Vox ha anunciado a última hora de este miércoles que da por rotos todos los pactos autonómicos que mantiene con el PP. El detonante ha sido el reparto por las diferentes comunidades autónomas de los inmigrantes menores de edad no acompañados que el partido de extrema derecha se niega a aceptar y que los de Alberto Núñez Feijóo han terminado respaldando durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se ha celebrado este miércoles, en la que se ha abordado la reforma de la Ley de Extranjería para esa acogida de menores.

La reunión de este miércoles ha concluido con un pacto de mínimos en el que se compromete el PP a desbloquear un reparto de 347 menores, pero deja para otro momento la decisión de que este sea obligatorio. Se estima que Canarias necesitaría trasladar a 2.000 menores.

La formación que dirige Santiago Abascal ha emitido este miércoles un comunicado en el que anuncia la convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional “de urgencia” para acordar las próximas decisiones a tomar. Vox acusa a Feijóo de romper los pactos de gobierno regionales al haber “obligado a los presidentes regionales a votar sí al reparto” de los menores migrantes. La formación de extrema derecha señala que esta decisión llega tras “entregar el CGPJ, RTVE, la Junta Electoral o aliarse en Europa”, en referencia a los pactos del PP y el PSOE. “Es el señor Núñez Feijóo quien ha roto los gobiernos de coalición”, incide el comunicado.

“Los presidentes autonómicos del PP han cumplido con las órdenes de Feijóo de forma unilateral, sin tener en cuenta a su socio de Gobierno e incluso faltando a su propia voluntad manifiesta y comprometida en las conversaciones internas mantenidas durante las última semanas”, acusa Vox en la nota. El comunicado se cierra con un anuncio de la reunión de la cúpula este jueves para “acordar los próximos pasos”.

El año pasado, todas las comunidades autónomas acordaron el reparto de 373 menores desde Canarias y Ceuta, financiado por el Ejecutivo central con 20 millones de euros en total. Pero la mayoría de comunidades autónomas no cumplió y no recibió ni a un solo niño en base a dicho pacto, no vinculante. 

La amenaza de ruptura de esos acuerdos entre el PP y Vox estaba latente desde el pasado lunes cuando el dirigente de extrema derecha, Santiago Abascal, lo adelantó en una comparecencia realizada en la sede de Vox, en la que sentenció: “Abandonaremos esos gobiernos inmediatamente. No seremos cómplices de los robos, machetazos y violaciones”, afirmó Abascal, vinculando una vez más, y sin ninguna base, la migración de menores solos con la delincuencia.

El comunicado emitido este miércoles mantiene esa misma retórica de las amenazas vertidas desde el comienzo de la semana.

Desde entonces, la tensión entre las dos formaciones no ha cesado. Este mismo miércoles el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, advertía de que dejaría su cargo si el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, se plegaba a los deseos del Gobierno central y su partido cedía en política de inmigración. En su comparecencia en las Cortes aseguró que tenía “un amor infinitamente mayor” a sus principios que a su puesto en el gobierno autonómico. “No son advertencias o amenazas. Para nosotros es fundamental actuar contundentemente contra la inmigración ilegal”, sentenció.

García-Gallardo volvió a pronunciarse la noche del miércoles, acusando al PP de “traición” en esta cuestión, además de “en la defensa del derecho a la vida”. “Nuestra generosidad ha sido infinita, a pesar de los incumplimientos del pacto”, escribe en un tuit García-Gallardo, que informará sobre su “decisión” tras el comité ejecutivo de Vox de este jueves por la tarde.

Castilla y León fue el primer pacto de gobierno que cerró Vox con el PP. Después llegaron otros similares en Aragón; Balears -en donde solo prestan apoyo, pero no están dentro del Ejecutivo-; la Comunitat Valenciana; la Región de Murcia y Extremadura, todos liderados por el PP. 

Al partido de Abascal, que ha hecho de la política de inmigración su principal bandera contra el Gobierno de Pedro Sánchez, le ha dado lo mismo comprobar la crisis de emergencia humanitaria que está registrando principalmente Canarias pero también Ceuta, por la llegada de cientos de estos jóvenes migrantes no acompañados, con los que Vox se ceba con acusaciones racistas y xenófobas.

Precisamente uno de los primeros presidentes autonómicos que dejó claro que había que dejar “fuera de la lucha partidista” la política de inmigración y pedía ayuda para aliviar la situación ha sido el presidente de la Ciudad de Ceuta, Juan Vives, del PP. También el Gobierno andaluz presidido por Juan Manuel Moreno se abría a la medida propuesta por el Gobierno, si bien unos y otros han reclamado más fondos y ayudas para afrontar la situación.

Los virajes de discurso de Feijóo

En los últimos días el PP ha ido virando de discurso desconcertando a sus socios de extrema derecha. Los de Alberto Núñez Feijóo pasaron de ofrecer primero “solidaridad” a sumarse después a la idea de Vox de que el Gobierno desplegara buques de la Armada en el Atlántico para evitar la salida de cayucos con destino a nuestras costas. Sin embargo, finalmente accedieron a cumplir las directrices gubernamentales desoyendo las amenazas de Abascal, que no ha dejado de acusar al PP de “estafar” a sus electores.

Esta misma mañana, el portavoz del PP, Borja Sémper, hacía un último llamamiento a sus socios de la extrema derecha para que no rompieran los gobiernos autonómicos y que aceptaran acoger a menores migrantes procedentes de Canarias. “La estabilidad se garantiza con Vox”, señaló en una entrevista en Onda Cero. “Queremos que esos Gobiernos no se rompan. Se perjudicará la gestión y la estabilidad”, ha añadido. “Yo apuesto y sueño con la estabilidad que no tiene el Gobierno de España, que la sigamos ofreciendo las comunidades autónomas”, insistió. 

Carlos Cruzado (Madrid, 1958) y José María Mollinedo (Jaén, 1964) son técnicos de Hacienda con una amplia carrera en la Agencia Tributaria. Ahora, han plasmado sus conocimientos y su experiencia en un libro en el que tratan de divulgar de manera sencilla los agujeros que tiene nuestro sistema fiscal y que acaban beneficiando a quienes más tienen. Los ricos no pagan IRPF (Capitán Swing) es un ensayo breve que recorre los problemas que tienen las grandes figuras tributarias, pero también analiza cómo los discursos en contra de los impuestos han generado todavía más vías para que los grandes capitales encuentren un escape. Del diseño de nuestro sistema fiscal en la Transición hasta las reformas fiscales frustradas de los últimos años, pasando por amnistías fiscales y leyes con efectos contrarios a los que se buscaba. En elDiario.es conversamos con Cruzado unos días después de desvelar el caso de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

elDiario.es desveló la pasada semana la acusación de la Fiscalía contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental. Este caso surge tras una inspección de la Agencia Tributaria, que a menudo tiene una imagen negativa, ¿Cómo valora el papel de la Agencia en casos como este?

Siempre se habla de filtraciones, pero normalmente, como ha ocurrido en este caso, se conocen cuando llegan al juzgado. En la Agencia Tributaria hay un control de entradas a los temas muy exhaustivo, una obligación de guardar secreto y se monitorea las entradas de los funcionarios. No digo que no pueda haber fugas, pero en este y en otros tantos casos, lo conocemos cuando llega al juzgado.

En este caso de la pareja de Ayuso, si la Agencia Tributaria tiene justificadas estas facturas falsas, quizá no de libro, pero sí que es muy fácil controlarlo. Además con ese dato de que había aumentado muchísimo su facturación y, sin embargo, los beneficios eran más bien escasos. Pues todos estos datos conducen a que en este caso o en cualquier otro similar, salte y se lleve a la inspección.

¿Cómo valora que la respuesta para defender al entorno de Ayuso sea que la Agencia Tributaria es un órgano dirigido por el Gobierno?

Hay que tener en cuenta que ya estamos en otro estado de la situación. La Agencia Tributaria manda la denuncia en enero, pero ya es la Fiscalía la que la ha asumido. Por tanto, ya estamos en el ámbito, si no judicial, prejudicial. La Agencia ha hecho lo que debe hacer, que es cuando ve que hay un delito mandarlo. En este caso, la Agencia Tributaria ve dos elementos: uno es que la cuota defraudada supera los 120.000 euros, y el otro es el dolo. Tiene que observar que hay intencionalidad. En este caso, desde luego, si hay facturas falsas, es evidente que hay dolo. 

Adentrándonos en el libro, en el que analizan cómo el sistema acaba beneficiando a quienes más tienen, ¿considera que casos como este, o el de deportistas, empresarios o el propio del rey emérito de algún modo deterioran la imagen y la confianza que tiene el ciudadano de a pie que sí cumple con sus obligaciones?

Cuando hablamos de grandes empresarios, pero sobre todo de políticos, entendemos que deben dar ejemplo con algunos asuntos y muchas veces no es así. Esto incide muy negativamente en la conciencia fiscal de los ciudadanos. Y claro, es algo negativo, porque no anima precisamente al contribuyente de a pie a pagar sus impuestos con tranquilidad, a evitar esos trabajos sin factura. También hay una lectura positiva: los ciudadanos ven que la Agencia Tributaria hace su trabajo. Desde luego el ejemplo es muy malo y es importante para llevar adelante esa necesidad de concienciar fiscalmente a los ciudadanos.

Profundizan en el libro sobre la diferencia de recaudación fiscal que tiene España con otros países europeos, ¿qué le parecen los mensajes de que España es un “infierno fiscal”?

Habitualmente se habla de la idea del infierno fiscal cuando un youtuber se muda a Andorra. Claro, si nos comparamos con Andorra, con un territorio de muy baja tributación, con un paraíso fiscal o un refugio fiscal como ahora ha admitido la la RAE, pues lo sería, pero obviamente nuestro país no es un infierno fiscal. España es homologable en su fiscalidad a la de la mayoría de los países que tienen un Estado de bienestar y que necesitan de una recaudación y de un sistema tributario suficiente para cubrir todas esas necesidades que nuestra Constitución establece en la educación pública, sanidad pública, pensiones, todos los ámbitos de un Estado social y democrático de derecho. Como dice nuestra Constitución, no es un infierno fiscal España, ni muchísimo menos.

En el libro plantea la necesidad de recaudar más de 40.000 millones más para acercarse a Europa. ¿Eso lo ve posible con un sistema fiscal como el que tenemos?

Como el actual no, precisamente es necesario esa modificación. Planteamos la necesidad de una reforma integral en la que coinciden prácticamente todos los expertos. Llevamos desde los años 70 con este sistema fiscal, desde entonces solo ha habido parcheos o retoques, por eso nuestro sistema adolece de la coherencia necesaria. Hablamos de subir o bajar impuestos, pero olvidamos de que esto debería de conllevar un gran acuerdo, un gran pacto de Estado, partiendo de la base de la dimensión del Estado que queremos. Eso tiene unas necesidades y un gasto que tenemos que cubrir con los recursos suficientes. 

La diferencia con la zona euro en presión fiscal es de casi cuatro puntos y es importante rebajar ese diferencial producido por una parte por a la economía sumergida y el fraude pero también por la estructura de nuestro sistema fiscal. Por eso llamamos al libro ‘Los ricos no pagan IRPF’, al hilo de esa frase que repitieron por un lado Aznar hace unos años y luego Pedro Sánchez. La mayoría de los expertos mantienen que efectivamente la planificación fiscal de las grandes fortunas, de los grandes capitales, pues hace que tengan muy pocas rentas a tributar en el IRPF. El sistema fiscal necesita tapar esos agujeros y dar coherencia. 

Precisamente, el libro toma de referencia el IRPF como arranque del análisis de un sistema que sufre de agujeros. Una de las críticas que se hace es la dualidad del IRPF, en el que las rentas del capital tiene menos tributación que las procedentes del trabajo. ¿Se precisa esa igualación que han planteado PSOE y Sumar en su acuerdo de Gobierno?

Ya ha habido varios movimientos en ese sentido del Gobierno de coalición y sí, la verdad es que parece que deberíamos tender a ello. No siempre ha sido así, antes se gravaban todas las rentas de manera general, pero luego llegaron las decisiones hasta llegar a escalas diferentes como ahora. No tiene mucho sentido y de hecho la propia OCDE, en un informe de España en 2014, ya planteaba, con vistas a una reforma fiscal, que habría que tender precisamente a esa desaparición del doble rasero. Es algo que está ahí y genera situaciones injustas, como que personas que tienen rendimientos importantes del ahorro, pues tributan en mucha menor medida que personas con rendimientos altos de trabajo.

Efectivamente esta dualidad es la que provoca que en las escalas más altas de rentas se pierda la progresividad del IRPF. Si además añadimos la carrera a la baja en Patrimonio o Sucesiones, que gravan más a los más ricos, puede dar la sensación de que todos los cambios que se han hecho desde hace años en España van a reducir la tributación de las grandes fortunas.

Eso es lo que ha ocurrido en España. Cuando se diseña nuestro sistema tributario es el momento en el que en Europa se está instalando el discurso de políticas conservadoras, como las defendidas por Thatcher y Reagan, que básicamente defienden lo bueno que es que las grandes fortunas o empresas tributen menos. Esto también llegó a España, claro. Lo que empezó con partidos conservadores, se contagió a los partidos socialdemócratas. La progresividad de los sistemas empezó a caer y esto lo que ha producido ha sido un incremento de las desigualdades. Ese aumento de la desigualdad es quizá lo que está haciendo cambiar el discurso de algunas organizaciones a nivel mundial, que lo hemos visto muy claro hace unos pocos meses, cuando Reino Unido, la anterior primera ministra, anunció esa bajada de impuestos que causó un estrépito mundial. Aquí a veces no lo percibimos, pero están cambiando las cosas a nivel internacional. Hay un viento que está haciendo cambiar el paradigma de que cuantos menos impuestos mejor. Lo están planteando muchos economistas a nivel mundial: hay que intentar gravar a las a las muy grandes fortunas.

Aquí a veces no lo percibimos, pero están cambiando las cosas a nivel internacional. Hay un viento que está haciendo cambiar el paradigma de que cuantos menos impuestos mejor

¿Ve por tanto un cambio en la ortodoxia económica en favor de gravar más la riqueza?

Está cambiando, y yo creo que en buena medida es como consecuencia de ese incremento de desigualdades en países desarrollados que supone un problema económico. Lo decía la OCDE hace nada, recomendando aumentar la recaudación del impuesto de Sucesiones. Y sin embargo vemos que luego hay algunos movimientos políticos o de opinión defendiendo que es un impuesto injusto.

Si la Constitución tiene marcado que el sistema fiscal debe de ser progresivo, ¿por qué cree que los discursos que proponen medidas en ese sentido son considerados a veces de antisistema o casi de comunistas?

