El empresario comisionista Víctor Aldama fue durante al menos tres años (2018-2021) el jefe de una trama corrupta instalada en el Ministerio de Transportes que se enriqueció gracias a los favores de José Luis Ábalos, quién se dejó sobornar a cambio de facilitar negocios muy lucrativos. Así lo contó en el Supremo hace solo unos días el jefe de la UCO que investigó los hechos.

Aldama, corrupto confeso, decidió colaborar con la Justicia en noviembre de 2024, nueve meses después de que fuera imputado por el mayor caso de corrupción que golpeó al primer Gobierno de Pedro Sánchez donde Ábalos era una figura clave. El empresario confesó su culpa y acusó a numerosos dirigentes socialistas de distintos amaños corruptos. Así pudo salir de la cárcel, donde estaba preso por otro caso de corrupción vinculado a un fraude fiscal multimillonario en el negocio de hidrocarburos.

La extraña excarcelación de Aldama fue impulsada por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, sin la bendición de sus superiores.

Año y medio después, el supuesto jefe de la trama corrupta llega al final del juicio en el Tribunal Supremo enfrentado a una petición de pena máxima (siete años de cárcel) más de tres veces inferior a la que soporta Ábalos (24 años), el exministro que sucumbió supuestamente a los sobornos de Aldama —“era quién mandaba y pagaba”— y le favoreció en diversos contratos públicos.

En noviembre pasado, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular unificada, en manos del PP, presentaron sus escritos con petición de penas para los tres procesados. Ambas partes aplicaron a Aldama la atenuante de confesión de culpa. “Concurre en Víctor Aldama la circunstancia atenuante analógica 7ª en relación con la atenuante de confesión, 4ª del artículo 21 del Código Penal (apartado IX de la conclusión Primera)”, escribió Luzón.

Han pasado seis meses, y Aldama ha convencido a la acusación popular unificada —dirigida por el PP e integrada por la derecha y ultraderecha judicial (Manos Limpias, Vox, HazteOír) más una asociación de abogados progresistas (Adade)— para pedir ahora una atenuante muy cualificada que rebaja en dos grados la pena de manera que Aldama pueda evitar la cárcel. Luzón, según escribieron ayer distintos medios, era partidario de una medida similar a favor de Aldama, pero la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, defendió en una conversación estrictamente jurídica que no cabía aplicar esa medida ante el comportamiento del empresario corrupto.

La jurisprudencia señala que para aplicar la atenuante muy cualificada —que permite reducir la pena en uno o dos grados— es necesario que la colaboración con la Justicia sea excepcional y eficaz, que las pruebas que aporte permitan el esclarecimiento de los hechos y que ayude a procesar a otros participantes en el delito con una declaración veraz y completa, sin añadir falsedades que desvirtúen esa colaboración y perjudiquen a otros sin fundamento.

No parece que seis meses después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera siete años de cárcel para Aldama aplicándole la atenuante de la confesión de culpa, existan hechos nuevos que permitan modificar el escrito de acusación para rebajar aún más la petición de penas.

Aldama incumple la mayoría de los requisitos de la atenuante muy cualificada por colaboración con la Justicia. Lleva año y medio esparciendo bulos, conjeturas sin base y acusaciones sin pruebas ante distintos tribunales, cadenas de televisión y emisoras de radio.

Pedro Sánchez, un jefe de la trama que agradecía a Aldama cosas que no habían ocurrido

El empresario comisionista declaró ante los siete magistrados que le juzgan en el Tribunal Supremo que el jefe de la trama corrupta en la que él había participado era Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Todas las pruebas que aportó para sostener esa teoría están llenas de grietas.

Contó Aldama al tribunal que tras la foto que se hizo con Sánchez a principios de 2019 durante la presentación de Pepu Hernández como candidato socialista a la alcaldía de Madrid, el presidente del Gobierno le dijo: “Muchas gracias. Sé todo lo que estás haciendo”. Para entonces, lo que estaba haciendo Aldama a favor del PSOE era nada, según le recordó el fiscal anticorrupción en el juicio: “¿Pero usted todavía no había hecho nada, no?”, preguntó Luzón.

Aldama detalló que, a partir de 2020, Koldo García, asesor del ministro Ábalos durante el trienio del pillaje, le propuso que intermediara con empresas constructoras para el cobro de mordidas por el amaño de obras públicas y le dijo que con ese dinero se financiaba el PSOE. Pero no hay ni un solo indicio de financiación ilegal del PSOE a través del amaño de obras, según las investigaciones abiertas en varios órganos judiciales Tampoco existe prueba en el sumario que demuestre que Koldo García le hizo ese encargo.

El empresario apoyó todas sus conjeturas sobre Sánchez en el hecho de que el presidente del Gobierno estaba al tanto de los negocios ilegales porque Koldo García se lo contaba por teléfono. Pero el único número de teléfono del ahora presidente del Gobierno que halló la UCO en todas las agendas de los dispositivos móviles incautados a Koldo García correspondía al que dejó de utilizar Pedro Sánchez en julio de 2017. Las conversaciones que supuestamente escuchó Aldama se produjeron dos años después.

Mordidas en decenas de obras públicas que nunca pudo adjudicar Ábalos

En su primera confesión para colaborar con la Justicia, Aldama presentó unas fotocopias del anexo de inversiones de los presupuestos generales del Estado correspondiente a decenas de obras —subrayadas en distintos colores— que supuestamente se iban a amañar a cambio de mordidas. Muchas de las obras subrayadas no se licitaron siendo Ábalos ministro, y otras muchas ni siquiera se habían sacado a concurso cuando Aldama presentó los papeles. Leopoldo Puente, el juez instructor, advirtió en una de sus resoluciones que las acusaciones del empresario no estaban “mínimamente acreditadas”.

Aldama también presentó un manuscrito, obra de Koldo García, con seis nombres de lugares y de empresas supuestamente favorecidas por contratos de obras. El ministerio que dirige Óscar Puente investigó esos trabajos: uno de ellos aún no se había licitado; otro se adjudicó cuando Ábalos ya no era ministro; tres contratos se dieron a la oferta más baja y el restante fue a la propuesta técnica mejor puntuada.

El apartamento con señoritas que nunca usó el ministro Ángel Víctor Torres

Aldama declaró ante el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, que alquiló un apartamento en la calle de Atocha de Madrid en noviembre de 2018 para uso y disfrute de Ábalos, García y el ministro Ángel Víctor Torres: “Ese piso lo pago yo y lo busco yo para encuentros con señoritas que nada que tienen que ver con una reunión empresarial”. El instructor pidió pruebas y Aldama entregó el recibo del apartamento donde figuraba el periodo alquilado: del viernes 9 de noviembre de 2018 a las 16.00 hasta el sábado 10 de noviembre de 2018 a las 11.00. Pero Ángel Víctor Torres estuvo todo ese viernes 9 de noviembre en las Islas Canarias: presentó en Tenerife una enmienda a la totalidad contra los Presupuestos del Gobierno canario, y se desplazó a las 20.00 a Gran Canaria. Al día siguiente voló a Madrid, donde aterrizó a las 10.30 para viajar hasta Fuenlabrada donde asistió a un acto del PSOE después de las 11 de la mañana, cuando el piso de la calle Atocha ya no estaba alquilado.

Cuentas (falsas) en República Dominicana de Begoña Gómez, y media docena de ministros

Aldama reveló en la cadena Cope que había “visto pantallazos” de una cuenta bancaria en República Dominicana a nombre de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, con seis millones de dólares. La acusación del empresario se extendía a media docena de ministros de Pedro Sánchez y hasta al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que también guardaban sus fortunas opacas en aquel país. “Existe una denuncia de un particular en Fiscalía con sello de entrada y con fecha del 13 de enero. Yo tengo copia de esa denuncia y del listado de cuentas. Este particular lo tiene muy bien atado. He visto la trazabilidad de las cuentas. Es algo que me parece que hay que investigar y que me parece gravísimo”, denunció Aldama en uno de los medios que recogía su basura de vez en cuando.

A esas horas, la Fiscalía Anticorrupción de Alejandro Luzón ya había investigado y archivado la denuncia de las fortunas ocultas de dirigentes socialistas en República Dominicana por su “nula credibilidad”: “Los documentos aportados no corresponden con los de ninguna entidad bancaria, pues la información recogida no tiene como soporte documentos de los bancos a los que se refiere, son documentos confeccionados por un tercero que siguen un mismo patrón o forma de elaboración pese a tratarse de entidades distintas, todos en castellano y sin ningún signo distintivo de la marca o nombre de la entidad bancaria”, señaló Luzón en el decreto de archivo. El mismo fiscal anticorrupción que ahora coquetea con la idea de rebajar aún más la pena a Aldama, ya supo hace más de un año que algunas de las acusaciones que lanzaba el empresario corrupto en los medios de comunicación eran falsas.

Rescate de Plus Ultra: “10 millones que cobró Zapatero en Panamá, que también son de Sánchez”

Hace solo ocho meses, poco antes de que la Fiscalía Anticorrupción pidiese siete años de cárcel para Aldama aplicándole la atenuante de la confesión y la colaboración con la Justicia, el empresario corrupto disparó contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y contra el presidente Pedro Sánchez a cuenta del denominado rescate de Plus Ultra —un préstamo de 50 millones de euros para evitar la quiebra de la empresa en plena pandemia—. Aldama aseguró que esa operación se había aprobado en el Consejo de Ministros gracias a la presión de Zapatero.

La prueba de Aldama para una acusación tan grave era el asesor de Ábalos: “Koldo me le encuentro un día muy alegre y me dice, ya estará contento el imbécil este que va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá. Plus Ultra, según Koldo, hace una trasferencia de 10 millones a Panamá para las comisiones del señor Zapatero que, entiendo que por la insistencia de Sánchez a Ábalos, también son de Sánchez”, declaró Aldama en el programa Horizonte de Iker Jiménez.

La conjetura de Aldama era poco menos que increíble e ilógica: los dueños de Plus Ultra habrían pagado 10 millones de euros en mordidas a cambio de lograr un préstamo de 50 millones que tenían que devolver.

La imposible obstrucción a la Justicia del ministro que nunca habló con Aldama

En noviembre de 2024, Aldama reconocía en una entrevista tras salir de prisión que no conocía de nada al ministro de Justicia, Félix Bolaños: “Es duro ver que hay gente como el señor Bolaños o el señor Óscar López que no les había mencionado en ningún momento y que no me conocen de nada, que hablan de mí de oídas o porque esta gente siempre que habla de alguien, habla sin informarse. No es la primera vez que cometen errores hablando y luego se demuestra que es mentira o que lo que dicen no es tal cual”.

Solo 14 meses después, Aldama acudió a un programa de Telemadrid para denunciar un intento de soborno del ministro que, según dijo tras salir de la cárcel, no le conocía de nada y del que nunca antes había hablado: “El señor Bolaños contactó con mi director de comunicación, el señor Bermejo, y me ofreció mucho dinero, yo no voy a decir cuánto, para que me callara, dinero para mí. Por eso, como no accedemos, me montan todo el lío para meterme en la cárcel”. ¿Eso fue antes de entrar en prisión [en octubre de 2024]?, le preguntaron. “Sí”, contestó.

El ministro Bolaños presentó el pasado viernes una querella por difamación contra el intermediario y comisionista corrupto: “No conozco a Aldama ni a su director de comunicación. Es todo falso”.

El fraude electoral de 2023, un “amaño de papeletas” que solo vio Aldama

“Hay que ver cómo se financian los partidos políticos y alguna otra cosa que tenga que ver con Indra [la empresa que gestiona el recuento en los procesos electorales en España]”. Aldama sugirió en otra entrevista que durante las elecciones generales de 2023, que ganó el PP aunque no pudo formar gobierno, hubo un “amaño de papeletas u otra serie de cosas, como también hablaban ellos en las generales con las famosas urnas que llegaban a Ifema. Hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora”. No hay una sola prueba o indicio de lo que sugirió el empresario sobre un fraude electoral en España.

La contratación de mascarillas en España se guio por la ley de la selva durante los meses más mortales de la pandemia. Las administraciones públicas gastaron 2.000 millones de euros en material sanitario. Los controles en la contratación pública habían saltado por los aires, suspendidos por el decreto de alarma cuando fallecían cientos de personas al día en España. No había concurrencia de ofertas, se contrataba a dedo, sin límite de precios ni acreditación de solvencia o experiencia en el sector.

La Fiscalía Anticorrupción lo dejó por escrito: “La Administración Pública puede adjudicar un contrato directamente a una empresa preseleccionada, en lugar de utilizar un procedimiento competitivo normal. Esta excepción [de la contratación de emergencia] tiene como fin que los compradores públicos adquieran suministros y servicios de primera necesidad en el plazo más breve posible (…) Este tipo de adquisiciones de emergencia son una herramienta de contratación que por sus características inherentes resultan vulnerables ante ciertas prácticas ilícitas”.

Decenas de empresarios lograron un enriquecimiento obsceno, pero legal. 

El Ministerio de Transportes compró de urgencia millones de mascarillas (marzo de 2020) a Soluciones de Gestión, la firma impulsada por Víctor Aldama, el empresario que en aquel tiempo pagaba el apartamento donde vivía la pareja sentimental del ministro José Luis Ábalos. La Fiscalía Anticorrupción no encontró nada anómalo en este procedimiento, según la querella presentada contra Koldo García, asesor de Ábalos: “La contratación pública efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y COVID-19”.

La práctica ilícita en estos contratos que no presentaban “irregularidades significativas” consistió en que el empresario Aldama, según confesó a cambio de salir de prisión por otro caso de corrupción, pagó una comisión ilegal al ministro Ábalos (250.000 euros) y otra a su asesor Koldo García (150.000) por haberle facilitado esos contratos. La investigación judicial no ha encontrado todo ese dinero del soborno.

El Ministerio de Transportes pagó 2,5 euros por cada una de esas mascarillas vendidas por Aldama. Otras administraciones compraron en las mismas fechas el mismo material por casi el triple, más de seis euros. Pero en esos otros contratos, salvo casos contados como el de la Diputación de Almería que todavía se investiga, no hubo pago de mordidas a los responsables públicos que facilitaron la operación. 

Conclusión: las administraciones públicas podían adjudicar contratos millonarios a dedo, beneficiar con ello a familiares o amigos o conocidos de los gobernantes y hacerlo sin concurso previo, sin límite de precio, sin concurrencia de ofertas, y sin acreditar solvencia o experiencia.

Todo valía en pandemia para sobrevivir a un virus que mató en España a más de 150.000 personas entre 2020 y 2023. Decenas de empresarios se enriquecieron como nunca a cuenta de la compra de mascarillas en China y su venta, por el doble o el triple, a administraciones públicas españolas que buscaban a ciegas un material vital en esos momentos.

Un amigo de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y de su hermano, Tomás Díaz Ayuso, tenía una empresa de ropa infantil, Priviet, que aprovechó la emergencia para ganar un millón de euros en apenas unos días gracias al contrato que logró con la Comunidad de Madrid. El hermano de Ayuso, que conocía el sector y gestionó la compra de mascarillas en China, se llevó 234.000 euros de comisión en esa operación. De los 37 contratos que formalizó la Comunidad de Madrid en aquellas fechas, el de las mascarillas del hermano de Ayuso fue el cuarto más caro (seis euros por unidad). Priviet, la empresa del amigo de Díaz Ayuso, compró por 500.000 euros el material que vendió a la consejería madrileña de Sanidad por 1,5 millones.

Un alto responsable de la Fiscalía zanjó así el aparente escándalo: “La avaricia no es delito”. Anticorrupción encontró argumentos suficientes para exculpar a la presidenta madrileña del obsceno negocio de las mascarillas que benefició a su hermano: “Aunque Tomás Díaz Ayuso, hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido una relación comercial con Priviet por la que ha percibido una comisión, para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar aquel tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno”.

La rapiña en la pandemia añadió una variante derivada de la avaricia. Algunos de los que se enriquecieron a cuenta de la compraventa de mascarillas en pandemia intentaron engañar a Hacienda para que su beneficio fuera mayor.

La Agencia Tributaria atribuye a Víctor Aldama un delito fiscal penado con varios años de cárcel. “Utilizó mecanismos defraudatorios para reducir la carga fiscal del ejercicio de 2020”, en el que ganó seis millones de euros por su intermediación en la venta de mascarillas al ministerio de Transportes y otros organismos públicos. Aldama “facturó a través de dos sociedades interpuestas de manera artificiosa la prestación de servicios personalísimos obteniendo un importante ahorro fiscal (...) ascendiendo la cuota defraudada a 2,4 millones de euros”, señala la Agencia Tributaria.

También es el caso de Alberto Luceño, quien junto a Luis Medina logró a dedo un contrato millonario para vender material sanitario chino al Ayuntamiento de Madrid a uno de los precios más caros en aquel momento: seis euros por mascarilla. La Audiencia Provincial absolvió a ambos del delito de estafa agravada al considerar que no había quedado probado que engañaran a los responsables municipales ocultando que iban a cobrar una comisión de seis millones de euros por la operación. Sin embargo, Luceño fue condenado por fraude a Hacienda a casi tres años de cárcel y 3,5 millones de multa.

El comisionista Alberto González Amador, novio de Ayuso, cobró casi dos millones de euros en concepto de comisión —el 4,5% de la operación— por intermediar entre dos empresas españolas en la compraventa de mascarillas durante los peores meses de la pandemia. La operación era impecable desde el punto de vista legal, pero González Amador defraudó al fisco, según reconoció el mismo mucho tiempo después, para ahorrarse 155.000 euros que debería haber pagado por los beneficios que le dejó esa intermediación, según la Agencia Tributaria.

Algunas de esas operaciones fueron investigadas por la Fiscalía Anticorrupción sin hallar motivos para un reproche penal a los dirigentes políticos en el hecho de que hubieran adquirido mascarillas a familiares, amigos o conocidos cuyas empresas en muchos casos carecían de experiencia, solvencia y a unos precios disparatados. Es el caso que afectaría al ministro Ángel Víctor Torres que, como presidente canario, adquirió mascarillas a la trama corrupta que dirigía Víctor Aldama por mediación del asesor ministerial Koldo García sin que la investigación haya detectado el pago de mordidas al dirigente autonómico; o a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que cuando gobernaba en Baleares adquirió en 2020 material sanitario a la misma red delictiva y reclamó en 2023 la devolución de un parte por incumplir el producto entregado las condiciones contratadas.

El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, era alcalde de Valladolid en marzo de 2020 y necesitaba urgentemente mascarillas para su municipio. En abril, Puente informó al pleno que un amigo suyo podía facilitarles cientos de miles de mascarillas a 3,35 euros y consultó al interventor sobre esa operación ante una situación de acuciante necesidad. Pasados varios años, el PP denunció estos hechos, al igual que hizo un particular a través de una querella que los tribunales archivaron debido a la transparencia con la que se llevó a cabo una operación donde no hubo pago de comisiones ilegales a nadie.

En el obsceno negocio de la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, los contratos a dedo eran legales, la avaricia no era delito pero el cohecho impropio, sí.

Isabel Pardo de Vera (Lugo, 1975) llega a la redacción de elDiario.es cargada con un portafolios en el que guarda un ordenador donde repasa toda la documentación con la que pretende defenderse de las acusaciones que la señalan como una de las facilitadoras de los desmanes producidos en el ministerio de Transportes en la época en la que lo gobernaban José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, ambos en prisión preventiva.

El contrato a dedo de Jésica Rodríguez, entonces pareja del ministro, para un puesto en Ineco es una de las pruebas de cargo contra esta profesional gallega que sonó para todos los cargos y que ahora ha tenido que cambiar su vida de manera radical. Pardo de Vera asegura que no medió en la llegada de Jésica a la Administración, pero que sí lo hizo en su salida cuando tuvo que llamar al ministro, José Luis Ábalos, para comunicarle que no se la iba a renovar debido al conflicto de intereses existente. Así lo declaró la semana pasada ante los siete jueces del Supremo en el caso mascarillas. Otra causa que se investiga en la Audiencia Nacional mantiene imputada a Pardo de Vera por el supuesto amaño de contratos durante su etapa como presidenta de Adif.

El caso Ábalos la ha expulsado de la Administración, pero también del sector. Tras ser contratada por Florentino Pérez para ACS tuvo que abandonar su puesto para evitar un daño reputacional a la empresa que la acogió tras su salida del Ministerio. Ahora reside en Santiago, donde se emplea como profesora en prácticas de matemáticas en un pequeño colegio concertado del centro de la capital gallega. A su 'vía crucis' se suma el cáncer que le detectaron hace unos años y del que todavía se está recuperando.

