La mentira para tumbar a un Gobierno tiene premio en España: salir de la cárcel, cobrar cientos de miles de euros o aspirar incluso a ingresar un millón. Delincuentes confesos y condenados por corrupción han desplegado durante los dos últimos años un variado catálogo de acusaciones falsas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez con la esperanza de resolver sus problemas judiciales.

Todo comenzó hace dos años en el juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

Víctor Aldama, preso en Soto del Real, llega a las diez de la mañana del jueves 21 de noviembre de 2024 para declarar de manera voluntaria. Es un empresario imputado desde febrero en el caso mascarillas. La Audiencia Nacional investiga el supuesto pago de mordidas tras la adjudicación a dedo por el Ministerio de Transportes de un contrato para adquirir material sanitario por 20 millones de euros en lo peor de la pandemia (marzo de 2020).

Aldama interviene en ese negocio como jefe de una trama delictiva que corrompe al ministro José Luis Ábalos. El comisionista gana 3,4 millones en aquella operación y reparte el botín con quien se lo ha facilitado: Ábalos y su principal asesor en el Ministerio, Koldo García.

Aquel 21 de noviembre de 2024, Aldama decide confesar su culpa y “colaborar con la Justicia”. Para entonces, la UCO de la Guardia Civil ya ha conseguido reunir decenas de pruebas de los delitos cometidos por el empresario. Pero el comisionista lleva un mes preso por otra causa mayor, un fraude fiscal vinculado al negocio de hidrocarburos, y busca con la delación una salida a su situación desesperada. Frente al juez Ismael Moreno, que investiga el caso mascarillas, muestra su disposición a colaborar con la Justicia. El guion lo ha preparado su abogado, que le pregunta sobre cuestiones que la UCO de la Guardia Civil ya ha descubierto y sobre otras que le permiten implicar a varios miembros del Gobierno de Pedro Sánchez en sus actividades corruptas.

Tras esa colaboración especial con la Justicia, el letrado José Antonio Choclán pide por la tarde la libertad de su cliente al juez Santiago Pedraz, instructor de la causa de hidrocarburos que mantiene en prisión preventiva a Aldama. El fiscal del caso, también Luis Pastor, apoya la petición porque el preso “ha facilitado datos relevantes para el esclarecimiento” del caso Koldo. En realidad, el informe de la UCO que el juez manejaba desde un mes antes ya esclarecía y acreditaba los delitos cometidos. Las únicas novedades que aporta Aldama al caso implican en falso a otros dirigentes del Gobierno de Sánchez.

Pedraz firma la orden de libertad para Aldama a las 20.28. El comisionista abandona Soto del Real una hora después y amenaza al presidente del Gobierno: “Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho”.

La libertad de Aldama, bajo sospecha

La sorpresa ante la excarcelación de un imputado que oculta supuestamente una fortuna en el extranjero hace que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el fiscal del caso, Luis Pastor, tengan que dar explicaciones a través de una nota que no aclara las dudas ni ahuyenta las sospechas. Nadie se explica todavía hoy en la Fiscalía cómo se dejó libre a alguien por una supuesta colaboración con la Justicia que no fue tan relevante para esclarecer el caso y, además, estuvo plagada de falsedades.

Cuenta Aldama al juez que la visita de la dirigente venezolana Delcy Rodríguez a España estaba perfectamente planificada por el Gobierno de Sánchez pese a saber que lo tenía prohibido por la Unión Europea. Una acusación que ninguna investigación ha acreditado. Cuenta Aldama que estaba prevista una reunión con la fiscal general del Estado. Pero en esa fecha Dolores Delgado aún no había tomado posesión de su cargo y el fiscal interino era Luis Navajas.

Cuenta Aldama que tenía una “amistad más personal” con Ángel Víctor Torres, al que acusa de pedir 50.000 euros por un contrato de mascarillas. El ministro acredita que no mantenía ninguna relación con el empresario y que tan solo recibió en su teléfono un mensaje del comisionista que nunca respondió. Cuenta Aldama que tenía una relación “bastante intensa e importante” con Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif. Pardo de Vera lo niega y asegura que ni siquiera conocía el verdadero nombre del empresario corrupto.

Cuenta Aldama que se reunió en “varias ocasiones” con Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno, para un proyecto de la España vaciada en la que participó Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Pero Ribera asegura que solo hubo una reunión y que no participó en ella Begoña Gómez. Cuenta Aldama que el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno, cobró 25.000 euros por ayudarle a aplazar una deuda con la Agencia Tributaria. Ni la deuda se aplazó ni nadie acreditó ese pago, que Carlos Moreno niega.

Cuenta Aldama que pagó 25.000 euros a Santos Cerdán en un bar frente a la sede del PSOE. Pero Cerdán lo niega y cuenta que nunca estuvo con el comisionista. Cuenta Aldama que le dijeron que las mordidas de las obras del Norte eran competencia exclusiva de Cerdán. Pero todas las pruebas de los supuestos delitos cometidos por Cerdán las tuvo siempre la Guardia Civil tras incautar a Koldo García distinto material con grabaciones comprometedoras.

Fueron dos horas donde Aldama confirmó una parte de lo que ya había probado la UCO con su investigación, y desplegó numerosas acusaciones sin pruebas, muchas de ellas falsas, contra miembros del Gobierno.

Perfecto Andrés Ibáñez, exmagistrado de la sala de lo Penal del Supremo, definió así a Aldama en elDiario.es: “Una suerte de correveidile caracterizado por la precaria calidad de sus aportaciones, de escasa o ninguna novedad sustancial, francamente tardías”.

Acusaciones falsas del corrupto en radio y televisión

Con la libertad recuperada, Aldama se paseó por platós de televisión y emisoras de radio difundiendo más mentiras contra el Gobierno. Acusó al ministro de Justicia, Félix Bolaños, de ofrecerle una gran suma de dinero a cambio de su silencio. Falso. Acusó a medio Gobierno y al fiscal general del Estado de ocultar fortunas en bancos de la República Dominicana. Falso. Denunció un fraude electoral a través de la empresa Indra. Falso. Remitió al juez que investigaba el caso mascarillas una documentación oficial de presupuestos con obras subrayadas que no probaba ni esclarecía nada, inverosímil y desechada por la investigación.

En la vista oral, Aldama declaró que el número 1 de la trama corrupta era Pedro Sánchez; que hizo de intermediario para cobrar mordidas por amaño de contratos y que ese dinero acabó financiando al PSOE; que un empresario había pagado a cambio de adjudicaciones del Ministerio; que Renfe manipuló concursos; que el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda cobró 25.000 euros... Todo falso o no acreditado por la investigación.

El Tribunal Supremo le aplicó una atenuante cualificada, le rebajó en dos grados la pena —cuatro años y seis meses de cárcel— y permitió que no ingresara en prisión. La jurisprudencia señala que para gozar de esas ventajas, la colaboración con la Justicia debe ser excepcional y eficaz, que las pruebas que aporte permitan el esclarecimiento de los hechos y que ayude a procesar a otros participantes en el delito con una declaración veraz y completa, sin añadir falsedades que desvirtúen esa colaboración y perjudiquen a otros sin fundamento.

Otros corruptos del mismo caso siguieron el camino de Aldama sin obtener resultados.

Chantajes para no tirar de la manta

Abandonados a su suerte por el PSOE, José Luis Ábalos y Koldo García intentaron a la desesperada en la primavera de 2025 conseguir que les pagaran la minuta de sus abogados. Hicieron llegar mensajes amenazantes a la sede socialista en la calle Ferraz: si no abonaban su defensa, tirarían de la manta.

Koldo llegó a trasladar que si no pagaban los gastos de sus abogados, tenía unos audios de Santos Cerdán que podrían tumbar al Gobierno de Pedro Sánchez. Pero en Moncloa apenas se inmutaron: “Si esto es un chantaje, han pinchado en hueso”.

Los audios de Cerdán grabados por Koldo García e incautados por la Guardia Civil salieron poco después. Formaban parte de un informe demoledor que provocó la dimisión de quien había sido secretario de Organización del PSOE en sustitución de Ábalos. Los nuevos hallazgos acorralaban al PSOE y al Gobierno. La corrupción había salpicado de gravedad a dos de sus dirigentes más poderosos entre 2018 y 2025.

Pese a todo lo descubierto, Pedro Sánchez se mantenía al margen de las graves corruptelas que amenazaban de cárcel a sus dos últimos secretarios de Organización.

Ábalos y Koldo empezaron entonces a filtrar acusaciones sin pruebas contra el presidente del Gobierno y contra su esposa, Begoña Gómez. A medida que se acercaba la vista oral en el Supremo, ambos se veían más perdidos pese a que el PP utilizaba con soltura las revelaciones de ambos para sacudir a Sánchez en cada sesión de control parlamentario.

El juicio en el Supremo se celebró rodeado de un ambiente tóxico cargado de mentiras publicadas. Con el tono del que se siente condenado, Koldo García utilizó su turno de última palabra para confesar el pecado: “A mí se me ofreció que se me iba a quedar esto en nada si decía o me metía con el Gobierno. Hay dos medios de comunicación que se reunieron conmigo para que mienta y engañe a todos los españoles. Y lo que estoy diciendo lo puedo demostrar”. El presidente del tribunal no le dejo seguir porque su confesión no era “objeto del procedimiento”. Nadie le hizo caso.

Con 19 años de cárcel pendientes de cumplir, Koldo García ha detallado a la cadena SER aquello que contó en el Supremo, pero ahora ha identificado a los protagonistas de aquellas negociaciones secretas: “En una reunión que mantuve con el señor Alberto Durán [abogado del PP], este me planteó una rebaja de pena que supondría no entrar a la cárcel, sacar a mi familia del proceso, pagar a mi defensa y la cantidad de un millón de euros. A cambio de declaraciones en contra de personas relevantes del Gobierno: del presidente, de su mujer, del expresidente Zapatero y alguno más. Aun mintiendo (...) Eduardo Inda [director de Okdiario] era el pagador el PP”.

Las mentiras de Aldama le permitieron salir de la cárcel, primero, y le perdonaron el ingreso en prisión después, pese a los cuatro años y seis meses que le impuso el tribunal. Las falsedades de Ábalos, condenado a 24 años, y de Koldo (20) solo lograron titulares en los medios para destruir la imagen del Gobierno. Ambos siguen presos y sin esperanzas de salir libres en poco tiempo.

Las mentiras de Víctor de Aldama siguen impunes. El empresario, corrupto confeso y condenado a cuatro años de cárcel, sigue libre por decisión unánime de los siete magistrados que le juzgaron en el Tribunal Supremo. Todas las acusaciones sin pruebas que disparó contra otros durante su testimonio de defensa en el juicio del caso mascarillas quedan sin castigo. Quienes se consideran gravemente dañados en su honor por las supuestas patrañas de Aldama son el PSOE, al que acusó de financiación ilegal por el cobro de comisiones ilegales de empresas adjudicatarias de contratos amañados; el constructor Manuel Contreras (de la empresa AZVI); Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la que fue ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al que implicó en una mordida de 25.000 euros; y la compañía Renfe.

El PSOE pidió durante el juicio autorización al tribunal para querellarse contra Aldama, pero los magistrados denegaron el permiso argumentando que aún no había concluido el juicio. Renfe y Contreras también solicitaron lo mismo y el Supremo contestó con más negativas. Tanto Renfe como el empresario de AZVI recurrieron esta decisión. Pero los seis magistrados del Tribunal Supremo, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, se lo ha denegado en un auto firmado por la semana pasada.

Las mentiras de Aldama, muchas de las cuales formaron parte de lo que la Fiscalía Anticorrupción consideró “colaboración con la justicia” para sacarle primero de la cárcel cuando estaba preso por otro caso de corrupción y pedir la reducción de pena después durante el juicio celebrado en el Supremo, siguen blindadas frente a una posible acción penal de quienes fueron los principales perjudicados.

Aldama confesó ante el instructor del caso en el Supremo que pagó hasta cinco millones de euros en comisiones por la adjudicación de obras públicas que se repartieron entre el entonces ministro José Luis Ábalos, su asesor, Koldo García, y el PSOE. Cuando conoció esta declaración, el PSOE pidió permiso al magistrado Leopoldo Puente para interponer una querella por injurias y calumnias contra Víctor de Aldama. Pero el instructor denegó la autorización argumentando que si se abriera un proceso paralelo por injurias y calumnias mientras se desarrolla la investigación generaría inaceptables disfunciones procesales.

Durante el juicio, el comisionista Aldama acusó a Contreras (AZVI) por el pago de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos y también relató un intento de amaño de contratos por parte de Renfe. Ninguna de esas acusaciones se ha demostrado cierta.

Contreras y Renfe pidieron permiso para querellarse al Supremo, lugar donde se produjeron los supuestos testimonios delictivos de Aldama. Pero este tribunal bloquea esas iniciativas pues sostiene que entre el derecho de defensa de Aldama y el derecho al honor de los perjudicados por las supuestas calumnias del comisionista, prevalece el primero. Siempre y cuando, matiza el Supremo, las acusaciones de Aldama no resulten manifiestamente falsas y que las haya hecho para apuntalar su defensa, como los magistrados entienden que ha ocurrido en este caso.

El juicio del caso Mascarillas, donde Aldama desplegó todo un catálogo de acusaciones contra numerosas personas y empresas, acabó con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel. Aldama fue la persona que lo corrompió, pero el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, y los siete magistrados que juzgaron el caso apreciaron en la colaboración del empresario con la justicia un motivo suficiente para rebajarle la pena y evitarle el cumplimiento de los cuatro años de cárcel. Otro de los condenados, Koldo García, asesor de Ábalos, denunció en el turno de última palabra las supuestas maniobras de Aldama de falsa colaboración con la Justicia: “Me ha metido a mí y al señor Ábalos en la cárcel a base de mentiras, porque el único que tiene sociedades fuera de España, viviendo a costa de todos los españoles, es él”.

Las acusaciones durante el juicio

Parte de esa colaboración con la justicia consistió en acusar a otros de graves delitos, entre ellos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que dijo era el número 1 de la trama de corrupción que se estaba juzgando. Atento a las palabras de Aldama, y su supuesta colaboración con la Justicia, el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, pasó por alto este pasaje de su confesión al considerar que se trataba de un “desahogo” del empresario.

Aldama, imputado en otra causa por fraude multimillonario y blanqueo de capitales en el negocio de hidrocarburos, sigue en libertad difundiendo mentiras contra el Gobierno de Pedro Sánchez en medios de sesgo conservador.

Una de esas mentiras llegará por fin a juicio.

En enero de 2026, apenas unos meses antes del juicio, Aldama se paseaba por los platós para acusar al Ejecutivo socialista de todo tipo de corruptelas. En un programa de Telemadrid sostuvo que el ministro Félix Bolaños intentó sobornarle en octubre de 2024 ofreciéndole una gran suma de dinero a cambio de su silencio, se supone que sobre los negocios que mantenía con el exministro Ábalos. La versión de Aldama es que no accedió al soborno y que por eso le encarcelaron. Salió en libertad solo un mes después tras comprometerse a colaborar con la justicia, admitir los delitos cometidos y aportar pruebas contra dirigentes del Gobierno socialista.

Aquella versión de Aldama sobre el intento de soborno, asumida por los periodistas que le rodeaban sin expresar una sola duda, fue evolucionando con el paso del tiempo. Aldama atribuyó ese intento de soborno a lo que le había contado otra persona, Ramón Bermejo, quien se presentó como portavoz del empresario en noviembre de 2024, meses después de las supuestas maniobras de Bolaños para comprar el silencio del corruptor.

El supuesto portavoz intentó acreditar que la acusación de Aldama era cierta aportando una decena de llamadas al PSOE o al ministerio de Justicia en las que, según sus interlocutores, habló de diversos temas sin relación con el empresario corrupto.

El ministro Bolaños denunció a Aldama: “No conozco ni he hablado nunca, ni tengo ni he tenido relación personal alguna con el demandado ni con su responsable de comunicación que, según manifiesta el señor Aldama, se llama Ramón Bermejo. Mi relación personal es total y absolutamente inexistente, nunca he mantenido una conversación ni telefónica ni de ningún otro tipo con el señor Aldama ni con el señor Bermejo, ni vinculada a las declaraciones del demandado, ni relacionada con ningún otro asunto. Es más, ni siquiera tengo sus números de teléfono”. Desde que se presentó la denuncia hasta hoy, Aldama no ha sido capaz de presentar una prueba sólida de aquello que afirmó con rotundidad en Telemadrid.

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid celebró el pasado miércoles una audiencia previa para ofrecer a las partes la posibilidad de alcanzar un acuerdo y poner fin al litigio. Como no hubo acuerdo, el comisionista se sentará en el banquillo el próximo 17 de febrero. La primera vez que las mentiras de Aldama contra el Gobierno de Sánchez serán juzgadas. 

La investigación judicial del caso Leire Díez, una trama para desestabilizar supuestamente procesos judiciales abiertos contra dirigentes del PSOE o sus familiares, ha deparado en las últimas semanas sorpresas para la UCO o la Fiscalía Anticorrupción. Convencidos de que Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García, colaboraba en la red delictiva vinculada al PSOE, como hacían otros letrados, los investigadores se han encontrado con un puñado de pruebas, facturas e ingresos bancarios, que desbaratan su teoría principal.

