El fuerte aumento del gasto para mantener la red ferroviaria de alta velocidad en los últimos años va por detrás del espectacular boom de viajeros que ha propiciado la liberalización de este sector a partir de 2021, según un análisis de elDiario.es a partir de los datos del Ministerio de Transportes y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El primer informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre el accidente del pasado domingo en Adamuz (Córdoba) en el que murieron 45 personas, publicado el viernes, apunta que el tren Iryo descarriló por una rotura previa de la vía sobre cuyas causas no se descarta “ninguna hipótesis”.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha negado que la raíz de esta catástrofe sea una falta de inversión y el viernes subrayó que la vía, renovada el año pasado, pasó todas las revisiones. Puente apuntó como “hipótesis” un “defecto de fábrica” del raíl suministrado por la multinacional ArcelorMittal y recordó que “nunca ha habido tantas circulaciones” como ahora en la alta velocidad española, una “estupenda noticia”. Sí señaló que “quizá el debate sea” si ese gasto “es el óptimo”. “Lo mismo la conclusión es que hay que hacer otro tipo de controles”, añadió.

Los datos de la CNMC muestran que desde 2019, año previo a la pandemia y la liberalización de la alta velocidad, el número de viajeros se ha disparado casi un 70%, solo con el último ejercicio con datos cerrados, 2024.

En ese periodo el total tráfico de pasajeros en tren en España creció un 40%, el de autobús lo hizo un 24% y el avión se mantuvo. El cálculo en alta velocidad incluye la media distancia, fuertemente subvencionada desde la crisis de precios de la invasión de Ucrania en 2022, no liberalizada y que presta en exclusiva Renfe con trenes Avant que utilizan la red de alta velocidad. 

Frente a ese incremento cercano al 70% en el número de viajeros, con el consiguiente aumento del tráfico ferroviario y estrés adicional para la infraestructura, el gasto en mantenimiento de la red de alta velocidad de la empresa pública Adif AV, su propietaria, ha crecido en ese periodo un 38%.

El Gobierno subraya que en los últimos ocho años se ha producido un “crecimiento exponencial de las inversiones en infraestructura ferroviaria y mantenimiento”. En toda la red (también convencional) se ha pasado de 1.747 millones en 2017 a más de 5.000 millones en 2025. En alta velocidad, se ha duplicado: de 1.300 millones en 2017 a más de 2.500 millones a cierre de 2025, con una “fuerte subida del gasto en mantenimiento”, que en alta velocidad “se ha incrementado casi un 70%”: de 260 millones en 2017 a 437 millones en 2025. 

El gasto en mantenimiento en alta velocidad se puede relacionar con el tamaño de la red gestionada (3.981 kilómetros a cierre de 2024), el número de viajeros y la oferta de plazas (que indica el número de trenes en circulación). Ajustando estas cifras a la inflación, se observa que el gasto en mantenimiento por kilómetro se ha mantenido relativamente estable en la última década. Mientras, el gasto por viajero y plaza de alta velocidad ofertada han evolucionado a la baja. La evolución puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Esta evolución se explica porque los pasajeros de AVE se han multiplicado tras la liberalización y la irrupción de dos competidores de Renfe, Iryo y Ouigo, que tienen detrás a las compañías estatales de Italia y Francia. Ambas adoptaron tras su desembarco de España una agresiva política de precios (a costa de pérdidas millonarias) que en el pasado ha suscitado fuertes críticas de Puente.

En los últimos días, el ministro ha afirmado que “estamos ante un problema seguramente más complejo de lo que podemos imaginar” y ha reconocido que no es “el mayor fan” de la liberalización de la alta velocidad. El tramo de Adamuz se renovó hace menos de un año por Ferrovial, OHL, Azvi y FCC, “la flor y nata de la obra pública española”, en expresión de Puente, dentro de un plan de 700 millones para poner al día la Línea Madrid-Sevilla, primera en inaugurarse en España en 1992.

La vía del siniestro pasó cuatro revisiones desde octubre sin incidencias. Por esta línea, como ha subrayado Puente en los últimos días, han pasado de circular 6 trenes diarios en los años 90 a los más de 180 actuales.

España, como Francia, agotó el plazo para adoptar la liberalización de la alta velocidad, que arrancó a finales de 2020, todavía en plena pandemia, por exigencia europea. Años después, en España la cuota del operador histórico (Renfe) había descendido “de forma notable” en 2024, hasta el 72%. Y en Francia SNCF (propietaria de Ouigo en España) “mantiene una cuota superior al 99%”, destaca la CNMC en su último informe sobre la liberalización ferroviaria.

El boom de viajeros en la alta velocidad española continuó el año pasado. Hasta septiembre (último dato disponible) utilizaron la red de larga distancia (la liberalizada) 33,8 millones de viajeros, un 14,8% más, tras empezar Ouigo a operar en los corredores del sur, con tres frecuencias diarias por sentido entre Madrid y Sevilla y dos entre Madrid y Málaga.

El incremento del gasto en mantenimiento de la red de alta velocidad en 2025 fue del 2,8%, hasta un récord de 437 millones. El Gobierno subraya que el gasto por kilómetro ha crecido desde 2018 un 43%, lo que “no se debe solo al aumento de la red de alta velocidad, sino también a un mayor gasto por kilómetro de alta velocidad. En cambio, durante el gobierno anterior cayó un 10%”.

Efecto en los precios

Año tras año, la CNMC defiende las bondades de la liberalización de los servicios ferroviarios comerciales de viajeros, que según este organismo, responsable de supervisar la sostenibilidad económica del sector (de la seguridad se ocupa la Agencia Estatal que depende de Transportes), “ha tenido un efecto muy positivo en el servicio de Larga Distancia alta velocidad”, dice en su último informe anual la CNMC. 

“Tras tres años de competencia los resultados son claros: un aumento sin precedentes tanto de la oferta como de la demanda, así como una fuerte reducción del precio medio del billete ahí donde hay más de un competidor en el mercado”, afirma Competencia en su último balance sobre la liberalización ferroviaria, de septiembre pasado, con datos hasta 2024.

El documento recuerda que, según un estudio encargado por la Comisión Europea, la competencia entre tres operadores y cuatro marcas comerciales en España “ha dado lugar a una mayor caída de precios que en otros países donde solo hay dos operadores”. Y apuesta por “optimizar la capacidad en la red y en las estaciones, dado que se va a incorporar nuevo material rodante adquirido por las empresas ferroviarias”.

La CNMC no hace ninguna referencia en su informe a inversiones en mantenimiento. Sí apunta que, aunque el tráfico ferroviario ha crecido tras la liberalización, “el uso de red de alta velocidad en España, con 58 circulaciones diarias por km de red, es menos intenso que en Francia (96 circulaciones) o Italia (248 circulaciones)”. La densidad de tráfico en España es inferior que en Alemania, Italia o Francia, destacó este viernes Puente.

En ese informe, la CNMC apunta que “las empresas ferroviarias pondrán en servicio nuevos trenes en el corto plazo, que deberían acomodarse en la infraestructura y en las estaciones. Por ello es necesario identificar los cuellos de botella en la infraestructura y en las estaciones, y aplicar las medidas necesarias para solventarlos, optimizando el uso de la red”.

La entrada de competencia en los tres principales corredores de alta velocidad supuso un crecimiento de pasajeros de 10 millones en solo dos años y medio, hasta 31 millones, que en el anterior régimen de monopolio tardó 10 años en producirse. Competencia destaca que “los viajeros y el administrador de infraestructuras son los principales beneficiarios” de este proceso. En el caso de Adif, gracias a la mayor recaudación por cánones que pagan los operadores en los corredores liberalizados, que no ha impedido que la empresa pública contenga sus pérdidas históricas.

Adif AV, que debe operar bajo el principio de sostenibilidad financiera, perdió hasta septiembre otros 215 millones, un 51% más, pese incrementar sus ingresos en el periodo un 5%, hasta 630 millones. La empresa pública ha perdido en la última década cerca de 3.000 millones (su mejor resultado fue en 2024, cuando perdió 100 millones). Con unos 19.500 millones de deuda, dada su naturaleza legal “no puede declararse insolvente”, como explica en su última presentación ante los inversores. En ella presume de inversiones “récord” en 2024 cercanas a los 2.500 millones.

En 2019 (justo antes de la liberalización), Adif AV tenía previstos 24.421 millones en obras pendientes de ejecutar, según recoge un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF) de 2020 que advertía de “una completa desconexión entre la planificación estratégica, los recursos disponibles y las previsiones económicas” en el diseño de los planes de transporte en España.

La AiReF propuso entonces “crear un organismo independiente encargado de la evaluación de proyectos de infraestructura con las capacidades técnicas y económicas suficientes para ejercer un control efectivo y ofrecer las evidencias necesarias para el proceso de toma de decisiones, también a nivel autonómico y local”.

Las energías eólica y solar generaron por primera vez en el año 2025 más electricidad que los combustibles fósiles en la UE, según el informe anual de referencia ‘European Electricity Review’, del think tank británico Ember, que ofrece un panorama completo del sistema eléctrico en Europa en 2025. 

Según el informe, eólica y solar en conjunto alcanzaron un récord del 30,1% de la generación de electricidad en la UE. Lo hicieron gracias al incremento de la producción solar, que repuntó un 20% (fue la fuente que más creció) respecto al año anterior, hasta 369 teravatios hora (TWh), el 13% del total del mix eléctrico europeo.

En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución en los últimos 35 años, que muestra cómo el peso de los combustibles fósiles se ha desplomado en diez puntos porcentuales en la última década, mientras se disparan la fotovoltaica y la energía procedente del viento.

El estudio de Ember, que va por su décima edición, analiza los datos de generación y demanda de electricidad del curso pasado en todos los países de la UE y muestra los avances en la transición de los combustibles fósiles a la electricidad limpia. Según este think tank con sede en Londres (Reino Unido), eólica y solar generaron más electricidad que todas las fuentes fósiles en 14 de los 27 países de la UE en 2025. Esto apunta a un cambio estructural que se refleja también en la evolución de los últimos años. 

Solo en los últimos cinco años, estas fuentes de energía limpia han experimentado un crecimiento masivo en la UE, al pasar de aportar el 20% en 2020 al citado 30% en 2025. Por su parte, los combustibles fósiles han caído del 37% al 29% en el mismo período.

La cuota de eólica y solar fue en 2025 un punto superior a la de los combustibles fósiles, que representaron el 29% de la electricidad generada en la UE, con el carbón marcando un nuevo mínimo histórico del 9,2%. Más del 74% de la generación con esta fuente (la más contaminante) se concentra en dos países, Alemania y Polonia, que redujeron su producción eléctrica con ella un 3,2% y un 6,6%, respectivamente.

En conjunto, las renovables (solar, eólica, hidroeléctrica…) aportaron en la UE en 2025 un 47,7% de la electricidad, con una caída de dos décimas respecto a 2024, fundamentalmente por la menor aportación del agua (-12%). La nuclear fue la primera fuente individual. Aportó un 23,4% del total e incrementó su producción un 3%.

La generación con gas aumentó un 8%, hasta 466 TWh, y su peso en la tarta de generación subió hasta el 15,7%, principalmente debido a esa menor producción hidroeléctrica. Sin embargo, Ember destaca que esta fuente sigue en un declive a largo plazo en la UE. En 2025 su producción fue un 18% inferior al máximo de 569 TWh de 2019. 

El mayor uso del gas, impulsado por países como España (en este caso, como consecuencia de la denominada operación reforzada que aplica el operador del sistema, Red Eléctrica, tras el histórico apagón del pasado 28 de abril), elevó la factura de importación de este combustible del sector eléctrico en la UE hasta los 32.000 millones de euros en 2025, un 16% más.

Se trata del primer incremento anual desde la crisis energética de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania. Las horas con mayor uso de gas provocaron picos en los precios de la electricidad, con un aumento medio del 11% en esos períodos respecto a 2024.

Récord solar en España

En España, eólica y solar alcanzaron juntas el 42% de la generación de electricidad en 2025, con una cuota récord del 22% para la solar. España fue uno de los cinco países de la UE en los que esta fuente aportó más del 20% de la electricidad junto con Hungría, Chipre, Grecia y Países Bajos.

El informe destaca que si bien la capacidad de baterías actual en España es baja en relación con la potencia instalada de energía eólica y solar, la cartera de proyectos alcanzó niveles récord en 2025. A escala europea, casi la mitad de las baterías de la UE siguen concentradas en Italia (con 1,9 GW, cerca del 20% del total de la región) y, en menos medida, en Alemania, aunque se iniciaron obras o se anunciaron proyectos en la mayoría de los países comunitarios.

En el año del apagón ibérico, la generación de electricidad con gas aumentó en España un 19%, aunque se mantuvo un 28% por debajo del récord de 2022. El informe prevé que este aumento tras el apagón sea temporal, tras los cambios normativos aprobados recientemente, después de años de inacción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para aprobar un servicio de control de tensión que permita participar a las renovables, como ocurre en Portugal desde hace años. “Muchos de los servicios de red proporcionados por el gas en el sistema eléctrico español pueden ser igualmente proporcionados por alternativas limpias”, destaca el informe de Ember.

El think tank considera que “en 2025, la UE dio un enorme paso hacia un sistema energético limpio gracias a la eólica y la solar”. Pero advierte de que esos avances no impidieron “los riesgos de chantaje energético por parte de los exportadores de combustibles fósiles”.

“Invertir en renovables autóctonas es una estrategia clave para reducir ese riesgo, mientras la geopolítica sigue desestabilizándose”, dice el informe. El mensaje está en línea con una reciente carta de ex militares y expertos europeos que pedían que las renovables computen como gasto en defensa, una petición que ha respaldado públicamente la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

La UE alcanzó en diciembre de 2025 un acuerdo político para prohibir las importaciones de gas ruso en diciembre de 2027. Ember advierte de que Europa ahora tiene una mayor dependencia del gas natural licuado (GNL) de Estados Unidos, cuyo presidente, de Donald Trump, cargó este miércoles en la cumbre de Davos (Suiza) contra una Europa que en opinión del actual inquilino de la Casa Blanca “no va en la buena dirección”.

Trump, que lanzó un ultimátum a los aliados europeos de la OTAN en su empeño de anexionarse Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, cargó contra las políticas migratorias europeas, pero también energéticas, centradas en lo que calificó del “timo del cambio climático”. “Nosotros hemos quitado molinos de viento y hemos abierto plantas de energía”, dijo el estadounidense, en relación con la reapertura de minas de carbón así como de su política extractiva masiva.

El informe de Ember subraya que “la fuerte dependencia de un único suministrador amenaza la seguridad de la UE y debilita su poder de negociación en las negociaciones geopolíticas y las disputas comerciales”.

Según este think tank, “la expansión de las baterías, la mejora de la red y el aumento de la flexibilidad de la demanda pueden desbloquear mayores cuotas de energía solar y eólica en la combinación energética. Esto no solo mejorará la seguridad, sino que también es crucial para garantizar precios predecibles y estables” en la UE.

El presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, ha cumplido este martes un año en el cargo mientras proliferan dudas en el seno del Gobierno sobre la fusión de la cotizada con su empresa de armamento, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). La buena noticia para Escribano es que celebra este aniversario con multimillonarias plusvalías latentes por su inversión en esta compañía del Ibex, cuyo mayor accionista (28%) es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Escribano llegó a la presidencia del grupo el mismo día en que Donald Trump consumaba su regreso a la Casa Blanca. Sustituyó a Marc Murtra tras la marcha de este a Telefónica, también participada por SEPI. Su nombramiento como primer ejecutivo de Indra llegó semanas después de que EM&E elevase en diciembre de 2024 su participación del 8% al 14,3%, convirtiéndose en su primer accionista privado.

Mientras el primer año de Murtra en Telefónica se ha saldado con una caída del 12% en la cotización de la 'teleco', en un ejercicio marcado por el expediente de regulación de empleo (ERE) para más de 4.500 empleados, Indra se ha disparado en el último año en Bolsa un 206%. En otras palabras, sus títulos han pasado de cotizar a 18,1 euros a los 55,45 euros de este martes.

La compañía se ha visto impulsada por el auge del sector de la defensa en toda Europa y la pretensión del Gobierno de convertirla en un gran campeón nacional de este negocio, ante la amenaza rusa y la creciente inestabilidad geopolítica, con un Trump ahora empeñado en anexionarse Groenlandia, territorio perteneciente a la UE.

La mala noticia para el primer ejecutivo de Indra y su hermano Javier Escribano, copropietario de EM&E y también consejero de la cotizada, son las dudas que plantea ahora en el Ejecutivo de Pedro Sánchez la fusión, según han publicado varios medios, ante el evidente conflicto de interés del máximo ejecutivo de Indra y la valoración que se quiere otorgar a su empresa.

Esa valoración se ha cifrado en una amplia horquilla entre 1.000 y 2.000 millones, aunque esta cuestión no se podrá dilucidar hasta que las dos compañías aprueben sus cuentas del ejercicio 2025. 

El pasado lunes, El Confidencial publicó que a las reticencias de varios consejeros independientes y accionistas de la multinacional tecnológica y de defensa sobre la fusión se suman ahora las reservas del Ejecutivo, que este habría comunicado sus reservas a la SEPI a través de Manuel de la Rocha, mano derecha del presidente del Gobierno para asuntos económicos y uno de los impulsores iniciales de la fusión.