¿Ábalos y Koldo le han arruinado la vida?

No creo que mi vida esté arruinada. Este periodo me ha causado un daño enorme, pero espero superarlo. Creo que lo merezco.

Se está usted reinventando como profesora de matemáticas...

Estoy de baja médica por prescripción de mi oncóloga. Durante la baja me he apartado del sector para hacer un máster universitario y ser profesora, ahora estoy haciendo las prácticas. Todo el mundo sabe cuándo empieza una imputación y nunca cuándo acaba un proceso judicial. Y yo necesito trabajar.

Tras su salida de la Administración pública, pasó un tiempo por ACS. ¿Perdió ese trabajo por el proceso judicial en el que está imputada?

Sí, claro. La salida tiene que ver, efectivamente, con la imputación. Primero, con Jésica y, luego, con la imputación en el caso del presunto amaño de obras. Que yo trabajase en el sector implicaría también un daño reputacional a cualquier empresa. Simplemente, es un pacto de no implicar a ninguna empresa en una pérdida reputacional. Es una cuestión de respeto al sector.

¿Nunca fue capaz de intuir que con Koldo y Ábalos algo estaba mal en el funcionamiento del Ministerio?

Lo único que pude intuir es que había una serie de faltas de respeto institucionales que a mí me provocaban muchas incomodidades y situaciones violentas que nada tenían que ver con irregularidades ni ilegalidades. Por supuesto que no. Si no, lo hubiese denunciado.

¿Vio personajes similares a Koldo García cuando trabajó en Adif durante el mandato del Partido Popular?

No, no había. Nunca me había relacionado con un personaje tan singular como Koldo. Yo estuve a cargo de cinco ministros diferentes y no tengo que opinar ni debatir sobre la personalidad o las personas de las que un ministro decide rodearse. Yo iba allí a hacer mi trabajo y a cumplir los objetivos como presidenta de Adif.

¿Soportó comentarios machistas y faltas de respeto por parte de Koldo García?

Tenga usted en cuenta que es un sector absolutamente machista y masculinizado. Yo soy profundamente feminista, llevo trabajando en este sector desde 2001 y, quiera o no, estos sesgos permanecen, han permanecido desde el principio en mi vida, manifestándose de una u otra forma. Yo podría escribir un libro sobre un montón de personajes menos burdos que don Koldo García y muchísimo más refinados a la vista de la sociedad, que son igual de machistas que él.

¿No tiene constancia de que haya facilitado la contratación de Jésica?

En absoluto. No es que no tenga constancia, es que no puedo porque no está en mis competencias favorecer la contratación en una empresa en la que no tengo ningún poder de contratación.

¿Se arrepiente de haber dado traslado de esa petición que le hacían desde el Ministerio a la directora general de Ineco?

A mí me han llegado cientos de currículums y lo único que he hecho siempre es dar traslado a quien tenía la competencia. No en el afán de ejercer una influencia, sino de un modo natural, por si tienen encaje, por si los pueden necesitar, etcétera. Yo no creo que eso sea un tráfico de influencias y menos en este caso donde yo ni siquiera tengo una competencia. Le di traslado a una empresa que nada tiene que ver conmigo.

¿Cuando usted se entera de que Jésica tiene una relación con el ministro le entró preocupación por haber circulado su currículum?

Creo que por mi condición de mujer fui la última en enterarme de que había habido una relación sentimental de esa señora con el ministro. Y eso coincide además con la época final, cuando iba a finalizar el contrato de esa señora en Ineco y actué en consecuencia. Creo que fui la única persona que actuó en consecuencia y me resultó muy violento teniendo que llamar al ministro.

¿Cómo fue esa llamada?

Tres meses antes de que finalizara el contrato, como con cualquier persona de Ineco, avisan. Había posibilidad de renovar o no. Entonces yo, ya sin intermediarios, decido hacer una llamada al ministro y abordar una situación bastante violenta para mí, también como mujer, y porque era el ministro. Le digo que dado que existía esa relación había un conflicto de interés. Le indico que no es posible darle continuidad y que no se va a renovar a alguien que ha mantenido una relación con él.

¿Y él lo asume?

Me dice: “Por supuesto, haz lo que consideres. Lo que tú creas estará bien”.

¿La causa de no renovar el contrato de Jésica era su relación sentimental con Ábalos?

Por supuesto, porque no había ninguna queja.

No iba a trabajar...

Eso nosotros no lo sabíamos. Nadie sabía eso, ni siquiera a efectos de Ineco.

¿Cuando usted conoce la relación sentimental entre el ministro y Jessica es cuando decide no renovar el contrato porque hay un conflicto de intereses?

Cuando yo me entero de eso es cuando yo llamo al ministro y se decide que no se renueva. Evidentemente la ética no permite esa conducta.

Usted dice que no influyó en la contratación de Jessica y, sin embargo, sí que influyó en la no renovación de Jésica...

Efectivamente.

¿Y eso no es una contradicción que el tribunal a lo mejor no acaba de entender muy bien?

Bueno, yo creo que para eso se celebran los juicios y para eso existe el Estado de Derecho, para que todos tengamos la oportunidad de explicarnos.

¿A quién era más difícil decirle que 'no', a Ábalos o a Koldo?

Es que Ábalos nunca me pidió nada, jamás.

¿Y Koldo?

Pues sí, me pidió que estudiase las reclamaciones de unas empresas.

¿Y usted entendía que se lo pedía en nombre del ministro o no?

Siempre lo entendí así. Con Koldo siempre tuve una buena relación, quizás fui excesivamente afable, pero también porque yo tenía que tener acceso al ministro, conseguir llegar a él para cumplir con el plan estratégico de Adif, que era lo que a mí más me importaba.

Dice que en aquel momento usted entendía que Koldo le pedía las cosas que le pedía en nombre del ministro. ¿A día de hoy, con lo que ha aflorado en el juicio, con la nueva información que tiene y lo que usted sabe, sigue pensando lo mismo?

No lo tengo tan claro.

¿Sospechó en algún momento que detrás de ese interés por algunas empresas podía estar el cobro de comisiones ilegales?

Jamás. Nunca. Sobre todo por el tamaño de las empresas. Eran empresas muy pequeñas, normalmente ligadas a la Comunidad Valenciana, que yo no conocía prácticamente porque eran de poca entidad. Claro, a mí me hubiese llamado mucho la atención que me hubiesen pedido por una empresa como Acciona, que ahora está saliendo. Yo diría, pero ¿de qué va una empresa cotizada en el Ibex a ir a hablar con Koldo para pedir algo a Adif?

Tampoco Acciona era la principal adjudicataria de Adif...

No, no, eso se puede comprobar en las curvas de adjudicaciones. Creo en el equilibrio y creo que los procedimientos de Adif son ejemplares. Aquellas eran empresas pequeñas que yo entendía que iban a pedir, que tampoco se sabían mover muy bien o no se sabían muy bien los procedimientos y, a lo mejor, iban a Koldo, que se prestaba mucho a recibir, a actuar...

¿Y pincharon en hueso?

En Adif, pincharon en hueso.

Ha declarado que se encontró unas diez veces con el dueño de Levantina en la sede del Ministerio. ¿Eso no le hizo sospechar de nuevo?

Una vez el ministro me dijo que [ese empresario] era una persona que lo conocía de Valencia y que estaba atravesando un mal momento y era una persona que siempre iba como alma en pena por el Ministerio. Luego decía presentaba un prototipo para afinar el carril. Se quejaba de que le estaba tratando mal Adif y, bueno, pues lo único que hice fue mirar si estaba tratándole mal Adif. Pedí al equipo que lo mirase.

¿Ni siquiera sospechó con Víctor Aldama, que también se encontraba muchas veces en el Ministerio?

Yo le pregunté varias veces al ministro que quién era. Yo no sabía que se llamaba Aldama. A mí me lo presentaron como Gonzalo, Víctor y supe que había celebrado el 60 cumpleaños del ministro en un restaurante que se llamaba Cuatro Torres, que estaba en Castellana. Pensé que era una persona de confianza o bien del partido. Yo siempre pensé que sería amigo, pero siempre le dije al ministro que aunque fuesen amigos, que los amigos no pueden estar en un área privada, en un área noble del Ministerio, porque eso nunca se dio.

¿Cuál fue la respuesta del ministro cuando le dijo eso?

Que “por supuesto”, que este Koldo “hacía unas cosas” y que ya hablaría con él. Fue la última vez que volví a ver Aldama. En el último año, Aldama deja de aparecer, al menos cuando yo estoy. A mí me ha dicho gente que él seguía apareciendo por allí. Puedo comprender que al señor Aldama eso no le haya sentado bien, que le hayan dicho que no apareciese cuando yo estaba por allí. No lo sé.

Ha declarado que solo lo han intentado corromper una vez durante estos tres años con Ábalos y con Koldo...

Sí, pero no en esta etapa. El primer año que entré en Ineco, me llamaron para hacer la dirección de obra de unos tramos. Las obras estaban paradas y había unos problemas serios en las obras. Vinieron los contratistas de esas obras. Yo era bastante joven. Era el año 2007. Se presentó el dueño de esa empresa. Me preguntó si me iba a ir de vacaciones. Me dijo “bueno, pues ya busco yo el mejor hotel, ya busco yo los viajes. ¿Dime dónde te quieres alojar?”. Le eché del despacho y le dije que no volviese, que buscase otro interlocutor para tratar los temas de la obra.

El respeto institucional es una máxima de la Administración pública. La corrupción en el sistema público implica el deterioro total de las instituciones. ¿Cómo una persona que admite dádivas de cualquier tipo de un proveedor puede después exigirle al proveedor, mirándole a la cara, que haga bien una obra o imponerle penalizaciones, etcétera?

¿Es posible que una constructora haya pagado a alguna persona porque se le ha adjudicado una obra sin que haya sido por la influencia de quien cobra la comisión?

Eso puede haber ocurrido. Lo que tengo claro es que, si se demuestra que se han cobrado comisiones por encima de Adif, es porque alguien ha verificado que ha ejercido un tráfico de influencias que es mentira.

¿Sin influir?

Sin influir absolutamente nada, porque los procesos están blindados, por lo menos en Adif.

Cuando a usted la nombran secretaria de Estado en el Ministerio, destituye al director general de Carreteras, que también está imputado por el supuesto amaño de obras. ¿Por qué lo hizo?

Primero porque no tiene nada que ver con mi estilo de gobernanza. Mi estilo es una gobernanza abierta de puertas abiertas, de oxigenación, de toma de decisiones en conjunto, de debate constante, de crítica constante al liderazgo.

¿Cuando llegó a la Secretaría de Estado cambió el modelo de hacer las cosas en esa dirección general?

Sí, en lo que me dio tiempo. Hay que tener en cuenta que a mí, nada más llegar, se me detecta un cáncer y me tengo que someter a una quimioterapia muy fuerte después de la operación, con lo cual tengo el reproche y el sentido de la responsabilidad de que debería haber hecho las cosas mucho más rápido, pero lo hice en la medida que fue posible.

Nos ha contado que era muy complicado amañar una obra por todos los controles que había en Adif, pero en la Dirección General de Carreteras del Ministerio, ¿era más sencillo, había menos controles y barreras?

La Dirección General de Carreteras digamos que todavía no había sufrido una transformación tan grande de la que llevábamos haciendo desde el año 2016 en Adif.

¿Cuando usted cesa a ese director general se encuentra con el reproche de dirigentes socialistas que la llaman para pedirle explicaciones?

Yo lo que le encargo al nuevo director general es que siga con la misión que le he encomendado, que es renovar absolutamente todas las direcciones territoriales.

¿Santos Cerdán le reprochó directamente esos cambios?

Creo que consta en el expediente que me dice: “Habéis cesado al director general de Carreteras” y creo que mi contestación, y consta en el WhatsApp, es: “Sí, consensuado con Moncloa”.

¿Qué encerraba la pregunta de Santos Cerdán?

No lo sé. Yo sé que, efectivamente, el director general de Carreteras hablaba constantemente de su gran amistad con Santos.

Además de los responsables de las empresas que visitaban su Ministerio, ¿aparecían cargos o excargos políticos que se interesaban o hacían parecer que mediaban en algún tipo de trato?

Sí, ha habido excargos políticos ya de tiempo atrás que a veces acompañaban a empresarios en reuniones. Fue una cosa que yo nunca entendí. A lo mejor vendían que esa visita había sido conseguida por ese excargo y realmente conmigo nunca ha pasado eso, porque todas las visitas han sido conseguidas porque había un problema.

¿Nos diría nombres de algunas de estas personas que han aparecido acompañando a empresarios? Y cuando eso sucedía, ¿usted cómo se dirigía a los políticos que se sentaban al lado de los empresarios con los que tenía que tratar cuestiones técnicas?

Preferiría no decir nombres porque seguro que si digo uno se me olvida otro que sería exactamente igual. No son personas con las que me lleve mal y tampoco sé ni cuánto han cobrado ni si uno ha cobrado más o menos, o a lo mejor lo hacían porque eran amigos. Yo no lo sé. Y segundo, yo lo que hacía es hablar con la empresa o hacer un aparte y siempre decirle “sinceramente, conociendo cómo me conocéis, por favor, la próxima vez venid con las personas de vuestra empresa que conozcan el tema, porque vamos a avanzar mucho más y no hacer aquí una relación de cafetillo corto que no vale para nada”.

¿Entendió usted que en algún momento Santos Cerdán pudiera tener intereses económicos, no políticos, sobre esas obras sobre las que preguntaba?

En absoluto. Nunca jamás. No, no, no, no.

¿Qué pensó cuando Pedro Sánchez destituyó a Ábalos como ministro de Transportes?

Pensé que en los últimos meses estaba un poco ausente, digamos. Era muy difícil despachar con él. Y no sé si a lo mejor estaba también ausente en Ferraz, con lo cual yo interpreté que a lo mejor hacía un poco de dejación de funciones. Yo viajaba bastante con él cuando teníamos que hacer presencia territorial. Lo notaba muy cansado, nada más. Yo tenía muy buena relación con el ministro y le tenía un enorme respeto.

Su nombre sonaba con alta proyección, que si una cartera ministerial, que si candidata en las elecciones gallegas. ¿Le pudo a usted la ambición para no ver las cosas que estaban pasando, los empresarios por los pasillos del Ministerio...?

Yo no concibo la ambición. Es decir, no concibo el poder si no sirve para transformar algo. Estar en lo público no es para enriquecerse, eso lo sabemos todos. En ningún momento creo que me haya superado la ambición, todo lo contrario. Creo que nos hemos aguantado muchas veces para sacar adelante un proyecto, a pesar de que bastantes veces nos han vapuleado y nos han dado muchas veces incluso en nuestro honor. Creo que el proyecto merecía la pena.

La Audiencia Nacional juzga estos días el caso Kitchen, una de las operaciones policiales más sucias e ilegales de la reciente etapa democrática. Un grupo de comisarios empoderados a las órdenes del ministerio del Interior durante el mandato del PP organizó el espionaje ilegal al extesorero, Luis Bárcenas, y a su familia. El objetivo declarado de esas maniobras, perpetradas a espaldas del juez que investigaba la financiación ilegal del PP, era robar al extesorero documentos que pudieran comprometer aún más al entonces presidente, Mariano Rajoy, según admitieron varios de los policías que participaron en el dispositivo secreto.

La operación policial se inició en julio de 2013, solo cinco meses después de que El País publicara el contenido de los papeles de Bárcenas, una contabilidad secreta que registró casi 20 años —1990 a 2009— de ingresos (ocho millones de euros en donaciones ilegales de empresarios, muchos de ellos contratistas de la administración) y gastos (pago de sobresueldos trimestrales y semestrales a los principales dirigentes del PP en cada etapa, coste de obras de reforma en la sede de Génova 13…) nunca declarados a Hacienda.

Los papeles recogieron, entre otros, una treintena de apuntes contables —sobresueldos trimestrales o semestrales que sumaron 322.000 euros— a Mariano Rajoy entre 1997 y 2008.

El juez Pablo Ruz, que investigó la caja B del PP, dejó escrito que el autor de aquellos papeles era Bárcenas, según las pruebas caligráficas practicadas. Cada una de las páginas de aquella doble contabilidad tenía unos visés (especie de firma de conformidad) de Álvaro Lapuerta, tesorero del PP entre 1993 y 2008, al que sustituyó Bárcenas en el cargo.

Los informes caligráficos encargados durante la investigación acreditaron que la confección de esa contabilidad no se hizo de una sola vez —lo que descartaba su posible manipulación— sino que se apreciaba una evolución en la letra compatible con el periodo comprendido entre las fechas que figuran en los papeles. Los apuntes referidos a Rajoy tienen distintas denominaciones —Mariano Rajoy, M. Raj., M. R., Mariano o M. Rajoy—, al igual que otros referidos a los distintos vicesecretarios generales. Era el estilo Bárcenas de registrar los pagos a los jefes del partido. Al secretario general Francisco Álvarez Cascos lo denominó en su contabilidad como Paco Álvarez, Cascos, P.A.C, Paco Alv. Cascos y Paco A. Cascos; a Jaime Mayor Oreja le puso Jaime Mayor, Jaime M. y J. Mayor; a Ángel Acebes, Ángel A. y Angel; a Javier Arenas, J. Arenas y Javier; a Rodrigo Rato, R. Rato.

Los apuntes con los pagos de sobresueldos a secretarios generales o vicesecretarios generales del PP están mezclados con otros apuntes que la investigación judicial considera suficientemente acreditados, bien porque distintos registros bancarios así lo demuestran o bien porque los beneficiarios de los pagos lo han confesado. Los exdirigentes del PP Calixto Ayesa, Jaume Matas, Santiago Abascal (padre del actual líder de Vox), Jaime Ignacio del Burgo, Eugenio Nasarre, Cristóbal Paez o Pío García Escudero admitieron que habían recibido dinero de la caja B del PP, como dejó registrado Bárcenas en su “contabilidad extracontable”.

Además, se hicieron ingresos en la sucursal del Banco de Vitoria situada debajo de la sede del PP en la calle de Génova por 1,3 millones de euros en 56 movimientos distintos, todos ellos por menos de 60.000 euros, que era la cantidad máxima anual permitida para los donativos anónimos. Las fechas de los ingresos y las cantidades ingresadas se corresponden con los apuntes de las aportaciones de distintos empresarios a la caja B del PP. Algunas de esas aportaciones superaban los 60.000 euros, por lo que Bárcenas las troceaba para ingresarlas como donativos anónimos en el Banco de Vitoria.

Ninguno de los secretarios y vicesecretarios generales del PP admitieron haber cobrado las cantidades registradas en los papeles de Bárcenas. La investigación judicial consideró que aunque se hubieran acreditado esos ingresos opacos, no habría delito fiscal pues la supuesta cuota defraudada nunca superó los 120.000 euros anuales. Tan sólo llegó a juicio la contabilidad secreta de los últimos años porque los supuestos delitos correspondientes al resto de ejercicios estaba prescrito. La Audiencia Nacional consideró probada la existencia de una caja B en el PP con la que se pagó una parte de las obras de reforma de la sede nacional en la calle de Génova en Madrid, condenó a Bárcenas a dos años de prisión y el Partido Popular como responsable civil subsidiario tuvo que pagar 123.669 euros.

Rajoy ha repetido ante tres tribunales distintos —caso Gürtel, caso Bárcenas y caso Kitchen— que durante sus 40 años de militancia en el PP —13 como vicesecretario general y 15 como presidente del partido— nunca supo nada de estas prácticas que mancharon para siempre la reputación de una formación política que ha gobernado 15 de los 50 años de la reciente etapa democrática en España.

El extesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, y su mujer, Rosalía Iglesias, ambos condenados en una de las causas abiertas del caso Gürtel, señalaron al Ministerio del Interior del Partido Popular y a los mandos policiales de la brigada política por la “auténtica aberración” que supuso la operación Kitchen, según señaló el exdirigente conservador recientemente en una entrevista previa al juicio que comenzó hace dos semanas en la Audiencia Nacional. La operación policial ilegal no hubiera sido posible sin la figura del chófer Sergio Ríos, en el que la familia depositó toda la confianza y que cobró más de 50.000 euros de los fondos reservados por su trabajo de topo. Además, Ríos se aseguró el ingreso en la Policía a cambio de espiar a la familia del extesorero para la brigada política del PP.

elDiario.es ha tenido acceso a una grabación inédita, incorporada a la pieza 34 del caso Tándem, en la que José Manuel Villarejo se jacta ante el comisario Juan Antonio González, quien había sido comisario general de Policía Judicial durante la investigación del caso Gürtel, de que el chófer de la familia de Bárcenas, Sergio Ríos, trabaja para él. La investigación judicial del caso ha acreditado cómo Villarejo intervino en la operación Kitchen como uno de los comisarios que controlaban a Ríos, quien informaba a este comisario de todos los movimientos de Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero.

