Miguel Ángel Revilla (Polaciones, 1943) afronta esta recta final de la legislatura como la última en la que ocupará un escaño en el Parlamento de Cantabria, donde tiene acta desde las primeras elecciones autonómicas de 1983. “Yo ya no me presento a nada. Ni de suplente. Es un fin de ciclo biológico. En enero hago 84 años. ¡Ya está bien!”, exclama. Y esta vez sí parece la definitiva. Dará un paso atrás, aunque todavía mantendrá las riendas del partido que puso en pie y que catapultó hasta la Presidencia de Cantabria, ya que tiene previsto continuar “temporalmente” como secretario general del PRC. “Tengo como compromiso el tutelar el partido hasta las elecciones para que no haya ningún tipo de división”, admite el dirigente regionalista, que teme que las primarias que se celebraron para elegir a su relevo como cabeza de lista pasen factura interna sin una figura incontestable como la suya a los mandos.

Pese a que augura unos buenos resultados electorales para su sucesora, Paula Fernández Viaña, y pone en valor a figuras emergentes como el candidato regionalista en Santander, Felipe Piña, al que ve como próximo alcalde de la ciudad, descarta un regreso próximo del PRC al poder en Peña Herbosa. “El próximo Gobierno de Cantabria será mimético al Gobierno de España por orden de Madrid. Van a ser el señor Abascal y el señor Feijóo quienes decidan”, admite el expresidente autonómico. En este momento, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, se muestra “muy preocupado” por los posibles retrocesos democráticos en el país si finalmente la extrema derecha llega al Consejo de Ministros. “Feijóo va a ser un presidente con las manos atadas por Vox”, adelanta. Y sobre uno de los temas candentes de la campaña como es la vivienda, que provocó además la convocatoria anticipada, lo tiene claro: “Por primera vez en España toda una generación no tiene horizonte porque no tiene dónde vivir”.

En un mes se celebrarán las elecciones generales tras el anticipo electoral convocado por Pedro Sánchez y los votantes de Cantabria no tendrán disponible la papeleta del PRC cuando acudan a las urnas. ¿Por qué se ha hecho una renuncia así en un momento como este?

Estas son unas elecciones absolutamente polarizadas como yo no he conocido nunca. La posibilidad de sacar un diputado es muy improbable. Y en el caso de que se sacara, ibas a estar en un Congreso en el que, a diferencia de otras veces en las que hemos tenido representación y el voto podía ser decisivo a la hora de reivindicar para Cantabria, como se hizo en la época de José María Mazón, ahora vaticino que va a haber una mayoría superamplia de Partido Popular y Vox. Eso hace que la presencia de un diputado ahí no tenga trascendencia de cara a la reivindicación de temas para Cantabria. También hemos valorado el hecho de que hay unas elecciones el próximo mes de mayo, y con un mal resultado en las elecciones generales, eso pueda lastrar las aspiraciones de nuestros candidatos municipales y no digamos nada de nuestra candidata a la Presidencia de Cantabria. Hay otro dato que es importante: al no haber concurrido a las últimas elecciones tampoco, no tenemos espacios públicos ni posibilidad de que lleguen las papeletas a todos los domicilios, lo cual nos complica aún más la opción de obtener ese diputado. Con los meses que faltan después de las elecciones generales, creo que estamos en condiciones de reactivar a toda la militancia. La decisión se ha tomado de una forma muy democrática, haciendo consultas a los comités locales y comarcales, y después llevándolo a la Ejecutiva, donde por muy amplia mayoría se decidió no concurrir a estas elecciones. 

Sin embargo, no ha sido una decisión unánime. Este mismo año, en una entrevista en elDiario.es, su candidata a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, fue muy contundente al respecto: “Fue un error que el PRC no se presentara a las elecciones generales en 2023. No puede volver a ocurrir, no podemos dejar huérfanos a nuestros votantes”. ¿Cómo ha sido ese debate interno?

Los argumentos para no concurrir te los acabo de explicar, y los que defendían que sí debíamos presentarnos también son muy respetables, por supuesto. En una elección en la que no tienes la papeleta del PRC se deja huérfanos a miles de militantes y de posibles votantes, no cabe duda. Es un problema que tenemos que intentar por todos los medios reparar en el tiempo que queda de aquí a las elecciones. Debemos explicar a los ciudadanos por qué no hemos ido. Hay una lógica que dice que un partido tiene que ir siempre a unas elecciones, pero cuando las posibilidades son las que son y la situación es de esta confrontación electoral que no tiene nada que ver con ninguna que yo haya conocido hasta la fecha, porque va a ser una campaña terrible, las opciones se diluyen para un partido como el nuestro, que no está en esa dicotomía frontal de izquierda y derecha. Ha habido un debate amplio, sí. Y en la Ejecutiva se tomó la decisión con un resultado de 39-14. Algunos alcaldes sí que eran partidarios de ir, pero hemos actuado de una manera democrática, como es habitual en este partido, donde todas las decisiones se basan en la opinión de los militantes, como fue el caso del proceso que sirvió para dar el relevo en la candidatura que encabezará la lista electoral autonómica en mayo. Se sigue un procedimiento escrupuloso y todo el mundo lo ha acatado, como no puede ser de otra manera.

La libertad de voto, evidentemente, siempre existe, pero en algunas ocasiones los partidos que no se presentan dan indicaciones o señalan la dirección a seguir a sus militantes y simpatizantes. ¿Se va a pronunciar Miguel Ángel Revilla en este sentido antes de las elecciones generales del 29N?

No, no, no. Libertad absoluta, como siempre. No vamos, luego los militantes actuarán en conciencia según su manera de pensar, no puede ser de otra forma. No vamos a dar ninguna indicación de ningún tipo.

Parece muy claro que estas elecciones generales se plantean como un plebiscito sobre Pedro Sánchez. ¿Cómo valora el desempeño de su Gobierno a lo largo de esta legislatura?

Yo tenía una impresión, pero lo que ha ocurrido esta semana en Toledo trastoca bastante las perspectivas. Mi sensación era que el PSOE iba a ganar las elecciones, probablemente. Eso pensaba hasta hace unos días. Es curioso que hay acontecimientos en campañas electorales que cambian de manera decisiva el voto de los ciudadanos. No sé cómo puede afectar esto, pero de alguna manera afectará. Recuerdo el atentado del 11M durante una campaña en la que Mariano Rajoy aventajaba en cuatro puntos a José Luis Rodríguez Zapatero, y cómo la mala gestión que se hizo de la explicación de aquellos hechos provocó un vuelco y que Zapatero ganase por casi cuatro puntos. Yo sí tenía la idea de que el PSOE podía ser el partido más votado, con cerca del 30%, punto arriba o abajo, porque la subida de Vox es imparable y creo que va a superar el 20%. No me parece que la derecha, entre PP y Vox, lleguen al 50%, pero van a estar ahí, en esos números. Lo que está claro es que va a haber un Gobierno presidido por Feijóo y con una Vicepresidencia que será para Abascal. Eso es lo que viene. 

¿Y cree que al PP le puede pasar alguna factura ir tan claramente de la mano de Vox a estas elecciones?

Creo que hay que reseñar que, aunque va a ser el próximo presidente del Gobierno, el liderazgo de Feijóo no se ha consolidado. En unas circunstancias como las que ha pasado Pedro Sánchez en estos últimos cuatro años, donde no ha presentado presupuestos, donde incumplió lo que dijo a los ciudadanos de que no iba a aprobar una amnistía, la dana, los accidentes ferroviarios y con los más incondicionales soportes que tenía de compañeros, uno en la cárcel y otro procesado, su hermano, su mujer… Así se las ponían a Fernando VII. Que Feijóo vaya a tener peor resultado que en las pasadas elecciones significa que su liderazgo está bastante tocado. Por un lado, porque se ha posicionado muy próximo a las teorías de Vox. Muy próximo. Se percibe un volantazo hacia las posiciones de Vox no solo en aceptar sus planteamientos, sino también en el lenguaje. Yo no reconozco al Feijóo que conocí cuando era presidente de la Xunta de Galicia y con el que tengo una buena relación. Hablamos de vez en cuando y se lo he dicho: está posicionado muy próximo a Vox y eso hace que el votante más centrado del PP le deje de votar. O que ya puestos a extremismos, se vaya más al extremo y elija a Vox. Por otro lado, está muy presionado por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso es una Vox de libro. De libro. Está en el PP, pero mantiene postulados incluso más radicales que Vox en temas fundamentales. Estas dos cosas han desdibujado a Feijóo, que podría haber sido un candidato moderado, de centro-derecha del corte de otros presidentes que tenemos en Europa, como es el caso de Alemania, que gobierna con los socialdemócratas. Ha tomado una deriva hacia la derecha que lo ha desdibujado como líder. El gran problema que va a tener cuando forme Gobierno es que se va a encontrar con un partido que va a sacar muchísimos votos, que va a pasar probablemente de los 70 diputados, y que van a hacer valer esa fuerza para darle la Presidencia. Feijóo va a aceptar la Presidencia a cualquier condición. Como si hubiera necesitado los votos de Junts, con todo lo que ha dicho de ellos, se lo hubiese tragado también. Es su última oportunidad, tiene que ser ahora o nunca. Pasó en el caso de Sánchez, que fue capaz de articular una mayoría tan dispar que siempre dije que iba a salir mal. Se ha traducido en una legislatura en la que sus propios socios han sido desleales la mayoría, más allá de los problemas internos del PSOE. Feijóo va a ser un presidente con las manos atadas por Vox y eso me preocupa.

¿Y qué le preocupa más de la probable llegada de la extrema derecha al Gobierno de España? ¿Cuál cree que puede ser el mayor peligro en ese sentido?

Me preocupan temas fundamentales que han asentado el bienestar de este país: la sanidad pública, la educación pública y las pensiones. Y fundamentalmente, esto último: las pensiones. ¿Qué van a decir en campaña electoral si hay más de 10 millones de votantes que son pensionistas? Van a decir que no se tocan, pero hay declaraciones previas y todos sabemos que Vox eso lo tiene clarísimo. El señor Figaredo ya ha hablado de un modelo mixto. Apuestan por una fórmula que ya se aplica en otros países como Estados Unidos donde los ciudadanos van a tener que hacer algún complemento a un seguro privado para tener su pensión. Y ahí ya sabemos que hay entidades financieras y fondos de inversión que vienen presionando a los partidos de derechas para entrar en esa dinámica, igual que en la sanidad, que ya tiene un volumen de atención que ha ido creciendo en los últimos años. En cuanto gobiernen PP y Vox va a incrementarse esa participación privada en la sanidad. Y en el tema de la educación, prácticamente lo mismo. No apuestan por una educación mixta como la que conocemos y consideramos lógica. Es llamativo cómo en los últimos años han proliferado de manera extraordinaria las universidades privadas. Lo que va a venir será una mayor participación de lo privado en la educación. Esos son los tres temas que me hacen estar muy preocupado del Gobierno que vamos a tener. Básicamente, la manera en la que Vox va a condicionar a Feijóo en estas materias. No hablemos ya en asuntos como la inmigración o de derechos que se han venido conquistando con el tiempo, que tienen que ver con la eutanasia, con la libertad de elección de género y cantidad de medidas muy progresistas que se han ido tomando. Igual que está en riesgo la libertad de expresión y la libertad de prensa, porque ya vemos cómo actúan con los periodistas que no les gustan o con los medios de comunicación públicos, que quieren entrar con la motosierra. También sobre el salario mínimo, donde el PP está en la línea de la CEOE de que no se suba, lo que va a afectar a mucha gente. No va a ser un Gobierno del PP. Va a estar muy condicionado por Vox, que va a aceptar todas las reivindicaciones de Vox, como han hecho en todas las comunidades autónomas donde gobiernan juntos. Esa es la preocupación que yo tengo y que traslado a los ciudadanos. Lo que viene no me gusta nada, pero el cambio de ciclo está marcado. 

Está resultando llamativa la batalla por el Senado, que tradicionalmente ha sido una Cámara muy poco competida electoralmente. Ahí sí que se detectan claramente dos bloques antagónicos, con listas conjuntas, renuncias en circunscripciones y decisiones más estratégicas que políticas. Parece que detrás de todo está el futuro control de un órgano como el Tribunal Constitucional, entre otras cosas. ¿Qué le parece?