Fuentes conocedoras del proceso explican que la fusión sigue adelante, pese a los “flecos” pendientes. Según publicaba este martes Cinco Días, desde el Gobierno ven ahora “más lejana” esta operación, por ese conflicto de intereses que existe desde el momento en que se puso sobre la mesa la compra de EM&E. 

Ni la SEPI ni Indra comentan este asunto. Fuentes empresariales aseguran que la operación de Indra y EM&E ha sido uno de los asuntos tratados en el encuentro que tenían previsto mantener el pasado lunes el presidente del Gobierno y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y que se aplazó por la tragedia ferroviaria del pasado domingo.

El PP no ha criticado hasta ahora la operación de Escribano, que se ha dejado en manos del consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, bien relacionado con los populares. El principal partido de la oposición sí ha puesto en tela de juicio el reparto a dedo de los multimillonarios programas especiales de modernización (PEM) que el Ministerio de Defensa adjudicó a finales de 2025, con Indra y EM&E como principales beneficiarias, y que la estadounidense General Dynamics (dueña de Santa Bárbara Sistemas) ha recurrido ante la justicia.

La posible fusión de Indra y EM&E trascendió por primera vez en abril del año pasado. Hasta hace unos meses ambos hermanos confiaban en tenerla atada antes de 2026. El retraso, por ahora, es pequeño comparado con operaciones como la entrada de Indra en la vasca ITP, que tardó dos años en materializarse.

La cotizada, una histórica del Ibex 35, prevé cerrar el año 2025 con ingresos superiores a los 5.200 millones. Mientras, Escribano ha pasado de ser una pyme en 2018 a manejar una previsión de facturación de 500 millones para el ejercicio que acaba de cerrarse, tras un crecimiento meteórico al calor de numerosos contratos sin competencia, fórmula habitual en el sector de defensa.

La compra de EM&E tiene gran sentido industrial para Indra, que obtendría las capacidades en el campo de los vehículos militares terrestres y torretas de las que carece frente a su principal competidor nacional, Santa Bárbara. En los últimos años, Indra ha sumado más de 1.000 millones en compras en el sector aeroespacial y de defensa, si se incluye la reciente adquisición de Hispasat, otra compañía de la órbita de la SEPI (pertenecía a Redeia, dueña de Red Eléctrica) que Indra ha integrado en una nueva división aeroespacial. El nuevo máximo responsable de esa división es el histórico del sector Miguel Ángel Panduro, hasta hace unas semanas consejero delegado de Hispasat y fichado hace años por los Escribano como consejero de EM&E.

Operación “coherente”

El pasado de 10 de diciembre, el consejo de administración de Indra consideró que la absorción de EM&E es “coherente” con la estrategia del grupo, tras analizar las aportaciones y conclusiones de los asesores externos Renaissance Strategic Advisors y Oliver Wyman y de la Comisión Ad Hoc que el consejo de Indra creó el pasado verano para analizar la fusión. 

Ese juicio favorable a la fusión, que “no supone ni anticipa la aprobación de ninguna operación”, como recalcó entonces Indra, se aprobó en una sesión en la que se ausentaron por su conflicto de interés los dos hermanos, y con el voto favorable del resto de consejeros. También el de Jokin Aperribay, consejero delegado de la vasca SAPA, dueña de casi un 8% de Indra (ligeramente por encima del 7,24% del fondo Amber Capital, del presidente de Prisa, Joseph Orghoulian) y que es reticente a la operación de EM&E. 

El pasado 20 de noviembre, el presidente de EM&E, Javier Escribano, ya admitió que la fusión no se materializaría hasta este año y aseguró que su empresa tiene “mucho recorrido” en solitario. El hermano del presidente de Indra afirmó que, si la operación finalmente no sale adelante, “nos quedamos como estamos”. Si se materializa “podemos crear una compañía capaz de competir con Leonardo en cinco años”, afirmó Escribano, que aseguró que no vendería su empresa ni aunque le ofrecieran “miles de millones”.

Por lo pronto, los dos hermanos atesoran multimillonarias plusvalías latentes en su inversión en Indra. Sobre el papel, son mucho más ricos que hace un año. Empezaron a comprar acciones en 2023 con un 3% que luego fueron ampliando hasta el actual 14,3%. Y su inversión (de unos 366 millones de euros) vale ahora cerca de 1.700 millones, gracias al subidón bursátil de Indra, cuya cotización ha cedido esta semana más de un 4% en un contexto de nerviosismo en los mercados por el temor a otra escalada arancelaria por las ocurrencias de Trump, y tras publicarse esas informaciones sobre los recelos del Gobierno a la operación con EM&E.

Tras batir nuevos máximos históricos, la capitalización de Indra ha llegado a superar este enero los 10.000 millones, superando a empresas como Acciona, otra histórica del Ibex cuyo presidente, José Manuel Entrecanales, estará este miércoles en el encuentro en el Foro de Davos (Suiza) de los ministros de Economía, Carlos Cuerpo, y Transformación Digital, Óscar López, con ejecutivos como el citado Murtra, Ana Botín (Santander), Carlos Torres (BBVA), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Josu Jon Imaz (Repsol) o José Manuel Entrecanales (Acciona). No está prevista la asistencia de Escribano, con un perfil público y un verbo directo en las antípodas del ejecutivo medio del selectivo.

El tramo de la red de alta velocidad en el que se produjo la tragedia ferroviaria del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), el tercer accidente más grave en España desde la década de los setenta, cuyas causas se están investigando, fue renovado el año pasado con una inversión total que ascendió a 48,58 millones, tras una modificación del contrato original adjudicado en 2022 que fue autorizada hace menos de un año, en marzo de 2025.

Los trabajos se realizaron en el marco de los trabajos de ejecución de las obras correspondientes al proyecto de construcción de mejora integral de la infraestructura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el tramo comprendido entre Guadalmez (en la provincia Ciudad Real, en las primeras estribaciones de Sierra Morena) y Córdoba, de 80,7 kilómetros de longitud. Las obras fueron adjudicadas en marzo de 2022. Entonces la ministra de Transportes era Raquel Sánchez, la antecesora del actual titular de esa cartera, Óscar Puente. 

La adjudicataria del contrato fue una unión temporal de Empresas (UTE) integrada por cuatro firmas, entre las que están tres de las mayores constructoras españolas: Ferrovial Construcción, OHL (a través de su filial Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania), Contratas y Ventas (de FCC) y Azvi. 

Esta última ha sido señalada en los últimos años por el comisionista Víctor de Aldama por supuestos amaños en la adjudicación de obras y por una supuesta vinculación con el denominado caso ‘Koldo’, el escándalo de corrupción del ex asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en prisión provisional desde noviembre. Sin embargo, Azvi no aparece entre las constructoras que citaba la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el informe que el verano pasado propició la caída del anterior secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Esa unión de empresas, bautizada como UTE Guadalmez Córdoba, presentó la segunda oferta más barata en el procedimiento, que se licitó por el procedimiento abierto y en el que la valoración económica tenía un peso del 51% en la puntuación final, mientras que los aspectos técnico-cualitativos suponían el restante 49%. La UTE de Ferrovial, OHL, FCC y Azvi se impuso a las propuestas presentadas por otras UTE formadas por empresas como Sacyr, Comsa-Acciona o ASCH, tras ser valorada como la mejor oferta técnica de todas las presentadas.

“El objetivo de estas obras es seguir garantizando los altos estándares de fiabilidad y confort que presta la línea desde su puesta en servicio”, explicó Adif en un comunicado en abril de 2022, tras la adjudicación de las obras, que contemplaban actuaciones para mejorar y acondicionar la infraestructura de la línea. En concreto, se optimizaron sus estructuras, túneles y explanaciones (desmontes y terraplenes), y su sistema de drenaje. También se acometieron otras actuaciones complementarias, como la instalación o sustitución de cerramientos, y la reposición de algunos caminos de servicio.

“Compleja orografía”

En el caso del tramo entre Guadalmez y Córdoba, “sortea una compleja orografía, ya que atraviesa toda Sierra Morena, con lo que su trazado incluye un total de 44 estructuras (marcos, viaductos, puentes y muros, entre otros) y once túneles”, destacó entonces Adif.

El contrato tenía un presupuesto de licitación sin IVA de 50.620.884,01 euros y se adjudicó por 43.382.101 euros, aunque en marzo pasado Adif Alta Velocidad autorizó una modificación de 5.201.642,25 euros, lo que llevó el importe total hasta 48.583.743,25 euros, más IVA.

Las actuaciones contemplaban “llevar a cabo una puesta a punto” de una infraestructura “con un alto grado de tráfico de viajeros, que lleva más de 25 años en funcionamiento (desde 1992) y que, aunque cuenta con actuaciones periódicas y puntuales de mantenimiento, requiere de una serie de mejoras de más alcance que permitan prolongar la vida útil de un importante eje vertebrador de más alcance” para prolongar la vida útil de “un importante eje vertebrador en las comunicaciones de las regiones de Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía”, se lee en la documentación de la licitación. 

Esta actuación formó parte de las inversiones de 700 millones que citó el pasado domingo el ministro de Transportes para la renovación de esta línea de AVE, la primera que se abrió en España, y que Adif dio por culminadas hace menos de un año. Tanto Puente como Carlos Bertomeu, presidente de Iryo, la empresa propietaria de uno de los dos trenes siniestrados, han destacado lo “extraño” del accidente, con un tren prácticamente nuevo, en una recta y sin exceso de velocidad. El tren, modelo Frecciarossa (ETR 1000), salió de la factoría en 2022 y había pasado su última revisión cuatro días antes del brutal siniestro, el jueves 15 de enero, por parte de fabricante Hitachi Rail en talleres de Madrid.

Este lunes, el Ministerio de Transportes cree que el “primer indicio técnico” del gravísimo accidente ferroviario de este domingo en Adamuz (Córdoba) “apunta a una rotura o alteración del carril, pero aún debe determinarse si esa rotura es causa o consecuencia del descarrilamiento. Esa relación causal no está establecida y requerirá tiempo”.

Fuentes del ministerio de Óscar Puentes explican que “la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios está en fase de recopilación de datos y cualquier hipótesis sobre soldaduras u otros defectos exige análisis de laboratorio”.

“Por ello, avanzar ahora una tesis definitiva sería especulativo y la versión publicada sobre un supuesto error de soldadura no forma parte, por el momento, de la investigación confirmada. Es inviable atribuir concluyentemente el siniestro a una soldadura en esta fase”.

El siniestro se ha saldado por ahora con un balance provisional de 40 muertos y 152 heridos en el accidente de tren.En las últimas horas, ya ha habido diferentes llamamientos a la prudencia a la hora de concluir qué ha sucedido. Por ejemplo, Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha pedido “cautela” este lunes ante las informaciones que están vinculando su petición de reducir la velocidad en esta línea y otras de alta velocidad por las vibraciones en las vías. “No sabemos las causas del accidente, de momento es especular”, dicen en el sindicato, que piden “no ser frívolos”

Además de la investigación que se está llevando a cabo por parte de la Guardia Civil, el accidente ya está siendo analizado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un organismo independiente, aunque formalmente cuelga del Ministerio de Transportes.

Esta comisión ya ha puesto en marcha la investigación, que implica, según detalla, a un tren de la empresa Ilsa (Iryo) y a otro de Renfe Viajeros (Alvia).

El Ministerio de Transportes cree que el “primer indicio técnico” del gravísimo accidente ferroviario de este domingo en Adamuz (Córdoba) “apunta a una rotura o alteración del carril, pero aún debe determinarse si esa rotura es causa o consecuencia del descarrilamiento. Esa relación causal no está establecida y requerirá tiempo”.

Fuentes del Ministerio encabezado por Óscar Puente explican que “la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios está en fase de recopilación de datos y cualquier hipótesis sobre soldaduras u otros defectos exige análisis de laboratorio”. “Por ello, avanzar ahora una tesis definitiva sería especulativo y la versión publicada sobre un supuesto error de soldadura no forma parte, por el momento, de la investigación confirmada. Es inviable atribuir concluyentemente el siniestro a una soldadura en esta fase”, aseguran las citadas fuentes. El siniestro se ha saldado, hasta el momento, con un balance provisional de 40 muertos y 152 heridos en el accidente.

Transportes ha hecho público un breve comunicado después de negar esta tarde que se estuviera investigando la rotura de la vía como causa del accidente. Un portavoz del Ministerio aseguró que la vía se rompió después del choque.

Varias roturas en 200 o 300 metros de vía

Minutos antes de que el Ministerio confirmara esa “rotura” o “alteración” de la vía, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado en una entrevista en 'La Sexta' que la rotura del carril de la vía en la que tuvo lugar el accidente no se limita solo a un trozo, sino que hay muchas más roturas a lo largo de 200 o 300 metros de infraestructura.

Puente ha desglosado que la imagen de la Guardia Civil que ha trascendido es solo la primera de una serie de roturas de vía y que no se sabe aún si es una causa o una consecuencia del accidente. Respecto a la tesis de que el motivo podría ser un fallo en la soldadura del carril, el ministro ha asegurado que atribuir al accidente ese posible problema es actualmente “inviable”. Al mismo tiempo, Puente ha descartado que el exceso de velocidad o los fallos humanos estén detrás de las causas, al tiempo que ha reiterado que el tren de Iryo era nuevo y había sido recientemente revisado.

El ministro ha defendido que el transporte ferroviario es seguro, recordando que se trata del primer gran accidente de la alta velocidad, excluyendo el de Angrois en Galicia, aunque esa línea no era de alta velocidad. También ha detallado que, en los 20 minutos anteriores al accidente de Córdoba, hasta otros tres trenes pasaron por ese tramo de vía y no se reportó ninguna incidencia. “Si el Alvia hubiera pasado veinte segundos antes o un minuto después, no estaríamos hablando probablemente ni siquiera de fallecidos, hablaríamos exclusivamente de heridos”, ha asegurado Puente.

Las conclusiones de las primeras investigaciones

Tras las declaraciones de Puente, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha publicado sus primeras conclusiones. Señala el “descarrilamiento de los tres últimos coches de la composición del tren de alta velocidad Iryo 6189 Málaga - Madrid”. “Los coches descarrilados se desplazaron lateralmente invadiendo el gálibo de la vía 2, por la que en ese momento llegaba, en sentido opuesto, el tren Renfe Alvia 2384 Madrid - Huelva”.

“Ambos trenes circulaban en ese momento con velocidades del orden de 200 km/h (la cifra exacta está pendiente de confirmación), produciéndose un choque de gran violencia entre los coches descarrilados de la cola del tren Iryo y la cabeza del tren Alvia”, indica la Comisión. “A consecuencia de la colisión los dos primeros coches del tren Alvia cayeron por un terraplén lateral de cuatro metros de altura”.

En las horas posteriores al accidente “el equipo de la CIAF inspeccionó el punto donde se inició el descarrilamiento, la infraestructura de carriles, traviesas y plataforma en ese punto y los daños producidos”.

Y van a ser necesarias más actuaciones. “Tras las inspecciones sobre el terreno, la CIAF ha determinado que será necesario analizar en laboratorio los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento, así como inspeccionar en taller la rodadura del tren Iryo. También se van a extraer los datos de los registradores jurídicos embarcados de ambos trenes. La CIAF ha mantenido una reunión con la policía judicial, criminalística de la Guardia Civil, la jueza de guardia, Adif, Adif AV [Alta Velocidad], Renfe e Iryo, para coordinar la extracción y custodia de estos elementos, que se llevará a cabo en las próximas 48 horas. El material será trasladado provisionalmente a dependencias adscritas a la CIAF en Madrid, de cara a ser trasladadas en breve a un laboratorio competente”.

Además, la Comisión indica que “ha solicitado a Adif información sobre los registros de circulaciones por Adamuz en los dos días anteriores al suceso”. También se van a realizar inspecciones en la rodadura de otros trenes que circularon anteriormente por ese punto, tarea para la que se van a movilizar, en las próximas 24 horas, otros dos investigadores de la CIAF en Madrid.

La Comisión también apunta a que todas las hipótesis siguen abiertas. La CIAF “está, en este momento, en fase de recogida de información in situ y recopilación de documentación y datos de los distintos registros. En las siguientes fases de la investigación se prevé realizar análisis de laboratorio sobre el material y en función de cómo avance la investigación se realizarán otras actuaciones según sea necesario (como pueden ser entrevistas, inspecciones sobre otras instalaciones o material rodante, etc.). Por el momento, al estar en una fase inicial, todas las hipótesis con respecto a las posibles causas del suceso están abiertas”.

Además, recalca que tiene, en principio, un plazo de un año para publicar el informe final de la investigación.

De momento es pronto para saber cuándo va a recuperarse la circulación por la vía afectada. Óscar Puente ha apuntado al 2 de febrero como la posible fecha a partir de la cual se podrá circular con normalidad en los trenes que unen Madrid y Andalucía. Hasta ese momento, Adif espera poder recuperar, al menos, una de las vías, por la cual pasarían los trenes a muy baja velocidad, mientras se recupera y libera la otra.

La tragedia más grave de la historia de la alta velocidad en España, el accidente de este domingo en Adamuz (Córdoba), con un balance provisional de 39 muertos y 152 heridos, tiene como protagonista a Iryo. Esta empresa de capital mayoritariamente italiano es la segunda operadora por volumen de trenes, frecuencias y viajeros de alta velocidad en España, por detrás de la estatal Renfe, antiguo monopolio del sector. Ha experimentado un gran crecimiento desde la liberalización de este negocio en 2020, aunque hasta ahora no ha logrado la rentabilidad, como es habitual en una empresa en sus primeros años de andadura.

