La jueza de la dana ha reiterado en un auto dictado este viernes que no ve responsabilidad penal alguna en la actuación de los alcaldes de las localidades afectadas por las inundaciones el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. Una postura, por otro lado, avalada reiteradamente por la Audiencia Provincial de Valencia durante la instrucción del procedimiento. La magistrada rechaza así las diligencias solicitadas en ese sentido por el abogado Ximo Esteve, que ejerce una de las acusaciones particulares en el marco de la causa.

Por el contrario, la instructora recuerda que la consellera competente en materia de protección civil era la investigada Salomé Pradas, que junto con el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ostentaban el día de autos la dirección del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones. “Existe una diferencia radical con la administración local en la competencia en la dirección del plan”, explica el auto, en referencia al “manejo de información” y a las “múltiples herramientas de organización y medios de los que se dispone” la Generalitat desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

Además, la jueza remacha que “quienes ostentaban el mando de la emergencia en la Administración autonómica” —Pradas y Argüeso— “contaban con un extenso caudal de información”, que incluye la Aemet, la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), los medios de comunicación e, “igualmente”, la Confederación Hidrográfica del Júcar o las llamadas al 112.

“A su vez podían ser asistidos por más personal cualificado en emergencias en la reunión del Cecopi. Cuestión distinta es que, pese a ello, los directores del Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana desconocieran las competencias que les correspondían, o se les plantearan dudas jurídicas sin sustento real, desconectadas con lo que es la necesaria y urgente salvaguarda de la población”, afirma la resolución.

La tesis de las defensas y del PP, “difícilmente sostenible”

Por otro lado, la jueza ve “especialmente significativa” la información que le aportó por teléfono la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, sobre el desbordamiento del barranco de Horteta, tributario del Poyo. Mompó, según recuerda la magistrada, participaba en el Cecopi y mantenía una “comunicación fluida y constante” con la consellera Pradas. Mompó fue citado a declarar por segunda vez después de que Folgado desvelara el aviso.

A esa llamada de las 18.38 se sumó una segunda, a las 19.10, dirigida directamente al secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, según destaca el auto.

A la jueza le resulta “difícilmente sostenible” la tesis de que el Cecopi desconocía el estado del barranco del Poyo. También destaca la “carencia de instrucciones” al Centro de Emergencias, que se desprende del audio de una llamada del Ayuntamiento de Utiel para pedir medidas de coordinación en la que un técnico de la Generalitat responde: “Nosotros nunca nos coordinamos en nada”.

La comisaria de aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Cristina Sola, ha confirmado este viernes ante la jueza de la dana que la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos, conocía la situación en el barranco del Poyo.

La testigo ha explicado que, tras la pausa más larga de la reunión, poco después de las 19.00, los participantes de la CHJ fueron conectados de nuevo a la sesión telemática y quedaron “sorprendidos de que no se había mandado nada”, ha dicho Sola en referencia al Es-Alert, acordado previamente. En ese momento “se habla del Poyo específicamente”, ha apostillado la comisaria de aguas, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de su testifical.

Además, hasta tres cargos del PP que participaban presencialmente en la reunión del Cecopi —el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso (investigado en la causa); el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y el diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell— fueron alertados por alcaldesas de su mismo partido del desbordamiento de la rambla del Poyo, tanto en cabecera como en uno de sus principales barrancos tributarios, tal como ha informado este diario.

Cristina Sola ha detallado que el presidente de la CHJ, Miguel Polo, intervino varias veces en la reunión para exponer la delicada situación en la presa de Forata, que había pasado al nivel 2 del Plan de Emergencias de la infraestructura hidráulica. “Tuvo que explicar lo que era, la gente no estaba familiarizada con esos temas”. Se trata, según ha dicho, de un plan de emergencias “muy protocolizado”.

Media hora después del inicio de la reunión del Cecopi, sobre las 17.30, empezó el desembalse de la presa de Forata, cuyas compuertas ya estaban abiertas desde mucho antes de la dana. Fue, según ha explicado Sola, un “beneficio de protección”, sin cuyo papel “los daños hubieran sido mayores”. “La presa ayudó a que los caudales fueran menores”, ha afirmado, en la misma línea mantenida por todos los peritos que han declarado en el marco de la causa.

Las intervenciones de la CHJ en el Cecopi, en los momentos en que la reunión no permanecía pausada, se centraron en la situación de la presa de Forata. La testigo ha recordado que el Centro de Emergencias contaba con la información cincominutal sobre los caudales del barranco del Poyo en abierto, disponible en la página web del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHJ, además de los avisos automático recibidos en el Centro de Emergencias (el más relevante a las 18.43 no fue agregado hasta media hora más tarde al 'CoordCom', el sistema de coordinación operativa con agencias como los Bomberos).

Por otra parte, nadie del Cecopi consultó a la CHJ sobre los datos del caudal. “No preguntaron nada de dudas de datos de control ni nada relativo al SAIH”, ha afirmado Cristina Sola.

En Emergencias “acceden” al SAIH, “es su día a día”

Preguntada insistentemente sobre el asunto por parte del fiscal, la testigo ha esgrimido, en referencia al Centro de Emergencias: “Ellos saben lo que es y acceden a la información, hay un dato cada cinco minutos, es su día a día y saben lo que es la red SAIH y está a su disposición”.

“Nadie [del Cecopi] pidió información tan específica de traducción de caudales”, ha afirmado Sola. En todo caso, los representantes de la CHJ expusieron en la reunión que se trataba de caudales “muy preocupantes”, tanto en la rambla del Poyo como en el Magro o el Turia, entre otros puntos de la provincia de Valencia, en el marco de una “situación extraordinaria” con eventuales “avenidas de un periodo de retorno de 500 años”.

