La jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, cierra el curso judicial esta próxima semana con la declaración de tres alcaldes (de Godelleta, Turís y Carlet), de cara al mes inhábil y de descanso de agosto, tras haber fijado el foco de la instrucción en la cuestionada gestión de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 231 fallecidos, por parte de los consellers del Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón, heredados por el actual president Juan Francisco Pérez Llorca.

Las últimas tandas de declaraciones testificales apuntaron a nuevos detalles sobre la actuación del Gobierno valenciano del PP ante la dana e incorporaron al sumario del procedimiento una prueba relevante: el chat de WhatsApp de los consellers, del que se desprende que Mazón dio una catarata de órdenes a primera hora de la mañana para desconectarse a medida que la situación empeoraba y, especialmente, mientras el entonces president se encerraba en una larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en el reservado del restaurante El Ventorro.

A pesar de que la vicepresidenta Susana Camarero se resistió en un primer momento a aportar los mensajes del grupo de WhatsApp, finalmente accedió a entregarlos. Más recientemente, el pasado 22 de julio, Ruth Merino, exportavoz del Consell y actual secretaria autonómica, completó el cuadro con los archivos adjuntos que se intercambiaron en aquel grupo durante toda la jornada.

La documentación confirma que Carlos Mazón desapareció a partir de la comida en El Ventorro a pesar de que dos de sus consellers habían advertido sobre las inundaciones o desprendimientos en 35 carreteras y sobre el cierre de colegios en 63 municipios de la provincia de Valencia, tal como informó elDiario.es.

Las órdenes de Mazón recibidas por los consellers podrían abrir la puerta a que varios de ellos fueran citados a declarar como testigos a partir del próximo mes de septiembre. Se trata de José Antonio Rovira, Vicente Martínez Mus, Miguel Barrachina y Marciano Gómez (quien, por cierto, declaró recientemente como testigo en un juicio por corrupción). Una perspectiva inquietante para un Consell que trata de pasar página de la dana y que se enfrenta a nuevas revelaciones —prácticamente semanales— sobre la polémica gestión de la emergencia, a tres meses de que se cumpla el segundo aniversario.

La muy desigual gestión de la emergencia

La última tanda de testificales del mes de julio ha sacado a la superficie la muy desigual gestión de la emergencia por parte de las tres administraciones controladas por el PP: la autonómica, con un presidente desconectado en el reservado de un restaurante; la provincial, con una cúpula completamente descoordinada (algo que chocó a la magistrada), y la municipal, con un seguimiento de la dana en la versión local del Cecopi iniciado de buena mañana, poco después de la activación de la alerta roja.

La alcaldesa de València, María José Catalá, pudo presumir de haber reunido al Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) bastante antes que el homólogo autonómico. La declaración de Catalá, por otro lado, pintó una cierta desconexión entre el Cecopal y el Cecopi, dos reuniones que discurrían en paralelo.

La jueza concluyó (en un auto del pasado 20 de julio) que la primera edil de la capital del Turia tampoco recibió “ningún tipo de aviso destinado a alertar” a la población. Carlos Mazón y María José Catalá, según whatsapps incorporados a la causa por la munícipe, se comunicaron por primera vez casi a medianoche.

Un Cecopi “desorganizado”

A su vez, los chats internos de los concejales del PP de València también desvelaron los diversos enfoques en la gestión de la emergencia, con un edil de Seguridad planteando la noche de la tragedia la necesidad de activar la emergencia nacional, una opción que habría entregado el mando al Gobierno de Pedro Sánchez y que fue desechada por el Consell de Mazón pese a la descomunal dimensión de la catástrofe.

Por otro lado, la segunda visita ante la jueza del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, en condición de testigo, reiteró la falta de agilidad y claridad del dirigente popular para expresarse en sede judicial (dijo hasta en 30 ocasiones que no recordaba nada). La magistrada cuestionó abiertamente la testifical de Mompó, con “abundantísima prueba” que lo “desmiente”, según la contundente expresión de la instructora.

Dos testigos secundarias —aunque con cierto rango ejecutivo— se enteraron de la reunión del Cecopi por la televisión: la entonces consellera y portavoz, Ruth Merino, y la vicepresidenta de la Diputación, Reme Mazzolari.

De hecho, otro alto cargo, también del PP, tildó el Cecopi como “desorganizado” y “con muchas interrupciones”. No lo hizo ni mucho menos por venganza interna hacia los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso. Simplemente, fue una descripción ante la jueza de lo que vivió en primera persona.

Los avisos sobre el barranco del Poyo

Sin embargo, la magistrada (que conoce al dedillo el sumario y la cronología del día de autos) no pierde de vista el epicentro de la presunta omisión imputada a Pradas y a Argüeso: la falta de medidas para alertar a la población del peligro de la dana por parte de la desastrosa reunión del Cecopi en el Centro de Emergencias de la Generalitat en l'Eliana.

La instructora considera acreditados los avisos de dos alcaldesas del PP (la de Torrent y la de Chiva) a relevantes cargos del Cecopi (Argüeso, Mompó y el diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell) sobre el desbordamiento de la cabecera y de los barrancos tributarios del Poyo.

Además, tal como ha informado este diario a partir de la reciente documentación incorporada al sumario, Emergencias tramitó en su sistema interno de comunicaciones —el 'CoordCom'— un aluvión de avisos sobre la cabecera del barranco del Poyo.

El último perito que ha declarado en el marco de la causa, el presidente de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) y periodista de À Punt, Adrià Revert, apuntó a los datos “dantescos” sobre la lluvia en la cabecera de la rambla del Poyo, a los que tenía acceso el Centro de Coordinación de Emergencias.

La cadena autonómica vio con claridad que el barranco del Poyo iba a desbordarse. Prueba de ello es que À Punt envió a la zona al reportero y a la operadora de cámara que, a la postre, grabarían la catástrofe en Catarroja y que relataron la experiencia ante la jueza el pasado 15 de julio.

Al periodista le dijeron: “Los barrancos van a desbordarse, sobre todo el del Poyo”.

La vil·la de Rocafort (València) en la qual va viure durant la Guerra Civil el poeta Antonio Machado finalment serà rehabilitada, després d’anys d’abandó institucional i d’ocupacions, amb un risc greu d’incendis i de “danys irreparables”, segons reconeix la Generalitat, propietària de l’espai protegit, en la documentació de l’adjudicació del contracte consultada per elDiario.es.

La Conselleria de Cultura, dirigida per Carmen Ortí, va signar el passat 24 de juliol el contracte, per un import d’1,7 milions d’euros, tramitat per urgència amb l’empresa Cyrespa Arquitectónico SL, una firma especialitzada en restauració de patrimoni històric adjudicatària de la rehabilitació de Villa Amparo.

Un informe elaborat pel Servei d’Arquitectura i Suport Tècnic Patrimonial, que consta entre la documentació de l’adjudicació, justifica la urgència del procediment per la necessitat d’“aconseguir les condicions de seguretat, accessibilitat i funcionalitat per a l’ús dotacional públic previst en l’immoble”, adquirit per la Generalitat durant l’etapa de l’Executiu autonòmic del Pacte del Botànic, presidit pel socialista Ximo Puig.