Iryo ha asegurado este lunes que la última revisión del tren siniestrado, que impactó con un tren Alvia (de Renfe) que viajaba en sentido contrario a unos 200 kilómetros por hora, cuando descarrilaron sus tres últimos vagones e invadieron la vía contigua, se produjo hace apenas cuatro días.

“A las 19.45 horas, y por causas que aún se desconocen, el tren invadió la vía contigua. Tal y como indicó el ministro de Transportes ayer, se trata de un accidente producido en un tramo recto de la vía y el tren que circulaba es de nueva construcción, fabricado en 2022 y cuya última revisión se realizó el pasado 15 de enero. En estos momentos, la prioridad absoluta de iryo son las personas afectadas”, ha señalado la operadora en un comunicado, en el que traslada las condolencias a las víctimas y también a Renfe.

El mayor accionista de Iryo es la operadora pública Trenitalia (52%), equivalente transalpino de Renfe. Ferrovie dello Estato tomó el control mayoritario de la firma tras adquirir un 6% adicional a finales de 2024. Los otros accionistas son la aerolínea valenciana Air Nostrum (25%) y la concesionaria de autopistas Globalvía (de tres grandes fondos de pensión internacionales), que tiene el restante 24%.

El presidente de Iryo es el fundador de Air Nostrum, Carlos Bertomeu, que no ha querido este lunes aventurar cualquier hipótesis sobre las causas del descarrilamiento y ha subrayado que el ferroviario es “un sector muy regulado”, por lo que habrá que esperar a las conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

“Es un sector regulado y está absolutamente regulado el protocolo. Mientras la comisión no se pronuncie, no nos debemos pronunciar. No tengo criterio para hacerlo y, además, es un sector regulado y gracias a Dios, porque son sectores absolutamente seguros”, ha insistido el presidente de Iryo, que en una comparecencia ante los medios, ha expresado la “profunda tristeza” de la compañía y ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas, así como deseos de pronta recuperación a los heridos, algunos de ellos graves. “En 32 años en el transporte nunca he tenido un accidente con víctimas. Es horrible, es un drama”, ha afirmado.

El presidente de Iryo ha explicado que la empresa se ha puesto “a disposición de las autoridades” desde el primer momento y ha recordado que el protocolo está “absolutamente regulado”. “Mientras la comisión no se pronuncie, no nos debemos pronunciar”, ha insistido, recalcando que no tiene “ni el conocimiento ni la potestad” para hacerlo antes de que concluya la investigación oficial sobre un “accidente extraño”, al producirse en una recta, a una velocidad moderada y no en un tramo de velocidad punta, informa Juan Velasco.

Iryo opera con veinte trenes ETR 1000 que realizan 65 conexiones diarias entre once ciudades y, desde el comienzo de sus operaciones en noviembre de 2022, ha superado los 17,5 millones de pasajeros. Su nombre surge de la combinación de las palabras 'ir' y 'yo', y, durante sus tres primeros años de operación, la empresa mantuvo un historial de seguridad sin incidentes graves hasta este domingo.

La compañía cuenta con una flota de 20 trenes ETR 1000 (Frecciarossa 1000), fabricados por Hitachi y Alstom, capaces de alcanzar velocidades de hasta 360 km/h. Su presidente ha detallado que el tren siniestrado, de alta velocidad y “ultimísima tecnología”, no ha llegado a tres años de antigüedad, ha sido adquirido nuevo y ha cumplido íntegramente su plan de mantenimiento, con una revisión realizada muy recientemente. El presunto descarrilamiento, ha añadido, se ha producido además en el vagón ocho y no en cabeza del convoy.

Iryo inició sus operaciones comerciales en noviembre de 2022 con un trayecto entre Madrid y Valencia. Tiene en la actualidad una cuota de mercado que oscila entre un 23% y un 28%, dependiendo de la línea. Conecta once destinos entre sí: Madrid, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Cuenca, Valencia, Alicante, Albacete, Córdoba, Sevilla y Málaga. Las rutas más demandadas son Madrid-Barcelona y Barcelona-Sevilla.

Iryo fue el segundo operador privado que desembarcó en este sector, por detrás de la francesa Ouigo, del operador estatal SNCF. En el pasado, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cargado contra la política de precios de estos dos operadores de AVE Low cost, respaldados por sus respectivos Estados, por su política de tirar los precios, “arrastrando a Renfe en esos malos resultados”, aunque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha destacado el efecto beneficioso para los consumidores.

La compañía ha registrado unas pérdidas de más de 155 millones de euros en sus tres primeros ejercicios (entre 2022 y 2024) y sus previsiones pasan por abandonar los números rojos el próximo ejercicio. En su primer año completo de operación en España, 2023, Iryo perdió 79 millones, en un ejercicio en el que, en conjunto, los operadores de alta velocidad en España alcanzaron unos números rojos de casi 190 millones, en un contexto de incremento constante del número de viajeros en la alta velocidad e incidencias disparadas en la red.

40 millones de euros de dinero público en préstamos, ayudas e inversiones, una empresa de corridas de toros de la que no tiene “ni idea” y aval de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su único activo en marcha, que usa como gancho entre inversores. 

Es la carta de presentación del fondo de inversión español Langur, de cuya junta directiva es miembro Germán Alcayde, ex jefe de gabinete del expresidente del Gobierno José María Aznar, excompañero de Ayuso y Pablo Casado en las juventudes del PP madrileño y ahora, en la nueva gestora del PP valenciano.

En 2020, elDiario.es contó la incursión en el emergente e incierto negocio del hidrógeno verde de una empresa de ese fondo, HVR Energy (Hidrógeno Verde Renovable), a la que Alcayde lleva vinculado desde su creación ese año, y que se ha adjudicado ayudas millonarias.

Entonces Alcayde se definía como “humilde consejero” de HVR: “Les ayudo en la parte más institucional y política”, decía. Según el Registro Mercantil, fue su consejero delegado de mayo de 2024 a febrero de 2025. Tras ese periodo de “transición” como CEO por un cambio accionarial, dice al teléfono, ahora es “consejero ejecutivo” de HVR, que acaba de mover su domicilio social de Madrid a un chalé en Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Especializada en estaciones de repostaje de hidrógeno (hidrolineras) para movilidad sostenible, la empresa ofrece “soluciones listas para operar que reducen drásticamente los costes y facilitan la adopción del hidrógeno renovable en todo tipo de flotas” y “está construyendo corredores estratégicos de hidrógeno que conectarán los principales ejes logísticos del país, permitiendo el movimiento de vehículos de largo recorrido y asegurando suministro continuo y fiable”.

Con “uno de los planes más ambiciosos de infraestructura de hidrógeno en Europa”, tener 75 hidrolineras operativas en España antes de 2030, prevé “al menos 55” hasta 2028. Para ello, explica HVR, “ya ha movilizado más de 6 millones” de inversión privada y “supera los 33 millones” entre “financiación y deuda pública”.

Desde su creación, ha captado unos 12,5 millones en subvenciones. La mayor parte, de Europa: dos ayudas del programa Connecting Europe Facility (CEF, por sus siglas en inglés), de 4,2 y 7,65 millones, “destinadas a impulsar el despliegue de su red de hidrolineras en España, en el marco de la Red Transeuropea de Transportes (TEN-T)”, explica por correo electrónico la empresa. “Solo dan el 30% de la inversión y el resto lo tienes que poner a pulmón”, matiza Alcayde, que subraya que esas ayudas se adjudican en concurrencia competitiva.

En España, explica HVR, “las subvenciones recibidas alcanzan los 712.796,19 euros, lo que representa el 38% de los costes subvencionables”, de 1,8 millones, a través de un programa del Plan de Recuperación gestionado por el Ministerio de Transporte.

“Plataforma de demostración”

A esto se suman 20 millones de financiación pública del Instituto de Crédito Oficial (ICO), según la publicidad de la última emisión de bonos de HVR en la plataforma europea de financiación Enerfip, cerrada en diciembre a un tipo de interés del 12%. En esa web se explica que HVR “actualmente opera un proyecto de producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno verde en Coslada (España). Esta primera instalación sirve como plataforma de demostración”. 

La única hidrolinera en marcha de HVR abastece a un autobús del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). La presentó Ayuso en marzo de 2023. “Tiene que ser la primera fase de un posterior despliegue a mayor escala”, recoge la nota de prensa que difundió la Comunidad de Madrid.

“Este proyecto pretende demostrar la viabilidad técnica, operativa y económica del uso del hidrógeno verde como combustible para el transporte”, dijo la presidenta en ese acto oficial, en el que afirmó: “Frente al autoritarismo que instrumentaliza el Medio Ambiente con impuestos y con prohibiciones, lo que hago es una defensa cerrada de la aspiración de prosperar en libertad y, por supuesto, siempre cuidando de nuestro patrimonio natural”.

El pasado martes, HVR anunció una alianza en Castilla y León apoyada por la Junta, otro feudo histórico del PP. Un acuerdo estratégico con H2Duero, de Redexis (de varios fondos de inversión, con un 80%) y la empresa pública Somacyl (20%) para iniciar la producción, compresión y carga de hidrógeno renovable en una planta en Garray (Soria) cuya construcción Somacyl adjudicó a Redexis en 2022 por 6,8 millones financiados con fondos de Desarrollo Regional de la UE.

El director general de Somacyl es José Manuel Jiménez Blázquez, alto cargo de la Junta que administró durante cinco años una empresa “inactiva”, según él, que ha obtenido 326.000 euros de beneficios.

H2Duero liderará la producción y operación de la infraestructura, incluyendo un electrolizador de 3 megavatios (MW). HVR Energy “aportará su red de hidrolineras y su modelo logístico de almacenamiento a alta presión, optimizando costes de inversión y operación, y acelerando la llegada del hidrógeno a las estaciones de repostaje. Además, pone a disposición del proyecto la demanda prevista en su plan de despliegue”.

El propietario de Langur y HVR es el financiero Luis Suárez-Olea, ex de Banco Popular, KPMG o Abengoa. HVR “más pronto que tarde” deberá ampliar capital para acometer las inversiones que necesita para desarrollarse en el hidrógeno, un negocio “a muy largo plazo”, subraya Alcayde. La empresa ha anunciado negociaciones con las firmas Arcano, Suma Capital, Dunas Capital, Aeex Capital, Buenavista Capital, Axon Partners y Q Energy. “Dos de ellas ya han enviado una LOI” [carta de intenciones].

El consejero ejecutivo de HVR, que inició su carrera política en Madrid, nació en Silla (Valencia) y forma parte de la gestora “transitoria” que el PP nacional creó el pasado 22 de diciembre para dirigir el partido en la Generalitat Valenciana tras dimitir Carlos Mazón. Presidida por su sucesor en el Consell, Juanfran Pérez Llorca, se reunió por primera vez el pasado jueves. Alcayde es nuevo responsable de “Sectores Productivos”.

Licenciado en Empresariales y Turismo, MBA del Instituto de Empresa con experiencia en multinacionales como BNP Paribas y Arval, Alcayde fue nombrado secretario general de Nuevas Generaciones del PP en la Comunidad de Madrid en 2008. En 2011, tras unos meses como diputado regional, Esperanza Aguirre le nombró director general de Formación, cargo que ocupó hasta que Aznar le fichó para sustituir a Pablo Casado como su jefe de gabinete.

En 2014, El País le definía como la “sombra” del expresidente, “guardián de su móvil y sus papeles”: “Sigue la tendencia de ayudantes de Aznar desde que lo fue el que hoy es su yerno, Alejandro Agag: joven, atildado y profundamente neoliberal”. Asesoró al expresidente hasta 2019, cuando le acompañó en una visita a Chile para presionar a favor del cigarrillo electrónico. 

Una fotografía suya de 2011 con Ayuso, Casado y Aguirre ilustraba un reportaje de ABC de 2022 sobre “la pandilla madrileña de Nuevas Generaciones” tras la traumática dimisión del líder del PP, al que Alcayde precedió como administrador único de Atlantic Basin. Esta mercantil ejerce la presidencia de Archery Capital, vinculada al fondo de defensa Hyperion, uno de los nombres de peso de este sector en auge, del exlíder del PP y Ricardo Gómez-Acebo, sobrino de la presidenta del Santander, Ana Botín.

“Me pidió ayuda y yo encantado de ayudar a mis amigos”, dice Alcayde, que en 2023 fue repescado por Aznar como director general de su deficitario centro de formación, el Instituto Atlántico de Gobierno, cuyos cursos dirige la exalcaldesa de Madrid Ana Botella. También dirige una consultora que calcula la huella de carbono (Absorbe CO2) domiciliada en València y que, subraya, es ajena al fondo Langur.

Según el Registro Mercantil, también administra una empresa de espectáculos taurinos, Granatauro Toros, que no presenta cuentas desde 2020, aunque amplió capital en marzo de 2022, cuando Alcayde fue nombrado consejero (“Ni idea”, asegura) junto a varios socios de Langur, entre ellos, el presidente del fondo, que también preside Granatauro Toros.

Esta mercantil pertenece a otra empresa de nombre similar, Granatauro SL, que se ha adjudicado numerosos contratos menores por decenas de miles de euros para organizar festejos taurinos. Su administrador único es un torero segoviano y ganadero, Emilio de Frutos.

Langur tiene un fondo especializado en fútbol. Suárez-Olea y Alcayde formaron parte de la junta directiva de un modesto equipo de la sierra de Madrid, el Club Unión Collado Villalba, recién desaparecido. Lo patrocinaba la energética cotizada Enerside, de la que el dueño de Langur fue accionista y que preside la exministra de Aznar Anna Birulés, fichada en pleno boom de ese sector.

En 2020 el ex mano derecha de Aznar afirmaba que “la energía renovable, hidrógeno verde, eficiencia, no solo está muy de moda, es hacia donde va todo”: “El Gobierno lo va a apoyar, tienes los fondos europeos, es medioambientalmente eficiente, tienes a las grandes utilities, y a Repsol, BP, Cepsa, todas, viendo cómo con el barril a 30 dólares es imposible ganar dinero”.

Hoy, con el petróleo a 64 dólares, y algunas grandes empresas cancelando inversiones en hidrógeno verde (que sin ayudas no es competitivo), HVR tiene ambiciosos planes para este vector energético, que quiere ser la solución para descarbonizar sectores como el transporte pesado. “El cambio climático ha venido para quedarse”, dice al teléfono Alcayde, que asegura que la Agenda 2030, con la que su partido ha reculado en sus pactos con la ultraderecha en Castilla y León o Comunitat Valenciana, “no tiene color político”.

Es el gran anuncio que Pedro Sánchez se reservó para su intervención en la jornada de clausura, este jueves, del Spain Investors Day, tradicional cita para mostrar a los inversores internacionales las bondades de la economía española. El presidente del Gobierno anunció la creación de un “gran fondo soberano” para movilizar 120.000 millones de euros como “legado de los fondos de recuperación” y que invertirá en nueve sectores clave.

Los detalles del nuevo fondo los presentarán el próximo lunes Sánchez y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que este viernes lo ha definido, en declaraciones a los medios, como un “ambicioso” instrumento “relevante para la economía española” que va a servir para “anticiparnos a la finalización de la llegada de los fondos en este 2026 y asegurar que va a haber una capacidad de continuar con esa modernización” del tejido productivo. Esto es lo que se sabe por ahora del nuevo fondo:

¿Qué dotación tendrá y de dónde vendrá el dinero?

El nuevo fondo, resultado de las negociaciones con Bruselas de la última adenda al Plan de Recuperación, lo gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente de Economía. Estará “dotado con una base de 10.500 millones de euros”, de los que “parte”, ha explicado Cuerpo este viernes, procederá de los préstamos del Plan de Recuperación de la UE. El ministro de Economía ha precisado que tendrá carácter permanente y no estará sujeto a un plazo concreto de ejecución, a diferencia de los Fondos Next Generation.

El objetivo, como anunció Sánchez, es “movilizar 120.000 millones de euros a través de deuda privada e inversores nacionales e internacionales”. Según ha explicado Cuerpo este viernes, con ese “mayor colchón de capital”, del que el ICO va a disfrutar de forma “estructural” y “permanente” (esto es, sin un plazo concreto de inversión), el organismo (lo más parecido que tiene España a un banco público) “va a ser capaz de manera directa de movilizar 60.000 millones” en forma de capacidad de apalancamiento de este organismo.

De forma indirecta, con la aportación del sector privado (bancos, mercados de capitales, fondos…), se podrá llegar hasta esos 120.000 millones. Se trata de una “estimación conservadora”, según Cuerpo. Los fondos privados podrán “coinvertir” con España Crece, con lo que “se abren muchas posibilidades”, ha explicado el ministro.

El fondo pretende cumplir con las recomendaciones del ex primer ministro italiano Mario Draghi, que en sus recetas para sacar a la UE del letargo e impulsar su competitividad incluyó la necesidad de movilizar hasta 800.000 millones. En el Gobierno creen que España está en condiciones de competir para movilizar esos recursos del sector privado de la mano de este nuevo fondo.

¿Qué importancia tiene esa dotación inicial?

La dotación pública, esos 10.500 millones, palidece en comparación con los recursos que manejan los grandes fondos soberanos. El de Noruega, el mayor del mundo, y que se nutrió en su momento con los ingresos del petróleo del país nórdico, tiene activos de cerca 2 billones de euros. El importe previsto se asemeja a la dotación que tenía el fondo de rescate para empresas que gestionaba la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda, y que el Ejecutivo creó en 2020, en lo peor de la pandemia, para ayudar a empresas en dificultades por la gran reclusión. Ese fondo, a pesar de ser parte de la respuesta europea Next Generation, se financió con fondos nacionales. Estaba dotado con 10.000 millones, aunque solo se utilizaron 2.681 millones, de los que ya se ha devuelto el 63,7%.

