La defensa del exsecretario autonómico de Emergencias investigado en la causa de la dana, Emilio Argüeso, cuestiona en un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la decisión de la jueza instructora del pasado 30 de octubre de incluir como víctima 234 de la dana a un hombre fallecido casi dos meses después de la catástrofe en un hospital tras sufrir una infección bacteriana.

El abogado José María Bueno Manzanares considera en un recurso al auto de la instructora que “tratar como víctima de una presunta omisión de protección civil a quien falleció 28 días después en un centro hospitalario por una bacteriemia endógena no tratada adecuadamente en el ámbito ambulatorio excede el marco del juicio de imputación de esta causa”.

La magistrada justificó la inclusión de la nueva víctima, de 73 años, por la herida en el pie que sufrió el hombre durante la inundación de su vivienda en Paiporta, que pudo ser la vía de entrada en su organismo de la infección que acabó con su vida el 18 de noviembre de 2024.

El escrito de la defensa de Argüeso considera que el dictamen del Instituto de Medicina Legal (IML) “descarta de forma categórica” la existencia de un nexo causal directo y achaca la muerte de J. C. H. a una “severa deficiencia en la asistencia sanitaria” al haber recibido antes de su ingreso en Urgencias altas ambulatorias y hospitalarias “sin haber diagnosticado ni atajado convenientes estadios primarios de la infección”.

Una “deficiente praxis diagnóstica”

El recurso detalla que dos semanas después de la tragedia de la dana al paciente se le atendió “únicamente de forma telefónica” en el ambulatorio de Paiporta, localidad de la comarca de l'Horta Sud que fue completamente arrasada por el desbordamiento del barranco del Poyo.

La defensa del antiguo alto cargo del Consell de Carlos Mazón establece una “reiterada desatención médica” y una “deficiente praxis diagnóstica” como “causa directa, eficiente y exclusiva del desenlace fatal”.

“La complicación infecciosa sobrevenida casi un mes después de la inundación se encuadra en la evolución natural de las patologías crónicas del paciente, cuya agravación y desenlace fatal responden a la falta de contención médica oportuna y no al riesgo originario creado por la avenida de agua del 29 de octubre”, afirma el escrito.

El juicio a los difusores del bulo del 'caso Bar España' ha quedado este viernes visto para sentencia, tras nueve sesiones de vista oral, en la que el fiscal pide una pena de 36 años de prisión para los acusados, del ámbito conspiranoico hispanohablante que amplificaron en redes una (falsa) trama de pederastia que implicaba, entre otras víctimas del infundio, a personalidades públicas como Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castelló. Solo tres de los acusados han usado su derecho a la última palabra. Pilar Baselga ha afirmado que lleva “10 años de tortura, sufriendo todo tipo de injurias y calumnias y sin poder responder”. También ha aludido a que en la última década ha perdido salud y “muchísimo dinero”.

Baselga ha asegurado que las denuncias falsas de Reinaldo Colás, el peluquero alcohólico de Benicarló que creó inicialmente el bulo, “no se habían investigado”. Además, ha descrito a los acusados que se sientan en el banquillo como “cuatro mataos”.

“Yo lamento muchísimo todo este sufrimiento, del cual formo parte, que ha sido generado por unas grabaciones de hace 30 años de unos menores y unas niñas que fueron forzadas por un padre a decir cosas que no eran ciertas, pero que tenían elementos de verosimilitud por estar tuteladas, y esto el Estado lo permitió”, ha manifestado Pilar Baselga, que ya fue condenada en 2018 por un delito de intromisión al derecho al honor de la magistrada perseguida sistemáticamente por los difusores del bulo. La acusada fue absuelta en primera instancia por llamar “Begoño” a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, insinuando que ocultaba ser transexual, y por vincularla al narcotráfico en Marruecos.

Pilar Baselga ha dicho que ha asistido “descompuesta” al juicio y ha pedido su absolución: “Yo no he matado a nadie. No hay ni una sola prueba de lo que se me acusa en este procedimiento”.

Por otro lado, el 'youtuber' Juan Lankamp ha lamentado “toda esta situación” y se ha descrito como una persona con “una vida social normal” que se relaciona “socialmente con la gente”. “Yo borré todo este material hace muchos años”, ha afirmado.

Lankamp ha justificado la difusión que protagonizó del bulo porque “estaba indignado” ante las denuncias de Reinaldo Colás: “Uno piensa que aquí algo huele mal. Yo nunca tuve conocimiento de ninguna condena de sentencia por denuncia falsa”.

El 'youtuber' se ha declarado inocente y ha manifestado: “Eso parece ya el juicio de Núremberg. (...) Veo que se me solicita 30 y tantos años, yo digo, ¿pero he matado a alguien?, ¿he hecho algún atentado terrorista? A Al Capone se le condenó solo a 11 años por fraude fiscal”.

“Espero que nadie vaya a la cárcel, porque quiero reiterar que todos podemos cometer errores, decir cosas que están fuera de lugar”, ha concluido Juan Lankamp.

Por su parte, el acusado Javier Fernández Torres, abogado que se defiende a sí mismo, ha dicho que todos los que se sientan en el banquillo han “demostrado la ausencia de carga probatoria”.

“Como quiera, todos los que estamos aquí presentes, tenemos el mismo objetivo, que es la protección de los menores”, ha afirmado Fernández Torres, quien ha pedido “a Dios” que el juez dicte “una sentencia ejemplar”.

El juicio a los difusores del bulo del 'caso del Bar España' encaraba este jueves su recta final con los informes de conclusiones de las defensas de los acusados. Guillermo Ruiz Blay, el abogado que representa al principal difusor del tóxico bulo, Ramón Valero Martín Consuegra, alias Un técnico preocupado, acusó a la Fiscalía de haber hinchado una acusación que “tenía que ser un delito leve” y pidió la absolución de su cliente. También se escudó en que, “antes del inicio del juicio”, el 'youtuber' Jordi Wild, con “millones de seguidores” y de quien destacó que es el único comunicador nativo digital que va a entrevistar a los principales candidatos a las elecciones generales, incluyendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “se dedicó durante hora y media a hablar del caso Bar España”, en referencia a un capítulo de su vídeopodcast The Wild Project (una entrevista al también 'youtuber' Rimembah emitida el pasado 26 de marzo).

El letrado razonó: “Ahora, ¿cómo hacen todos estos? Primero hablas del tema y para finalizar dices: no, es que era un bulo. Hombre, pues vaya gracia”. 

Los acusados –exponentes del ámbito conspiranoico hispanohablante tales como Pilar Baselga, el 'youtuber' Juan Lankamp o Gabriel Hernández, del canal Las cloacas del sistema– propagaron a lo bestia en redes sociales el bulo de que existía una (falsa) trama de pederastia vinculada a políticos como Carlos Fabra o Francisco Camps y tapada por Mónica Oltra; un infundio nacido de la venganza del fallecido peluquero Reinaldo Colás contra su exmujer y la pareja de ésta, en una primera fase analógica que dio paso a una segunda etapa de salvaje difusión digital. Las principales víctimas del bulo, entre ellas la magistrada que archivó la denuncia inicial de Colás, han detallado en el juicio el calvario que sufren desde hace casi tres décadas.

El abogado del principal difusor del bulo lamentó que se haya pintado a su defendido como la “encarnación del demonio”. A su juicio, en las manifestaciones de Un técnico preocupado “no hay una injuria, no hay un insulto, no hay nada”, ya que Ramón Valero, según su defensa, “no facilita datos, no da nombres completos y utiliza iniciales” cuando propagaba el bulo. 

Guillermo Ruiz Blay recordó la absolución del cantautor Javier Krahe por un supuesto delito contra los sentimientos religiosos tras “cocinar un cristo”. También aludió a la reciente disculpa pública de Ana Obregón a Antonia Dell’Atte o a pleitos que mantuvo su padre, el exmagistrado de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco, con medios de comunicación. La Vanguardia, según rememoró, publicó por error la foto de su progenitor asociada al obituario de un famoso abogado y narcotraficante.

Su cliente, adujo, “tiene voluntad de reparar” y “se ha retractado antes y durante el juicio” de “aquello sobre lo que tiene alcance: su blog y su [cuenta de] Twitter”.

Juan Lankamp y Gabriel Hernández, dos “pringados”

Juan Luis Costa, que ejerce la defensa de Juan Lankamp y de Gabriel Hernández, vinculó a sus clientes con la categoría de “pringados” y de “personas que tienen algún tipo de retraso”. Del primero, dijo que está diagnosticado con una “patología psicológica desde que nació y que no se ha curado ni se curará nunca, porque eso es una cosa de fábrica que hasta que muera lo va a tener”.

También insinuó que Lankamp y Hernández “piensan que el abuso [de menores] es algo generalizado porque proyectan su propia experiencia”, motivo por el que dieron alas al bulo.

“Estas personas”, apostilló el abogado, “no tienen capacidad de freno, no pueden decir: para, piensa primero y actúa después”. Además, “son conspiranoicos”, remachó Costa.

El letrado criticó un procedimiento “desmedido en el tiempo y en extensión” y afirmó sobre Lankamp y Hernández: “Ya sabemos que era una patraña y un bulo gigante, pero cuando se inició este asunto, no lo sabían”.

La defensa de Baselga dice que ha sufrido “tortura”

La última defensa que expuso sus conclusiones fue la de Pilar Baselga, ejercida por el abogado José Luis Escobar. El letrado dedicó prácticamente la mitad de su informe a dar pábulo precisamente a los bulos que propagaban los acusados, concretamente a la tesis incierta de que no se investigó suficientemente la denuncia de Reinaldo Colás sobre los abusos a menores (algo desmentido totalmente durante la vista oral e incluso mucho antes).