Por ello, los participantes de la CHJ insistieron en el Cecopi para que se enviara el Es-Alert cuanto antes. Sin embargo, la testigo percibió que la toma de decisiones se eternizaba con debates sobre “temas legales”, a pesar de que a la entonces consellera Salomé Pradas, principal investigada en la causa, “se le explicó que podía hacer lo que considerara” en materia de respuesta a la emergencia de la dana.

La testigo también ha recordado que el “seguimiento intensivo”, a partir de la alerta hidrológica, e incluso desde la activación inicial del escenario 0 del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones, corresponde al Centro de Emergencias de la Generalitat, “que sabe que eso es así y que debe consultar los datos que están a disposición”. 

Las pausas del Cecopi: “No dan explicaciones”

Por otra parte, la comisaria de aguas ha recordado que, cuando se envió a Emergencias el aviso automático del caudal en el Poyo a las 18.43, los representantes de la CHJ en el Cecopi estaban “desconectados”. El aviso se remitió “por el conducto habitual” y estaba “a disposición” de Emergencias, según ha abundado. “En el momento en que se manda el mensaje, la pantalla estaba en negro”, ha relatado.

Cristina Sola también ha detallado las pausas en la reunión del Cecopi, especialmente las más largas: “No dan explicaciones, desde que nos desconectan no sabemos qué sucede y pasa mucho tiempo”, ha lamentado.

Las desconexiones a los participantes telemáticos en la reunión (incluyendo también a la Delegación del Gobierno, a la Guardia Civil o a la Aemet) fueron constantes desde la primera fase de la reunión. Una vez que Miguel Polo alertó sobre la situación en la presa de Forata, al inicio del Cecopi, “piden un receso para pensar” y la reunión “se interrumpe”, según ha dicho Sola.

“El siguiente descanso ya sí que fue muy largo”, ha apostillado. Cuando fueron conectados de nuevo, los representantes de la CHJ se desesperaron por el hecho de que aún no se había enviado el Es-Alert a los móviles de la población, a pesar de que “la situación era muy crítica en muchas zonas” y “los caudales iban todos muy llenos”, según la comisaria de aguas.

El juicio al futbolista Rafa Mir (Cartagena, 1997) quedó este jueves visto para sentencia tras una maratoniana vista oral seguida muy de cerca por la prensa deportiva, no siempre conocedora de los complejos vericuetos del derecho procesal penal, y con dos versiones opuestas por parte de las acusaciones y de la defensa centradas en la noción de consentimiento. A pesar de que, poco antes del juicio, ambas partes parlamentaron sobre un eventual pacto de conformidad, las defensas entraron finalmente a la sala dispuestas a cuestionar la solidez del relato de las dos denunciantes. La causa, irremediablemente, remite por ciertos paralelismos al juicio al futbolista Dani Alves, condenado en primera instancia por la Audiencia de Barcelona a cuatro años y medio de prisión por agresión sexual y absuelto luego por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en una sentencia pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo.

La Fiscalía pide para Mir una pena de 10 años y medio de prisión y para Pablo Jara, también futbolista, tres años de cárcel, por un presunto delito de agresión sexual (en el caso del segundo, la acusación pública agrega el de lesiones leves). Los hechos sucedieron la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en un reservado de la discoteca Mya y en el chalet del entonces delantero del Valencia CF en una exclusiva urbanización de Bétera, donde residen gran parte de los jugadores del club. Mir tuvo un escarceo amoroso consentido con una mujer de 21 años a la que conoció aquella misma noche en la discoteca situada en L'Umbracle de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y, cuando poco antes de las 7.00 de la mañana cerró el club nocturno —uno de los epicentros del ocio pijo en la ciudad—, les propuso a ella y a una amiga de la joven irse junto con otros amigos suyos a su piscina en la urbanización Torre en Conill.

Durante el trayecto, el futbolista se besó con la amiga. La otra chica con la que se había besado en el reservado, según coinciden todas las versiones, aprovechó una parada en un semáforo y pasó al asiento del copiloto, molesta por la actitud del delantero. A la llegada al chalet, en el que también estaba un amigo de las chicas y otro de los dos futbolistas, Mir mantuvo relaciones consentidas en un cuarto de lavandería con la mujer con la que se había besado en el coche de camino.

Al salir, unos 10 minutos después, según detalló, el acusado vio “enfadada” a la otra joven, con la que se había besado en la discoteca, y para tratar de animarla la tiró vestida a la piscina. Las versiones de las acusaciones y de las defensas divergen diametralmente a partir de ese momento: la denunciante dijo en la vista oral, tal como había mantenido a lo largo de la instrucción, que Rafa Mir la besó y le introdujo los dedos en su vagina sin su consentimiento. También que no la dejaba salir de la piscina.

Por el contrario, el futbolista reconoció en el juicio que introdujo sus dedos en la vagina de la joven, pero alegó que fue con su pleno consentimiento.

En la segunda escena, en uno de los baños del chalet después de salir de la piscina, las versiones también difieren exactamente igual. La joven relató que Mir la llevó hasta el excusado de malas formas y volvió a besarla y a introducirle los dedos en su vagina, a pesar de estar en pleno ataque de ansiedad. La amiga de la chica llamó insistentemente a la puerta y ésta pudo salir del baño, que Mir había cerrado con pestillo, según declaró la denunciante. La mujer, muy alterada y sin llegar a explicarle lo que había pasado, no hacía más que pedir a su amiga que llamara a su padre (ella se había dejado su móvil en la discoteca).