La conversación grabada que apuntala las pruebas del espionaje ilegal a Bárcenas tuvo lugar el 21 de enero de 2015, justo un día antes de que el extesorero salga en libertad condicional después de pagar una fianza de 200.000 euros.

Villarejo relató en la conversación grabada los progresos que hizo el extesorero, que llevaba 19 meses en prisión provisional, para conseguir el dinero para su libertad, hasta el punto de que anticipó que Bárcenas reuniría los 200.000 euros esa misma tarde y se mofó del director adjunto operativo, Eugenio Pino, además de bromear con su interlocutor sobre la idea de que Bárcenas intentara fugarse cuando saliera de la cárcel. El comisario señaló que si el extesorero intentaba escapar, Ríos le tendría dando vueltas a la Plaza de Cibeles “hasta que lo trinquen”. “¡El conductor es mío!”, se escucha decir a Villarejo.

La conversación se produjo en los siguientes términos.

Villarejo: A las dos de la tarde [Bárcenas] ya tenía 150.000 euros, que le he informado al soplapollas del Pino [director adjunto operativo de la Policía Nacional] a pesar de que es un soplapollas. Yo soy tan tonto (…) A mí me ha informado el cocinero [Sergio Ríos, chófer de la familia Barcenas] que tenía 150.000 euros y la lista de quien había puesto de 20 en 20.000 (...) Esta tarde a última hora tiene los 200.000. Mañana está en la calle.

Juan Antonio González: Oye… como se escape.

Villarejo: No se va a escapar porque, si se escapa, el conductor es mío [risas]. Así que ningún problema. Le pondremos a dar vueltas por la Cibeles hasta que lo trinquen.

Este audio no ha sido valorado por ninguno de los dos jueces que ha tenido el caso Kitchen. Ni el primer instructor, Manuel García Castellón, ni el actual, Antonio Piña, han encargado a la policía analizar estos audios para conocer si sirven como prueba para la imputación de delitos en relación a la guerra sucia que el PP puso en marcha contra sus adversarios políticos y para protegerse de las investigaciones judiciales abiertas contra la formación conservadora por supuesta financiación ilegal.

En el sumario del caso Kitchen se acumulan numerosas pruebas documentales y sonoras sobre el operativo policial que el ministerio del Interior puso en marcha entre 2013 y 2014 a espaldas del juez Pablo Ruz que investigaba la financiación ilegal del PP y también a espaldas del principal policía encargado del caso, el inspector Manuel Morocho. Las pruebas acreditan cómo distintos comisarios de policía trabajaron para intentar destruir pruebas que implicaran al Gobierno de Mariano Rajoy en delitos de financiación ilegal por los que el PP fue condenado muchos años después en la Audiencia Nacional.

Un veterano magistrado del Supremo comentó en mayo de 2025 el estado de la investigación abierta por supuesta revelación de secretos al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: “La comidilla entre los miembros de la Sala de lo Penal [encargada del caso] es que todos los periodistas que niegan que el fiscal general les filtrase el correo mienten amparados en el secreto profesional”. El comentario del prestigioso magistrado en activo suponía casi la crónica de una condena anunciada al fiscal general.

Si los magistrados encargados del caso (un instructor, tres integrantes de la sala de apelación y siete más miembros del tribunal que juzgaría el caso), situados en lo más alto de la pirámide judicial, creían de manera unánime que los periodistas mentían, el futuro de Álvaro García Ortiz estaba sentenciado. La realidad dejó fuera de esa “comidilla unánime” a uno de los tres miembros de la sala de apelación, Andrés Palomo, que defendió el archivo de la causa; y a dos de las magistradas del tribunal sentenciador, Ana Ferrer y Susana Polo, que apoyaron la absolución del fiscal general.

Aunque ellos (Palomo, Ferrer y Polo) sí creyeron a los periodistas y defendieron por eso la inocencia de García Ortiz, estaban en minoría en la Sala de lo Penal y su criterio fracasó.  

Meses después de aquel comentario del veterano magistrado, cinco de los siete miembros del tribunal condenaron al entonces fiscal general por revelación de datos reservados, despreciando el testimonio en contra de esa tesis que hicieron bajo promesa de decir verdad hasta seis periodistas de cuatro medios de comunicación distintos. La sentencia provocó una dura protesta de una parte del mundo jurídico.

“¿El reconocimiento de su derecho al secreto profesional puede llevar aparejado que deba restarse credibilidad a las manifestaciones de periodistas en un juicio donde están obligados a decir verdad?”, se preguntaron las magistradas Ferrer y Polo en su voto particular.

El Tribunal Constitucional deberá responder a esta pregunta ante los recursos de amparo presentados por la Fiscalía del Supremo y por el ex fiscal general donde denuncian la vulneración de hasta cinco derechos fundamentales y piden anular la condena. 

El recurso de la Fiscalía lo expresa así: “La sentencia impugnada concibe el secreto profesional que asiste a los profesionales de la información como una especie de habilitación constitucional para sustraerse a la obligación de decir verdad en un juicio criminal. Para el Tribunal Supremo, existe una suerte de licencia constitucional para mentir que inhabilita de antemano la credibilidad del testimonio de descargo prestado por un periodista que se ha acogido a dicho secreto (…) Tal interpretación supone, indirectamente, una grave coacción moral sobre los profesionales de la información, a los que se pone en la tesitura de revelar la identidad de su fuente para que su testimonio exculpatorio de la persona acusada tenga algún valor probatorio. Se genera, con ello, un riesgo grave para la efectividad de la libertad de información, que es, precisamente, el fundamento de la protección constitucional de la cláusula de secreto periodístico”.

Seis profesionales de La Sexta, la Cadena Ser, El País y elDiario.es aseguraron que el fiscal general del Estado no fue quien les reveló el secreto –la información– que ellos difundieron en sus medios. Algunos de esos periodistas señalaron incluso el lugar origen de la filtración, lejos de la Fiscalía General del Estado, sin identificar a sus autores.

Pero daba igual porque “la comidilla en la sala de lo Penal” se convirtió en fundamento jurídico para condenar al fiscal general del Estado.

Los firmantes de la sentencia señalaron en varias páginas del fallo que los periodistas tenían el legítimo derecho a no identificar a las personas que les contaron el secreto y recordaron la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional en defensa del secreto profesional, vital para una sociedad bien informada.

Pese al rotundo aval judicial al secreto profesional, el testimonio de los periodistas no servía como prueba de descargo, según la doctrina que impusieron Andrés Martínez Arrieta (presidente del tribunal y ponente de la sentencia), José Ramón Berdugo, Antonio Del Moral, Manuel Marchena, y Carmen Lamela.

Estos magistrados deslizaron en el texto del fallo la idea de que los periodistas podían mentir protegidos por su derecho al secreto profesional: “En esa situación el derecho constitucional al secreto periodístico, carente de límites en nuestro ordenamiento en tanto no se proceda a su regulación, también cubre con su manto protector al periodista, autorizándole a otro tipo de manifestaciones, aunque no sean totalmente fieles a la realidad, si les guía la necesidad de mantener oculta su fuente, lo que acentúa sus diferencias frente a otros secretos (como el propio de parientes). Se trataría de una actuación amparada por el ejercicio legítimo de un derecho constitucional”.

Los magistrados de la condena no ocultaron su desconfianza hacia el testimonio de los periodistas: “No es idéntica la forma de enfrentarse a un interrogatorio de alguien consciente de su derecho al secreto y su deber protegido constitucionalmente de lealtad a sus fuentes, que la de otras personas que carecen de válvulas de escape similares y que declaran conscientes de su deber de contestar a todas las preguntas que se les dirijan sin poder eludirlas, tampoco con subterfugios”.

Y para intentar justificar que la condena no restaba credibilidad al testimonio de los profesionales de la información, los firmantes cargaron la culpa sobre el fiscal general por no actuar con la prudencia que si demostraron los periodistas al no publicar la información antes de que García Ortiz la tuviera en sus manos: “Tenemos la firme convicción de que, en ningún caso, las respuestas [de los periodistas] se vieron afectadas en su veracidad por el ejercicio de ese irrenunciable derecho [al secreto profesional]. La decisión de no difundir su contenido literal [del correo electrónico], ya fuera por respeto a las indicaciones recibidas de su fuente, ya por planificación secuencial de la información de la que ya disponían, no hace sino marcar un acusado contraste entre su prudencia profesional y la precipitación con la que García Ortiz no dudó en hacer posible la difusión pública de las comunicaciones, siempre confidenciales, entre un abogado y fiscalía para llegar a un acuerdo de conformidad”.

Este argumento, confuso en su formulación, es contrario al utilizado por el mismo Tribunal Supremo para rechazar una querella contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por declarar el 13 de marzo de 2024 en los pasillos del Senado que el fraude fiscal de la pareja de Ayuso estaba vinculado al cobro de comisiones por la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Montero hizo esa declaración cuando ese detalle aún no había sido revelado por ningún medio de comunicación.

El Tribunal Supremo, en una resolución firmada por algunos de los magistrados que luego han condenado al fiscal general, inadmitió la querella alegando que cuando Montero hizo esas declaraciones los detalles de los supuestos delitos cometidos por la pareja de Ayuso ya circulaban -aunque no se hubieran publicado aún- por los medios de comunicación. La resolución del Supremo evitó cualquier reproche a la ministra Montero al no apreciar en su conducta ningún tipo de “precipitación” en “hacer posible la difusión pública” de los negocios privados de la pareja de Ayuso antes de que lo publicaran los medios de comunicación.

El delito de revelación de secretos cuenta con dos actores principales: quien tiene el deber legal de guardar ese secreto –en este caso, el fiscal general del Estado– y quien lo difunde, en este caso los periodistas que conocen mejor que nadie quién cometió el delito.

Pero la investigación por parte de Ángel Hurtado, el magistrado encargado de la instrucción, avaló desde el principio “la comidilla en la Sala de lo Penal” según la cual los periodistas que se acogen a su derecho de no revelar las fuentes pudieron mentir, protegidos por la Constitución, en defensa del fiscal general.

Hurtado rechazó de un plumazo los testimonios de periodistas que obligaban a archivar la causa. Lo hizo mediante un párrafo de motivación escasa y absurda: “Se trata”, escribió, “de testimonios que no aportan datos objetivos y contrastan con otro de los testimonios prestados en la mañana del día 8, que niega que así hubiera sido″. Ningún testimonio del día 8 negó el relato de los periodistas que declararon ante el juez que ni el fiscal general ni nadie por orden suya les había filtrado el correo electrónico.

La sentencia del Supremo utiliza una cita de la jurisprudencia “anglosajona” para poner en valor el secreto profesional que permite a los periodistas informar en libertad sin temor a represalias que impidan una adecuada fiscalización del poder. “Si se obligara a los periódicos a revelar sus fuentes, pronto se quedarían sin la información que deberían tener. Sus fuentes se secarían. No se revelarían las malas acciones. No se podría desenmascarar a los charlatanes. Las injusticias quedarían sin remedio. Las fechorías en los pasillos del poder, en las empresas o en los departamentos gubernamentales nunca se conocerían”.

García Ortiz fue condenado por difundir el correo electrónico de un abogado a la Fiscalía. El conocimiento de ese hecho permitía desmontar el bulo –envuelto en la filtración de otro correo distinto– difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en defensa del empresario Alberto González Amador, procesado por dos delitos fiscales. El bulo de Rodríguez, publicado por varios medios de comunicación sin contraste alguno, consistía en atribuir a la Fiscalía la perversa intención de ofrecer al supuesto defraudador, pareja de la presidenta Ayuso, un acuerdo para evitarle la prisión a cambio de que confesara los dos delitos fiscales. Era justo al revés.

Conocidos los hechos, la cita anglosajona vinculada al caso del fiscal general español quedaría así: “Si se obligara a los periódicos a revelar sus fuentes, pronto se quedarían sin la información que deberían tener. No se revelarían las malas acciones, como la difusión de bulos por parte de un Gobierno a favor de un procesado por fraude fiscal que es pareja sentimental de la presidenta de ese Ejecutivo. No se podría desenmascarar a los charlatanes, como el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, quien manipuló a determinados medios de comunicación para atacar con mentiras a la Fiscalía. Las injusticias [como la condena a un fiscal general del Estado por combatir un bulo facilitando información ya conocida antes por los medios] quedarían sin remedio. Las fechorías en los pasillos del poder, nunca se conocerían”.

Para investigar un delito de revelación de secretos difundidos por numerosos medios de comunicación, el Tribunal Supremo decidió que el testimonio de los periodistas carecía de valor probatorio porque se acogieron al secreto profesional que les permite hacer manifestaciones “aunque no sean fieles a la realidad” y las autoriza a utilizar “subterfugios” que se niegan a otros testigos en un juicio.

El derecho constitucional a no revelar la identidad de las fuentes de información se convierte, en manos del Supremo, en una prueba principal de cargo contra el implicado en una supuesta revelación de secretos.

El Tribunal Constitucional resolverá por primera vez en su historia uno de los casos más polémicos de la historia judicial de España. Y deberá contestar a la pregunta de si despreciar el testimonio de periodistas que se acogen a su derecho al secreto profesional vulnera el derecho a la presunción de inocencia del procesado por revelar secretos a esos mismos periodistas.

Solo unos días después de que Pedro Sánchez acordase con Junts aprobar en el Congreso una ley de amnistía a cambio de los siete votos que le faltaban para garantizar su investidura, un veterano magistrado del Supremo contestó así a la pregunta de si el Poder Judicial podría evitar la iniciativa del Poder Legislativo: “La batalla la estamos perdiendo pero, en mi ingenuidad, creo que todavía hay partido”. Dos años después, la ley de amnistía vigente no se puede aplicar al expresidente catalán Carles Puigdemont y a otros ex consejeros de su Gobierno por la jurisprudencia creativa que el Supremo impuso a este caso al interpretar que la malversación cometida por los altos cargos independentistas no era amnistiable.

Ese mismo magistrado del Supremo le contó a un periodista que los procedimientos judiciales en España poseen instrumentos suficientes de control para castigar a aquellos jueces que hacen mal su trabajo. El periodista le recordó entonces que eso no se cumple en algunos casos porque había instancias superiores que rechazaban recursos contra la mala praxis de instructores y protegían al juez infractor: “A veces los jueces no vigilan a los jueces, ese es el problema”.

El magistrado replicó: “Ten cuidado con sugerir la posibilidad de echar de la judicatura a jueces por mala praxis. La interpretación gubernamental de lo que se entiende por mala praxis es lo que ha permitido a Trump detener a un juez que se negó a avalar las deportaciones a El Salvador”.

El ejemplo del veterano magistrado no podía estar más lejos de la realidad española. Aquí, un juez instructor, Juan Carlos Peinado, imputó a Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresa, por unas declaraciones en la fase de instrucción del caso Begoña Gómez que nunca hizo. Güemes estuvo imputado seis meses hasta que la Audiencia Provincial corrigió el despropósito. El juez siguió en su puesto sin sanción.

Peinado maltrató verbalmente al ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante su declaración judicial, y le exigió que buscase en los despachos de Moncloa unos datos que ya estaban en el sumario. El juez le intentó imputar por un delito de malversación de fondos públicos que nunca pudo cometer y tergiversó la declaración del dirigente socialista en la exposición razonada que el Supremo rechazó. Ahora, la derecha judicial quiere archivar sin sanción la queja de Bolaños contra el juez Peinado.

Ángel Hurtado, magistrado del Supremo, acusó por escrito y sin pruebas al Gobierno de ordenar al fiscal general del Estado –“por indicaciones de Moncloa”, según un auto judicial– la filtración de un correo electrónico en el que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, reconocía haber cometido dos delitos fiscales. Es el mismo magistrado que cuando ejercía en la Audiencia Nacional se opuso a condenar al PP en el caso Gürtel y protegió con descaro a Rajoy durante su declaración como testigo en ese procedimiento. Unos meses después de aquello ascendió a magistrado del Supremo por decisión de un Consejo General del Poder Judicial de mayoría conservadora.

El juez Juan José Escalonilla mantuvo durante tres años una investigación abierta a dirigentes de Podemos con hasta diez piezas separadas que mantuvieron todo ese tiempo la sospecha de corrupción sobre la formación política de izquierdas. Pero acabó archivando una a una todas las causas en las que imputó a los altos cargos de Podemos. Solo unos meses después, Escalonilla ascendió por concurso a la sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid.

Un juez de la Audiencia Nacional ya jubilado, Manuel García Castellón, atribuyó un supuesto delito de terrorismo al expresidente catalán, Carles Puigdemont sin una sola prueba para intentar así que no se pudiera beneficiar de la Ley de Amnistía. Pese a ello, el Tribunal Supremo decidió avalar esa investigación tras admitir a trámite una exposición razonada que incumplía las condiciones que imponía su propia jurisprudencia. Aquella investigación a Puigdemont por terrorismo se frustró solo por un olvido del instructor en la aprobación de las prórrogas necesarias.

Además de la existencia de un sistema de recursos que permite a las partes de un litigio recurrir a instancias superiores contra decisiones del juez que investiga, existe en España una comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial que también vigila el trabajo de jueces bajo sospecha.

El promotor de la acción disciplinaria es Ricardo Conde, de sensibilidad conservadora. Lleva en ese puesto ocho años –los mandatos de los vocales del Gobierno de los jueces son de cinco años– y sus propuestas en los casos polémicos conocidos tienden siempre a relativizar los insultos de jueces a ministros y altos cargos en redes sociales, o minimizar la gravedad de los excesos o errores cometidos por jueces. La derecha judicial, que manda en el CGPJ desde hace 30 años y ahora tiene mayoría absoluta en la comisión disciplinaria, avala las propuestas de Conde y deja sin sanción actuaciones bochornosas de jueces contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Aquí van algunos ejemplos.

En aquellos días de la negociación sobre la ley de amnistía (noviembre de 2023), el magistrado Manuel Ruiz de Lara, titular del juzgado número 11 de lo Mercantil en Madrid, comenzó su particular cruzada contra el Gobierno en la red social X: “Quién nos iba a decir que nos iba a presidir un narcisista patológico con rasgos claros de psicópata sin límites éticos y dispuesto a todo, incluso a destruir el Estado de Derecho, para permanecer en Moncloa”, escribió. Y continuó: “Era lógico que un mentiroso patológico como @sanchezcastejon eligiese al siervo mentiroso patológico @felixbolanosg al frente del ministerio de @justiciagob para que manipulase, omitiese las exigencias de @CoeGreco y continuase la senda de ataque al @PoderJudicialEs RESISTIREMOS”. Y más: “Al igual que Grande-Marlaska, Margarita Robles, Pilar Llop, la ‘disparatada podemita’ prefieren, deshonrando la toga, arrastrarse en la indignidad por las migajas de un cargo”.  

El atrevido juez decidió eliminar su cuenta de X cuando conoció que el Consejo General del Poder Judicial decidió investigar aquellos insultos graves. El juez de los ataques era miembro de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. La misma Asociación que aquellos días acusaba a Sánchez con mensajes apocalípticos: “Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho”.

Dos años y medio después, el Estado de derecho en España parece firme y las reglas de la Constitución, vigentes. Los tribunales y las comunidades autónomas recurrieron la Ley de Amnistía de acuerdo con las normas del Estado de derecho y el Tribunal Constitucional avaló su constitucionalidad.

La comisión disciplinaria del CGPJ, de mayoría conservadora, archivó hace dos años las diligencias abiertas a Ruiz de Lera con varios argumentos: el juez de lo Mercantil había borrado los mensajes y no era posible comprobar si los escribió el mismo o si lo hizo identificándose como miembro de la carrera judicial. La documentación analizada acreditaba todos estos extremos, pero al promotor de la Acción Disciplinaria dictó su veredicto: “Aun dando por cierto el tuit y su autoría, en ningún caso concurriría esa otra acción que integra el tipo en cuestión de invocar la condición de juez, o de haberse servido de la misma al momento de formular sus críticas”.

