El PP esgrime el 'caso Koldo' para tumbar definitivamente en el Senado los objetivos de déficit del Gobierno

Crónica de un rechazo anunciado. El PP ha vuelto a tumbar en el Senado, ahora de manera definitiva, el objetivo de déficit del Gobierno para elaborar los Presupuestos Generales del Estado. Justo un mes después del anterior rechazo, el Senado votará este miércoles mayoritariamente en contra de este esquema fiscal gracias a la mayoría absoluta del partido de Alberto Núñez Feijóo. La formación, sin embargo, no ha justificado en argumentaciones económicas su 'no' a la propuesta defendida por la vicepresidenta María Jesús Montero, sino que ha basado su discurso en el caso Koldo, trufándolo con otros asuntos como el terrorismo, los ERE de Andalucía o las concesiones a los partidos independentistas.

El 'no' del PP a estos objetivos de déficit es, por tanto, más político que económico. El Gobierno había planteado un objetivo del 3% para el conjunto de las administraciones, de las que la central se quedaría con el 2,7%, las comunidades con el 0,1% y los ayuntamientos, con el 0%; mientras que la Seguridad Social tendría un margen del 0,2% del PIB. Sin embargo, su rechazo va a provocar la entrada en vigor de un esquema más restrictivo para comunidades (0%) y ayuntamientos (0,2% de superávit).

La situación es la siguiente. El rechazo del Senado de este miércoles a los objetivos planteados por el Gobierno supone el punto y final de este esquema. La medida había sido aprobada por el Congreso en enero y ya había recibido el 'no' de la Cámara Alta por la mayoría del PP. La ley le obligaba a presentarlo de nuevo con un mes de plazo máximo. Dicho y hecho. El Congreso volvió a dar su 'sí' con la mayoría de la investidura y el Senado ha vuelto a dar su negativa.

Esto no significa que sea el final de los Presupuestos. El Gobierno sostiene, con un informe de la Abogacía del Estado, que con la caída de estos objetivos de déficit y deuda entran en vigor los planteados anteriormente a la Comisión Europea. Esta senda de estabilidad se envió a Bruselas en abril del año pasado y, aunque ya contemplaba ese 3% de déficit del Estado, tenía un reparto más restrictivo con las comunidades y ayuntamientos.

El PP ha votado en contra, por tanto, de una medida que era más favorable para las comunidades autónomas que gobiernan. De hecho, seis territorios, de los cuales cuatro con gobiernos del PP, que ya han aprobado sus presupuestos para este año elaboraron sus cuentas con unos objetivos de déficit que con la caída del esquema planteado por el Gobierno central incumplirían. Pese a ello, ha mantenido su negativa con un discurso claramente político.

“Los votos del PP no están en venta y ustedes parecen que han comprado de todo, incluso mascarillas falsas”, ha señalado la senadora del PP Eva Ortiz. De hecho, el caso Koldo ha centrado buena parte de un discurso que debía de ser económico y fiscal. “Nadie mejor que usted para dirigir el departamento en el Gobierno de las comisiones”, ha espetado a Montero, a quien ha acusado de ser parte del “gobierno andaluz de los ERE”.

La senadora valenciana del PP ha apuntado que se trata de un gobierno “rebozado en corrupción”. “Nuestro no cierra las puertas al abuso de poder”, ha añadido Ortiz en un discurso en el que ha lanzado afirmaciones sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra o los acuerdos alcanzados con los partidos independentistas por parte del Gobierno. “Han tropezado con la primera piedra de los presupuestos, dimitan y convoquen elecciones dejando paso a un gobierno serio y fiable que cumpla y respete la ley”, ha señalado.

“Hay otra política posible, hay alternativa al desgobierno”, ha coincidido Gerardo Camps, senador igualmente del PP. En un discurso también de crítica política, ha señalado que el Gobierno depende de “Ortuzar, Otegi, Belarra, Junqueras y, en especial, el señor Puigdemont. A estos señores en los últimos días hay que sumarle al señor Ábalos”, ha asegurado. Si bien, su turno de palabra sí ha dado espacio a ciertas críticas asociadas al tema del debate del día. Camps ha defendido que el Gobierno no ha querido aceptar sus condiciones para aprobar el objetivo de déficit, como un repartido del déficit, un fondo de ayuda a las comunidades o una rebaja de impuestos.

“Nos proponen una rebaja de impuestos indiscriminada que no tiene ningún sentido”, ha defendido María Jesús Montero en su turno para exponer el objetivo de déficit del Gobierno. “El PP ha intentado disfrazar la negativa con una oferta engañosa de diálogo”, ha apuntado, acusando a la formación de pretender una rebaja de impuestos y, al mismo tiempo, una compensación a los territorios por la pérdida de ingresos debido a ese recorte. “Baja los impuestos y compénsame por la pérdida de recaudación”, ha ironizado la vicepresidenta.

Montero ha acusado al PP de utilizar la “política de obstrucción”, asegurando que “no les interesa el bienestar de los españoles”. “Siguen instalados en la dinámica perversa de que caiga España que ya la levantaremos nosotros”, ha enfatizado. “Se pegan un tiro en el pie”.

Pese al rechazo de la Cámara Alta, Montero ha defendido aunque solo se pretende “poner trabas” al Gobierno, el Ejecutivo “va a presentar los presupuestos”. “Se les va a hacer muy larga la legislatura”, ha concluido su discurso.

4.300 millones menos para comunidades y ayuntamientos

El rechazo de los objetivos de déficit del Gobierno tiene un impacto directo sobre comunidades y ayuntamientos, con un amplio poder del propio Partido Popular. Aunque es una norma que aprueba el Gobierno central, es de obligado cumplimiento para el resto, que tiene que lograr cuadrar sus cuentas con el esquema de estabilidad que se plantea. Al entrar en vigor unos objetivos más restrictivos, y teniendo en cuenta el PIB previsto de cada territorio para 2023, se concluye que estos gobiernos perderán 4.300 millones de euros menos de capacidad de gasto para este año.

Las comunidades autónomas tienen que cumplir con el 0% de déficit, es decir, el equilibrio presupuestario, frente al 0,1% que le permitía el objetivo que este miércoles se ha tumbado. Teniendo en cuenta el PIB de los distintos territorios, son casi 1.457 millones de euros los que las Comunidades pierden a la hora de tener que encajar sus cuentas. Es cierto que algunas ya habían elaborado sus presupuestos previendo que el resultado final obligaría a cumplir con el 0%, pero media docena de ellas los hicieron con un esquema menos restrictivo.

Sin embargo, el grueso de este recorte de la capacidad de gasto de las administraciones se produce en los ayuntamientos, los cabildos y el resto de entes locales. Teniendo en cuenta que tienen que pasar del 0% planteado en el objetivo que este miércoles se ha vetado, a un superávit del 0,2% para este año, esto resta de la capacidad de gasto de estas administraciones 2.924 millones.