“Si se hubieran protegido a su tiempo no estaríamos aquí ahora”, dijo en relación con las hijas de Colás, quienes –ya adultas– reiteraron en su declaración testifical del pasado 22 de octubre que su padre les hizo mentir siendo menores de edad.

El abogado resumió su visión de la causa: “Tenemos a unos menores en internet narrando auténticas aberraciones, tenemos centros [de acogida] en los que no entra con claridad la luz de la Justicia y tenemos a divulgadores que se encuentran con unas grabaciones de menores narrando estas auténticas barbaridades”.

A continuación, el mismo abogado reconoció que Reinaldo Colás no tuvo “escrúpulos” en usar a menores de edad, incluidas sus hijas, para grabarlos haciendo acusaciones falsas a diestro y siniestro.

José Luis Escobar defendió que no existe una “sola prueba” contra Pilar Baselga y dijo que su clienta, “sin haber hecho absolutamente nada”, lleva una década sufriendo “tortura” por la petición de pena de prisión por parte de la Fiscalía.

El “primer juicio de esta magnitud” en España

El fiscal inició la sesión del juicio de este jueves con la segunda fase de la exposición de su informe de conclusiones, que no pudo acabar en la vista precedente del pasado 30 de octubre. El representante de la acusación pública cuestionó de plano la retractación de algunos de los conspiranoicos que se sientan en el banquillo, especialmente la que expresó pasado 26 de octubre Ramón Valero Martín Consuegra.

Javier Carceller dudó de plano de la maniobra de la defensa del acusado, de quien dijo que fue el “motor de difusión” y “uno de los principales artífices de la extraordinaria divulgación que ha tenido [el bulo]”, que “se ha mantenido durante 23 años” en la red. “Ha sido la persona encargada de diseminar en internet las falsas noticias todo lo posible. ¿Se puede una persona retractar de eso? Sencillamente, no es posible esa retractación”, argumentó Carceller.

El fiscal suele recordar que se trata del “primer juicio de esta magnitud” en España en relación con un bulo esparcido en redes sin freno (la causa que investiga la chaladura similar del 'Expediente Royuela' sigue en fase de instrucción).

De hecho, Carlos Balaguer, el abogado que representa la acusación particular ejercida por el expresident Francisco Camps, describió los hechos enjuiciados como el “paradigma de la destrucción psicológica y moral de un ser humano por otro mediante su difamación total y sistemática y el abuso de falsedades con el conocimiento de las mismas”.

“Fue un bulo”, remató el fiscal, “expandido de forma intencionada con la finalidad de atacar la dignidad de sus víctimas en su propia esencia y fue de tanta insistencia, tan mantenida en el tiempo, de tal virulencia, que es imposible determinar el número de publicaciones efectuadas y el número de personas que las fueron recibiendo y a su vez volviendo a publicar”.

“Verdadera maldad” de los acusados, según el fiscal

El representante del Ministerio Público, que elevó su petición de pena a 36 años de prisión, también suele plantear la paradójica exigencia de que se publicite la retractación o una eventual sentencia condenatoria en un espacio idéntico o similar al que se produjo la difusión del bulo y en un plazo señalada por un juez.

“Sería de imposible ejecución”, afirmó en referencia al hecho de que la propagación del bulo del 'caso Bar España' en la red fue de tal calibre, sin que se haya podido eliminar definitivamente su rastro, que su retractación con un impacto similar sería sencillamente imposible. Todas las víctimas han pedido a lo largo del juicio que se aplique su derecho al olvido, aunque la atenuación del daño divulgando una eventual sentencia condenatoria de los acusados sería de imposible cumplimiento, a tenor del descomunal impacto que tuvo la difusión de la trola.

“[La retractación] no se puede admitir como tal, es un fraude, un burdo intento de la defensa para buscar una atenuación de la condena”, adujo el fiscal, quien recordó que los acusados “actuaron con la exclusiva finalidad de atentar contra la honorabilidad de las víctimas, contra su fama y su crédito y contra su consideración profesional y pública”. Además, “actuando desde el anonimato” y “con verdadera maldad y desatendiendo las resoluciones judiciales que referían su inveracidad”, en referencia al hecho de que los difusores iniciales del bulo, singularmente Reinaldo Colás, habían sido condenados varias veces por denuncia falsa. 

La reparación del daño que esgrime la defensa de Un técnico preocupado le resulta a Carceller un mero “pago simbólico o irrisorio” de unas “cantidades mínimas” consignadas en la cuenta del juzgado.

Una “tropelía” imposible de borrar

Rafael Adell, el abogado de la acusación particular que ejerce un matrimonio octogenario de Benicarló difamado sistemáticamente por Reinaldo Colás también describió a Ramón Valero como uno de los “más activos en la difusión del bulo” y reprochó al acusado que “aún le quedan muchos millones” de visualizaciones de su retractación para alcanzar el impacto que tuvo su difusión del bulo antes de ser investigado en la causa.

La misma acusación sostuvo que la amplificación de la patraña del 'caso del Bar España' fue una “aberración que quedará ahí para siempre” y una “tropelía” imposible de borrar del ciberespacio.

Por otro lado, el representante del Ministerio Fiscal también arremetió contra el abogado Javier Fernández Torres, acusado que se defiende a sí mismo en la causa, tildando de “banales” sus intentos de recusarlo a estas alturas (de forma “indigna” en un profesional del Derecho, según dijo el fiscal).

Fernández Torres, que pidió en vano que se suspendiera el juicio oral en su penúltima sesión, ha pilotado un “verdadero calvario a base de recursos de cualquier resolución judicial desde el momento en que se dirigió la actuación judicial contra él”, según recordó Javier Carceller. 

El judici als difusors de la mentida del 'cas del Bar España' encarava aquest dijous la recta final amb els informes de conclusions de les defenses dels acusats. Guillermo Ruiz Blay, l'advocat que representa el principal difusor de la tòxica mentida, Ramón Valero Martín Consuegra, àlies Un técnico preocupado, va acusar la Fiscalia d'haver inflat una acusació que “havia de ser un delicte lleu” i va demanar l'absolució del seu client. També es va escudar en el fet que, “abans de l'inici del judici”, el youtuber Jordi Wild, amb “milions de seguidors” i de qui va destacar que és l'únic comunicador nadiu digital que entrevistarà els principals candidats a les eleccions generals, incloent-hi el president del Govern, Pedro Sánchez, “es va dedicar durant hora i mitja a parlar del cas Bar España”, en referència a un capítol del seu videopòdcast The Wild Project —una entrevista al també youtuber Rimembah emesa el passat 26 de març—.

El lletrat va raonar: “Ara, com ho fan tots aquests? Primer parles del tema i, per a acabar, dius: no, és que era una mentida. Home, doncs quina gràcia”.

Els acusats —exponents de l'àmbit conspiranoic hispanoparlant, com ara Pilar Baselga, el youtuber Juan Lankamp o Gabriel Hernández, del canal Las cloacas del sistema— van propagar massivament en les xarxes socials la mentida que existia una falsa trama de pederàstia vinculada a polítics com Carlos Fabra o Francisco Camps i tapada per Mónica Oltra; una falsedat nascuda de la venjança del difunt perruquer Reinaldo Colás contra la seua exdona i la parella d'aquesta, en una primera fase analògica que va donar pas a una segona etapa de difusió digital salvatge. Les principals víctimes de la mentida, entre aquestes la magistrada que va arxivar la denúncia inicial de Colás, han detallat en el judici el calvari que pateixen des de fa quasi tres dècades.

L'advocat del principal difusor de la mentida va lamentar que s'haja pintat el seu defensat com l'“encarnació del dimoni”. Segons el seu parer, en les manifestacions d'Un técnico preocupado “no hi ha una injúria, no hi ha un insult, no hi ha res”, ja que Ramón Valero, segons la seua defensa, “no facilita dades, no dona noms complets i utilitza inicials” quan propagava la bola.

Guillermo Ruiz Blay va recordar l'absolució del cantautor Javier Krahe per un suposat delicte contra els sentiments religiosos després de “cuinar un crist”. També va al·ludir a la recent disculpa pública d'Ana Obregón a Antonia Dell’Atte o a plets que va mantindre el seu pare, l'exmagistrat de l'Audiència Nacional Guillermo Ruiz Polanco, amb mitjans de comunicació. La Vanguardia, segons va rememorar, va publicar per error la foto del seu progenitor associada a l'obituari d'un conegut advocat i narcotraficant.

El seu client, va adduir, “té voluntat de reparar” i “s'ha retractat abans i durant el judici” d'“allò sobre què té abast: el seu blog i el seu [compte de] Twitter”.

Juan Lankamp i Gabriel Hernández, dos “desgraciats”

Juan Luis Costa, que exerceix la defensa de Juan Lankamp i de Gabriel Hernández, va vincular els seus clients amb la categoria de “matats” i de “persones que tenen algun tipus de retard”, en el cas del primer diagnosticat amb una “patologia psicològica des que va nàixer i que no s'ha curat ni es curarà mai, perquè això és una cosa de fàbrica que fins que muira la tindrà”.

També va insinuar que Lankamp i Hernández “pensen que l'abús [de menors] és una cosa generalitzada perquè projecten la seua pròpia experiència”, motiu pel qual van donar ales a la mentida.