La documentació inclou la diligència elaborada per la Guàrdia Civil arran de l’ocupació de Villa Amparo per dos homes i una dona que s’havien instal·lat en l’espai protegit i que cuinaven en “una mena de fogonet”, a més d’emmagatzemar “matalassos, roba i ferramentes de tota mena”, segons indica l’exposició de fets elaborada per dos agents de l’Institut Armat el 25 de març de 2025, reproduïda íntegrament al final d’aquesta informació.

“Actes vandàlics” i possibles incendis

L’abandó patit per l’espai emblemàtic, en definitiva, va propiciar que fora “objecte d’actes vandàlics” i que s’incrementara el “risc que es produïsquen incendis a l’immoble”.

El contracte inclou la direcció i la coordinació de les obres per a la renovació de les instal·lacions, la millora de l’accessibilitat a l’edifici —amb la incorporació d’un ascensor per a accedir a la primera planta—, com també l’adequació d’espais com lavabos, una sala multiús per a tallers i conferències i una biblioteca.

En definitiva, la Generalitat pretén “incorporar el nou ús cultural i museístic de manera adequada, mantenint les característiques de l’habitatge i dels seus jardins”, i “fer valdre el bé protegit i permetre que el públic puga gaudir” d’aquest vestigi del patrimoni cultural de la Guerra Civil.

La villa de Rocafort (Valencia) en la que vivió durante la Guerra Civil el poeta Antonio Machado por fin será rehabilitada, después de años de abandono institucional y de ocupaciones con un serio riesgo de incendios y de “daños irreparables”, según reconoce la Generalitat, propietaria del espacio protegido, en la documentación de la adjudicación del contrato, consultada por elDiario.es.

La Conselleria de Cultura, dirigida por Carmen Ortí, firmó el pasado 24 de julio el contrato por un importe de 1,7 millones de euros tramitado de urgencia con la empresa Cyrespa Arquitectónico SL, firma especializada en restauración de patrimonio histórico adjudicataria de la rehabilitación de Villa Amparo.

Un informe elaborado por el Servicio de Arquitectura y Apoyo Técnico Patrimonial, que consta entre la documentación de la adjudicación, justifica la urgencia del procedimiento por la necesidad de “conseguir las condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionalidad para el uso dotacional público previsto en el inmueble”, adquirido por la Generalitat durante la etapa del Ejecutivo autonómico del Pacte del Botànic presidido por el socialista Ximo Puig.

La documentación incluye la diligencia elaborada por la Guardia Civil con ocasión de la ocupación de Villa Amparo por parte dos varones y una mujer que se apalancaron en el espacio protegido y que cocinaban en “una especie de hornillo”, almacenando además “colchones, ropajes y enseres de todo tipo”, según indica la exposición de hechos elaborada por dos agentes del Instituto Armado el 25 de marzo de 2025 (reproducida íntegra al final de esta información).

“Actos vandálicos” y posibles incendios

El abandono sufrido por el emblemático espacio, en definitiva, propició que fuera “objeto de actos vandálicos” y que se incrementara el “riesgo de que se produzcan incendios en el inmueble”.

El contrato incluye la dirección y la coordinación de las obras para la renovación de las instalaciones, la mejora de la accesibilidad al edificio (con la incorporación de un ascensor para el acceso a la primera planta), así como la adecuación de espacios como aseos, una sala multiusos para talleres y conferencias y una biblioteca.

En definitiva, la Generalitat pretende “incorporar el nuevo uso cultural y museístico de una forma adecuada manteniendo las características de la vivienda y de sus jardines” y “poner en valor el bien protegido y permitir que el público pueda disfrutar” de este vestigio del patrimonio cultural de la Guerra Civil.

Se ha armado un tremendo lío en la Real Federación de Tiro Olímpico de la Comunitat Valenciana, que ha acabado salpicando a la Generalitat, a cuenta de las próximas elecciones internas. El actual presidente, Antonio Martínez Francés, ha denunciado que un antiguo vicepresidente, Miguel Navarro Fortuny, “está haciendo campaña electoral” para la próxima asamblea de la federación, incluso “con publicidad gráfica”. Así lo ha comunicado la entidad federativa a la Dirección General de Deportes del Consell presidido por Juan Francisco Pérez Llorca, según el acta de la junta electoral de su sesión del pasado 14 de julio.

El documento requiere al posible candidato disidente que “se abstenga de realizar publicidad electoral de su candidatura a miembro de la asamblea”, dado que el inicio de la campaña está previsto para el próximo 18 de septiembre.

Por su parte, el exvicepresidente ha planteado alegaciones a la decisión de la junta electoral, según la documentación que maneja la Generalitat, a la que ha tenido acceso elDiario.es. Miguel Navarro Fortuny, además de expresar su “máximo respeto” a las funciones atribuidas a la junta electoral federativa y su “voluntad de cumplir escrupulosamente” la normativa que regula el proceso, manifiesta que él “no había presentado candidatura alguna”.

Una campaña electoral “jurídicamente” inexistente

El escrito recuerda que el plazo oficial para la presentación de candidaturas arranca este próximo 28 de julio. “Por ello, resulta difícil comprender la referencia contenida en el acuerdo a una supuesta campaña electoral de una candidatura que jurídicamente todavía no existía”, lamenta.

Los hechos denunciados por Antonio Martínez Francés están vinculados a un canal de WhatsApp que mantiene el eventual candidato, promocionado a su vez en la sede de la federación con carteles y tarjetas con su foto.

Miguel Navarro Fortuny, vicepresidente de la federación hasta 2022, argumenta en sus alegaciones que el canal de WhatsApp “constituye un medio de comunicación estrictamente personal, al que únicamente acceden aquellas personas que libremente deciden seguirlo” y que “en ningún caso ha existido intención alguna de vulnerar la normativa electoral ni de obtener ventaja respecto de cualquier otra persona que pudiera concurrir” a los comicios.

Por otro lado, el exvicepresidente ha solicitado a la Generalitat la copia íntegra del escrito de Antonio Martínez Francés, “así como de cuantos documentos, antecedentes y elementos de prueba hayan servido de fundamento” para la adopción del acuerdo de la junta electoral. Navarro considera que la entidad “no identifica los hechos concretos que se consideran constitutivos de infracción”.

Ni la junta electoral ni la Federación Olímpica de Tiro han contestado la petición de este diario para aportar su versión de los hechos.

Quan falten quasi tres mesos perquè faça dos anys de la catàstrofe de la dana, les peces de convicció dels jutjats valencians continuen emmagatzemades en un dipòsit provisional de la Ciutat de la Justícia de València —a l’aparcament del segon soterrani—, després que la nau de la Generalitat a Riba-roja de Túria fora arrasada per la inundació del 29 d’octubre de 2024, una jornada tràgica que va acabar amb 231 víctimes mortals. El que es pressuposava que seria una solució transitòria va pel camí de cronificar-se, amb el sobreesforç en termes de vigilància que comporta l’emmagatzematge de les proves en un espai originalment destinat a l’aparcament dels vehicles de magistrats, fiscals o funcionaris de la casa.

La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) s’ha cansat de la situació i ha demanat a la Generalitat que, amb la “màxima urgència”, procedisca a la “retirada i reubicació” dels efectes de l’aparcament i busque un emplaçament definitiu per a les peces, subjectes a la cadena de custòdia.