El susto de Ruiz de Lara ante una posible sanción disciplinaria no le impidió insistir en sus ataques al Gobierno, aunque tuvieron que pasar dos años, con una Ley de Amnistía aprobada y respaldada por el Constitucional, para volver a la carga en 2025 contra Sánchez y su mujer, a la que llamó “Barbigoña”. La derecha del Poder Judicial, mayoritaria en la comisión disciplinaria, votó hace un mes contra la sanción a Ruiz de Lara.

Los responsables del Poder Judicial que se atreven a hablar de esta situación escudados en el anonimato admiten que muchas de las afirmaciones vertidas por jueces en las redes sociales incumplen estos principios, pero señalan que el órgano de gobierno no puede actuar contra ellos porque no son preceptos cuyo incumplimiento se pueda sancionar.

El juez Manuel Piñar Díaz, que condenó a cinco años de prisión a Juana Rivas, cargó en Facebook contra las políticas de igualdad del Gobierno de coalición. Habló de “comunismo feminazi” para referirse a Irene Montero o escribió “ladrones, corruptos” sobre una foto de José Luis Rodríguez Zapatero. El Consejo tampoco actuó de oficio en este caso, pero sí le abrió expediente a raíz de una denuncia del abogado de Juana Rivas, a la que también criticó. El Poder Judicial archivó la queja con el siguiente argumento: “La publicación por parte de un miembro de la Carrera Judicial, en una red social, de determinadas opiniones —con independencia total de la que, a su vez, a cada cual nos merezcan—, cuando en tal medio no se hace invocación expresa de su condición profesional o cuando sea factible entender que su intervención se hace a título particular como mero ciudadano, constituye una manifestación del derecho a la libertad de expresión”.

Los Principios de Ética Judicial establecen que la imparcialidad de los miembros del Poder Judicial impone el deber de evitar conductas que, dentro o fuera del proceso, puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza pública en la justicia. Algunos jueces incumplen de manera grosera esos principios de ética judicial y siempre contra políticos y altos cargos del mismo signo ideológico. Pero su conducta sigue impune.

La ley establece que los jueces cometerán una falta disciplinaria si dirigen “a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición”. Jueces con toga se manifestaron a las puertas de los juzgados contra una ley de amnistía que ni siquiera estaba aprobada ni había comenzado a tramitarse en el Congreso de los Diputados.

La Comisión de Ética Judicial, elegida por los jueces de carrera y de abrumadora mayoría conservadora, avaló la protesta a raíz de la consulta de un profesional, preocupado por si la concentración de togados a las puertas de los juzgados afectaban al principio de independencia judicial y al deber de imparcialidad e integridad al que están sometidos los miembros de la carrera. La Comisión consideró que si el juez que se manifiesta –un derecho reconocido en la Constitución a todos los ciudadanos, según aclaró– tiene “un honesto, meditado y sincero convencimiento” de que la ley de amnistía “pueda afectar al Estado de Derecho”, su actuación no merece una sanción disciplinaria.

Desde hace un tiempo, la derecha judicial tiene el “sincero convencimiento” de que todo vale para tumbar al Gobierno que se atrevió a aprobar una ley de amnistía que perdonaba a los independentistas catalanes los delitos por los que el Supremo les condenó.

El juez Juan Carlos Peinado sigue empeñado en procesar por cinco delitos a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y ha transformado las diligencias que inició en abril de 2024 en un procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado. La Audiencia Provincial de Madrid anuló en este tiempo una decena de resoluciones del juez, entre ellas cinco imputaciones, varias órdenes de registro, y la última decisión de Peinado que abocaba el procedimiento a la vía del jurado. Pero el instructor sorteó los suspensos de la Audiencia Provincial como pudo: a veces sin hacer mucho caso, otras veces corrigiendo errores para seguir aplicando su criterio, y siempre manteniendo viva la causa.

Su último salto ha sido imponer, en contra de la Audiencia Provincial, que el procedimiento contra Begoña Gómez sea juzgado por un jurado popular dado que, según explica, entre los cinco delitos que atribuye a la mujer del presidente y que considera entrelazados –tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, intrusismo profesional y corrupción en los negocios– los dos primeros corresponden a los que la Ley establece que pueden ser tramitados por el procedimiento del jurado.

El juez Peinado se corrigió a sí mismo cuando imputó por malversación de fondos a Begoña Gómez y a su asistente, Cristina Álvarez, unos meses después de negarse a hacerlo a petición de la acusación popular de ultraderecha. Ahora mantiene esa imputación pese a que la Audiencia Provincial dejó dicho que “el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer el delito de malversación”.

En un auto de 47 folios, el juez instructor elabora un extenso relato de hechos con todos los indicios que ha recabado durante 23 meses de investigación contra la mujer del presidente del Gobierno. En ese escrito, Peinado olvida incluir en su exposición todos los contraindicios descubiertos durante la investigación que favorecen a Begoña Gómez y que obligarían en la mayoría de los casos a archivar el procedimiento. Son los que siguen:

Tráfico de influencias

El juez Peinado inició su investigación a cuenta de unas cartas de apoyo que firmó la mujer del presidente del Gobierno como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense a favor del empresario Juan Carlos Barrabés. Esas cartas de apoyo se incluyeron en la oferta con la que Barrabés concursó y logró dos contratos millonarios de Red.es, una entidad estatal dependiente entonces del ministerio de Economía. En su relato de hechos, Peinado señala: “La relevancia de este documento no reside solo en su contenido, sino también en su contexto: la carta fue aportada por una unión temporal de empresas vinculada al grupo empresarial de Juan Carlos Barrabés, con quien Begoña Gómez ya mantenía relación profesional, y se presentó en el marco de una licitación promovida por una entidad pública dependiente del mismo Gobierno que desde dos años antes presidía su esposo”.  

Pero Peinado olvidó escribir en su auto que junto a las cartas de Begoña Gómez había otras 31 con idéntica redacción firmadas por responsables de distintas empresas privadas –Google, Microsoft…– y organismos públicos, como el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP. Tampoco explicó que esas cartas se incluían en un apartado que el concurso valoraba con el 8% de los puntos totales del concurso y que, además, este asunto ya no pertenece al procedimiento que tramita el juez Peinado. La Fiscalía Europea Anticorrupción, que asumió la investigación del caso, no investiga a Gómez ni tiene pruebas del tráfico de influencias en el procedimiento, sino que analiza supuestas anomalías en el pliego de condiciones y en la resolución del concurso. Por su parte, la Guardia Civil hizo un informe solicitado por el juez Peinado que descartaba cualquier relación entre Begoña Gómez y las personas que tramitaron el concurso. Nada de esto escribió Peinado en su último auto.

Apropiación indebida

El juez instructor insiste en atribuir a Begoña Gómez el delito de apropiación indebida de un software fabricado durante el desarrollo de la cátedra para el uso gratuito de pequeñas y medianas empresas. “El uso del nombre idéntico al de la Cátedra, junto con las referencias directas a la titularidad de la Universidad Complutense en una web que estaba registrada a título personal por la investigada Begoña Gómez, generaba una evidente confusión visual e institucional sobre si el software era un servicio oficial gratuito de la Universidad o un reclamo para la consultora privada Transforma TSC S.L. constituida por ella”, escribe Peinado.

El juez evita contar que la Complutense investigó estos hechos y preguntó al Registro de la Propiedad Intelectual si el software del litigio había sido registrado a nombre de Gómez. La respuesta fue negativa, nadie ha registrado ese software, ahora abandonado por la Universidad, a quien pertenece. También omite el juez que el registro del dominio web (50 euros al año) a nombre de Begoña Gómez fue porque así se lo indicó la propia Universidad a la mujer del presidente del Gobierno.

Intrusismo profesional

Begoña Gómez firmó un pliego de condiciones para adjudicar un contrato relacionado con la herramienta tecnológica que la Cátedra que codirigía se había comprometido a crear. El juez Peinado ve en este hecho un indicio de intrusismo profesional. Para poder acreditarlo, Peinado pidió opinión a la Asociación de Abogados del Estado, la principal organización profesional de este cuerpo en España con más de 700 asociados. La respuesta fue que no había ningún delito en la actuación de Gómez: “La normativa de contratación pública no establece una reserva estricta de dicha función a un cuerpo concreto de funcionarios ni exige una titulación específica para la redacción de tales documentos”. Pero el juez cita en su resolución otro informe que nunca pidió. “Hay una comunicación remitida por la Nueva Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho” que, supuestamente, defiende la tesis de que Begoña Gómez no podía firmar ese pliego de condiciones.

Esa Asociación fue fundada en noviembre de 2024 por tres abogados del Estado y la lidera una de ellos, que está jubilado. Lo que se conoce de esta asociación desde que nació es que se dedica a criticar al Gobierno de Pedro Sánchez en medios de comunicación conservadores. De todas estas peculiaridades no habla Peinado en el auto donde mantiene viva la causa contra Gómez por intrusismo profesional basándose en una comunicación de una asociación de abogados del Estado sin apenas socios y que no representa a nadie. También obvia en su auto judicial que la interventora de la Complutense declaró en el juzgado que de acuerdo con las normas internas de la Universidad y con el marco legal que regula esos procesos de contratación pública, los pliegos de prescripciones técnicas tienen que ser firmados por el jefe o la jefa de la unidad, que en este caso era Begoña Gómez. Además, Peinado tampoco se refiere a la documentación incorporada al sumario que acredita que la mujer del presidente firmó los pliegos porque así se lo pidieron desde la universidad.

Corrupción en los negocios

Peinado señala que Gómez logró financiación y respaldo empresarial privado para los proyectos desarrollados durante el funcionamiento de la cátedra en una universidad pública. El juez cree que esas ayudas “aparecen conectadas con una posición de privilegio relacional y con beneficios o expectativas de beneficio recíproco”. En ningún momento Peinado aclara que Begoña Gómez no se lucró con su actividad en la cátedra de la Complutense sino todo lo contrario pues no pudo cobrar ni un euro por su trabajo como codirectora debido a que estaba prohibida cualquier retribución al no ser trabajadora de la universidad. Algo que le explicaron los implicados al juez de manera reiterada. Gómez colaboraba con la Universidad Complutense desde 2012, mucho antes de que su marido fuera secretario general del PSOE. El año que más facturó por las clases que daba apenas alcanzó al salario mínimo interprofesional. Nada de esto cuenta Peinado en su auto. Del supuesto beneficio que sacaron las empresas privadas que financiaron la cátedra no hay una sola prueba en el sumario tras 23 meses de investigación.

Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, cumple ya 23 meses imputada por cinco delitos en la causa penal que instruye Juan Carlos Peinado en el juzgado número 41 de Madrid. Su asistente, Cristina Álvarez, acumula 14 meses en parecida situación. El juez la investiga por tres delitos, entre ellos, el de apropiación indebida de un software que, según su abogado, intentó registrar la asistente a nombre de la Universidad Complutense. El mundo, al revés. “Un disparate”, según la defensa de la asistente.

La investigación del caso avanza entre sobresaltos. Al juez Peinado le han mostrado tarjeta roja por juego sucio más de diez veces en casi dos años de instrucción. El último rapapolvo anuló la decisión de seguir el procedimiento por el tribunal del jurado. Pero el juez sigue adelante con la causa, escarbando en todas las actividades de Begoña Gómez desde que su marido es presidente del Gobierno, según dejó escrito en un auto convertido en símbolo de las investigaciones prospectivas que suelen rechazar los tribunales.

Muy pocas causas penales tienen un historial de anomalías durante la instrucción tan grosero: hubo imputaciones basadas en declaraciones que nunca se produjeron o motivadas por nombramientos que no hicieron los implicados. Tres altos cargos de Moncloa fueron imputados sin motivo, al igual que el rector de la Universidad Complutense o un directivo del IE.

A Peinado le quedan seis meses de trabajo antes de su jubilación forzosa porque cumple 72 años en septiembre. Pero antes concluirá la instrucción del caso para sentar en el banquillo a Begoña Gómez, según creen casi todas las partes involucradas en este proceso.

Los indicios de los cinco delitos atribuidos a la mujer del presidente y de los tres delitos que mantienen imputada a su asistente son vaporosos.

1 - Apropiación indebida

Una herramienta tecnológica de uso gratuito para pequeñas y medianas empresas fabricada durante las actividades de la cátedra –era uno de los objetivos para su creación– que nunca se inscribió a nombre de Begoña Gómez, como pudo comprobar la Universidad Complutense tras consultar al Registro de la Propiedad Intelectual. La esposa del presidente solo puso a su nombre, y por indicación de la propia universidad, el dominio web en el que se alojó la herramienta tecnológica.

Pese a que todos estos hechos han sido acreditados durante la investigación, el juez mantiene la imputación de Begoña Gómez y de su asistente por apropiación indebida. “Resulta sorprendente que se investigue como apropiación indebida el registro del software a nombre de Begoña Gómez, pero se atribuya una intervención en el hecho delictivo a mi patrocinada por intentar registrar el software a favor de la Universidad Complutense de Madrid”, se lamenta el abogado de Cristina Álvarez en el recurso. Y concluye: “Su participación va en la dirección contraria del delito. Es modélica, solo intervino en hechos tendentes a hacer lo correcto, es decir, registrar el software a favor de la Universidad Complutense de Madrid. Es como imputar por el atraco a un banco al policía que intervino deteniendo a los atracadores. Es un disparate”.

El fiscal del caso también censuró al juez por esta imputación a la asistente de Begoña Gómez: “La supuesta participación de Cristina Álvarez por mandar un correo a los órganos de la Complutense para abordar el tema de la cesión de derechos en favor de la universidad, que precisamente estaban tratando de realizar. No es serio ni racional, sino todo lo contrario, y es un caso, afortunadamente aislado en nuestro sistema judicial, de atribución de responsabilidad a un ciudadano de esta forma”.

2 - Tráfico de influencias

El juez se basa para investigar este delito en una carta de apoyo a una empresa privada firmada por Begoña Gómez en calidad de directora de cátedra en la Universidad Complutense. El empresario Juan Carlos Barrabés, que dio varias clases en esa cátedra, incluyó dentro de su oferta a un concurso público la carta firmada por Gómez junto a otras 31 de idéntica redacción, una de ellas firmada por un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP.

Ninguno de los trabajadores y altos cargos de Red.es que intervinieron en la adjudicación del concurso ha sido imputado, ni siquiera llegaron a declarar ante el juez para explicar los hechos.

3 - Malversación de fondos públicos

La asistente de Gómez la ayudó en algunos de los trámites relacionados con su colaboración en la Universidad Complutense de Madrid, como ha quedado acreditado por varias decenas de correos electrónicos que envió Cristina Álvarez a las autoridades universitarias en nombre de la mujer del presidente del Gobierno. El juez Peinado, que negó hace meses imputar a ambas mujeres por malversación de fondos públicos, corrigió su decisión y mantiene a Begoña Gómez y Cristina Álvarez imputadas por malversación de fondos públicos. El abogado de Gómez explica que “es habitual que en el horario laboral, los trabajadores hagan gestiones como puede ser la remisión de un correo electrónico en su beneficio, en el de sus familiares o amigos”. “Difícilmente puede entenderse que, si esos trabajadores son funcionarios públicos, con ello se está cometiendo un delito de malversación de caudales públicos. Es una interpretación del Código Penal extraordinariamente extensiva y alejada de la realidad”.

Y añade: “Para que la posible dedicación de mi patrocinada a tareas privadas de doña Begoña Gómez fuese constitutiva de delito de malversación, sería necesario que doña Cristina 'cobrara un sueldo sin prestar ninguna de las funciones para las que estaba contratada'. No consta dato ni indicio de que mi patrocinada haya desatendido sus funciones por haberse dedicado a tareas privadas de doña Begoña Gómez. Al contrario, ha cumplido con sus obligaciones de manera exquisita, con una dedicación intensa, prácticamente sin horario, y muy por encima de lo que cabría esperar por su escueto salario. Y no consta desatención ninguna de sus obligaciones”.

4 - Intrusismo profesional

Begoña Gómez propuso a la Universidad Complutense crear una cátedra entre cuyos objetivos estaba la investigación de aplicaciones informáticas que ayudarán a pequeñas y medianas empresas para mejorar su competitividad. Para desarrollar la nueva tecnología, de uso gratuito, Gómez logró la colaboración a favor de la universidad de las compañías Google, Telefónica e Indra. La directora de la cátedra firmó los pliegos de condiciones para adjudicar un contrato de consultoría vinculado a la nueva herramienta tecnológica. El juez Peinado sostiene que Gómez carecía de cualificación profesional para firmar esos pliegos de condiciones y la imputa por intrusismo profesional. Durante la investigación, el instructor pudo escuchar como la interventora de la Universidad Complutense declaró que las normas obligaban a que la directora de la cátedra, Begoña Gómez, firmase los pliegos de condiciones. Además, la asociación de Abogados del Estado contestó al juez que no había intrusismo profesional en aquellos hechos. Gómez sigue imputada.

5 - Corrupción en los negocios

Begoña Gómez dirigió durante cuatro años una cátedra en la Universidad Complutense y logró más de medio millón de euros en subvenciones al proyecto educativo público. En todo ese tiempo no cobró por su trabajo -preguntó, pero le contestaron que al no ser trabajador de la Universidad no podía recibir salario alguno-. Está imputada por corrupción en los negocios. Su actividad privada desde que inició su colaboración con la Complutense en 2012, según la investigación del juez Peinado, nunca le reportó unos ingresos anuales superiores al Salario Mínimo Interprofesional. Su abogado recordó al juez que la Cátedra de Transformación Social Competitiva “no era remunerada” y que los fondos de empresas privadas se obtuvieron para la Universidad Complutense y no para Begoña Gómez.

La investigación no halló en todo este tiempo de instrucción ni una sola prueba de intervención de Begoña Gómez en el amaño de contratos, ni de enriquecimiento ilícito, ni de hacer negocio con su actividad, por la que ingresó solo en el mejor de los años, el salario mínimo interprofesional. La Guardia Civil investigó el supuesto tráfico de influencias y elaboró un informe al comienzo de la causa que descartaba el delito. Pero el juez no hizo ni caso. La Audiencia Provincial, que avaló entonces seguir con la investigación, tampoco.

“No es serio ni racional, sino todo lo contrario, y es un caso, afortunadamente aislado en nuestro sistema judicial, de atribución de responsabilidad a un ciudadano de esta forma”. Palabra de fiscal.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se gana la vida desde hace años con su actividad privada: trabajos de consultoría para distintas empresas y conferencias bien remuneradas. Es autónomo y paga a Hacienda el 45% de lo que factura, según cuenta su entorno. La imputación de su cliente, amigo y empresario Julio Martínez en el caso Plus Ultra —el supuesto desvío para fines ilegales de parte del préstamo de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a esta compañía— le ha puesto en aprietos.

La empresa Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez, pagó desde su creación en febrero de 2020 y hasta 2025 unos 600.000 euros brutos al consultor Zapatero y a la empresa de sus hijas por trabajos de asesoría y mercadotecnia, según adelantó El Mundo. A la vez, Julio Martínez ha ingresado en este tiempo con Análisis Relevante casi medio millón de euros de Plus Ultra por asesorías externas relacionadas, entre otras cuestiones, con problemas de la compañía aérea en Venezuela.

El PP sospecha que Julio Martínez puede ser el testaferro de Zapatero para sus negocios en el país latinoamericano y ha citado en el Senado al expresidente del Gobierno para que responda sobre todas las sospechas de corrupción que han difundido contra él en los dos últimos años, entre ellas el supuesto regalo de una mina de oro en Venezuela.

El rescate de Plus Ultra: un préstamo de 53 millones a una compañía con tres aviones y 350 trabajadores. El 9 de marzo de 2021, casi un año después del decreto de alarma que cerró España por la pandemia, Plus Ultra recibió del Gobierno 53 millones de euros en dos préstamos (uno ordinario de 19 millones y otro participativo de 34 millones) para evitar su quiebra por inactividad.

El gestor y máximo responsable del Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas era Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, nombrado para ese puesto en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Lora declaró en el Senado que no había recibido presiones de ningún miembro del Gobierno para adjudicar los préstamos a empresas en crisis, entre ellas a Plus Ultra: “Tramitamos unos expedientes en base a las normativas europea y nacional, con un procedimiento riguroso y tasado”. Hasta el pasado diciembre, Plus Ultra había cumplido con las obligaciones comprometidas en la concesión de los dos préstamos y ya había devuelto nueve millones de euros en intereses.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consideró a Plus Ultra, con licencia tipo A concedida en 2015, una compañía esencial como las otras 19 del mismo tipo existentes en España. Plus Ultra “tuvo una facturación en 2019 de 100 millones de euros, generó empleo directo a 350 personas y empleo indirecto a 2.500. Por tanto, es una compañía relevante, estratégica por el nicho de mercado que ocupa, y cumple los criterios para recibir ayudas vinculadas al Fondo de Solvencia”, explicó Montero en el Congreso cuando le preguntaron por el rescate.