Tengo que ser consecuente con lo que he dicho toda mi vida: yo no iría al Senado ni obligado con una pistola. El Senado es una cámara inútil, pero ojo, porque tiene alguna competencia terrible. Es una cámara de segunda lectura, no puede echar abajo unos presupuestos, es un cementerio de elefantes, donde los partidos políticos colocan a la gente que se queda descolgada. Están muy bien pagados, tienen sus oficinas, sus empleados, para no hacer nada. Es un chollo. El que no tiene otra cosa, acepta si no tiene escrúpulos. Esta legislatura ha servido para ser un tribunal, para intentar juzgar a unos y a otros, en comisiones de investigación absurdas, pero no se ha demostrado allí nada sustancial. Lo que pasa es que, una cámara inútil como el Senado sí puede nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, y ahí está la gran batalla. Es algo que he venido denunciando, cómo los partidos políticos manejan las instituciones judiciales. Es algo increíble. Algo que todos sabemos. Ahora mismo, la composición del Tribunal Constitucional es un freno para las decisiones del Tribunal Supremo, que está dominado por la derecha. Se ha visto recientemente en algunas resoluciones, como la de la amnistía. Eso es lo que les falta al PP y a Vox para tener a unos jueces nombrados por ellos mismos en el Constitucional. Esto es muy preocupante. La experiencia nos dice que las votaciones en estos órganos judiciales reproducen las mayorías de quienes les han nombrado. Esto es una preocupación que hay que sumar a todo lo que he dicho antes. 

La democracia descansa sobre el poder judicial. Si no es independiente, no hay democracia

Que estemos hablando de esto, ¿no supone ya un retroceso democrático en sí mismo en nuestro país?

Esa preocupación se refleja constantemente en las encuestas. Una amplia mayoría de los ciudadanos consideran que las instituciones judiciales están politizadas. Todos sabemos de antemano lo que se va a votar si una materia se aborda en el Supremo o en el Constitucional. Es algo que responde a la inquietud que tenemos los ciudadanos: que la justicia está condicionada por las decisiones políticas. Y eso es terrible, porque la democracia descansa sobre el poder judicial. Si no es independiente, no hay democracia. 

El anticipo electoral se produjo tras el rechazo a los decretos de vivienda que llevó al Congreso el Gobierno de Pedro Sánchez y las movilizaciones que tuvieron lugar en la calle por la situación de la vivienda en España. ¿Cuál debe ser la receta para abordar esta crisis cada día más profunda?

Tal y como está el panorama en España, que es el más enfrentado que he visto en mi vida, es muy complicado. Cualquier cosa que proponga un partido, por razonable que sea, el otro va a decir que no. Esta es la realidad. Respecto a la vivienda, que en estos ocho últimos años no se ha hecho nada, y en los ocho años anteriores de Mariano Rajoy tampoco, yo recuerdo la época en la que fui consejero de Obras Públicas y vicepresidente del Gobierno de Cantabria y que coincidió en el tiempo con un señor muy sabio y que no me explico que nunca haya sido presidente de España, que es Josep Borrell, que puso en marcha un plan de vivienda que firmamos aquí en Santander, y que me permitió a mí entregar en ocho años 3.500 viviendas públicas. No se ha vuelto a hacer algo así. Ahora mismo en España estamos condenando a tres o cuatro millones de jóvenes a que nunca puedan tener una casa. Imagínate lo que es eso para un país. Ni en alquiler, ni en propiedad. He recuperado mi nómina de 1970. Yo ganaba 14.000 pesetas y un piso en Santander de 80 metros útiles valía 140.000 pesetas. Con el sueldo de un año se compraba un piso. Hoy, un joven, y tengo la experiencia en casa, que gane 1.600 euros y tenga que vivir en otra ciudad, en Madrid o Barcelona, tiene que alquilar una habitación que le cuesta 800 o 900 euros más gastos. Esa persona está condenada a no tener futuro. La juventud no tiene futuro, no se puede ir de casa de sus padres. Y si se va, es para subsistir, pero jamás para tener un horizonte como el que teníamos en mi época. En España, las administraciones deberían ceder suelo gratis para hacer viviendas de protección oficial para personas que lo necesitan y que no puedan vender por lo menos en 30 años. Que no se pueda especular. Otro acuerdo que se puede tomar es quitarle el IVA. Y el impuesto municipal. Haciendo todo eso, se pueden construir viviendas públicas por 100.000 euros, que ya es un precio razonable. Con las nuevas ayudas que ha puesto en marcha el Gobierno, eso ya permitiría a un joven meterse en una hipoteca que pueda pagar y tener un piso. Pero si tiene que pagar 250.000 euros… es imposible. Sobran solares en España para hacerlo. Faltan ganas de ponerse de acuerdo.

Pero las competencias de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas y en todo ese proceso que relata intervienen diferentes administraciones…

Eso es. Las competencias están transferidas y exigen poner de acuerdo a administraciones que muy probablemente son de diferente color político. Tienes que poner de acuerdo al Gobierno de España, a las comunidades, a los ayuntamientos… Hay que poner a todos de acuerdo para hacer casas a tutiplén para personas que lo necesiten, con una serie de condicionantes. Se podrían construir un millón en cuatro años. Pero no se puede porque los partidos no se ponen de acuerdo. Si lo propone el PSOE, va a votar en contra el PP. Y si lo propone el PP, va a votar en contra el PSOE. Este es el drama que estamos viviendo en España, que no hay manera de llegar a un acuerdo en algo tan fundamental. Todo el mundo sabe que la explosión social que hay ahora mismo en España es la vivienda.

Por primera vez en España toda una generación no tiene horizonte porque no tiene dónde vivir

De todas formas, construir vivienda no es algo que se pueda hacer de un día para otro. Está hablando de cuatro años, de una legislatura completa, en el mejor de los casos y con todas las administraciones alineadas, por lo que no daría una respuesta inmediata a un problema que es acuciante. Sin embargo, también hay datos de las miles de viviendas vacías que no están en uso y que sirven como inversión o como segundas residencias y viviendas vacacionales. ¿No sería más rápido empezar por ahí? ¿No es más ágil legislar en ese sentido?

Sí, también. Pero es una respuesta más limitada. Si hacen falta un millón de viviendas, cuanto antes empieces más pronto estarán disponibles. Las cosas que se ponen en marcha tardan en acabarse, pero si no se empieza… no acaban nunca. ¿Vamos a seguir otra legislatura con el mismo problema? Es una explosión. Los jóvenes están indignados. No tienen futuro. Por primera vez en España toda una generación no tiene horizonte porque no tiene dónde vivir.

Aquí en Cantabria estamos viendo una liberalización del suelo rústico para construir vivienda casi en cualquier parte y el impulso a algunos megaproyectos privados como el que se plantea en la zona norte de Santander que generan un importante rechazo social. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cree que es un camino acertado?

Ya estamos viendo lo que se pretende hacer aquí. Megaproyectos que son pelotazos. Utilizan la figura del PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional) que se diseñó para otra cosa. Aquí en Santander se plantea arrasar una zona con 9.000 viviendas, una torre de 30 alturas… eso es un disparate absoluto. Espero que si eso llega a los tribunales, un juez diga que un PSIR se hace por un interés general. Eso es lo que hicimos en el polígono de La Pasiega o en Reinosa para construir un hospital. Eso sí, para eso están. No para dar un pelotazo con un complejo hotelero, una piscina de olas, tiendas y no sé cuántas cosas más. A mí me dicen que allí se van a construir 6.000 viviendas de protección oficial y me parece bien. Si son todas protegidas y dan respuesta a un problema que tenemos. Pero no es eso. Es un proyecto para hacer ricos a muchos, con pisos caros que van a comprar gente de Madrid o Barcelona y van a estar vacíos medio año. ¿Quién va a comprar aquí pisos por 500.000 euros? Nadie. Solo servirá para dar un pelotazo.

El urbanismo está siendo uno de los caballos de batalla de esta legislatura, incluso con movilizaciones sociales como la que se ha celebrado este mismo fin de semana. ¿Cree que puede ir a más?

No podemos destrozar Cantabria. Los mayores problemas que yo tuve, que soporté manifestaciones en contra, fue cuando hicimos el Plan de Ordenación del Litoral, el POL. Lo hizo mi consejero Vicente Mediavilla y protege toda la costa, pero si ahora vienen estos señores y ahí, que no se puede hacer nada porque es un suelo rústico, quieren construir y masificar Cantabria, volvemos a la casilla de salida. Además, como Cantabria se ha convertido en un polo de atracción para toda España, por el clima, por las condiciones sociales, esto es una región paradisíaca. El que tiene dinero sabe que esa vivienda, aunque no la habite, en un año se va a revalorizar un 15%, así que volvemos a la época del ladrillo. Así no se soluciona el problema de la vivienda. Eso es un pelotazo urbanístico y es lo que me preocupa de este Gobierno del PP en Cantabria, que está en una deriva que es muy sospechosa. Pero habrá una gran contestación, porque la gente está pidiendo una región que se desarrolle, pero que sea equilibrada y que esto no se convierta en un Benidorm o en una zona de segundas residencias. Vamos a tener una posición muy firme contra todos estos pelotazos que se quieren dar.

Precisamente el turismo parece que empieza a tener muchos detractores como modelo económico de desarrollo para Cantabria, por las dificultades que genera para los habitantes de la comunidad en aspectos como el acceso a la vivienda. Usted que siempre fue un abanderado del eslogan 'Cantabria Infinita', ¿cree que hay que poner límites y buscar fórmulas para minimizar este impacto?

Eso ya está, se acabó. Hay que poner límites. Cuando yo hablaba de Cantabria era porque no la conocía nadie, porque teníamos que desarrollarnos. Eso nos ha permitido tener un aeropuerto con treinta y pico vuelos, tener la Autovía de la Meseta, mejorar nuestras infraestructuras. Era necesario. Ahora mismo yo digo que hasta aquí hemos llegado. Hay que ordenar Cantabria y evitar que se nos vaya de las manos. 

Ustedes se abstuvieron en la investidura de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, a cambio de que Vox no entrara en el Gobierno. A la vista de los resultados, ¿cree que fue una decisión correcta o piensa que le puede acabar penalizando electoralmente al PRC?

Lo hicimos en conciencia. Creo que se puede ver la diferencia de talante en la oposición. Yo estuve 16 años como presidente y ya saben la leña que me han dado siempre a mí. Ojalá hubiera sido presidente con una oposición como la que está haciendo el PRC, con una actitud como la que estoy teniendo yo. No se ha agradecido nada. Son unos ingratos. Todavía ahora que intuyen que no habrá presupuestos porque lo han incumplido casi todo se permiten decir que somos un partido “sucio”. Ese es el agradecimiento que se tiene con un partido que, a cambio de nada, les ha permitido gobernar con tranquilidad, cosa que yo no he tenido en mis legislaturas como presidente nunca. 

Ojalá hubiera sido presidente con una oposición como la que está haciendo el PRC, con una actitud como la que estoy teniendo yo. No se ha agradecido nada. Son unos ingratos

No solamente apoyaron la investidura. También han sacado adelante tres presupuestos del PP a lo largo de la legislatura y varias de las leyes fundamentales de este Gobierno. Y ustedes mismos dicen que se han incumplido la inmensa mayoría de los acuerdos con el PP…

¡Pero lo hemos hecho en conciencia! Queríamos evitar la entrada de Vox en el Gobierno. Y es verdad que no ha servido para nada, porque estamos abocados a un Gobierno PP-Vox en la próxima legislatura.

¿Cree que no hay otra alternativa?

¡Si ya está hecho! Si les van a aprobar los presupuestos ahora… Por la vía de la abstención o por lo que haga falta, porque va a llegar la orden de Madrid y ya está. Estos partidos no deciden aquí. Abascal va a dar la orden y se acabó.

¿El PRC se siente engañado por el Gobierno de Buruaga?

Nos sentimos dolidos por la ingratitud de quien no sabe reconocer el gesto que ha tenido este partido, único en España, coherente con lo que yo vengo predicando siempre: que en temas importantes hay que llegar a acuerdos. Y que si se puede evitar un mal mayor, cada partido tendría que hacerlo, aunque le pueda perjudicar electoralmente. No se puede pensar solo en tus siglas, sino en el interés general. Nosotros hemos permitido sacar adelante tres presupuestos y que pudieran seguir gobernando. Al menos hemos conseguido que no tumbaran proyectos importantes que pusimos en marcha nosotros. Fuera de eso no veo nada, solo cosas raras. No han parado proyectos de envergadura para Cantabria. Si hemos salvado eso, habrá merecido la pena. Pero no puedo dejar de estar dolido. Yo no valgo para esto. No valgo. A mí si alguien me hace un favor se lo agradezco. Ni me mencionan. Ni eso. Y luego viene gente como Miguel Tellado a insultarme. ¿A cuento de qué? Si ya no pinto nada, olvídame, que ya no voy a ser rival vuestro. Es mala gente, son gente faltona…

Es casi una tradición que le pregunte por su sucesión al frente del partido. ¿Por qué ha decidido finalmente quedarse como secretario general del PRC y apostar por una bicefalia?