“La Sala manifesta que la ubicació actualment utilitzada, al segon soterrani de l’edifici i, concretament, en una zona destinada a aparcament, tenia un caràcter merament provisional i no reuneix les condicions adequades de seguretat, custòdia i conservació exigibles per a aquest tipus d’efectes, a més de generar importants afeccions al funcionament normal de les instal·lacions i altres inconvenients de caràcter organitzatiu i operatiu”, afirma l’acta de la sessió del passat 8 de juliol.

El desbordament del barranc de Poio durant la dana es va acarnissar amb el Centre Logístic i d’Arxiu de la Generalitat (CLAIG), situat a Riba-roja de Túria i propietat de la Conselleria d’Hisenda, i va destruir 14.603 “peces de convicció” que afectaven 3.640 procediments de 57 òrgans judicials i fiscals, tal com va informar elDiario.es, fet que va trencar per complet la cadena de custòdia.

Davant la impossibilitat d’emmagatzemar les peces de convicció a Riba-roja de Túria, l’aparcament de la Ciutat de la Justícia de València es va transformar en una mena de dipòsit suposadament temporal.

No obstant això, l’òrgan de govern dels jutges valencians recorda que ha demanat reiteradament una “solució definitiva” al departament que dirigeix la consellera Nuria Martínez, encarregat de la dotació i la gestió dels mitjans materials al servei de l’Administració de justícia.

Una situació “que s’està allargant excessivament”

Així, la Sala de Govern del TSJ-CV reitera, per unanimitat, la seua sol·licitud perquè se solucione d’una vegada la insòlita ubicació de les proves judicials, “garantint les condicions degudes de seguretat, conservació i prestació adequada del servei públic de justícia”.

La memòria judicial del TSJ-CV corresponent a l’exercici 2025, publicada aquest divendres, també al·ludeix, en l’apartat sobre la dana, a la cridanera situació de les peces de convicció: “Es tracta d’una situació que s’està allargant excessivament i a la qual l’Administració prestacional [la Generalitat] hauria de donar una solució de manera immediata”, afirma.

Per la seua banda, fonts de la Conselleria de Justícia consultades per aquest diari sostenen que les peces de convicció “estan perfectament custodiades a la Ciutat de la Justícia de València”. “S’està ultimant la viabilitat d’una nova ubicació com a dipòsit”, postil·len les mateixes fonts.

A casi tres meses de que se cumplan dos años de la catástrofe de la dana, las piezas de convicción de los juzgados valencianos siguen almacenadas en un depósito provisional de la Ciudad de la Justicia de València —en el aparcamiento del sótano segundo— después de que la nave de la Generalitat en Riba-roja de Túria fuera arrasada por la inundación del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 231 fallecidos. Lo que se suponía una solución transitoria va camino de cronificarse, con el sobreesfuerzo en términos de vigilancia que conlleva el almacenaje de las pruebas en un espacio originalmente destinado para el aparcamiento de los vehículos de magistrados, fiscales o funcionarios de la casa.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) se ha hartado de la situación y ha pedido a la Generalitat que, con la “máxima urgencia”, proceda a la “retirada y reubicación” de los efectos del aparcamiento y busque un emplazamiento definitivo para las piezas, sujetas a la cadena de custodia.

“La Sala pone de manifiesto que la ubicación actualmente utilizada, en el sótano segundo del edificio y concretamente en una zona destinada a aparcamiento, presentaba un carácter meramente provisional y no reúne las condiciones adecuadas de seguridad, custodia y conservación exigibles para este tipo de efectos, además de generar importantes afecciones al normal funcionamiento de las instalaciones y otros inconvenientes de carácter organizativo y operativo”, afirma el acta de la sesión del pasado 8 de julio.

El desbordamiento del barranco del Poyo durante la dana se cebó con el Centro Logístico y de Archivo de la Generalitat (CLAIG), situado en Riba-roja de Túria y propiedad de la Conselleria de Hacienda, y destruyó 14.603 “piezas de convicción” que afectaron a 3.640 procedimientos de 57 órganos judiciales y fiscales, tal como informó elDiario.es, quebrándose por completo la cadena de custodia.

Ante la imposibilidad de almacenar las piezas de convicción en Riba-roja, el aparcamiento de la Ciudad de la Justicia de València se transformó en una suerte de depósito supuestamente temporal.

Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces valencianos recuerda que se ha pedido reiteradamente una “solución definitiva” al departamento que dirige la consellera Nuria Martínez, encargado de la dotación y gestión de los medios materiales al servicio de la Administración de Justicia.

Una situación “que se está alargando en exceso en el tiempo”

Así, la Sala de Gobierno del TSJ-CV reitera, por unanimidad, su solicitud para que se solucione de una vez la insólita ubicación de las pruebas judiciales, “garantizando las debidas condiciones de seguridad, conservación y adecuada prestación del servicio público de Justicia”.

La memoria judicial del TSJ-CV correspondiente al ejercicio 2025, publicada este viernes, también alude en su apartado sobre la dana a la llamativa situación de las piezas de convicción: “Se trata de una situación que se está alargando en exceso en el tiempo y a la que la Administración prestacional [la Generalitat] debería dar una solución de forma inmediata”, afirma.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Justicia consultadas por este diario sostienen que las piezas de convicción “están perfectamente custodiadas en la Ciudad de la Justicia de València”. “Se está ultimando la viabilidad de una nueva ubicación como depósito”, apostillas las mismas fuentes.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha emplazado a la Fiscalía a que se pronuncie sobre la competencia y el contenido de la querella interpuesta por el PSPV-PSOE contra el expresident Carlos Mazón por un presunto delito de falso testimonio en su declaración ante la comisión de investigación sobre la dana del Congreso de los Diputados. Así consta en una diligencia de ordenación del pasado 13 de julio dictada por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ).

Los socialistas presentaron el pasado 30 de junio una querella tras las contradicciones detectadas entre la declaración de Mazón en el Congreso y la investigación de la jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana, así como el contenido de los mensajes del grupo de WhatsApp del Gobierno valenciano.

La querella consideraba que el exjefe del Consell, a pesar de haber recibido la advertencia legal de no faltar a la verdad, “mintió deliberadamente” en su comparecencia del 17 de noviembre de 2025 sobre la gestión de la catástrofe.

Mazón, según el PSPV-PSOE, alteró u ocultó información clave con el claro objetivo de construir una “versión con clara finalidad exculpatoria”.

À Punt, la televisión pública valenciana, tuvo más ojo que Emergencias de la Generalitat a la hora de prever lo que iba a suceder la tarde del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 231 fallecidos. “Se van a desbordar los barrancos y no tenemos a nadie para ir a cubrir esto”, le dijeron los responsables de la cadena a Paco Miguel, el reportero que cubrió la catástrofe en Catarroja junto con la operadora de cámara Maje Jorge. El meteorólogo Lluís Obiols “veía muy claro” que “parecía obvio” que se iban a desbordar los barrancos, “sobre todo el del Poyo”, a tenor de que “las lluvias habían sido en Chiva” (cabecera de la rambla del Poyo). Así lo relató Paco Miguel en su testifical del pasado 15 de julio, según reza el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

El reportero, que trabajaba en otro programa, fue movilizado aquella tarde por los servicios informativos: “Se habían gastado todos los efectivos, todo el mundo estaba ya por ahí”, explicó ante la jueza instructora.