Es algo que no tiene sentido, en las encuestas del CIS vemos mucha transversalidad y que los ciudadanos mayoritariamente apuestan por el Estado de bienestar, por un sistema de educación pública, incluso como consecuencia de la pandemia, pues la mayoría piensa que hay que dedicar más recursos a la sanidad. Sin embargo, el discurso de algunos partidos va en sentido contrario de lo que dicen sus propios votantes. Eso complica que haya un gran acuerdo sobre fiscalidad y sobre la dimensión del Estado que queremos. Si verdaderamente queremos proteger y potenciar la educación pública, la sanidad pública, las pensiones, eso tiene que conllevar un sistema suficiente. No casa con bajadas de impuestos generalizadas.

Entonces, ¿por qué elección tras elección cala tanto ese discurso en favor de la bajada de impuestos?

Hay una continuidad en ese discurso que hace unos años caló en todos los partidos. Recordamos en el libro la frase de Zapatero, que seguramente ahora no la repetiría, que bajar impuestos es de izquierdas. Y ahora es difícil quizá dar marcha atrás e intentar poner de manifiesto o dignificar el pago de impuestos cuando se ha estado demonizando muchos, muchos años. Porque hablar de bajar impuestos porque sí, pues eso de alguna manera está dando al ciudadano una idea de que los impuestos son malos. Hay que cambiar todos estos aspectos para potenciar una mayor conciencia fiscal.

Es difícil dignificar el pago de impuestos cuando se ha estado demonizando muchos años

En esas encuestas que planteaba, se constata que algunos falsos mitos han calado, como que en España se pagan más impuestos que en Europa o que se aporta más de lo que se recibe. ¿Falta ser más explicativos respecto a asuntos fiscales e ir más allá de subidas y bajadas de impuestos?

Sin duda. Habrá algunos impuestos que quizá hay que bajarlos, otros subirlos, pero además, dentro de los impuestos habrá sectores a los que habrá que subirle los impuestos y otros bajarlos. No voy a decir que haya demagogia, pero hay discursos que no encajan con la realidad. Al ciudadano hay que informarle. La transparencia es fundamental. Es algo a lo que hemos llegado un poco tarde.

Sin embargo, los distintos intentos de reforma fiscal, con informes de expertos, se han encontrado siempre con un muro. ¿Por qué cree que es tan difícil que haya avances en ello?

Quizá falta lo que en otros ámbitos muy importantes: políticas de Estado. Y es quizá esa luz larga y no quedarse en el periodo electoral, que muchas veces es lo que está mediatizando estas decisiones. Es lo que ha faltado con el Libro Blanco hace dos años, con la excusa de la crisis de Ucrania se ha quedado en un cajón. Es un informe muy importante, en el cual se analiza con exhaustividad todo el sistema al margen de las propuestas que luego se puedan plantear o no, pero falta voluntad política de querer afrontarlo. Nos jugamos mucho los estados en el tema fiscal.

Cuando se habla de reformas fiscales quizá nos centremos mucho en las subidas y bajadas de impuestos o en la eliminación de beneficios fiscales pero, ¿qué papel debe de tener la inspección y el control de la Agencia Tributaria?

Muy importante. Si comparamos con otros países, nuestro nivel de inspectores o de funcionarios dedicados al control tributario vemos que estamos a la mitad. Y en cuanto al gasto, que a mí me gusta hablar siempre de inversión en Agencia Tributaria, pues nos pasa lo mismo. Por lo tanto, si tenemos la mitad de recursos, pues es normal que tengamos el doble de economía sumergida o de fraude que países con los que queremos compararnos. Ahí también hablamos siempre de falta de voluntad política. En la Ley de Prevención del Fraude de 2021, había dos disposiciones que el Gobierno está incumpliendo. Una de ellas era la elaboración de un informe oficial sobre economía sumergida. La otra plantea que la Agencia Tributaria haga una planificación de recursos humanos y de inversión a medio plazo. Pasa el tiempo y no se toman decisiones importantes.

En este aspecto, da la impresión de que ha sido muy sencillo el control de los salarios o del pequeño fraude fiscal, pero quizá el reto está en los grandes patrimonios o en las multinacionales

Hay que tener en cuenta que el volumen que tiene de información que cruza la Agencia Tributaria cada vez es mayor. Entonces sí que hay o estamos en disposición de poder hacerlo, pero faltan efectivos a nivel prevención del fraude, contar con gente suficiente. Nosotros siempre decimos que aproximadamente un 80% del esfuerzo de la Agencia Tributaria precisamente se dedica a ese control de discrepancias en nóminas, en rendimientos de trabajo, autónomos, pequeñas empresas y pensamos que es necesario desplazar de alguna manera la lupa hacia grandes fortunas, grandes empresas, que por otro lado es donde está el gran fraude. Muchas veces la gente identifica el fraude fiscal con el 'con IVA o sin IVA' del fontanero. Claro que tenemos que empezar también por ahí. Esto ya lo estamos haciendo, pero sin embargo se nos están escapando muchas veces las grandes tramas de fraude de IVA o que se están produciendo en las gasolinas. Bueno, ahí es donde quizá tenemos que hacer un mayor esfuerzo y sobre todo en los grandes entramados societarios de grandes fortunas que no pagan el IRPF. Y no se hace por falta de medios.

Tenemos que poner un mayor esfuerzo en detectar las grandes tramas de fraude fiscal

Se han tomado medidas que han sido muy efectivas. Por ejemplo, el coto a las sicav que ha hecho desaparecer la mayoría de ellas. ¿La solución está en la legislación o en la inspección?

Hay que compaginarlas. En el tema de las sicav es muy acertado porque llega un momento en que todos los partidos coincidían en plantear medidas para limitar esa utilización privada de una institución colectiva. Esto es lo que necesitamos, grandes acuerdos y plantear esas medidas para evitar que se den situaciones que son injustas. En el libro hemos querido hablar de las dos patas, por un lado, de la necesidad de que ese principio de igualdad y progresividad que plantea la Constitución se lleve a efecto en la estructura tributaria, en las leyes, pero también a través del trabajo de la Agencia Tributaria. Hacienda somos todos, es lo que dice la Constitución y la Agencia Tributaria debería actuar en esa línea siempre.

Por acabar, ¿le da confianza que a nivel internacional esté calando el discurso de que hay que gravar más a las grandes fortunas?

A la vista de la opinión de los ciudadanos y de esta corrientes que estamos viendo a nivel internacional, de esos pequeños pasos que han ido dando organizaciones como la OCDE, el G20, el FMI. Bueno, pues creo que sí va a ser un proceso lento. Hay paradigmas que están empezando a desaparecer y será positivo.

–––––

Nos atrevemos con los más poderosos porque sabemos que estáis ahí. La investigación periodística de elDiario.es es posible por el apoyo de nuestros socios y socias: más de 77.000 personas. Si eres uno de ellos, queremos darte las gracias: tu ayuda nos permite publicar noticias así, que casi nadie cuenta. Y si aún no nos apoyas, o dejaste de hacerlo, este puede ser un buen momento para echarnos una mano: necesitamos todo el respaldo posible. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.

Sindicatos y la CECA, la patronal de CaixaBank y Unicaja, han alcanzado un preacuerdo para el nuevo convenio electoral, que se prolongará durante los próximos tres años. Las condiciones incluyen una subida del 5% para este año y un acumulado del 11% para el final de vigencia del documento, pendiente ahora de la firma final, según informan fuentes sindicales y ha confirmado la patronal en un comunicado.

En concreto, la patronal que engloba a las antiguas cajas de ahorro y que incluye también a Kutxabank, Abanca o Ibercaja, subirá este año un 5% los salarios. Le seguirá para el año que viene una subida del 3% y, finalmente, otra de igual cuantía para 2026. “Este preacuerdo ha sido alcanzado con más del 86 % de la representación sindical, que ostentan los sindicatos FINE, CCOO y UGT. Las partes se han emplazado a la primera semana del mes de abril para redactar el texto definitivo del convenio”, ha asegurado CECA en un comunicado.

La subida salarial acordada puede ser incluso superior dependiendo de la evolución del IPC. Podría llegar en función de esta evolución a un 14%. A ello se suma también un pago único de 1.000 euros para toda la plantilla que se cobraría este año. Es decir, les correspondería el 5% para cada trabajador y 1.000 euros extra. Por último, se incluye un día adicional de libre disposición para este ejercicio y los dos siguientes.

El convenio se aplicará a los más de 55.000 miembros de las plantillas de CaixaBank, Unicaja, ABANCA, Ibercaja Banco, Caixa Ontinyent, Caixa Pollença y Cecabank.

El acuerdo se ha alcanzado tras una negociación que se ha prolongado desde el pasado otoño. Las posiciones alejadas de patronal y sindicatos llevaron a las plantillas a realizar un paro de dos horas hace unas semanas y diversas movilizaciones. Estaba prevista una huelga general en todo el sector para finales de este mes. Queda pendiente conocerse el desenlace para la patronal AEB. Esta es la que incluye la mayor parte del sector, como Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter.

Los sindicatos habían criticado durante este tiempo un cierto inmovilismo de las distintas patronales con subidas salariales más escuetas de las finalmente acordadas. Así se había mantenido, al menos en público, hasta hace unos días en los que los sindicatos seguían convocando movilizaciones previas de preparación a la huelga de 24 horas convocada para finales de este mes.

Esta semana está convocada una nueva reunión de la mesa de negociación de los sindicatos con la AEB. De ella se conocerá si el nivel de avance ha sido igual que en el entorno de la CECA. También se ha negociado durante este tiempo el de la patronal Unacc, que engloba a las entidades cooperativas, conocidas popularmente como las cajas rurales.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la fusión entre Orange y MásMóvil, según ha anunciado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá. El visto bueno a la operación llega unos días después de que Bruselas aprobara con algunas condiciones la creación del nuevo líder de las telecomunicaciones en España. “Estamos convencidos de que con esta operación garantizamos mejores servicios para los ciudadanos”, ha defendido.

La luz verde recibida hoy por el Ejecutivo era el último fleco regulatorio pendiente para que la compañía nueva eche a andar. Con ello, se cumplen las previsiones de ambas partes que confían en tener cerrada la unión de las empresas antes de finales de este mes. La nueva compañía tendrá un 50% en manos de Orange y otro 50% manos de los accionistas de MásMóvil, los fondos KKR, Cinven y Providence.

“El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la fusión entre iguales por la combinación de sus negocios en España de dos operadoras del sector de las telecomunicaciones, Orange y Masmóvil. De esta fusión resulta el primer operador en España, con más de 30 millones de clientes de utilización de móviles, con más de 7 millones de clientes de banda ancha y de más de 2 millones de clientes de servicios de televisión”, ha asegurado el titular de la cartera para la Transformación Digital y de la Función Pública.

“La aprobación de esta fusión viene acompañada de un plan industrial de la entidad resultante que es verdaderamente ambicioso y con una orientación de muy medio plazo, con una política de inversiones muy potente durante los próximos años en infraestructuras digitales fijas y móviles”, ha añadido Escrivá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Escrivá, ministro responsable de las telecomunicaciones tras la última crisis de Gobierno, ha defendido el impacto que tendrá la operación. En concreto, se ha congratulado del plan de inversiones “muy potente” que tiene la empresa para el despliegue de infraestructuras digitales móviles y fijas. Además, el ministro ha defendido que existe un compromiso por parte de la empresa para el mantenimiento del empleo, algo que ya había avanzado el grupo antes del visto bueno regulatorio.

Durante la rueda de prensa tras la reunión semanal del Gobierno, Escrivá ha puesto el foco en la necesidad de contar con empresas en un sector “estratégico” como el de las telecomunicaciones que afronten las inversiones necesarias para la transformación digital de la compañía. Así, ha añadido que el marco utilizado para la aprobación

Orange y MásMóvil crearán con su empresa conjunta la nueva líder de las telecomunicaciones en España, superando en diversos segmentos de negocio a la propia Telefónica, heredera del antiguo monopolio estatal. Se trata de una de las mayores operaciones corporativas del sector de los últimos años.

El Gobierno subirá los salarios de los trabajadores públicos de todas las administraciones un 2% sin esperar a los Presupuestos Generales del Estado. El ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, ha anunciado este martes tras el Consejo de Ministros que se va a registrar una enmienda en la tramitación del real decreto de medidas frente a la crisis provocada por la guerra en Ucrania para evitar la espera hasta que se puedan aprobar las cuentas del Estado. Se aplicaría desde el 1 de enero de este año. Está previsto que la norma entre en vigor en abril, según informó El Mundo.

“Va a incorporarse una enmienda al Real Decreto-Ley que hemos llamado de medidas urgentes para luchar contra la crisis originada por la guerra de Ucrania (...) Es el elemento adecuado”, ha afirmado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La enmienda ha sido registrada por PSOE y Sumar.

La subida ya estaba pactada con los sindicatos desde el pasado año, cuando se acordó una mejora plurianual. Habitualmente, la medida se suele aprobar estas subidas a través de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, su retraso había llevado a los sindicatos a reclamar que se realizase por otra vía para evitar que los trabajadores públicos siguieran con sus remuneraciones congeladas.

El dato de cierre del PIB de 2023 ya provocó que los funcionarios tuvieran una mejora del 0,5% a cobrar desde el mes de enero del año pasado. Esta subida extraordinaria se añadió a la aprobada en otoño del curso pasado de otro 0,5% por la evolución de la inflación. De este modo, en 2023 la subida terminó siendo del 3,5%.

Para este año, de momento la subida será del 2%, de acuerdo con lo pactado con CCOO y UGT en el Acuerdo Marco que selló la anterior ministra del ramo, María Jesús Montero. A ello se puede sumar otro 0,5% si la suma del IPC entre 2022 y 2024 es finalmente superior a la subida salarial aplicada en ese mismo periodo. En torno a 3 millones de trabajadores se beneficiarán de estas subidas salariales.

Con esta enmienda, se daría cumplimiento al acuerdo firmado con UGT y CCOO sobre salarios del sector público, donde se pactó una subida de hasta el 9,5% entre 2022 y 2024. En dicho acuerdo, se recogía un incremento salarial fijo del 8% y uno variable del 1,5% ligado a la evolución de la inflación y del Producto Interior Bruto (PIB).

CCOO y UGT han celebrado este martes a primera hora que se avance en el cumplimiento el acuerdo suscrito con el Gobierno. Una vez se ha cumplido con este hito de aquel documento, los sindicatos han reclamado al Ministerio avanzar en el resto de puntos pendientes de concretarse. Ambas organizaciones consideran que debe recogerse la “derogación completa del Decretazo del 2012”, comprometido en el Acuerdo Marco, y recuperar en el estatuto del empleado público “la jubilación parcial para el personal funcionario, así como el carácter de mínimos de permisos, licencias y vacaciones”.

