universitario y ser profesora, ahora estoy haciendo las prácticas. Todo el mundo sabe cuándo empieza una imputación y nunca cuándo acaba un proceso judicial. Y yo necesito trabajar.

Tras su salida de la Administración pública, pasó un tiempo por ACS. ¿Perdió ese trabajo por el proceso judicial en el que está imputada?

Sí, claro. La salida tiene que ver, efectivamente, con la imputación. Primero, con Jésica y, luego, con la imputación en el caso del presunto amaño de obras. Que yo trabajase en el sector implicaría también un daño reputacional a cualquier empresa. Simplemente, es un pacto de no implicar a ninguna empresa en una pérdida reputacional. Es una cuestión de respeto al sector.

¿Nunca fue capaz de intuir que con Koldo y Ábalos algo estaba mal en el funcionamiento del Ministerio?

Lo único que pude intuir es que había una serie de faltas de respeto institucionales que a mí me provocaban muchas incomodidades y situaciones violentas que nada tenían que ver con irregularidades ni ilegalidades. Por supuesto que no. Si no, lo hubiese denunciado.

¿Vio personajes similares a Koldo García cuando trabajó en Adif durante el mandato del Partido Popular?

No, no había. Nunca me había relacionado con un personaje tan singular como Koldo. Yo estuve a cargo de cinco ministros diferentes y no tengo que opinar ni debatir sobre la personalidad o las personas de las que un ministro decide rodearse. Yo iba allí a hacer mi trabajo y a cumplir los objetivos como presidenta de Adif.

¿Soportó comentarios machistas y faltas de respeto por parte de Koldo García?

Tenga usted en cuenta que es un sector absolutamente machista y masculinizado. Yo soy profundamente feminista, llevo trabajando en este sector desde 2001 y, quiera o no, estos sesgos permanecen, han permanecido desde el principio en mi vida, manifestándose de una u otra forma. Yo podría escribir un libro sobre un montón de personajes menos burdos que don Koldo García y muchísimo más refinados a la vista de la sociedad, que son igual de machistas que él.

¿No tiene constancia de que haya facilitado la contratación de Jésica?

En absoluto. No es que no tenga constancia, es que no puedo porque no está en mis competencias favorecer la contratación en una empresa en la que no tengo ningún poder de contratación.

¿Se arrepiente de haber dado traslado de esa petición que le hacían desde el Ministerio a la directora general de Ineco?

A mí me han llegado cientos de currículums y lo único que he hecho siempre es dar traslado a quien tenía la competencia. No en el afán de ejercer una influencia, sino de un modo natural, por si tienen encaje, por si los pueden necesitar, etcétera. Yo no creo que eso sea un tráfico de influencias y menos en este caso donde yo ni siquiera tengo una competencia. Le di traslado a una empresa que nada tiene que ver conmigo.

¿Cuando usted se entera de que Jésica tiene una relación con el ministro le entró preocupación por haber circulado su currículum?

Creo que por mi condición de mujer fui la última en enterarme de que había habido una relación sentimental de esa señora con el ministro. Y eso coincide además con la época final, cuando iba a finalizar el contrato de esa señora en Ineco y actué en consecuencia. Creo que fui la única persona que actuó en consecuencia y me resultó muy violento teniendo que llamar al ministro.

¿Cómo fue esa llamada?

Tres meses antes de que finalizara el contrato, como con cualquier persona de Ineco, avisan. Había posibilidad de renovar o no. Entonces yo, ya sin intermediarios, decido hacer una llamada al ministro y abordar una situación bastante violenta para mí, también como mujer, y porque era el ministro. Le digo que dado que existía esa relación había un conflicto de interés. Le indico que no es posible darle continuidad y que no se va a renovar a alguien que ha mantenido una relación con él.

¿Y él lo asume?

Me dice: “Por supuesto, haz lo que consideres. Lo que tú creas estará bien”.

¿La causa de no renovar el contrato de Jésica era su relación sentimental con Ábalos?