¿A qué sectores irá el dinero?

España Crece “coinvertirá con el sector privado”, según explicó Sánchez, mediante préstamos, avales o instrumentos de capital, “priorizando 9 sectores clave para mejorar la productividad de la economía: vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad”. Se trata de sectores “o industrias nacientes” que deben garantizar más crecimiento a largo plazo de la economía española “a través de una mayor innovación”, ha explicado este viernes Cuerpo, que ha citado por ejemplo el sector de la “vivienda industrializada”, una de las palancas que pueden permitir amortiguar la grave crisis habitacional que sufre España, en el que se ha convertido en el mayor problema de la ciudadanía, con precios disparados de alquiler y venta.

¿Cómo se decidirá dónde se invierte?

La gobernanza del fondo, que “ha sido validada” por Bruselas, indican fuentes gubernamentales, corresponderá al propio ICO, cuyo actual presidente es Manuel Ilueca. En concreto, del consejo general del ICO, en el que se sientan representantes de los ministerios de Economía, Hacienda y Vivienda y que cuenta con cuatro consejeros independientes. Estos vocales ajenos al Gobierno son el 36,3% del total pero, tal y como explica la entidad en su web, “su voto vale doble en la toma de decisiones más importantes”, con lo que “representan el 53,3% del total de votos posibles”.

¿Qué experiencias hay en otros países?

Hay numerosos fondos soberanos en otros países, muchas veces ligados al petróleo, como el ya citado de Noruega, el de Arabia Saudí o el del emirato de Abu Dhabi, que es propietario en España de empresas como Moeve (la antigua Cepsa). Estos vehículos han proliferado en los últimos años, en un proceso de vuelta a la estatalización de la economía tras años de dogma neoliberal, en especial tras el shock que supuso la pandemia y la ruptura de las cadenas de suministro global.

Países como China, Corea del Sur, Reino Unido, Australia, Singapur, Qatar (muy activo en España), Kuwait o Irlanda, entre muchos otros, disponen tienen fondos soberanos. Donald Trump anunció el año pasado que crearía uno, tras proponerlo Joe Biden en su campaña de 2024. Alemania también ha barajado esta idea.

Según Pedro Sánchez, “si los fondos NextGen fueron un ejercicio de soberanía europea, el Fondo España Crece será un ejercicio de soberanía nacional”. El objetivo es “extender el impulso reformista del Plan de Recuperación más allá de 2026”, prolongando la transformación energética, la transición digital, la apuesta por el capital humano y la reindustrializacion en todos los territorios.

Repsol aspira a que su producción de petróleo en Venezuela, hasta ahora marginal comparada con la de gas natural, dé un salto histórico con la promesa a Donald Trump del primer ejecutivo de la petrolera, Josu Jon Imaz, de “triplicar” la extracción de crudo en ese país.

En su reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense del pasado viernes junto a casi una veintena de representantes de petroleras, Imaz aseguró que Repsol está lista para invertir “con fuerza en Venezuela” si se dan las condiciones necesarias. “Hoy producimos 45.000 barriles diarios, en total, y estamos listos para triplicar esta cifra en los próximos tres años, invirtiendo con fuerza en el país”, dijo. 

Esos 45.000 barriles diarios, explican fuentes de Repsol, son su producción bruta a través de Petroquiriquire, su filial junto con PDVSA (la española tiene el 40% y la estatal venezolana, el 60%). Comprende exclusivamente el petróleo, gran obsesión del presidente estadounidense. El crudo venezolano, uno de los más pesados y ácidos del mercado mundial, es clave para la producción de asfalto y, sobre todo, gasóleo, e ideal para mezclarlo con el crudo ligero que produce EEUU.

En 2024, Repsol produjo en Venezuela unos 4 millones de barriles (ver gráfico). Triplicar esa cifra convertiría al país en el segundo donde más petróleo produce Repsol, por delante de Reino Unido (11 millones de barriles anuales) y solo por detrás de Estados Unidos (17 millones), siempre según los datos de 2024, último ejercicio completo disponible.

Ese año, la producción total de hidrocarburos de Repsol en Venezuela (incluyendo gas natural) fue de unos 24 millones de barriles equivalentes de petróleo (mbep) diarios. En la actualidad, el 85% de la producción de Repsol en Venezuela es gas. Unos 580 millones de pies cúbicos por día de producción bruta que equivalen a unos 100.000 barriles equivalentes de petróleo al día. Proceden del campo de gas offshore Perla, situado en el activo de Cardón IV, operado al 50% con la italiana ENI. 

Fuentes de Repsol destacan que este gas es esencial para garantizar la estabilidad en Venezuela, ya que alimenta las plantas de producción de electricidad del país. Cardón IV suministra más del 90% de la demanda del oeste de Venezuela y alrededor del 33% a nivel nacional. Es un elemento crítico del sistema de gas y la generación de energía, ya que no hay alternativa ni back-up para su producción allí.

En el primer semestre de 2025, la producción neta de hidrocarburos de Repsol en Venezuela alcanzó 70.500 barriles equivalentes de petróleo al día, un récord desde que en 2023 la petrolera empezó a desglosar este dato en sus informes semestrales de resultados, a medida que la situación en el país se deterioraba por la grave crisis del país y las sanciones de EEUU al régimen de Nicolás Maduro. La petrolera avanzó este miércoles que espera que su producción total de hidrocarburos en 2025 caiga un 4% respecto a 2024, hasta unos 548.000 barriles equivalentes de petróleo al día. El dato ha sido muy mal recibido en Bolsa este jueves. Tras la apertura, las acciones de la compañía se han desplomado cerca de un 7%.

En los últimos años Venezuela se ha convertido en un quebradero de cabeza para Repsol, que es la empresa española más expuesta en Venezuela. Ahora se le abre un nuevo escenario, tras el secuestro ilegal de Maduro por orden del presidente estadounidense, que ha puesto al petróleo en el centro de esta intervención militar.

Deudas impagadas

Presente en Venezuela desde 1993, Repsol mantenía a junio una exposición patrimonial allí de 330 millones de euros (504 millones a cierre de 2024), con deudas impagadas de PDVSA de 359 millones que venía cobrándose en especie. Tras varios ejercicios aumentando su producción en el país caribeño, en marzo del año pasado vio cómo Trump le suspendía el permiso para exportar crudo desde Venezuela, decisión que ahora espera que se revoque.

Venezuela, socio fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ha sido hasta ahora relevante para Repsol desde el punto de vista de la producción de hidrocarburos. Es el segundo país más importante para la española tras Estados Unidos (71 millones de barriles en 2024) y empatado con Trinidad y Tobago. Y, sobre todo, es clave desde el punto de vista de las reservas.

Venezuela posee las mayores reservas del mundo, un 17% del total (303.000 millones de barriles: más que Arabia Saudí), pero no produce ni un 1% (no llega al millón de barriles diarios, cuando hace cincuenta años superaba los 3,5 millones). El país necesita inversiones que se han cifrado en 100.000 millones de dólares para revitalizar su obsoleta industria petrolera, tras años de abandono, corrupción y sanciones, en un proceso en el que no se descarta que tenga que costear el contribuyente estadounidense. 

En Venezuela, Repsol tiene contabilizadas unas reservas “probadas” de 1.747 mbep, casi el 15% del total de la compañía y más que ningún otro país. A los precios actuales del crudo estarían valoradas en unos 13.000 millones de euros. 

La petrolera española vendió en 2023 por 4.800 millones de dólares el 25% de su negocio de Exploración y Producción a un fondo estadounidense, EIG, que luego dio entrada a inversores árabes, asiáticos e incluso alguno con vínculos rusos, la firma LetterOne, principal accionista de los supermercados Dia, creada por varios empresarios rusos, entre otros Mikhail Fridman y Petr Aven, que perdieron su control por las sanciones tras la invasión de Ucrania.

“Una Venezuela mejor”

En la reunión del viernes en la Casa Blanca, el primer ejecutivo de Exxon Mobil, la mayor petrolera de EEUU, advirtió a Trump de que Venezuela es un país “ininvertible”. El domingo, el presidente estadounidense aseguró que “probablemente” esta empresa se quedará fuera del negocio en Venezuela. “No me gustó su respuesta”, dijo.

Por su parte, Imaz dio al presidente estadounidense las “gracias por abrir la puerta a una Venezuela mejor” y se abstuvo de comentar el secuestro de Maduro o la agresión militar de EEUU. El pasado lunes, Pedro Sánchez expresó su “máximo respeto” al aplauso de Repsol a la intervención ilegal de Trump en Venezuela, que “obedece a criterios legítimos”, según el presidente español.

El expresidente del PNV afirmó en su reunión con Trump que en los últimos 15 años la compañía ha invertido 21.000 millones de dólares en operaciones petrolíferas y gasísticas en suelo estadounidense, en lugares como Texas, Pensilvania, Alaska o, según dijo literalmente Imaz, el “Golfo de América”, término que Trump y su Gobierno emplean para referirse al Golfo de México.

“Estamos en Venezuela, señor presidente, con nuestros socios de ENI, produciendo el gas que garantiza la estabilidad de la mitad del suministro eléctrico en Venezuela”, aseguró Imaz, que consideró las operaciones de Repsol como una muestra del compromiso de la petrolera con la “estabilidad” que propugna Trump. “Además, estamos presentes en el terreno. Tenemos personal, instalaciones y capacidades técnicas”, concluyó.

Carlos Malamud (Buenos Aires, 1951) es investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Atiende a elDiario.es por videoconferencia para comentar los escenarios que se abren para las empresas españolas en Venezuela tras la agresión ilegal de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro. 

En su opinión, la que debe tener “una preocupación mayor” es Repsol, la más expuesta a este país. “Habrá que ver” si “va a poder jugar algún papel” en la reconstrucción de la industria petrolera del país que Donald Trump ha reservado en principio a petroleras norteamericanas. El proceso, apunta, probablemente va a recaer en el contribuyente estadounidense. Avisa de “importantes repercusiones económicas” si se materializan las amenazas de Trump sobre Groenlandia.

¿Qué nos enseña la historia sobre intervenciones como ésta?

Que no siempre o casi nunca terminan bien. Quizás es la enseñanza más importante. Intentar condicionar un proceso desde otro país no siempre es bueno. Sobre todo cuando se intenta hacerlo, como en este caso, de forma teledirigida. Lo que Estados Unidos llama “transición” en Venezuela no está definido. En general, se habla de transición de una dictadura a la democracia. En este caso no sabemos a dónde se quiere transitar. Guiar una transición desde fuera es complicado, entre otras cosas porque la sintonía entre quien quiere guiarla y el Gobierno en quien se ha delegado la potestad para ello es bastante complicada.

¿Si la encargada de implementar esa transición es Delcy Rodríguez, qué podemos esperar? 

Es la cúpula del chavismo la que está a cargo del Gobierno en este momento. Los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, el ministro de Interior, Justicia y Paz, aunque sea un sarcasmo, Diosdado Cabello; el ministro de Defensa, el general [Vladimir] Padrino López, y el hijo de Nicolás Maduro, Nicolasito. Siguen ahí y son los teóricamente encargados de llevar adelante este proceso de transición. Aunque tampoco está claro el grado de sintonía con el Gobierno de Estados Unidos, si este quiere imponer una serie de obligaciones y el Gobierno de Venezuela intenta no escuchar. Al mismo tiempo el Gobierno de Venezuela necesita reafirmarse en el poder y la represión sigue funcionando de manera muy dura. Lo hemos visto con la presencia de los llamados “colectivos” en la calle, con una represión muy dura contra cualquier intento de disidencia o mostrar cierta alegría frente a la caída de Maduro. Es un panorama complicado.

¿Este movimiento era inesperado?

El golpe militar estaba previsto. Era imposible que Trump ordenara un despliegue militar de la envergadura que tiene la flota presente en el Caribe sin algún tipo de respuesta. Quizás lo inesperado fue el momento, cómo se produjo y que fuera acompañado de la extracción de Maduro del país. 

¿Qué pueden esperar las empresas españolas en este contexto?

Estamos en una etapa muy, muy temprana para ver la evolución. De momento cada empresa está expectante, cada una con sus características. Quizás la que en este momento esté con una preocupación mayor sea Repsol, porque el sector petrolero, como dijo Trump, es clave en esta transición. Lo señaló cuando exigió tomar el control y luego amplió la idea cuando dijo: “Primero vamos a modernizar la industria petrolera, después a modernizar el país y finalmente convocaremos elecciones”.

Y todo esto en un contexto en el cual se espera, por lo menos esa es la expectativa de Trump, que en el proceso participen de forma masiva empresas estadounidenses. Al parecer, la totalidad del negocio estaría reservada a ellas, no solo Chevron, que era quien tenía parte del negocio en este momento. Habrá que ver si Repsol va a poder jugar algún papel. Obviamente, tiene una larga experiencia en la explotación de los yacimientos venezolanos y tiene claras las deficiencias del sector petrolero en estos momentos, qué intervenciones son más eficientes. Pero no creo que desde la perspectiva de Donald Trump esto sea un factor a tener en cuenta.

Repsol sí tiene unos derechos adquiridos allí. A raíz de que les revocaran su licencia para exportar crudo venezolano el año pasado, ¿no es un nuevo escenario? Ellos han estado en contacto con las autoridades de EEUU todos estos meses... [la entrevista es previa a que en la medianoche del viernes la española ofreciera triplicar su producción en Venezuela tras reunirse con Trump]

Sí, por supuesto, vamos a ver precisamente cómo se desarrolla esto y en qué términos.

Repsol anunció en 2009 el mayor descubrimiento de su historia en Venezuela ¿En qué ha quedado aquello? Su situación básicamente es de repliegue, como la de la mayoría de empresas españolas allí.

Las empresas españolas en general han permanecido en buena medida porque irse les resultaba más perjudicial. También por un tema de responsabilidad con los empleados. Las grandes empresas como Telefónica, BBVA, Mapfre, tienen una plantilla bastante extendida e irse significaba dejarlos en la calle. Ahora cada una está viendo sus posibilidades. Para BBVA, si realmente empieza un proceso de transición y de reconstrucción económica, es una oportunidad excelente. Es de las pocas instituciones bancarias consolidadas con una presencia importante en el país, con un conocimiento del negocio bancario en Venezuela, y esto podría ser sumamente beneficioso para BBVA. 

Para Telefónica, que está ansiando vender su negocio en Venezuela y buena parte de América Latina, un proceso de reconstrucción nacional revalorizaría las acciones y les permitiría una venta mucho más ventajosa. Y Mapfre creo que está interesada en mantener un volumen de negocio y de presencia importante en el ramo de seguros en Venezuela. 

Una de las grandes del Ibex que lo vio venir fue Banco Santander: vendió en 2009 muy animado por Hugo Chávez, antes de que todo se deteriorara muchísimo más.

Emilio Botín en ese sentido, hizo una operación impecable. Vendió su banco antes de que fuera nacionalizado con un buen precio. Se quitó un gran problema de encima, como hubiera sido la gestión del banco en un contexto tan complicado, con una seguridad jurídica tan menguante como la de Venezuela, y se fue del país, cosa que otras empresas no pudieron hacer a tiempo. 

En el sector financiero venezolano, junto a BBVA, el mayor banco privado allí es Banesco, que fundó Juan Carlos Escotet, dueño de Abanca en España. ¿Qué papel juega en este contexto, él que está en ambos lados y conoce bien el terreno?

Va a depender de lo que ocurra en el país, en qué medida haya oportunidades de negocio. Si la economía sigue deprimida, el conocimiento que pueda tener de ambas orillas del Atlántico no es suficiente. Las oportunidades van a surgir en la medida en que comiencen a llegar capitales a Venezuela para reconstruir el país. De momento, según Trump, esto se va a limitar al sector petrolero. Habrá que ver qué ocurre.

Trump ha hablado de 18 meses para reconstruir la industria petrolera. ¿Es realista ese plazo? 

No. Él plantea que incluso puede ser menos. El problema es que el deterioro de las infraestructuras petroleras es muy grande. Poner todo eso en marcha nuevamente va a ser muy complicado, teniendo en cuenta el estado en que está PDVSA. La reinversión en el sector ha sido mínima o muy escasa desde la huelga petrolera de 2002. Buena parte de las ganancias de PDVSA se difuminaron en oscuros agujeros y bolsillos vinculados a sus gestores y la llamada Boliburguesía, o a financiar programas públicos como las famosas misiones de Chávez en sus inicios, con subsidios a sectores empobrecidos.

Probablemente se pueda dar un salto importante en el volumen de explotación, hoy alrededor de 1 millón de barriles diarios, con los yacimientos más potentes. Pero pasar la barrera de 2 millones y llegar cerca de los tres va a requerir inversiones cuantiosas y mucho tiempo. Y sobre todo, algo que no está manejando la administración Trump: el cambio de la normativa legal de la actividad petrolera. Si no se garantiza la seguridad jurídica de los inversores, por más que esté detrás Estados Unidos, muchas empresas van a mirar con mucha cautela qué pasos dar para volver a estar presentes en Venezuela, por más que sea un sector de alto riesgo.