De aquel acuerdo se desmarcó Csif, el otro gran sindicato en la Función Pública. Esta organización consideró “exigua” la subida que se acordó con los otros sindicatos y reclamó este lunes en una reunión con el Gobierno la necesidad de sentarse a negociar para alcanzar otro acuerdo más beneficioso. “Valoramos que el ministerio haya respondido a las críticas de nuestra organización y esperamos que en breve inicie la negociación del resto de las reformas estructurales que necesitan nuestras administraciones públicas”, apunta en un comunicado.

En España se cuentan por decenas las entidades bancarias que desaparecieron tras la crisis de 2008. Sobre todo cajas rurales y bancos de implantación regional que, o bien fueron rescatadas o bien absorbidas por grupos de mayor tamaño. O ambas a la vez. La desaparición de oficinas, los despidos masivos y la concentración empresarial fueron la tónica en los años siguientes y se volvió a acelerar tras la pandemia. Ahora, los datos muestran cómo unos pocos se reparten una gran parte del pastel, especialmente en negocios como la gestión de los depósitos. Cuatro bancos gestionan hoy dos de cada tres euros de los ahorros que tiene la población en el sector.

El dato surge del último informe de la agencia crediticia Moody's sobre la banca española. Según este reciente documento, CaixaBank es líder en depósitos en España, seguido por Santander, BBVA y Sabadell. Estas cuatro entidades acumulan una cuota de mercado conjunta en este apartado del negocio bancario del 67%. Es decir, algo más de dos tercios del total. Si además se suman los otros dos bancos del Ibex 35, Unicaja y Bankinter, el porcentaje supera el 75%. O lo que es lo mismo, seis grupos gestionan tres de cada cuatro euros depositados por los españoles en entidades financieras.

La concentración es también alta, aunque algo menos, en lo que respecta a los activos. Aquí se engloban muchos aspectos, pero principalmente el crédito gestionado por los bancos, como las hipotecas o los préstamos al consumo. En este caso, las cuatro entidades mencionadas anteriormente son también las más grandes del país y aglutinan el 60% del total. Si además se suma a las otras dos cotizadas, el porcentaje sube hasta el 67%. La situación se repite en mayor o menor medida en la mayoría de negocios bancarios, donde la concentración es la tónica general. Por ejemplo, Expansión informaba este lunes que los tres grandes bancos (CaixaBank, BBVA y Santander) aglutinan el 40% de los créditos a las grandes empresas.

España tiene el segundo sector financiero que más se ha concentrado tras la crisis de 2008. El porcentaje de activos en manos de los cinco grandes bancos creció en más de 30 puntos en los 14 años siguientes, algo solo superado por Grecia. Los grandes grupos bancarios son cada vez de mayor tamaño y caminan en una senda que ya se ha visto en sectores estratégicos como el energético o las telecomunicaciones, donde menos de cinco empresas gestionan la mayor parte del negocio.

El dato de los depósitos es especialmente relevante en el contexto actual de la banca. El año pasado se cerró un ejercicio histórico para los bancos en España, con el mayor beneficio jamás registrado. Tres de los bancos españoles están entre los diez europeos que más ganaron durante el pasado año. Y una de las claves de esta mejora en las cuentas fue la diferencia entre el ritmo en el que se han ido subiendo los precios de las hipotecas con la subida de tipos, casi simultánea, y al que se ha ido mejorando la remuneración de los depósitos, mucho más bajo. La diferencia se multiplicó el año pasado.

En España, a cierre del mes de enero, los hogares tenían en entidades financieras en torno a un billón de euros en depósitos, según los datos con los que cuenta el Banco de España. De ese total, unos 136.000 millones están en productos de depósito a plazo, que son los que tradicionalmente han generado un mayor rendimiento para los clientes. La media de lo que los bancos pagan por este dinero se sitúa en España en el 2,38%. Son cifras muy superiores a las que hace meses, pero siguen lejos de asimilarse a la media europea, que en la zona euro se queda en el 3,2%. Solo en cuatro países se paga menos que en España por los depósitos de la clientela.

La situación es especialmente sensible cuando se compara con las grandes economías de la zona euro. La banca española se encuentra lejos de Alemania (3,24%) y, especialmente, de Francia (3,66%) e Italia (3,76%).

Los grandes bancos españoles han arrastrado los pies desde que en 2022 comenzaran a subir los tipos de interés en Europa. Estas subidas no solo tendrían que afectar a los créditos, algo que millones de hogares han constatado en sus gastos mensuales por las hipotecas. También afecta al dinero que pagan los bancos por tomar prestado el dinero de los clientes en forma de depósitos. Sin embargo, no se ha producido la esperada batalla por el ahorro entre las entidades financieras. Todas ellas han apuntado a razones como que tienen una gran liquidez que hace que no tengan urgencia por pagar más por este dinero. A ello se suma que los grandes competidores no han forzado al resto a hacerlo, ya que las mayores ofertas se han limitado a las entidades más pequeñas o a la banca online.

Moody's apunta en su citado informe periódico de la banca española que esta subida de tipos de interés vivida desde 2022 ha disparado sustancialmente la rentabilidad de la banca española, especialmente por la exposición que tienen estas entidades a los préstamos a tipo variable. Para este año, la agencia crediticia señala que los créditos seguirán aumentando su precio, aunque lo harán a un ritmo más lento que hasta ahora puesto que el euríbor ha comenzado a dar algunas muestras de bajada. “Esto limitará las mejoras de rentabilidad”, añade el documento.

Subidas “modestas”

Al tiempo, Moody's prevé que los costes para los bancos por los depósitos “solo crecerán modestamente”. Una de las razones que achaca para ello es que los bancos van a mantener unos niveles de depósitos por encima de lo que había antes de la pandemia, pese a que se prevé que se realicen retiradas de estos productos en busca de alternativas más rentables para los clientes. Esta gran cantidad de depósitos en su balance dota a los bancos de mucha liquidez que hace que no les urja tener que pagar más por tomar este dinero de la clientela. Y eso, pese a que supervisores y el propio Gobierno han hecho llamamientos públicos para que los bancos españoles pagaran más por los depósitos de los hogares.

Por tanto, Moody's prácticamente descarta que se vaya a producir esa batalla por el ahorro de los hogares entre las grandes entidades. Desde que comenzaran a subir los tipos de interés, en el sector se habló de la posible guerra comercial entre competidores para tratar de captar los depósitos de la clientela. Sin embargo, casi dos años después, esta posibilidad ya no asoma en el horizonte. Onur Genç, consejero delegado de BBVA, resumía en la presentación de resultados del banco hace algo más de un mes esta situación en un análisis que se hace extensible a todo el sector. “Los depósitos no son un recurso escaso, no pasa nada si se pierde algo. Al no ser escaso, no tiene sentido pagar más por ello y no está sobre la mesa”, argumentó.

En conclusión, la agencia señala en su informe lo que ya avanza incluso el propio sector. Aunque el crecimiento del negocio sea menor en 2024, los resultados seguirán al alza tras encadenar dos récords de beneficio consecutivos. Moody's llega a esta conclusión por dos razones. La primera y más importante es que la economía española, aunque menos que en 2023, seguirá creciendo sustancialmente por encima de la europea. La segunda es que el más que probable empeoramiento de la morosidad por la subida de tipos, la agencia prevé que sea “moderada”. De hecho, el informe concluye que “un mercado laboral estable y los todavía sustanciales ahorros de los hogares acumulados durante la pandemia respaldarán el pago de los préstamos”.

Las comunidades tienen cedida la gestión de cuatro grandes impuestos. Sucesiones y Patrimonio se llevan la fama, especialmente con el debate a la baja impulsado en la derecha. Sin embargo, es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD) el que más les aporta a sus arcas. Este tributo con nombre tan largo grava diferentes cuestiones pero principalmente la compraventa de inmuebles. Ahora, con un mercado a la baja, los presupuestos de las comunidades pronostican para este año la pérdida más de 1.600 millones. La carrera fiscal a la baja también le afecta.

Este impuesto tiene una presencia mediática mucho más baja que los otros tributos que el Estado tiene cedidos a las comunidades. Los gobiernos autonómicos tienen plena capacidad normativa sobre ellos y por eso se dan competencias fiscales tan fuertes entre territorios. Sin embargo, Sucesiones y Patrimonio, juntos, no recaudan más que una pequeña porción de lo que hace el ITPyAJD. No en vano, son casi 11.000 millones lo que ingresan las comunidades.

Sin embargo, un repaso por los presupuestos de todos los territorios del régimen común constata que en la comparación entre las cuentas de 2023 y 2024 se han evaporado más de 1.600 millones de euros por este tributo. Es un retroceso del 13% frente a lo originalmente previsto para el pasado año. La situación que vive este impuesto contrasta con el conjunto de la recaudación que va camino este año de superar un nuevo récord.

Este impuesto, en realidad, son dos. El de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados. El primero grava las compraventas de bienes como vehículos o viviendas. El segundo se aplica a los documentos notariales, administrativos o mercantiles. Sin embargo, aunque grava muchas cuestiones distintas, la vivienda tiene un protagonismo especial por el gran número de acuerdos que hay al cabo del año y sus respectivos importes.

El año pasado se realizaron en España 640.000 operaciones de compraventa de viviendas. Supuso un retroceso de más del 11% respecto al año anterior. Además, se registró la mayor caída en el número de hipotecas en una década. La subida de tipos de interés enfrió la demanda de financiación y, con ello, las adquisiciones. Esta tendencia se prevé que se mantenga durante este año debido a que los tipos todavía no han bajado, aunque se espera que comience a producirse a lo largo de este ejercicio.

De hecho, las comunidades achacan a este hecho la caída de ingresos por el ITPyAJD. Por ejemplo, Catalunya explica en su proyecto de ley de presupuestos, presentada hace unos días tras el acuerdo entre ERC y el PSC, que el aumento previsto en los ingresos tributarios para este año es algo menor debido al impacto en la caída de la recaudación de los tributos cedidos y en concreto del de transmisiones patrimoniales “debido al empeoramiento en las previsiones sobre la evolución del mercado inmobiliario”. Otras comunidades como Andalucía también hacen referencia al hecho de que este impuesto se verá “muy afectado” por las perspectivas de ventas de viviendas. Solo Asturias y Canarias prevén que el año termine con una subida de ingresos en este apartado.

Sin embargo, pese a que distintas comunidades apuntan a la caída de viviendas vendidas como una causa para el retroceso en su principal impuesto cedido, hay otra razón importante: las rebajas fiscales. Es el caso, por ejemplo, de Galicia. La Xunta apuntaba en la memoria de sus presupuestos que la caída de más del 11% en los ingresos por este impuesto se encontraba el efecto fundamental de haber rebajado los tipos tanto para la venta de vivienda usada como para los coches de segunda mano. También en la Comunitat Valenciana se han aprobado rebajas en este impuesto para la compra de viviendas por parte de menores de 35 años.

También ha aplicado rebajas Balears, donde el Govern del PP con apoyo de Vox aprobó como una de sus primeras medidas una bajada de impuestos en distintos tributos cedidos, entre ellos el de Transmisiones Patrimoniales. En su memoria presupuestaria, también achaca esta caída a la evolución de la venta de vivienda y señala que ya durante el pasado ejercicio los ingresos fueron inferiores a lo inicialmente presupuestado.

Las comunidades autónomas reciben una parte de la recaudación de impuestos como el IRPF, el IVA o los especiales. Sin embargo, cuentan con cuatro tributos que son los conocidos como cedidos, que son aquellos que, aunque se aplican en toda España, tienen capacidad para regular sobre sus rebajas y aumentos. Además del ITPyAJD, se encuentran englobados los de Sucesiones y Donaciones, el de Patrimonio y las tasas del juego.

Un vistazo al conjunto de los presupuestos de las comunidades autónomas constata que esta bolsa de tributos va a vivir un año a la baja. Esto se debe fundamentalmente a la continua carrera a la baja que han comenzado los territorios en los que especialmente gobierna la derecha. La comparación entre las cuentas de 2023 y las de 2024 señala que, además de perderse 1.600 millones de euros por el ITPyAJD, las comunidades también prevén una pérdida de 460 millones por el impuesto de Sucesiones, hasta los 2.685 millones.

Desde las elecciones de mayo en las que varios territorios cambiaron de signo político en favor de pactos del PP con Vox, han sido numerosos los gobiernos autonómicos que han aprobado recortes en el impuesto de sucesiones. Es el caso de Balears, Comunitat Valenciana, La Rioja, Cantabria o Extremadura. En estos territorios, el tributo ya es prácticamente residual para herencias entre familiares de primer nivel. El caso de Patrimonio es algo distinto, ya que la existencia del impuesto a las grandes fortunas ha llevado a las autonomías a reconducir algunas de sus rebajas.

Una caída compensada por otros ingresos

Si bien, ni la caída del ITPyAJD ni de Sucesiones generará un problema para las cuentas de las comunidades. Los territorios se benefician de una parte significativa de los ingresos por IRPF, por IVA o en los impuestos especiales, que siguen apuntando al alza este año. El PP ha utilizado desde hace tiempo el aumento de la recaudación en España para acusar al Gobierno central de “forrarse” o de practicar una “voracidad fiscal”. Sin embargo, es ese aumento de ingresos, que también recaen en los territorios, el que permite compensar la pérdida de recaudación en los tributos cedidos.

De hecho, las comunidades autónomas tendrán este año más recursos que nunca. El Gobierno, como uno de los primeros pasos para la elaboración de los presupuestos, anunció una previsión de entregas a cuenta para las comunidades —un adelanto de lo que se prevé recaudar este año— de 154.467 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,9%. Es decir, tendrán a su alcance más recursos que nunca.

Por contra, esta semana se ha constatado que las comunidades tendrán un objetivo de déficit más restrictivo de lo inicialmente previsto. El voto del PP en el Senado en contra de la senda de estabilidad presentada por el Gobierno ha provocado que entre en vigor el anterior esquema aprobado, enviado a Bruselas hace un año. Esta otra senda impone un déficit más estricto a las comunidades, lo que le restará a las autonomías 1.456 millones y otros casi 3.000 millones a los ayuntamientos.

Una multinacional bancaria presenta unos beneficios históricos y quiere contentar a sus accionistas repartiéndolos con ellos. A priori, una palabra viene a todo el mundo a la cabeza: dividendos. Sin embargo, en los últimos años, en numerosas compañías del Ibex 35 se ha ido imponiendo otra operación que tiene otras consecuencias. Se trata de las recompras de acciones, en las que tras la pandemia las grandes cotizadas de nuestro país han destinado una importe que supera con creces los 22.000 millones de euros. Un furor que empezó en EEUU y que se ha ido multiplicando por el resto de bolsas, también la española.