Además, en el departamento de Meteorología de la cadena autonómica, desde la semana anterior, preveía que la situación iba a ser “muy gorda”. “Los meteorólogos estaban muy asustados (...) porque esas cantidades de precipitaciones no les parecían normales”, dijo Paco Miguel.

Los responsables de la cadena decidieron enviar un equipo al barranco del Poyo ante su previsible desbordamiento. “Estuvimos viendo el recorrido del barranco del Poyo, que atraviesa la A3, cerca de donde está el polígono de Ribarroja (...)”, dijo el testigo. El reportero contactó con varios amigos suyos que viven a tiro de piedra del barranco y le recomendaron grabar desde el Camí Real, situado entre Massanassa y Catarroja (y con buena iluminación en caso de que se les hiciera de noche).

“Estábamos pensando en una salida en un barranco lleno, y que si se salía, pues se saldría de una manera más o menos civilizada”, matizó el periodista. De camino al Camí Real tuvo una “pequeña discusión” con la jefa de redacción, que prefería que fueran a grabar “desperfectos” en Chiva.

Al llegar a Catarroja, vieron el barranco del Poyo “muy, muy lleno” y un conductor les advirtió de que no entraran a la localidad porque se había “desbordado”.

“Y, efectivamente, en ese momento ya vimos que había como charcos, digamos que esto era de noche ya totalmente, y ahí no hay un sitio muy iluminado, (...) pero dijimos, fenomenal, vamos a grabar cómo se sale el barranco, y es cuando entramos (...) donde está el colegio Vil·la Romana”, rememoró el testigo. Aparcaron el coche con “un dedo de agua” y cogieron la cámara y el micro, dejando la mochila para la conexión en directo en el vehículo.

—En el asfalto ya flotaban algunos contenedores, pero la sensación en la acera era que todavía no estabas en peligro, hasta que, de pronto, la cosa fue subiendo, subiendo, subiendo. Empezó la gente como loca a intentar sacar los coches de allí. La cuestión es que, encima, cuando pasaban los coches te tiraban más olas; la cosa realmente estaba subiendo y se estaba colando el agua (eso sí que lo recuerdo muy bien) muy a lo bestia en los garajes, de los cuales estaban intentando salir los coches.

Un “gran palco para ver la tragedia”

Un vecino prestó refugio al equipo de À Punt, que grabó el resto de la noche desde su terraza: “De ahí ya no volvimos a bajar, porque lo que vimos desde arriba fue como subía, subía, subía el agua, cada vez subía más”. “Los coches empezaron a flotar, de pronto me di cuenta de que probablemente el coche no lo íbamos a volver a ver y efectivamente no lo volvimos a ver”, apostilló.

—Era bastante confuso todo, lo único que veías es que aquello subía, subía, subía (...) Es cuando se produjeron todas esas imágenes de que la gente que estaba en la calle intentaba subir a las casas, los portales se habían atrancado, entonces muchos empezaron a romper los cristales para poder entrar; los coches que flotaban (claro, los llevaba la corriente a los garajes), entonces era como que los coches que intentaban subir se chocaban contra los que caían. Las farolas también empezaron a recibir los golpes (...).

El testigo, según manifestó ante la jueza, vivió una “sensación muy extraña”, al estar situado en una suerte de “gran palco para ver la tragedia”. El equipo de À Punt, cuando se fue la luz, ya no pudo enviar las imágenes que estaba grabando. Luego, con el corte de las comunicaciones telefónicas, el reportero tampoco pudo seguir con las conexiones en directo con la radio.

Cuando sonó el Es-Alert en los móviles, el agua llegaba casi a la altura del “primer piso de enfrente, (...) todo lo que era la planta baja estaba hasta arriba”, dijo Paco Miguel.

À Punt, la televisió pública valenciana, va tindre més ull que Emergències de la Generalitat a l’hora de preveure el que anava a succeir la vesprada del 29 d’octubre de 2024, la tràgica jornada que va deixar 231 víctimes mortals. “Els barrancs es desbordaran i no tenim ningú per a anar a cobrir això”, van dir els responsables de la cadena a Paco Miguel, el reporter que va cobrir la catàstrofe a Catarroja juntament amb l’operadora de càmera Maje Jorge. El meteoròleg Lluís Obiols “veia molt clar” que “semblava obvi” que els barrancs es desbordarien, “sobretot el de Poio”, tenint en compte que “les pluges havien sigut a Chiva” (capçalera del barranc de Poio). Així ho va relatar Paco Miguel en la seua declaració testifical del passat 15 de juliol, segons consta en l’acta de la seua declaració, a la qual ha tingut accés elDiario.es.

El reporter, que treballava en un altre programa, va ser mobilitzat aquella vesprada pels serveis informatius: “S’havien gastat tots els efectius, tot el món estava ja per allí”, va explicar davant de la jutgessa instructora.

A més, el departament de Meteorologia de la cadena autonòmica, des de la setmana anterior, preveia que la situació anava a ser “molt grossa”. “Els meteoròlegs estaven molt espantats (...) perquè aquelles quantitats de precipitació no els semblaven normals”, va dir Paco Miguel.

Els responsables de la cadena van decidir enviar un equip al barranc de Poio davant del seu previsible desbordament. “Vam veure el recorregut del barranc de Poio, que travessa l’A-3, prop d’on està el polígon de Riba-roja (...)”, va declarar el testimoni. El reporter va contactar amb diversos amics seus que viuen a tocar del barranc i li van recomanar gravar des del Camí Reial, situat entre Massanassa i Catarroja (i amb bona il·luminació en cas que se’ls fera de nit).

“Estàvem pensant en una eixida en un barranc ple, i que, si es desbordava, es desbordaria d’una manera més o menys civilitzada”, va matisar el periodista. De camí al Camí Reial va tindre una “xicoteta discussió” amb la cap de redacció, que preferia que anaren a gravar els “desperfectes” a Chiva.

En arribar a Catarroja, van veure el barranc de Poio “molt, molt ple” i un conductor els va advertir que no entraren a la localitat perquè s’havia desbordat.

“I, efectivament, en aquell moment ja vam veure que hi havia com bassals. Era ja completament de nit i allí no hi havia un lloc massa il·luminat (...), però vam dir: 'Fenomenal, anem a gravar com es desborda el barranc', i va ser quan vam entrar (...) on està el col·legi Vil·la Romana”, va rememorar el testimoni. Van aparcar el cotxe amb “un dit d’aigua” i van agafar la càmera i el micròfon, deixant la motxilla per a la connexió en directe al vehicle.

—A l’asfalt ja suraven alguns contenidors, però la sensació a la vorera era que encara no estaves en perill, fins que, de sobte, la cosa va anar pujant, pujant, pujant. La gent va començar a tort i a dret a intentar traure els cotxes d’allí. La qüestió és que, a més, quan passaven els cotxes et llançaven més ones; la cosa realment anava pujant i l’aigua s’estava colant (això sí que ho recorde molt bé) d’una manera descomunal als garatges, dels quals els cotxes estaven intentant eixir.

Una “gran llotja per a veure la tragèdia”

Un veí va refugiar l’equip d’À Punt, que va gravar la resta de la nit des de la seua terrassa: “D’allí ja no vam tornar a baixar, perquè el que vam veure des de dalt va ser com l’aigua pujava, pujava, pujava, cada vegada pujava més”. “Els cotxes van començar a surar. De sobte em vaig adonar que probablement el cotxe no el tornaríem a veure i, efectivament, no el vam tornar a veure”, va postil·lar.