Voy a seguir temporalmente. La previsión es que a final de año, después de que conozcamos el resultado electoral, puedan producirse cambios. Se eligió una candidata electoral con un método novedoso, en el que yo no intervine para nada ni me pronuncié a favor de nadie. Yo era el presidente y podría haber elegido a mi sucesor, pero no lo hice. También te digo que si no se hubiera muerto Rafa de la Sierra, lógicamente la transición estaba cantada. Pero aquí hubo hasta cuatro candidatos y nadie sabe a quién voté yo. Ahí apareció un voto en blanco, no sé de quién será… Yo no quise influir en nada. Se hicieron unas primarias para que se pronunciaran los militantes. Hubo cuatro candidatos. Y esto deja siempre alguna secuela, nos guste o no. La deja en todos los partidos. El que no gana… Podría haberse producido un cisma y no estaba dispuesto. Mi figura es respetada todavía en el partido y se me tiene en cuenta. Yo tengo como compromiso el tutelar el partido hasta las elecciones para que no haya ningún tipo de división y vayamos unidos. Todos debemos arrimar el hombro para sacar el mejor resultado para Paula [Fernández Viaña]. Yo he decidido esto, en contra de mis intereses, porque me iba a jubilar. A pesar de mi edad, tengo muchas expectativas, muchos planes, quiero escribir más libros, todo el mundo me llama y voy a muchos sitios, pero mi obligación es no dejar este partido con riesgo de fracturas. Este será mi papel como secretario general. Pasadas las elecciones, a final del año 2027, a ver cómo estoy físicamente... Tengo algún problema que me están tratando. Lo lógico es que a final del año que viene y con un resultado electoral que dura para cuatro años quede todo encarrilado. Pero yo tenía que quedarme ahora por responsabilidad. 

¿No va a ir en las listas? ¿Ni de manera simbólica?

No, no, no. Yo ya no me presento a nada. Ni de suplente. Ahora, con la convocatoria de las elecciones generales, me decían que tenía que ir yo… ¿Yo? De eso nada. Es un fin de ciclo biológico. En enero hago 84 años. Ya está bien. 

¿Cuál debe ser la aspiración del PRC en las próximas elecciones autonómicas en Cantabria? 

Como mínimo, el objetivo tiene que ser mantener el resultado anterior… ¡Que yo tenía las elecciones ganadas en el mes de febrero! Ahí tengo la encuesta. Bajábamos dos diputados, pero con 12 yo era presidente. Destaparon la trama de ese funcionario corrupto y eso nos llevó por delante. La campaña fue feroz. “La corrupción acorrala a Revilla”, decían. A Revilla, que no ha robado nunca, que su imagen es la de la honradez, la austeridad, la de ser un tío normal… ¡Joder! ¿Revilla corrupto? Nos tocan la línea de flotación. Fueron unos meses horrorosos. En el Parlamento, la oposición del PP fue feroz. Sabiendo que en 3.000 folios de la investigación no existe ni una mención a un cargo político. Fue un funcionario, que tiene que vigilarlos a nosotros, el que se corrompió con tres empresarios. Eso puede ocurrir y es indetectable porque es él el que firma el visto bueno a las obras. Es el jefe de servicio el que tiene la potestad de dar las certificaciones. Así funciona la Administración… Yo no puedo entender cómo se resolvió este asunto, con los empresarios prácticamente limpios y el funcionario que va a salir a la calle en cuatro días, ya lo verás…

¿Y se plantearían entrar en un hipotético Gobierno del PP si dan los números o dan por hecho que es improbable porque el pacto con Vox está hecho?

El próximo Gobierno de Cantabria será mimético al Gobierno de España por orden de Madrid. Ni el PP ni Vox tienen capacidad ninguna de decidir aquí: van a ser el señor Abascal y el señor Feijóo quienes decidan. Como comprenderás, no van a consentir que exista un pacto en todas las comunidades autónomas y en el Gobierno central y que Cantabria sea una isla. Estos señores de aquí no pintan nada. Y los señores de Vox son del PP. Yo les he conocido a todos ahí. Son los mismos. Y Abascal era del PP. Si son ellos, que como en un momento determinado no tenían plaza, crearon un partido. Pero no hay grandes diferencias…

El próximo Gobierno de Cantabria será mimético al Gobierno de España por orden de Madrid. Ni el PP ni Vox tienen capacidad ninguna de decidir aquí: van a ser el señor Abascal y el señor Feijóo quienes decidan

¿Cómo puede afectar al regionalismo la competencia electoral de una nueva formación política como Cantabristas, que también apela a la identidad cántabra y a la defensa del territorio como ejes de su propuesta? 

No lo sé, la verdad. Nosotros tenemos una gran fuerza municipal. Tenemos 35 alcaldes. Vamos a tener un extraordinario resultado en Santander, ya te lo adelanto. Ahí no me equivoco, tengo datos. Hay grandes posibilidades de que Felipe Piña sea alcalde. Por primera vez en la historia de Santander puede haber un alcalde del PRC.

¿Y vincula esa posibilidad al salto de Gema Igual a la política nacional como candidata al Senado en las elecciones generales? ¿La alcaldesa tiene los mismos datos que usted?

[Ríe] Es muy probable. Posiblemente los tiene, sí. Felipe Piña está muy fuerte. Sal con él a la calle en Santander… Está haciendo lo mismo que hice yo en Cantabria antes de ser presidente. Barrio a barrio, recorriendo la ciudad. Yo, pueblo a pueblo. De Aldano a Villaverde de Trucíos. Palparlo todo, cada bache, cada carretera. Hablar con todo el mundo. Eso está haciendo él en Santander. Entra en las casas a preguntar, a escuchar los problemas de los vecinos. Recorre los barrios. Todo el mundo está con Piña, que además es un tío muy preparado. Es un líder. Y es una suerte tener a Piña en el PRC. Un ingeniero de Caminos, joven, con ganas…

Un alcalde del PRC en Santander se convertiría directamente en un serio aspirante a la sucesión de Miguel Ángel Revilla…

[Ríe]. Bueno, no lo sé. Pero no cabe duda que Piña tiene cualidades para cualquier cosa. Está muy preparado y es muy amigo mío, lo conozco muy bien. Fui de los que me mojé y le convencí para que fuera candidato. Tenía su vida resuelta y dio el paso. Lo ha cogido con un entusiasmo que le va a llevar muy lejos. No me equivoco si digo que va a ser un pelotazo lo que va a dar. Si ganamos en Santander y conservamos Torrelavega, no es poca cosa… Y vamos a tener un muy buen resultado en Castro Urdiales, la tercera ciudad por población, donde tenemos 600 afiliados nada menos. 

¿Y hay riesgo de fugas? ¿Alcaldes que den el salto a otros partidos?

No, no. Ni lo hubo en la época en la que gobernó Ignacio Diego, que iban a por todos, que llamaron a todos, ni lo habrá ahora. No se va nadie. El partido está firme. Y esa es la labor que yo tengo: que el partido esté firme para apoyar con todas nuestras energías a Paula. Tenemos un balance histórico irrepetible: ni un condenado por corrupción en nuestras filas. Y hemos estado 24 años en el Gobierno. Creo que puede haber un buen resultado y veo buen ambiente, la verdad.

Una última pregunta más personal. Hacía alusión antes a su compañero Rafael de la Sierra, y este año ha fallecido también otro dirigente histórico del PRC como Javier López Marcano, que estuvo siempre junto a usted. ¿Cómo ha superado esas pérdidas?

¡Joder! [Se emociona]. Me entra una angustia… Siento una especie de soledad… Han sido tantas horas compartidas, tantas historias, tantas batallas que hemos librado… Estoy hablando de Santi Revolvo, de José María Cos, de aquellos que estaban ya cuando éramos pocos... y me estoy quedando solo. Hay muy pocos de mi edad. Es una sensación de soledad… Pero soy optimista. Creo que tendremos un buen resultado, a pesar de que está complicado y la polarización que existe entre los grandes partidos. La gente va a saber diferenciar entre las elecciones de mayo y el gallinero que tenemos montado en las generales.

Vuelvo a asomarme por aquí casi seis meses después, tras un agradable parón disfrutando de mi permiso de paternidad y observando la actualidad en la distancia como un mero espectador. La sensación, sin embargo, es de cierto déjà vu por lo poco que han cambiado las cosas en este tiempo. La recta final de la legislatura solo ha servido para dar un acelerón en algunas de las políticas más controvertidas del Gobierno de Cantabria: nueva promesa de reforma fiscal, liberalización del suelo rústico en manos de promotores privados, macroproyectos urbanísticos de dudosa fiabilidad, apuesta extrema por el turismo como motor económico y una privatización sanitaria cada vez más intensa.

Sobre esto, con gran esfuerzo y profesionalidad, han escrito con todo lujo de detalles mis compañeras de Redacción en elDiario.es durante mi ausencia. Han dado exclusivas relevantes, han aportado información desconocida incluso para la oposición parlamentaria, han ofrecido análisis en profundidad y voces de especialistas para dar contexto a lo que estaba ocurriendo. Este trabajo periodístico ha tenido un alcance espectacular, batiendo récords de audiencia, pero también ha tenido repercusiones negativas para el periódico y me veo en la obligación de contártelo.

La principal consecuencia ha sido que el Gobierno de Cantabria nos ha cerrado la puerta. En los casi 12 años que llevamos desde que pusimos en marcha la edición de elDiario.es en la comunidad autónoma nunca nos habían puesto tantas trabas para trabajar como ahora. Si no has leído aquí una entrevista con la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, o con sus consejeros es porque no las aceptan. Conceder una entrevista es voluntario, pero proporcionar información de su gestión pública no puede eludirse.

A nosotros rara vez nos responden cuando pedimos aclaraciones o intentamos contrastar una noticia. Creemos saber por qué. Nuestras informaciones les resultan incómodas: los 256 millones destinados a privatizar servicios sanitarios en un hospital religioso durante 20 años, la recalificación de 100.000 metros cuadrados para un resort con piscina de olas o el día que el Gobierno presentó un estudio favorable al centro de datos de Altamira que no existe. Por eso son reacios a facilitarnos información, y eso nos obliga a recurrir continuamente a peticiones de transparencia que, en la mayoría de los casos, se quedan sin respuesta.

Detrás de estas informaciones hay una redacción pequeña, con profesionales que vivimos en Cantabria y contamos lo que pasa aquí sin depender de bancos, fondos de inversión, ni intereses partidistas

Esta situación de boicot informativo se ha trasladado este año a la exclusión de elDiario.es de las campañas de publicidad institucional y los patrocinios del Gobierno de Cantabria. Dinero público que se invierte en los medios de comunicación pero que se distribuye con criterios arbitrarios en vez de a través de baremos objetivos y cuantificables como exige la ley. El Ayuntamiento de Santander lleva años haciendo lo mismo, y hemos tenido que ir a los tribunales. El juzgado ya ha admitido a trámite nuestra demanda y esperamos tener buenas noticias muy pronto. Ahora tocará hacer lo mismo con Buruaga y sus consejeros.

Vigilar a los poderosos, dar voz a la ciudadanía o contar qué hay detrás de muchas iniciativas públicas tiene un elevado coste para el periodismo independiente. Detrás de estas informaciones hay una redacción pequeña, con profesionales que vivimos en Cantabria y contamos lo que pasa aquí sin depender de bancos, fondos de inversión, ni intereses partidistas. Si no lo contamos nosotros, muchas de estas historias no las contaría nadie. Y necesitamos tu colaboración para llegar más lejos. Por eso, si no lo eres ya, te pido que te hagas socio o socia o aumentes tu cuota.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha entrado de lleno en la precampaña electoral con una nueva promesa de rebaja de impuestos, que cifra en unos 27 millones de euros al año, sin contar aún con los apoyos suficientes en el Parlamento autonómico para sacar adelante estas pretendidas deducciones fiscales, al tiempo que ha reconocido que descarta iniciar las conversaciones con el resto de partidos de la oposición hasta después de las elecciones generales del 29N. “Sería una negociación abocada al fracaso con el actual clima de enfrentamiento”, ha justificado durante la rueda de prensa en la que ha dado a conocer los planes de su Ejecutivo.

Así, en una rueda de prensa celebrada este martes en la sede del Gobierno de Cantabria junto al consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros (PP), Buruaga ha hablado de la “cuadratura del círculo” y del “círculo virtuoso” para la economía que, a su juicio, provocó la anterior rebaja de impuestos que aprobaron al inicio de la legislatura con el apoyo del PRC.

En este sentido, la presidenta autonómica ha señalado que, tras aplicar su política fiscal, Cantabria cuenta con 23.422 declarantes más del IRPF que antes de la reforma de 2024, que ha definido como “la mayor en la historia de la comunidad autónoma”, y con mayores rentas y, por tanto, mayor base imponible: 878 millones de euros más declarados que antes de la reforma y más cuota líquida, que alcanzó los 104 millones de euros más. 