Por supuesto, porque no había ninguna queja.

No iba a trabajar...

Eso nosotros no lo sabíamos. Nadie sabía eso, ni siquiera a efectos de Ineco.

¿Cuando usted conoce la relación sentimental entre el ministro y Jessica es cuando decide no renovar el contrato porque hay un conflicto de intereses?

Cuando yo me entero de eso es cuando yo llamo al ministro y se decide que no se renueva. Evidentemente la ética no permite esa conducta.

Usted dice que no influyó en la contratación de Jessica y, sin embargo, sí que influyó en la no renovación de Jésica...

Efectivamente.

¿Y eso no es una contradicción que el tribunal a lo mejor no acaba de entender muy bien?

Bueno, yo creo que para eso se celebran los juicios y para eso existe el Estado de Derecho, para que todos tengamos la oportunidad de explicarnos.

¿A quién era más difícil decirle que 'no', a Ábalos o a Koldo?

Es que Ábalos nunca me pidió nada, jamás.

¿Y Koldo?

Pues sí, me pidió que estudiase las reclamaciones de unas empresas.

¿Y usted entendía que se lo pedía en nombre del ministro o no?

Siempre lo entendí así. Con Koldo siempre tuve una buena relación, quizás fui excesivamente afable, pero también porque yo tenía que tener acceso al ministro, conseguir llegar a él para cumplir con el plan estratégico de Adif, que era lo que a mí más me importaba.

Dice que en aquel momento usted entendía que Koldo le pedía las cosas que le pedía en nombre del ministro. ¿A día de hoy, con lo que ha aflorado en el juicio, con la nueva información que tiene y lo que usted sabe, sigue pensando lo mismo?

No lo tengo tan claro.

¿Sospechó en algún momento que detrás de ese interés por algunas empresas podía estar el cobro de comisiones ilegales?

Jamás. Nunca. Sobre todo por el tamaño de las empresas. Eran empresas muy pequeñas, normalmente ligadas a la Comunidad Valenciana, que yo no conocía prácticamente porque eran de poca entidad. Claro, a mí me hubiese llamado mucho la atención que me hubiesen pedido por una empresa como Acciona, que ahora está saliendo. Yo diría, pero ¿de qué va una empresa cotizada en el Ibex a ir a hablar con Koldo para pedir algo a Adif?

Tampoco Acciona era la principal adjudicataria de Adif...

No, no, eso se puede comprobar en las curvas de adjudicaciones. Creo en el equilibrio y creo que los procedimientos de Adif son ejemplares. Aquellas eran empresas pequeñas que yo entendía que iban a pedir, que tampoco se sabían mover muy bien o no se sabían muy bien los procedimientos y, a lo mejor, iban a Koldo, que se prestaba mucho a recibir, a actuar...

¿Y pincharon en hueso?

En Adif, pincharon en hueso.

Ha declarado que se encontró unas diez veces con el dueño de Levantina en la sede del Ministerio. ¿Eso no le hizo sospechar de nuevo?

Una vez el ministro me dijo que [ese empresario] era una persona que lo conocía de Valencia y que estaba atravesando un mal momento y era una persona que siempre iba como alma en pena por el Ministerio. Luego decía presentaba un prototipo para afinar el carril. Se quejaba de que le estaba tratando mal Adif y, bueno, pues lo único que hice fue mirar si estaba tratándole mal Adif. Pedí al equipo que lo mirase.

¿Ni siquiera sospechó con Víctor Aldama, que también se encontraba muchas veces en el Ministerio?

Yo le pregunté varias veces al ministro que quién era. Yo no sabía que se llamaba Aldama. A mí me lo presentaron como Gonzalo, Víctor y supe que había celebrado el 60 cumpleaños del ministro en un restaurante que se llamaba Cuatro Torres, que estaba en Castellana. Pensé que era una persona de confianza o bien del partido. Yo siempre pensé que sería amigo, pero siempre le dije al ministro que aunque fuesen amigos, que los amigos no pueden estar en un área privada, en un área noble del Ministerio, porque eso nunca se dio.