Leticia de la Hoz está imputada a petición de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Leire Díaz por organización criminal, acusada de colaborar con el PSOE en las maniobras de desestabilización de procedimientos judiciales. Pero quien en realidad pagó a Leticia de la Hoz 242.000 euros por la defensa de Koldo García fue un medio digital, Okdiario, que se caracteriza por la defensa del PP y por los ataques al Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

El propio Koldo García, en el turno de última palabra en mayo de 2025, 18 meses antes de la convocatoria de elecciones, lo contó así: “A mí se me ofreció que se me iba a quedar esto en nada si decía o me metía con el Gobierno. Hay dos medios de comunicación que se reunieron conmigo, y lo que estoy diciendo lo puedo demostrar, para que mienta y engañe a todos los españoles”. El presidente del Tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, le detuvo en seco porque lo que estaba contando no era “objeto del procedimiento”.

Okdiario pagó el primer plazo de la factura –150.000 euros más IVA– al bufete de Leticia de la Hoz apenas un día después de publicar una entrevista con Koldo García donde el asesor del exministro José Luis Ábalos se metía contra el Gobierno y contra la mujer del presidente, Begoña Gómez. Muchos de los titulares –acusaciones de Koldo– de aquella entrevista se han demostrado falsos, engañosos o no acreditados por las investigaciones abiertas en distintos juzgados. Son, tal y como indicó su autor ante el presidente del tribunal que le juzgó y condenó, el resultado de las ofertas que le hicieron para sacarle ileso de la causa judicial a cambio de meterse con el Gobierno.

La abogada Leticia de la Hoz fue imputada en junio pasado. Mucho antes de la convocatoria electoral del pasado octubre, la letrada pidió al juez y a la fiscalía que le dejaran contar quién le había pagado la minuta de la defensa de Koldo García. Y tras varias semanas de silencio, la fiscalía informó a favor y el juez le requirió esas pruebas que ahora deberá valorar el juez que mantiene imputada a Leticia de la Hoz por, supuestamente, colaborar con la trama vinculada al PSOE.

Un expediente de nacionalidad sospechoso, originado en la etapa de Gobierno del PP

El exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos, procesado por blanqueo en la Audiencia Nacional, fue imputado hace varias semanas en el caso Leire Díez por el juez Santiago Pedraz, a petición de la UCO y de la Fiscalía. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que Villalobos adquirió la nacionalidad española en 2024 mediante un falso certificado de nacimiento de su abuela y por alguna razón desconocida vinculan ese hecho con la trama de Leire Díez, que tuvo relación con el exdirigente venezolano.

Villalobos comenzó a pedir en 2016 la nacionalidad con un Gobierno del PP al frente del ministerio de Justicia, donde se tramitaban estas solicitudes. El exviceministro de Energía con Hugo Chávez declaró en el Congreso de los Diputados que altos mandos policiales españoles le prometieron la nacionalidad para él y para su familia a cambio de facilitar información contra Podemos o los independentistas catalanes. Como no cumplió con lo exigido, nunca le llegaron a dar la nacionalidad durante el mandato del PP, que finalizó en julio de 2018.

Pero Villalobos siguió pidiéndola con Ejecutivos socialistas. Tanto el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez como el segundo le denegaron la solicitud, pero Villalobos recurrió la última negativa acogiéndose a la Ley de Memoria Histórica que garantizaba la nacionalidad a nietos de españoles y le dieron la razón.

La Guardia Civil interrogó a funcionarios del ministerio de Justicia y destacó en su informe que en 2020, cuando ni siquiera existía la trama Leire –comenzó su actividad supuestamente delictiva en marzo de 2024–, la directora general de Seguridad Jurídica, Sofía Puente, se habría interesado por el proceso de nacionalización del exiliado venezolano Nervis Villalobos. El informe de la Guardia Civil ocultaba que tras interesarse por ese expediente y comprobar los antecedentes policiales de Villalobos, Sofía Puente ordenó que se denegase la solicitud. Pese a eso, los medios conservadores implicaron a la directora general de Seguridad Jurídica en el caso Leire. Villalobos se negó a declarar ante el juez Pedraz.

La filtración de mentiras contra los independentistas catalanes del ministro Jorge Fernández Díaz

Entre la documentación incautada por la Guardia Civil durante los registros a Leire Díaz se encuentran dos grabaciones de la exmilitante socialista con el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. La militante socialista citó a Martínez en julio de 2024 con la promesa de mejorar su situación judicial a cambio de informaciones relevantes sobre la actuación corrupta de la cúpula policial del Ministerio del Interior durante el mandato del PP.

En esas grabaciones, sobre las que ha llegado a preguntar la Fiscalía Anticorrupción a un abogado contratado por el PSOE, Martínez confiesa a Díez que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, filtró la noticia falsa a El Mundo sobre una cuenta suiza del exalcalde de Barcelona, Xavier Trías.

Francisco Martínez: “Todo era falso. Pero yo me estoy excusando también (...) A nosotros nos cuenta el Gordo [Enrique García Castaño, comisario jefe de la UCAO] que [la información de la cuenta de Trias] es de un policía. ¿Entonces, cómo va a dar una información falsa? Otra cosa es que luego se filtra. Y el filtrador número uno ya te puedes imaginar quién es. A Jorge [Fernández Díaz] lo de filtrar es que le ponía… no sé cómo lo filtró ni cómo ni nada, eso ya lo hacía él hablando con los pedrojotas [director entonces de El Español], los casimiros [El Mundo], o el propio Villarejo”.

Las investigaciones en la Guardia Civil sobre filtración de correos... que facilitó la jueza Biedma

El juez Santiago Pedraz mantiene imputada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por reunirse con Leire Díez y por abrir investigaciones internas sobre cuestiones que afectaban a sumarios abiertos contra dirigentes socialistas, entre ellos el que afectaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Un informe de la UCO adelantado por elDiario.es sostiene que fue la jueza Beatriz Biedma, que instruyó el caso contra David Sánchez, quién incorporó al sumario la dirección del correo electrónico y mensajes de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que acabaron publicados en Okdiario, el medio afín al PP que pagó la defensa de Koldo García.

El informe de la UCO asegura que los agentes trasladaron a la jueza Biedma que el contenido de esa información “no parecía tener relevancia para el objeto de la investigación”. “Sin embargo”, añade la UCO, “la magistrada requirió todos los correos para determinar ella la relevancia de estos, incluidos los referidos”. A raíz de la publicación de la dirección de correo electrónico de Begoña Gómez en OkDiario, esta cuenta tuvo que ser inutilizada ante la avalancha de amenazas e insultos que se recibieron en las horas siguientes. La gravedad de la filtración, motivó una investigación interna en el seno de la Guardia Civil. Se trata de una de las tres informaciones reservadas abiertas que el juez Santiago Pedraz investiga como una maniobra de presión a la unidad que investiga los casos de corrupción al PSOE por indicación de Leire Díaz.

Un intento de extorsión a la jueza Biedma sin una prueba sólida

La jueza Beatriz Biedma ha pedido ante el juzgado de Pedraz que se investigue el supuesto intento de extorsión de la trama de Leire Díez contra ella por investigar el caso del hermano del presidente del Gobierno. El PP ha convertido estos hechos en una acusación grave contra las cloacas del PSOE por querer atentar contra la jueza Biedma.

Según las revelaciones de un medio digital afín al PP, haciéndose eco de las declaraciones de Cintia Rocho, viuda e hija de supuestos narcotraficantes, dos miembros de la trama de Leire Díez le sugerieron la posibilidad de dar un susto o eliminar a la jueza Biedma porque estaba al frente de la investigacion contra David Sánchez. Leire Díez apuntó en un cuaderno varios nombres que sugerían que conocía esta operación.

La Guardia Civil, que no había investigado este caso hasta ese momento, decidió llamar a declarar a la mujer, quien confesó que había contactado con el exjuez Luis Sáenz de Tejada a través de un chat privado de Facebook. “Lo que hablábamos a través de este chat eran temas relacionados con las injusticias que había sufrido mi familia en relación con sentencias judiciales”, declaró a la Guardia Civil. Unos días más tarde, Cintia Rocho contactó con un tal José García, quien le envió varios audios de los que se desprendía que había que “hacer una limpieza” en los juzgados de Badajoz, ya que de lo contrario “no se iba a hacer justicia con el asesinato de su marido”, según el relato de la UCO.

Posteriormente, la viuda del supuesto narcotraficante explicó que habló por teléfono con el ex juez Sáenz de Tejada, quien ya se centró en la figura de la jueza Biedma, calificándola como “un grano en el culo”, a la que había que eliminar porque “a palos aprende el burro”.

Cintia Rocho, según el atestado de la Guardia Civil, nunca se refirió a que detrás de esos encargos estuviera Leire Díez, ni siquiera aludió a que el motivo de los encargos fuera que Beatriz Biedma estaba al frente del caso contra David Sánchez.

El exjuez Luis Sáenz de Tejada, imputado por Pedraz a petición de la Fiscalía Anticorrupción, declaró en la Audiencia Nacional que nunca contactó con Cintia Rocho ni a través de esa página de Facebook, de la que dijo pertenecía a otras personas, ni por vía telefónica. Explicó que su animadversión hacia la jueza Biedma estaba motivada por una decisión de esta instructora de hace muchos años que le perjudicó, y se desvinculó de Leire Díez, a la que conoció porque la exmilitante socialista le pidió información sobre el funcionamiento de los juzgados de Badajoz. Sáenz de Tejada negó que Díez le hubiera pedido personarse en la causa abierta contra David Sánchez o recusar a la instructora Beatriz Biedma.

Tras declarar en la Audiencia Nacional, Biedma llegó a presentar una denuncia contra Luis Sáenz de Tejada, al que acusó de perseguirla en coche según avisó a la jueza una de sus hijas, menores de edad. El exjuez aseguró que cuando se produjeron los hechos denunciados por Biedma, él se encontraba a 400 kilómetros de distancia.

Tuvo la feliz idea en un viaje a Tokio. Vio algo que le gustó y, cuando tuvo poder suficiente como presidenta de la Comunidad de Madrid, ordenó imitarlo. Lo había visto también en las películas. Con dinero público –14 millones de euros– se construyó un campo de golf en Chamberí, un distrito céntrico de la capital. Los vecinos nunca lo pidieron y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, era compañero de partido y enemigo íntimo de Esperanza Aguirre, denegó la licencia. El Ejecutivo autonómico aprobó entonces una declaración de interés público para salvar el veto municipal y siguió adelante con la obra. En el camino de aquel proyecto excéntrico se perdieron algunos millones de euros que acabaron en manos de familiares de su vicepresidente, Ignacio González.

El feo asunto, uno más y no el más grave del mandato de Aguirre, acabó en los tribunales. La Fiscalía Anticorrupción pide ahora penas de cárcel para varios ex altos cargos de la Comunidad de Madrid, entre ellos González, y para algunos empresarios que se lucraron con la ejecución de aquella idea de la presidenta.

La autora intelectual del proyecto sale sin daño del embrollo judicial. Acudió como testigo al juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Defendió la presunción de inocencia de quien fue durante años su principal colaborador, Ignacio González, y alabó su idea copiada de Tokio y de las películas de abrir un campo de golf en el centro de la ciudad: “Mejor eso que un helipuerto que solo utilizaba José Bono para ir a su casa”, le contó al tribunal. Sobre los “chanchullos” en la ejecución de la obra, Aguirre no recordaba nada. Sobre el negocio corrupto, Aguirre nunca supo nada. Se enteró de todo por los periódicos, según confesó.  

Esperanza Aguirre atesora el gran mérito de seguir indemne tras haber sido la presidenta del Gobierno más corrupto en la historia de la Comunidad de Madrid.

Su asistente, viceconsejero y consejero de Deportes, Alberto López Viejo, fue condenado en el caso Gürtel a 27 años de cárcel por sus negocios corruptos con la trama que lideraba Francisco Correa. Esa red delictiva logró decenas de contratos a dedo en la Comunidad de Madrid que presidió Aguirre.

Su vicepresidente y consejero de Justicia, Alfredo Prada, fue condenado a siete años de cárcel por prevaricación y malversación de fondos públicos en la construcción del Campus de la Justicia. 

El expresidente Ignacio González, número dos de Aguirre durante su último mandato y su heredero cuando dejó el cargo, está procesado en varias causas de corrupción y estuvo encarcelado nueve meses en 2018 por uno de los casos.

Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y ex consejero de Transportes y de Presidencia, ha sido condenado en dos causas distintas por amaños de contratos y revelación de secretos. Además, está procesado por la financiación ilegal del PP de Madrid en una pieza separada del caso Púnica.

La Audiencia Nacional mantuvo unos meses imputada a Esperanza Aguirre como presidenta del PP de Madrid, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y de la fundación del PP-Madrid, Fundescam. En estas tres instituciones presididas por Aguirre, la investigación judicial detectó numerosas irregularidades delictivas por los que están procesados tanto el gerente del PP, Beltrán Gutiérrez, como el secretario general del PP-Madrid, Francisco Granados y la directora general de Medios de la Comunidad de Madrid.

Durante la investigación del caso, la Fiscalía Anticorrupción no halló a ningún responsable político que declarara o probara que Aguirre conocía las irregularidades en los tres órganos que presidía. El juez, previa petición del fiscal, desimputó a la expresidenta madrileña.  

Esperanza Aguirre estuvo imputada en 2014 por un delito de desobediencia. Se dio a la fuga mientras unos agentes de movilidad intentaban multarla tras aparcar con su coche en un carril bus de la Gran Vía para sacar dinero de un cajero automático. El vehículo de Aguirre derribó en la escapada una motocicleta aparcada de uno de los agentes.

Para buscar ayuda en aquella causa que amenazaba su futuro político como candidata a la alcaldía de Madrid, la dirigente del PP se reunió con el decano de los juzgados de Plaza Castilla, José Luis González Armengol, y con el comisario de policía José Manuel Villarejo, uno de los jefes principales de la mafia policial que entre 2012 y 2016 perpetró numerosas operaciones ilegales contra los adversarios políticos del Gobierno del PP.

En esa reunión, grabada por Villarejo, la imputada por desobediencia reclamó apoyo al comisario de Policía, personado como acusación popular contra Aguirre.

Esperanza Aguirre: La clave para mí es que tú no pidas diligencias.

Villarejo: Confía... Nosotros no vamos a pedir nada. O sea, nosotros lo que... Vamos, yo te voy a plantear dos opciones.

Esperanza Aguirre: No, no. La opción es... Cuando yo declare, si es que declaro, o si no declaro... A la vista de lo que hay, no pedir nada más. Eso es lo ideal.

Villarejo: No pedir nada más. E incluso nosotros decir: «A la vista de la declaración de la señora... tal, nosotros no... consideremos que ya está suficientemente aclarado y no pedimos...» Con lo cual, si nosotros no pedimos, que somos la acusación, nadie va a pedir.

Villarejo: Esto no se lo digas a tus abogados. A tus abogados diles que nosotros somos unos hijos de puta y unos duros... Porque los abogados largan mucho.

Esperanza Aguirre: No, no. A mis abogados no les digo nada.

Aguirre evitó el juicio porque entró en vigor una reforma del Código penal aprobada por el Gobierno del PP en julio de 2015 que despenalizaba ese tipo de faltas.

Con estos antecedentes judiciales -el núcleo de su Gobierno condenado o procesado por corrupción y ella misma imputada en varias causas de las que se libró in extremis- cualquier persona se habría retirado avergonzada de la actividad política. Cualquier persona menos Esperanza Aguirre, que sigue dando lecciones de ética desde diarios de sesgo conservador, como The Objective. La comentarista política escribió hace poco en ese medio: “Cuando se descubre que un colaborador ha delinquido, lo lógico y lo honesto es dimitir del puesto en el que te han colocado los ciudadanos, como hizo Willy Brandt y como hice yo, cuando fue detenido el que había sido mi vicepresidente en la Comunidad de Madrid, y eso que, casi nueve años después, aún no sé por qué le detuvieron”.

Aguirre no sabe (eso dice) por qué detuvieron y encarcelaron a Ignacio González. Eso le llevó a dimitir de sus cargos en 2018. Pero muchos años antes, desde febrero de 2009, gran parte de su equipo de colaboradores principales había sido imputado por corrupción vinculada a la gestión del Gobierno que ella misma presidía. Y nunca dimitió del puesto en el que le habían colocado los ciudadanos.

Con la solemnidad que envuelve a los discursos históricos, el profesor Manuel García-Pelayo defendió el 12 de julio de 1980 la idea de que el recién creado Tribunal Constitucional debía garantizar que la Política se sometía al Derecho y no al contrario. Elegido primer presidente de ese órgano, García Pelayo expresó en aquel acto inaugural sus prevenciones: “Si la jurisdicción constitucional es un desarrollo lógico y un perfeccionamiento técnico de la idea del Estado de Derecho, esta jurisdicción implica necesariamente un alto grado de sumisión de la Política al Derecho. Asegurar esta sumisión y no producir decisiones políticas en forma jurisdiccional es la delicada y alta tarea que se nos ha encomendado”.

Y avisó de los peligros que amenazaban al Constitucional: “Unos y otros hemos de renunciar a la tentación de hacer del Tribunal un órgano político, desvirtuando su auténtica naturaleza (…) Nuestras decisiones, aun elaboradas y fundamentadas en estrictos criterios jurídicos, tendrán efectos políticos tanto respecto a la acción del Estado como con respecto a las posiciones del poder de los distintos grupos políticos, pero esos efectos serán consecuencia necesaria del juego de las normas, nunca producto de una deliberada decisión política del Tribunal”.

El mandato de García Pelayo se prolongó de 1980 a 1986. En esos primeros seis años de vida del Constitucional, el presidente intentó demostrar imparcialidad de juicio. Con su voto de calidad avaló el decreto Ley de expropiación forzosa de Rumasa y rechazó por inconstitucional la Ley del Aborto, dos decisiones clave del primer Gobierno socialista.  