Las defensas enarbolan la tesis de los celos

El futbolista, así como el amigo de los dos acusados, manifestaron en el juicio que se trató de una discusión entre ambas chicas por mantener relaciones con Mir. De hecho, las defensas del delantero y de Jara enarbolaron la tesis de los supuestos celos para explicar toda la situación de principio a fin. Una cámara de videovigilancia instalada en el interior de la vivienda, según confirmó la Guardia Civil durante las pesquisas posteriores, no estaba aún en funcionamiento el día de autos, privando así al procedimiento de una prueba muy relevante.

En una tercera fase, entró en escena Pablo Jara, el otro futbolista. Una de las dos chicas denunció que Jara (a quien también acusa de haberla agredido sexualmente) le propinó un “puñetazo” cuando ambas salían de la vivienda y que, inmediatamente después, le quitó la toalla que llevaba, dejándola en plena calle prácticamente desnuda (únicamente llevaba un tanga). Los futbolistas, así como el testigo de la defensa amigo de ambos, adujeron que las dos chicas estaban montando un tremendo escándalo en el tranquilo recinto de la más adinerada clase alta valenciana.

En ese momento, un vecino de la lujosa urbanización paseaba a su perro. La denunciante de Rafa Mir le pidió al hombre si podía usar su teléfono para llamar a su padre. El dueño del can, que percibió una escena “violenta”, con una joven agazapada para intentar tapar su cuerpo y otra a su lado con ojos de haber sollozado, avisó directamente a la seguridad privada de la urbanización, en manos de la empresa Levantina de Seguridad, propiedad de un histórico dirigente neofascista y muy conocida en València.

Las primeras pesquisas de la Policía Local

La firma vigila varias urbanizaciones de alto nivel en esa zona y, según dijo el propio Mir, mantiene relaciones fluidas con el Valencia CF, al habitar en Torre en Conill muchos de sus jugadores y directivos. El guardia de seguridad avisó a la Policía Local de Bétera, que no se lució precisamente en sus pesquisas iniciales, tal como destacó la fiscal en la exposición de su informe de conclusiones.

Los uniformados, según declararon en el juicio, llegaron a la entrada del chalet de Rafa Mir y una de las jóvenes denunció que Pablo Jara, de quien desconocía su nombre y apellidos al haberlo conocido la noche anterior, le había propinado un “puñetazo” (o dado un “manotazo”, según dijeron los policías).

Mir había salido previamente ante el escándalo que se estaba montando a la puerta de su vivienda un domingo a primera hora de la mañana. Cuando le pidieron que identificara al supuesto agresor, que se escondía dentro de su chalet, el delantero les dio una identidad de su amigo falsa (dijo que se trataba de un tal Antonio), tal como reconoció el propio acusado en la vista oral, escudándose en que le “sabía mal” revelar quién era realmente Jara, pese a tratarse de agentes de la autoridad con placa y pistola.

El futbolista les ofreció acceder a la vivienda para ver dónde estaba Pablo Jara y los policías se quedaron en el rellano mientras Rafa Mir recorría las numerosas estancias, incluido el sótano, diciendo que allí no había nadie, en una escena que así descrita resonó ciertamente surrealista en la sala de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia.

No optaron por revisar ellos mismos el domicilio, pese a la autorización previa del propietario de la morada, porque inicialmente se trataba de una denuncia menor por lesiones leves y por temor a los bienes de alto valor que suelen decorar ese tipo de chalets de Torre en Conill. Además, según explicó uno de los policías, pensaron que cuando se interrogara más adelante a Mir ya confesaría quién era su amigo. Una actuación radicalmente garantista que seguro que habrían protagonizado exactamente igual en una vivienda proletaria, pensó irónicamente más de uno en la sala. Las diligencias de la Policía Local fueron modificadas al día siguiente para incluir, por fin, la identidad real de Pablo Jara, que había llamado a la comisaría para identificarse.

Todos los uniformados aseguraron que desconocían que el sujeto que los recibió era futbolista del Valencia CF. Una de las dos jóvenes se prestó a contarle a una policía lo que había pasado dentro de la vivienda. La uniformada, muy nerviosa en su testifical, aseguró que la joven manifestó que las relaciones habían sido consentidas y que, cuando le pidió a Rafa Mir que parara al sentirse incómoda, el futbolista accedió a ello. Los otros agentes confirmaron esa versión. Uno de ellos, de mayor rango, declaró que le preguntó a la mujer insistentemente si había habido consentimiento.

“Sangría de contradicciones” o relato “consistente y coherente”

Las dos chicas, que declararon en la vista oral protegidas por un paraban, aportaron una versión distinta y se quejaron de que en todo momento percibieron que los policías no las creyeron y que incluso se burlaron de ellas. El padre de la joven, que cuando llegó a recogerlas vio el despliegue de policías y guardias de seguridad y se asustó, también cuestionó el papel de los uniformados que, básicamente, le dijeron que allí paz y después gloria, que en definitiva no había pasado nada grave.

El hombre llevó primero a un hospital a la amiga de su hija, que quería denunciar la supuesta agresión de Pablo Jara. Luego le insistió a su hija para que le contara todo lo que había sucedido y la joven estudiante universitaria le relató que Mir la había agredido sexualmente, por lo que, tras consultar con una abogada, la llevó a un hospital para que le practicaran una prueba ginecológica y, posteriormente, denunciara los hechos ante la Guardia Civil.

El agente del Equipo Mujer-Menor (Emume) del instituto armado que instruyó las diligencias avaló en el juicio el relato de la joven como coherente y mantenido intacto a lo largo de la instrucción y dijo que la chica expresó su “miedo a denunciar” al futbolista al ser una “persona famosa”. La fiscal, en la misma línea, esgrimió que la versión de ambas mujeres ha sido siempre “consistente y coherente”.