Se requiere seguridad jurídica, un marco institucional y muchísimo dinero: se habla de más de 100.000 millones de dólares para levantar el sector.

Hace falta una inyección de capital importantísima. Habrá que ver si las petroleras tienen ganas de hacerlo, sobre todo en un contexto del negocio complicado. Los precios del petróleo no están precisamente en alza y hay un exceso importante de oferta. Se prevé que en el medio plazo, la demanda global de hidrocarburos comience a descender de forma considerable y esto también va a limitar las oportunidades.

Una cosa es meterse en un lugar como Vaca Muerta en Argentina, con pozos maduros que pueden explotarse en una proporción importante, y otra meterse en un lugar como Venezuela. Por más que tenga las mayores reservas del mundo, hay que poner en explotación yacimientos abandonados, con material obsoleto, y es complicado. Esa idea de que todo se va a realizar sin que le cueste un duro al contribuyente estadounidense, me temo que finalmente sea otra promesa incumplida de Donald Trump. Y habrá que ver también en qué medida el sector es capaz de apostar por este proceso de reconstrucción de la industria petrolera venezolana. Si esto no ocurre, va a ser el Tesoro de Estados Unidos quien va a tener que poner los dineros.

Se habla de que Trump va a exigir expulsar a China, Rusia, Irán y a Cuba del mercado petrolero venezolano. ¿Por lo que comentaba, Repsol no entra dentro de esta ecuación?

De momento, no. Habrá que ver también qué ocurre en la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea, de prosperar la iniciativa de ocupar Groenlandia, otro tema a tener muy presente para la evolución de las empresas españolas en Venezuela. De momento, uno de los objetivos de Trump es expulsar del mercado a China, Rusia e Irán. Cuba no está presente allí. Estaba recibiendo donativos importantes, en su momento se estimaron en 100-150.000 barriles diarios. Pero en 2025 las ventas, con comillas, donaciones, préstamos o como queramos llamarlos, de petróleo mexicano a Cuba superaron las de petróleo venezolano.

En general, el panorama de la empresa española en la región es de cierto repliegue, voluntario o no, tras el desembarco de finales de los 90 y principios de este siglo. YPF, ahora Telefónica… ¿es una oportunidad perdida?

No diría eso. La trayectoria de las empresas españolas en el extranjero es limitada en el tiempo. Es muy pronto. Lo vimos a comienzos del siglo, cuando había procesos de expropiación en Bolivia, en Argentina, en Venezuela inclusive, o en otros lugares, que eran vividas por las empresas y la opinión pública y la política española como un drama terminal. En realidad la historia de las multinacionales europeas o estadounidenses en América Latina y en países del llamado Tercer Mundo en general está plagada de episodios de este tipo. Forma parte del riesgo de invertir en mercados en países emergentes. 

Cuando en la última década del siglo XX empieza a desembarcar la empresa española, lo hace en América Latina. Hoy esta idea ha desaparecido porque la realidad latinoamericana es muy distinta. Hoy las empresas están presentes según el campo en el que actúen en Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile, donde sea necesario, en función de las oportunidades. El grado de internacionalización de la empresa española es importante. No hay que exigir, por una cuestión patriótica, que mantengan su presencia si no es rentable. Todo parte del cálculo de coste-beneficio de los accionistas y en función de eso toman las decisiones.

Telefónica apostó en su día por América Latina. Hoy tiene otra perspectiva, pero mantiene su negocio en Brasil porque ahí cree que tiene oportunidades que no aparecen en otros países de la región. Tampoco hay que limitar la presencia de las empresas españolas o las grandes del Ibex. En México hay más de 7.000 empresas españolas en distintos campos de la actividad económica y muchas pymes, según su tamaño y tipo de actividad, siguen apostando de una u otra manera por distintos países latinoamericanos. 

Obviamente la lengua y el más fácil acceso a los mercados es reforzado por una migración cada vez más importante, con inversiones cruzadas que también facilitan esto. Cuando empezó a desplegarse la empresa española en México, las inversiones mexicanas en España eran prácticamente inexistentes. Hoy es el sexto inversor en España. Esto supone que para muchos empresarios mexicanos es mucho más sencillo conseguir socios españoles para intervenir en empresas, iniciativas, emprendedurías en su país de origen.

Esa posibilidad de que Estados Unidos ahora vaya a por Groenlandia, ¿qué supondría para la relación y las empresas españolas en la región?

No solo para las empresas españolas, para Europa en general: algún tipo de ocupación o avance estadounidense sobre la soberanía de Groenlandia implicaría un golpe de una magnitud todavía incierta en sus resultados sobre la relación con Europa. La reciente declaración firmada por diversos mandatarios europeos, entre ellos Pedro Sánchez, incluyó a Gran Bretaña. Esto hace que la trascendencia del tema sea mayor. La preocupación no se centra únicamente en los 27, sino en países como Reino Unido o Noruega, que no forman parte de la Unión Europea, por solidaridad con Dinamarca, caso de los países nórdicos, o que ante el escenario global, como ocurre con Reino Unido, están muy preocupados por lo que pueda hacer o no Trump en Groenlandia. Y esto sí puede tener importantes repercusiones económicas.

La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid cuestiona la legalidad de la contratación a dedo de la pareja del consejero madrileño de Vivienda, Jorge Rodrigo, en la empresa pública del Consistorio que gestiona esta área.

Tras una denuncia de Más Madrid, para la Oficina Anticorrupción “no ha quedado acreditado fehacientemente” que la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS), 100% del Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida, cumpliera la ley al contratar en diciembre de 2023 a F.T., pareja del consejero autonómico del ramo.

En un dictamen del 16 de diciembre, duda que esa contratación respetara las exigencias del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) sobre “los criterios de acceso de igualdad, mérito y capacidad, así como los principios rectores contenidos en el artículo 55” de esa ley: “Publicidad, transparencia, agilidad, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones a desarrollar, así como la imparcialidad, profesionalidad e independencia de los órganos de selección”. 

“No ha quedado acreditado fehacientemente en la documentación remitida a esta oficina cómo se salvaguardaron los mencionados principios en la contratación efectuada”, dice la resolución del director del ente, el exjuez del Tribunal Supremo, ex Fiscal General del Estado (1994-1996) y expresidente de la Junta Electoral Central, Carlos Granados.

“No se da detallada explicación sobre cómo llegó el currículo de la persona seleccionada a la empresa, si se hacía algún tipo de publicidad para que quien se considerara con los requisitos necesarios pudiera presentarlo, o si procedían de procesos de selección para trabajadores fijos”.

La EMVS indicó a Antifraude que para “cubrir de forma urgente” esa plaza “temporal”, “se evaluó la experiencia y los méritos” de la persona seleccionada: “Entre los currículos que obraban en poder de la entidad se consideró que era el que más se adecuaba al perfil”.

Según Anticorrupción, “no consta si hubo otros candidatos o, en su caso, detalle objetivado de los méritos valorados que justificaron la elección”. “Frente a la libertad de elección que tiene la empresa privada para seleccionar a sus empleados, las empresas del sector público, aunque sometidas al derecho privado, tienen limitaciones en cuanto a la discrecionalidad de elección de trabajadores, debiendo respetar los principios anteriormente referenciados”.

Como reveló en junio elDiario.es, F. T. lleva años encadenando puestos a dedo en Administraciones del PP en Madrid con sueldos públicos de hasta 62.500 euros. Todo ello, sin cualificación universitaria, un inglés “básico”, una FP, rama Administrativa, y un curso a distancia de “Auxiliar de Protocolo” que hizo poco antes de recalar en el Gobierno de Cristina Cifuentes para tareas de asesoría. En la EMVS cobra casi 50.000 euros anuales.

Rodrigo, definido como el consejero “con mayor peso político” de Isabel Díaz Ayuso, anunció en septiembre que deja temporalmente el cargo por un cáncer. No ha sido sustituido al frente de las políticas de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

“Principios éticos”

Anticorrupción destaca “la importancia” de que al cubrir este año definitivamente la plaza de la pareja de Rodrigo, la EMVS respete el artículo 53 de la EBEP “en relación con los principios éticos allí recogidos, con especial referencia” a “la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio”.

El informe recuerda que según el convenio colectivo de la EMVS, la contratación temporal “no podrá exceder de un año, plazo durante el cual deberá iniciarse el proceso para su cobertura definitiva”. F. T. lleva en el puesto más de dos años. Un portavoz de la EMVS subraya que a las plazas temporales se les un decreto ley de 2021 “que fija un plazo de 3 años como máximo para cubrirla definitivamente”, y que la oferta de empleo de la empresa está limitada anualmente por la tasa de reposición que establecen los Presupuestos Generales del Estado. La EMVS “cada año acuerda con los representantes de los trabajadores la oferta de empleo anual tanto para promoción interna como para oferta externa para su cobertura definitiva, priorizando el orden cronológico”.

Según la EMVS, en el momento de la contratación de F. T. “los requisitos y criterios aplicables a la selección del personal contratado con carácter temporal no estaban reglados/articulados mediante un procedimiento específico. Por ello, y ante la necesidad urgente de cubrir determinados puestos y para evitar la interrupción del servicio, se procedía a formalizar contratos temporales con personas cuyos currículos obraban en poder de la entidad y que se adecuaban a los perfiles y necesidades de las plazas que era imprescindible cubrir de inmediato. Siempre con la convicción de que se trataba de una contratación temporal hasta que tuviera lugar el proceso de selección para la cobertura definitiva de la plaza”.

Más Madrid critica que en el caso de la plaza de F. J., “ni siquiera se ha abierto el proceso para su cobertura ajustada a la legalidad”, y apunta una posible “conducta prevaricadora” del concejal de Vivienda y presidente de la EMVS, Álvaro González, “porque es conocedor de los hechos denunciados en los medios” y “los negó en la Comisión del Pleno del Ayuntamiento de Madrid en julio”.

Para la concejala de Más Madrid Lucía Lois, el “demoledor” informe prueba que “el Gobierno de Almeida utiliza la EMVS como una oficina de colocación de amiguetes del PP. Y esto es una clara vulneración de la legalidad”. “Usa el Ayuntamiento de Madrid como si fuera su cortijo donde hacer y deshacer con absoluta impunidad”.

“Contratar en la EMVS solo con una entrevista es enchufismo”, algo “inaceptable en la Administración Pública. Y el argumento esgrimido por el PP de la ”urgencia“ es igualmente inaceptable, no justifica en absoluto saltarse las reglas. Aquí se han ignorado, como constata el director de la Oficina contra el Fraude, los principios constitucionales de acceso al empleo público”, destaca Lois.

Más Madrid exige “la inmediata depuración de responsabilidades” en la EMVS y una investigación interna que aclare cuántos puestos “siguen cubiertos en la actualidad tras procedimientos que vulneraban la legalidad vigente en materia de contratación de personal”. No descarta acudir a Fiscalía “en caso de que no se identifique a los máximos responsables de estas actividades ilícitas”.

“Opacidad total”

“Llegaremos hasta el final y tomaremos las acciones necesarias para que se identifique a los máximos responsables”, advierte la concejala. “Simplemente esta persona llegó allí una mañana y le pusieron en un despacho. Es una ilegalidad y un escándalo que, si no fuera tan grave, hasta podríamos bromear con que Berlanga no lo habría reflejado mejor en su parodia de los enchufes en la administración” de la película La escopeta nacional. “Lo único que hay aquí es una opacidad total”, añade.

Más Madrid presentó su denuncia el 28 de octubre. Tras destaparse el caso pidió copia del expediente a la EMVS. Su consejera delegada presentó un informe indicando que “la plaza se cubrió con dicha persona, cumpliendo con los requisitos previstos por la Empresa para las contrataciones temporales”. La EMVS denegó en septiembre la documentación que debía obrar en el expediente: oferta de empleo publicada, comunicación al Comité de Empresa, solicitudes de los aspirantes, valoración, propuesta de nombramiento...

La trayectoria académica y laboral de F. T. es muy diferente a la del responsable de las políticas de Vivienda de Ayuso, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, Máster de Asesoría Jurídica de Empresas por la Pontificia de Comillas y con programas de gestión pública en el IESE de la Universidad de Navarra (la escuela de negocios del Opus Dei) y Comillas-ICADE.

Su pareja, según el currículum oficial de su anterior cargo público en un organismo del PP madrileño, cursó en los años 80 una FP, rama Administrativa. Con un inglés de “usuario básico”, su carrera dio un giro hace diez años. Tras más de una década en el área contable de una empresa privada, realizó un cursillo no oficial de “Auxiliar de Protocolo” de la Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de 150 horas en 5 meses y medio (por 650 euros, incluyendo tasas académicas y materiales didácticos).

Acto seguido, F. T. encadenó puestos de asesoría en el Gobierno de Cifuentes, el Ayuntamiento de Almeida y otra consejería madrileña ya con Ayuso como presidenta en la que cobraba casi 60.000 euros, según datos que en su día publicó el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Más del doble que el salario medio anual en España.

En 2023, con Rodrigo ya en Vivienda, le llegó una gran oportunidad profesional: coordinar el gabinete de Alcaldía de un relevante municipio madrileño del PP. Un puesto de libre designación (a dedo), alta exigencia y más de 62.600 euros brutos anuales de sueldo. No duró ni cinco meses. “Cesa porque le sale otra cosa”, explicó en junio un portavoz de ese consistorio, que afirmó que no hubo quejas sobre su desempeño. “Quería algo más tranquilo”, apuntó alguien que conoce la trayectoria de F. T.

La persona que le sucedió en ese cargo tiene una licenciatura técnica, estudios de posgrado en dos de las principales escuelas de negocios de España y cuatro décadas de trayectoria en puestos de gestión en distintas Administraciones.

Esa “otra cosa” más tranquila fue la EMVS. Allí la pareja del consejero regional cobra 49.911,4 euros anuales con un nivel de exigencia muy inferior a su anterior cargo. Con rango de jefatura de sección y nivel 3, algunas fuentes lo comparan con un conserje “muy bien pagado”. En las tablas salariales de la EMVS, el puesto de conserje (la escala salarial más baja) se paga con algo más de 21.500 euros. El nivel de F. T. es el quinto más elevado en una escala de doce categorías.

Con unos 350 empleados, incluyendo temporales, la EMVS es la mayor empresa pública de vivienda de España, conocida por la venta masiva de viviendas sociales de 2013 a un fondo buitre, con Ana Botella como alcaldesa.

Los requisitos por convenio para acceder a un puesto de nivel 3 en la EMVS son: titulado superior, grado universitario, grado medio y/o suficiente experiencia demostrada mínima de dos años. F. T. solo acreditaría esa experiencia en sus empleos anteriores. La EMVS indicó en junio que superó con éxito una entrevista personal. No aclaró si hubo más candidaturas.

Rodrigo preside la agrupación del PP en el distrito madrileño de Salamanca, cuya concejal presidenta, Cayetana Hernández de la Riva, es consejera de la EMVS, una de las principales empresas públicas del Ayuntamiento. Su CEO desde julio es Ana de Miguel, tras ser nombrado jefe de Gabinete de Almeida su antecesor, Diego Lozano.

Rodrigo se ha negado a aplicar los controles de precios de la Ley estatal de Vivienda para zonas tensionadas. Lleva más de 25 años encadenando puestos con el PP. Encontró acomodo en Sevilla (en la empresa pública de aparcamientos Aussa, con Juan Ignacio Zoido como alcalde) tras los problemas con la justicia que afrontó al dimitir en 2012 como gerente de Madrid Espacios y Congresos por la tragedia del Madrid Arena, al morir cinco adolescentes en una fiesta de Halloween. Fue exonerado tras estar imputado.

Hace unos meses, en un debate sobre el transporte público, espetó en la Asamblea de Madrid un “¡No me ponga morritos, que me descentro!” a una diputada de Más Madrid que tachó la expresión de “sexista y machista”: “No es propia de un consejero ni de este Parlamento autonómico”. Rodrigo se disculpó con la boca pequeña y minimizó los hechos: “No creo que haya sido así, si usted se lo ha tomado mal, le pido disculpas”.

Diputado en la Asamblea hasta 2023, desde ese año Rodrigo está a las órdenes de Ayuso, periodista de formación que apenas ha trabajado fuera de la política, cree que a los jóvenes “les falta cultura del esfuerzo” y aboga por lo que llama “mérito a la española” para “enfrentarse a la aventura de vivir” y “protegerse en un momento donde la ideología lo impregna todo”.

Una apuesta millonaria pero menguante desde hace décadas. Es el resumen de la presencia en Venezuela de las multinacionales españolas, que se volcaron allí en el gran desembarco realizado en la región entre finales de los 90 y principios de este siglo, aunque el envite no dio los resultados esperados.

La crítica situación económica y política que atraviesa el país desde hace lustros propició un importante repliegue, aunque varias de las mayores compañías del Ibex mantienen miles de empleados allí y siguen con atención la evolución de los acontecimientos, tras la agresión militar de Estados Unidos, la captura ilegal de Nicolás Maduro y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país.

Este martes, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, indicó en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el Gobierno está en “contacto continuo” con unas 60 empresas españolas con presencia en Venezuela sin que hasta ahora se haya identificado “ninguna afectación significativa” tras la intervención estadounidense en el país. Cuerpo subrayó que seguirá “de manera cercana y en continua monitorización”, apoyándolas “en todo momento”.

La multinacional española más expuesta es Repsol, que opera en el sector que Donald Trump ha confirmado sin disimulo que va a intervenir desde el primer momento. El presidente estadounidense quiere implicar a las compañías de su país en un proceso de reconstrucción de la obsoleta industria petrolera venezolana que, ha asegurado, durará unos 18 meses, plazo que expertos del sector ven muy poco realista.