Los cambios fiscales anunciados en rueda de prensa se recogerán en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que el Gobierno de Buruaga aprobará, junto al proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria para el año 2027, el próximo viernes, registrando posteriormente estas iniciativas en el Parlamento autonómico para comenzar con su tramitación, que necesariamente tendrán que contar con el visto bueno de Vox o PRC.

Medidas fiscales

Entre las medidas concretas anunciadas por la presidenta, la que mayor impacto tendrá sobre las cuentas sería la decisión del Gobierno de actuar sobre el IRPF, “para que la inflación no se coma el salario de los cántabros”, deflactando o actualizando un 5% la tarifa autonómica, los mínimos personales y familiares y las deducciones autonómicas.

Según los datos aportados por Buruaga, esta medida afectaría a los más de 246.000 contribuyentes cántabros y puede suponer un “ahorro” estimado de 25,2 millones de euros, y se sumaría a la reforma del IRPF que el Gobierno del PP aplicó en 2024 con unas cifras similares.

Así, por ejemplo, en la tarifa autonómica implica que el primer tramo que tributa a un 8,5% y se aplica a las rentas hasta 13.000 euros pasará a aplicarse a rentas de hasta 13.650 euros. En el caso de los mínimos personales y familiares, se elevan un 5% las cantidades exentas, y deflactar las deducciones supone que se amplían las cantidades que no tributan en las 84.000 deducciones que se aplican a los cántabros en cada ejercicio, elevando además el límite de renta en un 5%, con lo que 9.000 contribuyentes más podrán beneficiarse de deducciones como las de gastos por enfermedad, para el fomento de ejercicio y la práctica deportiva, o la que se aplica por abrir una cuenta vivienda. 

También se pretende elevar de 36 a 40 años la edad límite para aplicar las deducciones por arrendamiento de vivienda habitual, por adquisición de vivienda y por las aportaciones a la cuenta vivienda y, además, se refuerzan las deducciones “para que quien esté ahorrando para comprar su vivienda y quien la adquiera, tenga un beneficio fiscal, con un aumento de la cantidad deducible hasta los 1.500 euros durante un periodo de 10 años”. 

Respecto a las empresas, el Gobierno ha previsto actuar sobre el IRPF y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. En el primero de ellos, se duplica el porcentaje de deducción, que pasa del 15 al 30% por inversión en nuevas empresas con un límite de 6.000 euros, y se elevará hasta el 45% y los 9.000 euros cuando se trate de pequeñas y medianas empresas innovadoras o empresas participadas por universidades y organismos de investigación. 

Además, el Gobierno reforzará las deducciones hasta un 40% de los gastos por traslado y permanencia de nuevos residentes en Cantabria con un máximo de 5.000 euros, cuando sea menor de 36 años, retornado o pertenezca a perfiles vinculados a sectores prioritarios, como innovación, empresas de base tecnológica o proyectos empresariales estratégicos.

Los cambios fiscales que promete el Gobierno en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales suponen la creación de un tipo reducido del 7% que se aplicará a la compra de inmuebles destinados a usos productivos en polígonos industriales, parques empresariales o centros tecnológicos siempre que el empresario mantenga la actividad y el domicilio fiscal en Cantabria durante cinco años y que incremente su plantilla y la mantenga durante al menos tres años.

También se aplicará el tipo reducido del 7% a la compra de inmuebles para el inicio de una nueva actividad económica en Cantabria si se mantiene durante 5 años y se contrata al menos a un trabajador a jornada completa, y a los adquiridos por beneficiarios de ayudas al autoempleo, una medida que se extenderá también a los inmuebles incluidos en la transmisión de empresas individuales o negocios profesionales, además de un tipo reducido del 4% cuando el inmueble se encuentre en alguno de los municipios afectados por riesgo de despoblamiento, que se extiende a su vez a las transmisiones de fincas rústicas afectas a explotaciones forestales activas.

Finalmente, la reforma fiscal diseñada por el Ejecutivo de Buruaga incluye otras tres deducciones, con una nueva para gastos en residencias 24 horas y centros de día a personas mayores de 65 años que no perciban prestaciones para la misma finalidad del sistema de atención a la dependencia; otra deducción por los gastos ejecutados para la prevención de incendios por parte de los propietarios de terrenos forestales, y una más para las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1950 y 1985. 

“Yo soy alcaldesa de Santander hasta mayo, yo soy la candidata a la Alcaldía en las elecciones de mayo y yo seré la cabeza de lista del PP al Senado”. Así resumió esta semana Gema Igual su futuro político a corto plazo. Ni un paso atrás, candidata a todo. Tan solo entregará su acta de diputada en el Parlamento de Cantabria, donde ha tenido un papel prácticamente testimonial a lo largo de la presente legislatura, obligada por el hecho de que es incompatible para ser elegida senadora en la Cámara Alta.

La también vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) emprenderá así una intensa carrera electoral de más de siete meses, con paradas obligatorias en las elecciones generales del 29 de noviembre y en los comicios municipales que se celebrarán la próxima primavera, en uno de los momentos en los que más cuestionada está su continuidad al frente del Ayuntamiento de Santander tras una década con el bastón de mando que 'heredó' de Íñigo de la Serna.

Su salto a la política nacional llega 'patrocinado' directamente por el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, según confesó ella misma en la rueda de prensa en la que se hizo pública su inesperada candidatura al Senado. Y se produce después de que hubiera negado reiteradamente en los últimos meses cualquier posibilidad de dar un salto a Madrid, rumor insistente que llegó a negar durante el desarrollo de un pleno municipal en Santander.

“Qué ganas [tienen] de que me vaya a Madrid”, respondió Gema Igual a las reiteradas insinuaciones de los portavoces de la oposición. “Las cartas de Madrid, las llamadas a Madrid, las están haciendo ustedes; yo, no. Yo no”, subrayó la regidora santanderina este mismo año, cuando se pusieron sobre la mesa las aspiraciones políticas de una mujer que lleva 23 años en primera línea política en Santander, primero como concejala al frente de diferentes áreas y desde hace casi diez años como máxima representante institucional del Consistorio.

Pese a este cambio de criterio que se produce en plena recta final de la legislatura, mucho más accidentada de lo esperado pese a disponer de mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Santander, Gema Igual se ha mostrado confiada en la posibilidad de compatibilizar ambos cargos y ejercer como senadora a partir del 29N. “Es momento de decir que sí, de estar a disposición del partido y de España”, ha defendido ante las críticas de la oposición, que cuestiona la dedicación que puede tener a la ciudad a partir de ahora.

“Alcaldesa a tiempo parcial”

Uno de los más críticos con esta decisión de concurrir a las urnas como candidata del PP a la Cámara Alta ha sido el portavoz municipal del PSOE, Daniel Fernández, que ha denunciado que “Santander no puede tener una alcaldesa a tiempo parcial”. “Si ahora está siete días de la semana aquí y tiene Santander como lo tiene, cómo lo tendrá cuando pase tres días a la semana en el Senado”, ha advertido el también candidato socialista.

Para Fernández, la presencia de Igual en las listas al Senado indica “que ya está buscando una salida a la crónica de una derrota anunciada en mayo de 2027 en las elecciones municipales”. “Acumula tantos cargos y responsabilidades como incompetencia y ausencia de trabajo eficaz en todos ellos”, ha afirmado, para subrayar que “los resultados de su gestión municipal no justifican ningún reconocimiento”.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, así como representante municipal de Izquierda Unida, Keruin Martínez, que han pedido a la alcaldesa que explique “cómo piensa atender sus responsabilidades municipales si resulta elegida senadora y mantiene su intención de volver a optar a la Alcaldía en 2027”. “Santander no puede ser una estación de paso en la carrera política de nadie”, han sentenciado desde la oposición, donde hasta la edil de Vox, Laura Velasco, ha cuestionado este paso.

En los últimos días hemos estado inmersos en la cobertura de uno de esos casos que nunca gusta contar en un periódico: el acoso entre menores de edad, agravado en la actualidad por las posibilidades de intensificar el daño que dan la tecnología y las redes sociales al alcance de cualquiera. Y una vez más hemos sido testigos en primera fila de cuánto queda por aprender a nivel mediático y social para no caer continuamente en los mismos errores y revictimizar a las personas que lo denuncian.

El caso que destapó mi compañera Bárbara Ferrer en elDiario.es se produjo en el seno de las categorías inferiores del Balonmano Torrelavega, un club puntero a nivel deportivo y supuestamente con una sensibilidad especial para la protección a la infancia. Así lo atestigua su propia página web, con un apartado específico para abordar este tipo de conflictos, con un espacio de denuncia 'seguro' y una persona dedicada a abordar las situaciones delicadas que puedan surgir en las actividades que organizan con la participación de cientos niños y niñas cada semana.

La realidad, por desgracia, suele ser más prosaica. Los hechos denunciados ante la Policía Nacional indican que cuatro chicas del equipo cadete femenino habrían sufrido “insultos, vejaciones y situaciones incómodas” por parte de jugadores y jugadoras de una categoría superior, con las que en ocasiones comparten entrenamientos, partidos y vestuario. Ante la denuncia de sus padres y madres, según ellos mismos lamentan, el club arrastró los pies y puso en marcha un 'protocolo' del que nunca más supieron.

Solo pedían una disculpa y medidas disciplinarias acordes a la gravedad del caso contra los presuntos agresores. Hay pantallazos que atestiguan los hechos, donde se recogen “insultos homófobos, machistas y gordófobos”. A cambio recibieron críticas veladas, señalamiento y un mensaje muy preocupante: “Las niñas se tienen que acostumbrar a convivir con esas personas”, según les dijo un directivo del club. Ante lo que consideraron una nueva agresión, alguno de los padres acudió a la Policía y ahora el caso está judicializado y pendiente de la intervención de la Fiscalía de Menores.

La conclusión que saquen las víctimas de acoso y sus familias jamás debería ser que es peor denunciar, que es peor visibilizar lo que está ocurriendo, que ellas serán las que tendrán que abandonar su clase, su colegio, su equipo

Sin embargo, a pesar de que nadie ha negado los hechos, sí se ha intentado minimizar lo que han sufrido estas cuatro niñas y el club emitió un comunicado tras la publicación de la noticia por parte de este periódico que ha sido lo que ha recogido la inmensa mayoría de medios de comunicación de Cantabria, —con honrosas excepciones—, dando voz únicamente a una de las partes pero ocultando el contexto y sin un ejercicio mínimamente crítico de periodismo, en el que la voz de las víctimas siempre debe estar recogida.

Hace tiempo que en nuestro equipo de Redacción decidimos poner el foco en el acoso escolar y el bullying en distintos entornos como una prioridad editorial. Creemos que es necesario denunciar los casos, contar las historias de estos niños y niñas. Así hablamos con Martín, el niño “sin domingos ni recreos” que con diez años se encerraba en su habitación e intentaba dejar de respirar; o con Lucía, víctima de acoso escolar, que nos relató dos años de insultos diarios y marginación en el instituto, y que nunca se atrevió a contarlo públicamente hasta ese momento.

De ellos aprendimos —y lo estamos volviendo a ver en el caso de las categorías inferiores del Balonmano Torrelavega— que pese a los mensajes repetidos de que hay que denunciar y señalar a los agresores, muchas de las víctimas sufren más a partir de que su caso se hace público y las instituciones afectadas por esta lacra suelen intentar dar carpetazo al asunto y lavar los trapos sucios en casa, para que no les salpique. Es un error. La conclusión que saquen las víctimas de acoso y sus familias jamás debería ser que es peor denunciar, que es peor visibilizar lo que está ocurriendo, que ellas serán las que tendrán que abandonar su clase, su colegio, su equipo.

Para evitar que eso pase hay que combatirlo y darles voz. Una y otra vez. Las veces que sean necesarias. Por nuestra parte, en ello estamos. Seguiremos firmes en este empeño y, si conoces algún caso, te invito a que nos lo cuentes para que lo investiguemos.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, llegó al cargo casi por casualidad, tras la salida en mitad de la legislatura de su antecesor, Íñigo de la Serna, que fue nombrado ministro de Fomento en los estertores del último Ejecutivo de Mariano Rajoy. A pesar de que había ocupado el número 2 en la candidatura del Partido Popular en las últimas elecciones municipales, su elección fue discutida internamente y hubo ciertas dudas sobre si la elegida iba a ser ella o el otro hombre fuerte de aquel equipo de gobierno del PP en la ciudad: el todopoderoso concejal de Urbanismo, César Díaz.

Aquel nombramiento fue escenificado en un acto en la sede del PP de Cantabria bastante surrealista, en el que los periodistas 'descubrimos' quién iba a tomar el bastón de mando y ocupar la Alcaldía de Santander durante los siguientes años cuando se abrió una puerta y apareció tras ella la sucesora designada, como si aquello fuera un programa de 'Lluvia de estrellas' o el casting de un reality show cutre de la época. Y no es que Gema Igual no tuviera experiencia municipal, porque ya para entonces llevaba nada menos que 13 años como concejala con responsabilidades en distintas áreas.