El PP consideró insultante y sospechosa la ayuda del Gobierno a una compañía con una flota de apenas tres aviones (dos A340-300 y un A340-600) y una cuota de mercado “de un 5,9%, con lo cual queda muy lejos de ser una empresa estratégica y, por tanto, susceptible del rescate concedido”. Plus Ultra realizó 765 operaciones en 2019 sobre un total de 1.155.070 operaciones de pasajeros internacionales desde los aeropuertos españoles; y en el año siguiente, en plena pandemia, hizo 220 de un total de 352.652 operaciones.

La formación conservadora preguntó a distintos ministerios si los accionistas de Plus Ultra estaban siendo investigados por blanqueo de capitales en Andcapital Bank Internacional, o sobre los préstamos que tenían en Gibraltar o Suiza, o sobre los vínculos de una parte de la propiedad con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. No obtuvo respuesta.

Zapatero niega ahora que hiciera gestiones con miembros del Gobierno español para el rescate de la aerolínea, y mucho menos que cobrara por nada relacionado con esa operación. La única reunión que mantuvo con José Luis Ábalos, exministro de Transportes, fue posterior a la aprobación de la ayuda a Plus Ultra, según su entorno, y no trató sobre esa cuestión. Los informes que elaboraba para Análisis Relevante, cuentan, no trataron aspectos relacionados ni con este rescate ni con Venezuela.

La Fiscalía Anticorrupción presentó hace dos meses una querella por “uso indebido” de una parte del rescate de 53 millones de euros para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela. El pasado 12 de diciembre, la policía detuvo al presidente, cofundador y actual dueño de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; al consejero delegado, Roberto Roselli; y al asesor externo de la compañía y amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez. La Policía halló una especie de contrato por el que este empresario que contrató a Zapatero y a sus hijas cobraría de Plus Ultra una comisión del 1% (530.000 euros) en caso de que se lograra el rescate. También se hallaron 300.000 euros en billetes que Martínez Martínez atribuyó a la venta de una vivienda no declarada a Hacienda.

Análisis relevante: una empresa sin casi clientes que contrató a la familia Zapatero. Julio Martínez fundó la consultora Análisis Relevante en febrero de 2020, en vísperas de que España entrara en una larga pausa para combatir el coronavirus con un decreto que prohibió la mayoría de actividades económicas y encerró a los ciudadanos en sus casas.

Sergio Sánchez, un cargo relevante en el CNI durante el mandato del general Félix Sanz Roldan (2009-2019), adquirió por 1.000 euros el 25% de Análisis Relevante, una sociedad cuyo objetivo era conseguir clientes a los que vender informes geoestratégicos. Según ha explicado Sánchez a El Mundo y a El País, los clientes nunca llegaron, y él escribió los informes, por los que cobró apenas 18.000 euros mientras la empresa de las hijas de Zapatero se dedicaba a maquetarlos para enviarlos a los potenciales clientes.

Asegura que nunca supo que la empresa de la que era dueño en parte asesoraba a Plus Ultra. El entorno de Zapatero sostiene que Sánchez miente sobre los informes porque el expresidente escribió a mano muchos de ellos. Preguntado por esta circunstancia, Sergio Sánchez evita entrar en polémicas y se ciñe a lo explicado respecto a su participación en una empresa de la que ya no forma parte.

El falso regalo de una mina de oro en Venezuela. Hugo Armando el 'Pollo' Carvajal, exjefe de la contrainteligencia militar venezolana durante el mandato de Hugo Chávez y opositor al Gobierno de Nicolás Maduro desde 2019, desmintió desde la cárcel de Estremera (Madrid) un bulo que él mismo ayudó a difundir, que ya cumple cuatro años de vida y en el que se basan algunas de las denuncias presentadas y archivadas por la Audiencia Nacional contra Zapatero por narcotráfico y blanqueo de capitales, entre otros delitos. El 'Pollo' Carvajal envió en 2023 una carta manuscrita a Zapatero donde le pedía disculpas por las mentiras difundidas sobre el supuesto regalo de una mina de oro por parte del régimen venezolano y se comprometía a “subsanar el malentendido”.

La información publicada por primera vez en octubre de 2021 se basaba en un escrito del propio Hugo Armando Carvajal en el que denunciaba que “el hecho” de que una política colombiana, Piedad Córdoba, fallecida en 2024, señalara a Zapatero como “beneficiario de una mina donde predomina el oro y el diamante, ubicada en el extremo sureste del Estado Bolívar, fronterizo con la República Federativa de Brasil (…)” constituía “una prueba de cómo Nicolás Maduro privilegia, manipula y corrompe a políticos europeos que le dan reconocimiento internacional, a cambio de respaldar y avalar sus crímenes y violaciones de los derechos humanos en perjuicio del pueblo venezolano”. Una declaración confusa de Piedad Córdoba citando el nombre de Zapatero alentó una teoría conspirativa sobre la que no existía ni una sola prueba.

La asociación ultraderechista HazteOír presentó hace dos meses una querella contra Zapatero que aireaba el bulo de la mina de oro. El magistrado Antonio Piña archivó la denuncia tras pedir opinión a la Fiscalía: “En la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva, sino que se recogen conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo”. “Ni se puede afirmar el incremento patrimonial que se indica en la querella, ni que el mismo tenga relación con una actividad delictiva (...). Tampoco puede sostenerse que la colaboración con el Gobierno de Venezuela que en determinados ámbitos haya podido tener Zapatero sea suficiente para considerar que ayudaba de forma consciente al sostenimiento de una organización criminal”, escribió el juez Piña.

Durante los dos años que Hugo Armando Carvajal pasó en las cárceles españolas trató de evitar su traslado a Estados Unidos para ser juzgado. Su principal instrumento de persuasión consistió en ofrecer al juez información sobre tramas de corrupción en Venezuela que implicaban a dirigentes de Podemos. Carvajal llegó a denunciar sin pruebas que la petrolera PDVSA había pagado cientos de miles de euros a políticos de Podemos y que incluso uno de sus dirigentes, Juan Carlos Monedero, había llegado a recoger en mano en un hotel de Caracas 600.000 dólares que habían salido de la embajada de Cuba en la capital venezolana. Estas maniobras para evitar la extradición a cambio de lanzar acusaciones contra políticos de los partidos que gobernaban entonces España resultaron inútiles.

Unos meses antes de ser extraditado a Estados Unidos, el 'Pollo' Carvajal escribió una carta dirigida a Zapatero en la que empezaba ensalzando “su altura personal y compromiso democrático” y agradeciéndole sus gestiones para lograr la libertad de Miguel Rodríguez, primer ministro del Interior del Gobierno de Maduro (2013-2014) que acabó detenido y encarcelado por el régimen venezolano (2018) y pasó cuatro años preso hasta que fue expatriado a España.

Zapatero lleva más de 10 años negociando con el régimen de Maduro la liberación de presos políticos en Venezuela. Ha conseguido la libertad de más de 100 personas. Uno de los últimos en salir libre el pasado enero, Enrique Márquez, líder opositor venezolano, agradeció así el trabajo del expresidente español: “Cuenta con todo mi amor y cariño. Se portó con mi esposa como un hermano mientras yo estuve preso, la atendió, la consoló y le habló de esperanza y posibilidades. Y hoy si creo que el presidente Zapatero juega un papel aún hoy en Venezuela y espero que el tiempo lo reivindique dentro de una guerra de intolerancia que hay no solo en Venezuela sino también en España”.

Hugo Armando Carvajal señalaba en su carta de 2023 que fue un error no desmentir las acusaciones contra Zapatero y ensalzaba el hecho de que el expresidente calificara “sabiamente” de “surrealista” la información difundida sobre la mina de oro. El 'Pollo' Carvajal explica que las declaraciones de la política colombiana Piedad Córdoba en las que él se basó para sus acusaciones estaban “sacadas de contexto” y se ofreció a aclarar la “situación incómoda” y “subsanar el malentendido”. El exjefe de contrainteligencia militar venezolano admite que “medios de derechas” le llamaron, pero no quiso contestar: “Se nota la mala intención cuando se refieren a usted”.

El 'Pollo' Carvajal, encarcelado en España desde septiembre de 2021 a julio de 2023, rompió en 2019 con el Gobierno de Maduro, a quien acusó de asesinar a cientos de jóvenes en las calles y de matar a otros muchos venezolanos por falta de medicamentos y seguridad. La Audiencia Nacional autorizó en 2023 su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico.

El pasado 25 de junio, el fiscal estadounidense Jay Clayton anunció que Hugo Armando Carvajal se había declarado culpable de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos y de participar en actividades de narcoterrorismo para beneficio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), delitos castigados en Estados Unidos con penas que llegan hasta la cadena perpetua. Clayton acusó al 'Pollo' Carvajal de coordinar en 2006 el envío de 5,6 toneladas de cocaína a Estados Unidos desde Venezuela en un DC-9 con matrícula. El avión había despegado en Venezuela y aterrizado en México donde las autoridades frustraron la operación y se incautaron del cargamento de droga.

El empresario y comisionista Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostiene ahora que no cometió los delitos fiscales por los que será enjuiciado. Antes había admitido de manera oficial todo lo contrario: confesó a través de su abogado el doble fraude fiscal ante los inspectores de Hacienda en octubre de 2023 cuando descubrieron múltiples engaños en sus declaraciones tributarias, intentó devolver lo defraudado cuando ya no podía, y acordó con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en junio de 2024 un relato de hechos donde admitía dos delitos a cambio de ver rebajada la petición de cárcel a sólo ocho meses.

Entre la admisión de su culpa y la defensa de su inocencia ha pasado más de un año y un juicio en el Supremo donde cinco de los siete magistrados del Tribunal condenaron sin pruebas al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar datos reservados sobre Alberto González Amador. El fiscal general del Estado difundió una nota en la que informaba que el comisionista había propuesto un acuerdo de conformidad en el que admitía los delitos cometidos. De esa manera, el fiscal general desmentía el bulo lanzado por el entorno del novio de Ayuso y publicado por determinados medios de comunicación para denunciar en falso una cacería política de los poderes del Estado contra González Amador.

La defensa del novio de Ayuso dedica la mitad del escrito presentado el jueves en el juzgado a detallar la sentencia del Supremo que inhabilita al fiscal general del Estado por revelar el dato reservado de la confesión de culpa del empresario. Los abogados plantean esta circunstancia para denunciar que se ha vulnerado la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de su cliente ante el juicio que tiene pendiente por dos delitos fiscales.

El Tribunal Supremo dedicó dos páginas de su sentencia a argumentar por qué la condena al fiscal general no podía utilizarse para pedir la anulación del juicio a González Amador por el doble fraude: “Es precipitado e infundado alimentar la impresión de que los jueces llamados a resolver esa causa penal no podrán resolver con profesionalidad y en derecho sobre las pretensiones acusatorias, en su caso, articuladas. Hay que presumir que serán plenamente conscientes de la imposibilidad de utilizar como prueba en el proceso ese mensaje indebidamente difundido. Y que, en consecuencia, saldrán al paso de cualquier intento de introducirlo, de forma directa o indirecta, como elemento probatorio”, señala el fallo.

El origen de la causa penal abierta a González Amador es la declaración defraudatoria que presentó ante Hacienda en mayo de 2021, cuando ya mantenía una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. La declaración del Impuesto de Sociedades de Maswell Cremona, la empresa propiedad de González Amador, incluyó unos gastos de 620.000 euros en 2020 por el pago de una supuesta comisión a una empresa mexicana, MKE. El contrato de colaboración con MKE que González Amador aportó a Hacienda establecía que eran necesarios nuevos contratos para abonar comisiones por cada negocio logrado en México. Pero nunca hubo nuevos contratos, ni tampoco negocios por los que pagar comisiones. Cuando la Inspección pidió explicaciones sobre esa factura, González Amador decidió anularla. Entonces, la Agencia Tributaria concluyó: “Se hizo para eludir parte de la tributación”.

El empresario había logrado como comisionista en 2020 el negocio de su vida en los peores meses de la pandemia. Ganó casi dos millones de euros como consecuencia de intermediar en una compraventa de mascarillas por la que facturó el 4,5% del monto de la operación. González Amador puso en contacto a una empresa gallega, MAPE, con la firma catalana FCS, que adquiría el material en China. Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, la firma a la que facturaba sus servicios González Amador antes del pelotazo de las mascarillas, era a su vez consejero de MAPE, la sociedad que adquirió el material a FCS en una operación que enriqueció al novio de Ayuso.

Cuando González Amador ya sabía que Hacienda le había abierto una inspección por las facturas falsas de MKE, presentó la declaración del impuesto de Sociedades del año siguiente y perpetró un engaño parecido. En este caso, presentó una factura por 922.585 euros a nombre de Gayani, una firma de Costa de Marfil que supuestamente había intermediado para conseguir que el novio de Ayuso vendiera vacunas al Gobierno de aquel país. González Amador nunca hizo ese pago a favor de Gayani; el Gobierno de Costa de Marfil nunca aceptó comprarle vacunas. Pero el novio de Ayuso se desgravó ese gasto inexistente, y otros menores de varias empresas andaluzas que también resultaron falsos. Todo para ahorrarse 155.000 euros y 195.000 euros en las declaraciones del impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 respectivamente.

Hacienda acreditó estos engaños tras una inspección exhaustiva que duró casi dos años: “Esta reiteración de situaciones similares acontecidas en 2020 y 2021 lleva a la Inspección a considerar que no nos encontramos ante meros errores de registros contables y deducciones fiscales de facturas recibidas de gran importe en los ejercicios en los que la mercantil incrementa de forma significativa su facturación. Sino que este actuar puede responder a un patrón organizado tendente a evitar la tributación que hubiera acontecido a la mercantil ante el incremento de la facturación, eludida mediante la búsqueda, registro y deducción de facturas relativas a servicios no acometidos, no relacionados con la actividad y no pagados que se han deducido indebidamente y justificado como errores corregidos en ejercicios fiscales en curso y en el momento en el que la Inspección requiere su acreditación, conseguidos mediante la utilización de facturas que se acreditan falsas o falseadas”.

Cuando González Amador se dio cuenta de que Hacienda descubrió sus reiterados fraudes, intentó evitar el juicio por los dos delitos fiscales devolviendo las cantidades que había defraudado a través de la declaración del Impuesto de Sociedades que presentó en 2023. Pero ya era tarde porque la Ley establece con detalle que ningún contribuyente puede regularizar su situación una vez que tiene abierta una inspección fiscal.

Octubre 2023. González Amador, ante Hacienda: “No intenté cometer un fraude delictivo, cuando entendí la gravedad de los hechos ingresé esas cantidades en Hacienda”

Los inspectores fiscales que analizaron las declaraciones de González Amador concluyeron que “con la finalidad de eludir el incremento del pago de impuestos por su empresa decidió deducir fiscalmente gastos que no respondían a prestaciones reales”, para lo que el novio de Ayuso había utilizado “facturas falsas y falseadas emitidas por mercantiles carentes de medios humanos y materiales para la prestación de los servicios facturados”.

González Amador respondió a través de sus abogados:  “Fue un error. No intenté cometer un fraude delictivo pero cuando entendía la gravedad de los hechos procedí a ingresar esas cantidades en Hacienda”.

Junio 2024. Ante la Fiscalía y Abogacía del Estado: “Declaré gastos en los que no incurrí para reducir el beneficio sujeto a tributación”

El novio de Ayuso pactó un escrito de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en la víspera de su declaración ante el juez, prevista para el 24 de junio de 2024. En ese texto, González Amador asumía que debido al aumento de beneficios derivados del incremento del volumen de negocios que había experimentado en los ejercicios 2020 y 2021, había hecho constar en sus declaraciones “gastos en los que en realidad no había incurrido para reducir el beneficio sujeto a tributación”. Además, reconocía que  “había obtenido de los acusados Maximiliano Eduardo Niederer González y David Herrera Lobato facturas que no reflejaban servicios reales para documentar así gastos que fueran deducible para el obligado tributario”.

Ese acuerdo nunca se llegó a aplicar porque el juzgado decidió abrir una nueva investigación por corrupción en los negocios tras la reclamación que hicieron las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid. González Amador compró por 500.000 euros una empresa sin apenas valor a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Esa operación, según las acusaciones populares, podría camuflar el pago de una comisión ilegal a Camino por haber facilitado al novio de Ayuso el negocio de dos millones de euros por la intermediación en la venta de mascarillas.

Febrero 2026. Ante el juez: “La deducción anticipada de un gasto real no merece reproche penal”

La mitad del escrito de defensa presentado por González Amador, procesado por un doble delito fiscal, defiende que no merece reproche penal el hecho de que el empresario comisionista incluyera en sus declaraciones gastos previstos pero que finalmente no tuvo pero que sirvieron para desgravárselos y pagar menos impuestos: “La Agencia Tributaria no considera que en estos casos de incorrecta contabilización temporal, el ingreso anticipado o la deducción anticipada de un gasto real merezca ningún reproche penal, como revelan las regularizaciones en vía administrativa de la activación de los gastos anticipadamente deducidos por BAYESIAN y por APA, lo que nos conduce a qué tratamiento tributario prevé el ordenamiento jurídico para estos supuestos. Respondiendo las facturas a servicios reales, esos gastos se habrían contabilizado (excepto en las cuantías abonadas) de forma incorrecta y anticipada por estar vinculados, al menos en parte, a la generación de ingresos que no se produjeron, debiendo haberse contabilizado cuando dichos ingresos se hubieran producido sin que lo anterior constituya actividad delictiva alguna”.

Para apuntalar su defensa, González Amador contrató los servicios de un perito, ex inspector de Hacienda, cuyos cálculos sitúan el fraude cometido por debajo de los 120.000 euros en cada ejercicio, lo que descarta el delito. Y concluye: “Los hechos realmente acaecidos no son constitutivos de delito alguno, ni de delito contra la Hacienda Pública tipificado en el artículo 305 del Código Penal, ni de falsedad documental, ni delito contable, ni de un delito de pertenencia a grupo criminal”.

Posdata: Los abogados de Alberto González Amador señalan en la cuestión previa del escrito de defensa que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reveló “a la Cadena Ser, al diario El País y a la opinión pública los correos electrónicos en los que se plasmaba la posición de conformidad de la defensa del ahora acusado D. Alberto González Amador y, específicamente, del email de 2 de febrero de 2024 en el que la defensa señalaba que ciertamente se han cometido dos delitos contra la hacienda pública”. Los periodistas de El País declararon en el juicio del Supremo que la información sobre el ofrecimiento de una conformidad por parte de González a cambio del pago de una multa y del reconocimiento de los delitos fue facilitada por personal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, sin relación alguna con el fiscal general del Estado. Sobre esa circunstancia aportaron pruebas durante el procedimiento que acreditaban que El País conoció esa información mucho antes de que García Ortiz comenzara a recabarla. La sentencia no desmintió estos hechos.

El empresario Víctor de Aldama es un corrupto confeso que hizo el primer gran negocio de su vida gracias al ministro de Transportes, José Luis Ábalos: ganó seis millones de euros en unos pocos días a cuenta de la venta de mascarillas a distintas administraciones públicas en lo peor de la pandemia.

El comisionista se enfrenta a un juicio en el Supremo donde la Fiscalía le pide siete años de cárcel por el caso mascarillas, menos de la mitad de lo que le correspondería por los delitos que le atribuyen: organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. Se beneficia Aldama del artículo 24 del Código Penal que premia con una reducción de la pena a los que admiten sus delitos antes de ser juzgados.  

El corrupto confeso sobornó con dinero y casas de vacaciones a quienes le enriquecieron con contratos públicos: el exministro Ábalos y su asesor, Koldo García. La Fiscalía pide para ambos 24 y 20 años de cárcel respectivamente.

La diferencia de trato con Aldama es que el empresario corruptor admitió los delitos cometidos y ofreció información —supuestas pruebas— sobre delitos en los que implicó a Ábalos, García y a otros miembros del Gobierno. Gracias a esa colaboración con la justicia, Aldama se libró en noviembre de 2024 de la prisión preventiva que sufría por el caso Hidrocarburos en el que está imputado.