“Aquestes persones”, va afegir l'advocat, “no tenen capacitat de fre, no poden dir: para, pensa primer i actua després”. A més, “són conspiranoics”, va reblar Costa.

El lletrat va criticar un procediment “desmesurat en el temps i en extensió” i va afirmar sobre Lankamp i Hernández: “Ja sabem que era una mentida enorme, però quan es va iniciar aquest assumpte no ho sabien”.

La defensa de Baselga diu que ha patit “tortura”

L'última defensa que va exposar les seues conclusions va ser la de Pilar Baselga, exercida per l'advocat José Luis Escobar. El lletrat va dedicar pràcticament la meitat del seu informe a donar pàbul precisament a les mentides que propagaven els acusats, concretament a la tesi incerta que no es va investigar prou la denúncia de Reinaldo Colás sobre els abusos a menors —una cosa desmentida totalment durant la vista oral i fins i tot molt abans—.

“Si s'hagueren protegit a temps, no estaríem ací ara”, va dir en relació amb les filles de Colás, que —ja adultes— van reiterar en la seua declaració testifical del passat 22 d'octubre que el seu pare les va fer mentir quan eren menors d'edat.

L'advocat va resumir la seua visió de la causa: “Tenim uns menors en internet narrant autèntiques aberracions, tenim centres [d'acolliment] en què no entra amb claredat la llum de la Justícia i tenim divulgadors que es troben amb unes gravacions de menors narrant aquestes autèntiques barbaritats”.

A continuació, el mateix advocat va reconéixer que Reinaldo Colás no va tindre “escrúpols” a l'hora d'utilitzar menors d'edat, incloses les seues filles, per a gravar-los fent acusacions falses a tort i a dret.

José Luis Escobar va defensar que no existeix una “sola prova” contra Pilar Baselga i va dir que la seua clienta, “sense haver fet absolutament res”, fa una dècada que pateix “tortura” per la petició de pena de presó de la Fiscalia.

El “primer judici d'aquesta magnitud” a Espanya

El fiscal va iniciar la sessió del judici d'aquest dijous amb la segona fase de l'exposició del seu informe de conclusions, que no va poder acabar en la vista precedent del passat 30 d'octubre. El representant de l'acusació pública va qüestionar de ple la retractació d'alguns dels conspiranoics que seuen al banc dels acusats, especialment la que va expressar el passat 26 d'octubre Ramón Valero Martín Consuegra.

Javier Carceller va dubtar de ple de la maniobra de la defensa de l'acusat, de qui va dir que va ser el “motor de difusió” i “un dels principals artífexs de l'extraordinària divulgació que ha tingut [la mentida]”, que “s'ha mantingut durant 23 anys” en la xarxa. “Ha sigut la persona encarregada de disseminar en internet les notícies falses tant com ha sigut possible. Es pot retractar una persona d'això? Senzillament, no és possible aquesta retractació”, va argumentar Carceller.

El fiscal sol recordar que es tracta del “primer judici d'aquesta magnitud” a Espanya en relació amb una mentida escampada sense fre per les xarxes —la causa que investiga la bogeria semblant de l'Expediente Royuela continua en fase d'instrucció—.

De fet, Carlos Balaguer, l'advocat que representa l'acusació particular exercida per l'expresident Francisco Camps, va descriure els fets jutjats com el “paradigma de la destrucció psicològica i moral d'un ésser humà per un altre mitjançant la seua difamació total i sistemàtica i l'abús de falsedats amb coneixement d'aquestes”.

“Va ser una mentida”, va rematar el fiscal, “expandida de manera intencionada amb la finalitat d'atacar la dignitat de les seues víctimes en la seua pròpia essència i va ser de tanta insistència, tan mantinguda en el temps, de tal virulència, que és impossible determinar el nombre de publicacions efectuades i el nombre de persones que les van anar rebent i, al seu torn, tornant a publicar”.

“Vertadera maldat” dels acusats, segons el fiscal

El representant del Ministeri Públic, que va elevar la seua petició de pena a 36 anys de presó, també sol plantejar la paradoxal exigència que es publicite la retractació o una eventual sentència condemnatòria en un espai idèntic o similar al que es va produir la difusió de la mentida i en un termini assenyalat per un jutge.

“Seria d'impossible execució”, va afirmar en referència al fet que la propagació de la mentida del 'cas Bar España' en la xarxa va ser de tal magnitud, sense que se n'haja pogut eliminar definitivament el rastre, que una retractació amb un impacte semblant seria senzillament impossible. Totes les víctimes han demanat al llarg del judici que s'aplique el seu dret a l'oblit, encara que l'atenuació del dany mitjançant la divulgació d'una eventual sentència condemnatòria dels acusats seria d'impossible compliment, tenint en compte l'impacte descomunal que va tindre la difusió de la mentida.

“”[La retractació] no es pot admetre com a tal, és un frau, un intent bast de la defensa per a buscar una atenuació de la condemna“, va adduir el fiscal, que va recordar que els acusats ”van actuar amb l'exclusiva finalitat d'atemptar contra l'honorabilitat de les víctimes, contra la seua fama i el seu crèdit i contra la seua consideració professional i pública“. A més, ”actuant des de l'anonimat“ i ”amb vertadera maldat i desatenent les resolucions judicials que afirmaven la seua falsedat“, en referència al fet que els difusors inicials de la mentida, singularment Reinaldo Colás, havien sigut condemnats diverses vegades per denúncia falsa.

La reparació del dany que esgrimeix la defensa d'Un técnico preocupado li resulta a Carceller un mer “pagament simbòlic o irrisori” d'unes “quantitats mínimes” consignades en el compte del jutjat.

Un “abús” impossible d'esborrar

Rafael Adell, l'advocat de l'acusació particular que exerceix un matrimoni octogenari de Benicarló difamat sistemàticament per Reinaldo Colás, també va descriure Ramón Valero com un dels “més actius en la difusió de la mentida” i va retraure a l'acusat que “encara li queden molts milions” de visualitzacions de la seua retractació per a arribar a l'impacte que va tindre la difusió de la mentida abans de ser investigat en la causa.

La mateixa acusació va sostindre que l'amplificació de la mentida del 'cas del Bar España' va ser una “aberració que quedarà ahí per sempre” i un “abús” impossible d'esborrar del ciberespai.

D'altra banda, el representant del Ministeri Fiscal també va carregar contra l'advocat Javier Fernández Torres, acusat que es defensa a si mateix en la causa, qualificant de “banals” els seus intents de recusar-lo a aquestes altures —de manera “indigna” en un professional del Dret, segons va dir el fiscal—.

Fernández Torres, que va demanar en va que se suspenguera el judici oral en la seua penúltima sessió, ha pilotat un “vertader calvari a base de recursos contra qualsevol resolució judicial des del moment en què es va dirigir l'actuació judicial contra ell”, segons va recordar Javier Carceller.

El jefe de prensa de la Conselleria de Emergencias, Daniel Guindo, aspira a una plaza de director de comunicación de la empresa pública Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE), adscrita precisamente del departamento dirigido por el conseller Juan Carlos Valderrama.

El puesto de alta dirección equivale al de subdirector general de la Administración de la Generalitat Valenciana, según indica la resolución que acordó el inicio del proceso de contratación, firmada el pasado 13 de agosto por el gerente de la SGISE, José Alberto Comos.

La experiencia profesional, valorada en la primera fase del proceso con un total de 30 puntos, incluye tanto la trayectoria en “puestos de primer nivel en la dirección de departamentos de comunicación de organismos con competencias en la gestión de emergencias” como la “elaboración de contenidos periodísticos en medios de comunicación”. Sin embargo, la normativa de Función Pública excluye que la prestación de servicios como personal eventual (es decir, en puestos de libre designación como el de Guindo) constituya un mérito para el acceso al empleo público o la promoción interna.

El responsable de prensa del conseller Valderrama, que anteriormente había sido redactor del diario Las Provincias, ha alcanzado la última fase del proceso, en la que compite con otros dos aspirantes. Tras una primera exclusión al no haber acreditado suficientemente la trayectoria laboral requerida, Daniel Guindo alegó y le fueron reconocidos 30 puntos de experiencia profesional (el máximo previsto de puntuación en ese apartado) y ninguno en materia de formación o de idiomas (para los que las bases preveían un tope de 10 puntos adicionales).

El acta de la última comisión de valoración, celebrada el pasado 2 de noviembre y presidida por el gerente de la SGISE, no detalla si la puntuación obtenida por Daniel Guindo y por los otros dos aspirantes corresponde a su experiencia en comunicación de emergencias o en medios de comunicación (aparece incluida en un bloque unitario).

El jefe de prensa del conseller Valderrama compite con otros dos aspirantes: E. B. B., que obtuvo el máximo de 40 puntos, y V. G. R. (37,4 puntos). Los tres superaron el umbral mínimo de 29 puntos impuesto por las bases del proceso de contratación.

La comisión de valoración (presidida por el gerente de la SGISE y completada por el director técnico operativo, Manuel Villanueva, y por el director de Recursos Humanos de la empresa pública, José Antonio Dorado) acordó en su última reunión emplazar a los tres candidatos a la fase siguiente del proceso selectivo: el “análisis del perfil psicológico y competencial mediante la realización de una prueba psicotécnica de personalidad laboral”.

El cap de premsa de la Conselleria d'Emergències, Daniel Guindo, aspira a una plaça de director de comunicació de l'empresa pública Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències (SGISE), adscrita precisament al departament dirigit pel conseller Juan Carlos Valderrama.