Cuarenta y seis años después, unos y otros (PSOE y PP) han cedido a la tentación. Ambos partidos trabajan intensamente para hacer del Constitucional un órgano político, desvirtuando así su auténtica naturaleza.

Cuando al Gobierno de Pedro Sánchez le tocó elegir a dos magistrados para renovar el Constitucional, designó a quienes habían sido ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y directora general de Asuntos Constitucionales, Laura Díez.

Muchos antes de aquellos controvertidos nombramientos, el PP había situado ya en el Tribunal a su diputado nacional más antiabortista, Andrés Ollero, y a un juez conservador, Enrique López, habitual de los eventos de FAES. López acabó como consejero de Justicia en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tras dimitir como magistrado del Constitucional al ser condenado por conducir una moto ebrio -cuadruplicaba la tase de alcohol permitido- sin casco y saltándose un semáforo a las cinco de la madrugada en el Paseo de la Castellana. Hoy López aspira a magistrado de la sala penal del Supremo, dominada desde hace 25 años por la derecha judicial.

Con esos mimbres a uno y otro lado del Constitucional, es inevitable la sensación de que el Tribunal produce “decisiones políticas en forma jurisdiccional”, el riesgo anunciado muchos años antes por el profesor García-Pelayo.

Filibusterismo parlamentario

El Partido Popular ha tomado ahora la iniciativa en la batalla por el control de ese órgano clave para el funcionamiento de la democracia en España. Desde su poder absoluto en el Senado, la formación conservadora pretende someter el Derecho a la Política mediante un ejercicio de filibusterismo por el cual bloquea desde hace 10 meses la obligatoria renovación del Tribunal que corresponde a la Cámara Alta. Ha evitado así -o aplazado al menos- que una mayoría de magistrados de sensibilidad progresista siga controlando el Constitucional durante los próximos tres años.

Con esta maniobra de obstruccionismo parlamentario, el PP gana tiempo para intentar que las urnas del 29 de noviembre le premien con escaños suficientes ante una renovación del Constitucional que podrían decidir a su favor desde una posición más hegemónica en el Senado.

El PP incumple el mandato de la Constitución al bloquear la renovación de cuatro plazas del Tribunal cuya elección corresponde a la Cámara Alta. En una situación normal, el Senado habría designado hace 10 meses a dos magistrados elegidos por el PP y otros dos por el PSOE. De esa manera, el Constitucional funcionaría los próximos tres años con la misma mayoría que tiene ahora (siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores).  

El mandato de cada uno de los 12 magistrados dura nueve años. Este órgano se renueva por tercios (cuatro magistrados cada tres años). Un tercio le corresponde al Congreso, otro al Senado, dos magistrados son de elección directa del Gobierno central y otros dos corresponden al Consejo General del Poder Judicial. Todas las elecciones, salvo la directa del Ejecutivo, se hacen con mayorías cualificadas lo que obliga a un consenso que, históricamente, ha dado como resultado un Tribunal de fuerzas equilibradas, pero con una suficiente mayoría conservadora o progresista. Siempre un desequilibrio mínimo (siete frente a cinco) decidido por el momento cada nueve años en que al Gobierno de turno le toca nombrar a dos de los 12 magistrados.

El PP tiene ahora 143 de los 266 senadores de la Cámara Alta, a sólo 17 escaños de los 3/5 necesarios (160) para no tener que repartirse con el PSOE las cuatro plazas del Constitucional que hay que renovar. Con diferentes excusas, a cual más pintoresca, el PP se ha negado hasta ahora a la renovación obligada por la Constitución. Su artículo 159.3 establece que los miembros del Tribunal Constitucional son designados por un período de nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres años. Es la primera vez que se incumple ese mandato constitucional. El bloqueo ha llegado siempre de la mano del PP en 2007, 2019, 2022 y 2026.

El Gobierno de Pedro Sánchez sufrió durante sus primeros cinco años de mandato (2018 a 2023) a un Tribunal Constitucional de mayoría conservadora y a la contra que le tumbó varios decretos ley, algunos tan simbólicos como los que establecían distintas medidas de excepción para hacer frente a la pandemia de la Covid-19.

Pero con el nombramiento de los dos magistrados que le correspondían al Gobierno, las tornas cambiaron en el Tribunal Constitucional y con una mayoría absoluta de magistrados progresistas se desatascaron algunos conflictos mayores. Trece años después, el Constitucional desestimó el recurso que el PP puso en 2010 contra la Ley del Aborto, con el voto en contra de los magistrados conservadores. También se anularon sentencias del Supremo, aprobadas por la mayoría de la derecha judicial en ese órgano, que condenaron a cárcel al expresidente andaluz, José Antonio Griñán, por los ERE; o que sacaron del Congreso al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez.  Además, el actual Tribunal Constitucional avaló la Ley de Amnistía pese al recurso del Supremo; derogó el pronunciamiento del mismo órgano que juzgó el proceso secesionista catalán y que consideró no amnistiable el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes independentistas.

La Sala de lo Penal del Supremo, corregida en sentencias clave, ha reaccionado acatando las resoluciones del Constitucional pero sin respetarlas. Manuel Marchena, magistrado de esa sala que presidió durante 10 años, firmó un auto donde considera una injerencia intolerable y una invasión de sus competencias estas resoluciones del Tribunal de garantías, al que acusa de incumplir su propia jurisprudencia. El Constitucional recuerda al Supremo que la Ley impide que sus sentencias sean criticadas o censuradas por otros órganos judiciales.

Pacto entre Feijóo y Abascal para el Senado

En esta situación de grave fractura entre instituciones clave, las elecciones generales del próximo 29 de noviembre tienen una batalla crucial a la que los principales partidos le han dado prioridad absoluta. El control del Tribunal Constitucional a través de la renovación de cuatro magistrados que corresponde al Senado es el objetivo de las estrategias de los grandes partidos.

El PSOE ha suscrito una alianza con el Frente Amplio sólo para las candidaturas del Senado con el objetivo de evitar una mayoría aplastante del PP que permita a este partido elegir a los cuatro magistrados cuya designación sigue pendiente desde hace 10 meses en la Cámara Alta.

El PP se dispone, una vez más, a sellar otro pacto con Vox. En este caso se trataría de sumar fuerzas en las listas del Senado. Atrás quedaron todos los recelos que durante años han expresado los líderes conservadores respecto a la ultraderecha que dirige Abascal. Hay un objetivo mayor: el control del Tribunal Constitucional durante el próximo sexenio.

Nervis Villalobos es un exviceministro de energía venezolano que fue captado por la policía patriótica del PP en 2016 para conseguir información contra Podemos y contra dirigentes independentistas catalanes. Era un soldado más para la guerra sucia que desde el Ministerio del Interior se inició contra los adversarios políticos del Gobierno del PP. Los policías prometían la nacionalidad española al venezolano y a su familia a cambio de una determinada colaboración. Pero Villalobos no entregó el material que le pedían para desacreditar a dirigentes independentistas catalanes o a Podemos, formación política que entonces amenazaba con sus votos la continuidad del PP en el Gobierno. La policía, con ayuda de la Fiscalía, tomó represalias contra él y terminó preso. Toda esta aventura se la contó Villalobos a los diputados del Congreso cuando acudió a declarar en la comisión de investigación sobre la denominada Operación Cataluña.

Aquella guerra sucia ejecutada por una mafia policial a las órdenes del Gobierno del PP sigue impune en los tribunales.

El exviceministro venezolano acabó en la cárcel en octubre de 2018 acusado de blanqueo de capitales por el supuesto saqueo de fondos de la petrolera pública venezolana y por supuestos sobornos en el caso de la empresa Duro Felguera. El juez Juan Carlos Peinado —el mismo que ha llevado a juicio a la mujer del presidente del Gobierno— decretó prisión preventiva para Villalobos. La Audiencia Provincial de Madrid le dejó en libertad unos meses después al considerar que las pruebas y los indicios aportados por el fiscal del caso y el juez instructor eran insuficientes para adoptar una medida tan extrema. El Tribunal Constitucional estimó un recurso de amparo que presentó el abogado de Villalobos y consideró que el auto de prisión que firmó el juez Peinado había vulnerado los derechos del exviceministro venezolano.

Cuatro años después de aquellos hechos, el exdirigente venezolano se cruzó en su camino con Leire Díez, exmilitante socialista imputada como cabecilla de una supuesta trama delictiva a la que el PSOE pagó, según la investigación, para “desestabilizar” procedimientos judiciales que afectaban a sus dirigentes (José Luis Ábalos y Santos Cerdán) o a los familiares de su líder (esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez). Leire Díez presionó supuestamente a fiscales, jueces o guardias civiles para intentar que hablaran contra sus jefes o forzaran el archivo de las causas abiertas.

La exmilitante socialista utilizó a Villalobos para contactar con una menor que había denunciado al fiscal José Grinda por pedofilia, y para sonsacar al ex viceministro venezolano información sobre los manejos de la policía patriótica del PP en la denominada Operación Cataluña.

La Fiscalía y la UCO investigan ahora si se favoreció a Villalobos desde el Ministerio de Justicia facilitándole en 2025 la nacionalidad que el exviceministro venezolano llevaba solicitando desde 2017. La misma nacionalidad que le prometieron los policías al mando de las cloacas del PP.

El juez Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire Díez, ha imputado a Villalobos tal y como le ha pedido la Fiscalía Anticorrupción, y reclama al venezolano que aporte la documentación original que presentó en el expediente de concesión de nacionalidad por aplicación de la Ley de Memoria Histórica (certificados de nacimiento y pasaporte de su abuela paterna de nacionalidad española).

La UCO interrogó hace varias semanas por su cuenta a dos funcionarios del Ministerio de Justicia a los que ahora el juez Pedraz cita como testigos. Son José Antonio Ruiz de la Hermosa, subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil desde marzo de 2025, y María del Mar López Álvarez, subdirectora adjunta de Nacionalidad y Estado Civil hasta marzo de 2025. El atestado que la UCO de la Guardia Civil envió al juez con estos interrogatorios se fijó en un hecho ocurrido en 2020 sin aparente relación con lo ahora investigado. Fue cuando Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en 2020 y ahora secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, se interesó por el expediente de Villalobos, quien había solicitado la nacionalidad por residencia (llevaba más de dos años viviendo en España).

Cuando a Puente le contaron los antecedentes policiales de Villalobos, la directora general ordenó el 17 de julio de 2020 que se denegase la solicitud. El trato de favor que investigan el juez y la Fiscalía en relación con el caso Leire Díez no pudo ocurrir entonces. Pese a ello, el magistrado Pedraz ha citado como testigo a la subdirectora adjunta de Justicia que estaba en aquel momento y que es quien puede contar si antes de la entrada del Gobierno socialista, su departamento recibió algún tipo de presión por parte de dirigentes del Ejecutivo del PP para conceder la nacionalidad de Nervis Villalobos.

La supuesta trama delictiva de Leire Díez comenzó sus actividades en marzo de 2024. Es imposible que cuatro años antes, cuando no existía la supuesta red corrupta ni en la mente de sus creadores, influyeran en Justicia para favorecer a Villalobos.

El ciudadano venezolano siguió insistiendo en el ministerio para conseguir la nacionalidad. Una vez que el Gobierno socialista se la denegó por residencia, optó por acogerse a la Ley de Memoria Histórica (la llamada ley de nietos) y presentó de nuevo su solicitud el 1 de diciembre de 2023 como nieto de una española, María de Regla Montesquint Arcos, nacida en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 1 de noviembre de 1894. Entre los documentos presentados ante el Registro Civil Central figuraba la fotocopia del pasaporte español de la abuela paterna de Villalobos adverada por un notario que daba fe pública de que ese documento coincidía con el original que se le mostró. El Registro Civil denegó el 7 de mayo de 2024 la solicitud al entender, con una interpretación muy restrictiva de la instrucción sobre la aplicación de la Ley de Nietos, que la abuela paterna de Villalobos no abandonó España entre 1936 y 1955 sino mucho antes y por tanto no se podía acoger a lo establecido en la norma. El exviceministro de Energía de Venezuela recurrió esa decisión y el 21 de abril de 2025 logró finalmente los papeles tras una resolución estimatoria a su recurso interpretando de manera textual lo que figuraba en la instrucción: “Tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella, podrán ejercitar la opción prevista en este párrafo”.

La UCO de la Guardia Civil conoce todos estos detalles porque el pasado junio se presentó en la sede del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para recabar la documentación sobre el proceso de nacionalización de Nervis Villalobos.

La Fiscalía buscaría en este procedimiento, a juzgar por las diligencias que ha pedido, demostrar que Nervis Villalobos entregó una documentación falsa para lograr la nacionalidad y que el funcionario hizo la vista gorda. Esa tesis sería insostenible porque Justicia le denegó la solicitud con una interpretación muy restrictiva de la Ley de Memoria Histórica, independientemente de que los documentos mostrados fueran verdaderos o falsos.

El juez Pedraz interrogará a Villalobos el próximo 28 de octubre a las 10 de la mañana. Acudirá a la cita como investigado y con abogado; sospechoso de haber presentado documentación falsa para conseguir la nacionalidad. Si el ciudadano venezolano repite lo que ya contó en el Congreso de los Diputados y en la Audiencia Nacional, el magistrado que investiga una trama corrupta vinculada al PSOE deberá decidir si imputa a miembros de la policía política del PP y al fiscal José Grinda. Villalobos les acusa de ofrecerle todo tipo de prebendas —mejoras en su situación judicial o permisos de residencia para él y su familia— a cambio de airear trapos sucios contra los adversarios políticos del Gobierno del PP: independentistas catalanes y dirigentes de Podemos.

El caso Leire Díez se enreda entre bulos y nuevas revelaciones bajo sospecha. La causa abierta en la Audiencia Nacional investiga la existencia de una trama vinculada al PSOE y dirigida por la exmilitante Leire Díez, quien supuestamente maniobró con ayuda de otros entre abril de 2024 y mayo de 2025 para “desestabilizar” procedimientos judiciales en marcha que afectaban a exdirigentes socialistas (José Luis Ábalos y Santos Cerdán) y a familiares del presidente del Gobierno (esposa y hermano). El juez Santiago Pedraz ha imputado a dos decenas de personas en este procedimiento, entre ellas a la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y a la gerente del PSOE, Ana Fuentes.

La unidad encargada de investigar el caso, la UCO de la Guardia Civil, es la misma a la que la trama de Leire Díez intentó desacreditar buscando trapos sucios de uno de sus jefes principales, el teniente coronel Antonio Balas.

El último informe de esta unidad incorporado al sumario del caso ha sido utilizado ahora por numerosos medios afines a la derecha para fabricar un nuevo bulo que implica a la actual secretaria general del ministerio de Justicia, Sofía Puente, en el intento de nacionalización del exviceministro de Energía venezolano, Nervis Villalobos, y de paso, su supuesta colaboración con la trama de Leire Díez. Ambas acusaciones son falsas.

El Mundo tituló inicialmente: “La hermana de Óscar Puente habría ayudado a la trama de Leire Díez, según una nota hallada por la UCO: 'Pregunta la directora'. Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica, se habría interesado por el proceso de nacionalización del exiliado venezolano Nervis Villalobos, quien habría colaborado con Díez en el acoso al fiscal Grinda”. Horas más tarde eliminó esa idea del titular, e incluyó una versión distinta dentro del texto. VozPópuli: “La hermana de Puente usó su cargo en Justicia para interesarse por la nacionalización de un exviceministro chavista. La UCO subraya que Sofía Puente seguía de cerca la tramitación del expediente de Nervis Villalobos, en la que pudo intervenir Leire Díez”. El Debate: “La UCO documenta el interés de Sofía Puente por la nacionalización de un exviceministro chavista en la que trató de influir Leire Díez”.

Todos estos medios, y otros como Libertad Digital u Onda Cero, basan su información tergiversada en el informe de la UCO, donde se recoge un correo electrónico que envía un funcionario del ministerio de Justicia contando que la entonces directora general de Seguridad Jurídica, Sofía Puente, se interesó por la situación del expediente de nacionalidad de Nervis Villalobos el 15 de julio de 2020. Ninguno de esos medios aclara que cuando Sofía Puente recibió la respuesta a su pregunta, con informes policiales sobre los antecedentes del exdirigente venezolano, la directora general ordenó expresamente el 17 de julio de 2020 que se le denegara la nacionalidad.

Pero es que, además, cualquier vinculación de esa actuación de Sofía Puente con la trama de Leire Díez, como se sugería en esos medios, es pura ciencia ficción porque cuando sucedieron los hechos —la denegación de la solicitud de Nervis Villalobos ocurre el 17 de julio de 2020— faltaban aún cuatro años para el nacimiento de la red delictiva vinculada al PSOE que ahora investiga la Audiencia Nacional. Ni siquiera estaba en proyecto. El primer contacto de Leire Díez con Nervis Villalobos se produce en el verano de 2024, según la propia investigación. 

La Guardia Civil pretendía conocer si hubo un trato de favor en la concesión de nacionalidad al exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos, quien residía en España desde 2014. La UCO citó como testigo a un subdirector general de Justicia encargado de esos trámites e incorporó junto a su escrito con la transcripción del interrogatorio un correo electrónico de 2020 que acreditaba el interés de Sofía Puente por el expediente del dirigente venezolano. Pero esos hechos en ningún caso podrían tener relación con la trama que dirigía Leire Díez y que empezó a funcionar en abril de 2024, tras una reunión mantenida en la sede socialista de la calle Ferraz con quien entonces era secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El interés del Gobierno del PP

Villalobos, según la investigación, colaboró a partir de 2024 con la trama de Leire Díez para desacreditar al fiscal José Grinda, quien a su vez había impulsado una causa penal que llevó al exdirigente venezolano a la cárcel, de la que salió posteriormente por decisión de instancias superiores.