Víctor de Aldama sigue libre desde entonces y no ha cesado en su afán -así lo ha confesado- de tumbar al Gobierno de Pedro Sánchez, acusando a muchos de sus miembros de enriquecerse con la corrupción y de haber ocultado su fortuna ilícita en bancos extranjeros.  

Lo que sigue es solo una pequeña muestra de todo el barro que Aldama ha lanzado contra el Gobierno en estos 15 meses de acusaciones sin pruebas o desmentidas por investigaciones judiciales.

Rescate de Plus Ultra. De los 10 millones para “financiar la Internacional Socialista” a los 10 millones que “cobró Zapatero en Panamá, que también son de Sánchez”. Aldama declaró en la cadena Cope en septiembre pasado que el rescate de Plus Ultra —un préstamo de 50 millones de euros para evitar la quiebra de la empresa en plena pandemia— se había aprobado gracias a la presión de Zapatero. El empresario, según contó, había escuchado en el ministerio de Transportes que gracias a esa operación “se iba a financiar con 10 millones de euros a la Internacional Socialista”. Apenas tres meses después, Aldama redobló su apuesta y acusó al expresidente Zapatero de cobrar esos 10 millones de euros por el rescate de Plus Ultra. “Koldo me le encuentro un día muy alegre y me dice, ya estará contento el imbécil este que va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá. Plus Ultra, según Koldo, hace una trasferencia de 10 millones a Panamá para las comisiones del señor Zapatero que, entiendo que por la insistencia de Sánchez a Ábalos, también son de Sánchez”, declaró en el programa Horizonte de Iker Jiménez.

Esta acusación significaría que los dueños de Plus Ultra pagaron 10 millones de euros en mordidas a cambio de lograr un préstamo de 50 millones que tienen que devolver.

De “Bolaños no me conoce de nada” a “Bolaños me ofreció mucho dinero por mi silencio”. Dolido por los insultos del Gobierno, Aldama declaró en noviembre de 2024 en la cadena Cope: “Es duro ver que hay gente como el señor Bolaños o el señor Óscar López que no les había mencionado en ningún momento y que no me conocen de nada, que hablan de mí de oídas o porque esta gente siempre que habla de alguien, habla sin informarse. No es la primera vez que cometen errores hablando y luego se demuestra que es mentira o que lo que dicen no es tal cual”. Un año y dos meses después, Aldama acudió a un programa de Telemadrid para denunciar un intento de soborno del que nunca antes había hablado: “El señor Bolaños contactó con mi director de comunicación, el señor Bermejo, y me ofreció mucho dinero, yo no voy a decir cuánto, para que me callara, dinero para mí. Por eso como no accedemos me montan todo el lío para meterme en la cárcel”. ¿Eso fue antes de entrar en prisión?, le pregunta uno de los periodistas. “Sí”, contestó.

El ministro Bolaños presentará una querella por difamación contra Aldama: “No conozco a Aldama ni a su director de comunicación. Es todo falso”.

Mordidas imposibles en decenas de obras públicas que ni siquiera estaban licitadas. Aldama presentó ante el Supremo un listado interminable de obras —sacado del anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado— con subrayados en rosa y amarillo sugiriendo que se trataba de proyectos amañados con la intención de cobrar comisiones ilegales a las constructoras adjudicatarias. En ese anexo se incluían obras que se licitaron antes de que Ábalos fuera ministro y otras que ni siquiera se habían sacado a concurso. El juez instructor del caso, Leopoldo Puente, advirtió que esas insinuaciones sobre obras amañadas “no estaban mínimamente acreditadas”. Muchos meses después, esas obras del listado de inversiones no son objeto de la investigación.

Acusaciones por un apartamento con “señoritas” que nunca usó el ministro Ángel Víctor Torres. Aldama contó en el Supremo que pagaba un piso en la calle de Atocha de Madrid. “Lo busco para encuentros con señoritas que nada tienen que ver con una reunión empresarial”, declaró. Y metió en ese encuentro con señoritas a Ábalos, García y el ministro Ángel Víctor Torres. Para demostrar su acusación, el empresario entregó un recibo del alquiler del apartamento donde figuraba la duración del contrato: del viernes 9 de noviembre de 2018 a las 16.00 hasta el sábado 10 de noviembre de 2018 a las 11.00. Pero el ministro Torres no salió el viernes 9 de noviembre de las Islas Canarias. Y al día siguiente voló a Madrid, donde aterrizó a las 10.30 y desde allí se desplazó a Fuenlabrada para asistir a un acto del PSOE. El bulo del apartamento para “señoritas” ha perseguido al ministro Torres durante los últimos 15 meses.

Las cuentas en República Dominicana de media docena de ministros, el fiscal general del Estado y Begoña Gómez. Aldama acudió a la cadena Cope para soltar otra de sus noticias escandalosas para dañar al Gobierno. Aludió a un escrito presentado ante la Fiscalía Anticorrupción por un abogado especialista en maniobras basadas en informaciones falsas. “Tengo copia de esa denuncia y el listado bancario de esas cuentas. Me imagino que tendrán que investigar, pero si es cierto me parece algo insólito y gravísimo, sobre todo de la señora Begoña Gómez, bueno ya más o menos todos sabíamos qué podía haber, pero que la señora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pueda tener cuentas en el extranjero con cantidades importantes me parece muy muy grave. En la cuenta que yo he visto de la señora Begoña Gómez esos seis millones de dólares le corresponden a ella personalmente. Eso tiene una trazabilidad, hay un tracking, no hay que pedir ningún suplicatorio, entiendo que directamente Fiscalía desde el día 13 de enero tiene esta denuncia porque he visto el sello de entrada, entiendo que es dar una orden y de la ministra entiendo que es pedir un suplicatorio para averiguar”.

Anticorrupción tardó solo unos días en darse cuenta de la falsedad de toda la denuncia y la archivó, al igual que hizo unas semanas después el Tribunal Supremo, al que remitió el escrito la presidenta del organismo, Isabel Perelló. La denuncia que difundió Aldama implica en una gigantesca corrupción a media docena de ministros de Pedro Sánchez y hasta al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Anticorrupción escribió en el decreto de archivo de la denuncia: “Los documentos aportados no corresponden con los de ninguna entidad bancaria, pues la información recogida no tiene como soporte documentos de los bancos a los que se refiere, son documentos confeccionados por un tercero que siguen un mismo patrón o forma de elaboración pese a tratarse de entidades distintas, todos en castellano y sin ningún signo distintivo de la marca o nombre de la entidad bancaria”.

De la financiación ilegal del PSOE al fraude electoral de 2023. En otra entrevista en los medios habituales que frecuenta Aldama, el corrupto confeso declaró: “Hay que ver cómo se financian los partidos políticos y alguna otra cosa que tenga que ver con Indra [la empresa que gestiona el recuento en los procesos electorales en España]”. Aldama deslizó la idea de que en las elecciones generales de 2023, que ganó el PP aunque no pudo formar gobierno, hubo un “amaño de papeletas u otra serie de cosas, como también hablaban ellos en las generales con las famosas urnas que llegaban a Ifema. Hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora”. Cuando le preguntaron si estaba hablando de fraude electoral, Aldama contestó que sí.  No hay una sola prueba o indicio de lo que sugirió el empresario.

De momento, Aldama no ha sido condenado por difamación ni se ha abierto ningún proceso judicial por estas graves acusaciones sin prueba. Sigue en libertad aunque en unos meses podría regresar a prisión si, como pide la Fiscalía, le condenan a siete años de cárcel en el 'caso mascarillas'.

El juez Antonio Piña (Tui, Pontevedra, 1966) se incorporó hace un año a un juzgado clave en la historia reciente de la Audiencia Nacional para cubrir la vacante por jubilación de Manuel García Castellón. Como tarea pendiente, Piña heredó una de las mayores causas de corrupción política y policial del presente siglo en España. El caso tándem, abierto en 2017, investiga las operaciones policiales perpetradas sin amparo judicial durante al menos seis años contra los adversarios del PP. Las andanzas ilegales de esa brigada corrupta, encabezada por el comisario José Manuel Villarejo, sucedieron durante el mandato de Jorge Fernández Díaz al frente del ministerio del Interior (2012-2016).

El juez García Castellón abrió desde ese juzgado clave una nueva línea de investigación del caso de corrupción policial en septiembre de 2022: la pieza separada número 34. Lo hizo forzado por la publicación de nuevas grabaciones del comisario Villarejo que abarcaban desde mediados de 2012 hasta octubre de 2017 —fecha de su detención y encarcelamiento— con dirigentes del Gobierno del PP, policías, jueces, empresarios y periodistas.

El juez y el fiscal anticorrupción mostraron escaso interés por el nuevo material, a juzgar por las diligencias acordadas, y mantuvieron esa conducta pasiva cuando Javier Pérez Dolset, empresario imputado en una de las piezas y supuesta víctima de Villarejo, añadió meses después al sumario otras 40 horas de grabaciones del comisario en comidas con más jueces, periodistas, policías y algún empresario.

La primera diligencia sólida de investigación ordenada por el juez García Castellón sobre la pieza 34, trece meses después de abrir la causa, fue citar a finales de octubre de 2023 como testigos a directores de los medios que publicaron esos audios. Los interrogatorios duraron escasos minutos, hizo un par de preguntas irrelevantes y remitió parte del material a la Unidad de Asuntos Internos  para su análisis. Lo único conocido de aquel encargo es un pequeño informe donde la Policía advertía de que había tres grabaciones que podrían tener interés para la causa abierta en la Audiencia Nacional. Ese informe permaneció oculto a las partes hasta hace tres meses. El PSOE, acusación popular en el caso, conoció el documento y pidió la imputación de Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha cuando sucedieron los hechos.

La prueba era una grabación de la conversación de Villarejo con Cospedal en enero de 2013 donde la dirigente del PP pedía al comisario de policía que hiciera gestiones para impedir la publicación de los denominados papeles de Bárcenas –“la libretita... sería mejor poderlo parar”— en El Mundo. Pero Villarejo no pudo cumplir con la misión pues ese periódico no tenía la contabilidad de la caja B del PP, publicada finalmente por El País.

El nuevo titular del juzgado, Antonio Piña, con el aval del fiscal del caso, consideró insuficiente esa prueba para imputar a la exdirigente popular: “No se puede observar un encargo por la señora Cospedal al comisario Villarejo para la realización de actuaciones delictivas que requiriesen la apertura de una investigación”. Tampoco vio especial trascendencia el instructor Piña en otra conversación donde Cospedal le contaba a Villarejo como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le ofrecía conocer un informe policial del caso Gürtel un día antes de que lo recibiera el juez que lo había encargado.

El PSOE atribuyó al juez Piña una especie de lawfare a la inversa consistente en vetar la investigación judicial a Dolores de Cospedal mediante la ocultación de pruebas que la incriminaban. Piña se revolvió acusando al PSOE de presentar un escrito “contrario a la verdad e injurioso”, que afectaba a su honor con la intención de deslegitimarle además de contribuir a “menguar la confianza de la ciudadanía en la justicia”.

La Justicia lleva años sin investigar numerosos indicios de delito en la actuación de una cúpula policial a las órdenes del Gobierno del PP que se sentará en el banquillo dentro de tres meses procesada junto al exministro Fernández Díaz y a su secretario de Estado, Francisco Martínez, por espiar ilegalmente a quien fue tesorero del PP, Luis Bárcenas, y robarle documentación que podría demostrar la financiación ilegal de la formación conservadora. Mientras la operación ilegal orquestada desde el ministerio del Interior para proteger al partido del Gobierno será juzgada en la Audiencia Nacional, el resto de acciones de la cúpula policial para desacreditar a independentistas catalanes, dirigentes de Podemos o el líder socialista Pedro Sánchez, siguen impunes.

Hay decenas de grabaciones en la pieza 34 no analizadas todavía donde se acumulan numerosos indicios de delito que el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional no ha analizado en los últimos tres años.

Aquí se resumen algunas de esas pruebas sonoras de seis años de corrupción de las cloacas del PP pendientes de investigación:

Los planes secretos del ministro del Interior contra dirigentes independentistas catalanes

Jorge Fernández Díaz negó a Villarejo ante el juez García Castellón: “Gracias a Dios, en cinco años no he tenido ni una sola relación con él”. Y también lo hizo ante los diputados en la comisión de investigación del Congreso: “No oirán ustedes ninguna grabación mía con el señor Villarejo”. Ambas declaraciones son anteriores a la llegada al juzgado 6 de la Audiencia Nacional de una grabación del exministro del Interior con el comisario Villarejo donde ambos planifican la presentación de denuncias en la Audiencia Nacional contra los expresidentes Jordi Pujol y Artur Mas con información policial, en parte falsa, sobre corruptelas de los dirigentes independentistas. El entonces ministro es consciente en esa cita con Villarejo de la irregularidad de su actuación e insiste en pedir que se mantengan en secreto lo ocurrido allí: “El ministro no sabe nada, ¿eh? Está claro, ¿verdad? Y digo esto porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Está claro, ¿verdad? Por tanto, yo negaré incluso bajo tortura que esta reunión ha existido”.

La policía filtra las fotos del DNI de jueces favorables al procés

Altos cargos de Interior investigaron en secreto a jueces catalanes firmantes de un manifiesto a favor del derecho a decidir y filtraron al periódico La RAZÓN las fotos del DNI de estos profesionales que apoyaban en ese momento las tesis independentistas. En una de las grabaciones de Villarejo, varios policías hablan de esos hechos y planifican la manera de borrar el rastro de quién consultó las bases de datos policiales para copiar las fotos...

Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía, se reúne con Villarejo —que graba la conversación—, y Pedro Esteban, entonces comisario de Información de Cataluña y supuesto autor de la filtración de las fotos.

Pino: Si usted quiere saber quién lo ha filtrado, pregúnteselo al periódico [que lo ha publicado].

Villarejo: Sí, sí, sí.

Pino: Si he sido yo, pues ya dirá que he sido yo.

Esteban: Pero es importante si se pudieran borrar los registros.

Pino: Están intentándolo.

Pedro Esteban: Mejor.

Pino: De todas maneras, a ti, si te preguntan, no digas que…

Esteban: ¿A mí qué me van a venir a preguntar?

Pino: Tú estás protegido por la ley de secretos oficiales, no tienes ninguna obligación de explicar esa información. Le nombras la normativa y ya está. Yo, todo lo que tal… Es que estamos obligados a saber quiénes son estos 25 jueces. Estamos obligados. Entre otras cosas, el fiscal general del Estado el otro día...

Villarejo: De todas maneras, joder, el tema de las fotos del DNI, macho, el tonto de La Razón, es que…

Estos hechos se investigaron y archivaron en un juzgado de Barcelona que nunca tuvo acceso a esta prueba sonora. 

“Hicieron la mierda esa del informe Pisa contra Podemos”

Miembros de la policía política elaboraron un informe titulado Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) para desacreditar al líder de Podemos y lo filtraron a determinados medios de comunicación para lograr el resultado buscado. Después, el comisario jefe de la UDEF lo registró como denuncia de la Policía ante el Tribunal de Cuentas por financiación ilegal de Podemos. Villarejo, en una de las grabaciones, le cuenta a Cospedal: “Hicieron la mierda esa del informe PISA, que eso es basura, y con eso lo vacunaron”.  El Tribunal de Cuentas archivó la denuncia.

En esa misma conversación grabada, incorporada a la pieza 34 que instruye el juez Antonio Piña, Villarejo también comenta con Cospedal los papeles que la cúpula de Interior filtró para hacer creer que Podemos había cobrado dinero del Gobierno venezolano.

Villarejo: A quien se le haya ocurrido darle la documentación esa de Podemos falsa a Inda ha hecho una jugada buena. De carambola, pero la ha hecho buena (...)

Cospedal: ¿Pero es buena la información?

Villarejo: Es chunga. Y además está mal montada. Porque han tirado de impresos antiguos, que ya ese Ministerio no se llama así y tal… Un desastre.

La investigación a Pedro Sánchez por los negocios de su suegro: “Me lo encargó el del Opus”

La pieza 34 tiene dos grabaciones aún no analizadas por nadie donde Villarejo le cuenta a un empresario en dos comidas que el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le había encargado una investigación especial de los negocios del suegro de Pedro Sánchez.

En la comida grabada del 8 de septiembre de 2014, Villarejo afirma: “Me han pedido un reportaje fotográfico. El señor del Opus [en referencia al ministro Jorge Fernández Díaz] y compañía, ¿eh? Me han pedido un reportaje fotográfico de las de un lado, de las de otro y si es posible interno. O sea que fíjate si tienen todo el interés del mundo en ese tema”.

Quince días después, en otra comida con idéntico interlocutor, Villarejo insiste: “Me han preparado (sic) que organice un reportaje de todos los puticlubs. Cuando lo tenga te lo paso, por si quieres publicarlo antes jajajaja. Te digo que me lo ha encargado formalmente tu amigo que reza mucho [en referencia al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz] que como dice el otro sigue los criterios americanos, por la mañana desayunar en París y por la tarde bombardear Hanoi”.

Transparencia e información. Es Óscar Puente de los pocos ministros que, ante la gestión de cualquier crisis, no se esconde ni en las redes sociales ni en los medios. Al menos 40 personas han fallecido en el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) que tuvo lugar este domingo por la noche al descarrilar un tren Iryo mientras un Alvia de alta velocidad pasaba justo por la vía de al lado. El titular de Transportes, como el presidente de la Junta de Andalucía, lleva en pie desde entonces.

Su principal objetivo, cuenta, son en este momento las víctimas y la localización de los desaparecidos, pero también esclarecer las causas del siniestro y, sobre todo, combatir los bulos que esparcen los difusores del odio y la radicalidad de quienes no respetan ni a vivos ni a muertos ante tragedias como esta.

¿Cómo se enteró del accidente y dónde estaba en ese momento?

A las 20:00 horas aproximadamente me entró el primer mensaje. Tenemos un grupo en el Ministerio en el que recibimos la información de las incidencias. Al principio la información era aún escasa. Tan pronto supe algo más concreto me fui para el centro H24 de Adif a seguir la operativa. Allí el shock era muy grande mientras llegaban noticias cada vez más duras. Atender a los medios, seguir después el operativo, descansar un par de horas y para Córdoba. He estado hasta la tarde de este lunes en el lugar de los hechos y luego he atendido de nuevo a medios. El sentimiento de fondo es un enorme dolor y una enorme tristeza. Intento que no me impida hacer mi trabajo, si bien me cuesta a veces contener la emoción. Pienso en la pobre gente que ha perdido la vida en esto de forma totalmente injusta...

Esta vez parece que la colaboración institucional, a diferencia de en otras ocasiones, está funcionando...

Cuando he llegado a la zona este lunes por la mañana he visto al presidente de la Junta y a su equipo muy afectados, como es lógico. Llevaban toda la noche sobre el terreno y todo ha sido cooperación y cercanía. Ante una tragedia como esta, es lo que corresponde. Cero reproches que hacer, todo lo contrario, han actuado correctísimamente y no puedo, ni en la forma ni en el fondo, hacer más que alabanzas al señor Moreno Bonilla.

¿Qué hipótesis se barajan sobre las causas el accidente?

Hablar de las causas del accidente en este momento es una pura especulación.

Hay quien ya ha apuntado que el origen estuvo en la rotura de una soldadura de la vía.

Claro que hay roturas en el carril. Pero determinar en este momento si esa es la causa o la consecuencia del descarrilamiento no es posible. Ningún técnico en este momento se aventura a dar una hipótesis sólida. Los técnicos sobre el terreno nos dicen que están en la fase de recopilar datos. Y que necesitarán tiempo para establecer una tesis. Por tanto, todo lo que se diga ahora es simplemente especulación.

¿Está descartado entonces un fallo en la infraestructura o falta de mantenimiento en la red ferroviaria?

La vía forma parte de una línea renovada a partir del año 2021 con una inversión de 700 millones de euros. En concreto ese tramo se renovó en mayo de 2025. Ha pasado una revisión geométrica y otra dinámica hace dos meses. Es decir, era una infraestructura en perfecto estado. No se puede hablar de falta de inversión o de mantenimiento. No se descarta nada. Yo no soy quién para descartar o para concluir.

Salvo el exceso de velocidad, ¿no?

Sí, parece a la luz de los datos que la velocidad era más que adecuada. El tramo está limitado a 250 e Iryo nos dice que su tren iba a 195 kilómetros por hora. A falta de una comprobación más exacta esa velocidad hace que el fallo humano no sea en este momento la causa más probable en un descarrilamiento por la cola en recta.