Una recompra de acciones, como su nombre indica, supone que las empresas acudan al mercado a adquirir títulos de su propia compañía. A ello suelen dedicar una parte de sus beneficios o si cuentan con un cierto nivel de liquidez que les permita acometer estas operaciones. En las últimas semanas hemos visto varios anuncios de operaciones millonarias en este sentido. Por ejemplo, Banco Santander ha iniciado una recompra con el objetivo de desembolso de 1.460 millones de euros, con carga su beneficio récord de 2023, cuando superó por primera vez los 11.000 millones de euros.

Una operación de este tipo tiene varias consecuencias. Para empezar, paga a sus accionistas al comprarles títulos. A continuación, engorda su autocartera, las acciones propias que tiene en su balance. Acto seguido, puede amortizarlas y sacarlas de circulación, reduciendo el número de acciones que cotizan en Bolsa. Puesto que la compañía no pierde valor, sus acciones aumentan el precio y, en futuros repartos de dividendos, tendrán un ingreso mayor.

Este medio ha recopilado los anuncios que han ido realizando empresas del Ibex 35 tras la pandemia a este respecto. Prácticamente una quincena de ellas han destinado (o anunciado) entre 2021 y 2024 recompras de acciones que por 22.800 millones de euros. Esta cifra deja fuera a otras recompras, de menor cuantía, que se hacen a menudo para casos como la remuneración de los directivos en forma de acciones. Suelen ser más reducidas y rápidas frente a las otras, que se pueden prolongar durante meses.

El creciente fenómeno de este tipo de inversiones por parte de empresas cotizadas motivó a que el Instituto Español de Analistas publicara la pasada semana un informe sobre este auge de las operaciones. “Hay momentos como el actual en el que el exceso de liquidez/capital acumulados en la pandemia, el rápido incremento de tipos y la presión macroeconómica y la infravaloración bursátil de determinados sectores/compañías respaldan las recompras de acciones como herramientas de generación de valor”, explicaba el documento. 

En él, por tanto, se exponían las causas que motivaban a las empresas cotizadas, ya fueran financieras o industriales, a realizar una recompra de acciones y éstas se pueden resumir en dos razones que han confluido en los últimos tiempos: que la cotización de la compañía esté por debajo de su valor y que existan beneficios o exceso de liquidez que permitan afrontarlas sin poner en riesgo el funcionamiento de la empresa.

Han sido los bancos los más activos en estas operaciones. Como ejemplo, el ya citado de Banco Santander. A los 1.460 millones anunciados en febrero para este año, se suman los más de 3.000 millones dedicados en los tres años anteriores. BBVA también supera los 5.000 millones en cuatro años, incluidos los 781 millones anunciados tras el récord de beneficio. CaixaBank, por su parte, lleva 2.300 millones, a la espera de confirmar la cuantía de la recompra anunciada para este año. Sabadell o Unicaja, que hasta ahora no habían entrado en estas operaciones, se sumarán este año.

Otro sector en el que se han producido múltiples recompras de acciones es en el energético. Es el caso de Iberdrola o Repsol. La primera ha dedicado más de 560 millones de euros a estas operaciones en los últimos tres años. La segunda ha invertido 3.500 millones en los últimos tres años, para este ejercicio ha anunciado otra cuyo valor rondaría los 860 millones y, recientemente, ha anunciado su intención de dedicar hasta 5.400 millones entre 2024 y 2027 a recomprar acciones y amortizarlas. En otros sectores, Ferrovial, ACS, Acciona, Acerinox, ArcelorMittal o Fluidra han realizado operaciones similares.

La recompra es el primer paso, el siguiente es la amortización de acciones. El informe anual de Bolsas y Mercados de España (BME), la empresa que gestiona la Bolsa, hacía hincapié en el avance de este tipo de operaciones realizadas en el Ibex 35. Solo el pasado año se amortizaron acciones por valor de 13.400 millones, ligeramente por debajo de los 14.000 millones que se superaron un año antes. En cualquier caso, muy por encima de los años previos, en los que se situaban entre los 2.000 y los 5.000 millones.

Pros y contras

Sin embargo, estas operaciones han generado una cierta controversia entre supervisores, académicos y analistas sobre sus pros y sus contras. El citado informe del Instituto Español de Analistas exponía todos los argumentos que se han expuesto sobre esta práctica. Los defensores argumentan que se trata de una alternativa para crear valor para los accionistas, ya que aumentan su participación en la empresa sin tener que aportar más capital. Además, para la empresa le permite controlar el precio de la acción, evitando la volatilidad o el efecto de los fondos bajistas, los que apuestan a que el valor de una empresa caiga a corto plazo.

Hay otro efecto para los inversores. Los dividendos cuentan como rendimientos de capital en el IRPF y, por tanto, tienen que tributar. Además, el Gobierno mantiene una política en la que está subiendo los tipos para quienes más ganan por esta vía, con el objetivo de acercarlos a los niveles de las rentas del trabajo. Sin embargo, las recompras de acciones no tiene una retención fiscal inmediata, lo que juega como un argumento a favor por parte de sus defensores.

Pero la lista de contras también es larga. Los críticos con estas prácticas defienden que no generan valor para la empresa. Además, señalan que es potencialmente más beneficioso para los accionistas significativos que para los minoristas. Por otro lado, supone una mejora artificial de datos como el beneficio por acción o de la evolución de la cotización. También critican que resta capital de la empresa que podría ir a inversiones en innovación e iniciativas que podrían generar un mayor valor a largo plazo.

Críticas en el supervisor y algunas empresas

Entre los que se han mostrado en los últimos tiempos cautos con los efectos de estas operaciones se encuentra la propia CNMV. El supervisor del mercado de valores en España realizó un estudio el pasado año analizando una década de operaciones de este tipo. Una de las principales conclusiones apuntaba que, aunque el anuncio de estas recompras son recibidas como “noticias positivas para los inversores” y aumenta la cotización, “no parece haber impacto medio significativo sobre el valor de la acción a largo plazo”.

No solo eso, el presidente del supervisor, Rodrigo Buenaventura, se mostró crítico hace meses con el hecho de que las empresas cotizadas anuncien estas recompras de acciones como remuneración a los accionistas. En concreto, señalaba que no beneficiaba a todos por igual y, por tanto, no podía ser considerada como un pago general. “La cuestión es por qué, si beneficia solo a los accionistas que deciden aceptar la recompra que ofrece la compañía, se presenta como una remuneración para todos”, apuntó.

Hay también empresas del Ibex 35 que abiertamente han descartado estas operaciones. Llama la atención en este sentido la postura de Bankinter. No solo es el único banco del Ibex 35 que no ha apostado por las recompras de acciones, sino que además ha hecho comentarios públicos poniéndolas en duda. “No tenemos previsto hacer ninguna recompra de acciones. El capital excedentario lo utilizamos para crecer y, en momentos de incertidumbre como los actuales, más vale preservar el capital”, aseguró en la presentación de resultados del tercer trimestre, celebrada el pasado mes de octubre, la consejera delegada, María Dolores Dancausa.

Esta misma semana el presidente de Aena, Maurici Lucena, aseguraba en una reunión con accionistas por los resultados de la empresa controlada por el Estado que “si me olvido de las consideraciones fiscales, para nosotros es más cómodo ir por la vía de dividendos” que la recompra de acciones. “No lo veo a corto y medio plazo”, añadió, asegurando que esta decisión tiene que ver con su perfil de empresa pública.

El Gobierno puede (y debe) elaborar los presupuestos pese al rechazo de este miércoles al objetivo de déficit por parte del Senado, con mayoría del PP. Así lo avala la Abogacía del Estado en un informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que responde al Ejecutivo sobre cómo operar en caso de no recibir el respaldo de las cámaras a sus objetivos de déficit. El documento concluye que el Gobierno tiene que cumplir con dos obligaciones: elaborar los presupuestos y que cumplan con las reglas fiscales de la UE.

El Ministerio de Hacienda había enarbolado la existencia de este informe jurídico, aunque sin presentarlo, algo que le han afeado distintos grupos parlamentarios. El texto que ha podido consultar este medio muestra cómo el Gobierno preguntó a la Abogacía cómo tendría que funcionar si entran en juego de nuevo las reglas fiscales de la UE. A partir de ahí elabora varios escenarios, entre ellos, el que se ha confirmado este miércoles en el Senado: el rechazo de las cortes al objetivo de déficit aprobado por el Gobierno.

Se trata de un debate legal ante un escenario que es excepcional, aunque no único: que el Ejecutivo no tenga el respaldo mayoritario del Senado. Para comprenderlo hay que arrancar por el principio. En 2012 se aprobó una ley de estabilidad presupuestaria de la que emana una obligación que no existía, al menos de la misma manera, hasta la fecha. El Gobierno que elabora los presupuestos tiene que presentar a las cortes un objetivo de déficit y de deuda para la administración central, las autonomías, los ayuntamientos y la Seguridad Social. Necesita que ambas cortes lo respalden. En caso de que una lo rechace, se deben volver a presentar en el plazo de un mes.

Este capítulo es el que ha vencido este miércoles, con el segundo rechazo por parte de una cámara controlada por el PP. Lo ha hecho con argumentos más políticos que económicos o técnicos, enarbolando asuntos como el 'caso Koldo' o los ERE de Andalucía, que poco tenían que ver con la materia a debate.

¿Y a partir de ahora qué? La ley que obligaba a hacer ese trámite no especificaba el escenario que hoy se ha constatado en el Senado. Por ello, el Gobierno ya había planteado este estudio a la Abogacía previendo que se podía llegar a él.

Los servicios jurídicos del Estado son claros. “En caso de no aprobación por las Cámaras del plan de reequilibrio presentado por el Gobierno, ello no exime a éste de las obligaciones establecidas constitucionalmente: presentar un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (artículo 134.3 CE) y no incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros”, apunta. “A falta de aprobación, conforme a la legislación interna, de una senda de convergencia hacia la situación de equilibrio, resultará de aplicación la contenida en el programa de estabilidad, a condición de que éste haya sido valorado favorablemente por el Consejo”, añade.

Es decir, el veto del Senado no pone punto y fina a los presupuestos generales del estado. La elaboración de estas cuentas es un deber constitucional que tiene el Gobierno y esto tiene un rango legal superior a la ley que obligaba al trámite con el Congreso para la senda del déficit.

Ese mismo párrafo avala que, para elaborar esas cuentas, se tendrá que aplica el programa de estabilidad. Este es un documento que el Gobierno envió en abril del año pasado a Bruselas y que recibió el visto bueno de la Comisión Europeo. En él se planteaba el mismo objetivo de déficit para el Estado: el 3%. La diferencia es que era más restrictivo para las comunidades y ayuntamientos de lo que es el plan que había presentado el Gobierno a las cortes.

Puesto que Bruselas avaló aquel esquema, la Abogacía entiende que las distintas administraciones tienen que cumplir con el “mandato” contenido en el artículo 135 de la Constitución, aquel que fue reformado en plena crisis financiera y en el que las reglas fiscales europeas asumían un rol preponderante. De este modo, el Gobierno, responsable de la Administración del Estado, cumpliría con ese mandato elaborando unos presupuestos si cumplen con ese programa de estabilidad.

De este modo, la Abogacía concluye que la “valoración positiva” de aquel documento enviado hace ahora casi un año provoca que si se cumple con esos objetivos de déficit y de deuda contenidos en él supondría “cumplir con los márgenes establecidos por la Unión Europea, cumpliendo el mandato del artículo 135”. En otro pasaje del informe, se apunta a que “la divergencia que puede surgir entre el ordenamiento interno [la aprobación en las cámaras del objetivo de déficit] y el de la Unión Europea [las reglas fiscales] debe resolverse en favor del segundo”.

El documento da fuerza al Gobierno para seguir adelante con la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Ya lo había defendido en varias ocasiones la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien este mismo miércoles ha vuelto a remarcar su intención de presentar el proyecto de presupuestos lo antes posible.

El PP había puesto en duda este informe, puesto que el Gobierno no lo ha hecho público. También otros partidos como el PNV habían reclamado este mismo miércoles poder acceder a su contenido. Si bien, el PP no ocultaba su intento de que tumbando estos objetivos de déficit, se bloqueaba la ley más importante del Gobierno, la de presupuestos. De hecho, en el debate este miércoles había asegurado que “tras tropezar con la primera piedra de los presupuestos”, tendría que “dimitir el Gobierno y convocar elecciones para dar paso a un Gobierno serio y eficaz”.

Cumpliendo, por tanto, con el dictamen de la Abogacía, el Gobierno podrá elaborar sus presupuestos. Serán unas cuentas que, paradójicamente, tendrán más capacidad para el Gobierno central —4.300 millones— respecto al objetivo de déficit que ha tumbado el PP en el Senado. Esto se debe a que, aunque en ambos escenarios el cupo global era del 3%, se reparte de distinta manera. En el programa vetado por la Cámara Alta, las comunidades tenían un déficit del 0,1% y los ayuntamientos, del 0%. Al Gobierno central le correspondía el 2,7% y a la Seguridad Social, el 0,2%. Con el programa de estabilidad aprobado por Bruselas y que ahora será la referencia, el Ejecutivo central tiene el 3%, las comunidades, el 0%, y los Ayuntamientos, el 0,2% de superávit.

Son estas dos administraciones las más afectadas. De hecho, provocará que algunas comunidades y ayuntamientos tengan que reelaborar presupuestos ya aprobados y que tenían objetivos de déficit que ahora serían un incumplimiento. En concreto, seis comunidades autónomas no cumplirían hoy con el esquema que va a entrar en vigor.

Por tanto, el PP no ha conseguido tumbar los presupuestos del Gobierno, pero sí retrasarlos. Aunque en un comienzo el Ejecutivo aspiraba a tener las cuentas de 2024 aprobadas en el primer trimestre del año, hoy esa fecha es imposible. En el plano más político, tendrá que presentarse ahora un acuerdo entre PSOE y Sumar para que el Gobierno apruebe un proyecto de ley de presupuestos que llegue al Congreso. Tras ello, será una batalla por la aritmética parlamentaria y lograr los ansiados 176 votos que precisa para sacar adelante las cuentas. Será tiempo de centenares de enmiendas. Si se logra un acuerdo entre todos los grupos de la mayoría de la investidura, la ley viajará al Senado. Ahí el PP podrá incluir enmiendas, pero estas podrán ser rechazadas a su vuelta por el Congreso. Es decir, de nuevo podrá trabar, pero no bloquear.