Quién en realidad se interesó desde el principio por el expediente de Villalobos en Justicia fue el Gobierno del PP a través de la policía política que funcionó durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en el ministerio del Interior. Villalobos solicitó la nacionalidad a mediados de 2017 y el Gobierno del PP acabó su mandato tras la moción de censura de julio de 2018 sin aprobar la solicitud del exdirigente venezolano. Desde entonces y ya bajo Gobierno socialista, el ministerio de Justicia ha denegado las distintas solicitudes de nacionalización de Villalobos hasta que en abril de 2025, a raíz de un recurso del venezolano demostrando que era nieto de española y acogiéndose a la Ley de 2022, el exviceministro de Energía en el Gobierno de Hugo Chávez consiguió la nacionalidad.

Villalobos fue captado por la policía política del PP en 2016 para que aportara información sobre el dinero que Jordi Pujol ocultaba en la Banca Privada de Andorra o sobre los pagos del régimen venezolano a los dirigentes de Podemos. Estos hechos están acreditados en diferentes investigaciones judiciales. El exviceministro venezolano llegó a declarar en el Congreso de los Diputados: “A mí se me ofreció que si yo podía colaborar con la policía española se me podía ayudar con los trámites de residencia y nacionalidad, tanto míos como de mi familia”. Pero Villalobos nunca tuvo la información contra Podemos o Jordi Pujol que buscaba la policía política durante el mandato del PP para desacreditar a sus adversarios. Esos hechos, ahora resucitados por el informe de la UCO, siguen impunes en los tribunales de Justicia.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se someterá a un juicio con jurado por tráfico de influencias y malversación. Dos años y medio después de que el juez Juan Carlos Peinado iniciara una causa penal contra ella, el auto de apertura de juicio oral resume en 67 páginas los resultados de su investigación. Todas las pruebas existentes en el sumario que podrían servir de atenuante para la mujer del presidente no aparecen en el escrito que Peinado firmó seis días antes de su jubilación definitiva a los 72 años.

El auto de apertura de juicio oral olvida hechos y datos relevantes, y comete inexactitudes que juegan siempre en contra de Begoña Gómez. El auto de apertura de juicio oral no es recurrible, por lo que Peinado puede jubilarse el próximo domingo con la tranquilidad de que ya no habrá más correcciones a su trabajo por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

La cacería judicial contra la mujer del presidente comenzó en marzo de 2024 por unos hechos que han quedado fuera de la causa: la adjudicación de dos contratos por Red.es, una entidad pública dependiente del Gobierno central, al empresario Juan Carlos Barrabés. Éste incluyó en su oferta al concurso hasta 32 cartas de apoyo de empresas e instituciones, entre ellas una de la Universidad Complutense firmada por Begoña Gómez, como codirectora de un máster. La Guardia Civil elaboró un informe a petición del juez Peinado sobre aquellos hechos sin apreciar indicios del delito. Al instructor no le importó y siguió adelante, para lo que contó con el aval de la Audiencia Provincial de Madrid para investigar “todas las actividades de Begoña Gómez desde que su marido fue investido presidente del Gobierno”.

Como los contratos de Barrabés tenían financiación europea, la Fiscalía Europea asumió la investigación de esa parte de la causa. Pero tras dos años de pesquisas tampoco halló delitos imputables de Begoña Gómez.

Peinado obvia en su relato esta circunstancia y otras muchas que impedirían sostener el juicio al que ha logrado llevar a la mujer del presidente del Gobierno. En su camino instructor, el juez ha dejado varias víctimas inocentes, imputadas por corrupción durante meses hasta que la Audiencia Provincial decidió corregir a Peinado. Hasta 20 resoluciones han sido anuladas por la instancia superior en apenas dos años y medio de instrucción. El juez también olvida casi todos los correctivos que ha sufrido en su auto de apertura del juicio oral.

Una trayectoria profesional privada… con 12 años de docencia en la universidad pública

Peinado comienza su auto de apertura de juicio oral recordando la trayectoria profesional de la acusada y atribuyéndole un aprovechamiento de su condición de mujer del presidente. “Contrajo matrimonio civil con don Pedro Sánchez Pérez-Castejón el 27 de julio de 2006. Es público y notorio que Pedro Sánchez desempeñó el cargo de secretario general del PSOE desde el 26 de julio de 2014 hasta el 1 de octubre de 2016, y nuevamente desde el 17 de junio de 2017 hasta la actualidad, asumiendo la Presidencia del Gobierno de España el 2 de junio de 2018. En ese mismo contexto se produjo un cambio inmediato y significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez, hasta entonces vinculada al ámbito laboral privado del marketing y la consultoría en el Grupo Inmark, empresa de la que solicitó una excedencia en 2018, coincidiendo con la llegada de su esposo a la Presidencia del Gobierno”.

El juez olvida que Begoña Gómez compatibilizó desde 2012 su trabajo en el Grupo Inmark, donde fue directora de consultoría en externalización comercial, directora de negocio para España y Portugal, y consejera y secretaria del consejo de administración, con la docencia en la Universidad Complutense. Cuando Peinado habla de “un cambio significativo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez”, en realidad no es tan significativo, ni siquiera es cambio. Antes de que Pedro Sánchez fuera elegido secretario general del PSOE, su mujer ya codirigía el Diploma de formación continua de Técnico de Fundraising durante los cursos en la Complutense 2012/13 y 2013/14.

Después fue directora del Máster propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro desde su primera edición en el curso 2014/2015 hasta su novena edición en el curso 2023/2024. En 2020, propuso la creación de una cátedra en la Complutense, buscó los patrocinios necesarios y la codirigió, sin cobrar un euro por ello, hasta que el juez Peinado abrió una causa contra ella y la Universidad decidió cancelar todos los cursos en los que intervenía Gómez.

Bolaños no tuvo nada que ver con el nombramiento de la asistente

El juez Peinado sostiene que el nombramiento de Cristina Álvarez como asistente de Begoña Gómez “se realizó bajo la dirección de Félix Bolaños García, como secretario general de Presidencia”. La investigación dejó claro que ese nombramiento no fue responsabilidad de Bolaños. Pero Peinado intentó imputarle, para lo que envió una exposición razonada al Supremo. Este Tribunal rechazó la propuesta del juez instructor por la “absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud”. El juez cita en su auto el nombre de los dos sucesores de Bolaños al frente de la secretaría general de Presidencia, a los que también llegó a imputar durante un breve espacio de tiempo. 

Patrocinios privados de la cátedra a cambio de supuestos favores... sin prueba que lo sostenga

La Audiencia Provincial de Madrid anuló numerosas resoluciones del juez Peinado recurridas por las partes. Pero también fue construyendo la base argumental en la que se apoyó el instructor para seguir adelante con la causa. Peinado copió esos planteamientos en su auto de apertura de juicio oral: “La implicación de Begoña Gómez podía deducirse del aprovechamiento de su proximidad al Presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional (…) Esto explica el rápido desarrollo de la citada Cátedra, con la diligente consecución de financiación por empresas sometidas a supervisión gubernamental o beneficiarias de importantes subvenciones o adjudicaciones de contratos públicos”.

El juez sugiere, apoyándose en los argumentos de la Audiencia Provincial, que Begoña Gómez consiguió fondos de empresas como Indra, Movistar o Google para su cátedra en la Complutense a cambio de favores del Gobierno de su marido a estas compañías, dos de ellas participadas por el Estado. No hay en toda la investigación ni una sola prueba de esos supuestos favores.

Participación clave de Juan Carlos Barrábes en la cátedra: dos clases, 300 euros

El juez Peinado sostiene que el empresario Juan Carlos Barrabés “participó en la creación, financiación, desarrollo y consolidación de la cátedra” que codirigía Begoña Gómez. En realidad, Barrabés sólo dio dos clases en tres años a razón de 150 euros por cada una.

Dos cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez para un concurso... junto a otras 32 cartas de otras instituciones

“En julio de 2020, Begoña Gómez firmó, en su condición de codirectora del máster, dos cartas de apoyo a ofertas de Juan Carlos Barrabés con la UTE integrada por Innova Next, S.L.U. y The Valley Digital Business School en procedimientos de contratación de la entidad pública Red.es”, escribe Peinado. El auto judicial olvida contar que además del escrito de apoyo de Begoña Gómez había otras 32 cartas iguales, firmadas por responsables de empresas tecnológicas e instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, quién había adjudicado previamente contratos millonarios a las firmas de Barrabés.

El juez Peinado aclara que aunque esos hechos quedaron fuera de la causa, incluye una referencia a los mismos “como contexto temporal de la actividad desplegada por la acusada y de su posición de influencia”. La UCO de la Guardia Civil le contó al juez que no había encontrado ni un solo indicio de posición de influencia de Begoña Gómez al analizar la adjudicación de dos contratos a Barrabés por parte de Red.es.

Malversación de un software de uso gratuito cuyo “propietario” era un funcionario de la Complutense

Peinado sostiene que Begoña Gómez creó una sociedad con el mismo nombre que la cátedra que codirigía en la Complutense —aunque evita decir que la sociedad no tuvo ingresos— y que puso a su nombre el dominio de internet en el que alojó el software de uso gratuito para pequeñas y medianas empresas. El juez oculta que la mujer del presidente puso a su nombre el dominio de Internet porque así se lo indicó expresamente la Universidad, según correos electrónicos aportados a la causa.

Peinado acusa a Begoña Gómez de no terminar los trámites para registrar la plataforma tecnológica a nombre de la Universidad Complutense, “sin ofrecer explicación a tal omisión”. Pese a que no se inscribió el software a nombre de nadie, el juez Peinado intentó desde siempre atribuir a Begoña Gómez el delito de apropiación indebida, por el que finalmente no será juzgada

El “control privado” del software… asignado a una cuenta de la universidad pública.

Peinado insiste en que “Begoña Gómez, con la colaboración de Cristina Álvarez, fue asegurando el control privado sobre los elementos identificativos y de explotación del proyecto”. El abogado de Cristina Álvarez le desmiente con más documentos: “El rol de propietario ('owner') del software fue asignado a la cuenta institucional 'dmartinez@ucm.es', correspondiente a David Martínez Borque, empleado del Servicio de Sistemas de la Universidad Complutense de Madrid”.

El rol de propietario era el permiso de mayor amplitud dentro del proyecto y permitía administrar sus recursos, gestionar los roles y permisos y configurar su facturación. Por tanto, el control técnico-administrativo del software quedó atribuido a una cuenta corporativa de la Universidad Complutense junto a personal especializado de Devoteam. Ni Cristina Álvarez ni Begoña Gómez figuraron nunca entre los propietarios (owners) del software alojado en Google Cloud Platform.

Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, condenado a 19 años y 8 meses de cárcel por corrupción durante su etapa como asesor del exministro José Luis Ábalos, ha preguntado al juez que investiga las supuestas cloacas del PSOE si permite levantar el velo sobre un dato secreto que puede arrojar luz en el proceso judicial: “¿Quién me paga la defensa guarda relación con los hechos que se investigan?”. Es un interrogante cargado de misterio para una causa que acumula más de una decena de imputados, entre ellos la exmilitante socialista, Leire Díez; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y la gerente del PSOE, Ana Fuentes.

El magistrado Santiago Pedraz investiga en la Audiencia Nacional desde hace varios meses el denominado caso Leire Díez, una supuesta trama delictiva que pretendía desestabilizar causas judiciales abiertas contra dirigentes del PSOE o sus familiares. La investigación ha descubierto que determinados abogados cobraban de la dirección socialista por servicios ficticios para, supuestamente, derivar ese dinero hacia Leire Díez. El juez instructor, a propuesta de la fiscalía Anticorrupción, ha pedido los movimientos bancarios de todas las cuentas de esos abogados para descubrir cuánto dinero les pagó el PSOE y por qué servicios. Pero en esa petición de información hay una excepción, la letrada Leticia de la Hoz, defensa de Koldo García, quien no deberá entregar al juzgado los movimientos de sus cuentas. La abogada está imputada en el caso Leire Díez por el supuesto intento de soborno a Carmen Pano, la mujer que aseguró en el juzgado que llevó dinero en bolsas de plástico a la sede del PSOE de la calle Ferraz.

Leticia de la Hoz ya ha declarado como imputada en la causa, ha rechazado esta acusación de Pano y, además, ha negado que el PSOE le haya pagado por sus servicios. Pero ni la fiscal ni el juez han querido conocer quién abonó en realidad la defensa de Koldo García, un dato que puede ser relevante para la investigación abierta en el caso Leire Díez.

En un escrito remitido al juzgado, De la Hoz rechaza los argumentos de la fiscalía anticorrupción para situarla en el grupo de abogados que colaboró con el PSOE en sus maniobras para desestabilizar determinadas causas judiciales. “Recibida declaración Leticia de la Hoz, esta, en una mecánica semejante a la del resto de los letrados, que reciben honorarios de quienes no son sus clientes en las causas en las que estaban implicados los antiguos miembros del PSOE cuando ejercían cargos de responsabilidad en el gobierno o en el partido, no llega a determinar quién abonó sus honorarios como letrada de Koldo García Izaguirre (…) Leticia de la Hoz, en su declaración, señaló que no le pagó su cliente, tampoco el PSOE, y se acogió al secreto profesional para no facilitar los datos de quien abonó sus servicios como abogada de aquel”.

La abogada aclara que su respuesta fue que ese dato quedaba dentro del secreto profesional y recalca que en su testimonio tan solo excluyó al PSOE del abono de los servicios que prestó a Koldo García. «No me corresponde a mí. Yo no puedo decir quién ha pagado la defensa, de ninguna de las maneras (…) Puedo contestar que no me ha pagado el Partido Socialista ni directamente, ni indirectamente, ni por persona interpuesta»

De la Hoz sostiene que su negativa a identificar a la persona o empresa que pagó a su despacho de abogados por la defensa de Koldo García ante el Supremo “se presenta como ocultación de ese tercero, que es lo que permite a la Fiscalía Anticorrupción hablar de una mecánica semejante a la de los demás letrados”. La letrada de Koldo García Leticia reclamó durante su declaración, sin éxito, la autorización del instructor para revelar el dato: “Dicho pronunciamiento judicial, pedido en el acto, no llegó a dictarse”, señala en su nuevo escrito.

“Sobre el punto concreto de los honorarios, mi representada ofreció al Tribunal la vía que la ley pone a su disposición”, señala el letrado que defiende a De la Hoz. “Expuso que, consultado el Colegio de Abogados, el camino era que el instructor declarase que el dato guardaba relación con los hechos por los que se la investiga, y que entonces podría contestar. Formuló la cuestión de manera directa: ”¿Quién me paga la defensa guarda relación con los hechos que se investigan?“.

Koldo García, cliente de Leticia de la Hoz, nunca pareció interesado a proteger al PSOE y a sus dirigentes antes de su juicio en el Supremo. De hecho, dio una entrevista a OKDiario en vísperas de su ingreso en prisión donde la mayor parte de sus respuestas suponían ataques al PSOE -puso en duda la financiación de las primarias- y a sus principales dirigentes: Pedro Sánchez; su mujer, Begoña Gómez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; o el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Leticia de la Hoz recuerda en su escrito al juez que durante la declaración aseguró que si el juez lo ordenaba, ella facilitaría con prontitud las facturas cobradas por los servicios prestados a Koldo García. La abogada, dice su defensa, “sigue a la espera de ese mandato, y lo cumplirá el mismo día en que se dicte”.

Cuatro años después, las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo que acreditan las maniobras ilegales de la policía para eliminar pruebas de la caja B del PP vuelven a la mesa del instructor del caso Tándem, que investiga los manejos de una mafia policial que perpetró numerosas operaciones a espaldas del juez durante los años de Gobierno de Mariano Rajoy.

El instructor que tiene ahora sobre la mesa esas pruebas es Antonio Piña, quien sustituyó a Manuel García Castellón, jubilado en 2024. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha elaborado un informe sobre tres archivos de audio por los que preguntó el juez Piña para conocer su autenticidad y su vinculación con los delitos que se investigan.

Uno de los audios grabados por Villarejo fue analizado por Manuel García Castellón en la pieza 34 del caso Tándem, abierta en 2022, sin encontrar suficientes indicios de delito para imputar a la que fue secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. En esa conversación del 20 de enero de 2013, Cospedal mostraba su temor a que existiera, y se publicara en los medios de comunicación, una “libretita” donde el extesorero Luis Bárcenas habría apuntado pagos durante años a los secretarios y vicesecretarios del PP nacional. Esos pagos trimestrales y semestrales nunca se declararon a Hacienda. El dinero procedía de donativos ilegales al PP de empresas privadas, muchas de ellas contratistas de la administración.

“Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”, le pedía Cospedal al comisario Villarejo. Este prometía hacer todo lo posible, ya que conocía a los periodistas de El Mundo, aunque la “libretita” acabó publicada en El País el 31 de enero de 2013.

García Castellón rechazó imputar por estos hechos a Cospedal, pese a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares. Argumentó que el proceso penal español exige una base sólida para imputar y que no basta con sustentar una acusación en grabaciones troceadas o descontextualizadas. Además, García Castellón sostuvo entonces que el contenido de los audios reflejaba conversaciones informales que no acreditaban de manera automática una participación ejecutiva de Cospedal en la presunta trama ilegal de espionaje del Ministerio del Interior.