Repsol, la primera petrolera española, está presente en Venezuela desde 1993 y mantiene una exposición patrimonial allí de 330 millones de euros, con deudas impagadas de la estatal PDVSA de 359 millones. Tras varios ejercicios aumentando su producción en Venezuela, en marzo del año pasado la española vio cómo Washington le retiraba las licencias de operación de petróleo, junto a otras petroleras internacionales, y Trump le suspendía el permiso para exportar crudo desde Venezuela. 

El nuevo escenario abre una nueva fase en las negociaciones que desde entonces mantiene Repsol con la Administración estadounidense para tratar de retomar su actividad en Venezuela. Con 129 empleados allí a cierre de 2024, la española es dueña del 40% de Petroquiriquire, empresa mixta con PDVSA que contiene los activos Mene Grande, Quiriquire, Barúa Motatán, La Ceiba y Tomoporo. Junto con la italiana ENI Repsol también tiene el 50% de Cardon IV Oeste, un pozo de gas natural en aguas del Golfo de Venezuela. Su relación con este país dio un salto cualitativo a partir de 2009, al anunciar el mayor descubrimiento de gas de su historia en el megacampo Perla, en un desarrollo conjunto con ENI.

Fue en vísperas de una visita a España del fallecido Hugo Chávez, que se dejó ver por una conocida librería de la Gran Vía madrileña con el presidente de Repsol, Antonio Brufau, como copiloto. En febrero de 2010, un consorcio de compañías internacionales liderado por Repsol se adjudicó el proyecto Carabobo-1 para extraer crudo pesado en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las áreas con mayores reservas de hidrocarburos sin desarrollar del mundo.

En 2014, tras sufrir Repsol el zarpazo de la expropiación de la argentina YPF, Venezuela figuraba en los “10 proyectos clave” del grupo con una inversión acumulada de 6.700 millones. Pero a medida que esos proyectos en el país caribeño iban avanzando, la compañía tuvo que ir dotando deterioros multimillonarios en sus cuentas por el agravamiento de la situación económica allí: solo en 2017 esos deterioros sumaron 716 millones. Ese año la exposición patrimonial de Repsol allí era de unos 1.480 millones, más del triple que ahora.

Venezuela, socio fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), es relevante para Repsol desde el punto de vista de la producción, que en 2024 fue de 24 millones de barriles equivalentes de petróleo (mbep), básicamente gas natural, clave para la infraestructura eléctrica venezolana, lo que convierte a este país en el segundo más importante para la española, solo por detrás de Estados Unidos y empatado con Trinidad y Tobago.

Y, sobre todo, Venezuela es importante para Repsol desde el punto de vista de las reservas. En Venezuela, que posee las mayores reservas del mundo, un 17% del total (303.000 millones de barriles: más que Arabia Saudí), aunque no produce ni un 1% del total (no llega al millón de barriles diarios, cuando hace cincuenta años superaba los 3,5 millones), Repsol tiene contabilizadas unas reservas “probadas” de 1.747 mbep, casi el 15% del total de la compañía. A los precios actuales del crudo estarían valoradas en unos 13.000 millones de euros.

El primer banco privado

Junto a Repsol destacan por su actual presencia en Venezuela BBVA y Telefónica. El banco español es propietario del 55,2% del mayor banco privado del país, BBVA Principal, que adquirió en 1997. Con más de 3 millones de clientes, de los que 2,7 millones son particulares, tiene una cuota en préstamos del 24%, solo por debajo del Banco de Venezuela, que en 2009 fue vendido por Santander al Gobierno de Chávez por unos 1.000 millones de dólares.

El segundo banco español tenía a cierre de 2024 una plantilla de 1.837 personas en Venezuela. Cuenta con 168 oficinas allí. Esa filial reportó a BBVA unas pérdidas de 36 millones de euros en 2024. BBVA Provincial es una de las ocho principales filiales de la entidad, aunque le otorga un valor en libros de apenas 100 millones, frente a los 20.000 millones de su filial en México. 

En su web, la entidad financiera se considera “el mejor banco del país” y anuncia que continuará con su política de invertir en áreas clave para generar negocio rentable y aplicar estrategias de optimización de recursos.

En cuanto a Telefónica, su presencia en Venezuela data de 2004, tras la adquisición de Telcel, dentro de una operación más amplia por la que Telefónica Móviles compró las 10 filiales de la empresa estadounidense Bellsouth en Latinoamérica por 4.731 millones de euros. La operadora española tiene nueve millones de clientes en Venezuela y domina el 42% del mercado de telefonía móvil.

En 2009 llegó a facturar allí 3.700 millones de euros, pero está de salida. En noviembre, al presentar su nuevo plan estratégico 2026-2029, confirmó su salida de este mercado y de México y Chile, una operación de difícil encaje al necesitar el visto bueno de las autoridades locales y en un contexto muy complicado. Unos días después trascendió una multa de 85 millones de dólares a la operadora en Estados Unidos por pagar sobornos al Gobierno de Maduro para tener acceso a dólares a un tipo de cambio preferencial. El grupo ha dotado provisiones milmillonarias en los últimos años por el deterioro de la situación en Venezuela.

Otra empresa del Ibex con presencia relevante en Venezuela es Mapfre. La mayor aseguradora española adquirió en 1997 adquirió Seguros la Seguridad, en alianza con el Banco Provincial. Con 320 empleados en Venezuela, Mapfre incluye a este país en su negocio de Latinoamérica, una unidad que a cierre de septiembre de 2025 logró un crecimiento del 3,6% en primas, hasta 4.139 millones, y del 19,4% en beneficio neto, hasta 140,7 millones de euros. 

Al igual que BBVA o Repsol, Mapfre también ha aplicado durante los últimos años una contabilidad por hiperinflación en las cuentas de Venezuela, con el objetivo de reducir el impacto negativo sobre sus resultados de la devaluación del bolívar.

La principal empresa española por capitalización, Inditex, realizó una importante apuesta por Venezuela a principios de este siglo. Hasta 2015 llegó a tener allí una red de unas 25 tiendas, aunque en 2020 decidió retirarse de ese mercado. Regresó a principios de 2024 de la mano de un socio local, Grupo Futura, que también trabaja allí con Mango y Tendam, propietaria de enseñas como Cortefiel. Actualmente la dueña de Zara cuenta con cuatro locales en Venezuela, todos en Caracas.

En 2024 Venezuela ocupó el lugar 87 como país de destino de la exportación española (en 2023 ocupaba el 98) y el 50º como país suministrador, según datos del Instituto de Comercio Exterior (Icex). “Debido al fuerte deterioro económico del país, desde 2013 las exportaciones españolas fueron cayendo hasta 2021” en que se tocó un mínimo de 108 millones, pero desde entonces han aumentado, situándose en 124 millones en 2022, 146 millones en 2023 y 230 millones en 2024, según el último informe regional del Icex sobre Venezuela.

En el sector turístico, Meliá opera desde finales de los 90 el Gran Meliá Caracas, un cinco estrellas de Gran Lujo, y a cierre de 2024 contaba con un centenar de empleados allí, según su último informe anual. No detalla su plantilla en el país Hesperia, la hotelera española más expuesta allí. Lleva 20 años operando en Venezuela y dispone de dos hoteles en Isla Margarita. Los otros tres están en Maracay, Morrocoy y Valencia. En julio Hesperia anunció que iba a sumar a finales de 2025 su sexto activo en la ciudad de Barquisimeto, con más de 100 habitaciones.

Otro sector que se ha visto afectado en los últimos años por la ofensiva estadounidense sobre Venezuela es el de las aerolíneas. Iberia, Air Europa y Plus Ultra suspendieron en noviembre, semanas antes de la captura de Maduro, sus vuelos a Venezuela hasta el 31 de enero, siguiendo la recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA). El país caribeño no genera demanda significativa en las agencias turísticas españolas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado la venta de Eléctrica del Montsec, diminuta distribuidora eléctrica ‘pirata’ de Lleida cuya intervención habían pedido en los últimos años tanto el propio súperregulador como la Generalitat de Catalunya, por los reiterados y graves incumplimientos de la normativa sectorial por parte de esta empresa.

En una resolución aprobada el pasado 11 de diciembre, la sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC ha acordado no imponer condiciones ni obligaciones específicas a la operación.

La compradora, Electra Redenergía, SL, pertenece al holding Electra Caldense, propietario también de la comercializadora Atlas Energía o de la promotora de energías limpias Delta Renovables. Con más de un año de existencia vinculada a la localidad barcelonesa de Caldes de Montbui, este año Electra se ha adjudicado la licitación para suministrar energía eléctrica a los ayuntamientos catalanes que cuentan con sistemas de autoconsumo.

elDiario.es contactó con Electra Caldense, sin obtener respuesta. Fuentes conocedoras del proceso explican que las primeras facturas de los abonados que hasta ahora tenía Eléctrica de Montsec deberían llegar este mes de enero giradas a nombre de Atlas, la comercializadora de la compradora. La primera lectura de los consumos (y aún con la mayoría de contadores analógicos, a diferencia de lo que ocurre en la práctica totalidad de España) se empezó a hacer a principios de diciembre.

La resolución de Competencia recoge que “la operación se ha articulado mediante una escritura de elevación a público de contrato privado, con fecha 14 de julio”, cuatro días después de que este diario avanzara que la Generalitat de Catalunya había solicitado al Ministerio de la Transición Ecológica la intervención de Eléctrica del Montsec, como ya planteó en 2023 la propia CNMC. 

Competencia ha autorizado la venta de esta empresa en una reunión celebrada en Barcelona y no en Madrid como suele ser habitual. La sesión la presidió el consejero de la CNMC Josep Maria Salas (propuesto por ERC), en lugar del vocal que preside la Sala de Supervisión Regulatoria, Ángel García Castillejo, vicepresidente del organismo, y que recientemente ha publicado un duro voto particular desmarcándose del nuevo marco retributivo de las distribuidoras que ha aprobado la CNMC.

En la operación, por un importe que no se ha hecho público, Competencia no aprecia riesgos para la garantía de suministro en el ámbito de la distribución, una actividad regulada. El organismo considera que la transacción “no afecta significativamente desde el punto de vista económico” a la compradora, cuya solvencia “no se estima que empeore significativamente” con la transacción, puesto que va a implicar “una deuda razonablemente baja en relación al tamaño de la empresa”. 

La posibilidad de intervenir Eléctrica del Montsec que habían planteado tanto la CNMC como la Generalitat de Catalunya, explican fuentes del sector, no estaba exenta de riesgos legales y la dejó abierta el propio ministerio en junio de este año, cuando reconoció que estudiaba “medidas adicionales para asegurar la seguridad de suministro de los consumidores finales”, después de imponer en octubre de 2024 “la sanción máxima que autoriza la normativa” (un 10% de la facturación, para una compañía que tenía una cifra de negocios exigua y que llevaba años sin presentar cuentas anuales) por los reiterados incumplimientos de la normativa por parte de esa diminuta distribuidora.

En septiembre, el Gobierno respondió por escrito al diputado de Junts Isidre Gavin que “el Gobierno tiene conocimiento de la existencia de diversas irregularidades relacionadas con la mencionada empresa, que han dado lugar a una serie de actuaciones por parte del Ministerio”, aunque no mencionaba esa posibilidad de intervenirla.

En los últimos años, y tras varios duros informes del Síndic de Greugues (defensor del Pueblo catalán), los más de 1.300 clientes de Eléctrica del Montsec en una veintena de municipios, entre ellos los de Àger, les Avellanes i Santa Linya, Camarasa y Os de Balaguer, en la comarca de La Noguera, han sufrido años de abandono y falta de inversión por parte de esta empresa: recibos inflados y por duplicado, facturas elaboradas a mano, nulo mantenimiento, riesgo de incendios en una zona de alto valor ecológica, inexistencia de servicio de atención al cliente... 

Hace unos meses el cuaderno de venta de Eléctrica del Montsec, circuló entre compañías como la británica Octopus Energy, según fuentes del sector. Finalmente se ha autorizado la venta a Electra Caldense, que tiene más de un siglo de trayectoria y está fuertemente implantada en Catalunya.

Hasta ahora el propietario de Eléctrica del Montsec era el octogenario Antonio Soler Lletjós, vinculado a una familia con un negocio de ferretería en la zona.

Soler fue acusado por la Fiscalía de una supuesta estafa agravada “deliberada” de 1,5 millones a la red eléctrica por las múltiples irregularidades que detectó la CNMC en su momento. En el juicio celebrado en febrero de 2024, el Ministerio Público pedía para él una condena de siete años de prisión, una multa de 4,5 millones para la empresa y una indemnización de 1,5 millones. Quedó en nada: la Audiencia Provincial de Lleida determinó que los hechos eran una infracción administrativa ya sancionada, y no un delito.

La cuesta de enero va a deparar subidas en los precios de servicios como las telecomunicaciones, el suministro de agua potable, en las tasas de basuras de varias grandes ciudades o los peajes de las autopistas. Las energías renovables y el abaratamiento del gas van a propiciar cierto alivio en el precio de la luz, en un ejercicio que arranca con la novedad del nuevo abono transporte estatal.

Los expertos consultados por la agencia especializada Montel confían en una caída de alrededor del 50% en los precios mayoristas de la luz del primer trimestre, gracias al aumento de la capacidad renovable instalada en España, con unos 8 gigavatios (GW) nuevos de fotovoltaica y 1 GW de eólica en 2025.

Esto se va a reflejar en las facturas de los consumidores con la tarifa regulada (el PVPC) del nuevo año. Unos 8,12 millones de suministros, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyos precios se calculan en función de una cesta de referencias que incluyen los futuros y, desde la crisis energética de 2022, ya no están tan directamente vinculados a los vaivenes horarios del mercado mayorista.

En diciembre, los futuros para 2026 del denominado 'pool' eléctrico cayeron hasta el entorno de los 54 euros/megavatio hora (MWh), frente a los 65 euros de 2025, gracias en parte al abaratamiento del gas natural, que en diciembre bajó a la mitad respecto a enero de 2025, hasta unos 26-27 euros/MWh. Son precios inéditos desde la invasión de Ucrania y están relacionados con la expectativa del fin del conflicto en este país.

Así, el Ministerio para la Transición Ecológica confía en una bajada del PVPC superior al 4% para los hogares en 2026, por el menor coste de la energía y pese a la subida de la parte regulada del recibo: del 10% en los cargos (que fija el Ministerio y retribuyen, por ejemplo, las primas a las renovables más antiguas) y del 4% en los peajes (coste de las redes, que determina la CNMC). 

En el mercado libre de la luz, donde están más del 71% de los suministros, la cuestión no está tan clara. Iberdrola y Endesa confirmaron en sus últimas presentaciones de resultados que trasladarán a sus clientes, al vencer sus contratos, el sobrecoste de la denominada operación reforzada que Red Eléctrica aplica desde el histórico apagón del 28 de abril, y que la CNMC prohibió repercutir de forma instantánea a las comercializadoras.

En el caso del gas, Competencia ha aprobado una subida media del 11,2% en los peajes (parte fija del recibo) para 2026. Pero la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural individual sin impuestos baja a partir de este jueves un 8,7% de media respecto al pasado 1 de octubre por el menor coste de la materia prima. La TUR vecinal se abaratará entre un 5,7% y un 8,7%.

En el ámbito de las telecomunicaciones, a finales de noviembre las tres grandes operadoras advirtieron de un encarecimiento superior a la inflación, que ese mes fue del 3%, en sus paquetes de telefonía, Internet y televisión para 2026, amparándose en el coste de los servicios que les dan las plataformas audiovisuales y el gasto en derechos de retransmisión como el fútbol. Vodafone sube sus tarifas un 3,9%, y Movistar y Orange, entre el 3,8% y el 4%.

2026 se estrena con la novedad del nuevo abono transporte estatal. Los descuentos en el transporte público que se aplican desde 2022 siguen vigentes y desde el 19 de enero se podrá comprar el billete único nacional de transporte público. Costará 60 euros al mes para adultos y 30 euros para menores de 26 años, permitiendo viajar en trenes de Cercanías, Media Distancia y autobuses públicos de largo recorrido por todo el país. 

En el ámbito del transporte, el Gobierno ha fijado para las autopistas de peaje cuya gestión asumió tras su quiebra un incremento máximo anual del 2% desde 2026 hasta 2032, cuando finalice el periodo de vigencia del convenio de gestión directa entre el Estado y la sociedad pública Seitt, que gestiona las carreteras R-2, R-3, R-4, R-5, M-12, AP-7, AP-36, y AP-41.

En los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa (tarifas aplicables en la AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46), las tarifas suben entre el 3,64% y el 4,68%, en función de cada concesión.

En el caso de los billetes de avión, la CNMC aprobó la propuesta de Aena de subir un 6,44% a partir de enero el canon por usar las infraestructuras aeroportuarias que pagan las aerolíneas, que rechazan la subida. No está claro cómo se trasladará al precio de los billetes, dado que este sector está liberalizado. Un indicador clave es el barril de petróleo. En diciembre llegó a caer por debajo de 55 dólares por primera vez desde febrero de 2021, ante los indicios de que la oferta disponible en el mercado global supera a la demanda.