La representante del Ministerio Público también lamentó la revictimización de las dos jóvenes, en el contexto de una causa muy mediática. De hecho, en el interrogatorio a la denunciante de Mir, el presidente del tribunal preguntó amplia y repetidamente a la mujer si estaba total y fehacientemente segura de que el futbolista le había introducido del todo los dedos en la vagina, con una detallada descripción del órgano genital femenino; una cuestión sin duda trascendental a la hora de establecer los hechos probados, de dictar una sentencia condenatoria o absolutoria o de aplicar uno u otro tipo penal, pero expresada sin demasiada sutileza. “Yo noto si me están introduciendo los dedos”, adujo la joven.

Por el contrario, las defensas cuestionaron de plano la “sangría de contradicciones” de las dos chicas (según la expresión del abogado de la defensa de Rafa Mir) y enmarcaron las denuncias a los futbolistas en un “puzzle” (esta fórmula la dijo el letrado de Pablo Jara) creado por las dos mujeres para disimular que todo habría sido por los celos mutuos.

Llamada al “asesor” de Rafa Mir antes de irse a dormir

El juicio, de siete horas, quedó visto para sentencia. En la vista oral también afloró —sobrevolando la causa— el papel de los clubs de fútbol en este tipo de comprometedores procedimientos que afectan fuera del estadio a sus estrellas, fichadas a golpe de talonario.

Lo primero que hizo Rafa Mir antes de irse a dormir aquella mañana de 'after' en su piscina fue llamar a alguien de quien no dijo el nombre: un “asesor”.

El delantero pensaba en ese momento que todo el lío que se había montado iba más con su amigo Pablo Jara y ni se imaginaba que ambos serían denunciados por las jóvenes. “No era la mejor etapa [del Valencia CF] y no queríamos que trascendiera”, afirmó en referencia a la llamada al señor Lobo.

Luego se echó a dormir. Dos horas después, en plena resaca, lo despertó una llamada del director deportivo, según explicó Mir en la vista oral. El directivo del club, del que tampoco detalló nombre y apellidos, se había enterado del incidente, al ser vecino de la misma urbanización, y se acercó a visitar a su delantero en apuros.

Ambos concluyeron que todo se había limitado a “una cosa” de los amigos del jugador. Está por ver si el tribunal comparte dicha apreciación.

La jueza de la dana ha establecido un calendario de declaraciones para los próximos meses de junio y julio que compromete al PP valenciano. Una diligencia de ordenación del juzgado pone fecha y hora a las testificales de relevantes cargos populares, tales como el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó; la vicepresidenta de la institución provincial, Reme Mazzolari; la alcaldesa de València, María José Catalá, o al vicepresenta del Consell, Susana Camarero.

La resolución cita a Mazzolari para el próximo 29 de junio y a Mompó al día siguiente. El presidente de la Diptación de Valencia comparece por segunda vez después de que la alcaldesa de Torrent, la también popular Amparo Folgado, desvelara recientemente que el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, avisó a Mompó a las 18.38 de que se había desbordado el barranco de Horteta, tributario del Poyo, mientras el político del PP permanecía en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

El presidente de la Diputación mantuvo en su primera testifical (el 17 de julio de 2025) que el Cecopi no recibió dato alguno sobre la situación del barranco del Poyo ni de los municipios de la comarca de l'Horta Sud.

La jueza, en una providencia dictada también este jueves, ha requerido la transcripción de las comparecencias ante la comisión de investigación de la dana en el Congreso tanto de Mompó como de Camarero.

Por otro lado, el juzgado de Catarroja también ha citado el 3 de julio a la directora del Centro de día Lloc del Major de Picanya, situado junto a unas viviendas sociales donde fallecieron varios ancianos.

La siguiente testifical, el 8 de julio, será la de María José Catalá, alcaldesa de València. Y al día siguiente, la del alcalde de Cheste, José Morell. El 10 de julio declarará una operadora del Centro de Emergencias de la Generalitat. Y el 13 de julio lo hará Adrià Revert, presidente de l'Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Dos días después, el 15 de julio, será el turno de dos periodistas de À Punt que presenciaron el desbordamiento del barranco del Poyo. El 16 de julio ha sido citado el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande.

El 22 de julio, la diligencia de ordenación marca en el calendario la testifical de la portavoz del Consell el día de autos, Ruth Merino. Por su parte, Javier Bolinches, director de Recursos Humanos de la Diputación de Valencia, declarará el 23 de julio.

Y el 29 de julio le tocará a María Amparo Pardo, alcaldesa de Godelleta, una de las localidades afectadas por la dana. Al día siguiente, 30 de julio, será el turno de Ismael Corell, exalcalde de Turís. La última testifical, el 31 de julio, será la de Laura Sáez, alcaldesa popular de Carlet.

El futbolista Rafa Mir se ha sentado este jueves en el banquillo, acusado de los presuntos delitos de agresión sexual y lesiones a una joven, en un juicio en el que se enfrenta a una petición de pena de 10 años y medio de prisión por parte de la Fiscalía. La denunciante de los hechos, acaecidos la madrugada del 1 de septiembre de 2024, ha relatado que conoció a Mir y al también futbolista Pablo Jara (para el que la fiscal pide tres años de prisión por otra presunta agresión sexual y por lesiones menores a una segunda joven) en una zona VIP de la discoteca Mya y que, junto con otra amiga, se fueron ya de día a la vivienda del primero en una conocida urbanización de Bétera, donde la besó e introdujo sus dedos en la vagina tanto en la piscina como luego en un baño, sin que ella diera su consentimiento. No sabía que era futbolista hasta que llegó a la lujosa vivienda y preguntó a qué se dedicaba Mir, que en aquel momento militaba en el Valencia CF. Por su parte, el deportista ha reconocido que mantuvo relaciones sexuales con ambas jóvenes, aunque sostiene que fueron consentidas.