Crónica de un rechazo anunciado. El PP ha vuelto a tumbar en el Senado, ahora de manera definitiva, el objetivo de déficit del Gobierno para elaborar los Presupuestos Generales del Estado. Justo un mes después del anterior rechazo, el Senado votará este miércoles mayoritariamente en contra de este esquema fiscal gracias a la mayoría absoluta del partido de Alberto Núñez Feijóo. La formación, sin embargo, no ha justificado en argumentaciones económicas su 'no' a la propuesta defendida por la vicepresidenta María Jesús Montero, sino que ha basado su discurso en el caso Koldo, trufándolo con otros asuntos como el terrorismo, los ERE de Andalucía o las concesiones a los partidos independentistas.

El 'no' del PP a estos objetivos de déficit es, por tanto, más político que económico. El Gobierno había planteado un objetivo del 3% para el conjunto de las administraciones, de las que la central se quedaría con el 2,7%, las comunidades con el 0,1% y los ayuntamientos, con el 0%; mientras que la Seguridad Social tendría un margen del 0,2% del PIB. Sin embargo, su rechazo va a provocar la entrada en vigor de un esquema más restrictivo para comunidades (0%) y ayuntamientos (0,2% de superávit).

La situación es la siguiente. El rechazo del Senado de este miércoles a los objetivos planteados por el Gobierno supone el punto y final de este esquema. La medida había sido aprobada por el Congreso en enero y ya había recibido el 'no' de la Cámara Alta por la mayoría del PP. La ley le obligaba a presentarlo de nuevo con un mes de plazo máximo. Dicho y hecho. El Congreso volvió a dar su 'sí' con la mayoría de la investidura y el Senado ha vuelto a dar su negativa.

Esto no significa que sea el final de los Presupuestos. El Gobierno sostiene, con un informe de la Abogacía del Estado, que con la caída de estos objetivos de déficit y deuda entran en vigor los planteados anteriormente a la Comisión Europea. Esta senda de estabilidad se envió a Bruselas en abril del año pasado y, aunque ya contemplaba ese 3% de déficit del Estado, tenía un reparto más restrictivo con las comunidades y ayuntamientos.

El PP ha votado en contra, por tanto, de una medida que era más favorable para las comunidades autónomas que gobiernan. De hecho, seis territorios, de los cuales cuatro con gobiernos del PP, que ya han aprobado sus presupuestos para este año elaboraron sus cuentas con unos objetivos de déficit que con la caída del esquema planteado por el Gobierno central incumplirían. Pese a ello, ha mantenido su negativa con un discurso claramente político.

“Los votos del PP no están en venta y ustedes parecen que han comprado de todo, incluso mascarillas falsas”, ha señalado la senadora del PP Eva Ortiz. De hecho, el caso Koldo ha centrado buena parte de un discurso que debía de ser económico y fiscal. “Nadie mejor que usted para dirigir el departamento en el Gobierno de las comisiones”, ha espetado a Montero, a quien ha acusado de ser parte del “gobierno andaluz de los ERE”.

La senadora valenciana del PP ha apuntado que se trata de un gobierno “rebozado en corrupción”. “Nuestro no cierra las puertas al abuso de poder”, ha añadido Ortiz en un discurso en el que ha lanzado afirmaciones sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra o los acuerdos alcanzados con los partidos independentistas por parte del Gobierno. “Han tropezado con la primera piedra de los presupuestos, dimitan y convoquen elecciones dejando paso a un gobierno serio y fiable que cumpla y respete la ley”, ha señalado.

“Hay otra política posible, hay alternativa al desgobierno”, ha coincidido Gerardo Camps, senador igualmente del PP. En un discurso también de crítica política, ha señalado que el Gobierno depende de “Ortuzar, Otegi, Belarra, Junqueras y, en especial, el señor Puigdemont. A estos señores en los últimos días hay que sumarle al señor Ábalos”, ha asegurado. Si bien, su turno de palabra sí ha dado espacio a ciertas críticas asociadas al tema del debate del día. Camps ha defendido que el Gobierno no ha querido aceptar sus condiciones para aprobar el objetivo de déficit, como un repartido del déficit, un fondo de ayuda a las comunidades o una rebaja de impuestos.

“Nos proponen una rebaja de impuestos indiscriminada que no tiene ningún sentido”, ha defendido María Jesús Montero en su turno para exponer el objetivo de déficit del Gobierno. “El PP ha intentado disfrazar la negativa con una oferta engañosa de diálogo”, ha apuntado, acusando a la formación de pretender una rebaja de impuestos y, al mismo tiempo, una compensación a los territorios por la pérdida de ingresos debido a ese recorte. “Baja los impuestos y compénsame por la pérdida de recaudación”, ha ironizado la vicepresidenta.

Montero ha acusado al PP de utilizar la “política de obstrucción”, asegurando que “no les interesa el bienestar de los españoles”. “Siguen instalados en la dinámica perversa de que caiga España que ya la levantaremos nosotros”, ha enfatizado. “Se pegan un tiro en el pie”.

Pese al rechazo de la Cámara Alta, Montero ha defendido aunque solo se pretende “poner trabas” al Gobierno, el Ejecutivo “va a presentar los presupuestos”. “Se les va a hacer muy larga la legislatura”, ha concluido su discurso.

4.300 millones menos para comunidades y ayuntamientos

El rechazo de los objetivos de déficit del Gobierno tiene un impacto directo sobre comunidades y ayuntamientos, con un amplio poder del propio Partido Popular. Aunque es una norma que aprueba el Gobierno central, es de obligado cumplimiento para el resto, que tiene que lograr cuadrar sus cuentas con el esquema de estabilidad que se plantea. Al entrar en vigor unos objetivos más restrictivos, y teniendo en cuenta el PIB previsto de cada territorio para 2023, se concluye que estos gobiernos perderán 4.300 millones de euros menos de capacidad de gasto para este año.

Las comunidades autónomas tienen que cumplir con el 0% de déficit, es decir, el equilibrio presupuestario, frente al 0,1% que le permitía el objetivo que este miércoles se ha tumbado. Teniendo en cuenta el PIB de los distintos territorios, son casi 1.457 millones de euros los que las Comunidades pierden a la hora de tener que encajar sus cuentas. Es cierto que algunas ya habían elaborado sus presupuestos previendo que el resultado final obligaría a cumplir con el 0%, pero media docena de ellas los hicieron con un esquema menos restrictivo.

Sin embargo, el grueso de este recorte de la capacidad de gasto de las administraciones se produce en los ayuntamientos, los cabildos y el resto de entes locales. Teniendo en cuenta que tienen que pasar del 0% planteado en el objetivo que este miércoles se ha vetado, a un superávit del 0,2% para este año, esto resta de la capacidad de gasto de estas administraciones 2.924 millones.

Un cliente entiende que su banco le ha cobrado de más en una operación. O no le ha aplicado lo que marcan las leyes y las sentencias respecto a los gastos de su hipoteca. O cree que la comisión de su tarjeta no se ajusta a lo que le plantearon. Si quiere reclamar por todo ello, la primera ventana a la que tiene que acudir es el servicio de atención al cliente de su propia entidad. Estas ventanillas han recibido en 2023 un aluvión de reclamaciones en un ejercicio que, si todo va según lo previsto, será el último en el que esté en funcionamiento el actual sistema para gestionar las quejas de los consumidores antes de la llegada de la nueva autoridad de defensa del cliente financiero, que se está tramitando.

Los datos aparecen recogidos en las memorias anuales de las propias entidades, aunque se publican con distinto nivel de detalle. Las cifras generales presentadas por las seis grandes entidades del país apuntan a un aumento sustancial en el número de reclamaciones, de casi el 23%. O lo que es lo mismo, se han registrado 125.000 quejas más que en el año anterior y las hipotecas se llevan el grueso del aumento de este malestar de los consumidores.

La ventanilla de atención al cliente de los bancos es el primer paso de un recorrido que tiene otras instancias. Actualmente, los clientes, en caso de recibir una respuesta con la que no están conformes por parte de su banco, pueden acudir al supervisor, el Banco de España. Éste estudia los casos y da una respuesta que no es de obligado cumplimiento por parte de las entidades. Tras ello, queda la vía judicial, con los retrasos y complejidades que pueden suponer para el cliente.

Ahora, en cuanto al nuevo defensor del cliente financiero esté en marcha, los supervisores pierden este poder en favor de la nueva entidad. Entre otras circunstancias, las decisiones del órgano sí serán de obligado cumplimiento. El objetivo del Gobierno es que esto reduzca la litigiosidad que ha colapsado en los últimos años juzgados españoles con materias como las cláusulas suelo o las hipotecas multidivisa. Si bien, las ventanillas de atención al cliente seguirán siendo el primero de los pasos para que los clientes protesten contra sus bancos.

¿Y por qué crecen tanto las reclamaciones? No todas las entidades explican en sus memorias anuales un análisis de las tendencias en las protestas recibidas. Si bien, algunos datos apuntan a que son las hipotecas las que se llevan el grueso de este crecimiento y, en concreto, en materia del reparto de los costes para la formalización de estos préstamos, a tenor de las últimas sentencias.

Así lo señalan brevemente las memorias de Banco Santander o BBVA, segunda y tercera entidades por volumen de negocio en España. “El aumento de las reclamaciones se debe principalmente al incremento de reclamaciones asociadas a los gastos de formalización de préstamos hipotecarios”, apunta la entidad que preside Carlos Torres. Mientras, la dirigida por Ana Botín señala que si no fuese por este hecho, se habría reducido el número total de reclamaciones respecto al año anterior.

Mayor crecimiento de quejas en Caixabank

El mayor crecimiento se ha visto en CaixaBank, el grupo líder en España y con mayor cuota de mercado en créditos hipotecarios del país. Consultada por este crecimiento, de casi el 40%, la entidad no desagrega la procedencia del aluvión de reclamaciones respecto al año anterior. Si bien, su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, también aludió a esta materia, los gastos hipotecarios, durante la presentación de resultados del grupo. “A todos los clientes que nos lo solicitan y que aportan las correspondientes facturas de estos gastos, estamos procediendo a la devolución y lo seguiremos haciendo”, apuntó.

Hay una razón que explicaría por qué el aumento de las quejas por hipotecas estaría vinculado en el conjunto del sector a los gastos hipotecarios. Una sentencia de 2015 de la justicia europea señaló como abusivas las cláusulas que sitúan al cliente como responsable de todos los gastos de gestión en la constitución de una hipoteca, como los de gestoría, notaría, registro, tasación y comisión de apertura. Esto abría la puerta a la reclamación de estos gastos por parte de los clientes, algo que se confirmó con la sentencia del Tribunal Supremo de 2019 en la que sentaba jurisprudencia. Sin embargo, a los cinco años de aquella sentencia vencería el plazo para hacer estas reclamaciones, lo que situaba una fecha límite no muy clara a comienzos de este año.

La inminencia de la prescripción de estas reclamaciones podría encontrarse detrás del aluvión de quejas recibidas por parte de los servicios de atención al cliente, condición imprescindible para poder recuperar el dinero pagado de más. Ahora, una nueva sentencia del TJUE conocida en enero decía que la legislación que marca esa prescripción es contraria al derecho comunitario.

Esta primera instancia suele no acabar con el resultado que buscaba el cliente, si bien las estadísticas de los distintos bancos no permiten concluir una tónica general respecto al resultado de los clientes. Por ejemplo, apunta BBVA que el 62% de los casos tratados por el servicio de atención al cliente fueron a favor de la entidad. Sin embargo, en Sabadell, el dato cae al 45%.

Relanzamiento del nuevo defensor

Los clientes que reciben el dictamen contrario a sus intereses tienen ahora la vía del Banco de España. En el caso de los fondos de inversión es la CNMV, mientras que en el de los seguros, la Dirección General de Seguros. Esto cambiará presumiblemente este año. El Gobierno ha reactivado hace unas semanas el intento de poner en marcha una Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.

La medida lleva años sobre la mesa, pero todavía no ha llegado a buen puerto. Estuvo a punto en la pasada legislatura. Tras una larga tramitación parlamentaria, logró acordarse un texto en el Congreso la pasada primavera. Sin embargo, la convocatoria adelantada de las elecciones generales provocó que la norma decayera sin que se logrará poner en marcha. Ahora, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reactivado su tramitación. En diciembre se expuso a consulta pública y hace unas semanas el Consejo de Ministros aprobó su tramitación urgente, con el fin de que esté en funcionamiento cuanto antes.

Se ha retomado el texto con las modificaciones que se acordaron en el Congreso y que incluían, entre otras cosas, una suavización de la tasa que tendría que asumir la banca para financiar su actividad. Al inicio se trazó que todas pagarían 250 euros por cada reclamación de un cliente. Tras el trámite en la Cámara Baja y para contentar a los socios, el Gobierno aceptó modificarla para que consistiera en un reparto de los gastos de la autoridad entre todas las entidades, en función de los dictámenes en contra que hubieran recibido.

A diferencia del anterior modelo, la autoridad tendrá dictámenes vinculantes cuando la reclamación no supere los 20.000 euros. Tendrá, por tanto, más poder que los actuales supervisores del sector financiero. Sin embargo, la autoridad, que era un compromiso de España para recibir fondos europeos, nacerá con el rechazo de las entidades bancarias, que no están de acuerdo con el modelo de atención a las reclamaciones, como por parte de los supervisores, que no comparten la pérdida de esta potestad.

“Aquellos que más tienen, ya sean países, empresas o individuos, deberían ser presionados a ser más generosos”. Estas palabras son de Bill Gates, una de las mayores fortunas del mundo al ser preguntado por un impuesto específico a los ricos. La idea no es nueva, pero sí lo es el hecho de que esté ganando presencia en foros donde antes no llegaba. Como Gates, plataformas de millonarios de todo el mundo reclaman medidas de este tipo. Pero también organismos como el G20 o reuniones de poderes económicos como el foro de Davos han tratado en los últimos tiempos esta materia. O medios financieros nada sospechosos de socialismo como el Financial Times han hecho especiales informativos abogando por ello. La idea gana fuerza ante el escaso control y presión fiscal a los más adinerados.

Estos días se han reunido en Brasil los ministros de finanzas del G20. La reunión descarriló sin un acuerdo unificado para un comunicado debido a los distintos conflictos geopolíticos que marcan la economía. Sin embargo, sí sirvió para que asomase en el debate esta idea de crear un impuesto mínimo global para las grandes fortunas, al estilo del de las grandes multinacionales, cuya implantación ya está en marcha. La medida fue propuesta por el ministro de finanzas brasileño, Fernando Haddad.

“Sinceramente me pregunto cómo, nosotros, ministros de Economía, permitimos que una situación como esa [baja tributación] continúe. Si actuamos juntos tenemos la capacidad de hacer que esos pocos individuos contribuyan para nuestra sociedad y para el desarrollo sostenible del planeta”, apuntó en los días previos a la reunión. “Es un hecho incuestionable que los milmillonarios del mundo continúan evadiendo nuestros sistemas tributarios por medio de una serie de estrategias”, añadió.