—Era tot bastant confús, l’única cosa que veies era que allò pujava, pujava, pujava (...) Va ser quan es van produir totes aquelles imatges en què la gent que estava al carrer intentava enfilar-se a les cases. Els portals s’havien encallat i, aleshores, molts van començar a trencar els vidres per a poder entrar. Els cotxes que suraven (és clar, el corrent se’ls emportava cap als garatges), de manera que era com si els cotxes que intentaven eixir xocaren contra els que queien. Els fanals també van començar a rebre els colps (...).

El testimoni, segons va manifestar davant de la jutgessa, va viure una “sensació molt estranya”, en estar situat en una espècie de “gran llotja per a veure la tragèdia”. L’equip d’À Punt, quan se’n va anar la llum, ja no va poder enviar les imatges que estava gravant. Després, amb el tall de les comunicacions telefòniques, el reporter tampoc va poder continuar amb les connexions en directe amb la ràdio.

Quan va sonar l’Es-Alert als telèfons mòbils, l’aigua arribava quasi a l’altura del “primer pis de davant (...) tota la planta baixa estava completament inundada”, va dir Paco Miguel.

Javier Bolinches, el alto funcionario de la Diputación de Valencia que mandó a casa a los empleados de la institución provincial, tomó la decisión por la alerta roja activada el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 231 fallecidos, y tras consultar las previsiones de Aemet y ver la situación de la que informaba À Punt, la televisión autonómica valenciana. Ni siquiera consultó con la cúpula política de la Diputación ni con el Consorcio Provincial de Bomberos o con el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Así lo ha declarado Bolinches este jueves ante la jueza de la dana, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de la testifical.

El exjefe de Recursos Humanos ha explicado que aquella mañana hubo “mucha urgencia” y no dio tiempo a elaborar un decreto, por lo que decidió enviar un correo electrónico “masivo” que llegó a las 14.00 a todos los empleados que cuentan con una cuenta corporativa de la Diputación. “El correo le llegó a todo el mundo, creo yo”, ha manifestado. También ha detallado que se suspendieron los cursos del servicio de formación.

El testigo ha especificado que tomó la decisión prácticamente por su cuenta, con el aval del jefe de servicio de Presidencia y de un asesor del diputado provincial de Recursos Humanos, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, cuya localidad ya estaba en esos momentos completamente inundada y que centraba todos sus esfuerzos en la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Javier Bolinches también ha especificado que, además de Aemet y À Punt, consultó “páginas de periódicos” antes de impulsar la decisión de mandar a casa a los empleados de la Diputación.

Por otro lado, el testigo ha afirmado que su sucesora en el cargo, María Escamilla, no le consultó para elaborar el informe que la institución provincial remitió a la jueza de la dana sobre la decisión tomada el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 231 fallecidos.

L'aleshores president Carlos Mazón se'n va anar a dinar amb Maribel Vilaplana en un reservat del restaurant El Ventorro, en plena dana del 29 d'octubre de 2024, una jornada tràgica que, a la fi, va deixar 231 víctimes mortals, tot i que els seus consellers compartien informes en el grup de WhatsApp de l'Executiu autonòmic en els quals es detallava la situació sobre el terreny, amb classes suspeses en 63 municipis de la província de València o desenes de carreteres afectades.

Així es desprén de la documentació, a la qual ha tingut accés elDiario.es, aportada aquest dimecres a la causa de la dana que instrueix la jutgessa de Catarroja per qui va ser portaveu del Consell de Mazón, l'actual secretària autonòmica Ruth Merino, després d'una testifical en què ha declarat que es va assabentar de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) en veure la televisió ja de nit. L'exportaveu també ha fet constar davant la lletrada de l'Administració de Justícia (LAJ) els components del grup de WhatsApp denominat “Consell PP”.

Merino ha entregat els documents en format PDF que els consellers van pujar el dia dels fets al xat de WhatsApp, els missatges del qual va aportar la vicepresidenta Susana Camarero (sense els arxius adjunts). La nova documentació incorporada al procediment permet conéixer el contingut dels informes dels consellers de Mazón.

El titular d'Educació, José Antonio Rovira, va reenviar a les 13.05 l'informe amb l'actualització dels centres educatius afectats per la dana (en 69 municipis de tota la Comunitat Valenciana, 63 dels quals a la província de València, la majoria a la comarca de la Ribera Alta). La situació dels centres afectats per la dana corresponia a les 12.30, segons indica el document.

Posteriorment, a les 15.29, el conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, va compartir un document en format PDF sobre l'estat de les carreteres elaborat pel Centre de Gestió de Serveis de Suport a la Mobilitat (Cegesem).

L'informe assenyalava que 35 carreteres de la província de València (la majoria a les comarques de la Ribera Alta i la Foia de Bunyol), tant de titularitat estatal i autonòmica com provincial, havien patit inundacions o despreniments des de primera hora del matí fins a les 13.34.

Mazón, que actualment figura en la causa com una mena de preinvestigat, va allargar l'àgape amb Maribel Vilaplana fins a molt més enllà de l'hora de berenar. La parella de comensals va ser l'última que es va quedar a El Ventorro, els treballadors del qual ja havien marxat a casa, segons va declarar en seu judicial l'amo del restaurant. Mazón fins i tot va acompanyar Vilaplana fins a un aparcament pròxim on la comunicadora havia deixat el seu vehicle.

L'arribada nocturna al Cecopi

Una telefonada al cap del Consell d'un alt càrrec que presenciava la inundació del Lloc de Comandament de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), situat a tocar del barranc de Poio, va propiciar que Mazón activara el dispositiu d'escortes i del vehicle oficial per a acostar-se al Centre d'Emergències de la Generalitat a l'Eliana.

Diversos testimonis han relatat davant la jutgessa l'arribada de Carlos Mazón al Cecopi, a les 20.28 (quan ja hi havia desenes i desenes de víctimes mortals i centenars de ciutadans romanien atrapats per les inundacions). Un d'ells va dir que era com un “extraterrestre” que havia aterrat en un altre planeta i a qui va caldre explicar-li-ho tot.

Més recentment, el secretari autonòmic Ignacio Grande, alt càrrec tant en el Consell de Mazón com en l'actual de Juan Francisco Pérez Llorca, va dir davant la jutgessa que a l'aleshores president, en la seua arribada al Cecopi, se li va fer un “buidatge d'informació” del que havia esdevingut durant la vesprada.

El entonces president Carlos Mazón se fue a comer con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro, en plena dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que a la postre dejaría 231 fallecidos, a pesar de que sus consellers compartían informes en el grupo de WhatsApp del Ejecutivo autonómico en los que se detallaba la situación sobre el terreno, con clases suspendidas en 63 municipios de la provincia de Valencia o decenas de carreteras afectadas.

Así se desprende de la documentación, a la que ha tenido acceso elDiario.es, aportada este miércoles a la causa de la dana que instruye la jueza de Catarroja por quien fuera portavoz del Consell de Mazón, la actual secretaria autonómica Ruth Merino, tras una testifical en la que ha declarado que se enteró de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) al ver la televisión ya de noche. La exportavoz también ha hecho constar ante la Letrada de la administración de Justicia (LAJ) los componentes del grupo de WhatsApp denominado “Consell PP”.