Subidas del agua

En el caso del agua, hay subidas en varias ciudades y regiones para adaptar las tarifas al coste real del servicio y financiar las infraestructuras. En la Comunidad de Madrid se ha anunciado una subida progresiva del 3% anual desde 2025 hasta 2030, según un plan aprobado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y gestionado por el Canal de Isabel II para financiar mejoras en la red que supondrá una inversión de 2.000 millones de euros.

En Catalunya, las tarifas del agua potable suben aproximadamente un 2,9% en 2026 para los 23 municipios que dependen de Aigües de Barcelona (incluida Barcelona capital). En algunas localidades del área donde el agua la gestiona otro operador, el aumento puede llegar al 5,8%. En Córdoba, la empresa municipal Emacsa aplica una subida en torno al 2,1%.

Varios ayuntamientos de capitales españolas van a aplicar subidas en la tasa de recogida de basuras para cumplir la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que obliga a todos los municipios de más de 5.000 habitantes a instaurarla para que cada hogar pague por los residuos que genera. Destaca Santa Cruz de Tenerife. Ha aprobado una subida de cerca del 50%, hasta unos 105 euros de media por hogar. 

Madrid encarecerá el recibo ligeramente, de 141 a 142,6 euros de media por hogar. En Bilbao se aplicará en 2026 por primera vez la nueva tasa municipal de recogida, transporte y tratamiento de residuos, lo que incrementará el recibo medio en torno a un 45%. Vitoria-Gasteiz prevé una subida de alrededor del 5,8%, unos 3 - 10 euros anuales por vivienda según el tamaño.

En Valencia, el gravamen que se cobra a los ciudadanos de los 45 municipios del área metropolitana de la capital a través del recibo del agua por el servicio de tratamiento de residuos vuelve a subir, tras repuntar en 2025 en torno al 23% de media. Para 2026 el aumento oscila para los domicilios particulares entre el 13% en los tramos de consumo más bajos (hasta 65 m³) y el 1,87% en el escalón de más consumo (Tramo F, más de 260 m³).

Para tratar de compensar estas subidas de la tasa de basuras, varios consistorios han anunciado bajadas en impuestos municipales como el IBI.

Sin apenas novedades fiscales a la vista ante la ausencia de Presupuestos, está por ver cómo evoluciona el precio de la vivienda, convertida en la principal preocupación de los hogares españoles desde hace meses. 2026 traerá nuevas subidas en los precios de alquiler y compra tras los récord de 2025. Por su parte, el euríbor, referencia para las hipotecas en España, cerró diciembre en el 2,27%, por debajo del dato de 2024, pero encadenando cinco meses al alza, encareciendo las hipotecas que se revisan semestralmente.

En palabras de Romain Aumond, estratega cuantitativo macro en Natixis IM Solutions, “la presión a la baja sobre los precios de las materias primas energéticas, la fortaleza del euro y la desinflación de los productos manufacturados plantean riesgos a la baja para la proyección de la inflación” en la zona del euro el próximo año.

Ya antes de la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener los tipos de interés en el 2% en su reunión de diciembre, la alemana Isabel Schnabel, miembro del consejo del BCE del ala más ortodoxa, sugería que la próxima medida del organismo sería una subida del precio del dinero, con el consiguiente encarecimiento de las hipotecas en 2026.

La Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica ha propuesto adjudicar los trabajos técnicos para el desarrollo del futuro Programa Nacional de Almacenamiento Hidráulico de Energía (PNAHE) a una unión temporal de empresas (UTE) formada por la ingeniería Typsa. Esta empresa fichó en 2024 como consejero al primer director general del Agua de Teresa Ribera en ese departamento, Manuel Menéndez Prieto.

El contrato, con un valor estimado de 2,44 millones de euros, se va a adjudicar por 1,7 millones a la UTE formada por Typsa y Jesús Granell Ingeniero Consultor SL, según el acta de la mesa de contratación del Ministerio que acaba de publicarse en la plataforma de Contratación del Estado. Ese órgano ha acordado por unanimidad encargar los trabajos a esa UTE al obtener “la mayor puntuación por ser la oferta más ventajosa para la Administración”.

La oferta de la UTE de Typsa era la tercera más cara de las presentadas (1.773.463,18 euros), pero ha conseguido la mejor puntuación cualitativa, con 86 puntos sobre 100, en una licitación en la que la oferta técnica tenía un peso del 48% en la puntuación final y que ha salido a concurso mediante procedimiento abierto.

La alianza de esas dos empresas se ha impuesto a las propuestas de las UTEs formadas por Qanat Ingeniería SL y Mega Engineering (segunda clasificada) e Intecsa Engineering Group SAU y Tecopy, entre otras.

En Typsa es consejero Menéndez desde julio de 2024, según el Registro Mercantil. Funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, el exdirector del Agua tiene una trayectoria de más de treinta años en el sector público. Fue el máximo responsable de esa dirección general desde junio de 2018 hasta enero de 2020. Tras su cese como alto cargo, permaneció en el ministerio como vocal asesor del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. 

De ahí se incorporó en 2024 a Typsa, que en 2020 fichó al exministro de Fomento y exalcalde popular de Santander, Íñigo de la Serna, al que nombró en mayo de 2024 vicepresidente. Este cargo en Typsa ya lo desempeñó con anterioridad otro ex político del PP, Carlos del Álamo, consejero de Medio Ambiente de la Xunta de Manuel Fraga desde 1997 hasta 2003 y que también fichó en su día por la papelera Ence con cierta polémica, por la fuerte vinculación de esta empresa con Galicia.

En Typsa también es consejero el diplomático jubilado Francisco Javier Elorza, secretario general para las Comunidades Europeas con Felipe González o secretario General de Asuntos Consulares y Migratorios con José Luis Rodríguez Zapatero.

Meses antes de ficharle como consejero, en octubre de 2023, Typsa a Menéndez Prieto, cuando todavía era asesor en el ministerio, a impartir en su sede social en San Sebastián de los Reyes (Madrid) una charla sobre “El Camino de la Sociedad en el Siglo XXI”, dentro de su ciclo de conferencias. Por él han pasado entre otros en los últimos años el anterior gobernador del Banco de España y actual director General del Banco de Pagos Internacionales, Pablo Hernández de Cos, el exministro socialista Jordi Sevilla, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, o el economista Ramón Tamames.

Pionera en la internacionalización

Typsa, pionera en la internacionalización de la ingeniería española (el mercado doméstico solo supuso en 2024 el 22% de su cifra de negocios), ha sido señalada en el pasado por ONG como Ecologistas en Acción por sus negocios en Israel. En 2024 facturó unos 396 millones de euros, según sus últimas cuentas, disponibles en Insight View. Contratista habitual de las Administraciones públicas, ya se ha encargado de vigilar las más de 50 presas de titularidad estatal de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

El PNAHE, cuyos trabajos técnicos va a realizar esta UTE, es un programa clave de la Dirección General del Agua. Busca cumplir los objetivos de almacenamiento hidráulico que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), con 3,5 gigavatios (GW) adicionales de bombeo en 2030. Esta tecnología es fundamental para permitir almacenar energía, permitir que continúe el despliegue de las energías renovables y reducir los denominados vertidos (la energía que se desperdicia en momentos puntuales porque la oferta supera la demanda).

Typsa y su socio se encargarán de redactar el documento ambiental estratégico del programa, los estudios previos a la celebración de los concursos de nueva potencia o un informe de compatibilidad de los proyectos con los Planes Hidrológicos en vigor. 

El pliego del concurso indicaba que “se requiere de un equipo humano especializado con una dedicación tal que sobrepasa los recursos humanos y materiales actualmente existentes en la Dirección General del Agua, siendo, por lo tanto, necesario recurrir a la contratación de apoyo externo para su consecución”.

El documento añadía que “el potencial técnico del programa es muy relevante. Se han seleccionado 29 proyectos de bombeo puro, con una capacidad energética de almacenamiento estimada en 77,6 GWh y una potencia en regulación diaria de casi 9 GW”.

En pleno boom del sector de defensa, la empresa española de soluciones criptográficas Epicom, el guardián de la información clasificada del Ejército o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), está registrando resultados récord tras recibir el apoyo accionarial del Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), socia desde 2021 de esta firma, calificada por el holding público como “estratégica para la Seguridad Nacional”.

Epicom, cuyo primer accionista (40%) es la SEPI, está especializada en diseñar soluciones criptográficas para proteger comunicaciones críticas para las instituciones del Estado. En 2024, y de acuerdo con las cuentas depositadas recientemente en el Registro Mercantil, facturó un récord de 14,15 millones, un 9,3% más. Su cifra de negocios se ha triplicado en comparación con 2020, antes de la entrada del holding público, cuando era de unos 4,5 millones.

El pasado ejercicio sus ganancias fueron de 2,78 millones, un 5,6% por debajo del récord de 2,94 millones de 2023, según la información disponible en Insight View. Responsables de la empresa han definido en alguna entrevista el ejercicio 2025, a punto de cerrarse, como “un año de consolidación y crecimiento”. La empresa ha declinado responder a elDiario.es sobre sus previsiones para el ejercicio que está a punto de cerrarse.

Con unos 55 empleados a cierre de 2024, las ventas de suministros criptográficos supusieron ese año el 86,1% de la facturación de Epicom. Entre sus clientes, según su web, están los ministerios de Defensa, Interior o Asuntos Exteriores, el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, organismos como la OTAN, la Casa Real o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y empresas como Airbus, Hisdesat, Navantia, Red Eléctrica, Telefónica, Vodafone y sus otros dos accionistas, Indra y Oesía (dueñas de un 30% cada una).

En 2024 Epicom obtuvo de España el 90% de su cifra de negocios. En 2023 el porcentaje era del 98%. “La práctica totalidad de los ingresos se producen con sociedades del entorno del sector público, tanto en España como en el extranjero”, indica en sus cuentas. “El 56% de los ingresos del ejercicio se producen con dos organismos gubernamentales relacionados con la defensa nacional”, frente al 64% de 2023. 

En 2024, los proyectos que recibieron más recursos de Epicom para su desarrollo fueron “los relativos a la modernización de los cifradores IP para que incorporen la nueva criptografía post-cuántica que resolverá la amenaza a la que se enfrentan las soluciones de criptografía tradicional con la nueva era de ordenadores cuánticos”, explica en sus cuentas. La computación cuántica, aún en fase comercial incipiente, usa los secretos de este campo de la física para crear máquinas capaces de procesar información y resolver problemas mucho más rápido que los ordenadores tradicionales.

En 2024, indica en su último informe de gestión, Epicom “ha fortalecido su posicionamiento como empresa suministradora de equipos de soluciones de cifrado para el Ministerio de Defensa y la Administración Pública y ha hecho un esfuerzo para ampliar sus capacidades tecnológicas e invertir en la modernización de los cifradores para adaptarse a las nuevas tecnologías post-cuánticas, preparándose para ofrecer al mercado una amplia gama de cifradores IP modernizados que permitan al Ministerio de Defensa la renovación de la totalidad de su planta instalada”.

En 2024 Epicom aumentó “significativamente la inversión propia en I+D para posicionar a la Sociedad en el mercado de la cifra con una nueva familia de productos adaptada a las nuevas necesidades post-cuánticas, siguiendo siempre las prescripciones del CNI para que estos nuevos productos tengan las acreditaciones necesarias para manejar información clasificada de alto nivel en los ámbitos nacional y OTAN”. También arrancó la elaboración de un nuevo Plan Estratégico que “afiance su posición de liderazgo nacional en materia de soluciones de cifrado y tecnología criptográfica”. Fuentes de la compañía declinan comentar las líneas de ese plan dado el carácter “discreto” que tiene esta firma.

Epicom tiene más de tres décadas de existencia. En 2020, cuando todavía pertenecía a la asturiana Duro Felguera, trasladó su sede a unas oficinas en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, contiguas a la del grupo Oesía, que convirtió en su accionista desde 2023 y tiene una filial con un objeto muy parecido al de Epicom, Cipherbit.

SEPI se convirtió en socio de Epicom en marzo de 2021. El holding público adquirió un 40% a Duro Felguera en paralelo al rescate que el Estado concedería ese mismo mes a la ingeniería asturiana mediante el Fondo de Solvencia de empresas estratégicas que el Gobierno puso en marcha durante la crisis del coronavirus, gestionado por la propia SEPI. 

Ese acuerdo de compra se cerró días antes de la llegada de Belén Gualda a la presidencia de la SEPI. El puesto llevaba casi año y medio vacante tras la dimisión de Vicente Fernández, entonces imputado en el caso Aznalcóllar (del que ha sido absuelto recientemente) y actualmente envuelto en un escándalo de supuesta corrupción junto a la ex militante socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, socio en la empresa Servinabar y vinculado al anterior secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El acuerdo de adquisición de ese 40% de Epicom (por 3,54 millones) incluía una opción de compra sobre el restante 60%. SEPI la ejerció en septiembre de 2023 pero en lugar de tomar el 100% de la compañía dio entrada a Indra (de la que a su vez el hólding público es el mayor accionista con un 28%) y a Oesía, con un 30% cada una.

Habilitación especial

Para poder participar en programas, proyectos o contratos clasificados del Ministerio de Defensa en los que se vaya a manejar información clasificada de grado “confidencial” o “superior”, Epicom mantiene la habilitación de seguridad de empresa “a nivel de secreto” o “reservado”, explica en sus cuentas.

En su última comparecencia en el Congreso, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, puso en valor la importancia de esta firma “como una empresa fundamental en soluciones criptográficas avanzadas” que maneja “tecnología disruptiva. Su objetivo es proteger información clasificada y, por primera vez, Epicom, gracias a la participación accionarial de la SEPI”, subrayó, “ha entrado en el programa cripto dentro de los PEM”, los Programas Especiales de Modernización del Ministerio de Defensa.

Epicom ha sido una de las empresas seleccionadas por el ministerio en los préstamos a dedo al 0% que el Ejecutivo ha adjudicado este año al sector a través del Ministerio de Industria mediante los PEM, cuyo encaje legal defendió la secretaria de Estado porque “la normativa no se ha modificado”.

El Gobierno va a prestar 67 millones a una unión temporal de empresas entre Epicom y Cipherbit (de Oesía) para participar en el desarrollo del nuevo Criptosistema Nacional de Defensa: el programa Capacidad Cripto Multipropósito y Multidominio (CCMM), que desarrollará un cifrador nacional embarcado sobre plataformas aéreas, en cooperación con el Centro Criptológico Nacional. La prefinanciación se concederá entre este año y 2028. Epicom ha declinado comentar este asunto.

El programa busca dotar a las Fuerzas Armadas de una solución nacional para proteger las comunicaciones tácticas terrestres, navales y aéreas, garantizando la seguridad de las misiones y la soberanía tecnológica de España en el ámbito de la defensa y las comunicaciones cifradas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este viernes una multa de 5,08 millones a UFD Distribución Electricidad, S. A. (perteneciente al Grupo Naturgy) por restringir la competencia en el mercado de instalación de contadores eléctricos entre mayo de 2018 y mayo de 2021.

Se trata de una infracción “muy grave” de la Ley de Defensa de la Competencia y del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Según Competencia, “UFD interpretó indebidamente” que la obligación de integrar todos los contadores del segmento doméstico en los sistemas de telegestión de la distribuidora “era aplicable también a determinados tipos de contadores en el segmento industrial (tipo 3 y 4)”.

Según Competencia, “entre 2018 y 2021, UFD realizo una interpretación normativa indebida que dificultó la instalación de determinados contadores de electricidad por otras empresas”. “Aunque la empresa corrigió esta interpretación en mayo de 2021, los efectos en el mercado fueron significativos”.

Esta conducta se tradujo en la imposición de requisitos no previstos en la normativa y en la denegación o retraso en la instalación y activación de equipos de medida propiedad de otras empresas de servicios de medidas y clientes industriales.

Competencia subraya que “la posición de dominio de UFD le obliga a ser especialmente responsable de no afectar a la competencia en el mercado”.

La investigación se inició a partir de una denuncia contra Naturgy de dos empresas especializadas en eficiencia energética, Axon Time, S. L. y Enerlin Ingenieros, S. L., por posibles prácticas contrarias a la normativa de competencia. En abril de 2023, la CNMC llevó a cabo inspecciones en dos sedes del Grupo de Naturgy y en noviembre de 2023 inició un procedimiento sancionador.

El organismo recuerda que el derecho de la competencia exige que las empresas en posición de dominio sean especialmente responsables de no restringir la competencia ni en el mercado que dominan ni en los mercados conexos. Y “la realización de actuaciones sin amparo normativo que tengan la capacidad de producir efectos de exclusión será abusiva, con independencia de la intencionalidad de la conducta”.

UFD tendrá prohibido contratar con el sector público en todo el territorio nacional por una duración de 4 meses. La prohibición afecta a contratos de obras, suministros y servicios vinculados al mercado de instalación de equipos de medida eléctrica y su puesta a disposición en puntos de suministro de baja tensión afectados por la conducta, salvo cuando UFD esté obligada a hacerlo según la normativa sectorial.

La distribuidora de Naturgy deberá además activar los equipos de telemedida propiedad de terceros ya instalados y permitir la instalación y activación de nuevos cuando lo solicite el cliente; permitir la instalación de equipos de medida eléctrica amparados normativamente; e informar a los titulares de los puntos de suministro afectados y publicar en su web las nuevas obligaciones.

La CNMC recuerda que contra esta resolución podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación. 

Corporación Financiera Alba, de la familia March, ha separado su 5,01% del capital de Naturgy del vehículo luxemburgués Rioja, con el que participaban en la gasista junto al fondo británico de capital riesgo desde 2018. El movimiento da más “flexibilidad” a Alba y llega en plena reordenación accionarial en Naturgy, tras las ventas y compras de acciones que han llevado a cabo en los últimos días BlackRock y Criteria, respectivamente.