No fue el único país que vio con buenos ojos una propuesta que ya se ha planteado en círculos académicos desde hace tiempo. El ministro de finanzas francés, Bruno Le Maire, respaldó la idea. “Actualmente, las personas más ricas pueden evitar pagar el mismo nivel de impuestos que otras personas menos ricas. Queremos evitar esa optimización fiscal”, aseguró antes de la reunión. “Queremos que Europa haga avanzar esta idea de una imposición mínima a los individuos lo más rápido posible, y Francia estará a la vanguardia”, subrayó.

Al final, el debate no se impuso, por ahora. Según informó este jueves la agencia EFE, una parte de los ministros de finanzas citados en Sao Paulo prefirió terminar de implantar el impuesto a las multinacionales antes de que se trabaje en el nuevo gravamen global para los ricos. Esa misma medida también tardó años en gestarse hasta que se acordó en 2021.

Sin embargo, pese a que la idea no se haya concretado en la reunión, la propuesta está ganando cada vez más presencia en el debate internacional, saliendo de los habituales círculos de la izquierda y la socialdemocracia internacional. La pandemia ha dado un nuevo protagonismo a los estados en la economía, con un horizonte en el que aspectos como el envejecimiento o la transición ecológica van a requerir de mayores recursos públicos.

El 'tax the rich' se ha convertido en un lema político por todo el mundo. Como imagen, el controvertido vestido de la congresista estadounidense demócrata Alexandria Ocasio-Cortez en la gala anual del Museo Metropolitano donde se recaudan donativos de grandes patrimonios para el mantenimiento de su colección. Sin embargo, ha tenido problemas para calar entre los sectores más neoliberales a nivel internacional, tradicionalmente reticentes a gravar la riqueza.

Ahora, distintos detalles hacen prever que la situación está cambiando. Ya en el año 2022, la OCDE, organización que engloba a las economías más desarrolladas del mundo, constató en un informe que tras la pandemia ha ido ganando fuerza la idea de gravar las propiedades de los más ricos. “Las reformas del impuesto a la propiedad involucraron predominantemente aumentos de impuestos, ya sea a través de aumentos en las tasas impositivas o medidas de ampliación de la base impositiva”, aseguró, apuntando a que se dirigieron fundamentalmente a “personas o entidades que utilizan propiedades predominantemente como un vehículo de inversión, así como a personas de mayor patrimonio neto”. 

Para que la idea gane fuerza, también precisa del apoyo mediático en sectores fuera de los tradicionales defensores. El Financial Times, periódico de referencia de la city financiera londinense, ha publicado distintas columnas y especiales sobre el debate del impuesto a la riqueza. La última de estas publicaciones, hace apenas unas semanas llevó como título 'El momento de gravar a los milmillonarios'. “Los estados deberían cobrar impuestos a los multimillonarios porque ahí es donde está el dinero”, planteaba el texto. La publicación británica apuntaba que hoy es “más factible” gravar a las grandes fortunas ante la mejora del intercambio multilateral de información bancaria. Este mismo medio señalaba en una columna de opinión en otoño que tampoco hay que creer mucho en las amenazas de los millonarios de exiliarse si les suben los impuestos.

Distintos colectivos de millonarios a un lado y otro del Atlántico han abogado por los impuestos más altos para ellos. Plataformas como Proud to Pay More (Orgullosos de pagar más) o Patriotic Millionaires plantearon hace un mes en el foro de Davos, que reúne durante unos días en la localidad suiza a los poderes económicos mundiales, la idea de gravar más la riqueza. “Somos las personas que invertimos en nuevas empresas, damos forma a los mercados de valores, hacemos crecer las empresas y fomentamos el crecimiento económico sostenible. También somos las personas que más se benefician del status quo”, apuntaron en una carta abierta a los líderes políticos. “Nuestra petición es simple: les pedimos que nos cobren impuestos a nosotros, los más ricos de la sociedad”, solicitaban, defendiendo que eso “no alterará fundamentalmente nuestro nivel de vida, ni privará a nuestros niños, ni dañará el crecimiento económico de nuestras naciones”.

En este colectivo no estaban los Elon Musk o Jeff Bezos que lideran las listas de los más ricos del mundo, pero sí decenas de empresarios o herederos de imperios corporativos con fortunas millonarias. Sí estaban algunos nombres como Abigail Disney, heredera de uno de los fundadores de la compañía de Mickey Mouse, o Valerie Rockefeller, descendiente del clan de banqueros. También estaban otros nombres famosos como los actores Brian Cox, conocido por su papel de Brandon Roy en Succession, o Simon Pegg.

El impuesto a la riqueza tiene todavía una presencia limitada entre las grandes economías. En Europa, por ejemplo, prácticamente existe únicamente en Francia o España, además de en algún país nórdico. En nuestro país ha tenido especial intensidad el debate durante el último año. Con las comunidades gobernadas por la derecha retirando el impuesto sobre Patrimonio, el Gobierno central aprobó un impuesto sobre las grandes fortunas que fuese complementario para que ningún patrimonio mayor de tres millones de euros quedase sin tributar. Pese al discurso al alza en favor de los impuestos a los más ricos, la derecha española aboga todavía por su eliminación y llevó este tributo ante el Constitucional, aunque con un resultado contrario a sus intereses.

250.000 millones de recaudación

En los distintos debates que se han ido produciendo en los últimos tiempos se han hecho referencias recurrentes a economistas que han estudiado en los años más recientes modos de gravar de manera común a la riqueza. Es el caso de Thomas Piketty o de Gabriel Zucmann. Éste último dirige el Observatorio Fiscal de la UE, una plataforma que realiza estudios sobre elusión fiscal y el impacto de los paraísos fiscales en la pérdida de recaudación de los países.

Este observatorio trazó en otoño una propuesta para gravar a los más ricos de la que se hicieron eco grandes medios financieros como el propio Financial Times o Bloomberg. Es, además, la idea que ha intentado poner Brasil sobre la mesa del G20, sin éxito por el complejo contexto geopolítico. La propuesta, en la práctica, se dirigía a un colectivo muy pequeño de la población mundial. En concreto, sobre los grandes patrimonios que superan los 1.000 millones de riqueza. En España esto incluye a personas como Amancio Ortega, su hija Sandra, Rafael del Pino, Juan Roig, Tomás Olivo o Alicia Koplowitz, entre otros. A nivel mundial, empresarios como Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, entre muchos otros.

En concreto, el observatorio cifraba 2.750 milmillonarios a nivel mundial. A ellos, se les gravaría, según esta propuesta, con el 2% de su patrimonio. De acuerdo a esta proposición, se estima que a nivel mundial se podría recaudar 250.000 millones de euros, de los que 42.300 millones se recaudarían únicamente en Europa. Supondría un gran aumento de ingresos frente a lo que actualmente pagan estos milmillonarios a nivel global. Según sus cálculos, en 2021 apenas sumaron 44.000 millones, con unas tasas de entre el 0% y el 0,5% de su riqueza.

El impuesto global a la riqueza a día de hoy es solo una idea, como lo fue en su día el tipo mínimo de Sociedades para las grandes multinacionales. Sin embargo, el debate está vivo y alcanzando a sectores donde antes no llegaba. La intención política marcará su futuro.

El Congreso de los diputados ha dado el visto bueno por segunda vez a los objetivos de estabilidad (deuda y déficit) del Gobierno para la elaboración de presupuestos. La norma ha salido adelante con los votos de todos los partidos que respaldaron la investidura y con el rechazo del PP y Vox. Este voto en contra hace prever un nuevo rechazo en el Senado que obligaría al Gobierno a realizar sus cuentas públicas con otro esquema, más severo con las comunidades y los ayuntamientos.

El Ministerio de Hacienda ha vuelto a presentar los objetivos de déficit que ya aprobó el Congreso hace un mes. Sin embargo, el Senado, con mayoría absoluta del PP, votó en contra. La ley de estabilidad presupuestaria, de 2012, marcaba un plazo de un mes para que el Gobierno presentara de nuevo los objetivos para la votación de ambas cámaras.

Este trámite es fundamental para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, pero también para las comunidades y ayuntamientos. El Gobierno marca el objetivo de déficit del Estado y lo reparte entre las administraciones. La norma votada este jueves establece un objetivo conjunto del 3%. Los ayuntamientos tendrán que cumplir con el 0%; las comunidades con un déficit del 0,1%; la administración central del 2,7% y la Seguridad Social, del 0,2%.

Ahora, este esquema de estabilidad volverá a pasar al Senado. Se espera de nuevo el rechazo por parte de la Cámara Alta donde el PP cuenta con mayoría absoluta. El partido se ha mostrado desde hace meses reacio a aprobar esta medida y aprovecha para cargar contra el Gobierno. “Votamos no a una política económica y presupuestaria que empobrece a los españoles y votamos sí a una alternativa de política económica mejor, que genere crecimiento y empleo”, ha señalado el diputado del PP, José Vicente Marí Bosó, durante su intervención en el debate sobre los objetivos en el Congreso de los Diputados. También Vox se opone a estos objetivos.

El rechazo del PP en el Senado no provocará que los presupuestos decaigan y, por tanto, el Gobierno no pueda cumplir con su objetivo de tener unas cuentas nuevas para este año. El Ministerio de Hacienda ya consultó con la Abogacía del Estado cuál era el escenario que se abriría con este nuevo rechazo, que se prevé en los próximos días. En lugar de estos objetivos de déficit aprobados por el Congreso, entraría en funcionamiento el que planteó a Bruselas el Gobierno hace casi un año en el conocido como Programa de Estabilidad que tiene que actualizar cada primavera.

Este esquema alternativo tiene un objetivo global idéntico, el 3%. Sin embargo, el reparto entre administraciones es distinto. Los ayuntamientos tendrán que tener un superávit del 0,2% y las comunidades, del 0,1%. Esto provocaría que seis comunidades autónomas, cuatro de ellas del PP, que ya han presentado sus presupuestos, incumplirían con sus actuales cuentas los objetivos de déficit más restrictivos.

Lo que sí ha provocado este rechazo por parte del PP a los objetivos de estabilidad del Gobierno es un retraso de varias semanas en el intento del Gobierno de contar con unos presupuestos para este año. En un inicio, el objetivo era tenerlo en el primer trimestre, pero la complejidad de las negociaciones y los problemas con los objetivos de déficit han provocado un rechazo de varios meses. Mientras tanto, están prorrogados los presupuestos de 2023.

Abanca ha desembarcado este jueves en el disputado mercado de la banca digital en España. El grupo, heredero de las antiguas cajas gallegas, ha lanzado B100, su apuesta por las finanzas móviles que contará con tres cuentas y tarjeta de débito. Como novedad, el grupo ha creado una de esas cuentas de ahorro en la que solo se podrá depositar dinero en función de la actividad física del cliente. A cambio, contará con una remuneración del 3,4%, por encima de la mayoría de cuentas de ahorro del mercado.

El grupo ha creado una nueva división en la que lleva trabajando meses y en la que cuenta con una inversión de más de 25 millones de euros para los próximos dos años. El banco pretende así atraer a clientes “digitalizados” que estén preocupados por su salud y por la sostenibilidad, según ha explicado su director general, Jorge Mahía, responsable del lanzamiento presentado este jueves.

La entidad se ha marcado como objetivos que en dos años, a finales de 2026, el nuevo banco cuente con 500.000 clientes y sea rentable. El desembarco de B100 llega a un disputado mercado en el que los grandes bancos ya tienen sus apuestas (ING, Openbank, BBVA...), a las que se suman los neobancos como N26 o Revolut. Aunque será una nueva entidad, contará con todo el respaldo regulatorio y normativo de Abanca, al estar cubierto por la licencia del grupo gallego.

B100 nace con tres cuentas, a las que se irán sumando otros productos financieros. La primera, es la habitual de pago, donde se puede domiciliar la nómina, pagar recibos y que estará vinculada a una tarjeta de débito. La segunda, una cuenta de ahorro al estilo de otras entidades con una remuneración por el dinero que esté en ella, aunque con acceso al mismo en cualquier momento. Esta tendrá una remuneración del 2,7%. La tercera, la novedad frente a otros bancos, es una en la que solo se podrá ahorrar en función de la actividad física del cliente.

Objetivos de pasos diarios

La app del banco se vinculará con las plataformas de actividad física de Apple y Android. Según ha explicado la entidad, contará con unos objetivos de pasos diarios que fijará el cliente y el función del cual irá enviando dinero de la cuenta habitual a esta de ahorro. Cada día que se cumpla el objetivo, se ingresará en la cuenta. A cambio, se pagará un 3,4%, en niveles que los bancos no acostumbran a pagar por el ahorro de los clientes.

Mahía ha explicado que este lanzamiento no está pensado por entrar a competir en la conocida como batalla por el ahorro. Se llama así al intento de atraer al ahorro de cliente, los depósitos, a cambio de remuneración. La subida de tipos hizo pronosticar una mayor competencia en este negocio, pero los bancos grandes no han entrado en ella directamente, aunque sí a través de alternativas digitales. El directivo ha explicado que los intereses que ahora se pagan en su lanzamiento podrán variar en el futuro, “en función de la curva del euríbor”.

Abanca ha explicado que este nuevo banco tiene también una vertiente de sostenibilidad. Mahía ha explicado que se ha detectado una mayor preocupación de clientes por el medioambiente y por la salud. Por ello, el banco ha apuntado que el uso de la tarjeta generará inversión en una empresa dedicada a la limpieza de plástico en océanos. En concreto, se destinará a ello el 25% de la comisión de intermediación que cobran los bancos por cada operación con sus tarjetas.

Mahía ha concluido la presentación explicando que el producto que ahora se lanza es “el mínimo” al que luego se irán sumando nuevos productos financieros. Además, también se incorporarán otras mediciones de actividad física para contabilizar otros deportes como la natación. El objetivo corporativo de la entidad es acceder al mercado nacional al que no llega con su banco, con mayor arraigo en el norte de España. “Nuestra cuota es del 3% y queremos asomarnos a ese 97% restante”, ha apuntado el directivo.

El Gobierno aprobó hace 15 días un plan de avales para jóvenes para que la hipoteca supere el 80% del valor del inmueble. Más allá del impacto de esta medida, que fue criticada por el socio minoritario del ejecutivo o por organizaciones en defensa del derecho a la vivienda, volvió a poner sobre el debate político ese listón hipotecario que marcó muchas de las discusiones tras la crisis financiera. Los recientes resultados de la gran banca permiten constatar la fragilidad que suponen los préstamos cuando se rebasa ese límite. Sus impagos se disparan.