El lloc d'alta direcció equival al de subdirector general de l'Administració de la Generalitat Valenciana, segons indica la resolució que va acordar l'inici del procés de contractació, signada el passat 13 d'agost pel gerent de l'SGISE, José Alberto Comos.

L'experiència professional, valorada en la primera fase del procés amb un total de 30 punts, inclou tant la trajectòria en “llocs de primer nivell en la direcció de departaments de comunicació d'organismes amb competències en la gestió d'emergències” com l'“elaboració de continguts periodístics en mitjans de comunicació”. Tanmateix, la normativa de Funció Pública exclou que la prestació de serveis com a personal eventual —és a dir, en llocs de lliure designació com el de Guindo— constituïsca un mèrit per a l'accés a l'ocupació pública o la promoció interna.

El responsable de premsa del conseller Valderrama, que anteriorment havia sigut redactor del diari Las Provincias, ha arribat a l'última fase del procés, en què competeix amb dos aspirants més. Després d'una primera exclusió per no haver acreditat prou la trajectòria laboral requerida, Daniel Guindo va presentar al·legacions i li van ser reconeguts 30 punts d'experiència professional —el màxim previst de puntuació en aquest apartat— i cap en matèria de formació o d'idiomes, per als quals les bases preveien un màxim de 10 punts addicionals.

L'acta de l'última comissió de valoració, celebrada el passat 2 de novembre i presidida pel gerent de l'SGISE, no detalla si la puntuació obtinguda per Daniel Guindo i pels altres dos aspirants correspon a la seua experiència en comunicació d'emergències o en mitjans de comunicació, ja que apareix inclosa en un bloc unitari.

El cap de premsa del conseller Valderrama competeix amb dos aspirants més: E. B. B., que va obtindre el màxim de 40 punts, i V. G. R., amb 37,4 punts. Tots tres van superar el llindar mínim de 29 punts imposat per les bases del procés de contractació.

La comissió de valoració —presidida pel gerent de l'SGISE i completada pel director tècnic operatiu, Manuel Villanueva, i pel director de Recursos Humans de l'empresa pública, José Antonio Dorado— va acordar en l'última reunió citar els tres candidats a la fase següent del procés selectiu: l'“anàlisi del perfil psicològic i competencial mitjançant la realització d'una prova psicotècnica de personalitat laboral”.

La jutgessa de la dana ha incorporat a la causa una telefonada de la Policia Local d'Alfafar al Centre d'Emergències de la Generalitat efectuada el 29 d'octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 234 morts, en què una funcionària reconeix que els Bombers estaven “completament col·lapsats”.

La magistrada instructora, Nuria Ruiz Tobarra, situa la telefonada a les 16.58 hores, dos minuts abans de la convocatòria de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi).

L'àudio de la telefonada, al qual ha tingut accés elDiario.es, reflecteix la greu situació sobre el terreny immediatament abans de l'inici del Cecopi, que ni tan sols es va iniciar oficialment a l'hora de la convocatòria, sinó uns minuts després.

La magistrada suma així nous àudios que retraten la gravetat de la situació una vegada convocat el Cecopi. Emergències, tal com va informar aquest diari, també va tramitar un allau d'avisos sobre la capçalera del barranc de Poio una vegada iniciada la reunió de coordinació.

L'última tanda de gravacions incorporades al sumari inclou la telefonada d'un agent de la Policia Local d'Alfafar, a la comarca de l'Horta Sud, a Emergències de la Generalitat per a alertar de la caiguda de branques d'un arbre a la carretera CV-401:

—Emergències Comunitat Valenciana.

—Hola, bona vesprada. Mire, telefone de la Policia Local d'ací, d'Alfafar.

—Perdone, se li'n va la veu. Policia Local d'Alfafar?

—D'Alfafar, sí. Mire, necessitem Bombers per a retirar les branques d'un arbre en una via interurbana.

—Estan completament col·lapsats.

—Sí, m'ho imagine. És perquè ho tinguen en compte. És que s'ha desplaçat la patrulla i no pot retirar la branca. És de dimensions tan grans que bloqueja un sentit de la marxa.

—Quina CV és, per favor?

—És la CV-401.

—Quilòmetre 2?

—Quilòmetre 2, sí, és possible.

—Ja tenim l'avís, d'acord?

—Ja el tenen? D'acord, molt bé. Espere's un moment i ho confirme. [L'agent de la Policia Local parla amb un altre uniformat] D'acord, India 16, el quilòmetre és el 2? Perquè m'indica el 112 que ja en té coneixement. D'acord, correcte. Doncs, si ja el tenen, no els moleste més. Gràcies.

—D'acord, a vostés. Adeu.

La jueza de la dana ha incorporado a la causa una llamada de la Policía Local de Alfafar al Centro de Emergencias de la Generalitat efectuada el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 234 fallecidos, en la que una funcionaria reconoce que los Bomberos estaban “completamente colapsados”.

La magistrada instructora, Nuria Ruiz Tobarra, sitúa la llamada a las 16.58, dos minutos antes de la convocatoria de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

El audio de la llamada, al que ha tenido acceso elDiario.es, denota la grave situación sobre el terreno inmediatamente antes del inicio del Cecopi, que ni siquiera se inició oficialmente a la hora de la convocatoria sino unos minutos después.

La magistrada suma así nuevos audios que retratan la gravedad de la situación una vez convocado el Cecopi. Emergencias, tal como informó este diario, también tramitó un aluvión de avisos sobre la cabecera del barranco del Poyo una vez iniciada la reunión de coordinación.

La última tanda de grabaciones agregadas al sumario incluye la llamada de un agente de la Policía Local de Alfafar, en la comarca de l'Horta Sud, a Emergencias de la Generalitat para alertar de la caída de ramas de un árbol en la carretera CV-401:

—Emergencias Comunitat Valenciana.

—Hola, buenas tardes. Mire, le llamo de la Policía Local de aquí, de Alfafar.

—Perdone, se le va la voz. ¿Policía Local de Alfafar?

—De Alfafar, sí. Mire, necesitamos Bomberos para quitar las ramas de un árbol en una vía interurbana.

—Están completamente colapsados.

—Sí, me imagino. Es para que lo tengan en cuenta. Es que se ha desplazado la patrulla y no puede quitar la rama. Es de tan grandes dimensiones que bloquea un sentido de la marcha.

—¿Qué CV es, por favor?

—Es la CV-401.

—¿Kilómetro 2?

—Kilómetro 2, sí, es posible.

—Tenemos el aviso ya, ¿vale?

—¿Ya lo tienen? Vale, muy bien. Espérese un momento y lo confirmo. [El agente de la Policía Local habla con otro uniformado] Vale, India 16, ¿el kilómetro es el 2? Porque me indica el 112 que ya tiene conocimiento. Vale, correcto. Vale, pues si lo tienen, no les molesto más. Gracias.

—Vale, a ustedes, adiós.

La jueza de la dana ha incorporado a la causa las notas de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), la versión municipal del Cecopi celebrada en el seno del Ayuntamiento de València el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 234 fallecidos.

El letrado jefe del Ayuntamiento de València, José Vicente Sánchez Tarazaga, indica en un escrito del pasado 2 de noviembre, al que ha tenido acceso elDiario.es, que se trata de “simples notas” de la reunión con “referencias de horas aproximadas” elaboradas posteriormente al día de autos, al no constar un acta oficial del Cecopal.

La documentación (reproducida íntegra al final de esta información) reseña una primera convocatoria del Cecopi a las 11.00, en la que los técnicos acuerdan el “seguimiento de la situación de alerta meteorológica y su evolución”. También se acordó la revisión de los recursos disponibles “para el caso de evolución negativa de la situación”.

La convocatoria se hizo seis horas antes de que la Generalitat convocara el Cecopi ante la dana, un hecho que da cuenta del llamativo contraste entre la gestión autonómica y municipal de la emergencia. El entonces jefe del Consell, Carlos Mazón, dio aquella mañana órdenes a sus consellers en relación con la gestión de la emergencia para desconectarse luego en una larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro, mientras que la alcaldesa de València, María José Catalá, permaneció al frente del Cecopal durante toda la jornada.

El Cecopal planteó en su primer encuentro la “posible apertura” del Centro de Atención de Emergencias Sociales (CAES) y valoró la eventual suspensión de la actividad de los centros educativos por la tarde, una decisión que se pospuso para la siguiente sesión, convocada a las 13.00.

En esa sesión, el Cecopal dio cuenta de la alerta hidrológica en el río Magro y en el barranco del Poyo, así como la recomendación de que, en los municipios ribereños, “la población se mantenga alejada de las riberas del cauce”. Contactado telefónicamente, el Centro de Emergencias confirmó la previsión de “menor incidencia en la ciudad” y el desplazamiento de la dana hacia la comarca de los Serranos, en el interior del territorio valenciano.

El Cecopal reforzó el control del tráfico en las entradas y salidas de la urbe y pospuso las decisiones relativas a la suspensión de la actividad educativa, “teniendo en cuenta los problemas de movilidad que generaría”. También valoró la posibilidad de cerrar el antiguo cauce del río Túria, una opción finalmente descartada a tenor de las previsiones meteorológicas.

En la reunión de las 15.00, con presencia incluida de portavoces del PSPV-PSOE y de Compromís, el Cecopal aconsejó la suspensión de los actos en el Palau de la Música —“a fin de evitar desplazamientos innecesarios”— y se contactó con el servicio de Devesa-Albufera “en relación con el desagüe del lago en caso de crecida de barrancos”.