¿Cuál fue la respuesta del ministro cuando le dijo eso?

Que “por supuesto”, que este Koldo “hacía unas cosas” y que ya hablaría con él. Fue la última vez que volví a ver Aldama. En el último año, Aldama deja de aparecer, al menos cuando yo estoy. A mí me ha dicho gente que él seguía apareciendo por allí. Puedo comprender que al señor Aldama eso no le haya sentado bien, que le hayan dicho que no apareciese cuando yo estaba por allí. No lo sé.

Ha declarado que solo lo han intentado corromper una vez durante estos tres años con Ábalos y con Koldo...

Sí, pero no en esta etapa. El primer año que entré en Ineco, me llamaron para hacer la dirección de obra de unos tramos. Las obras estaban paradas y había unos problemas serios en las obras. Vinieron los contratistas de esas obras. Yo era bastante joven. Era el año 2007. Se presentó el dueño de esa empresa. Me preguntó si me iba a ir de vacaciones. Me dijo “bueno, pues ya busco yo el mejor hotel, ya busco yo los viajes. ¿Dime dónde te quieres alojar?”. Le eché del despacho y le dije que no volviese, que buscase otro interlocutor para tratar los temas de la obra.

El respeto institucional es una máxima de la Administración pública. La corrupción en el sistema público implica el deterioro total de las instituciones. ¿Cómo una persona que admite dádivas de cualquier tipo de un proveedor puede después exigirle al proveedor, mirándole a la cara, que haga bien una obra o imponerle penalizaciones, etcétera?

¿Es posible que una constructora haya pagado a alguna persona porque se le ha adjudicado una obra sin que haya sido por la influencia de quien cobra la comisión?

Eso puede haber ocurrido. Lo que tengo claro es que, si se demuestra que se han cobrado comisiones por encima de Adif, es porque alguien ha verificado que ha ejercido un tráfico de influencias que es mentira.

¿Sin influir?

Sin influir absolutamente nada, porque los procesos están blindados, por lo menos en Adif.

Cuando a usted la nombran secretaria de Estado en el Ministerio, destituye al director general de Carreteras, que también está imputado por el supuesto amaño de obras. ¿Por qué lo hizo?

Primero porque no tiene nada que ver con mi estilo de gobernanza. Mi estilo es una gobernanza abierta de puertas abiertas, de oxigenación, de toma de decisiones en conjunto, de debate constante, de crítica constante al liderazgo.

¿Cuando llegó a la Secretaría de Estado cambió el modelo de hacer las cosas en esa dirección general?

Sí, en lo que me dio tiempo. Hay que tener en cuenta que a mí, nada más llegar, se me detecta un cáncer y me tengo que someter a una quimioterapia muy fuerte después de la operación, con lo cual tengo el reproche y el sentido de la responsabilidad de que debería haber hecho las cosas mucho más rápido, pero lo hice en la medida que fue posible.

Nos ha contado que era muy complicado amañar una obra por todos los controles que había en Adif, pero en la Dirección General de Carreteras del Ministerio, ¿era más sencillo, había menos controles y barreras?

La Dirección General de Carreteras digamos que todavía no había sufrido una transformación tan grande de la que llevábamos haciendo desde el año 2016 en Adif.

¿Cuando usted cesa a ese director general se encuentra con el reproche de dirigentes socialistas que la llaman para pedirle explicaciones?

Yo lo que le encargo al nuevo director general es que siga con la misión que le he encomendado, que es renovar absolutamente todas las direcciones territoriales.

¿Santos Cerdán le reprochó directamente esos cambios?

Creo que consta en el expediente que me dice: “Habéis cesado al director general de Carreteras” y creo que mi contestación, y consta en el WhatsApp, es: “Sí, consensuado con Moncloa”.

¿Qué encerraba la pregunta de Santos Cerdán?

No lo sé. Yo sé que, efectivamente, el director general de Carreteras hablaba constantemente de su gran amistad con Santos.