“Me metió los dedos en la vagina. Me quería salir del agua y no me dejaba, estaba pegado a mí y le dije que me quería ir”, ha declarado la joven ante el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, protegida por un paraban.

La víctima, según el relato expuesto en la sala, logró zafarse del futbolista, actualmente en el Elche CF, y salir de la piscina.

En una segunda fase, según ha afirma la mujer, Rafa Mir la agarró “fuerte” del brazo y se encerró con ella en uno de los baños, con la puerta cerrada con pestillo. “Empezó a hacer lo mismo que en la piscina, volvió a besarme y volvió a meterme los dedos, yo me altero, me pongo a llorar y me cuesta respirar”, ha manifestado. La joven también ha dicho que tenía miedo y que el futbolista la mantenía “inmovilizada con sus brazos”.

La chica no encontraba su teléfono móvil, que se había quedado en la discoteca, pudo llamar a su padre para pedirle que la recogiera.

El futbolista, por su parte, niega las acusaciones y alega que fueron relaciones sexuales consensuadas. Un testigo clave de la defensa, amigo de ambos futbolistas, ha mantenido en la misma línea que todo fue por un enfrentamiento entre ambas mujeres por mantener relaciones con Rafa Mir y ha dicho que, en todo caso, fueron consentidas.

El presidente del tribunal ha preguntado extensamente a la joven si estaba segura de que el futbolista le había introducido los dedos dentro de la vagina, tanto en la piscina como en el baño. “Sea profunda o no profunda, yo noto si me están introduciendo los dedos”, ha respondido.

La amiga, según ha abundado, golpeó la puerta del baño preguntando si estaba bien. Ella, finalmente, abrió el pestillo y logró salir del baño, con un ataque de ansiedad. La joven abandonó la vivienda y su amiga, protegida por una toalla, fue empujada por Pablo Jara.

“Nos dijo que nos piráramos de ahí, que éramos unas niñatas y que estábamos montando escándalo”, ha afirmado. Jara, según la víctima, volvió a abrir la puerta para recuperar la toalla y le “metió un puñetazo” a la otra chica, que se quedó medio desnuda en la calle. Luego les lanzaron sus cosas por encima de la valla.  

Un tercer hombre, que había presenciado los hechos dentro de la vivienda, salió a arroparla, según ha dicho la denunciante: “Me dijo que le sabía muy mal lo que había pasado y que si fuese su hermana los mataba”.

La chica vio a un vecino paseando el perro y le preguntó si podía llamar a su padre. El hombre le dijo que iba a llamar a la Policía. Tanto los vigilantes de seguridad privada de la urbanización como una patrulla de la Policía Local acudieron al lugar (la joven ha cuestionado la actitud de los agentes y ha dicho que no las tomaron en serio e incluso que percibió que se reían de ellas).

Una vez llegó el padre de la chica, se llevaron a la amiga a un centro de salud y, posteriormente, la joven le contó a su progenitor lo que le había pasado con el futbolista. Ambos acudieron a un hospital para obtener pruebas ginecológicas y, luego, a denunciar los hechos ante la Policía Nacional, que les conminó a dirigirse al día siguiente (el lunes) a la Guardia Civil.

“Pablo Jara me pegó un puñetazo”

La amiga de la víctima ha declarado, también protegida por un paraban, que Pablo Jara le tocó los pechos y la vagina en la piscina, sin llegar a introducirle los dedos, a pesar de la incomodidad que sentía: “Me apartaba y me volvía a tocar”.

La joven ha descrito la escena del baño desde fuera, cuando se acercó a ver qué hacía su amiga con Rafa Mir. Cuando logró salir del baño, tenía un fuerte ataque de ansiedad y solo pedía que llamara a su padre, según ha declarado.

También ha dicho que Jara les pidió que se fueran, exclamando que eran unas “niñatas”. “Me empujó, me caí al suelo, luego me levanté y me pegó un puñetazo, abrió la puerta y me quitó la toalla”, ha declarado.

La joven, al igual que su amiga, ha dicho que los agentes que le atendieron en primer lugar, ya fuera de la vivienda, intentaban “quitar leña al asunto”. También ha asegurado que Pablo Jara se escondió dentro del chalet.

Mir dice que mantuvo relaciones consentidas con ambas jóvenes

Rafa Mir ha declarado al final de la vista que mantuvo relaciones sexuales consentidas con ambas mujeres. Primero en el reservado de la discoteca con la joven que finalmente le denunciaría. Sin embargo, en el vehículo que los llevó a la urbanización, el futbolista hizo un “acercamiento” con la otra chica, con la que se besó, lo cual hizo que la primera se enfadara, aprovechando una breve parada en un semáforo para pasar al asiento del copiloto.

Al llegar a la vivienda mantuvo relaciones sexuales consentidas “durante 10 minutos” en la zona de lavandería con la chica del asiento de atrás. Al salir, y ante el enfado de la otra amiga, la animó a pasárselo bien y la tiró a la piscina, donde se besaron, según ha dicho. Después salieron (“el agua estaba muy fría”) y fueron “directos al baño”, donde además de besarse le introdujo los dedos en la vagina.

La otra amiga que se había quedado fuera, según Mir, inició una “discusión muy fuerte”, llamando a la puerta vehementemente. Ya fuera del baño, los amigos de los futbolistas presentes en la zona de la piscina intentaron “quitar hierro al asunto”. Cuando las dos jóvenes salieron del chalet, hubo una “discusión muy fuerte” entre ambas jóvenes, que hacían “muchísimo ruido” en una situación “insostenible”, ante lo cual Pablo Jara les tiró sus cosas por encima de la valla, según ha dicho Rafa Mir. En general, el acusado ha aludido a los supuestos celos entre ambas chicas.