El Cecopal supo de la constitución del Cecopi una hora después

La sesión de las 18.00 del Cecopal se convocó en el Centro Integral de Seguridad y de Emergencias (CISE) de la Policía Local de València. En esa cuarta reunión de aquella aciaga jornada, se dio cuenta de la “convocatoria de constitución” del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que se había iniciado poco después de las 17.00 en el Centro de Emergencias de la Generalitat en l'Eliana. Un dato reseñado en el documento que cuadra con la declaración como testigo ante la jueza instructora de la alcaldesa María Jose Catalá, quien dijo que se enteró de la activación del Cecopal tras su convocatoria.

A las 18.08, técnicos del Cecopal contactaron telefónicamente con Emergencias, que informó de que no había “novedades en cuanto a la evolución del temporal de lluvias y las alertas en la ciudad”, según indican las notas.

Los Bomberos, por su parte, reportaron un aumento de los servicios en relación con las fuertes rachas de viento, aunque sin incidencias reseñables. A tenor de esos antecedentes, el Cecopal acordó mantener “activa” la reunión y reforzar a los Bomberos con dos operadores para atender los avisos por rachas de viento.

Entre las 20.00 y las 20.15, según reseñan las notas de la reunión, el Cecopal acordó suspender la actividad educativa y deportiva en espacios municipales para el día siguiente y el cierre de parques, jardines y cementerios.

Las notas del Cecopal se complementan con los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron los concejales del PP de València, también incorporados al procedimiento.

En ese chat interno, el edil de Seguridad, Jesús Carbonell, planteó tras el envío del Es-Alert (del que nadie de la Generalitat informó a la alcaldesa) que el Gobierno central asumiera el mando de la emergencia. Otra concejala, Paula Llobet, se quejó del colapso del teléfono 112 de la Generalitat.

La jueza que investiga el escándalo de la adjudicación de las viviendas de protección pública del residencial Les Naus de Alicante ha reiterado a las Corts Valencianes su requerimiento para que la cámara, presidida por Llanos Massó, de Vox, entregue la grabación de la comparecencia en la comisión de investigación del exconcejal Antonio Gallego. Así lo indica en una providencia dictada el pasado 30 de octubre, a la que ha tenido acceso este diario, en la que recuerda que la petición se hizo el 18 de septiembre mediante un oficio.

La instructora ha acordado que se remita un nuevo oficio a las Corts Valencianes “recordatorio de su cumplimiento”. El exconcejal del PP, en la sesión del pasado 2 de julio de la comisión de investigación de las Corts Valencianes, contradijo la versión del alcalde Luis Barcala y de la exedil de Urbanismo que figura imputada en el procedimiento, Rocío Gómez.

Gallego refrendó en su declaración testifical ante la jueza que la entonces edil de Urbanismo, Rocío Gil, actualmente investigada en la causa, declinó responder a una pregunta sobre el residencial en un pleno municipal, escudándose en que tenía intereses familiares.

El testigo manifestó que “minutos antes” del pleno, Rocío Gil le pasó un escrito con la respuesta sobre el residencial Les Naus.

La Abogacía de la Generalitat Valenciana ha rechazado la petición de la exconsellera Salomé Pradas para que asumiera su defensa en la causa de la dana.

Pradas presentó un escrito ante el subsecretario de la Conselleria de Emergencias en abril de 2025, el mismo mes de su declaración ante la jueza en calidad de imputada, solicitando que la Abogacía se encargara de su defensa, al estar los hechos investigados relacionados con su cargo en el Consell de Carlos Mazón.

La solicitud, al parecer, nunca llegó a su destino, según alega el abogado general de la Generalitat, Álvaro Martínez Ávila, en una resolución del pasado 28 de octubre a la que ha tenido acceso este diario.

A la Abogacía no le “consta” que Salomé Pradas le solicitara asistencia jurídica antes de comparecer ante la jueza y alega que tampoco se ha aportado escrito alguno que acredite la existencia de su petición en abril de 2025.

Además, la resolución recuerda que Pradas declaró el 11 de abril de 2025 con Eduardo de Urbano como abogado defensor.

La resolución pone fin a la vía administrativa, aunque es susceptible de recurso potestativo, en el plazo de un mes, o de recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).

La Generalitat Valenciana ha licitado por un importe de 2,2 millones de euros el servicio integral de diseño, ejecución y gestión de una campaña itinerante de educación, sensibilización y formación en materia de emergencias y primeros auxilios.

La campaña, impulsada por la Conselleria de Emergencias, que dirige Juan Carlos Valderrama, pondrá a dos unidades móviles a circular por los 542 municipios valencianos, incluyendo “contenidos específicos sobre los sistemas oficiales de aviso a la población en caso de emergencia, y en particular sobre el sistema ES-Alert de la Red de Alerta Nacional”, según indica la documentación de la licitación consultada por este diario.

“Estos contenidos deberán explicar de forma práctica su finalidad, funcionamiento básico, tipología de mensajes, compatibilidad con dispositivos móviles y pautas de actuación recomendadas a la ciudadanía tras la recepción de una alerta de protección civil”, explican los pliegos. Además, “cuando resulte técnicamente viable”, la campaña de difusión incluirá “demostraciones o simulaciones guiadas que faciliten su comprensión”, en referencia al Es-Alert.

“Al menos uno de los recursos interactivos o inmersivos incorporados a la campaña deberá estar orientado a la comprensión de los sistemas oficiales de alerta y aviso a la población, incluyendo escenarios prácticos de recepción y gestión de alertas de emergencia mediante el sistema ES-Alert”, afirma la documentación.

La campaña incluye información y formación relativa a los riesgos tales como incendios forestales, inundaciones, terremotos, fenómenos meteorológicos adversos y costeros, así como riesgos derivados del transporte de mercancías peligrosas, del ámbito químico y radiológico, de presas y balsas, incendios en edificaciones o el uso de pirotecnia. También abarca los riesgos domésticos más habituales, como accidentes en el hogar y situaciones de ahogamiento. También incorpora contenidos específicos sobre primeros auxilios.

Con una duración de dos años, el contrato establece asimismo visitas a centros educativos. La memoria justificativa del contrato, colgada el pasado 2 de noviembre a la Plataforma de Contratación del Sector Público y firmada por la directora general en Innovación en Emergencias, Míriam Gil, explica que el programa de formación licitado nace del Pla Endavant impulsado por el anterior vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pàmpols.

La Generalitat también impulsa una campaña en medios de comunicación, con instrucciones para la población en caso de recepción de un Es-Alert “por riesgo de fuertes lluvias”.

La Generalitat Valenciana ha licitat per un import de 2,2 milions d'euros el servei integral de disseny, execució i gestió d'una campanya itinerant d'educació, sensibilització i formació en matèria d'emergències i primers auxilis.

La campanya, impulsada per la Conselleria d'Emergències, que dirigeix Juan Carlos Valderrama, posarà dues unitats mòbils a circular pels 542 municipis valencians, incloent-hi “continguts específics sobre els sistemes oficials d'avís a la població en cas d'emergència, i en particular sobre el sistema ES-Alert de la Xarxa d'Alerta Nacional”, segons indica la documentació de la licitació consultada per aquest diari.

“Aquests continguts hauran d'explicar de manera pràctica la seua finalitat, funcionament bàsic, tipologia de missatges, compatibilitat amb dispositius mòbils i pautes d'actuació recomanades a la ciutadania després de la recepció d'una alerta de protecció civil”, expliquen els plecs. A més, “quan resulte tècnicament viable”, la campanya de difusió inclourà “demostracions o simulacions guiades que en faciliten la comprensió”, en referència a l'ES-Alert.

“Almenys un dels recursos interactius o immersius incorporats a la campanya haurà d'estar orientat a la comprensió dels sistemes oficials d'alerta i avís a la població, incloent-hi escenaris pràctics de recepció i gestió d'alertes d'emergència mitjançant el sistema ES-Alert”, afirma la documentació.

La campanya inclou informació i formació relativa a riscos com ara incendis forestals, inundacions, terratrémols, fenòmens meteorològics adversos i costaners, com també riscos derivats del transport de mercaderies perilloses, de l'àmbit químic i radiològic, de preses i basses, incendis en edificacions o l'ús de pirotècnia. També abasta els riscos domèstics més habituals, com ara accidents a la llar i situacions d'ofegament. A més, incorpora continguts específics sobre primers auxilis.

Amb una duració de dos anys, el contracte estableix també visites a centres educatius. La memòria justificativa del contracte, penjada el passat 2 de novembre a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i firmada per la directora general d'Innovació en Emergències, Míriam Gil, explica que el programa de formació licitat naix del Pla Endavant impulsat per l'anterior vicepresident segon i conseller per a la Recuperació Econòmica i Social, Francisco José Gan Pampols.

La Generalitat també impulsa una campanya en mitjans de comunicació, amb instruccions per a la població en cas de recepció d'un ES-Alert “per risc de fortes pluges”.

El presumpte capitost de Blocus, detingut a Picanya el passat 30 d'octubre, va seleccionar personalment els integrants del nucli tancat de la presumpta organització criminal i va aplicar de manera sistemàtica mesures de contravigilància, anonimat i ocultació del rastre, segons ha pogut saber elDiario.es de fonts judicials. Tanmateix, aquestes precaucions no van impedir que els investigadors comandats pel Servei d'Informació de la Guàrdia Civil aconseguiren identificar i localitzar les IP dels comptes amb què va crear els grups de Telegram en què es feien les crides als disturbis i als saquejos.

La investigació també ha acreditat que el jove, que va estar a París abans d'organitzar els saquejos a Espanya, va seleccionar personalment almenys un menor de 17 anys per a una mena de nucli tancat de Blocus.