Ahora el juez Piña tiene otras grabaciones, del 15 de septiembre de 2014, en las que Villarejo le cuenta a Cospedal que hay que colocar al chófer de Bárcenas como policía nacional para que no hable sobre su trabajo de confidente para robar documentos a la familia del extesorero del PP.

El informe de Asuntos Internos al juez Piña recoge la transcripción íntegra de las conversaciones que acreditan las maniobras policiales conocidas por Cospedal para eliminar los denominados papeles de Bárcenas.

Cospedal a Villarejo: “¿Y la famosa libretita, dónde está?”

COSPEDAL: Ya, ya veo. Oye, y la famosa libretita ¿dónde está? ¿Tú sabes?

VILLAREJO: Yo la libretita eh… a mí no me ha dicho… he hablado con los dos estos.

COSPEDAL: Es que se lo va contando a quien lo quiere oír.

VILLAREJO: Ya, pero, pero a mí la famosa libretita que él dice que tal, él lo que me ha dicho a mí es que tiene fotocopias de algunas hojas que el otro se las ha enseñado, que no se las ha llegado a dar, el abogado. O sea que la libretita no la tiene físicamente ¿eh? Vamos, no la tiene físicamente, no la… ni siquiera el Inda, creo ¿eh? Vamos, a mí por lo que me ha dicho, que… ¿va por ahí contando cosas? Es que este es un bocazas, el Inda es un bocazas total y ahora se cree el rey del mambo, pero…

COSPEDAL: ¿Y te dice este que cree que gallardín esté en la libretita?

VILLAREJO: Sí, sí, no, no, no y que…

COSPEDAL: El otro.

VILLAREJO: Efectivamente, que… fundamentalmente… que… la campaña contra ti, de que tú eres la… que tú esto lo has pro… vamos, lo has propiciado, no sé cuánto, tal y cuál, es el Javierito de los cojones y tal, y que… lo sorprendentemente ahí, se han hecho una alianza extraña el gallardín y este Javierito… no la acabo de entender.

COSPEDAL: O sea que gallardín está intrigando también.

VILLAREJO: También, totalmente, sí. Está tirando fundamentalmente porque… esta es una de las personas con las que Pedro Jota tiene una curiosa relación de amor odio.

(...)

COSPEDAL: No. Una cosa es decir yo sabía y otra cosa es decir yo trincaba.

VILLAREJO: Hombre, claro.

COSPEDAL: Ah no, es que es muy diferente.

VILLAREJO: Hombre, un testigo de referencia no es un testigo que diga “oye, yo he trincao”.

COSPEDAL: Claro. Y un tío que dice 'yo sabía', ¿pero tú lo has visto con tus ojos? Pues no es un testigo ¿eh? No.

VILLAREJO: Sí, eh… el… el Zaplana todavía por las razones que sea tiene, tiene… su, su enfrentamiento digamos, porque dice que dejaron tirados a sus amiguetes esos de allí de Valencia, de Alicante, de no sé qué, historias. Y sus historias, como además tiene esa relación tan directa con Pedro Jota, mucha relación ¿eh?

COSPEDAL: Sí, sí.

VILLAREJO: Pues este puede haber sido uno de los… y la Espe, no lo entiendo. Esta mujer, esta mujer, piensa… ¿qué quiere, repetir otra vez lo de 2008? Es que no lo entiendo.

COSPEDAL: No lo sé, yo no sé. No, pero bueno, lo que pasa es que a esta mujer se le olvida que después… que sabiendo todo Madrid que López Viejo era un sin vergüenza lo hizo consejero.

VILLAREJO: Claro.

COSPEDAL: Es que nosotros hemos tragado mucho ¿eh?

VILLAREJO: Hombre no y… con el tema de lo de Ignacio González, con la ayuda que se le ha hecho, que se le ha ayudado a tope y tal. No, no es de recibo. Pero ella sigue estando muy, muy vinculada a Pedro Jota ¿eh?

COSPEDAL: Lo sé, lo sé.

VILLAREJO: Por total y absoluto, ¿no?

COSPEDAL: Vale, vale, vale.

VILLAREJO: Pues entonces, algunas cosas yo siempre le digo tanto a él como a Ignacio, oye que quiero hablar con el amigo, tal y cual.

COSPEDAL: Por eso te estoy llamando.

VILLAREJO: Eso es, no, no, digo, que seguimos.

COSPEDAL: Lo de la libretita sería mejor poderlo parar.

VILLAREJO: Eso, eso, no, no te preocupes que… yo voy a estar, voy a estar al loro en esto, voy a hacer todo lo posible estos días por hacerme mucho más el encontradizo con ellos, tal cual...

La Operación Kitchen, impulsada desde el Ministerio del Interior para robar documentación comprometedora a la familia del extesorero Luis Bárcenas, fue juzgada hace varios meses en la Audiencia Nacional y pendiente de sentencia. El fiscal del caso pidió 15 años de cárcel para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Tanto Mariano Rajoy como Dolores de Cospedal acudieron al juicio en calidad de testigos y no fueron imputados nunca por estos hechos.

El día que elDiario.es contó la denuncia por el fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid compareció ante los periodistas para defenderse. Lo hizo con mentiras y ataques al medio de comunicación que publicó esa información. Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, amenazó antes con “triturar” a elDiario.es, mientras Ayuso mentía después entre titubeos contando que era la Agencia Tributaria quien debía dinero a su pareja, “600.000 euros” llegó a decir. De paso, la dirigente popular deslizó la idea de que aquel asunto era fruto de una cacería organizada por inspectores de Hacienda y fiscales contra su pareja, el comisionista Alberto González Amador, procesado por un doble fraude fiscal e imputado por un delito de corrupción en los negocios y administración desleal. Con los beneficios del pelotazo de dos millones de euros logrado por la intermediación en una compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia, González Amador compró un piso y alquiló el ático superior para vivir allí con su pareja. Desde que estalló el escándalo, Ayuso no ha dejado nunca de defender a su novio utilizando para ello un variopinto catálogo de desinformación, mentiras y ataques a los pocos medios que informaban del supuesto fraude fiscal de González Amador.

Fiel a su estilo, Ayuso respondió con más ataques a la prensa y mucha desinformación frente a una noticia de El País sobre la adquisición con dinero público de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo destinado a uso temporal de la presidenta y de un equipo mínimo de colaboradores, obligados al traslado por unas obras en el edificio de la Puerta del Sol.

“Lamento tener que defenderme de pretendidas campañas de desprestigio. Se ha hecho de mala fe, tanto en la forma como en el momento en que se hizo”. Ayuso acusó en falso a El País de montar una campaña de desprestigio a su persona por la información publicada sobre el ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid. “Es lo que se ha buscado por el día y por la forma en la que se cuenta”, declaró. El País publicó la información una vez que la contrastó con el propio Gobierno de Ayuso, pese a que la adquisición del inmueble con el dinero público de los presupuestos de la Comunidad de Madrid se hizo hace tres meses sin que el Ejecutivo regional informara sobre ese gasto. “Cuando la gente ha perdido sus casas, resulta que a mí me compran un inmueble”, declaró ayer Ayuso. La información nunca hablaba de un inmueble comprado para la presidenta madrileña, sino para uso temporal como oficina de Ayuso y un “equipo mínimo” de colaboradores ante las obras que iban a comenzar en el edificio de la Puerta del Sol, que fue la explicación dada por un portavoz de su propio Gobierno.

“No sé si me quedaré en Presidencia o en Transportes, no sé quién irá allí. Tenemos que hacer una reforma integral que no se hacía en décadas”. “Vamos a llevar a cabo una reforma integral del edificio: empezamos por esta sala, seguimos con la planta de la Real Casa de Correos y ahora vamos a remodelar por completo la segunda planta. Hacía décadas que no se realizaba ninguna reforma, por lo que ahora existen daños estructurales que obligan a empezar de cero en muchos aspectos: climatización, aislamiento térmico y otras muchas cuestiones”. La mayor reforma de la Real Casa de Correos se hizo entre enero de 1996 y febrero de 1998, cuando se renovaron en profundidad tanto su interior como parte de la arquitectura original exterior. La reapertura de Real Casa de Correos se hizo en un acto solemne al que asistieron rey Juan Carlos y la reina Sofía. Alberto Ruiz-Gallardón, entonces presidente autonómico, tuvo que abandonar temporalmente el edificio pero no adquirió para ello ningún ático de lujo, sino que utilizó las dependencias de una entidad pública autonómica, IMADE, en la llamada Casa Rosada de la calle de Miguel Ángel. En 2017, el Gobierno regional encargó más obras de rehabilitación en la fachada que concluyeron un año después.

Después de que su propio equipo informarse de que el ático de lujo se utilizaría como oficina temporal de la presidenta con un equipo mínimo, Ayuso lo desmintió ayer: “También les digo que no sé cómo nos organizaremos. No sé si seguiré en... Prepárese, consejero, porque no sé si me quedaré en la presidencia o pasaré a la Consejería de Transportes —que es un área enorme—; no sé quién irá allí.

¿Puede utilizarse un edificio residencial como oficinas? “La agencia que planifica Madrid compra, alquila y también vende inmuebles”. El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid define el inmueble donde se sitúa el ático comprado por la Comunidad de Madrid como de uso residencial y por tanto impide el uso del mismo como oficinas. Cuando le preguntaron a Ayuso por esta dificultad, la presidenta no contestó. Se limitó a explicar que existe una agencia pública que compra, alquila y vende inmuebles. “Esto se reorganiza el patrimonio constantemente a lo largo del año y también me consta que ha habido venta de otros muchos (...) Sobre la cuestión, no depende de mí porque yo no realizo la operación personalmente; no es para mí. No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me han comprado nada (...) Los inmuebles se compran y se venden, se alquilan y se desocupan; lo que esta Administración no puede hacer es desprenderse de su patrimonio —perder todos sus activos—, ya que soy consciente de que en estos mismos meses también se están produciendo muchas ventas de inmuebles, de otras propiedades y de otras oficinas”. El edificio de 485 metros cuadrados que la Comunidad quiere destinar a oficinas tiene una terraza de 200 metros cuadrados.

¿Cuánto ha costado? “Sé que la compra es reciente, desconozco como se contabiliza”. A la pregunta de cuánto dinero público se ha destinado a esta operación, Ayuso contestó: “Sé que la compra es reciente, pero desconozco cómo se contabiliza o cómo se comunica, porque yo ni contabilizo ni comunico todo lo que Planifica Madrid compra o vende, y mucho menos en este caso, ya que no es mío ni es para mí”. Bastaría con una pregunta al consejero de Presidencia, máximo responsable de Planifica Madrid, para que Ayuso hubiera podido contestar a la pregunta sobre el dinero público gastado por su Gobierno en esta compra.

El derecho a la defensa permite a los acusados mentir a la cara del tribunal que los juzga. No están obligados a declarar contra sí mismos ni a confesarse culpables. El testimonio falaz de un procesado en el juicio no se considera prueba suficiente para emprender acciones penales contra el mentiroso.

El Tribunal Supremo negó hace solo unos días a un empresario la posibilidad de querellarse contra el comisionista Víctor de Aldama por unas declaraciones que hizo durante el juicio del caso Ábalos. Aldama acusó al constructor Manuel Contreras Cano (Azvi) de pagar mordidas a cambio de obras amañadas en el Ministerio de Transportes. Contreras consideró estas declaraciones injuriosas y calumniosas, pero el Supremo recordó que Aldama, corrupto confeso, había hecho esas manifestaciones “en el ejercicio de su derecho de defensa y, en consecuencia, asistido del derecho a no declarar contra sí mismo y no declararse culpable”. El Tribunal concluyó que el derecho al honor del constructor Contreras no prevalecía sobre el derecho de defensa de Aldama, y denegó el permiso para presentar la querella.

En el juicio del caso Kitchen, media docena de comisarios empoderados, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado, Francisco Martínez, todos ellos procesados y para los que se piden altas penas de cárcel, han dado una versión de lo ocurrido entre 2013 y 2015 que choca con todas las pruebas recabadas durante la investigación judicial e incluso contradice la versión que alguno de ellos se dio a sí mismo o confesó al juez en la fase de instrucción.

El comisario José Manuel Villarejo, uno de los implicados con mayor protagonismo en las actividades ilegales del grupo, grabó durante aquella operación a los principales implicados en el espionaje ilegal a la familia del extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Grabó al chófer de esa familia, Sergio Ríos, captado como confidente, y le animó a buscar documentación que guardase Bárcenas sobre la financiación ilegal del PP. Le pagó 2.000 euros mensuales durante casi dos años, algunas veces en billetes de 500 euros, con cargo a los fondos reservados del ministerio del Interior. Hay recibos y grabaciones en el sumario que acreditan estos hechos.

Grabó a Enrique García Castaño, el comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), quien se coló en el taller de la esposa de Bárcenas en busca de papeles comprometedores para el PP. García Castaño entregaba al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, toda la información que conseguía a través del chófer de la familia del tesorero. Así lo admitió este comisario en fase de instrucción, pero una grave enfermedad le ha impedido ratificar ahora su testimonio. Antes de sufrir la enfermedad, García Castaño habló con Villarejo sobre su mala suerte porque los nuevos responsables del ministerio del Interior le habían quitado el cargo y trasladado a una comisaría.

García Castaño: Me han pedido 40.000 cosas de trabajo, mírame esto, mírame lo otro. Y ahora me reciben y me espabilan en dos minutos...

Villarejo: Yo le habría dicho, dile al ministro que le busco la ruina. Yo que tú, con toda la información que tienes...

García Castaño: Si no tengo nada… Mi trabajo, lo único que hay son cuatro cosas…

Villarejo: ¿Te parece poco macho? Una operación para quitarle al Bárcenas los papeles que le comprometían al presidente, no me jodas…

Por si fueran pocas evidencias, el secretario de Estado de Seguridad, contaba así lo ocurrido a periodistas de El País cuando le imputaron en el juzgado: “Supe de esa operación por el ministro. Me llamó, no recuerdo si un sábado o un domingo por la tarde, para decirme que un confidente iba a colaborar con la policía para ver lo de Bárcenas. Luego me mandó un mensaje por WhatsApp recordándome el asunto. Tenía la costumbre de enviarme por escrito las cosas que habíamos hablado, para que quedase constancia o no se me olvidasen. Yo me quedé atónito. Hablé con el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y me dijo que sí, que había un grupo de policías con el confidente, que era el chófer de Bárcenas, y que en esa operación estaban el Gordo [comisario Enrique García Castaño] y Villarejo. Además, me dejó claro que nada por escrito”.

Martínez enseñó a un notario amigo suyo esos mensajes del ministro alertándole de la operación para robar documentación a la familia de Bárcenas y levantó acta sobre aquellos hechos. Luego borró su móvil y el ministro, Jorge Fernández, le desmintió delante del juez negando cualquier conocimiento de los hechos. Aunque tampoco pudo demostrar que no había enviado esos mensajes porque había cambiado de teléfono y no conservaba sus conversaciones con Martínez.

Fernández Díaz, Martínez, Villarejo y otros comisarios han defendido durante el juicio que la operación no era ilegal, sino “de inteligencia” para descubrir donde tenía escondido Bárcenas el dinero de sus actividades corruptas.

La fecha de inicio de la Operación Kitchen, 13 de julio de 2013, descarta esta nueva teoría que varios abogados defensores expusieron en el juicio. El juez Pablo Ruz, que investigaba los hechos, ya había acreditado en aquel momento con pruebas documentales fuera de toda duda donde guardaba su fortuna quien había sido gerente y tesorero del PP durante casi 20 años. Las comisiones rogatorias, que tardaron varios años en llegar, acreditaron en enero de 2013 y en junio de 2013 que Bárcenas acumuló 47 millones de euros en dos bancos suizos: el Dresdner Bank y el Lombard Odier.

El abogado de Fernández Díaz buscó otro argumento para defender la inocencia del ministro en relación con la Operación Kitchen. “Interior es una de las carteras más complicadas del Gobierno, con más de 200.000 funcionarios a su cargo, con una agenda parlamentaria e internacional intensa y, por eso, nunca se le informa [al ministro] de las operaciones policiales ni del uso de los fondos reservados”. Pero la Audiencia Nacional almacena pruebas relevantes, y directas, de la participación de Jorge Fernández Díaz en operaciones de la cloaca policial contra Artur Mas, Jordi Pujol o Xavier Trías, con grabaciones muy comprometedoras.

El abogado de Villarejo, en un giro sorprendente de guion, llegó a culpar a Bárcenas y a un grupo de periodistas de haberse inventado esta historia. Las fechorías de este comisario durante sus años de ejercicio profesional han llenado cientos de tomos de sumarios en más de 30 piezas separadas del caso Tándem. Acumula varias penas de cárcel y todavía tiene varios juicios pendientes. Su derecho de defensa le ha llevado a desmentirse a sí mismo, a contar que sus diarios manuscritos recogían elucubraciones sin fundamento y que las grabaciones de toda su vida eran obra de espías del CNI que le querían buscar la ruina.

Los acusados, y sus abogados, pueden mentir en el juicio del caso Kitchen que ayer quedó visto para sentencia. Es la ley. Tienen derecho a no confesar su culpa ni a declarar contra ellos mismos. Se llama derecho de defensa. Para un tribunal de justicia, los hechos son sagrados y el testimonio de los acusados, libre. La verdad, cuando las pruebas lo permiten, casi siempre prevalece.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero gobernó España entre 2004 y 2011. Dejó un país con más derechos sociales y una penosa situación económica con el paro desbocado. La corrupción no fue un problema de su Ejecutivo sino del partido que opositaba a sucederle. En esa etapa, el PP se financió ilegalmente a través de una caja B y algunas de las instituciones donde gobernaba estaban colonizadas por la trama Gürtel.