Antes de la llegada de los vigilantes de seguridad privada de la urbanización y de los agentes de la Policía Local, Mir ha dicho que trató de “calmar la situación”, pensando en todo momento que el conflicto se centraba en la supuesta agresión de Jara y no tenía nada que ver con él. El futbolista ha reconocido que dio una identidad falsa de su amigo porque le “sabía mal” revelar su nombre real.

Por su parte, Pablo Jara ha expuesto en su declaración, más breve, un relato similar. Sobre la supuesta agresión a la joven ha dicho cerró la puerta del chalet.

“No era la mejor” etapa del Valencia CF

Cuando las jóvenes se marcharon, Rafa Mir comentó los hechos con su “asesor” —no ha dado más detalles—, al estar en una situación el Valencia CF que “no era la mejor”. “No queríamos que trascendiera”, ha afirmado.

Cuando llevaba apenas dos horas durmiendo, le despertó “una llamada del club” y, enseguida, el director deportivo, que era vecino suyo, lo visitó en su vivienda.

Mir ha explicado que casi todos los jugadores del Valencia CF viven en Torre en Conill, la conocida urbanización de Bétera, y que mantienen una relación “fluida” con la seguridad privada del exclusivo recinto, por lo que al director deportivo le había llegado lo que había sucedido a la entrada de su chalet.

El directivo concluyó, según el acusado, que había sido “una cosa” de los amigos del jugador y que poco podían hacer. Días después, ya en su casa de las Islas Baleares, Mir fue arrestado por la Guardia Civil acusado por un presunto delito de agresión sexual. “Me quedo sinceramente blanco”, ha dicho.

El testigo de la defensa niega la agresión

Otro joven, amigo de los dos acusados, ha declarado que las dos amigas discutieron entre ellas antes de la escena de la piscina. El testigo ha dicho que una de las chicas recriminaba a la otra que se hubiera besado anteriormente con Rafa Mir. El joven ha manifestado que vio a la denunciante en la piscina, con “complicidad” y “jugueteando” con Mir.

El testigo grabó dos breves vídeos de las escenas en la vivienda de Mir, que aportó seis meses después del inicio de las diligencias. “Alucinaba como ellas dos se estaban peleando por ver quien se liaba con el futbolista”, ha afirmado, preguntado por el motivo de haber grabado los vídeos.

El amigo de los futbolistas ha afirmado que cree que la joven “se agobió y se quería ir a casa”. También ha dicho que, al salir de la vivienda, las dos mujeres formaron un “escándalo de la hostia”.

El hombre ha asegurado que es “mentira” que Jara le diera un puñetazo a la otra joven, aunque también ha dicho que la chica exhibió un corte en el interior del labio. Sí que ha reconocido que el futbolista le quitó la toalla y la dejó “en tetas” en la calle.

Un vecino describe la “situación violenta”

El vecino que paseaba el perro ha declarado que percibió una “situación violenta”: dos chicas, una “con un tanga, prácticamente desnuda” y que lloraba y otra que le pidió que llamara a su padre. Una de las jóvenes gritaba hacia el interior de la vivienda pidiendo que le devolvieran su ropa, insultaba al futbolista Pablo Jara y le decía que le iba a denunciar.

El testigo llamó a los vigilantes de la urbanización, de la empresa Levantina de Seguridad y, posteriormente, al volver de pasear al perro, vio que habían llegado vehículos policiales.

El padre que acudió a recoger a las jóvenes también se topó al llegar al lugar con los vehículos policiales y se preocupó. Uno de los agentes, según ha manifestado el progenitor, le espetó que “no había pasado nada” y que “solamente” una amiga de su hija había sido golpeada.

El hombre llevó al hospital a la amiga de su hija, que quería denunciar a Jara. Luego le preguntó más insistentemente a su hija qué le había pasado a ella, al verla muy afectada y empapada. “Ahí es cuando mi hija se rompe y me dice lo que ha sucedido”, ha relatado. El padre consultó con su abogada, que le recomendó acudir a un centro hospitalario y denunciar los hechos.  

Mir dio una filiación “errónea” de Jara

Un agente de la Policía Local, de los primeros en llegar al lugar de los hechos, ha dicho que una de las dos jóvenes denunciaba haber recibido un “manotazo” por parte de Pablo Jara, aunque no identificó al supuesto agresor porque dijo que lo había conocido esa noche y no sabía su nombre y apellidos.

El uniformado ha explicado que Rafa Mir aportó, de entrada, una filiación “errónea” de Jara (dijo que era un tal Antonio), dato que ha refrendado otro policía que ha declarado a continuación.

Mir les dijo que Jara no estaba en la casa y, también, les ofreció la posibilidad de acceder a la vivienda para comprobarlo. Dos agentes entraron con Mir y aguardaron en un rellano, pero el futbolista recorrió todas las estancias, incluso el sótano, y les dijo que no encontraba a Pablo Jara por ninguna parte.

A pesar de que tenían el consentimiento de Rafa Mir, no registraron con mayor detalle la casa, al tratarse en ese momento de una denuncia por un delito leve. Uno de los agentes ha dicho que temía dañar algún objeto de valor, según ha manifestado en la sala. También han afirmado que no sabían que Mir era futbolista.

La joven dijo que hubo consentimiento, según los policías locales

La policía local que habló con la joven que estaba más seria ha asegurado que ésta le dijo que había “intimado” con Rafa Mir tanto en la discoteca como en el baño de la vivienda del futbolista, que se había sentido “incómoda” y que le había pedido que parara.

La testigo, muy nerviosa, ha afirmado que la chica les dijo a los agentes que Mir “sí que paró”, que las relaciones fueron “consentidas” y que ambos volvieron después a la fiesta en la piscina, tal como consta en las primeras diligencias elaboradas por la Policía Local de Bétera.