A més dels públics, el presumpte líder de Blocus va crear altres grups privats a Signal. En aquesta última aplicació, gestionava un grup batejat com “Blocus-Bcnprivado”. Els investigadors han detectat la coincidència dels noms de pila que apareixien en els seus comptes de TikTok i Instagram amb els que s'usaven per a administrar els grups de Telegram denominats “V” i “Fuck AEAT”.

Un segon compte vinculat al detingut figurava com a propietari dels grups que van substituir els que havien sigut tancats anteriorment. D'altra banda, el capitost de la presumpta organització criminal, actualment en presó preventiva, va elaborar el vídeo en què, amb la veu distorsionada, anunciava un nou canal denominat “Blocus4Bcn”.

El telèfon intervingut durant l'escorcoll del domicili va confirmar que el jove havia editat els cartells de Blocus, així com l'avatar del grup, amb una eina d'intel·ligència artificial. L'historial del navegador del terminal telefònic també indica que va buscar eines per a publicar automàticament els cartells i els codis QR.

La miríada de grups va arribar a reunir milers d'integrants, majoritàriament menors d'edat, i va establir un pla per al saqueig de comerços de luxe, en una primera jornada a Barcelona el passat 24 d'octubre —que es va saldar amb la detenció de 128 persones— i en una segona convocatòria en diverses ciutats d'Espanya coincidint amb la nit de Halloween del 31 d'octubre, avortada gràcies a un gran desplegament policial.

El vídeo que li va ser intervingut es va gravar amb el seu telèfon mòbil —un iPhone 18 Pro— el passat 28 d'octubre. En la gravació, editada amb el programa CapCut, parlava en nom de Blocus i feia una crida a nous saquejos per al 31 d'octubre després de la primera jornada a Barcelona.

Joieries, botigues de luxe i grans magatzems

La presumpta organització criminal, segons la Guàrdia Civil, havia previst reunir els participants el 31 d'octubre en un punt general i comunicar després, mitjançant un xat privat, quins establiments no tenien presència policial. En les converses analitzades pel Servei d'Informació de l'Institut Armat s'assenyalaven joieries, botigues de luxe i grans magatzems.

El presumpte líder de Blocus, a qui la jutgessa ha prohibit l'accés a xarxes socials, figura com a investigat pels presumptes delictes d'organització criminal destinada a la mobilització i incitació, a escala nacional, de tercers per a cometre desordres públics greus, robatoris amb força en establiments mercantils i danys dolosos tant al mobiliari públic com a la propietat privada, sense perjudici d'una qualificació posterior dels fets i del que puga resultar de la instrucció del procediment.

Es tracta d'un jove espanyol resident a Picanya la família del qual comptava amb certa capacitat econòmica. Un dels membres de la família, d'origen pakistanés, es dedicava a negocis d'importació de vehicles, segons fonts consultades per aquest diari.

El supuesto cabecilla de Blocus, detenido en Picanya (Valencia) el pasado 30 de octubre, seleccionó personalmente a los integrantes del núcleo cerrado de la presunta organización criminal y aplicó de forma sistemática medidas de contravigilancia, anonimato y disimulación del rastro, según ha podido saber elDiario.es de fuentes judiciales. Sin embargo, esas precauciones no impidieron que los investigadores comandados por el Servicio de Información de la Guardia Civil lograron la identificación y localización de las IP de las cuentas con las que creó los grupos de Telegram en los que se hacían los llamamientos a los disturbios y los saqueos.

La investigación también ha acreditado que el joven, que estuvo en París antes de organizar los saqueos en España, seleccionó personalmente a, al menos, un menor de 17 años para una suerte de núcleo cerrado de Blocus.

Además de los públicos, el presunto líder de Blocus creó otros grupos privados en Signal. En esta última aplicación, gestionaba un grupo bautizado como “Blocus-Bcnprivado”. Los investigadores han detectado la coincidencia de los nombres de pila que aparecían en sus cuentas de TikTok e Instagram con los que se usaban para administrar los grupos de Telegram denominados “V” y Fuck AEAT“.

Una segunda cuenta vinculada al detenido figuraba como propietaria de los grupos que sustituyeron a los cerrados anteriormente. Por otro lado, el cabecilla de la presunta organización criminal, actualmente en prisión preventiva, elaboró el vídeo en el que, con voz distorsionada, anunciaba un nuevo canal denominado “Blocus4Bcn”.

El teléfono intervenido durante el registro del domicilio confirmó que el joven había editado los carteles de Blocus, así como el avatar del grupo, con una herramienta de Inteligencia Artificial. El historial del navegador del terminal telefónico también reseña que buscó herramientas para publicar automáticamente los carteles y los códigos QR.

La miriada de grupos llegó a reunir a miles de integrantes, mayoritariamente menores de edad, estableciendo un plan para el saqueo de comercios de lujo, en una primera jornada en Barcelona el pasado 24 de octubre (en una jornada que se saldó con la detención de 128 personas) y en una segunda convocatoria en varias ciudades de España coincidiendo con la noche de Halloween del 31 de octubre, abortada gracias a un gran despliegue policial.

El vídeo que le fue intervenido se grabó con su teléfono móvil –un iPhone 18 Pro– el pasado 28 de octubre. En la grabación, editada con el programa CapCut, hablaba en nombre de Blocus y hacía un llamamiento a nuevos saqueos para el 31 de octubre tras la primera jornada en Barcelona.

Joyerías, tiendas de lujo y grandes almacenes

La presunta organización criminal, según la Guardia Civil, había previsto reunir a los participantes el 31 de octubre en un punto general y comunicar después, mediante un chat privado, qué establecimientos carecían de presencia policial. En las conversaciones analizadas por el Servicio de Información del Instituto Armado se señalaban joyerías, tiendas de lujo y grandes almacenes.

El presunto líder de Blocus, al que la jueza ha prohibido el acceso a redes sociales, figura como investigado por los presuntos delitos de organización criminal destinada a la movilización e incitación a nivel nacional de terceros para cometer desórdenes públicos graves, robos con fuerza en establecimientos mercantiles y daños dolosos tanto a mobiliario público como a propiedad privada, sin perjuicio de una ulterior calificación de los hechos y de lo que pueda resultar de la instrucción del procedimiento.

Se trata de un joven español residente en Picanya cuya familia contaba con cierta capacidad económica. Uno de los miembros de la familia de origen paquistaní se dedicaba a negocios de importación de vehículos, según fuentes consultadas por este diario.

El Ayuntamiento de Alicante, goberando por el popular Luis Barcala, se ha escudado en la “imposibilidad técnica” de aportar los correos electrónicos solicitados por la jueza que investiga el escándalo de la adjudicación de las viviendas de protección pública del residencial Les Naus. La instructora había requerido los e-mails intercambiados a mediados de 2018 entre dos funcionarios del servicio de Patrimonio, actualmente jubilados. Sin embargo, el Servicio de Informática del consistorio, en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, esgrime la “antigüedad del periodo de tiempo de interés (de más de ocho años)”.

Además, la magistrada también solicitó la copia autenticada de los correos electrónicos enviados y recibidos desde la dirección de correo electrónico genérica del servicio de Patrimonio. En relación con esta última petición, solo se han podido recuperar los anteriores a junio de 2021.

El Ayuntamiento de Alicante también arguye que los periodos de retención de las copias de seguridad utilizados en el Ayuntamiento de Alicante en aquel tiempo: un año para las mensuales (las de mayor retención).

“Durante estos últimos ocho años se han venido utilizando tres sistemas de gestión de copias de seguridad diferentes e incluso un sistema de correo electrónico de los que ya no se conservan elementos de ningún tipo al no tener uso alguno y al haber expirado las últimas copias de seguridad vigentes almacenadas en esos sistemas de copias de seguridad”, indica el escrito.

Por el contrario, el actual sistema de copias de seguridad del correo electrónico, en funcionamiento desde el pasado 2024, mantiene una retención de cinco años para las copias mensuales y de un año para las diarias.

“Más atrás de estas fechas no se dispone de copias de seguridad del correo, y por lo tanto no existe evidencia alguna de cualquier buzón que se hubiese eliminado con anterioridad a esa fecha, ni del contenido en el periodo de interés para el caso de los buzones que aún puedan seguir existiendo en estos momentos”, según abunda el escrito, firmado por tres funcionarios.

Els presumptes narcos del port de València usaven la PlayStation, “a més de per a jugar partides en línia”, com a “mitjà de comunicació” segur per a les seues activitats d'importació de cocaïna a gran escala, segons indica un informe recent de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat (UDYCO) de la Policia Nacional incorporat al sumari de l''Operació Spider'.

L'informe, al qual ha tingut accés elDiario.es, analitza el contingut del telèfon intervingut a l'investigat Julián L. R. i detecta que Ramón O. P., també imputat, li va enviar un àudio en què li deia: “Mano, llámame cuando puedas o conéctate a la play”.

Per part de la UDYCO “no hi ha cap dubte” que els presumptes narcos usaven la consola per a comunicar-se, concretament amb els models PS4 o PS5, que compten amb la “possibilitat de fer telefonades i xats de veu”.

Un segon informe, al qual també ha tingut accés aquest diari, va detectar un fet “especialment cridaner”: Ramón O. P., segons consta en el terminal telefònic que li va ser intervingut, va demanar “literalment” a ChatGPT: “Necesito un nombre vacilón para una aplicación encriptada anónima. ¿Me puedes ayudar?”.