Zapatero abandonó el Gobierno y el liderazgo del partido para refugiarse durante los tres años siguientes en el Consejo de Estado, en un puesto reservado a quienes han sido presidentes del Gobierno y que además pueden desempeñar, si quieren, para toda la vida. Cuando renunció a ese empleo público, indefinido y muy bien remunerado, inició una nueva etapa donde mezcló su actividad privada –conferencias, asesorías– con su trabajo público como interlocutor del Gobierno venezolano para la liberación de decenas de presos y como referente ético del PSOE en mítines de las últimas campañas electorales.

Ahora le persigue un juez instructor de la Audiencia Nacional por siete delitos y por ser, supuestamente, el jefe de una trama de tráfico de influencias. Zapatero, al que muchos consideraron salvador en las últimas elecciones generales de 2023 y autor junto a otros de la exitosa investidura de Sánchez, se ha convertido como imputado en un grave problema para el PSOE.

Todos esperaban las palabras del investigado. Tres días después de que el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá, y el empresario Julio Martínez Martínez, enviaran sendos escritos al juez acusando al expresidente socialista de ser el ideólogo y principal beneficiario de esa trama de tráfico de influencias, Zapatero ha dado explicaciones en TVE. Con esta iniciativa, intenta combatir la decepción sobre su persona que empieza a instalarse en el PSOE.

El expresidente no quiso responder sobre las sospechas más inquietantes respecto a sus actividades privadas como consultor, su relación con Plus Ultra y la participación de sus dos hijas en la trama. Zapatero comenzó agradeciendo el apoyo recibido estos días por parte de sus compañeros en el PSOE, y del propio presidente Pedro Sánchez, pero les rogó que no le respalden “por fe o por cariño sino por los hechos”. Y fue precisamente en el relato de los hechos donde el expresidente del Gobierno estuvo más esquivo, sin dar explicaciones escudándose en que el proceso judicial sigue abierto y es allí donde hará las aclaraciones pertinentes.

Zapatero asegura que “jamás” hizo “ni una sola influencia”, que nunca habló “con nadie de la SEPI ni del Gobierno” para el rescate de Plus Ultra. “Eso es así y va a ser así. Tengo convicción absoluta de mi inocencia”, remarcó. Las pruebas que se acumulan en el sumario apenas sirven para demostrar que Zapatero ejerciera presión sobre alguien para lograr el rescate de la aerolínea. “No van a aparecer conversaciones mías con dirigentes de Plus Ultra sobre el rescate”, recalcó.

Lo que dicen los empresarios

Pero el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, asegura que en enero de 2021, Zapatero les reclamó a través de su amigo Julio Martínez Martínez una comisión de 530.000 euros a cambio de ayudar para que el consejo de ministros aprobase el préstamo de 53 millones, cosa que ocurrió el 9 de marzo de 2021. Y que esa comisión se pagó por Plus Ultra a tres empresas propiedad de Julio Martínez Martínez, quien también dirigió un escrito al juzgado ratificando esta versión de los hechos. No es necesario que Zapatero influyera o presionara a alguien. El Código Penal (artículo 430) considera delito “el ofrecimiento de corrupción o tráfico de influencias” y castiga “a quienes solicitan dádivas o aceptan promesas para realizar conductas corruptas”.

Cuando Javier Ruiz preguntó por el escrito de su amigo Julio Martínez Martínez donde aseguraba que era “Zapatero quien marcaba los pasos a seguir” en relación con Plus Ultra, el expresidente del Gobierno se remitió a cuestiones del procedimiento para no contestar: “No voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Yo pongo los hechos encima de la mesa y reitero mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra (...)”. También rechazó Zapatero que informara sobre la aprobación del rescate días antes de la decisión: “Niego totalmente, yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la Sepi, no conozco a nadie de aquel consejo. No lo supe si se iba a rescatar o no se iba a rescatar”.

Cuando le recordaron que su amigo Julio Martínez Martínez llegó a decir que había pagado durante años a las hijas de Zapatero por no hacer nada, dando a entender que eran testaferros del padre, el expresidente volvió a refugiarse en el procedimiento: “No son mis testaferros. Mis hijas van a presentar todos sus trabajos y tareas, y todos sus contratos, en el procedimiento judicial. Vamos a ver”.

Zapatero también habló, sin dar demasiados detalles, pero con aparente convicción, sobre las joyas que encontraron en su caja fuerte y por las que se le imputa un delito fiscal y otro de contrabando. “Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años. Tengo que ser muy prudente. Lo especificaré ante la Justicia. Ni tenían uso, no habíamos pensado en ellas, su valor será sometido a contradicción, no había afán patrimonial. No podíamos imaginar su valor. No voy a decir el país de origen. No hay intención de defraudar, regalo de cortesía personal, sin uso. Esa es la verdad. No he entrado nunca en una joyería”. Y descartó con contundencia que hubiera tramado, como sugirió la UDEF en su primer informa, la creación de una sociedad 'offshore' en Dubai donde ingresar los beneficios de las supuestas mordidas. “Es una invención absoluta, un error, no me corresponde. No he hablado de una sociedad 'offshore' en mi vida, ni con Julio Martínez ni con nadie. Lo otro me parece una inferencia insólita”.

El impacto sobre su intimidad

Zapatero siente que el procedimiento judicial contra él está lleno de irregularidades y es una víctima de la vulneración de derechos fundamentales que se está ejerciendo contra él. Remarcó la anomalía que supone hacer públicas sus agendas personales de dos años así como las comunicaciones por mensajería con su secretaria particular. “Creo que esto no ha pasado nunca”, se lamentó. “Se ha vulnerado mi derecho a la intimidad, se ha producido un impacto sobre terceros, defiendo mi derecho a que el secreto bancario se mantenga, el impacto es extraordinario. Toda mi vida de dos años está para siempre ahí y para que se hagan valoraciones, relaciones. Esto ha permitido un juicio paralelo, ha afectado incluso al secreto profesional de los periodistas, no juzgo intenciones, pero esto estructuralmente es un problema muy serio. No juzgo intenciones, me remito a las reglas, a los procedimientos, a los derechos, a lo que es un proceso penal. No recuerdo que a ningún investigado se le haya puesto la agenda entera de dos años, sin tener nada que ver la inmensa mayoría por lo que se está investigando”.

Miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE habían pedido estos días a Zapatero explicaciones ante todo lo que se sabía de la causa penal. El expresidente atendió la petición con un relato agujereado y un ruego a los preocupados difícil de cumplir: “Que no confíen en mí, ni por fe ni por cariño, que lo hagan por los hechos. Mi deber es explicar los hechos, defender mi inocencia, con las reglas del derecho”.

Víctor de Aldama, empresario condenado por corrupción en el caso Ábalos y al que el Tribunal Supremo le suspendió la entrada en prisión por su supuesta colaboración con la justicia, ha enviado un escrito al juzgado para contestar a la demanda por difamación que le presentó Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia. El escrito, adelantado por el diario ABC, incorpora nuevos bulos y se escuda en una persona, Ramón Bermejo, que actuó de jefe de Comunicación de Aldama cuando este abandonó la prisión tras pactar con la Fiscalía Anticorrupción una colaboración con la justicia. Aldama admitió sus delitos y denunció entonces distintas corruptelas de varios dirigentes socialistas, algunas de ellas confirmadas y condenadas por el Supremo, y otras, directamente falsas. Esas mentiras para desacreditar a dirigentes socialistas siguen impunes.

El empresario corrupto acusó a Bolaños en un programa de Telemadrid de haber intentado comprar su silencio a cambio de dinero. “Me ha contactado a través de mi jefe de comunicación, Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero para que yo me callara”, declaró. Los periodistas que le rodeaban no cuestionaron aquel bulo, remarcaron su gravedad y el presentador intentó confirmar si había sido directamente el ministro Bolaños quién había llamado a Ramón Bermejo para ofrecerle dinero. Aldama contestó: “Si”. Luego ha ido matizando esa declaración que ya se ha demostrado falsa porque las llamadas que ha presentado Aldama en el juzgado correspondiente al teléfono de su portavoz, Ramón Bermejo, nunca son con el ministro.

En el escrito de respuesta a la demanda, Aldama precisa que Bermejo llamó entre marzo y julio de 2024 a distintos números de teléfono de la sede socialista de Ferraz y de varios departamentos del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, y que fue entonces cuando le ofrecieron dinero a cambio del silencio del empresario corrupto. Lo explica así: “Se suceden una serie de llamadas con distintas localizaciones de las que es interlocutor el señor Ramón Bermejo y de las que resultan en última instancia sugerirle o proponerle una cantidad de dinero destinada al señor de Aldama a los efectos de evitar que el mismo pudiera aportar judicialmente información o documentación sensible que afectaba a Altos Cargos del Estado, a sabiendas de que disponían de ella”.

Pero en el periodo de estas llamadas al que se refiere Aldama nadie sabía que el comisionista corrupto, que entonces seguía en libertad aunque imputado en el caso Mascarillas, podría tener intención de tirar de la manta.

“En el desarrollo de tales llamadas participaron”, continúa el escrito de respuesta a la demanda, “por lo que se trasladó al señor de Aldama por parte de don Ramón Bermejo, personas mandatadas por Bolaños, Rafael Oñate Molina, exdirector del Gabinete del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y otras personas del departamento ministerial”.

Rafael Oñate dejó de ser jefe de gabinete de Bolaños en noviembre de 2023 mientras el escrito de Aldama habla de unas supuestas conversaciones de primavera y verano de 2024. El nuevo bulo evita aclarar si Ramón Bermejo precisó a Aldama la fecha de esas llamadas y su contenido. Difícilmente pudo hablar en 2023 con Oñate de un soborno a cambio del silencio de Aldama cuando el empresario ni siquiera había sido detenido por la primera de las causas de corrupción en las que estaba involucrado.

Bermejo, según fuentes conocedoras de esas comunicaciones, llamó a distintos departamentos del Gobierno en el verano y otoño de 2023 interesándose por la celebración de la Copa América de Vela. En sus llamadas al ministerio de Presidencia, insistentes y la mayoría sin resultados, le llegaron a indicar que sus demandas o preocupaciones sobre la Copa América de Vela debería tratarlas en otra ventanilla, la del ministerio de Educación y Deportes.

El abogado de Aldama aclara ahora que Ramón Bermejo actúa como representante o director de comunicación del empresario desde “aproximadamente marzo de 2024, momento a partir del cual se le empieza a identificar como interlocutor, gestionando su relación, entre otros, con los medios de comunicación”. En realidad, Bermejo se presenta ante los periodistas como portavoz de Aldama en noviembre de 2024 cuando el empresario acababa de salir de la cárcel, donde permaneció durante un mes en prisión provisional por el caso Hidrocarburos. La fecha de marzo de 2024 que cita ahora en el escrito, sin ninguna prueba que acredite su veracidad, intenta evitar que no se desmorone completamente el primer bulo de Aldama sobre el ofrecimiento de dinero a cambio de silencio. Las llamadas del soborno tienen que ser antes de que Bermejo apareciese por primera vez como jefe de comunicación de Aldama cuando éste ya había tirado de la manta.

El Gobierno le acusa de mentir

Aldama también involucra a dos trabajadores del grupo parlamentario socialista y a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, por supuestas comunicaciones con Ramón Bermejo. Fuentes socialistas desmienten también que el contenido de esas llamadas fuese un intento de soborno por parte de dirigentes del PSOE para evitar que Aldama tirase de la manta. Narbona ha aclarado que Bermejo se comunicó con ellos para ofrecerse a trabajar para el partido en 2023.

Fuentes del Ministerio de la Presidencia y Justicia acusaron ayer a Aldama de volver a mentir en el escrito de respuesta a la demanda por difamación que le presentó Félix Bolaños:

- “Las afirmaciones de Aldama son radicalmente falsas: el ministro Bolaños no ha contactado nunca con Aldama ni con Bermejo y jamás ha enviado 'un emisario' para que contactase con ellos”.

- “Un ejemplo: afirma que las llamadas se produjeron en marzo y julio de 2024, pero en ese momento: ni el señor Oñate era director de Gabinete del ministro Bolaños (cesó en noviembre de 2023) ni el señor Bermejo era el asesor de comunicación del señor Aldama [lo contrató en noviembre de 2024]”.

- “El ministro Bolaños no ha tenido el menor contacto, directo o indirecto, con el sr. Aldama ni para este ni para ningún otro asunto. Algo que el propio Aldama afirmó públicamente en noviembre de 2024 al decir que ”es duro ver que gente como el señor López o Bolaños, que no me conocen de nada hablan de mí de oídas“.

La demanda de protección civil del derecho al honor que ha interpuesto Julio Iglesias contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se basa en dos comentarios –uno publicado en la red social Bluesky y otro en TVE– a cuenta de las informaciones publicadas en elDiario.es que recogían las denuncias de agresión sexual de dos extrabajadoras contratadas por el cantante. La demanda señala que Yolanda Díaz se refirió en sus comentarios a unos “escalofriantes testimonios”, de las dos mujeres, “de los que no había constancia oficial, sino lo únicamente referenciado por el medio de comunicación elDiario.es., sin corroboración objetiva alguna”.

La corroboración objetiva a la que se refiere el abogado de Iglesias eran vídeos grabados a las dos mujeres donde detallaban las agresiones sufridas, y la constancia oficial era la publicación en un medio de comunicación que había intentado conseguir, sin éxito, la versión de la persona a la que se referían las denunciantes. Yolanda Díaz escribió. “Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a los periodistas de elDiario.es por denunciarlo”.

A continuación, la demanda de Julio Iglesias se detiene en un conjunto de acusaciones sin fundamento contra elDiario.es: “Hay que significar que el propio medio de comunicación había provocado la noticia, como resultado de un supuesto trabajo de investigación, y no se trataba, según amplia jurisprudencia constitucional de un reportaje neutral, que además se difundía de forma reelaborada, porque el medio acabó reconociendo, ocultando la plena identificación de la fuente, manteniendo el anonimato de las supuestas denunciantes que no se reproducían los testimonios de las denunciantes, sino el emitido por actrices profesionales que se hacían pasar por las denunciantes, acreditándose que la imagen, aún distorsionada, la voz y el nombre real estaban modificados y correspondían a las actrices”.

La demanda se basa, al igual que la querella contra elDiario.es, en hechos falsos al acusar a este medio de comunicación de “no reproducir el testimonio de las denunciantes sino el emitido por actrices profesionales que se hacían pasar por las denunciantes”. elDiario.es reprodujo fielmente el testimonio de las denunciantes, con su imagen –producto de la grabación de entrevistas con las dos mujeres– y con sus palabras, pero doblando sus voces para proteger su identidad. Pese a este, la demanda considera acreditado que “la imagen, aún distorsionada, la voz y el nombre real estaban modificados y correspondían a las actrices”. La imagen de los videos que complementaban la información corresponde a las dos mujeres que denunciaron los hechos ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Tras ser admitida a trámite la denuncia, la Fiscalía decidió no seguir adelante por haber sucedido los hechos en el extranjero y no tener competencia para investigarlos en España.

La demanda llega a acusar a la vicepresidenta segunda de actuar con “temeridad evidente” al dar “por ciertos los ”escalofriantes testimonios“, que no eran tales”. Los testimonios eran ciertos y así lo acreditan las grabaciones realizadas por los periodistas de elDiario.es y Univisión. El abogado de Julio Iglesias sostiene en la demanda que Yolanda Díaz “realizó valoraciones propias, dando por ciertos los hechos con grave desprecio a la presunción de inocencia, y situando a mi mandante como autor de la comisión de graves de delitos de agresiones sexuales y de explotación laboral y trata de personas vulnerables, sin hacerlo en términos de presunción”.

El abogado pide 50.000 euros

Díaz declaró en TVE: “Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias”. A continuación, preguntada por el apoyo que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, había dado al cantante, rechazando así el testimonio de las mujeres, la vicepresidenta contestó: “La Presidenta de la Comunidad de Madrid lo que ha hecho ayer no ha sido condenar si quiere con carácter presunto lo que ha hecho el señor Julio Iglesias no, no, lo que ha dicho es colocarse por la pasiva del lado del presunto agresor, por tanto, eso es machismo”.

Al finalizar la entrevista, y cuando el periodista le preguntó si respetaba el principio de presunción de inocencia para el cantante, Díaz contestó: “Una cosa es la responsabilidad penal en la que por supuesto presunción de inocencia, derecho a un proceso justo, tutela judicial efectiva y un millón de cosas más, artículo 24 y siguientes de la Constitución y otra cosa es la responsabilidad de carácter político o ético que uno o una tenga, y en este sentido parece que todo lo que estamos conociendo requiere de una actuación ejemplarizante en esta materia”.

El escrito de demanda termina reclamando a la vicepresidenta segunda que “se avenga a reconocer que las manifestaciones realizadas constituyen una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante, absteniéndose de realizar en lo sucesivo nuevas manifestaciones de tenor similar (...) que se retracte públicamente de las mismas en la misma forma en la que estas fueron difundidas, y que indemnice por daño moral al cantante con la cantidad de 50.000 euros además de los intereses que correspondan”.