Merino ha entregado los documentos en formato pdf que subieron los consellers el día de autos al chat de WhatsApp, cuyos mensajes aportó la vicepresidenta Susana Camarero (sin los archivos adjuntos). La nueva documentación incorporada al procedimiento permite conocer el contenido de los informes de los consellers de Mazón.

El titular de Educación, José Antonio Rovira, reenvió a las 13.05 el informe con la actualización de los centros educativos afectados por la dana (en 69 municipios en toda la comunidad autónoma, 63 de los cuales en la provincia de Valencia, la mayoría en la comarca de la Ribera Alta). La coyuntura de los centros afectados por la dana correspondía a las 12.30, según indica el documento.

Posteriormente, a las 15.29, el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, compartió un documento en formato pdf sobre el estado de las carreteras elaborado por el Centre de Gestió de Serveis de Suport a la Mobilitat (Cegesem).

El informe reseñaba que 35 carreteras de la provincia de Valencia (la mayoría en las comarcas de la Ribera Alta y la Hoya de Buñol), tanto de titularidad estatal y autonómica como provincial, habían sufrido inundaciones o desprendimientos desde primera hora de la mañana hasta las 13.34.

Mazón, que actualmente figura en la causa como una suerte de 'preinvestigado', alargó el ágape con Maribel Vilaplana hasta mucho más allá de la hora de merendar. La pareja de comensales fueron los últimos clientes que se quedaron en El Ventorro, cuyos trabajadores ya se habían marchado a casa, según declaró en sede judicial el dueño del restaurante. Mazón incluso acompañó a Vilaplana hasta un aparcamiento cercano donde la comunicadora había dejado su vehículo.

La llegada nocturna al Cecopi

Una llamada al jefe del Consell de un alto cargo que presenciaba la inundación del Puesto de Mando de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), situado a tiro de piedra del barranco del Poyo, propició que Mazón activara el dispositivo de escoltas y del vehículo oficial para acercarse al Centro de Emergencias de la Generalitat en l'Eliana.

Varios testigos han relatado ante la jueza la llegada de Carlos Mazón al Cecopi, a las 20.28 (cuando ya había decenas y decenas de fallecidos y cientos de ciudadanos permanecían atrapados por las inundaciones). Uno de ellos dijo que era como un “extraterrestre” que había aterrizado en otro planeta y al que hubo que explicárselo todo.

Más recientemente, el secretario autonómico Ignacio Grande, alto cargo tanto en el Consell de Mazón como en el actual de Juan Francisco Pérez Llorca, dijo ante la jueza que al entonces president, a su llegada al Cecopi, se le hizo un “volcado de información de lo que había acontecido durante la tarde”.

La jueza de la dana ha inadmitido que se pida a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la aportación voluntaria de sus comunicaciones del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 231 fallecidos, tal como solicitaba la defensa de la exconsellera Salomé Pradas. Por el contrario, la magistrada abre la puerta en un auto dictado este miércoles a que se le soliciten al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ); Miguel Polo.

La diferencia de criterio estriba en que Polo aportó voluntariamente la lista de sus comunicaciones a la comisión de investigación de la dana en las Corts Valencianes mientras que Bernabé declinó esa opción en su declaración como testigo del 14 de abril de 2025, alegando el “carácter personal del móvil” en el que consultaba sus llamadas en la testifical. Al ser un presunto delito de homicidio imprudente el que se investiga en el marco de la causa (no doloso), la aportación de las comunicaciones —cuya privacidad está reconocida constitucionalmente— reviste un carácter voluntario por parte de los testigos.

Se trata, por tanto, de “dos situaciones distintas”, afirma la jueza instructora. Polo aportó, en un informe de la CHJ remitido a la comisión de investigación de la cámara autonómica, la factura de las llamadas efectuadas con su teléfono el día de autos.

En el marco de la causa, a Polo “no se le pidió su factura en su declaración ni en otro momento, anterior ni posterior”, recuerda el auto. “Por agilidad procesal”, indica la magistrada, procede efectuar la solicitud de la factura “directamente al propio testigo”.

Ruth Merino, portavoz del Consell de Carlos Mazón durante la dana, ha declarado este miércoles ante la jueza de Catarroja que se enteró por “la tele” al llegar a su casa por la “tarde-noche” de que el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 231 fallecidos, se había reunido el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Conoció la presencia de Mazón en la reunión por el mismo medio: “Yo solo soy consciente de que lo veo en el Cecopi cuando conecto la tele, nadie me informa antes”, ha especificado Merino, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de su testifical.

También ha manifestado que el pleno del Consell reunido aquella mañana no adoptó ningún acuerdo relativo a la dana, aunque “se habló de la situación meteorológica” y “se puso interés en tener la información actualizada de las agencias para informar en la rueda de prensa [posterior al pleno]”. “Se habló de la situación y entiendo que se habló sobre la alerta roja”, ha apostillado la testigo.

Merino ha detallado que la organización del orden del día del pleno le compete a Mazón y a la secretaria, que era la vicepresidenta Susana Camarero. A la entonces consellera Salomé Pradas, actualmente investigada en la causa, la vio “proactiva” durante la reunión del pleno del Consell. “Daba información, yo la veía entrando saliendo y hablando por teléfono”, ha rememorado la testigo.

Pradas le hizo llegar información sobre la situación sobre el terreno para la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. “Empecé con eso y trasladé la información que nos hicieron llegar a nosotros o a mi equipo Pradas u otros jefes de prensa”, ha explicado Ruth Merino, actualmente secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europea del Gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca tras haber sido consellera de Hacienda durante la etapa de Mazón al frente del Ejecutivo autonómico.

Vio “algún vídeo” de la dana por la tarde

En la reunión que mantuvieron Mazón, Camarero y Merino con los sindicatos y la patronal para tratar sobre los presupuestos (el último acto de la mañana del president antes de su comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro), se comentó la suspensión de las clases decretada por la Universitat de València.

La testigo ha confirmado que ni Mazón ni Pradas hablaron con ella previamente al día de la dana sobre la emergencia. Sobre la comparecencia ante los medios de Carlos Mazón aquella mañana, en la que dio datos desactualizados, Merino ha dicho que desconoce “lo que dijo” y “qué información le dieron a él”.

Ambas comparecencias, la de Merino y la de Mazón, “se debieron solapar” prácticamente, según ha afirmado la testigo. Tras la rueda de prensa tampoco habló con la consellera o con el president “por ningún medio”.

Por la tarde, Merino se reunió con su equipo para preparar los Presupuestos, el asunto que centraba el trabajo de su departamento en aquella época. Le sonaba ver “algún vídeo” sobre la dana en aquel encuentro.

Tras aquella reunión interna de la Conselleria de Hacienda, se enteró de la convocatoria del Cecopi: “Cuando llegué a casa, puse la tele”, ha dicho.

El cese como portavoz: “No recuerdo lo que se me dijo”

Merino se ha remitido, en referencia a las conversaciones sobre la dana que mantuvo con el resto de consellers aquella noche, al chat del Ejecutivo autonómico, incorporado a la causa tras haberlo aportado la vicepresidenta Susana Camarero.