Semanas después de que los bancos presentaran sus históricos resultados de 2023 se han ido publicando los informes anuales de los mismos en los que se baja al detalle en numerosos aspectos de las cuentas del sector. Entre otras cosas, se exponen los datos de hipotecas gestionadas y los impagos que tienen reconocidos, en función del porcentaje del valor de la vivienda que cubre el préstamo.

Estos documentos muestran que, en efecto, la morosidad no solo no ha subido con el incremento acelerado de los tipos de interés, sino que va a la baja. Cruzando los datos de los cinco grandes bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter) en España, el porcentaje de capital prestado que está en hipotecas que se consideran de dudoso cobro se encuentra en el 2,8%.

Es un dato muy bajo si se compara con los registrados hace años, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria que sacó a flote miles de millones de euros en préstamos problemáticos y que acabaron en un panorama marcado por los desahucios. Sin embargo, hay grandes diferencias en función de que se trate de créditos que se concedieron por encima del 80% del valor de la vivienda o por debajo. Los primeros tienen un porcentaje de impagos de más del 13%; los segundos, apenas superan el 1,5%. Ocho veces más.

Hay otra cifra que muestra cómo de frágiles se vuelven las hipotecas en los balances de los bancos cuando se supera ese listón psicológico del 80% del valor de la vivienda. En total, los bancos señalan en sus informes anuales que tienen 8.536 millones de créditos hipotecarios en mora (cuando acumulan 90 días de impago) de un conjunto de 271.000 millones de euros en hipotecas. La cifra, por tanto, es pequeña. Sin embargo, algo más de la mitad del total de los préstamos morosos se encuentran por encima de esa barrera del 80%. Y eso, pese a que apenas suponen el 10% de todos los préstamos gestionados por los bancos.

Esto se debe a un motivo principal y es que tras la crisis de 2008 y sus consecuencias posteriores, los bancos han limitado, y mucho, la concesión de préstamos por encima de esa cobertura del valor del inmueble. Se trata de una práctica que se repitió durante la burbuja inmobiliaria. Por aquel entonces era más fácil acceder a préstamos que cubrían incluso más que el propio valor de la vivienda que se hipotecaba. Pero eso tras la debacle bancaria y el cinturón que se ajustó sobre la concesión de estos préstamos cerraron aún más esta posibilidad.

La práctica habitual es que los bancos cubran muy por debajo de ese 80%, gracias a los ahorros de los compradores de vivienda. A cierre del tercer trimestre del año pasado este porcentaje se situaba en el 62,2%, en el nivel más bajo desde 2015. Al mismo tiempo, los préstamos con más riesgo, por encima de ese simbólico nivel, se encuentran en el 6,2% del total, en mínimos históricos, según los registros que hace trimestralmente el Banco de España. En tiempos menos boyantes para la actividad hipotecaria, como ya ocurrió en la crisis financiera, estos porcentajes decrecen.

A día de hoy no es habitual que un banco conceda una hipoteca que sobrepase ese límite del 80%. Muchos de estos préstamos que siguen vivos por encima de esa barrera vienen de otra época ya que las nuevas operaciones son muy residuales. Una de las grandes entidades del país, Sabadell, lo explica así en sus cuentas: “principalmente corresponden a operaciones procedentes de entidades adquiridas (...) Asimismo, existen otros motivos de aprobación adicionales, que responden principalmente a acreditados solventes y demostrada capacidad de pago, así como a clientes de perfil bueno que aportan garantías adicionales a las garantías hipotecarias”. Es decir, a día de hoy, se circunscriben a determinados clientes especiales con constatada capacidad de pago.

Estos datos de morosidad cuando el préstamo supera el 80% han llevado a las entidades, también bajo el escrutinio de los reguladores, a limitar al máximo estos préstamos. Sin embargo, esto abre un debate público ya que, por un lado, se mantiene una política comercial más prudente pero, por el otro, se limita el acceso a las hipotecas a clientes potenciales con buenas perspectivas de estabilidad laboral y salarial, especialmente entre los más jóvenes.

Cuando ciudadanos y familias en el entorno de los treinta tienen un trabajo fijo y quieren acceder a la compra de una vivienda se encuentran con una rueda sin fin. No puede acceder a una hipoteca porque sus ahorros no alcanzan para pagar ese 20% mínimo que necesitan más los gastos añadidos que acarrean estos préstamos. Sin embargo, los ahorros son difíciles de alcanzar cuando la alternativa del alquiler suele llevarse buena parte de los ingresos de los hogares, como muestra este mapa realizado por elDiario.es.

Línea de avales

Con esta justificación, el Gobierno aprobó a comienzos de mes la puesta en marcha de una línea de avales del ICO de hasta 2.500 millones de euros para jóvenes y familias con menores a cargo para poder afrontar la adquisición de una vivienda. El presidente del Gobierno defendió esta iniciativa en un mitin durante la campaña gallega argumentando que la entrada “es la que dificulta a los jóvenes y a las familias de nuestro país el poder comprar una vivienda y el poder hipotecarse”.

Con esta línea, el Estado será el avalista a la hora de que los jóvenes y familias con menores a su cargo, con trabajo y solvencia económica, puedan evitar que el banco les diga que no les da una hipoteca. La condición es que sean viviendas habituales y sea el primer piso que se adquiere. El ICO avalará hasta el 20% del importe del crédito, salvo que la vivienda tenga una calificación energética D o superior, en cuyo caso se podrá llegar hasta el 25%. 

El cálculo de posibles beneficiados ronda las 50.000 personas, que tendrán que cumplir un criterio de edad y de renta. Respecto a esta, los ingresos individuales de quienes accedan a los avales no podrán superar los 37.800 euros brutos al año (el equivalente a 4,5 veces el IPREM). Y, en el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos se elevará al doble. 

Sin embargo, la medida cuenta con el rechazo de los socios del PSOE en el Gobierno, Sumar, quienes cargaron contra esta propuesta. El partido que lidera Yolanda Díaz aboga por otras líneas prioritarias enfocadas en los límites a los precios del alquiler. Tampoco los sindicatos de vivienda respaldaron esta medida. Al contrario que distintas voces en el sector que celebraron el impacto que tendrá en el mercado. “Este aval facilita el acceso a la primera vivienda de los jóvenes, en un momento en el que la demanda de compra entre los menores de 35 años ha descendido 10 puntos porcentuales a causa de la nueva situación económica”, afirmaba María Matos, portavoz de Fotocasa, cuando se anunció la puesta en marcha de los avales. Programas similares ya existen en algunos territorios como la Comunidad de Madrid, al que se han adherido distintas entidades financieras.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha presentado este martes su programa de actuaciones para este ejercicio, marcando los objetivos prioritarios que se marca. Entre ellos, se ha puesto sobre la mesa el creciente uso de la inteligencia artificial en determinadas operaciones en el mercado. El organismo supervisor que dirige Rodrigo Buenaventura analizará si su utilización puede suponer nuevos riesgos para el mercado de valores o acrecentar los que ya existen.

Este es uno de los 42 puntos que se ha marcado la CNMV como tareas para realizar durante todo el año 2023. En concreto, va a llevar a cabo un análisis de la utilización de la inteligencia artificial en la negociación algorítima, un modelo de actuación en el mercado basado a parámetros preestablecidos que llevan a cabo algunas entidades. La CNMV “desarrollará una actuación de supervisión sobre entidades que utilizan este tipo de negociación con el fin de entender el uso de las nuevas técnicas de inteligencia artificial en los mercados españoles”. Con ello, como derivada, se contribuirá a “identificar si determinadas técnicas de inteligencia artificial crean nuevos riesgos o agravan los ya existentes para las propias entidades y para el sistema en su conjunto”.

En este sentido, la CNMV también tiene intención de explorar los avances relacionados con la IA desde una doble perspectiva. Por un lado, estudiará su uso en el ámbito de las finanzas y los desafíos que presenta para la supervisión y, en el contexto del 'sandbox' —un campo de pruebas regulatorio para el desarrollo de productos—, analizará casos de uso de la aplicación de la IA generativa en los servicios de inversión.

Por otro lado, el supervisor también valorará posibles usos de la inteligencia artificial para mejorar los procesos y procedimientos de la institución. “Hay riesgos de estabilidad y resiliencia de las infraestructuras y entidades reguladas, pero también hay oportunidades”, ha explicado el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, en una rueda de prensa en la que ha detallado el Plan de Actividades. Ha agregado que la institución ya ha tenido “experiencias muy positivas” explorando el uso de la IA en la actividad de supervisión diaria.

Más allá de la inteligencia artificial, la batería de apartados en los que se centrará el supervisor del mercado de valores también incluye a otros aspectos de importancia clave para el sector financiero. Uno de ellos es el vinculado al desarrollo de los procesos trazados por Mica, la normativa europea que marcará la regulación de los criptoactivos en Europa y los sistemas de protección a los inversores. Si bien, ha aclarado que “no debe convertirse en una confusión de que como está regulado ya no tiene riesgos”.

El supervisor también pone el foco en el seguimiento de aspectos que han ganado presencia en los últimos años como la vigilancia sobre el conocido greenwashing. “La estrategia de la CNMV para los próximos años se centrará en la protección de los inversores más vulnerables, en equiparlos para evitar que caigan en esquemas fraudulentos y en combatir prácticas inadecuadas como el blanqueo ecológico o greenwashing”, apunta el informe.

La presentación de este documento también ha dejado espacio a una rueda de prensa donde se ha preguntado en repetidas ocasiones al presidente de la CNMV sobre uno de los temas candentes en las últimas semanas en su departamento: el caso Grifols. El supervisor intervino después de que Gotham publicara un informe con dudas sobre las cuentas y el endeudamiento de la compañía. La CNMV requirió a la empresa catalana una mayor información sobre estos aspectos, a la que luego llegó otro requerimiento.

Sin embargo, Buenaventura ha evitado ir más allá de esas comunicaciones hechas por el supervisor, ya que el proceso sigue en marcha. “Hemos recibido esta documentación hace pocos días y todavía nos llevará semanas llegar a la conclusión”, ha apuntado el presidente del supervisor. Si bien, ha descartado, salvo que las conclusiones digan lo contrario, que este caso vaya a suponer un cambio en los sistemas de supervisión y control de las empresas cotizadas. “El sistema que tenemos es el mismo que en el resto de Europa”, ha enfatizado.

Este lunes estaban llamados miles de trabajadores de banca a ausentarse durante dos horas de su puesto en protesta por la falta de avances en la negociación del nuevo convenio y la subida salarial. Los sindicatos cifraron en un 85% el seguimiento a esta convocatoria. Las discrepancias entre patronales y sindicatos se están dirigiendo hacia una primera jornada de huelga convocada para el próximo mes. Mientras, los cinco grandes grupos españoles han presentado los datos de retribuciones de sus consejeros. Unos informes de los que se concluye que solo diez banqueros acumularon más de 45 millones en salarios.

Las empresas cotizadas tienen obligación de publicar después de cada ejercicio el Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros. Ya lo han publicado los cinco grandes bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter), quedando únicamente pendiente el sexto banco que compone el Ibex 35, Unicaja, que lo hará en los próximos días. En estos documentos figuran los ingresos de los presidentes y consejeros delegados del sector.

Los casi 45,5 millones de euros que se han repartido durante el año pasado los 10 principales directivos de la banca española son algo inferiores a los 47,7 millones que sumaron en 2022. La diferencia radica, fundamentalmente, en la menor retribución del actual consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, respecto a su predecesor en el cargo, José Antonio Álvarez, que dejó sus responsabilidades el 31 de diciembre de 2022. Exceptuando este impacto, la subida de la remuneración de los grandes banqueros en España habría sido del 1,2%.

Los datos recopilados por este medio a través de los distintos informes presentados por los distintos bancos concluyen con una remuneración media de presidentes y consejeros delegados de 4,5 millones de euros. Si bien, este dato oculta las grandes diferencias que existen entre las distintas entidades ya que, por ejemplo, la presidenta del Banco Santander cobra 12 veces más que su homólogo en Bankinter.

Por encima de esa media se sitúan únicamente los directivos de Santander y BBVA. Ana Botín, presidenta del primera banco, fue la ejecutiva mejor pagada de la banca española, con 12,23 millones de euros en 2023, frente a los 11,73 millones de 2022. Le sigue Carlos Torres, presidente de BBVA, con 7,6 millones de euros de retribución total. Héctor Grisi y Onur Genç, consejeros delegados de Santander y BBVA, cobraron en ambos casos algo más de 6,7 millones.

Un escalón por debajo se sitúan los banqueros de las entidades más centradas en su negocio en España. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, lidera este segundo escalón con una remuneración de casi 3,5 millones de euros. Le sigue el presidente del grupo, José Ignacio Goirigolzarri, con 2,26 millones. César González Bueno, consejero delegado de Sabadell, y María Dolores Dancausa, de Bankinter, se encuentran en torno a 1,8 millones de ingresos.

El foco puede ampliarse para abarcar, gracias a estos informes, a todo el colectivo de consejeros de las cinco principales entidades. Son 72 personas, incluyendo a las 10 ya mencionadas, las que componen los consejos de administración de los cinco grandes bancos españoles. El coste para los bancos de remunerar al conjunto de los miembros de sus órganos de gobierno ha aumentado en el último año, hasta alcanzar los 72,6 millones de euros. Son 2,5 millones más que los datos cosechados hace un año.

La publicación de todos estos datos coincide con un momento delicado en el sector financiero español al respecto de los salarios. Durante las últimas semanas, los sindicatos más representativos de la banca y las antiguas cajas de ahorros se han movilizado en protesta contra las propuestas de subidas salariales para este año y los próximos que han presentado las patronales. Esto se ha traducido ya en varias manifestaciones en grandes ciudades y con el paro parcial realizado por los trabajadores de banca este lunes. Según los datos de los sindicatos, de un total de 152.000 trabajadores, el 84,7% han secundado este paro.

Los grandes sindicatos del sector (CCOO, UGT y Fine) celebraron los resultados de este paro parcial de dos horas y apuntaron que hace prever un “seguimiento masivo” para la jornada de huelga de 24 horas convocada para el próximo 22 de marzo. Este calendario de protestas prolongan un estado de conflictividad social en el sector que se prolonga desde los grandes ERE del año 2021 y que contrastan con un pasado marcado por la paz social. La carga de trabajo, la pérdida de poder adquisitivo o los resultados históricos de los bancos hacen a los sindicatos justificar una subida salarial significativa para los próximos tres años.

El sector bancario tiene sueldos elevados respecto a otras actividades. Si bien, parte de la crítica que han realizado los sindicatos se centra en las grandes diferencias que existen frente a las cúpulas de las entidades. Desde hace pocos ejercicios, los grupos cotizados están obligados a publicar, en el mismo documento que la remuneración de los consejeros, el sueldo medio de sus plantillas. El cruce de ambos datos permite constatar la gran diferencia que existe, aunque con grandes diferencias entre bancos.