¿Cuál era el estado de la máquina del tren Iryo 6189 que descarriló?

El tren es un tren nuevo. Tiene cuatro años. Iryo dice que paso revisión hace 4 días. Eso no descarta que pueda ser el causante del descarrilamiento. Tampoco se descarta la infraestructura. Lo que decimos es que en este momento no hay razones para inclinarse por una de las dos opciones. Para eso es necesario indagar mucho más.

La instrucción judicial más irregular de los últimos tiempos mantiene imputada por hasta cinco delitos a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y sigue viva gracias a algunas controvertidas decisiones de tres magistrados. Se trata de María del Rosario Esteban, José Sierra Fernández y Enrique Jesús Berges, integrantes de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid y encargados de resolver los recursos presentados contra la instrucción del juez Juan Carlos Peinado en la causa abierta contra Begoña Gómez. Desde hace año y medio, cuando se inició esta causa, los tres magistrados sostienen a duras penas un proceso judicial plagado de irregularidades. Pese a su esfuerzo argumental, los tres magistrados no han tenido más remedio que anular hasta tres imputaciones: el actual delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín; un directivo del IE, Juan Jose Güemes; y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. El juez Peinado intentó también que se encausará por malversación al ministro de Justicia, Félix Bolaños, pero el Supremo lo impidió al no encontrar ni el más mínimo indicio de delito en la actuación del dirigente socialista.

Los tres magistrados de la Audiencia Provincial iniciaron su trabajo de revisión de las decisiones del juez Peinado apenas dos meses después de comenzar la investigación. Analizaron la causa y encontraron que la “deslavazada” querella del grupo ultraderechista Manos Limpias que admitió a trámite el juez Peinado estaba basada en “hechos erróneos”, “conjeturas” y recortes de prensa con algunas noticias falsas. Pero dejaron a Peinado que siguiera con la causa porque al menos había un indicio para investigar: la mujer del presidente del Gobierno había firmado como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense una carta de apoyo a una empresa que había logrado contratos millonarios de la administración central.

Cuando los tres magistrados firmaron su primer auto sobre la causa autorizando al magistrado a seguir con la investigación ya existía un informe de la UCO que anulaba, tras un exhaustivo análisis, el valor como indicio de la carta de apoyo. La UCO descartó irregularidades en el concurso ganado por una empresa que incluía en su oferta 32 cartas de apoyo, una de ellas firmada por Begoña Gómez. El análisis de la UCO no le importó a Peinado ni a los tres magistrados de la Audiencia Provincial, la causa siguió y fue acumulando nuevos delitos sin que aparecieran nuevos indicios.

Los tres magistrados fueron validando el trabajo de Peinado pese a que, a la vez, iban anulando imputaciones y limitando el campo de la investigación: el instructor no podía investigar el rescate de Air Europa, pese a que lo sigue intentando todavía hoy, ni podía usar el material requisado al empresario Juan Carlos Barrabés en un registro que, según la Audiencia Provincial, vulneró los derechos del imputado.

Es difícil encontrar una instrucción con tantos accidentes del juez que dirige la investigación.

El último empeño del juez Peinado es demostrar que Begoña Gómez usó a su asistente, María Cristina Álvarez, para trabajos privados, lo que implicaría una malversación de fondos públicos por parte de ambas mujeres. La Audiencia Provincial ya dijo en uno de sus autos anteriores que la asistente nunca podría cometer ese delito, pero ahora respalda que se la tome declaración en calidad de investigada por eso mismo. Una nueva pirueta jurídica en un proceso plagado de triples saltos mortales.

Los trabajos privados que Peinado considera delictivos consisten básicamente en decenas de correos electrónicos que la asistente mandaba desde su cuenta personal a directivos de la Complutense en nombre de Begoña Gómez. Eran correos relacionados con la búsqueda de patrocinios privados para la cátedra que codirigía la mujer del presidente a cambio de cero euros, porque no podía cobrar por esa función al no ser personal universitario.

Nadie ha calculado aún cuánto dinero suponen unas horas de trabajo para enviar esos correos electrónicos sobre siete años de sueldo público de la asistente. La Audiencia Provincial de Madrid ha escrito lo siguiente: “Probablemente la actividad de María Cristina Álvarez podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios”. Por lo investigado no parece que Cristina Álvarez haya desatendido la agenda y asuntos protocolarios de Begoña Gómez. No hay ni una sola prueba de esa circunstancia.

Por otra parte, los asuntos lucrativos de Begoña Gómez consistían en lograr dinero de empresas privadas para financiar actividades de la universidad pública dentro del proyecto de investigación de una cátedra que codirigía sin sueldo alguno. Cuando la Complutense decidió anular la cátedra, en la caja de esta universidad pública quedó un saldo positivo de 25.000 euros. Un negocio privado de Gómez que sólo rindió beneficios a un centro público de educación.

Los tres magistrados de la Audiencia Provincial emulan las irregulares prácticas del juez Peinado que ellos mismos han anulado en otras resoluciones. Ahora sostienen la causa con afirmaciones carentes del mínimo rigor, como hace Peinado. Si el juez instructor llegó a imputar al directivo del IE, Juan José Güemes, por la declaración de una testigo que nunca se produjo en esos términos. La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid incurre en un defecto semejante para apuntalar la malversación en esta causa: “Resulta dudoso, y puede ser el primer indicio que sustente el delito de malversación, que el nombramiento de la asistente de la esposa del Presidente de Gobierno haya recaído en una amiga íntima de Begoña Gómez, pues sería la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo”. No es la primera vez sino la última, porque esto ha ocurrido siempre. Los asistentes de las parejas de los presidentes del Gobierno no han sido funcionarios expertos en protocolo ni se han elegido teniendo en cuenta esa circunstancia.

El asistente de la esposa de Mariano Rajoy fue un licenciado en historia del Arte, Jaime de los Santos, hoy diputado nacional del PP.

La asistente de Ana Botella, mujer de José María Aznar, fue Cristina Alonso Mateo, que antes había sido la secretaria del expresidente del Gobierno. Los magistrados no acaban de explicar cómo el nombramiento de una inexperta en protocolo puede ser un indicio de malversación de fondos públicos. ¿Si la asistente de Begoña Gómez no hubiera enviado esos correos electrónicos, de qué manera podría ser un indicio de malversación el hecho de ser amiga de quien la contrató y de ser inexperta en protocolo?

Pero los magistrados, en el auto escrito por Enrique Jesús Berges, siguen escalando la montaña de lo irracional cuando llegan a censurar que el puesto, de libre designación según la Ley, “se hace recaer en una persona de su máxima confianza”. Y añaden sin una sola prueba que respalde su opinión: Begoña Gómez “no” contrató a su asistente “para que dirigiese sus pasos por un complicado mundo de formalidades, de ceremonias y actos oficiales, sino para asegurarse el fiel cumplimiento del fin supuestamente propuesto, atendiendo a sus intereses particulares, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio público”. Sin embargo, el patrimonio público de la Universidad Complutense resultó mejorado por las gestiones de Begoña Gómez para lograr patrocinio para la cátedra. Y en ese afán, su asistente en Moncloa le ayudó enviando algunas decenas de correos electrónicos.

La causa penal contra la mujer del presidente del Gobierno sigue viva y embarrada por decisiones judiciales extravagantes sostenidas sobre argumentos peregrinos cuando no directamente falsos.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decidió este miércoles, “ante la gravedad de los hechos”, abrir una pieza secreta para investigar la ingente documentación que el PSOE remitió sobre los pagos en metálico efectuados a todos sus cargos y empleados de la sede nacional durante los últimos siete años (2017-2024).

Nunca un juez tuvo en sus manos una documentación parecida de ningún partido político. Ni pidió tanta información de tantos dirigentes y trabajadores de una formación con tan escasos indicios de delito.

Ni siquiera nadie se atrevió a tanto en la causa abierta por la caja b del PP, un caso investigado, juzgado por la Audiencia Nacional. El PP, condenado en ese proceso, disfrutó durante al menos 20 años de unos ingresos en metálico de ocho millones de euros abonados por empresarios, muchos de ellos contratistas de la administración pública. Con ese dinero se abonaron desde las obras de reforma de la sede del partido hasta sobresueldos para la cúpula de la organización.

El juez Pablo Ruz que investigó aquellos hechos nunca reclamó los pagos en metálico a todos los directivos y trabajadores de Génova, 13. Tan sólo pidió las cuentas oficiales del partido y comparó los ingresos declarados con los que aparecían en los papeles del extesorero Luis Bárcenas. Ese trabajo le permitió descubrir que parte del dinero en metálico ingresado en la caja b era blanqueado el mismo día mediante su ingreso en las cuentas de donativos anónimos que tenía abiertas el PP en un banco situado justo debajo de su sede principal.  

La petición de esta ingente información al PSOE por parte del juez Ismael Moreno tiene su origen en las sospechas del magistrado del Supremo, Leopoldo Puente. Tras investigar un descuadre de 500 euros en los pagos en metálico al exministro José Luis Ábalos, se mostró sorprendido de que el PSOE mantuviera en pleno siglo XXI un método escasamente riguroso de compensar a directivos y trabajadores por unos gastos de comidas o desplazamientos que debían justificar con facturas.

El magistrado Puente interrogó a los responsables de la tesorería del partido y no encontró “suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE dispondría en su propia sede para hacer frente con ellas a las compensaciones de gastos que, también en metálico, satisfacían a los señores Ábalos y García y a otros posibles beneficiarios (habida cuenta de que explicaron que esta forma de pago no era entonces infrecuente)”. El magistrado sacó esa conclusión pese a que el PSOE le facilitó distinta documentación bancaria para acreditar la limpieza de esas operaciones. El dinero en metálico utilizado para los pagos llegaba a la sede del partido a través de una compañía de seguridad previa solicitud al banco donde el partido tenía abierta una cuenta con sus ingresos oficiales.  

Pero eso no fue suficiente para eliminar la sospecha del magistrado, que remitió el caso al juzgado de la Audiencia Nacional que investigaba las comisiones ilegales supuestamente pagadas a Ábalos y a su asesor Koldo García por los empresarios que vendieron mascarillas al ministerio de Transportes en lo peor de la pandemia.

El juez Ismael Moreno decidió indagar en las sospechas del magistrado Puente y para eso pidió al PSOE todos los pagos en metálico a todos los dirigentes y trabajadores del partido en la sede nacional de la calle Ferraz. Inquieto ante tan abultada solicitud de documentación, el abogado del PSOE preguntó al juez si quería los pagos en metálico a todos los dirigentes y trabajadores o sólo aquellos pagos que el Supremo consideró bajo sospecha, referidos a Ábalos y Koldo García. El juez insistió en pedir toda la documentación y el PSOE envió un sobre cerrado con un pendrive y un ruego: que se investigara el caso en una pieza secreta para evitar que los datos estén al alcance de todas las partes y puedan difundirse públicamente aunque carezcan de relevancia penal.

¿Qué delito se investiga? De momento se desconoce. La única tesis no acreditada suficientemente es que Ábalos y Koldo pudieron engañar al partido endosándole gastos privados. Eso querría decir que Ábalos y Koldo robaron al PSOE un dinero que este partido había ingresado limpiamente en sus cuentas oficiales de funcionamiento ordinario.

Pero el PP interpreta que tras los últimos pasos del juez Ismael Moreno, la Audiencia Nacional está investigando en realidad la financiación ilegal del partido en el Gobierno, la puntilla necesaria, según los conservadores, para tumbar a Pedro Sánchez.

De lo que se conoce hasta ahora, nada apunta a que el dinero en metálico pagado por el PSOE a sus dirigentes esté vinculado a una caja b, pues tiene acreditado su origen en las cuentas oficiales de funcionamiento del partido.

El PSOE considera la nueva causa declarada secreta por el juez Ismael Moreno como “una investigación dispuesta sobre la nada más absoluta”. Para el instructor se trata, sin embargo, de unos hechos graves que deben ser investigados en una pieza secreta ante el “carácter reservado de la documentación aportada por el PSOE”. El partido investigado recuerda que jamás reembolsó unos gastos sin que se le presentara un recibo o una factura y considera que la Audiencia ha iniciado “una carrera al absurdo”.

El comisario José Manuel Villarejo, con decenas de procesos judiciales abiertos y tres condenas de cárcel, guardó en cientos de archivos con grabaciones y documentos sobre sus andanzas delictivas durante más de 20 años. Sus actividades fuera de la ley fueron amparadas y, en ocasiones, alentadas por los políticos que mandaban en el PP y en el Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy (2011-2018), según las investigaciones judiciales.

La detención de Villarejo en noviembre de 2017 dio paso a la apertura de hasta 30 causas judiciales en la Audiencia Nacional dentro del caso tándem con decenas de personas imputadas, entre ellas directivos de bancos, empresarios, policías y cargos políticos.

Cinco años después de iniciada esa investigación, en la primavera de 2022, algunas víctimas de Villarejo entregaron a la Audiencia Nacional nuevas grabaciones y documentos que guardaba el comisario donde se acreditaban las maniobras ilegales desde el Ministerio del Interior contra independentistas catalanes, dirigentes de Podemos, o contra el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esas grabaciones también destapaban otras operaciones destinadas a proteger el patrimonio oculto del rey emérito en el extranjero o a la financiación ilegal del PP a través de una caja b que controlaba el extesorero Luis Bárcenas.

Manuel García Castellón, titular del juzgado de la Audiencia Nacional encargado de investigar el caso tándem, abrió a regañadientes una nueva pieza separada con esos audios de las cloacas a las órdenes del PP, la pieza número 34. Pero el juez la dejó morir entre el silencio y el olvido, según revela hoy elDiario.es, sin ordenar ni una sola diligencia para investigar todos indicios de los delitos que hoy siguen impunes.

La fabricación de pruebas falsas desde el ministerio del Interior contra los adversarios políticos del Gobierno tuvo como principal buzón de destino a determinados medios de comunicación que, sin contraste alguno, difundían los supuestos escándalos contra los adversarios políticos del PP. Esas pruebas falsas formaban parte de expedientes confidenciales del ministerio del Interior que deberían haber permanecido bajo secreto, pero que eran publicados en medios afines al PP mucho antes de que fueran archivados por falta de pruebas en los tribunales o en la propia dirección de la policía. Se trataba, entre otros, de múltiples delitos de revelación de secretos, esta vez sí, que el juez García Castellón no investigó y que, aún hoy, con un nuevo instructor en la Audiencia Nacional, siguen sin castigo.

Las víctimas de aquel juego sucio con dinero público desde los aparatos del estado son numerosas. Muchas de ellas están hoy fuera de la política con una sombra de sospecha casi imborrable: el exalcalde de Barcelona, Xavier Trías; el expresidente catalán, Artur Mas; el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias…

Los jueces que han tenido en sus manos todas las pruebas de esos delitos han decidido archivarlas –distintos juzgados desestimaron las querellas de Xavier Trías, de Pablo Iglesias, o de Artur Mas– sin pensar que, al menos, existía una revelación de secretos (falsos) muy evidente y muy fácil de acreditar.

El juzgado de la Audiencia Nacional que dirige Santiago Pedraz ha conseguido en los últimos meses recabar pruebas suficientes de que en el ministerio del Interior se abrieron investigaciones confidenciales sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos o sobre la existencia de una cuenta a nombre de Pablo Iglesias en las Islas Granadinas alimentada por el régimen venezolano. Los primeros resultados de esas investigaciones confidenciales, antes de que la propia policía las archivara por falsas o por falta de pruebas, fueron publicados en determinados medios de comunicación para acusar de corrupción a los adversarios políticos del PP. El juez Pedraz ya conoce que hubo una revelación de secretos (falsos) aunque de momento no está investigando a fondo ese delito.

Pedraz heredó esa causa de García Castellón, que nunca quiso abrir una pieza con la denuncia de Podemos. García Castellón es el mismo juez que intentó imputar por corrupción a Pablo Iglesias –el Supremo lo desestimó–, pero nunca encausó a los policías o políticos que ordenaron el espionaje ilegal y la fabricación de noticias falsas contra Podemos, pese a contar en su juzgado con todas las pruebas.

El juez García Castellón también quiso encausar por terrorismo al expresidente Carles Puigdemont cuando se empezaba a tramitar la ley de amnistía –esa era una vía para que nunca se pudiera beneficiar de la futura norma– y el Supremo, que aceptó ese envite sin un solo indicio, tuvo que archivar el caso por la instrucción chapucera del magistrado, ya jubilado.

García Castellón anda estos días promocionando su libro de memorias y denunciando las prácticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Escuchar sus opiniones en las múltiples entrevistas que ha dado en medios afines al PP y a la ultraderecha acreditan que se trata de un juez jubilado e imparcial. Asegura García Castellón que el lawfare “es una forma de amedrentar a los jueces” y que ahora lo único que interesa “es extender la sospecha sobre el Poder Judicial”.  

El magistrado denuncia que algunos medios de comunicación están comprados por el Gobierno a través de la publicidad institucional aunque no se atreve a decir, de momento, cuáles son esos medios pero concluye: “Se utilizan para amplificar la descalificación de un juez (…) Hay ciertos medios de comunicación, que a mí me da vergüenza, hincados ante el poder político”. Palabra de Manuel García Castellón, el juez que durante su última actividad en la Audiencia Nacional evitó investigar o archivó algunas de las corruptelas más evidentes ocurridas durante los seis años de Gobierno de Mariano Rajoy.

La acusación sin pruebas como arma de destrucción política vuela estos días sin control con el impulso de presuntos delincuentes que se sienten abandonados por el PSOE y airean su venganza en medios agradecidos.

José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE entre 2017 y 2021, ingresó en prisión provisional el pasado 27 de noviembre junto a su asesor principal Koldo García. Ambos están procesados por cobrar supuestamente comisiones ilegales tras adjudicar a dedo desde el Ministerio de Transportes contratos millonarios de mascarillas al comisionista Víctor de Aldama. El exministro y su asesor han concedido sendas entrevistas en vísperas de entrar en la cárcel para denunciar supuestas corruptelas que no habían contado a nadie durante su calvario judicial: ni a periodistas ni a fiscales ni a jueces. Ábalos y García han recuperado de pronto la memoria porque, según su entorno, se sienten abandonados por el PSOE y por el Gobierno ante el proceso judicial que les ha llevado a la cárcel.

El exministro, a El Mundo, antes de entrar en prisión: “Investigar a Air Europa sería abrir el melón, ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados”. Koldo García, a OkDiario: “Javier Hidalgo dijo delante de mí que había que compensar con un millón a Begoña por el rescate de Air Europa”.

La compañía aérea desmiente a los dos presos: “Ni Air Europa ni miembro alguno de la familia propietaria valoró, comentó, consideró, ni realizó pago alguno a la señora Begoña Gómez por ninguna actividad relativa a la concesión de dicha ayuda, ni por ninguna otra actividad”. La compañía también ha negado que se solicitara a la mujer del presidente “intermediación o gestión alguna” con relación al préstamo.

Luis Chabaneix, abogado de Ábalos, interpretó así las amenazas del exministro en una entrevista con TVE: “Es un farol. Hay que entender que está bastante dolido, se siente como el apestado nacional…”.

Un empresario habituado en otro tiempo a tratar con el poder político y con la mafia policial de entonces defendía esta tesis en una comida: “Cuando un gato se siente acorralado hay que tener cuidado porque se puede convertir en un tigre”.

Ábalos y Koldo han optado por iniciar su nueva vida de presos procesados por corrupción resucitando una operación para arañar aún más la deteriorada reputación del Gobierno; el préstamo de 475 millones a favor de Air Europa para evitar el cierre por falta de actividad de una compañía con más de 10.000 trabajadores.

La investigación de los hechos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha investigado el caso del rescate de Air Europa tras hallar en los dispositivos móviles de Koldo García numerosos mensajes relacionados con ese episodio. El Senado, a través de la comisión del caso Delorme donde todo cabe, también ha investigado lo ocurrido llamando a declarar a los directivos de la SEPI que aprobaron la ayuda y a los dueños de Air Europa que se beneficiaron de la misma.

El cruce de todos los hechos conocidos por la UCO y por los senadores de la comisión del caso Koldo arruina la hipótesis de Ábalos y su asesor respecto a la influencia de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa.