La jueza ha preguntado a la exportavoz del Consell si estaría dispuesta a aportar los archivos adjuntos del grupo de WhatsApp, que Camararo no había incluido. “Yo inconveniente no tengo, pero no sé si al haber más personas debo aportarlos o no”, ha manifestado la testigo. Sí que ha aceptado aportar los chats con su equipo de la Conselleria de Hacienda.

La testigo no ha aclarado si su posterior destitución como portavoz del Consell de Mazón fue a consecuencia de la política comunicativa sobre la dana: “No recuerdo lo que se me dijo, que era una remodelación del Consell y que incluía la portavocía”. En todo caso, ha explicado Merino, la política comunicativa la controlaba Presidencia desde el Palau de la Generalitat.

A preguntas del abogado de Mazón, que figura en la causa como una suerte de 'preinvestigado', Ruth Merino ha asegurado que “no se ocultó información” y que el entonces president, con sus órdenes de aquella mañana en el grupo de WhatsApp del Consell, pretendía “mantener informada a la población”.

La Fiscalia Provincial de València ha activat la investigació sobre les amenaces a un veí de Xeraco que havia mantingut una renyina a les xarxes socials amb l’alcalde de la localitat, Avelino Mascarell. L’home va denunciar que, després de l’enfrontament a les xarxes socials amb el primer edil, que també és diputat provincial, va rebre durant mesos telefonades i missatges intimidatoris al seu telèfon mòbil.

El Ministeri Públic, segons un decret del passat 16 de juliol al qual ha tingut accés aquest diari, ha incoat diligències d’investigació preprocessals i ha designat un fiscal de Gandia per a “determinar l’eventual tipicitat dels fets denunciats”.

Els fets denunciats pel veí de Xeraco “podrien constituir un il·lícit penal per haver-se comés una suposada infracció”, indica la fiscal en cap, María Pilar Tomás.

El decret sosté que “la identitat de la persona considerada sospitosa és Avelino Mascarell Peiró”. Tanmateix, es tracta d’una fase preprocessal en el marc de la qual no s’ha practicat encara cap diligència.

“Els fets investigats poden ser constitutius d’un delicte sense especificar”, postil·la el decret del Ministeri Fiscal.

La jutgessa que ha processat el tinent coronel interventor acusat de corrupció en obres de casernes de la Guàrdia Civil ha detectat que Miguel Ángel E. T., excap de la Unitat de Gestió Econòmica (UGE) de la VI Zona de l’Institut Armat, va abonar un total de 18.000 euros en efectiu “sense traçabilitat bancària ni suport documental d’origen”, destinats a l’adquisició de tres immobles a la localitat de Siete Aguas.

La instructora, segons indica la interlocutòria de procediment abreujat, veu “opacitat financera” i conclou que el tinent coronel va utilitzar de manera recurrent empresaris que “resultaven adjudicataris d’obra pública” en casernes i altres instal·lacions de la Guàrdia Civil “mentre executaven les seues reformes privades” en els tres immobles.

La resolució també destaca una “desviació de recursos” i les evidències que es van facturar subministraments privats (com ara ferramentes o tovallolers) amb càrrec a l’erari. També al·ludeix a una “bretxa massiva” entre el valor de mercat peritat dels immobles i la despesa declarada o traçable.

“Mentre que els pagaments declarats per l’investigat amb destinació a l’obra i l’equipament de l’immoble van ser mínims o inexistents, les persones físiques i jurídiques involucrades en aquestes tasques van mantindre una relació contractual constant amb la Guàrdia Civil de València, a través de l’UGE, contextualitzada en el període analitzat, i van resultar beneficiàries de contractes públics per imports que van superar de manera sistemàtica el valor dels serveis prestats de manera privada a l’habitatge objecte d’estudi”, conclou la interlocutòria.

La investigació va trobar “increments especialment rellevants” en el valor de les obres públiques executades per les empreses que van reformar els habitatges de Siete Aguas en el mateix període temporal. La jutgessa es basa en els informes pericials elaborats per l’Agència Valenciana Antifrau, en funcions d’auxili judicial de la Fiscalia Anticorrupció.

Un “patró reiterat”

“Aquests percentatges podrien no constituir desviacions puntuals o errors tècnics menors, sinó un patró reiterat de facturació per damunt del valor real de mercat, generant un perjuí econòmic directe per a l’Administració pública, compatible amb una indeguda disposició dels fons públics per part del tinent coronel investigat”, postil·la la interlocutòria.

La titular del Jutjat d’Instrucció número 3 del Tribunal d’Instància de València, en la mateixa línia que Afers Interns de la Guàrdia Civil, conclou que l’interventor militar liderava una suposada “xarxa de corrupció sistèmica”, sent la “confecció de documents falsos la ferramenta necessària per a assegurar que les adjudicacions recaigueren en les empreses i els empresaris investigats, dotant els expedients d’un vernís d’integritat que superara l’examen formal de l’Administració”, explica la magistrada.

Una mecànica que, en definitiva, “cercava la supressió total del mercat competitiu, cosa que permet a l’investigat un maneig absolut dels fluxos de caixa de la Comandància”.

El tinent coronel, per la seua banda, va declarar voluntàriament el passat 17 de juliol per negar els sobrecostos ressenyats per Antifrau.

La jutgessa, tal com ha informat elDiario.es, ha processat Miguel Ángel E. T. pels presumptes delictes de malversació de cabals públics, prevaricació administrativa, suborn, falsedat documental, tràfic d’influències i pertinença a grup criminal.

La Fiscalía Provincial de Valencia ha activado la investigación sobre las amenazas a un vecino de Xeraco que había mantenido una riña en redes sociales con el alcalde de la localidad, Avelino Mascarell. El hombre denunció que, tras el encontronazo en redes con el primer edil, que también es diputado provincial, recibió durante meses llamadas y mensajes intimidatorios en su teléfono móvil.

El Ministerio Público, según un decreto del pasado 16 de julio al que ha tenido acceso este diario, ha incoado diligencias de investigación preprocesales, designando a un fiscal de Gandia para “determinar la eventual tipicidad de los hechos denunciados”.

Los hechos denunciados por el vecino de Xeraco “podrían constituir ilícito penal por haberse cometido una supuesta infracción”, indica la fiscal jefa, María Pilar Tomás.

El decreto sostiene que “la identidad de la persona considerada sospechosa es Avelino Mascarell Peiró”. Sin embargo, se trata de una fase preprocesal en el marco de la cual no se ha practicado aún diligencia de ningún tipo.

“Los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito sin especificar”, apostilla el decreto del Ministerio Fiscal.

La jueza que ha procesado al teniente coronel interventor acusado de corrupción en obras de cuarteles de la Guardia Civil ha detectado que Miguel Ángel E. T., exjefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona del Instituto Armado, abonó un total de 18.000 euros en efectivo “sin trazabilidad bancaria ni soporte documental de origen”, destinados a la adquisición de tres inmuebles en la localidad de Siete Aguas.

La instructora, según indica el auto de procedimiento abreviado, ve “opacidad financiera” y concluye que el teniente coronel usó recurrentemente a empresarios que “resultaban adjudicatarios de obra pública” en cuarteles y otras instalaciones de la Guardia Civil “mientras ejecutaban sus reformas privadas” en los tres inmuebles.