Otro agente ha manifestado que le preguntó insistentemente a la chica si las relaciones habían sido consentidas y que la joven contestó afirmativamente. El mismo uniformado ha explicado que, al día siguiente, se modificaron las diligencias iniciales para incluir la identificación de Pablo Jara, que había telefoneado a la comisaría para aportar su identidad.

La denunciante no varió su relato, según un guardia civil

Por el contrario, el agente del Equipo Mujer-Menor (Emume) de la Guardia Civil que tomó declaración a la denunciante ha afirmado que el relato de la joven no ha variado y que la chica lloró al narrar los “momentos más sensibles” de la presunta agresión sexual en la piscina y en el baño.

También tenía “miedo a denunciar” a Mir al ser una “persona famosa”, según ha detallado el agente del instituto armado.

La fiscal: “Son valientes por denunciar lo ocurrido”

La fiscal, en su turno de la exposición del informe de conclusiones, ha abogado por una sentencia condenatoria, ha asegurado que se trató de una agresión sexual sin consentimiento y ha avalado la declaración “consistente y coherente” de la denunciante. Sobre el amigo de los futbolistas que ha declarado, la representante del Ministerio Público ha sostenido que está “protegiendo” a los dos futbolistas, con los que mantiene amistad desde la infancia.

Por otro lado, la fiscal ha recordado que la joven vestía una “faldita muy elástica que permite la penetración” vaginal con los dedos. También ha destacado la “revictimización” y el “juicio mediático” que han sufrido ambas mujeres. “Estas jóvenes son valientes por denunciar lo ocurrido”, ha afirmado. Mención especial ha hecho a la actuación de los agentes de la Policía Local de Bétera, que ha cuestionado de plano.  

El abogado de la acusación particular que ejerce la joven que denunció la presunta agresión de Jara ha destacado la actitud del futbolista, que se escondió en la vivienda. Para Pabla Jara, el letrado ha agregado en sus conclusiones definitivas el presunto delito contra la integridad moral, además de los de agresión sexual y lesiones leves por los que acusaba inicialmente.

La defensa de Mir ve una “sangría de contradicciones”

Por su parte, el abogado que ejerce la defensa de Rafa Mir ha dicho que hay “segmentos de las afirmaciones” de las dos mujeres que “directamente son imposibles”, mientras que los acusados coinciden “al milímetro en todo” desde el inicio de la causa.

El letrado considera que ha habido una “sangría de contradicciones” entre las versiones las dos chicas y el resto de testigos. “Es un rompecabezas absolutamente irresoluble e incompatible con la presunción de inocencia”, ha dicho.

El letrado de Jara ha afirmado que se siente “incapaz siquiera de hacer un puzzle” de lo que la denunciante “cree que pasó aquella mañana”. “Son continuas las contradicciones”, ha apostillado. Ambos abogados han pedido la absolución de sus respectivos clientes.

El jutge ha acordat la venda anticipada d’una desena de vehicles de luxe intervinguts als presumptes narcos de la trama d’importació de cocaïna a gran escala en el port de València, entre els quals un Lamborghini, un Porsche i un Hummer. Això es desprén d’una interlocutòria, a què ha tingut accés elDiario.es, dictada el 21 de maig passat pel titular de la plaça número 15 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de València. El magistrat també ha autoritzat l’ús policial d’una vintena de vehicles d’alta gamma, que passaran a les mans d’unitats que es dediquen precisament a la investigació del crim organitzat.

L’instructor, en sintonia amb el fiscal antidroga, accepta així la proposta de la Unitat de Drogues i Crim Organitzat (Udyco, pel nom en castellà) de la Policia Nacional. Una desena de vehicles, incloent-hi dos BMW, dos Audi i un camió Man, passen a les mans de l’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius (ORGA) per a evitar, segons indica la interlocutòria, la “depreciació substancial” del seu valor pel pas del temps i les “elevades” despeses de depòsit que comporta emmagatzemar-los en un lloc segur fins a la resolució definitiva del procediment.

Els vehicles més onerosos corresponen al parc automobilístic d’Iván T. R., presumpte capo de la trama. Es tracta d’un Lamborghini model Huracan (pel qual els investigadors sospiten que hauria cobrat una indemnització pretesament fraudulenta per la dana), un Porsche model GT3, un BMW model Z3 i un Hummer H2, tots a nom de tercers, presumptament testaferros.

D’altra banda, el camió de la marca Man figurava registrat a nom de l’empresa Megatransportes Llop SL, una mercantil “implicada de manera directa”, segons la Udyco, en l’extracció d’una partida de més d’una tona de cocaïna en el port.

El fiscal argumenta en el seu informe del 3 de maig que passat hi havia “prou indicis racionals” que els vehicles intervinguts constitueixen instruments del delicte o bé s’erigeixen en béns procedents dels guanys del tràfic de drogues i del blanqueig de capitals.

El representant del ministeri públic també al·ludeix a les “estratègies reiterades d’ocultació patrimonial, ús de persones interposades i absència de justificació econòmica lícita” per part dels investigats en relació amb els vehicles intervinguts.

La Fiscalia antidroga veu així “plenament justificada” l’opció tant del decomís preventiu com de l’autorització de l’ús policial provisional.

Sobre la tanda d’una desena de vehicles, el fiscal considera la seua venda anticipada com la “mesura més proporcionada i idònia” per a preservar el valor patrimonial dels vehicles i evitar, de passada, un “menyscapte innecessari” a l’erari i als eventuals titulars afectats.

Les dues vies després de la venda

Després de la venda anticipada, s’obrin dues vies: en cas de condemna ferma s’acordaria el decomís definitiu i, per tant, el producte de la venda quedaria integrat en el patrimoni públic o si, per contra, es dictara sentència absolutòria, la persona afectada rebria l’import íntegre obtingut amb la venda.