A partir de entonces, podríamos dividir estos casi diez años de Igual como alcaldesa de Santander en tres etapas: cuando le tocó defender el legado envenenado de De la Serna como 'heredera' natural de su reinado, cuando consiguió su primera victoria electoral —muy apurada, y con necesidad de un pacto con Ciudadanos que le resultó muy incómodo— y esta última legislatura con mayoría absoluta y plenos poderes, en la que se ha destapado su verdadera cara. No sé si por empoderamiento o por endiosamiento, pero el tono y las formas han subido varios niveles y tiene muy crispados hasta a sus acólitos más leales dentro del Consistorio.

La alcaldesa de Santander se ha convertido en este tiempo en la reina de las simplificaciones: sus discursos están plagados de disyuntivas tramposas que tienen como único objetivo trasladar siempre su responsabilidad a terceras personas. Un ejemplo de esta misma semana: “Me encantaría pagar más dinero a la Policía Local, pero a lo mejor tengo que subir impuestos para ello”, ha dicho sobre el conflicto laboral que mantiene con los agentes del cuerpo. Eso es lo que se llama un falso dilema o una falacia muy sencilla de desmontar. Presentar dos alternativas como las únicas posibles y excluyentes entre sí, vaya. Y a eso podemos jugar todos con la alcaldesa.

Podríamos decir que si la alcaldesa escuchara a los vecinos de Santander y fomentara su participación antes de tomar decisiones equivocadas, igual no tendría que “taparles la boca”, como dijo de los ciudadanos que protestaban por su proyecto fallido en el aparcamiento de Mataleñas. También podríamos decir que si Gema Igual no llevara 23 años de forma continuada en el Ayuntamiento de Santander tendría una carrera profesional fuera de la política y no sería responsable de lo que ocurre en la ciudad, como sucede ahora. Si hubiera una mayor planificación, el servicio de autobuses no estaría desbordado; si el servicio de limpieza funcionara, las calles no estarían llenas de ratas; si se ocupara del mantenimiento de las infraestructuras, no tendríamos la ciudad llena de lugares peligrosos. O si no hubiera mentido en su currículum y fuera maestra en lugar de dedicarse a la política, ahora no tendría que estar leyendo este artículo. Porque el condicional podemos utilizarlo todos.

Ya no hay excusas ni paños calientes. Hay pruebas más que evidentes de cuál es el plan y no hay relato que sostenga a estas alturas la gestión política que se está haciendo del suelo en Cantabria. El PP ha pisado el acelerador en la recta final de la legislatura y va a apretar todos los resortes a su alcance en estos próximos meses para que la liberalización del terreno rústico sea una realidad incuestionable en la comunidad autónoma, si no lo era ya.

Se han quitado todas las caretas con las que habían tratado de enmascarar hasta ahora un objetivo irrenunciable para el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga: que no exista ninguna limitación para la construcción y se ponga a la venta hasta el último metro cuadrado de tierra disponible. Al mejor postor, por supuesto. Da igual que sea para segunda o tercera residencia que para el enésimo proyecto turístico.

Quedó lejos esa imagen bucólica con la que se trató de justificar la primera reforma de la Ley del Suelo, aludiendo al hijo del ganadero que se hace una casita al lado de sus padres para permanecer en el pueblo que lo vio crecer. Esto no va de luchar contra la despoblación, ni de facilitar la vida a los jóvenes que no pueden acceder al mercado de la vivienda libre. Son negocios. No hay nada detrás más que dinero. Otro ladrillazo a la vista.

Todas las decisiones que se han tomado hasta ahora van en la misma dirección. Primero, esa reforma (y contrarreforma) de la Ley del Suelo que abrió la veda a la construcción en suelo rústico en ciertos supuestos. Después, la Ley de Simplificación Administrativa que relajaba los trámites y aceleraba los procemientos en algunos casos llamativos, incluidos los terrenos que pertenecen a áreas protegidas o parques naturales. Ahora, con la aprobación exprés del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) sin escuchar a los colegios profesionales involucrados y levantando las pocas restricciones que quedaban en vigor.

Y por si no fuera poco todo lo que se ha avanzado en la dirección contraria como auténticos kamikazes en esta carrera hacia ninguna parte —si el objetivo real fuera regular el acceso a la vivienda y frenar la especulación inmobiliaria en la que estamos inmersos— se sumó a toda esta normativa liberalizadora el decreto para las viviendas turísticas, que después de muchas demoras trasladó la responsabilidad a los municipios e impuso unos plazos larguísimos para su cumplimiento que aún así han necesitado de una moratoria para permitir un verano más de barra libre.

Es muy revelador un dato del que la Consejería de Turismo no ha querido 'presumir' demasiado: durante algo más de siete meses y medio, unos 1.000 propietarios iniciaron los trámites para regularizar su vivienda turística en Cantabria. En tan solo una semana, la que transcurrió desde que el Gobierno anunció la moratoria hasta que finalizaba el plazo para tramitar la legalización de las viviendas turísticas, fueron nada menos que 2.000 los que lo solicitaron. El doble en siete días.

Evidentemente, muchas de esas viviendas turísticas no cumplen siquiera los requisitos mínimos, pero podrán seguir operando con una paraguas legal con tan solo haber iniciado los trámites y hasta que no tengan una respuesta —favorable o desfavorable— que se puede demorar... durante años. Así se explica esta avalancha: en las trampas que se hace a sí misma una administración autonómica que no está dispuesta a poner coto a la turistificación de Cantabria.

La última vuelta de tuerca la ha dado la Consejería que dirige Roberto Media (PP), con competencias en Urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda. Como algunos ayuntamientos no estaban siendo 'diligentes' en la autorización de usos turísticos para las viviendas construidas sobre suelo rústico con la nueva normativa que permitía hacerlo en determinados supuestos, siempre como primera residencia, ha dado la orden de que no pongan trabas. Solo falta la aprobación esta legislatura de la futura Ley de Vivienda de Cantabria para acabar de exprimir la gallina de los huevos de oro.

Eran otros tiempos. En aquel momento vivíamos inmersos en la gran crisis económica y financiera que asoló a España tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. El paro se desbocó, los problemas de vivienda eran acuciantes, con los desahucios en el centro de la agenda social, y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) se rendía a la evidencia cuando ya fue imposible poner más eufemismos sobre la mesa y hablar de “desaceleración” sonaba a chiste macabro.

Fue en aquellos años finales de la legislatura que desembocaron en la mayoría absoluta del Partido Popular de Mariano Rajoy cuando el Ejecutivo socialista se sacó de la chistera el bautizado como Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo o, —en su forma abreviada y más coloquial—, Plan E o Plan Zapatero. Se canalizaron ingentes cantidades de dinero público hacia la construcción, fundamentalmente a través de los ayuntamientos. Obras, obras y obras por todos los lados con el objetivo de taponar la sangría de personas en el desempleo y el frenazo de una economía ligada al ladrillazo.

Fueron casi 30.000 proyectos y más de 8.000 millones de euros. Vimos cómo se alquitranaban calles que, aparentemente, estaban en buen estado. Cómo se levantaban aceras que, de no ser por la necesidad imperiosa de poner dinero público en circulación, no se hubiesen tocado. Parques, mobiliario urbano, centros de interpretación, infraestructuras de todo tipo para las que una vez construidas no había un futuro previsto. Ese plan pasó al imaginario colectivo por los carteles enormes que acompañaban a cada pequeña intervención de nuestros pueblos y ciudades. Tenía que quedar bien claro quién pagaba, cuánto costaba y lo importante que era poner esa obra en marcha.

Cuando han pasado casi dos décadas de aquella locura colectiva en la que nos vimos inmersos, no puedo evitar que me venga a la memoria ese Plan E cada vez que escucho a nuestra clase política hablar de los fondos europeos que se aprobaron tras la pandemia de la COVID-19. Especialmente, en lo relativo a los planes de sostenibilidad turística —con ese oxímoron que supone hablar de sostenibilidad y turismo— que han sido otorgados con gran ligereza. Desde luego, no tienen el mismo impacto ni suponen la misma inyección económica que aquellos proyectos del Plan Zapatero, pero sí comparten una misma filosofía común que roza el despilfarro. Y como entonces, pondrán en apuros a muchas administraciones, incapaces de gestionar esos fondos con una mínima coherencia.

En el caso de Cantabria, están aprobados nada menos que 19 planes de sostenibilidad turística con más de 500 actuaciones en 46 municipios por una cuantía que ronda los 60 millones de euros: Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera, Noja, Arnuero, Comillas, Ribamontán al Mar, Santoña, Suances, Medio Cudeyo, Valderredible, Santillana del Mar, Reocín, La Engaña, Saja-Nansa, Liébana y Peñarrubia, Alto Asón, Los Valles... La lista es larga. La cantidad de ocurrencias que hacen pasar algunos por “sostenibilidad turística”, mucho más. Funiculares, tirolinas gigantes, vías ferratas, paneles informativos, 'cacharritos' smart... y muchísima propaganda.

Esta semana hemos conocido el primer pinchazo a la burbuja: el alcalde de Suances ha tenido que renunciar a 3,4 millones de euros que tenía concedidos por la incapacidad de llevar a cabo los proyectos dentro del plazo previsto, que finaliza este próximo mes de junio. Para hacernos a la idea del agujero, ya con actuaciones en marcha que ahora habrá que pagar de otra manera, esa cantidad supone más de un tercio del presupuesto anual del Ayuntamiento y multiplica por diez las inversiones municipales previstas para este año 2026. Es el primero, pero no será el último. El goteo será constante a partir de ahora. La improvisación ha sido tal que les va a pasar por encima a casi todos.

El diputado regionalista Francisco Javier López Marcano ha fallecido este jueves 2 de abril de 2026 a los 71 años víctima de un infarto. Nacido en Torrelavega el 26 de enero de 1955, a lo largo de su larga trayectoria política ha sido consejero del Gobierno de Cantabria en diferentes etapas y con distintas responsabilidades, siempre como hombre de confianza de Miguel Ángel Revilla, además de alcalde y concejal de su ciudad natal y dirigente histórico del PRC, partido en el que militaba desde hace cuatro décadas.

Licenciado en Filosofía y Letras, rama Hispánicas, por la Universidad de Valladolid, ejerció durante años como profesor de Latín en el Instituto de Educación Secundaria Marqués de Santillana de Torrelavega y seguía al frente del PRC en la comarca del Besaya. Esta legislatura era diputado autonómico y vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento de Cantabria.

Casi toda su carrera política ha transcurrido como mano derecha de Miguel Ángel Revilla, con quien comparte militancia desde 1987. Con anterioridad había formado parte de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC), germen del actual PRC y escuela de algunos de sus líderes más carismáticos, como el propio Marcano, Revilla o el también fallecido Rafael de la Sierra.

A lo largo de su dilatada carrera ha ejercido como concejal y alcalde de Torrelavega de 1999 a 2003, diputado autonómico, director general y consejero del Gobierno de Cantabria en dos etapas, con responsabilidades en las áreas de Cultura, Turismo, Deporte, Industria, Innovación y Comercio.

Política en dos etapas

Aunque Marcano nunca dejó la política desde que comenzara su militancia en el PRC, siempre ocupando puestos destacados en diferentes instituciones públicas, su paso por la primera línea sí tuvo dos etapas bien diferenciadas. Primero como director general de Cultura en un Gobierno de coalición con el PP y después como consejero de Cultura, Turismo y Deporte en dos legislaturas en el bipartito que los regionalistas formaron con el PSOE bajo la Presidencia de Miguel Ángel Revilla.

En 2015, inmerso en diversas causas judiciales de su paso por el Gobierno de Cantabria de las que finalmente salió absuelto, la necesidad del PRC de alcanzar un acuerdo con Podemos para una nueva investidura de Revilla le obligó a dar un paso a un lado y entregar su acta de diputado como exigencia de la formación morada. Sin embargo, tras ser declarado inocente, el líder regionalista lo recuperó para su Ejecutivo en 2021 y fue nombrado otra vez consejero.

Hay pocas instituciones con mayor prestigio y reputación social en Cantabria que el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander. Por no decir que ninguna otra cuenta con el respaldo y el consenso ciudadano respecto al trabajo que desarrollan sus profesionales en el centro sanitario, que podríamos calificar casi de 'orgullo' autonómico. Se le ha denominado en muchas ocasiones como la joya de la corona de la sanidad pública con razón y actúa por tanto como un referente que aglutina a su alrededor esa pátina de respetabilidad tan difícil de alcanzar en tiempos de polarización creciente.