El fet que a l'investigat se li intervinguera un únic telèfon —“social”, destinat a la vida quotidiana legal— sense cap aplicació encriptada, unit als múltiples indicis que els presumptes narcos sabien que una operació policial els trepitjava els talons, porta l'analista de la UDYCO a concloure que el telèfon de seguretat de Ramón O. P., usat per a activitats il·lícites, “hauria sigut destruït o ocultat en un lloc segur davant la previsió que serien detinguts”.

Els investigadors recorden que, tal com es desprén de les nombroses proves que reuneix el sumari, els presumptes narcos comptaven amb telèfons de seguretat i es comunicaven mitjançant “aplicacions encriptades i de xifratge militar”, com ara Zangi, “per a tractar els temes criminals”.

“Tot apunta que van adquirir terminals completament nous o van mantindre només els telèfons socials, assumint que en cas d'intervenció policial no s'obtindria informació que els comprometera”, indica l'informe.

La UDYCO situa Julián L. R. i Ramón O. P., juntament amb Daniel N. O. —cosí de l'anterior—, a les ordres tant del “clan” capitanejat pel narcoportuari Ramón B. P. com del “liderat” per Iván T. R. i Borja M. R..

Tots dos clans, que rivalitzaven entre ells “en segons quins aspectes”, usaven els “recursos” logístics del grup format per Julián L. R., Ramón O. P. i Daniel N. O., com ara la prestació de camions, d'homes 'aranya' que escalen els contenidors apilats al port o d'ordres de transport “viciades”.

L'informe involucra els presumptes narcos “de manera directa” en sis partides de cocaïna introduïts al port de València mitjançant el sistema del ganxo cec o rip-off, introduint la cocaïna en un contenidor amb mercaderia legal i sense el coneixement de les empreses exportadora i importadora. Exercien un “paper d'organització, preparació i supervisió directa de les extraccions”.

Tots dos clans col·laboraven puntualment. Així es desprén d'un seguiment policial que va presenciar una trobada entre Ramón B. P. i Iván T. R. en què “s'abracen fent salts i mantenen una actitud d'alegria”. Un dels agents de la UDYCO, malgrat les mesures de seguretat dels investigats, va aconseguir captar la conversa entre els dos caps:

—Iván: “Al final todo ha salido bien, esto lo celebramos por todo lo alto en Ibiza”.

—Ramón: “No las tenía todas conmigo, pero ahora sí que hemos cogido bien”.

La conversa, culminada amb abraçades repetides, es va produir quatre dies després que s'introduïra el descarregament el 6 de juny de 2025. Tanmateix, 80 quilos d'aquell carregament van quedar abandonats al port de València, per la qual cosa la UDYCO considera que, en haver “fallat” aquell grup logístic, la presumpta organització criminal va recórrer als equips d'extracció controlats per Jonatan G. C. per a la següent partida —d'1,1 tones de cocaïna—, esdevingut el 18 de juliol de 2025.

La posició “superior” del portuari Ramón B. P.

L'informe al·ludeix a la “posició de lideratge” de Ramón B. P., un portuari classificador, dins de l'organització criminal. Els béns i el patrimoni que la investigació li atribueix resulten “clarament molt superiors als que un sou de portuari, per elevat que siga, pot sostindre”, anota l'informe. La seua posició “superior” respecte de la resta de narcoportuaris es desprén de la seua capacitat de “disposar de les dades i del contacte directe amb les persones que realitzen la càrrega de la partida a Sud-amèrica”.

La UDYCO vincula el narcoportuari amb cinc dels descarregaments, amb un pes total de 2,1 tones de cocaïna. Es tracta, en definitiva, d'un personatge “d'importància vital en l'estructura criminal”, que ocupa una “posició de responsabilitat, poder i control” en les operacions de narcotràfic.

Els investigadors també assenyalen un altre presumpte narcoportuari que exerceix, sota el paraigua de Ramón B. P., una “posició de privilegi”: José Francisco B. R., que “manté els contactes en origen i in itinere que li permeten conéixer de manera prèvia la situació del contenidor marítim contaminat objecte del seu interés”.

José Francisco B. R., en una conversa amb un dels agents encoberts de la Policia Nacional, va reconéixer que comptava amb un “grup” capaç de tornar un contenidor apartat per a ser sotmés a revisió a la pila on estava prèviament, evitant així la temuda inspecció. Això sí, l'operació costava el 50% de la droga ocultada en el contenidor.

El 'notari' i l'aranya'

Sota la batuta de la “facció” de Ramón B. P. actuava en diversos dels contrabans el “grup d'acció directa en l'estructura criminal” format per Julián L. R., Ramón O. P. i Daniel N. O., que s'encarregava de la “logística i direcció” per a dur a terme les extraccions de cocaïna en la infraestructura portuària.

L'informe descriu dos actors fonamentals que romanien amagats a la cabina dels camions durant la recuperació del carregament de cocaïna: els 'notaris', que donaven fe de l'extracció de les partides, i els homes 'aranya', que escalaven fins als contenidors apilats a la terminal portuària.

Per a això comptaven amb una escala telescòpica, cisalles i bosses de ràfia com les bosses de plàstic de certes dimensions que proporcionen els supermercats als clients. La UDYCO detalla en el seu informe l'operatiu per a intervindre el descarregament de l'1 de juliol de 2024, de 460 quilos de cocaïna, dissimulat en el contenidor UACU3996216, de color verd, situat en una tercera altura a la terminal APM del moll de Llevant del port de València.

Malgrat les tasques de contravigilància que van dificultar “enormement” els seguiments, els investigadors van aconseguir vincular fefaentment Julián L. R., Ramón O. P. i Daniel N. O. amb el dispositiu per a recuperar el carregament. Després de la confiscació dels 460 quilos de cocaïna, els dos primers “s'autoinculpen verbalment i de manera directa” davant un dels infiltrats policials.

El presumpte cap de Blocus, detingut a Picanya (València) el passat 30 d'octubre, s'havia desplaçat anteriorment a París abans d'organitzar saquejos a Espanya i havia registrat un dels comptes de Telegram que usava per a convocar disturbis amb un telèfon de Turquia, país al qual havia viatjat en nombroses ocasions, segons ha pogut saber elDiario.es de fonts judicials.

La investigació de la Guàrdia Civil, després de l'anàlisi del telèfon mòbil i dels dos ordinadors intervinguts en l'escorcoll del seu domicili, ha determinat que es tracta de l'administrador dels grups de Telegram, amb milers de subscriptors, que van efectuar les crides als saquejos a Barcelona durant la jornada de disturbis del passat 24 d'octubre, que es va saldar amb la detenció de 128 persones, 78 de les quals menors d'edat.

La titular de la plaça número 2 de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de Torrent va justificar la presó provisional sense fiança per la possible destrucció de proves i pel risc de reiteració delictiva i d'una eventual fugida, ja que el detingut comptava amb facilitat per a desplaçar-se i amb recursos econòmics suficients.

La magistrada, coincidint amb la postura de la Fiscalia, també va ordenar el tancament dels seus comptes i la prohibició que accedisca a qualsevol xarxa social durant la seua estada a la presó de Picassent.

El jove disposava de capacitat per a organitzar els disturbis amb una rapidesa cridanera i de manera coordinada, segons fonts judicials, que destaquen la facilitat per a mobilitzar a les xarxes socials menors d'edat en diverses ciutats d'Espanya amb l'únic objectiu de cometre desordres públics.

Els investigadors del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil han acreditat que el detingut administrava els grups de Telegram i un compte privat de l'aplicació Signal des del seu telèfon iPhone 18 Pro. En un dels grups, batejat com “Fuck AEAT”, presumia de ser l'administrador dels grups “Blocus BCN2” i “Blocus BCN-2”, ja tancats.

En aquest últim grup, també va penjar el passat 28 d'octubre un vídeo en què apareixia amb el rostre cobert i s'autoproclamava líder de Blocus a Espanya. La identificació i localització de l'ID dels seus comptes va conduir a la seua detenció.

Mesures de contravigilància

El suposat cap de Blocus havia seleccionat els membres d'un nucli tancat de l'organització i aplicava mesures de contravigilància i d'anonimat, segons la investigació.

També se li atribueix el disseny de diversos cartells que cridaven als saquejos a Barcelona, com també l'avatar del grup Blocus i codis QR, elaborats amb una eina d'intel·ligència artificial des del seu terminal telefònic.

Els canals, tant públics a Telegram com privats a Signal, promovien la difusió massiva de crides al saqueig de comerços de luxe, que es va estendre també a l'aplicació WhatsApp.

El líder de la presumpta organització criminal va elaborar un vídeo en què apareixia amb la veu distorsionada cridant als saquejos en diverses ciutats espanyoles per al passat 30 d'octubre, avortats per un gran desplegament policial.

L'home figura com a investigat pels presumptes delictes d'organització criminal destinada a la mobilització i incitació, a escala nacional, de tercers per a cometre desordres públics greus, robatoris amb força en establiments mercantils i danys dolosos tant al mobiliari públic com a la propietat privada, sense perjudici d'una qualificació posterior dels fets i del que puga resultar de la instrucció del procediment.

Los presuntos narcos del Puerto de València usaban la PlayStation, “además de para jugar partidas online”, como “medio de comunicación” segura para sus actividades de importación de cocaína a gran escala, según indica un reciente informe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional incorporado al sumario de la 'Operación Spider'.

El informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, analiza el contenido del teléfono intervenido al investigado Julián L. R. y detecta que Ramón O. P., también imputado, le envió un audio en el que le decía: “Mano, llámame cuando puedas o conéctate a la play”.