La querella presentada por el abogado de Julio Iglesias contra elDiario.es relata hechos falsos, denuncia determinadas conductas de los profesionales del medio que nunca se produjeron y se apoya en jurisprudencia que no se corresponde con lo publicado sobre la denuncia de dos mujeres contra el cantante por supuesta agresión sexual. El escrito comienza considerando la investigación de elDiario.es como un “montaje periodístico” y sostiene que dicho trabajo “no puede encontrar amparo en los derechos fundamentales establecidos en el artículo 20 de la Constitución, de acuerdo con reiterada jurisprudencia constitucional, y que han supuesto una grave lesión de los derechos fundamentales de Julio Iglesias, al honor, a la imagen y a la intimidad personal”.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre este tipo de noticias ampara el trabajo desarrollado durante tres años por los periodistas de elDiario.es:

Relevancia pública para que prevalezca el derecho a la libertad de información

“La relevancia pública o interés general de la noticia constituye un requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia del derecho a la libertad de información cuando las noticias comunicadas o las expresiones proferidas redunden en descrédito del afectado”. La relevancia pública de Julio Iglesias es más que evidente.

El requisito de la veracidad

“La libertad de información, dado su objeto de puesta en conocimiento de hechos, cuando comporta la transmisión de noticias que redundan en descrédito de la persona, para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor exige que la información cumpla el requisito de la veracidad, a diferencia de lo que ocurre con la libertad de expresión, que protege la emisión de opiniones. Por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, puede más adelante ser desmentida o no resultar confirmada”.

elDiario.es, junto a Univision Noticias, publicó una serie de reportajes que partían de los testimonios de varias de las extrabajadoras domésticas al servicio de Julio Iglesias en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Estos reportajes se publicaron después de tres años de investigación periodística en los que los profesionales de elDiario.es y Univision acreditaron los datos incluidos en las informaciones e intentaron contrastar con todas las partes los principales detalles de lo difundido.

Dos mujeres que trabajaron para el cantante, identificadas para su protección con los nombres ficticios de Rebeca y Laura, interpusieron una denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual y trata de personas. Pese a los reiterados intentos para conseguir, durante los 11 días previos a la publicación del primer reportaje, una respuesta de Julio Iglesias, el cantante no respondió a las preguntas que le trasladaron los periodistas de elDiario.es y Univision Noticias. Posteriormente, emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en el que negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

Investigación con la diligencia debida aunque no se declare probado el hecho

La jurisprudencia señala que “la protección de la libertad de información no resulta condicionada por el resultado del proceso penal, de modo que no es obstáculo que el hecho denunciado no se haya declarado probado en un proceso de esta naturaleza”. Y concluye: “De este modo el requisito de la veracidad deberá entenderse cumplido en aquellos casos en los que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y la referida indagación la haya efectuado con la diligencia exigible a un profesional de la información. Es suficiente, por tanto, que exista una diligencia en la búsqueda de los datos para elaborar el trabajo periodístico. Es suficiente con demostrar la seriedad en la constatación de la existencia de las pruebas y en la recopilación de los materiales para la elaboración de la correspondiente información”.

Las dos mujeres supuestamente agredidas por Julio Iglesias presentaron una denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que decidió archivarla unos días después de admitirla a trámite por considerar que no tenía competencia sobre unos hechos ocurridos en el extranjero. Ni la Fiscalía ni ningún tribunal ha investigado los hechos denunciados por las dos mujeres.

Iglesias denuncia actuaciones de los periodistas que nunca se produjeron

La querella considera inveraz la información publicada por elDiario.es y para argumentar su acusación denuncia comportamientos de los periodistas que firmaron las noticias que nunca se produjeron. “No se trata de una acción penal contra un periodista que emite un reportaje neutral”, escribe el abogado que defiende a Julio Iglesias. “Los querellados han participado en la promoción y confección de la denuncia, y han difundido hechos a la opinión pública manipulando la información, reelaborando y recreando supuestas declaraciones de las víctimas de delitos graves, que no se identifican, y que, de acuerdo con la más reciente jurisprudencia, no pueden encontrar amparo en el derecho fundamental a la difundir información veraz”.

Los periodistas no recrearon supuestas declaraciones de nadie. Todas las declaraciones de las víctimas, cuyas grabaciones conserva este medio para acreditarlo, no se reelaboraron ni se recrearon; ni tampoco participaron en la confección de la denuncia hecha por un despacho de abogadas.

La querella acusa en falso a elDiario.es de usar actrices profesionales para presentar la denuncia contra Julio Iglesias: “Se produce la reelaboración de la noticia, ocultando la plena identificación de la fuente, manteniendo el anonimato de las supuestas denunciantes que cita como fuente de información, que mantiene indeterminada, y utilizando ficciones y la actuación de actrices profesionales para confundir a la opinión pública, haciéndolas pasar por declaraciones emitidas por las denunciantes”. Es falso que elDiario.es utilizase “actrices profesionales para confundir a la opinión pública”. Los vídeos que acompañaron a la información recogían la imagen (sin mostrar su rostro para evitar que su identificación pudiera ponerlas en peligro) y el testimonio, sin ningún tipo de manipulación, de las mujeres que habían denunciado las supuestas agresiones sexuales de Julio Iglesias. Tan sólo se dobló la voz de las dos mujeres, pero sin modificar ni una sola de las palabras que pronunciaron durante las entrevistas, para evitar un posible reconocimiento de las mismas, tal y como se explicó desde la primera información.

La querella señala que “era exigible a los querellados un deber de diligencia en su máxima intensidad, ya que la noticia que se transmitió suponía la atribución de la comisión de delitos graves”. La diligencia de elDiario.es fue de máxima intensidad, hasta el punto de dedicar tres años del trabajo de varias de sus periodistas a la investigación de los hechos denunciados por las mujeres y el intento infructuoso durante días para conocer la respuesta de Julio Iglesias a sus acusaciones. El cantante nunca quiso responder a las reiteradas llamadas, mensajes y el cuestionario enviado por correo y entregado en mano por elDiario.es y Univision. Sólo reaccionó a la denuncia de las mujeres una vez publicada por ambos medios.

La querella cita una jurisprudencia que elDiario.es respetó hasta el final: “La salvaguardia que el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos otorga a los periodistas en relación con la información sobre cuestiones de interés general está sujeta a la condición de que actúen de buena fe para proporcionar información precisa y fiable de acuerdo con la ética del periodismo”.

La conjura de togas contra la ley de amnistía comenzó en España meses antes de que el proyecto de la norma se registrase para su tramitación en el Congreso y continuó mucho después con intensidad creciente. El acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts en el otoño de 2023 para aprobar en un plazo breve la ley de amnistía desencadenó la rebelión de los jueces conservadores, mayoritarios en la carrera y en la cúpula judicial. Pedro Sánchez necesitaba los siete votos de la formación independentista para garantizar su investidura tras quedarse muy lejos de la mayoría absoluta en las elecciones de julio de 2023. Aunque su Gobierno rechazó meses antes una Ley de Amnistía por “inconstitucional”, el líder socialista hizo “de la necesidad virtud”, según sus propias palabras, para mantenerse en el poder.

Cientos de togados salieron a protestar a las puertas de algunos juzgados, incumpliendo la Ley del Poder Judicial que castiga como falta grave la “censura a las autoridades y poderes públicos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esa condición”. Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenía competencias para castigar esas conductas, miró para otro lado. La derecha judicial seguía dominando el órgano de Gobierno de los Jueces porque el PP bloqueaba su renovación desde diciembre de 2018.

La asociación mayoritaria de jueces y el fin de la democracia

Las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de las comunidades aprobaron comunicados muy críticos contra la futura norma. Estos órganos estaban dominados por jueces pertenecientes a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera. Dos semanas antes de que el texto de la proposición de Ley de Amnistía se hiciera público, la APM sacó un comunicado donde anunciaba el apocalipsis si los planes del Ejecutivo se hacían realidad: “Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho”. Dos años después de aquel manifiesto de la derecha judicial, la Ley de Amnistía sigue vigente, como las reglas de la Constitución de 1978 y el Estado de derecho.

Jueces de tendencia progresista, minoritarios en la carrera, se atrevieron a protestar contra las protestas: “No tenemos competencia para emitir acuerdos sobre pactos entre formaciones políticas y estamos obligados a mantener la neutralidad en el debate partidista”. Nadie les hizo caso.

El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, elegido a propuesta del PP, no entendía el papel de algunos jueces en aquella cruzada contra la Ley de Amnistía y censuró que sus compañeros vocales conservadores propusieran un comunicado contra la norma: “Entiendo que la independencia judicial tiene una vertiente bidireccional: es deseable la falta de injerencia de otros poderes en lo que resulta ser actividad jurisdiccional y, paralelamente, lo es también el que desde el Poder Judicial evitemos la injerencia en la actividad política”. Nadie le hizo caso.

El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya instruían causas con decenas de independentistas imputados a los que deberían aplicar la Ley de amnistía cuando se aprobase. Todos ellos anunciaron que impugnarían la futura Ley ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo hicieron, pero fracasaron con estrépito.

Maniobras judiciales para imputar terrorismo a Puigdemont

El magistrado Manuel García Castellón, ya jubilado, instruía desde 2019 una causa relacionada con las protestas independentistas, el caso Tsunami Democratic. Aunque durante cuatro años la investigación apenas avanzaba, la tramitación de la Ley de Amnistía despertó al instructor, quien comenzó a dictar resoluciones para torpedear la futura norma que se tramitaba en las Cortes. En noviembre de 2023, envió una exposición razonada al Supremo, que incumplía los principales requisitos establecidos por la jurisprudencia de ese tribunal, para investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por un delito de terrorismo.

Los indicios que García-Castellón envió al Supremo ―una reunión en Ginebra sin conocer su contenido, dos conversaciones de WhatsApp donde se cita al expresidente y un intercambio de mensajes donde Puigdemont expresa su temor a que haya muertos en los disturbios― fueron despreciados como inverosímiles por el fiscal encargado de esa causa en la Audiencia Nacional. Pero muchos de sus compañeros en el Supremo, fiscales conservadores mayoritariamente, no tuvieron en cuenta su criterio y plantaron cara al Fiscal General del Estado para que se apoyase la imputación por terrorismo a Puigdemont. Fracasaron.

El Tribunal Supremo, con el informe en contra de la Fiscalía, admitió la exposición razonada e imputó a Puigdemont por terrorismo, uno de los delitos no amnistiable según la Ley pactada con Junts. Un fallecido por infarto en el aeropuerto del Prat durante una protesta ciudadana contra la sentencia del Procés servía entonces a García Castellón para construir la nueva causa contra el expresidente catalán. El Tribunal Supremo, dominado por magistrados conservadores, aceptó sin rechistar. Pero aquellas maniobras judiciales se frustraron por culpa de los errores detectados en la instrucción de García Castellón, quien incumplió los plazos de prórroga en la investigación. La causa fue anulada. El intento, con la inestimable colaboración de los magistrados del Supremo, fue inútil.

Las diligencias del magistrado García Castellón no se detuvieron ahí. Aprovechando el recurso de un imputado, escribió un párrafo para establecer que los delitos que investigaba – los daños ocasionados por manifestantes independentistas a dos policías antidisturbios- eran los pertenecientes a la categoría de no amnistiables en la Ley que se tramitaba en el Congreso. El párrafo en cuestión era una copia literal de una de las enmiendas que se había registrado en el parlamento.

Pieza separada por alta traición contra el expresidente catalán

Mientras García Castellón trabajaba desde la Audiencia Nacional contra la Ley de Amnistía, el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, se afanaba con un objetivo parecido aprovechando el caso de la denominada trama rusa del proceso independentista que investigaba desde hacía seis años.

Aunque la Audiencia de Barcelona le había ordenado poner fin a la instrucción, el juez Joaquín Aguirre decidió abrir una pieza separada para investigar un posible delito de alta traición cometido por el expresidente Carles Puigdemont. Ese delito figuraba en la categoría de los no amnistiables por la futura norma.

Jurisprudencia creativa del Supremo contra líderes del Procés

La aprobación de la Ley de Amnistía el 30 de mayo de 2024 por 177 votos a favor y 172 en contra desencadenó un nuevo movimiento del Tribunal Supremo para evitar su aplicación a los principales dirigentes del proceso independentista: Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Para conseguirlo, el Supremo tiró de jurisprudencia creativa. Los legisladores habían escrito que eran amnistiables los delitos de malversación cometidos en el Procés -la utilización de dinero público para los gastos del referéndum- siempre que sus responsables, altos cargos de la Generalitat de Catalunya, no hubieran tenido “un propósito de enriquecimiento, es decir, de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”.

El Supremo interpretó que esos altos cargos debían haber pagado de su bolsillo los gastos del referéndum y, por tanto, se habían ahorrado ese dinero incrementando su patrimonio. Sus delitos se declararon no amnistiables. Y así continúan. Carles Puigdemont, huido de la justicia, no puede regresar a España hasta que el Constitucional resuelva su recurso contra la decisión del Supremo sobre la malversación que cometió. Oriol Junqueras no puede presentarse a las elecciones. Aunque fue indultado parcialmente, mantiene la pena de inhabilitación por malversación. La Fiscalía rebatió, sin éxito, el argumento principal de los magistrados: “Los condenados destinaron la totalidad de los fondos públicos malversados al referéndum de secesión [y] su patrimonio no experimentó incremento alguno como consecuencia de la malversación”. Los magistrados conservadores no hicieron caso.

Jueces del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya aplicaron la Ley de Amnistía a un exconseller, Miquel Buch, condenado por malversación. Esa sentencia consideró que Buch no tuvo ningún beneficio patrimonial por malversar fondos para impulsar el proceso independentista.

La conjura de la derecha judicial en España contra la Ley de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya ha fracasado. El presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, el belga Koens Lennaert, lo contó así. “El Derecho de la Unión no se opone a la ley que concede la amnistía (…) su objetivo es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación”.

Nunca un instructor recibió tantos varapalos de la instancia superior encargada de revisar sus decisiones. Y pese al rosario de correcciones acumuladas en la instrucción de una única causa, ese juez podrá seguir adelante con un proceso penal donde los indicios se desvanecen como humo en el aire cuando se pone la lupa sobre ellos.

Juan Carlos Peinado ha logrado su objetivo: llevar a juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por malversación y tráfico de influencias, dos delitos menos de los que él mismo le atribuía. La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha censurado a Peinado como a ningún otro juez antes, desmontando parte de su instrucción por vulnerar derechos fundamentales de los imputados y por falta de motivación. Pero ha dado su bendición a la cacería judicial contra la mujer del presidente manteniendo viva la causa con sus delitos principales.

La lupa que han usado esos magistrados para examinar el caso tiene un aumento muy limitado. Nunca acabaron de apreciar las numerosas impurezas que invalidan todo el proceso. Esos magistrados llevan dos años anulando diligencias ordenadas por el juez Peinado y, a la vez, manteniendo casi intacta la parte principal de la causa pese a la ausencia de indicios sólidos sobre los delitos investigados.

El catálogo de irregularidades detectadas en la instrucción es abundante. La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado desde que comenzó el procedimiento varios registros ordenados por el juez Peinado al empresario Juan Carlos Barrabés mientras estaba en la habitación de un hospital, incomunicado y muy grave; ha obligado a retirar la imputación sobre el rector de la Complutense –Joaquín Goyache–, sobre un directivo del Instituto de Empresa –Juan José Güemes–, sobre la secretaria general de Presidencia –Judith González–, sobre el delegado del Gobierno en Madrid –Francisco Martín–; y ha prohibido al juez investigar supuestos delitos, como el rescate de Air Europa, basados en meras conjeturas o en mentiras groseras publicadas por medios de comunicación. El Tribunal Supremo también desestimó una exposición razonada del juez Peinado para imputar al ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En el último acuerdo comunicado ayer por los cinco magistrados de la Sección 23, la Audiencia Provincial ha vuelto a anular decisiones muy relevantes de Peinado, aunque no todas, ni siquiera las principales. Ha retirado dos de los cuatro delitos por los que el juez quería llevar a juicio a Begoña Gómez y a su asistente, Cristina Álvarez, y ha anulado las medidas cautelares –retirada de pasaportes y comparecencia quincenal en el juzgado– que el instructor impuso por un discutible riesgo de fuga y ante la posibilidad, todavía más discutible, de que los escoltas de la Policía que acompañan a la mujer del presidente colaboraran con ella en su huida.

La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid lleva dos años salvando al juez Juan Carlos Peinado, que es una forma de mantener acorralado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los supuestos delitos de su mujer –antes cuatro, ahora solo dos (tráfico de influencias y malversación de fondos públicos)–. Para justificar que se juzgue a Begoña Gómez, los magistrados escriben lo siguiente: “Parece perfectamente verosímil sostener en el caso que nos ocupa y con el canon de la simple probabilidad ahora exigible, que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno”. El “canon de la simple probabilidad ahora exigible” permite a estos magistrados sentar en el banquillo a Begoña Gómez, pese a la torticera instrucción de un juez al que le han corregido ellos mismos por vulnerar derechos fundamentales de los imputados o no motivar sus resoluciones.

Los mismos magistrados explican por qué los actos de cualquier esposa de un presidente de Gobierno que logre dinero privado para una actividad docente en la universidad pública tienen una alta probabilidad de ser delictivos, aunque no exista una sola prueba sólida para justificar la sospecha: “La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias”. Indra, Telefónica o Google aportaron dinero para un trabajo de investigación comprometido en la cátedra. Estas empresas, dos de ellas participadas por el Estado, aseguraron que subvencionan múltiples proyectos de universidades públicas y que su aportación a la cátedra dirigida por la esposa del presidente no tuvo que ver con el parentesco de esta con Pedro Sánchez. Pero a la Audiencia Provincial le da igual. Si eres la mujer del presidente, mejor no trabajes, porque cualquier cosa que hagas o que consigas para la universidad pública puede acabar siendo un delito de tráfico de influencias.