La UCO afirmó en su informe que el comisionista Víctor de Aldama “se habría valido de la actuación de Ábalos para lograr el conocido como rescate de Air Europa en noviembre de 2020”. Pero el análisis de la UCO no citaba ni una sola actuación de Ábalos en la tramitación del expediente y ni una sola prueba de que el entonces ministro hubiera influido de algún modo en la concesión del préstamo de 475 millones a la compañía de Juan José Hidalgo. Las pruebas conocidas indican que el comisionista Víctor Aldama, a sueldo de Air Europa en aquel verano de 2020, presionó a Ábalos para lograr el rescate de la compañía aérea. Pero de lo que no existen indicios es de que Ábalos o la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, influyeran de alguna manera en la concesión del préstamo.

Aldama era en agosto de 2020 un nuevo conocido de Ábalos. El comisionista había logrado su mayor pelotazo como intermediario al ingresar en abril de 2020 hasta seis millones de euros por la venta de mascarillas al Ministerio de Transportes en lo peor de la pandemia. Aldama financiaba en aquellos meses a través de un testaferro el alquiler del apartamento donde residía la examante del ministro.

Ábalos hizo creer al comisionista en el verano de 2020 que presionaba para el rescate de Air Europa. Al menos ese era el mensaje que Koldo García trasladaba a Aldama sobre las gestiones del ministro. Mientras tanto, Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI (nombrado en 2017 por el Gobierno del PP) y presidente del consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, tramitaba desde el 20 de agosto de 2020 la solicitud de ayuda de Air Europa sin recibir indicaciones del Gobierno, según la investigación. Lora supervisó entre 2020 y 2022 las 30 operaciones (más de 3.000 millones de euros) de rescate de empresas amenazadas de quiebra por la pandemia.

Koldo García aseguró en algún mensaje a Víctor Aldama que su jefe hablaría con el vicepresidente de la SEPI para agilizar la ayuda a Air Europa. Pero esa llamada nunca se produjo, según aseguró Bartolomé Lora cuando le preguntaron en el Senado: “Nunca hablé con Ábalos de este expediente. Nunca informé a nadie del Gobierno directamente de estos expedientes. No he recibido instrucciones ni del señor [Pedro] Sánchez ni de nadie. Los ministros no intervienen en la tramitación de los expedientes. No he tenido nada con Aldama, no le conozco. Ni con Koldo García, conocí su nombre por los periódicos”.

Aldama seguía tan de cerca la tramitación de las ayudas que solo 13 días después de presentada la solicitud por Air Europa se quejó a Koldo con un mensaje que ha dado pábulo a todas las conjeturas sobre el papel desempeñado por Begoña Gómez en el rescate de la compañía aérea. El 3 de septiembre de 2020, Aldama contó a Koldo García que Javier Hidalgo estaba “jodido, muy jodido” por el rescate a su compañía. Y añadía: “Se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña [Gómez, mujer del presidente del Gobierno]”. Si esa llamada se produjo —algo que desmienten las dos partes intervinientes— el resultado de esa gestión fue nulo porque solo dos semanas después, a juzgar por los nuevos mensajes de Aldama, la negociación estaba al borde del fracaso.

El 17 de septiembre, el comisionista escribió a Javier Hidalgo: “Déjame ayudarte para resolver esta situación. Confía en mí, sé que estás mal, muy mal, pero confía en mí. Dile a Ramiro [director del departamento jurídico de Air Europa que negociaba el rescate con los técnicos de la SEPI] que él lleve tema SEPI y yo me encargo del resto con los ministros y sacamos esta mierda adelante. Sé que estás destruido, pero lo único que quiero es ayudarte”. Hidalgo ni siquiera le contestó.

Y el 30 de octubre, Aldama avisó a Koldo García de unas negociaciones al borde de la ruptura: “Se retira la oferta”. “Siguen poniendo problemas. ICO ha dicho SEPI no contesta favorablemente, se retira la oferta y no hay financiación”. El comisionista fue desmentido aquel día por Koldo García quién le envió un mensaje solo unos minutos después: “Que me dice [José Luis Ábalos] que el Consejo de Ministros aprueba el martes [3 de noviembre] sí o sí”.

El préstamo finalmente aprobado establecía unas duras condiciones. Air Europa operaba en 17 aeropuertos cuando España se cerró por la pandemia. Las pérdidas de la compañía entre 2020 y 2021 sumaron 1.000 millones con 10.000 trabajadores en plantilla. Para conceder el préstamo de 475 millones de euros, la SEPI exigió garantías por 1.000 millones, y Air Europa tuvo que echar mano de sus hoteles, por más de 400 millones; sus sedes en Pozuelo (Madrid) y Palma de Mallorca; los negocios de mantenimiento de aviones y servicios aeroportuarios en tierra, e incluso el acuerdo de venta de Air Europa a IAG.

Javier Hidalgo, CEO de la compañía cuando ocurrieron los hechos, lo contó así en el Senado: “El acuerdo con SEPI fue un préstamo con las condiciones más estrictas y desfavorables de las concedidas en Europa y fue una de las últimas compañías aéreas de nuestro nivel en recibir ayudas. A 29 de junio en Europa ya se habían concedido 29.000 millones de euros”.

El desmentido del comisionista

Un mes después de aprobado el préstamo a favor de Air Europa, Víctor Aldama envió un mensaje grabado a Koldo García donde se lamentaba de las “mentiras” que los periodistas difundían sobre Begoña Gómez: “Ayer me llama Lisandro Márquez, que es el relaciones institucionales de la compañía de Globalia, ¿vale? (…) Pero bueno, siempre buscando la mierda, y nada que ver en un principio con el tema de Air Europa, ni de la compañía (…). Sobre lo que me cuentas tú de Air Europa, que quieren vincular la operación de Air Europa, que si ha habido presiones con Begoña y tal, nada, nada, nada verdad”.

Y continuaba: “Y operación... ¿Que ha habido presiones? Hombre, una operación que lleva desde el mes de marzo o abril, si no me equivoco, y ya salió en el mes de noviembre, que la ha visto con puntos y con comas la SEPI; que la SEPI ha contratado a Pricewaterhouse, a un auditor externo, para que dé también la conformidad y no se pillen los dedos, y también han dado su conformidad y que todo estaba legal; cuando Pepe Hidalgo ha puesto todas sus garantías, ha puesto los hoteles, ha puesto absolutamente todo, ¿dónde está lo raro de la operación o donde está que haya habido presiones? Claro, presiones ha habido, a la ministra Calviño, a la ministra Montero, al ministro Ábalos, ha habido presiones a todo el mundo, porque, como se había dicho, eso es una compañía estratégica y, si no se daba el préstamo, la compañía cerraba e iban 50.000 personas a la calle. Claro que, si a eso se llaman presiones, decir que la compañía va a cerrar, pues sí, ha habido presiones. Pero si no, es que de verdad hay cosas que no entiendo (…) yo no sé cómo se permite en este país que los periodistas sigan mintiendo, sean impunes y no les pase nada o alguien les persiga. Porque es que escribir es gratis, y esta gente ya se creen que son los Vengadores. Escriben cualquier barbaridad porque no les va a pasar nada”.

Quién desmentía de esta manera en diciembre de 2020 las acusaciones sin pruebas contra Begoña Gómez es la misma persona que, cuando estaba en la cárcel por un fraude multimillonario por su negocio de hidrocarburos, prometió colaborar con la justicia a cambio de su libertad. Desde entonces, y ya libre, Aldama se pasea por determinados medios de comunicación lanzando amenazas al Gobierno de Pedro Sánchez con insinuaciones que, en muchas ocasiones, se han demostrado falsas. Como cuando atribuyó a Begoña Gómez una fortuna de seis millones de euros oculta en un banco de la República Dominicana.

Los pagos al abogado: “No he cobrado nada”

El ventilador de bulos que estos días maneja la trama corrupta a su antojo difundió el jueves que el PSOE había pagado hasta octubre pasado al abogado de José Luis Ábalos para evitar así que el ex secretario de Organización y exministro de Transportes tirase de la manta. El abogado de Ábalos hasta el pasado noviembre era José Anibal Álvarez, quien aseguró el jueves a elDiario.es que el PSOE no solamente no le había pagado por sus trabajos en defensa del exministro sino que, hasta el momento, no había cobrado ni un euro por la defensa.

Anibal recomendó al exministro en dos ocasiones que dejara su acta de diputado para que su causa pasará a la Audiencia Nacional, pero Ábalos se negó y rompieron relaciones. Por el contrario, el PSOE ha recibido en los últimos seis meses distintos mensajes de los entornos de la trama corrupta en los que amenazaban con revelar noticias contra el presidente del Gobierno en caso de que el partido no se hiciera cargo de los gastos de defensa de los imputados. Desde el Gobierno de Sánchez respondieron antes a esas insinuaciones e insisten ahora: “Si esto es un chantaje, han pinchado en hueso”.

La mentira, utilizada como arma de destrucción política, sigue viva y más engrasada que nunca.

Juan Carlos I vende estos días unas memorias de recuerdos poco exactos y olvidos sorprendentes. “Reconciliación”, que así se titula el libro, parece más bien en algunos momentos un ajuste de cuentas. “Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias. Los reyes no se confiesan. Y menos, públicamente. Sus secretos permanecen sepultados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué le desobedezco hoy? ¿Por qué he cambiado de opinión? Porque siento que me roban mi historia”, se justifica Juan Carlos I en el párrafo con el que promociona un libro que saldrá a la venta en España el próximo 3 de diciembre. Algunos secretos del rey emérito permanecieron sepultados mucho tiempo, pero no en la penumbra de los palacios sino en bancos suizos. De esa manera, la Agencia Tributaria de España no podría cobrar los impuestos debidos por su fortuna oculta en el extranjero.

El monarca dispara en sus memorias algunos reproches, basados en premisas falsas, contra protagonistas políticos de la historia reciente de España. Juan Carlos abdicó en 2014 a la fuerza, humillado por sus comportamientos inapropiados, aunque nada se sabía entonces de sus fortunas ocultas en Suiza. Y huyó de España seis años después, en agosto de 2020, para fijar su residencia en Abu Dabi tras una investigación judicial en marcha que husmeaba en sus andanzas financieras más inconfesables. En el libro que ahora vende para que no le roben su historia, Juan Carlos I afirma: “El Gobierno [de Pedro Sánchez] transformaba estas investigaciones jurídicas en una caza de brujas, en un juicio moral que afectaba al conjunto de mi reinado y de mi acción política”. En ese ataque a los que supuestamente le desacreditaron sin motivo incluye a Dolores Delgado, ministra de Justicia (2018-2020) y fiscal general del Estado entre 2020 y 2022.

La historia judicial del caso Juan Carlos I cuenta otra historia muy distinta. Doce años antes de su autoexilio, el monarca aceptó un regalo de 100 millones de dólares –ahora cree que fue un error– del rey Abdalá bin Abdulaziz de Arabia. En aquel verano de 2008, el rey de España guardó su fortuna en un banco suizo y a nombre de una fundación con domicilio en Panamá. Si hubiera ingresado el dinero en un banco español y declarado aquella donación ante Hacienda, Juan Carlos habría pagado en impuestos 51 millones de euros.

El gestor suizo de aquella operación se llamaba Arturo Fasana y administraba también otras fortunas españolas en una cuenta denominada “soleado”. Algunas de esas fortunas correspondían a empresarios implicados en el caso Gürtel que salpicó a numerosos gobiernos y dirigentes del PP.

Los manejos del rey en Suiza no se empezaron a conocer hasta diez años después, cuando se publicó en julio de 2018 una grabación del comisario José Manuel Villarejo con Corinna Larsen, examante de Juan Carlos I. La conversación sugería un blanqueo de capitales del rey de España, pero el juez instructor de la Audiencia Nacional con el impulso de la Fiscalía Anticorrupción archivó en septiembre de 2018 la causa abierta por esa grabación. El carpetazo llegó en apenas 56 días y sin practicar diligencias.

El Gobierno de Pedro Sánchez no dijo ni una sola palabra sobre aquel archivo precipitado ni promovió, que se sepa, ninguna iniciativa para reabrir una causa con pruebas suficientes de los manejos ilegales de Juan Carlos I.

El argumento de jueces y fiscales fue que la grabación no parecía prueba suficiente, que los indicios eran muy endebles y que los hechos relatados se correspondían con un tiempo en el que Juan Carlos I estaba protegido por la inviolabilidad que la Constitución establece. El juez instructor interrogó a Villarejo y la Agencia Tributaria le contestó que no le constaba que Juan Carlos I tuviera cuentas en el extranjero. Con esos trámites, se olvidó del asunto sin escuchar lo que tuvieran que decir la examante o los supuestos testaferros.

Pese al archivo, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo abierta una línea de investigación sobre los negocios privados del rey Juan Carlos en el extranjero y, a la vez, la fiscalía suiza investigó por su cuenta entrando en los secretos que guardaba la banca de aquel país sobre la fortuna oculta del rey de España.

El teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, fallecido en diciembre de 2021, investigó la fortuna oculta del rey emérito y envió a su abogado, Javier Sánchez Junco, notificaciones de las tres investigaciones preprocesales abiertas a Juan Carlos I en junio, noviembre y diciembre de 2020. La prensa, con muy pocos datos de la investigación, publicó las sospechas existentes sobre el rey emérito. Aunque alguien en la Fiscalía planeó citar al rey emérito para que declarara en las diligencias preprocesales abiertas, se rechazó esa posibilidad para evitar “un circo mediático”.

En esa situación límite, con el monarca huido a Abu Dabi, su abogado presentó el 9 de diciembre de 2020 una regularización fiscal por 638.393 euros. Se trataba de los impuestos no pagados en su día por el rey a cuenta de la donación que un empresario mexicano le había hecho a través de un testaferro. Solo dos meses después, en febrero de 2021, el abogado Sánchez Junco volvió a hacer otra regularización por casi 4,4 millones de euros correspondientes a impuestos no pagados por los regalos de su primo Álvaro de Orleans, quien había costeado desde la Fundación Zagatka los vuelos privados de Juan Carlos I durante varios años. En la ventanilla del Ministerio de Hacienda, dirigido por la socialista María Jesús Montero, no pusieron pegas a la operación pese a que la ley señala que si un contribuyente tiene una inspección abierta o en marcha de la Fiscalía ya no es posible saldar cuentas y hay que abrir juicio. El rey emérito tuvo suerte porque ni el Gobierno de Pedro Sánchez ni la Fiscalía que le investigaba, dirigida entonces por Dolores Delgado, pusieron pegas a una regularización que le libraba de una condena de cárcel segura.

La Fiscalía del Supremo archivó las tres investigaciones preprocesales abiertas a Juan Carlos I. Lo hizo en abril de 2021, con Dolores Delgado como fiscal general y con el Gobierno de Pedro Sánchez totalmente inactivo en relación con esa causa. La Fiscalía defendió que los delitos fiscales de Juan Carlos I al ocultar en Suiza la fortuna que le regaló el rey de Arabia no eran perseguibles porque en aquel periodo (de 2008 hasta 2012, año en que el rey decidió donar todo el dinero que guardaba en Suiza a favor de Corinna Larsen) gozaba de inviolabilidad. Esa cuestión nunca quedó suficientemente aclarada por el principal intérprete de la Constitución. El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado todavía sobre el alcance de la inviolabilidad y no ha resuelto la duda sobre si todos los actos del Rey también están protegidos por ese derecho. Prestigiosos juristas sostienen que las conductas privadas del rey Juan Carlos —como sería esconder en Suiza un regalo de 100 millones de dólares y no declarar esa donación en España para evitarse el pago de impuestos— no pueden estar amparadas por la inviolabilidad.

El Gobierno de Mariano Rajoy (2012-2018) impulsó una pequeña reforma, consensuada con el PSOE, para proteger a Juan Carlos I tras su abdicación en junio de 2014. Entonces había dos demandas civiles presentadas contra el rey por juicios de paternidad. El entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, redactó de urgencia una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que cualquier denuncia contra Juan Carlos I solo pudiera ser investigada en el Tribunal Supremo. En el preámbulo de aquella reforma, sin efectos legales, se introdujo por primera vez una interpretación sobre el alcance de la inviolabilidad: “Conforme a los términos del texto constitucional, todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo en que ostentare la jefatura del Estado, cualquiera que fuere su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad”.

El archivo de todas las investigaciones abiertas en la Fiscalía a Juan Carlos I no eludió un grave reproche al monarca por sus manejos financieros durante diversas etapas de su reinado. Pero la prescripción de algunos de los delitos cometidos, el escudo de la inviolabilidad que le protegió los 39 años de reinado (1975-2014) y una regularización extraordinaria más que dudosa salvaron al rey de la cárcel por blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho.

Todo lo que pudieron hacer los poderes del Estado (incluyendo al Gobierno de Sánchez) lo hicieron para evitar al rey Juan Carlos un trago (la condena por fraude fiscal castigada con varios años de cárcel) aún más humillante y amargo que su huida a Abu Dabi por traicionar a su país con una conducta deshonesta.  

“La avaricia no es delito”. Con esta frase justificaba un fiscal Anticorrupción su decisión de no abrir una causa penal contra un empresario que consiguió un lucro colosal durante la pandemia vendiendo a la administración cientos de miles de mascarillas a un precio desorbitado. Ese fiscal había investigado y archivado varios casos parecidos durante 2021 y 2022, como el que permitió al hermano de Isabel Díaz Ayuso y a su socio ganar un millón de euros de beneficio tras vender a la Comunidad de Madrid 250.000 mascarillas compradas en China por solo 500.000 euros.

Los delitos vinculados a la compraventa de mascarillas en pandemia que han permitido abrir causas penales tienen que ver con tres aspectos muy concretos del negocio:

— El pago de comisiones ilegales por parte del empresario vendedor a los funcionarios que adjudicaron los contratos, como el caso que afecta al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su asesor principal, Koldo García, y al denominado nexo corruptor, el empresario comisionista Víctor Aldama.

— El fraude fiscal de quienes no pagaron los impuestos debidos por el beneficio conseguido, como Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña.

— La entrega de material defectuoso, como en el caso de Alberto Luceño y Luis Medina, comisionistas que vendieron material chino al Ayuntamiento de Madrid.

La Fiscalía Anticorrupción presentó en 2023 una querella contra Koldo García y Víctor Aldama, quien logró diversos contratos a dedo, sin concurso ni competencia, para vender mascarillas al ministerio de Transportes, al ministerio del Interior, y a las comunidades de Canarias y Baleares.

En esa querella, Anticorrupción aclaró que su acusación no tenía que ver con los contratos de mascarillas, sino con el hecho de que los beneficiarios del contrato hubieran repartido una parte de sus beneficios con quienes le habían facilitado el negocio en el Ministerio: “La contratación pública efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y COVID-19”.

Y es que, en pandemia, saltaron todos los controles administrativos de la contratación mediante el decreto 463/2020 de 14 de marzo: “A todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas para hacer frente al covid-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia sujeta a un régimen excepcional que implica que los contratos objeto de esta no están sometidos a la obligación de tramitar el expediente de contratación, sin tener que sujetarse el procedimiento de contratación a los requisitos formales establecidos en la mencionada ley”.

La interpretación de este decreto hizo que la Fiscalía Anticorrupción archivase algunas investigaciones abiertas por venta de mascarillas que podrían resultar a simple vista escandalosas. El argumento de los fiscales era siempre el mismo: “El material comprometido se entregó al precio estipulado y en las condiciones pactadas. Si el precio fue excesivo o no; si cobraron mucho más de lo que pagaron en China por el material, son asuntos que no pueden ser perseguidos penalmente, porque las normas de contratación que regían en aquellos meses, al inicio de la pandemia, permitían a los contratistas poner el precio que les diera la gana”.

Medios de comunicación afines al PP llevan meses alentando la teoría de que quienes fueron presidentes de Baleares, Francina Armengol, y Canarias, Ángel Víctor Torres, acabarían imputados en el caso mascarillas porque compraron estas protecciones al empresario Víctor Aldama, corrupto confeso, por mediación de Koldo García, procesado en este caso junto a su jefe, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El virus Aldama contamina todo lo que toca, según algunos. Pero la investigación no ha encontrado hasta ahora un solo indicio de que Torres o Armengol cobraran comisiones por facilitar ese contrato de mascarillas al comisionista que supuestamente sobornó al exministro Ábalos, y a su asesor, Koldo García. Contratar a Aldama en pandemia no era ilegal, ni puede ser delictivo, salvo que haya otros detalles en la operación como el pago de comisiones ilegales a quienes facilitan el negocio. Que la Comunidad de Madrid comprara mascarillas en lo peor de la pandemia con el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso al triple del precio pagado por el material en China fue legal. La avaricia no es delito.