Por parte de la UDYCO “no se alberga duda alguna” de que los presuntos narcos usaban la consola para comunicarse, concretamente con los modelos PS4 o PS5, que cuentan con la “posibilidad de realizar llamadas y chats de voz”.

Un segundo informe, al que también ha tenido acceso este diario, detectó un hecho “especialmente llamativo”: Ramón O. P., según consta en el terminal telefónico que le fue intervenido, pidió “literalmente” a ChatGPT: “Necesito un nombre vacilón para una aplicación encriptada anónima. ¿Me puedes ayudar?”.

El hecho de que al investigado se le interviniera un único teléfono (“social”, destinado para la vida cotidiana legal) sin ninguna aplicación encriptada, unido a los múltiples indicios de que los presuntos narcos sabían que una operación policial les pisaba los talones, lleva al analista de la UDYCO a concluir que el teléfono de seguridad de Ramón O. P., usado para actividades ilícitas, “habría sido destruido u ocultado a buen resguardo ante la previsión de que iban a ser detenidos”.

Los investigadores recuerdan que, tal como se desprende de las numerosas pruebas que reúne el sumario, los presuntos narcos contaban con teléfonos de seguridad y se comunicaban mediante “aplicaciones encriptadas y de cifrado militar”, tales como Zangi, “para tratar los temas criminales”.

“Todo apunta a que adquirieron terminales completamente nuevos o mantuvieron solo los teléfonos sociales, asumiendo que en caso de intervención policial no se obtendría información que les comprometiese”, indica el informe.

La UDYCO encuadra a Julián L. R. y Ramón O. P., junto con Daniel N. O. (primo del anterior), a las órdenes tanto del “clan” capitaneado por el narcoportuario Ramón B. P. como del “liderado” por Iván T. R. y Borja M. R.

Ambos clanes, que rivalizaban entre ellos “en según qué aspectos”, usaban “los ”recursos“ logísticos del grupo formado por Julián L. R., Ramón O. P. y Daniel N. O., tales como la prestación de camiones, de hombres 'araña' que escalan a los contenedores apilados en el Puerto o de órdenes de transporte ”viciadas“.

El informe involucra a los presuntos narcos “de forma directa” en seis alijos de coca introducidos en el Puerto de València mediante el sistema del gancho ciego o ripp off, introduciendo la coca en un contenedor con mercancía legal y sin el conocimiento de las empresas exportadora e importadora. Ejercían un “papel de organización, preparación y supervisión directa de las extracciones”.

Ambos clanes colaboraban puntualmente. Así se desprende de un seguimiento policial que presenció un encuentro entre Ramón B. P. e Iván T. R. en el que “se abrazan dando saltos y mantienen una actitud de alegría”. Uno de los agentes de la UDYCO, pese a las medidas de seguridad de los investigados, logró captar la conversación entre los dos capos:

—Iván: “Al final todo ha salido bien, esto lo celebramos por todo lo alto en Ibiza”.

—Ramón: “No las tenía todas conmigo, pero ahora sí que hemos cogido bien”.

La conversación, coronada con repetidos abrazos, se produjo cuatro días después de que se introdujera el alijo del 6 de junio de 2025. Sin embargo, 80 kilos de aquel cargamento quedaron abandonados en el Puerto de València, por lo que la UDYCO considera que al haber “fallado” ese grupo logístico, la presunta organización criminal recurrió a los equipos de extracción controlados por Jonatan G. C. para el siguiente alijo (de 1,1 toneladas de coca), acaecido el 18 de julio de 2025.

La posición “superior” del portuario Ramón B. P.

El informe alude a la “posición de liderazgo” de Ramón B. P., un portuario-clasificador, en el seno de la organización criminal. Los bienes y el patrimonio que la investigación le atribuye resultan “claramente muy superiores a los que un sueldo de portuario, por elevado que sea, puede sostener”, anota el informe. Su posición “superior” respecto al resto de narcoportuarios se desprende de su capacidad de “disponer de los datos y el contacto directo con las personas que realizan la carga del alijo en Sudamérica”.

La UDYCO vincula al narcoportuario con cinco de los alijos, por un peso total de 2,1 toneladas de coca. Se trata, en definitiva, de un personaje “de vital importancia en la estructura criminal”, que ostenta una “posición de responsabilidad, poder y control” en las operaciones de narcotráfico.

Los investigadores también señalan a otro presunto narcoportuario que ejerce, bajo el paraguas de Ramón B. P., una “posición de privilegio”: José Francisco B. R., quien “mantiene los contactos en origen y en itinere que le permiten conocer de forma previa la situación del contenedor marítimo contaminado objeto de su interés”.

José Francisco B. R., en una conversación con uno de los agentes encubiertos de la Policía Nacional, reconoció que contaba con un “grupo” capaz de devolver un contenedor apartado para ser sometido a revisión a la pila en la que estaba previamente, evitando así la temida inspección. Eso sí, la operación costaba el 50% de la droga ocultada en el contenedor.

El 'notario' y la 'araña'

Bajo la batuta de la “facción” de Ramón B. P. actuaba en varios de los alijos el “grupo de acción directa en la estructura criminal” formado por Julián L. R., Ramón O. P. y Daniel N. O., que se encargaba de la “logística y dirección” para llevar a cabo las extracciones de cocaína en la infraestructura portuaria.

El informe describe dos actores fundamentales que permanecían escondidos en la cabina de los camiones durante la recuperación del cargamento de coca: los 'notarios', que daban fe de la extracción de los alijos, y los hombres 'araña', que escalaban hasta los contenedores apilados en la terminal portuaria.

Para ello contaban con una escalera telescópica, cizallas y bolsas de rafia como las de plástico de ciertas dimensiones que proporcionan los supermercados a los clientes. La UDYCO detalla en su informe el operativo para intervenir el alijo del 1 de julio de 2024, de 460 kilos de coca, disimulado en el contenedor UACU3996216 de color verde situado en una tercera altura en la terminal APM del muelle de Levante del Puerto de València.

A pesar de las labores de contravigilancia que dificultaron “enormemente” los seguimientos, los investigadores lograron vincular fehacientemente a Julián L. R., Ramón O. P. y Daniel N. O. con el dispositivo para recuperar el cargamento. Tras la incautación de los 460 kilos de coca, los dos primeros “se autoinculpan verbalmente y de forma directa” ante uno de los infiltrados policiales.

El presunto cabecilla de Blocus, detenido en Picanya (Valencia) el pasado 30 de octubre, se había desplazado a París antes de organizar los saqueos en España y había registrado una de las cuentas de Telegram que usaba para convocar los disturbios con un teléfono de Turquía, país al que había viajado en numerosas ocasiones, según ha podido saber elDiario.es de fuentes judiciales.

La investigación de la Guardia Civil, tras el análisis del teléfono móvil y de los dos ordenadores que se intervinieron en el registro de su domicilio, ha determinado que se trata del administrador de los grupos de Telegram, con miles de suscriptores, que efectuaron los llamamientos a los saqueos en Barcelona para la jornada de disturbios del pasado 24 de octubre, que se saldó con la detención de 128 personas (78 de ellas menores de edad).

La titular de la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrent justificó la prisión provisional sin fianza por la posible destrucción de pruebas y por el riesgo de reiteración delictiva y de una eventual fuga, al contar el detenido con facilidad para desplazarse y con suficientes recursos económicos.

La magistrada, coincidiendo con la postura de la Fiscalía, también ordenó el cierre de sus cuentas y la prohibición de que acceda a cualquier red social durante su estancia en la prisión de Picassent.

El joven contaba con capacidad para organizar los disturbios con llamativa rapidez y de forma coordinada, según fuentes judiciales, que destacan la facilidad de movilizar en redes sociales a menores de edad en varias ciudades de España con el único objetivo de cometer desórdenes públicos.

Los investigadores del Servicio de Información de la Guardia Civil han acreditado que el detenido administraba los grupos de Telegram y una cuenta privada de la aplicación Signal desde su teléfono iPhone 18 pro. En uno de los grupos, bautizado como “Fuck AEAT”, alardeaba de ser el administrador de los grupos “Blocus BCN2 y ”Blocus BCN-2“, ya cerrados.

En este último grupo, también colgó el pasado 28 de octubre un vídeo en el que aparecía con el rostro cubierto y autoproclamándose líder de Blocus en España. La identificación y localización de la ID de sus cuentas condujo a su arresto.

Medidas de contravigilancia

El supuesto cabecilla de Blocus había seleccionado a los miembros de un núcleo cerrado de la organización y aplicaba medidas de contravigilancia y de anonimato, según la investigación.

También se le atribuye el diseño de varios carteles llamando a los saqueos en Barcelona, así como el avatar del grupo Blocus y códigos QR, elaborados por una herramienta de inteligencia artificial desde su terminal telefónico.

Los canales, tanto públicos en Telegram como privados en Signal, promovían la difusión masiva de llamamientos para el saqueo de comercios de lujo, que se extendió también a la aplicación WhatsApp.

El líder de la presunta organización criminal elaboró un vídeo en el que aparecía con la voz distorsionada llamando a los saqueos en varias ciudades españolas para el pasado 31 de octubre, abortados por un gran despliegue policial.

El hombre figura como investigado por los presuntos delitos de organización criminal destinada a la movilización e incitación a nivel nacional de terceros para cometer desórdenes públicos graves, robos con fuerza en establecimientos mercantiles y daños dolosos tanto a mobiliario público como a propiedad privada, sin perjuicio de una ulterior calificación de los hechos y de lo que pueda resultar de la instrucción del procedimiento.

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