A los magistrados de la Audiencia Provincial, que llegaron a escribir de manera inveraz en uno de sus autos que los asistentes de las mujeres de los presidentes son “funcionarios expertos en protocolo”, parece no importarles demasiado que los supuestos delitos de Begoña Gómez por los que será juzgada le reportaron un beneficio bruto de cero euros en los ocho años investigados, desde que su marido accedió a la presidencia del Gobierno. Aunque admiten que no cobró nada como codirectora de la cátedra de Responsabilidad Social Corporativa creada a iniciativa suya en la Complutense, porque lo prohibía la propia Universidad, encuentran un beneficio ridículo en la actividad de Begoña Gómez como profesora para justificar su resolución: “Está fuera de toda duda el beneficio que la creación de la Cátedra y su nombramiento como directora (luego codirectora) le comportó: prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos, relanzamiento de los propios master insertos en la Cátedra, lo que disparó sus ingresos de forma exponencial, por más que, en todo caso, hablemos de cifras muy moderadas (desde los modestos 1050 euros del año 2014-2015 o los 750 € del año 2015/2016 a los 14.595 del año 2020/2021 o los 14.900 del año 2021/2022) y, esto es el dato clave, le confirió un «paraguas institucional», en expresión de su propia defensa, que le permitió obtener financiación, y disponer de ingresos para contratar servicios técnicos especializados por importe de cientos de miles de euros, eso sí, carente de un control efectivo y sin pleno sometimiento a los procedimientos ordinarios de contratación”. La financiación privada que obtuvo no fue para Begoña Gómez sino para la Universidad Complutense. La disposición de ingresos para contratar servicios técnicos especializados sólo sirvió para financiar tareas de investigación de la universidad pública. “Disparó sus ingresos de forma exponencial”, escriben sin rubor los magistrados para, a continuación, reconocer que se trata de “cifras muy moderadas”, o por decirlo de manera comprensiva, logró una remuneracióno anual que estaba por debajo del salario mínimo interprofesional. El argumento torticero de los cinco magistrados concluye comparando sus ingresos de 2022 (14.900 euros) con los de 2014 (1.400 euros), cuando también daba clases en la Universidad -aunque su marido no era todavía líder del PSOE y tenía otros ingresos privados muy superiores-. Que los firmantes del auto sostengan que está “fuera de toda duda el beneficio” que le reportó a Begoña Gómez la creación de la cátedra -y no a la Universidad Complutense para la que consiguió más de medio millón de euros en patrocinios- es tan descabellado como las imputaciones de delitos que el juez Peinado decidió colgar sobre cinco personas inocentes y que luego anuló la propia Audiencia Provincial.

El juez Peinado husmeó en todas las cuentas bancarias de la mujer del presidente sin hallar un solo euro sospechoso de haberse beneficiado de ese tráfico de influencias que le imputa. No hay en la causa un solo indicio sólido del delito que Peinado vio muy claro desde el principio a cuenta de dos cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense. Eran cartas incluidas en una propuesta del empresario Juan Carlos Barrabés presentada a dos concursos públicos de Red.es. La investigación de la UCO no detectó ni una huella mínima de que la adjudicación de esos contratos tuviera relación con la influencia de Begoña Gómez o el peso de sus escritos de apoyo. Había otras 32 cartas similares firmadas por distintas instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid gobernado por el PP. Pero es que, además, la Fiscalía Europea investiga estos hechos sin encontrar, tras dos años de interrogatorios a más de 50 personas, ni rastro de ese tráfico de influencias de Begoña Gómez origen de esta causa que va a llegar a juicio.

El segundo delito, malversación de fondos públicos, investigado un año después de que se abriera la causa, se basa en la ayuda que prestó Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, en las gestiones privadas de la mujer del presidente para los cursos que organizó en la Universidad Complutense. El abogado de Álvarez lo justifica así: “Los hechos atribuidos a Cristina Álvarez en esos ocho años que lleva en su puesto de asistente son una llamada telefónica, asistencia a doce eventos (un evento y medio al año), redacción de siete correos electrónicos (menos de un correo al año) y asistencia a cuatro reuniones (media reunión al año)”.

Un premio al instructor

“La acusación”, continúa, “califica como malversación el hecho de que una empleada con una dedicación anual de 1.751 horas, que en los años investigados trabajó 455 horas más de las previstas contractualmente, dedicara una parte mínima e insignificante de su jornada a los actos antes enumerados. Todas las actividades que la acusación considera constitutivas de malversación forman parte de las funciones que tenía asignadas Cristina Álvarez, según consta en el certificado emitido por Presidencia del Gobierno, que describe sus cometidos como: ”(i) La gestión de la agenda y (ii) la preparación de la presencia en reuniones, visitas y/o eventos, (iii) la gestión y administración de las comunicaciones, la asistencia telefónica y documental, (iv) el acompañamiento en desplazamientos y (v) la interlocución y coordinación con los equipos de protocolo, seguridad, asuntos exteriores y resto de departamentos implicados en la organización de actos y viajes del Presidente del Gobierno o derivados de su propia agenda“.

La cátedra que se creó en la Complutense fue idea de Begoña Gómez, quien colaboraba desde 2012 en esa Universidad como profesora de distintos cursos. La mujer del presidente logró el patrocinio de numerosas empresas privadas para la cátedra que codirigió, de manera que la universidad no dedicó un solo euro público a esa actividad. Cuando la Complutense canceló la cátedra, en la caja quedaban 25.000 euros de remanente propiedad de la universidad.

Con estos antecedentes, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que la mujer del presidente tiene que someterse a juicio por tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Es un premio al juez Peinado por la instancia superior que corrigió y censuró una buena parte de su instrucción. Los firmantes de este desenlace judicial controvertido son los magistrados Enrique Jesús Vergés, María del Rosario Esteban, José Sierra Fernández, Jesús Gómez-Angulo, y Carlos Prat.

Los once condenados por prevaricación en el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, tienen diez días hábiles (hasta el 29 de julio) para recurrir la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La condena de inhabilitación especial para empleo o cargo público (nueve años para Sánchez y 18 para el expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo) no es firme, por la que todos los afectados pueden trabajar o seguir trabajando para la administración. En caso de que el recurso ante el Tribunal Superior de Extremadura no prospere, los condenados todavía tienen una última vía para impugnar la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Fuentes próximas a la defensa de David Sánchez consideran que el recurso del hermano del presidente deberá argumentar por qué no fue, como establece el fallo, cooperador necesario en el acto de prevaricación cometido supuestamente por técnicos de la Diputación que aprobaron el cambio de nomenclatura del puesto de trabajo que tenía asignado.

El hermano del presidente pasó de coordinador de las Actividades de los Conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas sin que su salario aumentase. Las acusaciones populares denunciaron que David Sánchez desempeñó un trabajo distinto por lo que la Diputación debía haber creado y presupuestado una nueva plaza además de convocar un concurso público para adjudicarla.

Cooperador necesario para la prevaricación de otros

La Audiencia Provincial de Badajoz considera que Sánchez fue cooperador necesario para la prevaricación cometida por otros trabajadores de la Diputación al crear esta plaza. Y aunque la sentencia señala que el hermano del presidente, “teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los conservatorios se había creado para él, se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento siendo el principal beneficiario del mismo”, fuentes de la defensa explican que este aspecto que relata el fallo no es condenable.

De hecho, el presidente del tribunal declaró al principio del juicio “extinguida por prescripción la responsabilidad penal por el delito de aceptación de nombramiento ilegal por el que venía siendo acusado David Sánchez”.

¿Cómo se explica que la prevaricación no lleve aparejado el tráfico de influencias?

La defensa de Sánchez entiende que tiene una explicación técnica clara para que una condena por prevaricación no lleve aparejada otra por un delito de tráfico de influencias. “La prevaricación”, explica, “es una isla autónoma como lo es el tráfico de influencias. No son dos delitos que tengan que ser aplicados necesariamente al concurso”. En este caso, el tribunal explica que se amañó una plaza a favor de David Sánchez, pero aclara que no hay prueba sólida que permita conocer si hubo alguna persona o autoridad que presionó a los funcionarios y trabajadores para lograr ese objetivo. “Si no hay tráfico de influencias”, explican fuentes de la Defensa, “lo que está claro es que la prevaricación, de ser tal, no tuvo un móvil probado”.

Una “contra hipótesis” del tribunal que no sirve como hecho probado

Los magistrados fabrican en la sentencia una contra hipótesis, así la llaman, según la cual pudo ocurrir que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, decidió adjudicar la plaza a David Sánchez en julio de 2017 para congraciarse con Pedro Sánchez, que un mes antes había ganado las elecciones primarias del PSOE y volvía a ser secretario general. Fuentes jurídicas señalan que “esa conjetura o sospecha” no entra dentro de los hechos probados de la sentencia y carece de relevancia dado que los propios magistrados que firman el fallo aclaran que no hay prueba sólida suficiente para condenar por tráfico de influencias.

Tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz (José Antonio Patrocinio, Emilio Francisco Serrano y María Dolores Gallardo) han condenado este martes a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por un delito de cooperación en prevaricación administrativa. En la misma sentencia, los tres magistrados absuelven a Sánchez y al resto de acusados de un delito de tráfico de influencias, el núcleo central de la causa que instruyó la juez Beatriz Biedma. Las acusaciones populares, vinculadas a la ultraderecha, pidieron seis años de cárcel. El tribunal rechaza de plano esta petición y sostiene que no hay prueba sólida para condenar por tráfico de influencias, la acusación principal de este caso.

El tribunal intenta justificar de una manera confusa por qué condena a David Sánchez por prevaricación, un delito que no conlleva penas de cárcel, pero le absuelve por tráfico de influencias. La sentencia da por acreditado que la plaza de coordinador de conservatorios fue creada por “razones espurias” para David Sánchez, pero sostiene que no existe una sola prueba de que ese trato de favor obedeciera a un tráfico de influencias por parte de los dirigentes de la Diputación de Badajoz.

Los jueces llegan a escribir en su sentencia algunas conjeturas sobre la posibilidad de que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, decidiera, para congraciarse con Pedro Sánchez tras su victoria en las primarias, influir para adjudicar la plaza al hermano del entonces secretario general del PSOE. Pero los mismos jueces rechazan a continuación que esa elucubración pueda servir para firmar una condena por tráfico de influencias.

Una prevaricación clara, un tráfico de influencias dudoso y sin pruebas

“Si bien se alza la convicción de este Tribunal de que la prevaricación cometida obedecía al designio de favorecer por razones espurias a Don David Sánchez y Don Luis María Carreras, albergamos dudas, que no han sido despejadas a la luz de las pruebas practicadas en el plenario, referentes a la utilización de concretas conductas de presión, prevalimiento, en definitiva, influencias ejercidas en orden a conseguir las resoluciones que pudieron generar directa o indirectamente beneficio económico para aquellos”.

Una conjetura sobre el tráfico de influencias sin soporte fáctico

“Podemos conjeturar que la actuación coordinada prevaricadora de los acusados que ostentaban cargos de responsabilidad en la Diputación de Badajoz fue la respuesta a una previa presión o influencia ejercida sobre ellos, pero esa hipótesis carece, tanto de soporte fáctico elaborado y descrito por las acusaciones, como de acervo acreditativo que la sustente”.

El tribunal “no sabe” quién influyó

“No sabemos, en suma, quién o quiénes ejercieron presión o ascendencia sobre los responsables de realizar la tarea de torcimiento del Derecho, ni en qué concretos actos se materializó el influjo”.

Una contra hipótesis sin una sólida prueba de cargo

“Podríamos mantener, como contra hipótesis, que las conductas prevaricadoras obedecieron al interés de favorecer a las personas que se beneficiaron de aquellas por su proximidad familiar (Don David Sánchez) al que sería reelegido Secretario General del Partido y con el tiempo Presidente del Gobierno de la Nación (Bloque 1 de hechos probados) y que ostentaba ya tal cargo cuando sucedieron los acontecimientos descritos en los Bloques 2 y 3; respondiendo a un propósito de congraciarse con aquel al haber apoyado en el XXXIX Congreso del Partido a la candidata perdedora de las elecciones primarias. Siendo así, este Tribunal se ve obligado a considerar que no es posible condenar por los delitos de tráfico de influencias que han sido objeto de acusación, pero no de concreta y completa descripción fáctica y acreditación, resultando por demás aplicable el principio ”in dubio pro reo“. De alguna manera dicho principio se injerta en el derecho a la presunción de inocencia, porque no basta para la condena la sola convicción del Tribunal -el impresionismo o convicción judicial-, pues poco vale este si no encuentra su anclaje en una sólida prueba de cargo (…) Dicho de otro modo, aunque el Tribunal de instancia no dudara, correspondería a esta Sala casacional verificar si debió dudar por la escasa fiabilidad de la prueba de cargo (…)”.

“Escasa fiabilidad y solidez de la prueba de cargo practicada”

“Y es aquí donde radica la esencia del problema: la escasa fiabilidad y solidez de la prueba de cargo practicada, en orden a la determinación y concreción de los hechos incardinables en los tipos penales de tráfico de influencias objeto de acusación, insuficiente para despejar toda ausencia de duda sobre la autoría de los mismos por parte de los acusados”.

Inferencia: todos concertados para crear una “plaza innecesaria y vacía de contenido”

El tribunal considera que “la actuación de los acusados justifica el juicio de inferencia que conduce a colegir que todos estaban concertados para la creación de una plaza de empleo público, innecesaria y vacía de contenido esencial, cuyo destinatario sería el acusado Don David Sánchez (y para el ulterior torticero cambio de denominación de tal puesto de trabajo), así como de otra igualmente vacua reservada al acusado Don Luis María Carrero, fingiendo un proceso de selección y valoración de méritos sustancialmente inexistente como justificación mendaz de los contratos para acceder al empleo público, que estarían avalados por unos procedimientos administrativos oficiales de selección y propuestas de contratación puramente cosméticos o ”de escaparate“ sin fundamento real alguno, con ulterior adaptación en el caso de Don David de las condiciones de su puesto a sus apetencias sin consideración alguna a la causa pública, al interés general y soslayando de manera palmaria los principios de mérito y capacidad rectores en el acceso a los puestos de trabajo en la Administración y sin que, como se ha afirmado, dicha transmutación obedeciera a una ”evolución natural de funciones“ previamente desarrolladas o a un acto de ”sinceración administrativa“. Esta inferencia del tribunal no se basa en las pruebas recabadas durante la celebración del juicio, ya que el trabajo de David Sánchez como coordinador de los conservatorios no fue puesto en duda ni siquiera por los directores de esos departamentos. Que el montaje de óperas que impulsó el hermano del presidente se hiciera ”sin consideración alguna a la causa pública y al interés general“, es una inferencia del tribunal sin prueba conocida.

“Es inverosímil” que el presidente de la Diputación no conociera los hechos

Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, ha sido condenado a 18 años de inhabilitación por prevaricación. El tribunal, sin citar prueba que lo acredite, considera “inverosímil que, conociéndose de forma generalizada en el ámbito de Cultura desde el momento de la creación del puesto que el mismo estaba destinado a ser adjudicado al señor Sánchez, no supiera dicha circunstancia y no participara directamente en los hechos”. En el juicio, ningún testigo ni imputado declaró o acreditó que se conociera de forma generalizada en el departamento de Cultura que se creó el puesto para David Sánchez. “Intervino, como representante del órgano decisorio, la Diputación de Badajoz, en la decisión de contratar a Don David y de modificarle las funciones que tenía encomendadas en su puesto original. Por consiguiente, es responsable en concepto de autor de los delitos de prevaricación administrativa correspondientes a los Bloques A) y B) del párrafo de hechos probados, resultando aplicable el artículo 31 del CP”, señala la sentencia. Las pruebas recabadas durante la instrucción no acreditaron que Gallardo hubiera intervenido en la decisión de contratar a David Sánchez.

David Sánchez conoció previamente que el puesto de coordinador se creó para él

El Tribunal, sin prueba que acredite su tesis principal, afirma: “David Sánchez Pérez-Castejón, quien teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había creado para él, se presentó a la convocatoria, e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo, al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera (…) Cooperó realizando actos nucleares: presentó la solicitud correspondiente en el concurso de méritos para la adjudicación de la plaza creada para él, participó en el proceso selectivo maquillado aportando documentación y derivó, incumpliendo el contenido obligacional del contrato de coordinador de actividades de los conservatorios, a actividades operísticas que no guardaban relación alguna con el puesto primigenio para el que había sido nombrado ,interesando y consintiendo que, al socaire del denominado cambio de nomenclatura de la plaza, se creara otra absolutamente diferente de la que seguía siendo titular y beneficiario”. El tribunal le condena por cooperación a la prevaricación al haber forzado el cambio de nomenclatura del puesto de trabajo asignado, y sostiene que David Sánchez tuvo conocimiento previo de que la creación de la plaza (octubre de 2016) se hizo para adjudicársela a él mismo. Sin embargo, en la contra hipótesis redactada por el mismo tribunal se elucubra con la posibilidad de que el presidente de la diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, hubiera decidido, en mayo de 2017, cuando Sánchez ganó las primarias y volvió a ser secretario general del PSOE, adjudicar la plaza al hermano (junio de 2017). Esta contra hipótesis echaría por tierra la conclusión del mismo tribunal cuando afirma que David Sánchez tuvo conocimiento previo de que se había creado la plaza para él en noviembre de 2016.