Y esa imagen tan positiva que acompaña a Valdecilla a lo largo de los años se traslada también a sus proyectos y a otras entidades vinculadas o dependientes, como el propio Instituto de Investigación Sanitaria de Valdecilla (IDIVAL) que impulsa el programa de investigación biomédica Cohorte Cantabria, acogido con tanto entusiasmo por la población que ha llegado a sumar en poco tiempo más de 51.000 voluntarios y voluntarias que participan altruistamente, cediendo sus datos personales y de salud para contribuir en el desarrollo de esta iniciativa puntera. Alcanza aproximadamente al 20% de los cántabros con edades entre 40 y 70 años, nada menos, con una penetración difícil de imaginar en otros ámbitos.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, las dudas, sospechas e incertidumbres que rodean a este programa no dejan de crecer y empiezan a hacer mella en la sociedad. Primero fue por las declaraciones del consejero de Salud, César Pascual (PP), que habló abiertamente de la colaboración público-privada que tanto le gusta en un foro con empresas del sector de la biomedicina, donde presumió de contar con información de gran valor gracias a esta recogida masiva de datos. A pesar de negarse a sí mismo poco después, con cierta condescendencia por su parte, no había transcurrido ni un mes cuando anunció un convenio con una gran empresa farmacéutica estadounidense con sede en Boston y propiedad de uno de los mayores fondos de inversión del planeta, que utilizará esas muestras recogidas por Cohorte para sus investigaciones privadas.

Aquí es donde ya han saltado todas las alarmas. Según han advertido sus responsables, Cohorte maneja una combinación con más de 1.500 variables de datos de salud de los voluntarios, pero también datos geográficos, demográficos e incluso catastrales, con un análisis “de máxima finura” molecular que tenían el objetivo de “comprender con mayor profundidad por qué algunas personas desarrollan determinadas enfermedades, cómo evoluciona el riesgo a lo largo del tiempo y qué factores biológicos influyen en esa evolución”, entre otros aspectos. Y si los cántabros se prestaron a ello es por el aval científico de Valdecilla y la seguridad que aporta el sistema público de salud, muy lejos de los estándares y la confianza que reporta una farmacéutica privada de un tercer país como Estados Unidos.

Hasta ahora, tanto los responsables médicos del proyecto como el consejero de Salud han reaccionado cuestionando personalmente a los críticos, tachando de insidias las dudas planteadas, pero siguen sin entrar al fondo del asunto. “Es muy complejo de explicar” no puede ser nunca una respuesta válida ante las preguntas que lícitamente hacen muchas personas que confiaban en Cohorte. “No hay cesión de datos de los voluntarios a ninguna farmacéutica, sino que se compartirán de forma controlada y anónima”, ha sido la explicación más precisa hasta la fecha, por contradictorio que parezca este argumento. Es urgente que se actúe con total transparencia, que hagan públicos los acuerdos alcanzados con empresas o entidades externas y se esfuercen por ser más didácticos si pretenden recuperar la confianza de las miles de personas que se involucraron en esta iniciativa.

Lo que ocurrió el martes 3 de marzo en plena senda costera de Santander, cuando colapsó una pasarela en El Bocal en la que fallecieron seis jóvenes y una séptima víctima resultó gravemente herida, es algo más que una tragedia o un accidente: no es un suceso desafortunado, fruto de la mala suerte, es una negligencia manifiesta que ha expuesto la desidia y la falta de liderazgo de nuestros representantes políticos, que casi desde el primer momento, con el dispositivo de rescate todavía en marcha, solo han buscado exculparse de forma vergonzosa.

Y es que hemos podido confirmar en tiempo real algo que muchos ya sospechábamos: estamos gobernados por auténticos irresponsables. No lo digo a modo de insulto o descalificación política. Es una definición que se han ganado a pulso y se ajusta como un guante a su actitud desde la primera comparecencia pública al pie del acantilado en el que perdieron la vida dramáticamente esos seis jóvenes. El problema no era que hubieran muerto seis personas, su única preocupación fue siempre que quedase claro que no eran responsables. Cargar la culpa al de enfrente, trasladar la responsabilidad, demostrar que no tenían competencias.

Aquí ha habido pocos representantes políticos a la altura de las circunstancias en todas las administraciones implicadas, pero la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha tenido un especial protagonismo en este sentido a lo largo de estas últimas semanas. Todavía es incapaz de diferenciar entre la responsabilidad judicial y las responsabilidades políticas que tiene como máxima autoridad municipal. Todos sabemos que los tribunales no acompasan sus tiempos al ritmo frenético de la actualidad —aunque en esta ocasión es justo reconocer la diligencia de la jueza que investiga el caso, que tomará las primeras declaraciones el próximo 27 de marzo—, pero tratar de cercenar el debate público y limitar todo a una futura sentencia es absurdo.

El problema no era que hubieran muerto seis personas, su única preocupación fue siempre que quedase claro que no eran responsables. Cargar la culpa al de enfrente, trasladar la responsabilidad, demostrar que no tenían competencias

“Habrá que depurar responsabilidades, pero yo no puedo ser responsable de los 1.200 trabajadores que tiene el Ayuntamiento de Santander y no puedo responder de una persona que recibe un aviso y no hace nada”, ha dicho Gema Igual sobre la agente de la Policía Local que ignoró la llamada de un vecino que avisó el día antes del accidente del riesgo de colapso de la pasarela. “No estuvimos a la altura. Mejoraremos en todo lo que haya que mejorar”, se ha limitado a decir. “A ver si por decirle a la gente que venga a Santander tengo yo la culpa de que se caiga una pasarela”, se ha justificado también sobre el estado de abandono de una senda costera que ha promocionado insistentemente como recurso turístico. 

Ya sabemos que la alcaldesa de Santander no es responsable de prácticamente nada de lo que ocurre en la ciudad. Ni ella ni su equipo son responsables del lamentable estado de la senda costera del litoral norte. Nos ha quedado claro. Tampoco son responsables de que los Campos de Sport de El Sardinero, una instalación municipal donde acuden cada dos semanas cerca de 22.000 personas, amenace ruina. Ni de que un barrio como El Cabildo de Arriba, a apenas 200 metros de sus despachos, esté lleno de solares abandonados y edificios en riesgo de derrumbe desde hace décadas. Aquí ya hubo víctimas mortales no hace tanto tiempo. 

Por supuesto, no son responsables de que el Parque de Las Llamas haya estado vallado y con estructuras podridas durante años. Igual que la Duna de Zahera, que se vendió como un nuevo mirador a la bahía y que ahora está impracticable. Ratas hay en todas las ciudades. El parking de Pombo o los bajos de Rhin están apuntalados por culpa de otros. Se hundió un parque público en Nueva Montaña por pura casualidad. Las inundaciones en la Plaza de Italia no tienen nada que ver con las obras que hizo el Ayuntamiento. Es normal que las escaleras mecánicas pasen más tiempo averiadas que en funcionamiento. Los autobuses municipales llegan tarde y están desbordados porque “Santander está de moda”. La lista es larga, pero son meras anécdotas. No busquemos el hilo conductor que une todos estos puntos.

“¿Dimisión? A ver si se creen que me muero por ser alcaldesa”, ha zanjado Gema Igual esta misma semana, en unas palabras que no pueden ser más desafortunadas. Este domingo 22 de marzo, a partir de las 12.00 horas, vecinos y colectivos sociales han convocado una marcha silenciosa en Santander por las víctimas de El Bocal y para exigir responsabilidades políticas. Veremos lo que opina la ciudadanía al respecto.

La Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria y la Junta de Personal Docente han alcanzado este jueves un preacuerdo para la mejora retributiva del profesorado cántabro, que ha sido respaldado por todas las organizaciones sindicales tras más de un año y medio de conflicto laboral.

Se prevé que ambas partes firmen el acuerdo definitivo la próxima semana, cerrando así unas reivindicaciones que fueron en aumento desde el curso pasado y han sido el motivo de la convocatoria de varias huelgas educativas, protestas y negociaciones que hasta ahora habían sido infructuosas.

El departamento que dirige el consejero Sergio Silva (PP) y los sindicatos retomaron esta semana la negociación de la adecuación retributiva, tras la firma del acuerdo presupuestario con el PRC que eliminaba el principal obstáculo, la llamada 'cláusula Silva', que pretendía vincular la adecuación retributiva a la aprobación de las cuentas. 

“Este avance es el resultado del trabajo sostenido y de la movilización del profesorado dentro de la campaña #EsAhora, impulsada para recuperar el poder adquisitivo perdido por el colectivo docente tras años sin actualización de la parte autonómica de sus retribuciones”, señalan desde los sindicatos.

Tras este preacuerdo, la Consejería de Educación citará a los representantes sindicales con representación en la Junta de Personal Docente previsiblemente la próxima semana para la firma del acuerdo definitivo, condición indispensable para que el pacto presupuestario entre PP y PRC siguiera adelante.

A partir de este momento, las organizaciones sindicales señalan que “continuarán trabajando para seguir mejorando las condiciones laborales del profesorado y fortaleciendo la educación pública en Cantabria”. Entre los próximos retos, destacan la mejora de las ratios en las aulas, la reducción de la burocracia docente y el impulso de nuevas medidas que contribuyan a reforzar la calidad del sistema educativo.

El acuerdo económico beneficiará a los docentes de manera progresiva, empezando por este mismo año 2026 y hasta 2029, con una subida escalonada que alcanzara los 180, 23 euros “generales, lineales y no condicionados”. Para quien tenga todos los sexenios, llegará hasta los 338,60 euros brutos mensuales al final de este periodo.

Una vez finalizada la fase de rescate y el luto oficial declarado con motivo de la muerte de seis jóvenes de entre 19 y 22 años y la hospitalización de la única superviviente del grupo de estudiantes que sufrieron este pasado martes un accidente mortal en la pasarela de El Bocal, en Santander, comienzan los primeros pasos de la investigación judicial que tendrá que resolver las responsabilidades penales por el mal estado de esta estructura de madera, abandonada y sin mantenimiento prácticamente en los 12 años que han transcurrido desde que se puso en servicio este paseo peatonal en la senda costera del litoral norte de la ciudad.

Así, en una providencia dictada este viernes y dada a conocer en las últimas horas, la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado las primeras diligencias de investigación encaminadas a esclarecer el accidente en la pasarela de El Bocal en el que fallecieron estas seis personas el pasado 3 de marzo.

Entre las principales novedades, destaca que la magistrada ha citado a declarar como investigada a la agente de la Policía Local de Santander que un día antes del accidente recibió una llamada del 112 alertando del estado de la pasarela y no tomó ninguna medida, después de que un vecino de la zona hubiera advertido del mal estado en el que se encontraba y el evidente riesgo de colapso de esta estructura de madera que sobrevolaba un estrecho acantilado sobre el mar y las rocas en el que fallecieron los seis jóvenes mientras realizaban una ruta.

La jueza ha tomado esta decisión tras recibir a mediodía del pasado viernes un “detallado y minucioso” atestado elaborado “en tiempo récord” por el Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial junto con la Brigada Provincial de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.

La resolución acuerda la citación de distintas personas para el próximo 27 de marzo. Además de la agente de Policía Local, también se recibirá declaración, en calidad de testigos, a los dos ciclistas que alertaron de lo sucedido, al vecino que realizó la llamada al 112 el día antes, a la operadora del 112 que trasladó la incidencia a la Policía Local y a los dos agentes de Policía Nacional que realizaron la inspección ocular tras el accidente.

Junto a ello, la magistrada solicita al Servicio de Emergencias 112 Cantabria que aclare si desde la creación de la senda costera de Santander ha recibido más llamadas alertando sobre el estado de la pasarela y, en tal caso, reclama que se le entreguen los audios.

Documentación de la senda costera

La providencia también ordena a la Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de Santander que aporten toda la documentación relativa a la senda costera: expedientes administrativos y demás informes técnicos relativos al proyecto de ejecución y construcción, y también todos aquellos de los que se disponga respecto al estado de conservación y mantenimiento.

En relación a la pasarela siniestrada, la magistrada pide que se mantenga el precinto, exigiendo “la colocación de barreras físicas para evitar todo acceso a la misma”, y requiere a Costas y al Ayuntamiento para que “se abstengan de realizar cualquier manipulación, traslado o alteración de la instalación”.

Por último, realiza el ofrecimiento de acciones a los familiares de las víctimas mortales, así como a la única superviviente por si desean personarse en la causa.

La providencia de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander no es firme, ya que contra la misma cabe la interposición de recurso de reforma ante el mismo órgano en un plazo de tres días.

La manifestación feminista convocada este domingo en Cantabria con motivo del 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer ha recorrido el centro de la ciudad con una asistencia masiva en el recorrido previsto, con miles de personas que han caminado entre la rotonda de Puertochico y la plaza del Ayuntamiento de Santander, clamando por los derechos de las mujeres y en favor de la paz.