Corporación Financiera y Rioja Investments, indirectamente participada mayoritariamente por los fondos CVC, han acordado renovar sus compromisos con respecto a su inversión conjunta en Naturgy y modificar su estructura societaria. Ambos han decidido modificar la estructura de coinversión societaria (Grupo Rioja) a través de la que mantenían su 18,59% de la mayor gasista española, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así, Alba contará en la estructura resultante a partir de ahora con una participación directa del 5,01% a través de otro vehículo en Luxemburgo, Alba Europe, y Rioja Investments (de CVC, y también radicada en el Gran Ducado) mantendrá una participación del 13,8% a través de Grupo Rioja.

La participación de Alba incluye el 4,78% indirecto que mantenía a través de su participación del 25,73% en Rioja Luxembourg y un 0,23% que poseía de manera directa con anterioridad a dicha modificación.

“La nueva estructura permite a ambos socios una mayor flexibilidad sin alterar la gobernanza ni los objetivos conjuntos de su inversión en Naturgy”, han destacado en un comunicado en el que subrayan que ambos accionistas “siguen plenamente comprometidos y coordinados”.

Esta modificación societaria no afecta al compromiso de los accionistas de Rioja con respecto a su inversión y la creación de valor en la energética. Ambos socios, que llevan años queriendo vender sus participaciones, acuerdan mantener los tres consejeros que les representan en el máximo órgano de gobierno de Naturgy, formado por quince miembros.

La participación en Naturgy es la mayor inversión individual de Alba e indirectamente una de las mayores inversiones de los fondos gestionados por CVC en Europa.

Esta reordenación, que los socios venían negociando desde mayo, ha cristalizado en un momento en el que dos de los principales accionistas de Naturgy han movido ficha en los últimos días: Criteria ha adquirido un 2% por 455 millones y ha elevado su participación en Naturgy al 26%, mientras que GIP (BlackRock) ha reducido su presencia al 12,62% tras colocar de forma acelerada la semana pasada un 7,1%, pasando de segundo a cuarto accionista.

La venta de acciones de BlackRock arrancó hace unos días la reordenación del capital de Naturgy, tras la frustrada oferta pública de adquisición (opa) que la emiratí Taqa sondeó lanzar junto a Criteria Caixa en 2024. El bajo free float de Naturgy llevó a la compañía a lanzar el año pasado una auto opa por el 10% de su capital, lo que le permitió regresar a los principales índices de sostenibilidad hace unas semanas al situarse el porcentaje que cotiza libremente en bolsa por encima del 18%.

Con este nuevo movimiento, el accionariado de Naturgy se reparte entre Criteria (26%), el fondo australiano IFM (15,2%), CVC (13,8%), BlackRock (12,62%), Corporacion Alba (5%) y la argelina Sonatrach (4,1%), esta última sin presencia en el consejo de administración. En la actualidad, IFM solo tiene dos consejeros, frente a los tres que tienen BlackRock, CVC-Alba y Criteria, cuyo vicepresidente ejecutivo, Francisco Reynés, es también el primer ejecutivo de Naturgy.

La patronal eléctrica europea, Eurelectric, se ha sumado este lunes a las numerosas voces que apuntan que uno de los desencadenantes del histórico apagón ibérico del pasado 28 de abril fue una regulación inadecuada. En concreto, la relacionada con el control de tensión, que es responsabilidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El día del apagón “vimos el efecto de una normativa obsoleta del control de tensión”, ha lamentado el español Juan José Alba, presidente del Comité de Mercados e Inversiones de Eurelectric. El también director de Regulación de Endesa ha recordado que, con la normativa vigente en ese momento, las renovables españolas no podían controlar tensión.

Mientras, en Portugal pueden prestar ese servicio desde 2020. Las eléctricas españolas han cobrado desde 2020 hasta 2024 unos 2.225 millones por ese servicio, que no incluía penalizaciones por incumplimientos, a diferencia del que aprobó tras el apagón la CNMC en junio, tras años analizándolo, que sin embargo no estará plenamente en vigor hasta 2026 y que por fin permitirá controlar tensión a las renovables. Los informes del Gobierno, de Red Eléctrica y de los expertos europeos apuntan que ese control de tensión que debía prestar la generación convencional no funcionó como debía.

Según el directivo de Endesa y Eurelectric, “hay que ser mucho más ágiles en la adaptación de la regulación a la nueva realidad del sistema”.

Durante su intervención en un foro sobre la financiación de la transición energética organizado por el Consejo de Reguladores del MIBEL, el mercado ibérico de la electricidad, Alba ha apuntado que uno de los principales retos que afronta el sector es impulsar el almacenamiento, que “no está progresando” en Europa “al ritmo que debería”, e incentivar la capacidad “firme y flexible” para complementar a las renovables. Y ha lamentado que España está “muy por detrás en el desarrollo regulatorio” respecto a lo que fija el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

La presidenta de la patronal española Aelec, Marina Serrano, que ha reclamado “también la coordinación y esas medidas que permitan sobre todo que España se incorpore al control dinámico de tensión para las renovables”, algo que el día del apagón no era posible porque el servicio de tensión vigente entonces databa de 2000, cuando las energía limpias eran testimoniales.

Durante el debate, que ha estado precedido por sendas intervenciones de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y comisaria de Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, y su marido, el jurista y consejero de la CNMV Mariano Bacigalupo, la presidenta de Aelec ha vuelto a reclamar una mejora en la propuesta de retribución que ultima la CNMC para la actividad de distribución. Competencia comenzó ofreciendo un 6,46% de rentabilidad y ha subido al 6,58%, pero las eléctricas siguen considerándolo insuficiente.

Serrano ha insistido en que la demanda latente de electricidad “está creciendo de forma exponencial” en ámbitos como la industria, el transporte, los puertos, centros de datos o vivienda y la red “debe responder”. Con su propuesta, la CNMC introduce una “metodología disruptiva” respecto a la que se utilizaba hasta ahora cuando se necesita una “ingente cantidad de inversiones” y se requieren “incentivos en la regulación” para “atraer el capital necesario”. 

Serrano ha pedido que las circulares en trámite del Consejo de Estado “mejoren esa señal de inversión absolutamente necesaria” para “no perder la oportunidad de país” y poder digitalizar las redes, como exige el nuevo modelo de descentralización, para así tener “observabilidad de la red” y poder “garantizar el suministro”.

La industria española de la automoción busca subirse al carro del boom de la defensa, atraída por el Plan ReArm Europe, que prevé movilizar 800.000 millones de euros en gasto militar en Europa hasta 2030, en un momento de incertidumbre en el sector ante la competencia china o las dudas sobre el despliegue del vehículo eléctrico. 

El giro lo apunta el nuevo Plan España Auto 2030, que entre las “medidas prioritarias” a “corto plazo” cita “apoyar la diversificación de proveedores y la fabricación y desarrollo de tecnologías duales” en defensa. El plan busca impulsar a un sector clave en España, segundo fabricante europeo de coches y noveno del mundo. La automoción genera un valor añadido bruto equivalente al 6,5% del producto interior bruto (PIB) del país.

Fuentes del Ministerio de Industria indican que el plan está diseñado para “transformar la automoción hacia la electrificación y la reindustrialización”, pero sus medidas, centradas en innovación, cadena de valor y atracción de inversión, “pueden tener efectos indirectos positivos para la industria de Defensa, especialmente en ámbitos como baterías, materiales avanzados, digitalización y tecnologías duales”.

“Defensa puede aprovechar las sinergias en I+D y cadena de suministro, pero no hay financiación específica para proyectos militares”, añade el ministerio.

El Plan industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa que presentó el Gobierno en abril tenía entre “sus objetivos e impacto positivo el desarrollo de una industria de doble uso” (por ejemplo, materiales que desarrollen empresas de automoción para el sector Defensa), recuerda Industria. El Plan Auto “contribuirá a ese enfoque dual en los materiales, programas y productos que se desarrollan, que no serán de exclusivo beneficio para el sector de la automoción”, señala el departamento de Jordi Hereu.

“El gran impulso que supone el Plan Auto” para desarrollar toda la industria de la movilidad electrificada lleva aparejada “la 'necesidad' de producción de materiales en la industria tecnológica, que no solo serán piezas que acaben en coches, sino en otros usos”, señala Industria.

Ya en abril, el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial aprobado tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca preveía reorientar “parte de la capacidad productiva excedente como consecuencia del shock arancelario o de procesos estructurales de transformación”, con “la necesaria transferencia de conocimiento entre sectores productivos”. Sin citar ningún sector específico, preveía movilizar 5.000 millones en avales de fondos recanalizados del Plan de Recuperación (hasta ahora solo han hecho falta 160 millones).

Por el momento ninguna automovilística con plantas de fabricación en España (hay 17) ha manifestado interés en reorientarse a la defensa. En Alemania se ha especulado con el interés del gigante Rheinmetall por quedarse con la planta de Volkswagen en Osnabrueck. Según un portavoz de la patronal de fabricantes, Anfac, en España este asunto no se plantea.

Sí se están produciendo movimientos en la industria de componentes, formada por un millar de empresas que facturan más de 41.500 millones anuales, con más de 332.000 empleos y un fuerte componente exportador.

La burgalesa Antolín inició hace meses conversaciones con el Gobierno y empresas del sector de defensa para evaluar su entrada en este ámbito. Otras como la vasca Teknia han reconocido interés. El sector “tiene salida en la defensa”, señaló en octubre Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra, cuyo consejero delegado, José Vicente de los Mozos, pasó gran parte de su trayectoria en Renault y presidió Anfac hasta enero de 2022.

Indra, con la que el Gobierno intenta formar un gran campeón de defensa y en la que el Estado es primer accionista (28%), y que estudia fusionarse con la empresa de su presidente y de su hermano, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), fichó en agosto al exdirectivo de Nissan Frank Torres, con tres décadas de experiencia en la automoción, para liderar su nueva división de vehículos militares, Indra Land Vehicles.

La cotizada anunció la semana pasada un acuerdo con la aragonesa Lecitrailer, dedicada a la fabricación de remolques, que le proveerá estructuras para radares y sistemas de mando y control (C2). Un “paso adelante” para reforzar la soberanía tecnológica española y cumplir el objetivo marcado por el Ministerio de Defensa de reforzar la base industrial de la defensa “en todo el territorio”, según Indra.

En octubre, el grupo anunció otra alianza con la catalana Ficosa centrada en los sistemas electroópticos de visión y vigilancia para los vehículos VCR 8x8 Dragón y VAC encargados al consorcio Tess Defence, controlado por Indra. El grupo de la familia Pujol aportará tecnologías duales “que permiten dar autonomía tecnológica al sector de defensa en España” y aplicará su larga experiencia en el desarrollo de toda la cadena de valor aguas arriba, involucrando a otras empresas.

Ficosa ya fue en 2008 fundadora de la andaluza Alestis, proveedor del gigante aeronáutico europeo Airbus (hoy en manos del grupo Aciturri) y ese año fichó como director general de su división de Automoción a De los Mozos, aunque el actual CEO tuvo una etapa muy breve allí y no tardó en regresar a Renault.

El consejero delegado de Ficosa, Javier Pujol, también presidente de la patronal de componentes Sernauto, advertía en octubre de que en la UE la automoción tiene “una sobrecapacidad del 45%, que o se corrige o son entre 10 plantas a nivel europeo, por lo que estaríamos hablando de entre 60.000 y 80.000 puestos de trabajo”.

La producción de vehículos en España no ha recuperado el nivel prepandemia. Entre enero y octubre, último dato disponible, cayó un 5,4% interanual hasta mínimos de 2022. En enero llegó a desplomarse más de un 27% interanual, el mayor descenso desde la crisis del coronavirus y los problemas con el suministro de chips. Las ventas de automóviles en Europa han subido hasta octubre un 1,4% y las de eléctricos han crecido el 25,7%.

Sernauto anunció el jueves un acuerdo con el bufete Broseta para “potenciar la competitividad de la industria española de componentes de automoción y explorar nuevas oportunidades en sectores estratégicos, especialmente el de la Defensa”. El objetivo, “ofrecer a asociados y socios colaboradores conocimiento estructurado sobre el sector Defensa, formular una propuesta sectorial y, lo más importante, crear canales de confianza y colaboración entre ambas industrias”.

Según Sernauto, “el contexto actual del sector de automoción, marcado por el estancamiento de la demanda y un descenso sostenido de los volúmenes de producción en Europa”, está impulsando a los proveedores a diversificar su actividad hacia industrias con perspectivas de crecimiento. La defensa es “un ámbito con potencial para el tejido de proveedores de automoción, dada su elevada capacidad tecnológica, productiva e industrial”.

En palabras de Cristina San Martín, directora de Coordinación, Proyectos y Servicios de Sernauto, el proceso “de inversión, modernización y refuerzo de la autonomía estratégica” a través del sector de defensa es “una oportunidad para que las empresas de automoción diversifiquen aprovechando sus capacidades tecnológicas y productivas, y aporten valor gracias a su sólida experiencia en cadenas de suministro complejas”.

Un 20%

En Catalunya, los proveedores de componentes suponen el 6,5% del PIB autonómico: 5.700 millones de facturación, 16.183 empleos directos y 282 empresas, con cerca del 20% del total de este sector en España. La patronal catalana Foment reclama un porcentaje equivalente de inversión en Catalunya, unos 2.095 millones, de los 10.471 millones con los que está dotado el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, encabezó hace unas semanas una delegación que mantuvo varias reuniones en la Comisión Europea para reclamar parte de esos 800.000 millones que pretende movilizar Bruselas en compras conjuntas de armamento y tecnología militar en los próximos cuatro años. De esa cifra, 150.000 millones se canalizarán con préstamos a los países miembros.

Foment ha firmado un acuerdo con la multinacional estadounidense General Dynamics (dueña de Santa Bárbara y también socia de Tess Defence) para formar a pymes de distintos sectores y que puedan convertirse en proveedoras del sector, siguiendo el modelo ya aplicado en Andalucía a petición del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE).

Clústers regionales

Otro territorio íntimamente ligado al sector es Aragón. Allí el Clúster de Automoción y Movilidad (CAAR), unas 300 empresas que facturan unos 12.000 millones, acaba de adherirse al Hub Aragón Defensa, iniciativa “estratégica” de varias Administraciones y patronales para impulsar “un ecosistema transversal del sector de la defensa en Aragón (Industria, Logística, Infraestructuras, Innovación, Investigación, Formación y Emprendimiento) a través de la colaboración público-privada, contribuyendo a la ampliación de la base industrial y tecnológica de la defensa”.

Un exponente de la sobrecapacidad que afronta la industria europea es la planta de Ford en Almussafes (Valencia), una de las más importantes de España y con su producción en mínimos históricos. El Clúster de Automoción y Movilidad de la Comunitat Valenciana (AVIA), que reúne a 120 empresas relacionadas con el sector cuya facturación supone el 8,9% del PIB de la región, afirmaba hace unos días que las empresas del sector “están preparadas para responder a las necesidades del sector de la defensa”.

Tras analizar una treintena de asociadas, AVIA ha concluido que muchos fabricantes de componentes, ingenierías y servicios integrados en la cadena de suministro ya tienen el conocimiento industrial y tecnológico para dar ese salto con adaptaciones “relativamente ligeras”. En palabras del presidente del clúster, Francisco Segura, “existe una línea directa desde las empresas proveedoras de automoción hacia la defensa, donde ya se trabaja en áreas como la conducción autónoma, la sensorización y la conectividad de dispositivos”.

AVIA plantea un margen de adaptación de entre 6 meses y dos años. Señala como principales escollos la certificación que exigen determinadas instituciones que operan en el sector de la defensa, la adaptación a series cortas de producción y la resistencia de los componentes a entornos extremos y hostiles como variaciones de temperaturas, vibraciones o impactos.

En la cadena de suministro de automoción, los subsectores que más fácil tienen ese trasvase, según Avia, son los que trabajan los materiales avanzados y composites, las empresas relacionadas con electrónica y sensores y las del ámbito de las baterías y sistemas de almacenamiento. Las empresas de ingeniería y TIC tienen capacidad de penetrar en el sector de la defensa a través de la seguridad, la analítica avanzada y las comunicaciones seguras. Y las de logística, con su experiencia en la trazabilidad, el transporte seguro de materiales sensibles y el mantenimiento preventivo militar.

Este trasvase no es nuevo. BMW, Mercedes, Ford o General Motors reorientaron parte de su producción durante la II Guerra Mundial a la defensa. El armamento fue el origen de la sueca Saab, octava empresa de defensa en Europa, que no fabrica automóviles desde la venta de esa unidad de negocio a General Motors hace más de 20 años y acaba de firmar un contrato con el Ejército de Tierra español para sistemas de entrenamiento en vivo. 

En España, un ejemplo clásico es Santana Motor, que empezó produciendo Land Rover bajo licencia y durante décadas fabricó vehículos militares para el Ejército español. O la gallega Urovesa, nacida en 1981 centrada en 4x4 civiles y actividades forestales o agrícolas. En 2024 el 75% de su negocio procedió de la pata militar. Ha sido una de las elegidas para los multimillonarios préstamos a dedo al 0% que ha concedido recientemente al sector el Gobierno para los denominados programas especiales de modernización (PEM), con Indra y EM&E como grandes beneficiarias.