Además de los responsables de las empresas que visitaban su Ministerio, ¿aparecían cargos o excargos políticos que se interesaban o hacían parecer que mediaban en algún tipo de trato?

Sí, ha habido excargos políticos ya de tiempo atrás que a veces acompañaban a empresarios en reuniones. Fue una cosa que yo nunca entendí. A lo mejor vendían que esa visita había sido conseguida por ese excargo y realmente conmigo nunca ha pasado eso, porque todas las visitas han sido conseguidas porque había un problema.

¿Nos diría nombres de algunas de estas personas que han aparecido acompañando a empresarios? Y cuando eso sucedía, ¿usted cómo se dirigía a los políticos que se sentaban al lado de los empresarios con los que tenía que tratar cuestiones técnicas?

Preferiría no decir nombres porque seguro que si digo uno se me olvida otro que sería exactamente igual. No son personas con las que me lleve mal y tampoco sé ni cuánto han cobrado ni si uno ha cobrado más o menos, o a lo mejor lo hacían porque eran amigos. Yo no lo sé. Y segundo, yo lo que hacía es hablar con la empresa o hacer un aparte y siempre decirle “sinceramente, conociendo cómo me conocéis, por favor, la próxima vez venid con las personas de vuestra empresa que conozcan el tema, porque vamos a avanzar mucho más y no hacer aquí una relación de cafetillo corto que no vale para nada”.

¿Entendió usted que en algún momento Santos Cerdán pudiera tener intereses económicos, no políticos, sobre esas obras sobre las que preguntaba?

En absoluto. Nunca jamás. No, no, no, no.

¿Qué pensó cuando Pedro Sánchez destituyó a Ábalos como ministro de Transportes?

Pensé que en los últimos meses estaba un poco ausente, digamos. Era muy difícil despachar con él. Y no sé si a lo mejor estaba también ausente en Ferraz, con lo cual yo interpreté que a lo mejor hacía un poco de dejación de funciones. Yo viajaba bastante con él cuando teníamos que hacer presencia territorial. Lo notaba muy cansado, nada más. Yo tenía muy buena relación con el ministro y le tenía un enorme respeto.

Su nombre sonaba con alta proyección, que si una cartera ministerial, que si candidata en las elecciones gallegas. ¿Le pudo a usted la ambición para no ver las cosas que estaban pasando, los empresarios por los pasillos del Ministerio...?

Yo no concibo la ambición. Es decir, no concibo el poder si no sirve para transformar algo. Estar en lo público no es para enriquecerse, eso lo sabemos todos. En ningún momento creo que me haya superado la ambición, todo lo contrario. Creo que nos hemos aguantado muchas veces para sacar adelante un proyecto, a pesar de que bastantes veces nos han vapuleado y nos han dado muchas veces incluso en nuestro honor. Creo que el proyecto merecía la pena.

La Audiencia Nacional juzga estos días el caso Kitchen, una de las operaciones policiales más sucias e ilegales de la reciente etapa democrática. Un grupo de comisarios empoderados a las órdenes del ministerio del Interior durante el mandato del PP organizó el espionaje ilegal al extesorero, Luis Bárcenas, y a su familia. El objetivo declarado de esas maniobras, perpetradas a espaldas del juez que investigaba la financiación ilegal del PP, era robar al extesorero documentos que pudieran comprometer aún más al entonces presidente, Mariano Rajoy, según admitieron varios de los policías que participaron en el dispositivo secreto.

La operación policial se inició en julio de 2013, solo cinco meses después de que El País publicara el contenido de los papeles de Bárcenas, una contabilidad secreta que registró casi 20 años —1990 a 2009— de ingresos (ocho millones de euros en donaciones ilegales de empresarios, muchos de ellos contratistas de la administración) y gastos (pago de sobresueldos trimestrales y semestrales a los principales dirigentes del PP en cada etapa, coste de obras de reforma en la sede de Génova 13…) nunca declarados a Hacienda.