Durante el recorrido, la manifestación ha celebrado un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales del accidente de El Bocal, donde fallecieron seis jóvenes el pasado martes por el colapso de una pasarela en mal estado, y ha exigido responsabilidades por “una tragedia que nunca debió ocurrir”. También ha habido un homenaje a las más de 100 niñas asesinadas recientemente en una escuela de Irán durante un ataque de Estados Unidos e Israel.

La Comisión 8M Cantabria, integrada por 17 organizaciones feministas de la comunidad autónoma y convocante de la marcha junto a las Asambleas Feministas Abiertas y el grupo feminista musical Percumozas, ha mostrado su preocupación ante “la persistente ola de violencia contra las mujeres a nivel global y estatal” y por “la creciente sensación de que los avances en igualdad pueden retroceder si determinadas corrientes negacionistas o antifeministas siguen ganando espacio”.

La marcha feminista, que ha servido para reclamar “igualdad, justicia y dignidad”, también ha hecho un llamamiento unánime al movimiento feminista y al resto de la sociedad a enfrentarse a los planteamientos de la ultraderecha y “salir victoriosas, porque creemos que la humanidad necesita de la igualdad entre mujeres y hombres”. “Una democracia real no se puede construir sin una igualdad efectiva, que es un valor ético indiscutible sobre el que existe un amplísimo consenso”, han asegurado las portavoces de la Comisión 8M Cantabria.

En este sentido, desde la organización de la manifestación celebrada este 8M en Santander con motivo del Día Internacional de la Mujer han indicado que “el feminismo sigue siendo necesario porque los derechos no están garantizados para siempre, porque aún hay desigualdades, violencias y brechas que cerrar y porque juntas somos más fuertes”.

A lo largo del trayecto, distintas organizaciones y asociaciones feministas han alzado sus pancartas y han gritado lemas reivindicativos, que han incluido palabras para las mujeres trans, las interraciales y la precariedad laboral a la que se enfrentan las mujeres. Distintas generaciones se han reunido en esta cita anual que celebra y reivindica la mujer trabajadora, porque “si las mujeres paran, el mundo para”, según han recordado las asistentes. También han denunciado la violencia machista, con mensajes como “los violadores existían antes que la minifalda” o “el machismo mata, el feminismo salva vidas”.

El Partido Popular y el Partido Regionalista de Cantabria han firmado este viernes en el Parlamento el tercer acuerdo de presupuestos de la legislatura. Se trata de un documento con 24 medidas y 5 cláusulas adicionales que incluye como aspecto más destacado el compromiso de llegar en el plazo de un mes a un acuerdo salarial con los docentes, tras el dilatado conflicto que han mantenido abierto con la Consejería de Educación.

También obliga al Gobierno de Cantabria a pagar antes de aprobar las cuentas públicas del presente ejercicio todas las subvenciones pendientes a los ganaderos y aprobar antes de junio la Ley de Patrimonio Cultural. Además, el Ejecutivo autonómico ingresará 200 euros anuales durante tres años en las 'cuentas vivienda' que tengan los menores de 36 años y pondrá en marcha diversas medidas destinadas a los jóvenes, así como rebajas fiscales y propuestas específicas para dotar de más fondos a la sanidad pública.

El acuerdo, rubricado en el Parlamento por la presidenta de Cantabria y líder del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, y el expresidente y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, incluye medidas para los jóvenes como la gratuidad de la primera matrícula del primer curso de la universidad pública para los empadronados en la comunidad autónoma, que estará en vigor en el curso 2026-2027. También incluye becas de 'excelencia' para premiar a los mejores expedientes y un descuento del 70% en el transporte regional para menores de 30 años.

Respecto a las rebajas fiscales y ayudas económicas, ambos partidos políticos han pactado incluir en los Presupuestos una de deducción del 30% en gastos deportivos (hasta 150 euros), otra del 15% en el IRPF por compra o rehabilitación de vivienda para menores de 36 años, beneficios fiscales por aportaciones a 'cuentas vivienda' y una bonificación de hasta 100 euros por prácticas medioambientales y reciclaje.

En relación a la sanidad pública, el Partido Popular asume la petición del PRC de aumentar la financiación del Hospital de Laredo para el refuerzo del personal de enfermería, un plan de estímulos a la Atención Primaria con especial atención al medio rural y un Plan de Prevención del Cáncer dotado con 5 millones de euros “dentro del sistema público”, ha recalcado Paula Fernández, candidata electoral del PRC, que también ha participado en el acto y ha ejercido como portavoz regionalista tras la rúbrica del documento.

Asimismo, los futuros presupuestos contemplan la concertación de 200 nuevas plazas en residencias para personas dependientes y el pago del complemento de atención continuada al personal sanitario.

En el área de cultura habrá descuentos del 40% en el Pasaporte Cultura Cantabria y se aprobará una nueva Ley de Patrimonio Cultural antes de junio de 2026 que el PRC dice tener “prácticamente elaborada”.

Respecto al tejido industrial y empresarial, el presupuesto destinará 5 millones de euros en ayudas a empresas en Campoo y la comarca del Besaya y dará impulso a los denominados “proyectos estratégicos”.

Comité independiente de seguimiento

Una de las novedades del acuerdo es la creación de un “comité independiente” de seguimiento que evaluará el grado de cumplimiento del pacto y publicará informes sobre su ejecución. Estará formado por seis miembros -tres elegidos por el PRC y tres por el PP- y en octubre harán el primer informe, cuyos resultados serán públicos.

Las dos partes se comprometen a apoyar la tramitación por vía de urgencia y la reducción al máximo de los plazos y trámites parlamentarios para su aprobación en el menor plazo posible, que la presidenta de Cantabria ha situado “en los primeros días del mes de mayo” para que esté aprobado y en vigor.

El acuerdo incluye el compromiso de que los grupos parlamentarios del PRC y el PP puedan presentar, previo acuerdo entre ambos, enmiendas parciales por un máximo de un millón de euros cada uno, con la limitación de no superar los 100.000 euros por sección y los 50.000 euros por enmienda, salvo acuerdo unánime que permita ampliar al alza dichas cantidades, y una cláusula de cierre que obliga a que ninguno de los firmantes apoye enmiendas de otros grupos parlamentarios sin pactarlo previamente.

Respecto a la La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de Cantabria, la conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, no incluirá modificaciones legislativas sin contenido económico o de organizacióna directa, a excepción de las que se pudieran pactar con el Gobierno de España derivadas de la Comisión Bilateral para evitar la inconstitucionalidad de normas legislativas cántabras.

La presidenta de Cantabria y líder del PP, María José Sáenz de Buruaga, y el expresidente y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, firmarán este viernes en la sede del Parlamento autonómico el acuerdo entre ambos partidos para aprobar el proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma para 2026, en un acto en el que también estará presente la candidata electoral de los regionalistas, Paula Fernández, encargada de pilotar en los últimos días las negociaciones con el Partido Popular.

El pacto para aprobar las cuentas del presente ejercicio llega con algo más de dos meses de retraso y tras recuperarse recientemente las vías de diálogo entre ambos partidos, que atravesaban uno de los momentos más críticos de la legislatura, con mociones de censura y ruptura de acuerdos de gobierno en varios municipios, y retoma de esta forma la senda iniciada al inicio de este mandato, cuando los regionalistas facilitaron la investidura de Buruaga, manteniéndose siempre como “socios preferentes” y aprobando todos los presupuestos hasta la fecha.

Las negociaciones estaban prácticamente cerradas desde hace días, después de una primera reunión presencial entre Buruaga y Fernández el martes pasado en la sede del Ejecutivo autonómico, que sirvió para desbloquear los desencuentros que llevaron al PRC a votar en contra de los presupuestos en el mes de diciembre, y tras el visto bueno de la Ejecutiva regionalista a este nuevo intento de acuerdo. La mesa negociadora de ambos partidos se volvió a ver el viernes pasado y, pese a no hacer declaraciones al respecto, el mensaje que llegaba extraoficialmente es que estaban muy cerca.

El trágico accidente ocurrido esta semana en una pasarela junto a la playa de El Bocal de Santander, en el que fallecieron seis jóvenes estudiantes, con una única superviviente que se encuentra ingresada en la UCI del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha frenado que la firma del acuerdo se produjera antes, dado que hasta el jueves al mediodía seguían las labores de rescate del último cuerpo desaparecido y el Gobierno de Cantabria había declarado dos días de luto oficial, con la cancelación total de la agenda pública de los miembros del Ejecutivo.

Intereses mutuos

Una vez que se habían retomado las negociaciones no se esperaban sorpresas, porque desde las filas del PRC ha habido casi más interés por sacar las cuentas adelante que desde el Gabinete de Buruaga, que se ha tomado nada menos que dos meses de margen para descolgar el teléfono y reiniciar un diálogo que se rompió de forma abrupta en diciembre, después de que los regionalistas impusieran una serie de condiciones previas para pactar los presupuestos de este ejercicio y que la negativa del PP provocara el rechazo unánime de la oposición parlamentaria al proyecto de ley que decayó en la Cámara.

Ahora falta por conocer la letra pequeña del acuerdo. Mientras Buruaga ha mantenido que afrontaba esta nueva etapa “sin líneas rojas ni exigencias imposibles”, desde el seno regionalista se ha insistido en que sus peticiones previas “siguen vigentes” y deberán incorporarse a los presupuestos. Dos meses después de que ambos partidos no lograran acercar posturas sobre las cuentas, por las condiciones que impuso el PRC y que el PP veía “imposibles de cumplir”, relacionadas con el pago íntegro de ayudas al medio rural, la adecuación salarial de los docentes cántabros o varias actuaciones sanitarias e industriales, estas mismas medidas han vuelto a estar sobre la mesa y queda comprobar quién ha dado su brazo a torcer.

En el nuevo escenario también ha tenido mucho que ver el contexto interno en cada uno de los partidos. En el caso del PRC, porque el rechazo a los presupuestos estuvo a punto de convertirse en un cisma a nivel orgánico, ya que muchos alcaldes y alcaldesas presionaban a la candidata electoral, Paula Fernández, para que diera luz verde a unas cuentas a las que podrían sacar rédito en sus propios municipios. Y por parte del PP, porque la catarata de elecciones autonómicas en España están dando un papel fundamental a Vox, lo que ha obligado a Génova a establecer un acuerdo marco para pactar con la extrema derecha, permitiendo su entrada en los gobiernos autonómicos, una posibilidad que Buruaga y su equipo prefieren evitar por el momento.

El GEO de la Policía Nacional ha localizado el cuerpo sin vida de una persona en la zona costera cercana a la playa de El Bocal, en Santander, en las inmediaciones del lugar en el que el pasado martes colapsó una pasarela de madera cuando un grupo de siete estudiantes realizaban una excursión, provocando la muerte de cinco de ellos y el ingreso en la UCI de la única superviviente hasta la fecha, que se recupera favorablemente en el Hospital de Valdecilla.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria, el dispositivo de rescate desplegado en la zona ha conseguido recuperar el cuerpo para su posterior identificación y ha confirmado que se trata de la persona que aún permanecía desaparecida: una estudiante de 20 años procedente de Guadalajara.

Desde primera hora del día se había retomado la búsqueda con la participación de efectivos de unidades de Policía Nacional, Policía Judicial, Policía Científica, Seguridad Ciudadana y los GEO, Bomberos de Santander, Policía Local, Protección Civil, 112 y Cruz Roja. En el mar estaban trabajando las embarcaciones de Salvamento Marítimo y Guardia Civil y desde el aire los helicópteros Helimer de Salvamento y el del Gobierno de Cantabria (112).

Los cinco fallecidos localizado hasta ahora en la tragedia de El Bocal de Santander tenían entre 19 y 22 años y eran de Igollo de Camargo (Cantabria), Bizkaia (dos víctimas de Barakaldo y una de Balmaseda) y Almería, mientras que la joven que continuaba desaparecida, de 20 años, procedía de Guadalajara. Todos ellos formaban un grupo de siete personas, estudiantes del CIFP La Granja de Heras, en Medio Cudeyo, y hacían una ruta por el lugar de los hechos, cuando la pasarela que atravesaban sobre unos acantilados colapsó y cayeron al mar.

Los datos de los afectados han sido facilitados por la Delegación del Gobierno en Cantabria tras la pertinente autorización judicial. La titular de la plaza número 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, de guardia cuando sucedieron los hechos, ha abierto diligencias de investigación tras lo ocurrido y la Policía Nacional realiza las pesquisas. Familiares de las víctimas se han desplazado a la zona y han sido atendidos por equipos psicosociales.