La resolución también destaca que una “desviación de recursos” y las evidencias de que se facturaron suministros privados (tales como herramientas o toalleros) con cargo al erario. También alude a una “brecha masiva” entre el valor de mercado peritado de los inmuebles y el gasto declarado o trazable.

“Mientras que los pagos declarados por el investigado con destino a la obra y el equipamiento del inmueble fueron mínimos o inexistentes, las personas físicas y jurídicas involucradas en dichas tareas mantuvieron una relación contractual constante con la Guardia Civil de Valencia, a través de la UGE, contextualizada en el periodo analizado, resultando beneficiarias de contratos públicos por importes que superaron de forma sistemática el valor de los servicios prestados de manera privada en la vivienda objeto de estudio”, concluye el auto.

La investigación halló “incrementos especialmente relevantes” en el valor de las obras públicas ejecutadas por parte de las empresas que reformaron las viviendas de Siete Aguas en el mismo periodo temporal. La jueza se escuda en los informes periciales elaborados por la Agencia Valenciana Antifraude, en funciones de auxilio judicial de la Fiscalía Anticorrupción.

Un “patrón reiterado”

“Dichos porcentajes, podrían no constituir desviaciones puntuales o errores técnicos menores, sino un patrón reiterado de facturación por encima del valor real de mercado, generando un perjuicio económico directo para la Administración Pública, compatible con una indebida disposición de los fondos públicos por parte del teniente coronel investigado”, apostilla el auto.

La titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, en la misma línea que Asuntos Internos de la Guardia Civil, concluye que el interventor militar lideraba una supuesta “red de corrupción sistémica”, siendo la “confección de documentos mendaces la herramienta necesaria para asegurar que las adjudicaciones recayeran en las empresas y empresarios investigados, dotando a los expedientes de un viso de integridad que superara el examen formal de la Administración”, explica la magistrada.

Una mecánica que, en definitiva, “buscaba la supresión total del mercado competitivo, permitiendo al investigado un manejo absoluto de los flujos de caja de la Comandancia”.

El teniente coronel, por su parte, declaró voluntariamente el pasado 17 de julio para negar los sobrecostes reseñados por Antifraude.

La jueza, tal como ha informado elDiario.es, ha procesado a Miguel Ángel E. T., por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y grupo criminal.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) ha confirmado la sentencia del pasado 2 de marzo por la que la Audiencia de Valencia condenó a 28 años de prisión a Miguel Tomás V. N., el único acusado del crimen del canónigo de la Catedral de la capital del Turia, Alfonso López Benito. Un jurado lo declaró culpable de asfixiar hasta la muerte al religioso de 79 años el 21 de enero de 2024 en la casa de la víctima, en la calle de las Avellanas de València.

Los magistrados del Alto Tribunal autonómico han rechazado todos los motivos del recurso de apelación formulado por la defensa del penado, que alegaba vulneración de derechos fundamentales y del derecho a la presunción de inocencia y solicitaba la repetición del juicio con jurado popular.

Según dictaminó un jurado popular y sentenció la Audiencia de Valencia, el ahora condenado, en compañía de otra persona no identificada acudió la noche del 21 de enero de 2024 al domicilio de la víctima y una vez en la vivienda, ubicada en pleno centro de la capital, a tiro de piedra de la Catedral, ese individuo desconocido mató por asfixia al septuagenario sin darle oportunidad de defenderse y se apoderó de su teléfono móvil, de una tarjeta de crédito y otra de un establecimiento comercial, objetos que entregó al condenado.

Este último actuó en todo momento de acuerdo con la persona no identificada y en ejecución de un plan previamente establecido para acabar con la vida del perjudicado y apoderarse de sus objetos de valor.

Con una de las tarjetas, el penado sacó dinero en efectivo y realizó compras por un valor superior a los 2.300 euros. Una parte del dinero se lo entregó al autor material del asesinato. Con la otra tarjeta, a su vez, realizó compras por importe de 375 euros.

El único acusado fue condenado a veinte años de prisión por un delito de asesinato, cinco años de prisión por un delito de robo con violencia y tres más por un delito continuado de estafa.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV rechaza, en una sentencia de apelación de la que ha sido ponente el magistrado José Francisco Ceres, la petición de la defensa de declarar la nulidad de la entrada y registro practicada por la Policía en la habitación del hostal donde se hospedaba su cliente y en la que fueron incautados el móvil y las dos tarjetas del fallecido.

Los magistrados señalan que la defensa no planteó esa petición de nulidad en el momento procesal oportuno, mediante su inclusión en el escrito de calificación provisional, para que fuera resuelta conforme a lo que establece la Ley del Jurado con anterioridad al inicio del juicio, en el trámite de cuestiones previas, sino que lo hizo en fase de informes.

Descarta vulneración del derecho a la presunción de inocencia

Igualmente, rechazan que fuese vulnerado el derecho del acusado a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable o a utilizar los medios de prueba pertinentes para defenderse.

El alto tribunal autonómico tampoco aprecia un quebrantamiento de normas y garantías procesales que hayan generado indefensión al recurrente, ni defectos en la sentencia o en el veredicto, entre otras cuestiones.

Y en cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia, la sentencia de apelación establece que el TSJ-CV no puede revalorar la prueba practicada durante el juicio y que los distintos elementos de convicción que consideraron los jurados para dictar el veredicto “racionalmente convergen en la coparticipación del acusado en la muerte dolosa de la ´victima”.

La resolución de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior no es firme, por lo que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil ha detenido este martes a ocho presuntos narcotraficantes vinculados a un alijo de coca en el Puerto de València. Entre los ocho detenidos, según ha avanzado el diario Levante-EMV, figuran Borja M. R. e Iván T. R., considerados dos de los capos del cartel en el Puerto y principales investigados en la macrocausa de la 'operación Spider'.

Borja M. R. e Iván T. R. también fueron condenados el pasado 30 de junio por la sección tercera de la Audiencia de Valencia —a 10 años y medio de prisión— en una causa por narcotráfico vinculada a los chats de la aplicación SKY.

Además, otros presuntos narcos condenados en ese mismo procedimiento (Jokin L. A., Daniel S. R. y Javier C. R.) han sido detenidos este martes por el EDOA de la Guardia Civil. Fueron condenados a algo más de 10 años de prisión por los chats de SKY, una sentencia pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo.

Los agentes del EDOA también han arrestado a Jonathan G. C., otro de los investigados en el marco de la 'operación Spider' y considerado como el “máximo responsable” de la extracción del alijo de 1.160 kilos de cocaína intervenido el 18 de julio de 2025 en el interior de la terminal portuaria CSP.

Jonathan G. C. estuvo un mes escondido en una vivienda de Geldo (Castelló) y, según se desprende del análisis del teléfono que usaba, dirigió otras operaciones de narcotráfico mientras estuvo fugado.

Las detenciones de este martes están vinculadas a un cargamento de 348 kilos de coca intervenido en el Puerto de València el 20 de febrero de 2021, mediante el sistema del gancho perdido.

La Plaza número cuatro de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València se encarga del procedimiento. Se trata del juzgado que archivó inicialmente la causa al haberse tumbado la prueba de los chats de SKY. Sin embargo, el aval de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) a los chats desencriptados, obligando a la sección tercera de la Audiencia de Valencia a dictar una nueva sentencia condenatoria tras haber absuelto inicialmente a los presuntos narcos ha reactivado de rebote la investigación del alijo de 2021.