Los papeles recogieron, entre otros, una treintena de apuntes contables —sobresueldos trimestrales o semestrales que sumaron 322.000 euros— a Mariano Rajoy entre 1997 y 2008.

El juez Pablo Ruz, que investigó la caja B del PP, dejó escrito que el autor de aquellos papeles era Bárcenas, según las pruebas caligráficas practicadas. Cada una de las páginas de aquella doble contabilidad tenía unos visés (especie de firma de conformidad) de Álvaro Lapuerta, tesorero del PP entre 1993 y 2008, al que sustituyó Bárcenas en el cargo.

Los informes caligráficos encargados durante la investigación acreditaron que la confección de esa contabilidad no se hizo de una sola vez —lo que descartaba su posible manipulación— sino que se apreciaba una evolución en la letra compatible con el periodo comprendido entre las fechas que figuran en los papeles. Los apuntes referidos a Rajoy tienen distintas denominaciones —Mariano Rajoy, M. Raj., M. R., Mariano o M. Rajoy—, al igual que otros referidos a los distintos vicesecretarios generales. Era el estilo Bárcenas de registrar los pagos a los jefes del partido. Al secretario general Francisco Álvarez Cascos lo denominó en su contabilidad como Paco Álvarez, Cascos, P.A.C, Paco Alv. Cascos y Paco A. Cascos; a Jaime Mayor Oreja le puso Jaime Mayor, Jaime M. y J. Mayor; a Ángel Acebes, Ángel A. y Angel; a Javier Arenas, J. Arenas y Javier; a Rodrigo Rato, R. Rato.

Los apuntes con los pagos de sobresueldos a secretarios generales o vicesecretarios generales del PP están mezclados con otros apuntes que la investigación judicial considera suficientemente acreditados, bien porque distintos registros bancarios así lo demuestran o bien porque los beneficiarios de los pagos lo han confesado. Los exdirigentes del PP Calixto Ayesa, Jaume Matas, Santiago Abascal (padre del actual líder de Vox), Jaime Ignacio del Burgo, Eugenio Nasarre, Cristóbal Paez o Pío García Escudero admitieron que habían recibido dinero de la caja B del PP, como dejó registrado Bárcenas en su “contabilidad extracontable”.

Además, se hicieron ingresos en la sucursal del Banco de Vitoria situada debajo de la sede del PP en la calle de Génova por 1,3 millones de euros en 56 movimientos distintos, todos ellos por menos de 60.000 euros, que era la cantidad máxima anual permitida para los donativos anónimos. Las fechas de los ingresos y las cantidades ingresadas se corresponden con los apuntes de las aportaciones de distintos empresarios a la caja B del PP. Algunas de esas aportaciones superaban los 60.000 euros, por lo que Bárcenas las troceaba para ingresarlas como donativos anónimos en el Banco de Vitoria.

Ninguno de los secretarios y vicesecretarios generales del PP admitieron haber cobrado las cantidades registradas en los papeles de Bárcenas. La investigación judicial consideró que aunque se hubieran acreditado esos ingresos opacos, no habría delito fiscal pues la supuesta cuota defraudada nunca superó los 120.000 euros anuales. Tan sólo llegó a juicio la contabilidad secreta de los últimos años porque los supuestos delitos correspondientes al resto de ejercicios estaba prescrito. La Audiencia Nacional consideró probada la existencia de una caja B en el PP con la que se pagó una parte de las obras de reforma de la sede nacional en la calle de Génova en Madrid, condenó a Bárcenas a dos años de prisión y el Partido Popular como responsable civil subsidiario tuvo que pagar 123.669 euros.

Rajoy ha repetido ante tres tribunales distintos —caso Gürtel, caso Bárcenas y caso Kitchen— que durante sus 40 años de militancia en el PP —13 como vicesecretario general y 15 como presidente del partido— nunca supo nada de estas prácticas que mancharon para siempre la reputación de una formación política que ha gobernado 15 de los 50 años de la reciente etapa democrática en España.

El extesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, y su mujer, Rosalía Iglesias, ambos condenados en una de las causas abiertas del caso Gürtel, señalaron al Ministerio del Interior del Partido Popular y a los mandos policiales de la brigada política por la “auténtica aberración” que supuso la operación Kitchen, según señaló el exdirigente conservador recientemente en una entrevista previa al juicio que comenzó hace dos semanas en la Audiencia Nacional. La operación policial ilegal no hubiera sido posible sin la figura del chófer Sergio Ríos, en el que la familia depositó toda la confianza y que cobró más de 50.000 euros de los fondos reservados por su trabajo de topo. Además, Ríos se aseguró el ingreso en la Policía a cambio de espiar a la familia del extesorero para la brigada política del PP.

elDiario.es ha tenido acceso a una grabación inédita, incorporada a la pieza 34 del caso Tándem, en la que José Manuel Villarejo se jacta ante el comisario Juan Antonio González, quien había sido comisario general de Policía Judicial durante la investigación del caso Gürtel, de que el chófer de la familia de Bárcenas, Sergio Ríos, trabaja para él. La investigación judicial del caso ha acreditado cómo Villarejo intervino en la operación Kitchen como uno de los comisarios que controlaban a Ríos, quien informaba a este comisario de todos los movimientos de Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero.

La conversación grabada que apuntala las pruebas del espionaje ilegal a Bárcenas tuvo lugar el 21 de enero de 2015, justo un día antes de que el extesorero salga en libertad condicional después de pagar una fianza de 200.000 euros.

Villarejo relató en la conversación grabada los progresos que hizo el extesorero, que llevaba 19 meses en prisión provisional, para conseguir el dinero para su libertad, hasta el punto de que anticipó que Bárcenas reuniría los 200.000 euros esa misma tarde y se mofó del director adjunto operativo, Eugenio Pino, además de bromear con su interlocutor sobre la idea de que Bárcenas intentara fugarse cuando saliera de la cárcel. El comisario señaló que si el extesorero intentaba escapar, Ríos le tendría dando vueltas a la Plaza de Cibeles “hasta que lo trinquen”. “¡El conductor es mío!”, se escucha decir a Villarejo.

La conversación se produjo en los siguientes términos.

Villarejo: A las dos de la tarde [Bárcenas] ya tenía 150.000 euros, que le he informado al soplapollas del Pino [director adjunto operativo de la Policía Nacional] a pesar de que es un soplapollas. Yo soy tan tonto (…) A mí me ha informado el cocinero [Sergio Ríos, chófer de la familia Barcenas] que tenía 150.000 euros y la lista de quien había puesto de 20 en 20.000 (...) Esta tarde a última hora tiene los 200.000. Mañana está en la calle.

Juan Antonio González: Oye… como se escape.

Villarejo: No se va a escapar porque, si se escapa, el conductor es mío [risas]. Así que ningún problema. Le pondremos a dar vueltas por la Cibeles hasta que lo trinquen.

Este audio no ha sido valorado por ninguno de los dos jueces que ha tenido el caso Kitchen. Ni el primer instructor, Manuel García Castellón, ni el actual, Antonio Piña, han encargado a la policía analizar estos audios para conocer si sirven como prueba para la imputación de delitos en relación a la guerra sucia que el PP puso en marcha contra sus adversarios políticos y para protegerse de las investigaciones judiciales abiertas contra la formación conservadora por supuesta financiación ilegal.

En el sumario del caso Kitchen se acumulan numerosas pruebas documentales y sonoras sobre el operativo policial que el ministerio del Interior puso en marcha entre 2013 y 2014 a espaldas del juez Pablo Ruz que investigaba la financiación ilegal del PP y también a espaldas del principal policía encargado del caso, el inspector Manuel Morocho. Las pruebas acreditan cómo distintos comisarios de policía trabajaron para intentar destruir pruebas que implicaran al Gobierno de Mariano Rajoy en delitos de financiación ilegal por los que el PP fue condenado muchos años después en la Audiencia Nacional.