La Policía Local de Santander recibió el pasado lunes 2 de marzo un aviso del Centro de Emergencias 112 Cantabria alertando del mal estado de conservación de la pasarela que colapsó tan solo unas horas después, en la tarde del martes, provocando la muerte de cinco jóvenes de entre 19 y 22 años, la desaparición de una sexta víctima de 19 años que los equipos de rescate siguen buscando en el mar y la hospitalización de la única superviviente hasta la fecha del grupo de estudiantes de FP que se encontraba dando un paseo por la senda costera de la ciudad, en la zona cercana a la playa de El Bocal, cuando sufrieron el accidente.

Esta comunicación por parte del 112 a la Policía Local de Santander se produjo tras la llamada previa al centro de emergencias de Fernando Cabellos, un vecino de la zona de Monte que pasea diariamente por ese entorno y que este pasado lunes había avisado hasta en dos ocasiones del deterioro evidente de la pasarela al detectar que había un riesgo serio de accidente.

“Yo no llevo teléfono nunca. Fui para casa y dije: 'Voy a llamar porque si pasan muchas personas, con el peso, se va a hundir'. Llamé al 112 hacia la una de la tarde”, relató este ciudadano de 73 años a elDiario.es. En conversación con este periódico, el vecino explicó también que le habían preguntado “dónde era exactamente y cómo era” y él le detalló que se trataba de “un puente que hay en dirección hacia Cueto” y que “no tenía pérdida”.

Tras varias horas sin dar explicaciones al respecto, ni desde el Centro de Emergencias 112 Cantabria ni desde el Ayuntamiento de Santander, escudándose en ambos casos en la investigación judicial abierta para dilucidar los motivos del accidente mortal y las posibles responsabilidades penales por la falta de actuación y conservación de la pasarela que cedió bajo los pies de los jóvenes estudiantes, el equipo de gobierno que lidera la alcaldesa, Gema Igual, (PP), ha reconocido mediante un comunicado enviado a los medios que ha pedido ya un informe a la Policía Local acerca de la gestión de esa llamada, asegurando también que “se pondrá a disposición de las diligencias judiciales que se están siguiendo respecto al accidente”.

El vecino que dio la voz de alarma al 112 sobre el mal estado de la pasarela confirma a este periódico que, en la mañana del martes, volvió a hacer su paseo habitual por la zona, en este caso para comprobar si se había producido alguna actuación tras su llamada en la jornada previa: “Lamentablemente, el puente seguía igual. Es una pena, no he podido dormir en toda la noche pensando que podía haber vuelto a llamar, insistir más, y no lo hice. Pero pensé: 'Si he llamado y no han venido, para qué...'”.

Según confirman fuentes oficiales a elDiario.es, el 112 sí trasladó a la Policía Local de Santander ese aviso ciudadano el mismo lunes, víspera del accidente en el que han perdido la vida cinco jóvenes y una sexta persona continúa desaparecida, y es por este motivo por el que el Consistorio ha solicitado más detalles a sus propios agentes del cuerpo de seguridad municipal, con el objetivo de comprobar qué ocurrió a partir de esa llamada de emergencia entre ambos servicios.

Desde el 112, y ante la insistencia de los medios de comunicación, han enviado un mensaje reiterando que “todas las cuestiones y circunstancias relativas al colapso de la pasarela están judicializadas y no pueden revelarse determinados detalles hasta que la investigación judicial finalice”.

Diligencias judiciales

La Policía Nacional está llevando a cabo diligencias de investigación. Las pesquisas se están practicando desde el momento del suceso y han sido incoadas por la titular de la plaza número 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que estaba de guardia cuando sucedieron los hechos.

Los cinco fallecidos en la tragedia de El Bocal de Santander tienen entre 19 y 22 años y son de Igollo de Camargo (Cantabria), Bizkaia (dos víctimas de Barakaldo y una de Balmaseda) y Almería, mientras que la joven que continúa desaparecida, de 20 años, es vecina de Guadalajara.

Todos ellos formaban un grupo de siete personas, estudiantes del CIFP La Granja de Heras, en Medio Cudeyo, y hacían una ruta por el lugar de los hechos, cuando la pasarela que atravesaban sobre unos acantilados colapsó y cayeron al mar.

Al menos cinco personas han fallecido este martes por la tarde al colapsar una de las pasarelas de madera cercanas a la zona costera de la playa de El Bocal, en Santander, otra persona está desaparecida y una ha sido rescatada y está hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla “estable dentro de la gravedad”.

Según han confirmado desde Delegación de Gobierno, la pasarela se ha hundido alrededor de las 16.45 horas en un momento en el que estaban cruzando por la estructura de madera un total de siete personas, estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional La Granja de Heras, ubicado en el municipio de Medio Cudeyo. Las víctimas habrían caído a la zona de agua y rocas bajo la pasarela.

Los siete jóvenes -seis chicas y un chico- pasaban por esa pasarela de madera, situada en la zona conocida como Punta Cortada, cuando la estructura ha cedido y se ha roto por causas que todavía se desconocen. Los agentes que llegaron en primer lugar a la zona fueron informados de que dos personas estaban en el mar boca abajo a 25 metros de la costa y otras cinco estaban desaparecidas.

El operativo de rescate pudo constatar en un primer momento que las dos personas localizadas en el mar y otra más habían fallecido, y después fue localizada una cuarta, también sin vida. La quinta víctima fallecida ha sido sacada a tierra pasadas las 20.00 horas, sin luz ya en la zona, aunque el operativo de rescate sigue intentando buscar a la persona que aún no ha aparecido.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria recibió el aviso y ha movilizado en las últimas horas un amplio dispositivo en la zona, en el que han intervenido bomberos del Ayuntamiento de Santander, Salvamento Marítimo, el helicóptero del Gobierno de Cantabria, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y sanitarios del servicio 061, que continúan en el puesto de mando que se ha establecido junto al lugar del siniestro.

Malas condiciones para la búsqueda

Según han confirmado fuentes del servicio de emergencias, las siete personas accidentadas estaban haciendo una ruta entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía, en la que existen varias pasarelas de madera, una de las cuales se ha hundido y todo el grupo ha caído al agua, donde se busca a la última persona desaparecida en unas condiciones bastante complicadas por la fuerza de las olas.

Sobre la persona rescatada tras el colapso de la pasarela, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha adelantado que ha sido trasladada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla con hipotermia y diversos golpes como consecuencia de la caída. Igual ha explicado a los periodistas desde El Bocal que las condiciones del mar “no son buenas” para el rescate y ha señalado que el dispositivo de emergencias se mantendrá “hasta que haga falta”.

La alcaldesa de Santander, acompañada de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha informado de las labores de búsqueda, que van a seguir esta noche con un dispositivo de drones, y luego continuará con un operativo mayor cuando amanezca.

Igual ha explicado que se va a esperar a la bajamar, sobre la medianoche, para ver, si al vaciarse las cavidades de las rocas, se puede hacer una búsqueda más amplia en esos espacios. También estará abierto el centro social cercano a la zona, con personal de Cruz Roja y especialistas en atención psicosocial, para la atención a familiares y amigos.

Estado de conservación

La alcaldesa también ha detallado que, según el relato de la persona superviviente, formaba parte de un grupo de siete jóvenes que han caído al agua al romperse la pasarela. Así, ha confirmado que el accidente se ha producido durante un paseo en el que estaban disfrutando de la naturaleza por la costa de Santander y ha apelado a la prudencia a la hora de facilitar datos sobre estas personas o el estado de la pasarela.

“Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de vidas y que, por favor, la política no manche el objetivo principal, que es poder recuperar supervivientes, si los hay, y poder atender a las familias si no hay supervivientes”, ha señalado. 

El Bocal es una playa alejada del entorno urbano de Santander y el accidente se ha producido en una senda que lleva del Faro de Cabo Mayor hasta la playa de La Maruca, en la costa norte de la ciudad. El proyecto para habilitar una serie de estructuras y pasarelas de madera que se realizó hace más de una década tuvo una gran contestación vecinal y fue paralizado en su momento.

Desde entonces, las administraciones públicas implicadas, desde el Ayuntamiento de Santander a la Demarcación de Costas, tienen pendiente la retirada de esos elementos y su estado de conservación es muy deficiente, como han denunciado en reiteradas ocasiones asociaciones ecologistas y grupos políticos.

Durante una visita a la zona, la presidenta de Cantabria ha trasladado también sus condolencias por la tragedia ocurrida este martes en Santander. “No puedo sino expresar la consternación, las horas de angustia y el profundo dolor que ha vivido hoy la sociedad de Cantabria y que está sintiendo hoy el pueblo cántabro. No ante una tragedia, ante un drama de una magnitud que soy incapaz de calificar”, ha señalado Buruaga, que ha puesto en valor la “coordinación” de todas las administraciones en la respuesta a esta emergencia.

En la misma línea se ha pronunciado el secretario de Estado de Medio Ambiente, que se ha trasladado hasta El Bocal a lo largo de la tarde, y que ha evitado valorar el estado de conservación de unas estructuras que dependen de su departamento hasta que haya más información al respecto.

Era un mero trámite formal y así se ha resuelto: en menos de una hora y sin votos en contra. Apenas dos días después de la primera reunión entre la presidenta de Cantabria y líder del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, y la diputada autonómica y candidata electoral del PRC, Paula Fernández, la Ejecutiva regionalista ha avalado este jueves por la tarde la propuesta de retomar las negociaciones de forma urgente con el Gobierno para aprobar a la mayor brevedad posible los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026.

No se esperaban sorpresas, porque desde las filas del PRC ha habido casi más interés por sacar las cuentas adelante que desde el Gabinete de Buruaga, que se ha tomado nada menos que dos meses de margen para descolgar el teléfono y reiniciar un diálogo que se rompió de forma abrupta el pasado mes de diciembre, después de que los regionalistas impusieran una serie de condiciones previas para pactar los presupuestos de este ejercicio y que la negativa del PP provocara el rechazo unánime de la oposición parlamentaria al proyecto de ley que decayó en la Cámara.

Ahora, tras un encuentro por sorpresa entre Buruaga y Fernández el pasado martes, con apenas unos contactos informales previos para rebajar la tensión y relajar las posturas de máximos, PRC y PP se volverán a ver las caras y las comisiones negociadoras de ambos partidos se sentarán este mismo viernes, a partir de las 11.00 horas, en el antigio Hospital de San Rafael. A falta de flecos, todos cuentan con que como muy tarde la próxima semana se pueda rubricar un acuerdo definitivo. No tendría mucho sentido perder más el tiempo de lo que se ha perdido ni mantener una prórroga presupuestaria que dejó en el limbo algunos proyectos que se consideran fundamentales.

Ante este escenario, el Comité Ejecutivo del PRC ha aprobado este jueves sin oposición la propuesta de la candidata a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, para retomar las negociaciones con el Partido Popular e intentar un acuerdo que permita la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026, tras el “compromiso” de la presidenta María José Sáenz de Buruaga con las medidas planteadas el pasado mes de noviembre.

Condiciones previas

Y aquí está una de las claves, porque mientras Buruaga ha mantenido en las últimas horas que afronta esta nueva etapa “sin líneas rojas ni exigencias imposibles”, desde el seno regionalista se insiste en que sus peticiones previas siguen vigentes y deberán incorporarse a los presupuestos. Dos meses después de que ambos partidos no lograran acercar posturas sobre las cuentas, por las condiciones que impuso el PRC y que el PP veía “imposibles” de cumplir, relacionadas con en el pago íntegro de ayudas al medio rural, la adecuación salarial de los docentes cántabros o varias actuaciones sanitarias e industriales que “no pueden seguir esperando”, estas mismas medidas volverán a estar sobre la mesa y queda comprobar quién da su brazo a torcer.

“Yo diría que hemos recobrado el espíritu de negociaciones anteriores”, opinó la presidenta el martes tras la reunión con Paula Fernández, y además consideró que “esta vez estamos bastante más cerca del acuerdo presupuestario”. En paralelo, la dirigente regionalista dijo que “se abre un nuevo camino” y defendió que había visto a una Buruaga “receptiva”, que ha “escuchado” las propuestas del PRC y “se ha comprometido a llevarlas a cabo”.

Tras el acuerdo de la dirección regionalista para retomar el diálogo, las comisiones negociadoras de ambas formaciones han concertado un primer encuentro para este viernes 27 de febrero, en el Parlamento de Cantabria.

La delegación del PRC estará integrada por la propia Paula Fernández, diputada además de candidata a la Presidencia de Cantabria en los próximos comicios, junto al portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando; el diputado y alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada; la presidenta del Comité Comarcal Pas-Pisueña, Beatriz Sáinz, y el teniente de alcalde de Guriezo, Luis Javier Casas. Por parte del PP forman parten de la comisión negociadora la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, en calidad de secretaria autonómica del partido; el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros; el portavoz parlamentario, Juan José Alonso, y el vicesecretario de Organización y consejero de Fomento, Roberto Media.