La gran brecha con el salario medio

En concreto, el sueldo más alto de una entidad es entre 30 y 211 más alto que el salario medio de la misma. El Banco Santander y BBVA se encuentran a la cabeza de esta distancia, con 211 y 177 veces respectivamente. Esa es la distancia entre lo ingresado por Ana Botín y por Carlos Torres respecto a la media de sus plantillas. En ambos casos son los ejecutivos que más cobran en el sector, pero también son las entidades con mayor presencia en geografías con salarios más bajos, lo que reduce la media en la remuneración de los trabajadores en el conjunto del grupo.

Respecto a las entidades cuyo grueso laboral se encuentra en España, destaca la distancia entre el sueldo de Gortázar, de CaixaBank, y la media de su plantilla, que alcanza las 47 veces. Y eso, pese a que los 74.000 euros de media que cobran los trabajadores de la entidad suponen el dato más elevado de entre los cinco grandes grupos. En el caso de Sabadell o Bankinter la distancia es algo más moderada, ya que se ubica por debajo de las 30 veces.

Pese a la importante remuneración registrada por los banqueros, existen normas a nivel europeo que establecen cotos a sus salarios. Estos sueldos están compuestos por una parte fija y por otra variable, vinculados a la consecución de ciertos objetivos. La Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés) establece un límite por el cual la segunda parte no puede superar el 200% de la parte fija. Hace unos meses, Reino Unido decidió limitar este tope y abrió un debate en el resto de Europa. Una de las voces críticas con esta limitación es la de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín. La ejecutiva, una de las mejores pagadas del continente, aseguró en una entrevista en Financial Times que la banca “es un negocio en el que se debe recibir una compensación variable, así que creo que es una buena noticia para nuestra industria, tiene mucho sentido”

Un cliente busca una tarifa de móvil y fibra para su nueva vivienda. Teclea en el buscador “mejores ofertas de fibra y móvil” y aparecen distintos comparadores con multitud de marcas que dan servicio en su zona. En muchos casos, el consumidor elige entre las distintas opciones ajeno a que, en la práctica, la gran mayoría de esos nombres pertenecen a un grupo reducido de un compañías. Un grupo que tras la decisión de esta semana de la Comisión Europea de avalar la unión de Orange y MásMóvil va a ser todavía más reducido. La concentración es el principal efecto de esta operación para el mercado de la telefonía en España, pero como si fuera un dominó, va a provocar otras consecuencias para un sector marcado en los últimos años por rentabilidades bajas.

Comenzando por el principio. La Comisión Europea, tras un estudio de prácticamente un año y medio, ha aprobado esta semana la fusión de Orange y MásMóvil. La segunda operadora y la cuarta unidas en una misma compañía que nace valorada en 18.600 millones de euros. El visto bueno llegó con unas condiciones de desinversión que ya se habían comprometido hace unas semanas en favor de Digi, una pequeña operadora que ha ganado mucho protagonismo en los últimos tiempos arañando miles de clientes a las grandes compañías. La nueva empresa conjunta, repartida al 50% entre ambas compañías, echará a andar en el próximo mes, cuando el Gobierno dé su visto bueno.

“Lo estamos examinando con el máximo cuidado”, apuntó este viernes José Luis Escrivá, ministro de Transformación Económica y Función Pública, departamento del que dependen ahora las telecomunicaciones en el Gobierno. “Tras las autoridades comunitarias es nuestro momento y tenemos que analizarlo desde el plano nacional por el impacto que tiene en el espectro radioeléctrico”, añadió en un desayuno celebrado en la capital.

La consecuencia más inmediata y conocida de la fusión es que habrá menos actores relevantes a nivel nacional en España. Si hasta la fecha más del 90% del sector estaba en manos de cuatro compañías, ahora lo estará en tres. Esto es especialmente relevante en negocios como la telefonía móvil o el internet en el hogar. De hecho, este era el objetivo de las grandes compañías tanto a nivel nacional como europeo para mejorar sus márgenes. Menos actores y de mayor tamaño en el mercado limitan el efecto de pequeños grupos con su presión en precios.

No es la primera vez que esto ocurre. Ya hace años Orange y Vodafone, en un corto lapso de tiempo, adquirieron Jazztel y Ono respectivamente, lo que recuperaba la situación, con sus diferencias, que se vivía en el pasado cuando Telefónica, Airtel y Amena se disputaban un sector recién liberalizado. Sin embargo, de la anterior liberalización surgió un nuevo actor en el mercado: MásMóvil. Creció rápidamente gracias a las desinversiones a las que obligaron las autoridades de competencia a Orange y Vodafone. Las políticas comerciales basadas en el bajo coste y la adquisición de pequeñas compañías convirtió a este grupo en el cuarto competidor en el mercado.

Esto lleva a la segunda consecuencia de la fusión: un refuerzo a Digi. La compañía rumana tiene en España un negocio que no ha parado de crecer en los últimos años. Comenzó como una enseña dedicada a atender a migrantes residentes en España, pero ha ido ampliando sus ofertas y atrayendo a miles de clientes, a costa de las grandes empresas. Ahora, está llamada a suceder a MásMóvil para convertirse en el cuarto operador que agite la competencia en un sector altamente concentrado.

Así lo explicaba la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, en un comunicado. “La unión de Orange y MásMóvil amenazaba la competencia en el suministro minorista de servicios de internet móvil y fijo en España”, explicó. “Los compromisos ofrecidos por las partes permitirán a Digi, el operador con mayor crecimiento en España, replicar la fuerte presión competitiva ejercida por MásMóvil”, concluyó. Dicho de otro modo, la Comisión reconoce la “amenaza” para la competencia que tiene la operación y se encomienda a Digi para mantener la presión competitiva.

Digi cuenta actualmente con una cuota de mercado reducida en España, pero con un acelerado crecimiento. Así lo muestran las estadísticas del sector o los resultados de la propia compañía. Hasta septiembre estaba acumulando un crecimiento de más del 67% en cuanto al número de clientes en España, según los resultados publicados entonces por la propia compañía. A ello se han sumado los clientes que asumen tras una operación cerrada en fibra óptica en distintas provincias de Andalucía. Los ingresos en el país entre enero y septiembre se dispararon más de un 30%.

Ahora, la compañía invertirá 120 millones en adquirir parte del espectro radioeléctrico que estaba en manos de MásMóvil y se garantiza la posibilidad de usar las redes de la nueva compañía. Digi, a preguntas de este medio, evita ir más allá de aquel anuncio y elude valorar el resultado de la fusión de Orange y MásMóvil. Si bien, tanto su dirección en España como la de la matriz han mostrado en el pasado la intención de seguir creciendo en este mercado incluso en el caso de no haberse materializado la operación de la que ahora se beneficiarán.

Nuevo escenario para Telefónica

Indirectamente, la tercera consecuencia de la fusión afecta a Telefónica. Digi funciona hasta ahora gracias al alquiler de las redes de Telefónica en un contrato que se mantiene desde hace años. Sin embargo, en la operación con Orange-MásMóvil se garantiza la posibilidad de usar sus redes. Esta opción llevaría a dejar de ser cliente de Telefónica o a renegociar su contrato para obtener mejores condiciones. Esto último es lo que ya está intentando la compañía que dirige José María Álvarez Pallete. “El remedio que se ha aprobado le da una opción, no una obligación, de cambiar de proveedor mayorista”, explicaba esta semana Ángel Vilà, consejero delegado de la compañía. “Estamos en conversaciones desde hace tiempo para renegociar el actual contrato incluso antes de su vencimiento en 2026”, enunció.

Por otro lado, por primera vez, Telefónica va a dejar de ser líder en España y se verá superado por Orange-MásMóvil. Sin embargo, la compañía pretende usar este argumento en su favor. El grupo mantiene todavía limitaciones por parte de Competencia por ser un antiguo monopolio, lo que le ha obligado a ofrecer determinados servicios a precios tasados o no poder realizar operaciones. Ahora, Pallete ha vuelto a reclamar una “desregulación” de la compañía. “Queremos que nos dejen competir”, apuntó en la presentación de resultados de esta semana.

De producirse esta desregulación que pide Telefónica se abriría una posibilidad que hasta ahora no había estado sobre la mesa: la compra de otras operadoras. “Se presentan posibilidades que habrían sido imposibles”, apuntó Vilà. En cualquier caso, aseguró que no había “nada” sobre la mesa. Tampoco con Avatel, una operadora con implantación rural que ha ido creciendo en los últimos años y cuya venta es una especulación en el mercado. “Es una compañía atractiva y un socio de Telefónica, le tenemos mucho respeto. Dicho esto, no tenemos nada que comentar”, apuntó el directivo.

La propia Avatel se había postulado para hacerse con activos de Orange-MásMóvil en caso de que hubieran sido “más ambiciosos” como clientes, activos de fibra o marcas. Pese a ello, se mostraron dispuestos a ser “claves” en la consolidación en España. “Estamos donde los demás quieren estar”, defendió su consejero delegado, Ignacio Aguirre.

A finales de marzo, el sector estrena en España una nueva realidad. Sin embargo, una operación de este calado está llamada a provocar otros movimientos como las fichas de un dominó, aunque por el momento se desconoce su envergadura.

La concesión de hipotecas vivió en 2023 su peor año en una década. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado este jueves los resultados anuales en el mercado hipotecario y se constata el efecto de la subida de tipos de interés para el principal negocio de financiación bancaria. El número de nuevas hipotecas y el capital prestado por las entidades se han desplomado un 17,7% y un 19% respectivamente, alcanzando en ambos casos el peor registro desde 2013.

El dato contrasta con unos ejercicios en los que se habían alcanzado los mayores registros desde la crisis financiera. En números absolutos, durante el año pasado se concedieron 381.500 hipotecas sobre viviendas, lo que supone la caída del 17,7% frente a registro extraordinario de 2022. Los datos siguen por encima de los niveles prepandemia, pero es la peor evolución anual registrada desde el año 2013, cuando España atravesaba por una grave crisis financiera.

La evolución se repite en cuanto al volumen de capital prestado. Son 54.200 millones de euros, según los registros publicados por el INE. La caída en este caso es algo más pronunciada, ya que supera el 19%. De nuevo, hay que remontarse una década para constar una caída más elevada que en la cosechada en 2023. Ni siquiera el año de la pandemia tuvo un impacto tan fuerte.

La conjunción de ambos datos muestra también un retroceso en el importe medio de la hipoteca concedida por las entidades financieras. El dato queda en los 142.000 euros, frente a los más de 144.000 euros que se registraron de media un año antes. Pese al retroceso, es el segundo dato más elevado de toda la serie histórica desde el año 2007.

Detrás de estos registros se encuentra la coincidencia con la mayor subida de tipos de interés que se ha producido en Europa desde hace años, lo que ha provocado un congelamiento en la demanda de financiación. La subida de precios se constata también en las estadísticas publicadas por el INE este jueves. La media de los préstamos se firmaron con un tipo de interés del 3,12%. Es el dato más alto desde el año 2016 y el segundo ejercicio al alza tras ocho años de caída continuada de los precios.

Telefónica ha publicado este jueves los resultados anuales del ejercicio 2023. El año se ha visto marcado por distintos eventos extraordinarios en el último trimestre que han llevado al grupo a cerrar el curso con unas pérdidas de 892 millones de euros. Estos efectos puntuales son las provisiones para afrontar el coste del ERE realizado en España y acordado con los sindicatos, así como una revisión contable de su negocio en Reino Unido, donde opera en una empresa conjunta con Virgin.

El grupo ha expresado en sus cuentas enviadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que eliminando estos efectos habría obtenido un beneficio neto de 2.369 millones de euros, lo que supondría un crecimiento de más del 17%. De hecho, hasta septiembre, el grupo venía presentando resultados positivos, aunque algo por debajo del año anterior.

La diferencia se ha producido en el cuarto trimestre, momento en el que Telefónica se ha anotado estos dos impactos extraordinarios, entre otros. El grupo cifra en 1.185 millones de euros el impacto en las cuentas anuales del recorte de plantilla en España, que afecta a 3.421 empleados y que se ha cubierto ya con salidas voluntarias. Por otro lado, apunta a que otros efectos extraordinarios, de 2.076 millones de euros, de los que 1.786 millones corresponden a la revisión contable del fondo de comercio en Reino Unido. Esto se debe, explica la compañía, “a la subida de las tasas de descuento y condiciones macroeconómicas en el Reino Unido que afectan a las estimaciones de los flujos de caja futuros”.

El resultado contable contrasta de hecho con un ejercicio en el que Telefónica ha cerrado con más ingresos que en el curso anterior. En concreto, la facturación ha subido un 1,6%, hasta los 40.652 millones de euros. Este incremento, que cumple con los objetivos que se había marcado el grupo para el ejercicio, se deben a un aumento en la venta de terminales y a una mejora de la facturación por servicios. Además, ha incrementado su número de clientes en el conjunto de países en los que opera, especialmente en fibra.

En lo que se refiere únicamente al negocio en España, su mercado de origen, Telefónica ha cerrado el año con un crecimiento de más del 3% en los ingresos, impulsados especialmente por la venta de terminales en el país, que ha crecido un 6,5%. Además, el grupo destaca algunos apuntes como que la tasa de salida de clientes a otras compañías (churn) es la más baja en 10 años y un aumento en el número de clientes, especialmente la ganancia de 8.000 en la televisión de pago, gracias al fútbol.

Pide desregulación tras la fusión Orange-MásMóvil

Telefónica ha celebrado el resultado de la fusión de Orange y MásMóvil, que recibió esta semana el aval de la Comisión Europea con algunas obligaciones de desinversión en favor de Digi. Para la compañía tiene un efecto indirecto: deja de ser líder en el mercado español. Por ello, el presidente José María Álvarez Pallete ha reclamado la “desregulación de Telefónica”. “Necesitamos que se nos deje competir”, ha planteado.

Pallete se refiere así a las obligaciones que tiene la compañía por ser el antiguo monopolio estatal. Esto supone que Telefónica tiene que permitir la utilización de sus redes por terceros o la venta de contenidos a precios topados por las autoridades de competencia. Ahora, Pallete defiende que no tiene sentido seguir con ello.

Su consejero delegado, Ángel Vilà, ha defendido que “esa desregulación permitiría hacer cosas que hasta ahora no se planteaban”. Así ha respondido a la posibilidad de realizar adquisiciones de pequeñas operadoras en España, algo que con las limitaciones de competencia que tiene hasta la fecha no sería viable. “Existe la posibilidad, aunque no hay nada por el momento, se abren posibilidades que habrían sido imposibles”, ha enfatizado.