A més, el jutge acorda l’autorització per a l’ús provisional per part de la Direcció General de la Policia d’una vintena de vehicles d’alta gamma, amb marques conegudes que es repeteixen (com ara Mercedes, Audi, BMW o Land Rover). La llista també inclou un Smart Fortwo Coupe o una Yamaha model TMAX de 560 centímetres cúbics.

La Policia va justificar la petició de l’ús provisional d’aquesta mena de vehicles, tal com va informar aquest diari, en l’obsolescència de la seua pròpia flota i en la idoneïtat dels cotxes intervinguts per a “passar desapercebuts” en investigacions i vigilàncies de “determinats ambients delictius”.

D’altra banda, la Guàrdia Civil de les Illes Balears també va sol·licitar l’ús provisional d’una embarcació que el presumpte narcoestibador Iván T. R. tenia amarrat en el Club Esportiu Es Nàutic de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) a nom d’un pretés testaferro.

El juez ha acordado la venta anticipada de una decena de vehículos de lujo intervenidos a los presuntos narcos de la trama de importación de cocaína a gran escala en el Puerto de València, entre ellos un Lamborghini, un Porsche y un Hummer. Así se desprende de un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, dictado el pasado 21 de mayo por el titular de la plaza número 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València. El magistrado también ha autorizado el uso policial de una veintena de vehículos de alta gama, que pasarán a manos de unidades que se dedican precisamente a la investigación del crimen organizado.

El instructor, en sintonía con el fiscal antidroga, acepta así la propuesta de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional. Una decena de vehículos, incluidos dos BMW, dos Audi y un camión Man, pasan a manos de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) para evitar, según indica el auto, la “depreciación sustancial” de su valor por el paso del tiempo y los “elevados” gastos de depósito que conlleva almacenarlos a buen recaudo hasta la resolución definitiva del procedimiento.

Los vehículos más onerosos corresponden al parque automovilístico de Iván T. R., presunto capo de la trama. Se trata de un Lamborghini modelo Huracan (por el que los investigadores sospechan que habría cobrado una indemnización supuestamente fraudulenta por la dana), un Porsche modelo GT3, un BMW modelo Z3 y un Hummer H2, todos ellos a nombre de terceros, presuntamente testaferros.

Por otro lado, el camión de la marca Man figuraba registrado a nombre de la empresa Megatransportes Lobo SL, una mercantil “implicada de forma directa”, según la UDYCO, en la extracción de un alijo de más de una tonelada de cocaína en el Puerto.

El fiscal argumenta en su informe del pasado 3 de mayo que existen “suficientes indicios racionales” de que los vehículos intervenidos constituyen instrumentos del delito o bien se erigen en bienes procedentes de las ganancias del tráfico de drogas y del blanqueo de capitales.

El representante del Ministerio Público también alude a las “estrategias reiteradas de ocultación patrimonial, uso de personas interpuestas y ausencia de justificación económica lícita” por parte de los investigados en relación con los vehículos intervenidos.

La Fiscalía antidroga ve así “plenamente justificada” la opción tanto del decomiso preventivo como de la autorización del uso policial provisional.

Sobre la tanda de una decena de vehículos, el fiscal considera su venta anticipada como la “medida más proporcionada e idónea” para preservar el valor patrimonial de los vehículos y evitar, de paso, un “menoscabo innecesario” al erario y a los eventuales titulares afectados.

Las dos vías tras la venta

Tras la venta anticipada se abren dos vías: en caso de condena firme se acordaría el decomiso definitivo y, por tanto, el producto de la venta quedaría integrado en el patrimonio público o si, por el contrario, se dictara sentencia absolutoria, la persona afectada recibiría el importe íntegro obtenido con la venta.

Además, el juez acuerda la autorización para el uso provisional por parte de la Dirección General de la Policía de una veintena de vehículos de alta gama, con conocidas marcas que se repiten (tales como Mercedes, Audi, BMW o Land Rover). La lista también incluye un Smart Fortwo Coupe o una Yamaha modelo TMAX de 560 centímetros cúbicos.

La Policía justificó la petición del uso provisional de este tipo de vehículos, tal como informó este diario, en la obsolescencia de su propia flota y en la idoneidad de los coches intervenidos para “pasar desapercibidos” en investigaciones y vigilancias de “determinados ambientes delictivos”.

Por otro lado, la Guardia Civil de las Islas Baleares también solicitó el uso provisional de una embarcación que el presunto narcoestibador Iván T. R. tenía amarrado en el Club Deportivo Es Nàutic de Sant Antoni (Ibiza) a nombre de un supuesto testaferro.

Una bandera de La Cruz de Borgoña, un símbolo reivindicado por la extrema derecha española, decora las dependencias de la comisaría de la Policía Local de Bétera, según las fotografías a las que ha tenido acceso elDiario.es. La bandera está colocada en la sala del 112 y de control de accesos de las dependencias policiales del municipio de la comarca del Camp de Turia, según las fuentes consultadas.

La polémica bandera representa una cruz de San Andrés, quien según la tradición católica fue crucificado en aspa. Fue incluida en el escudo de armas de la bandera española por Felipe el Hermoso, pero después fue retirada con la muerte del último rey de la dinastía de los Austria.

Actualmente, solo está presente en algún destacamento del Ejército, aunque forma parte de la simbología habitual en actos y manifestaciones de la extrema derecha española.

El antecedente de Las Palmas de Gran Canaria

En 2024, la misma bandera fue objeto de polémica al decorar también una comisaría de la Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria. La Policía alegó que se trataba de una suerte de “trofeo” incautado en una manifestación.

Sumar criticó en aquella ocasión el “uso de simbología ultraderechista o fascista en una dependencia policial” y recordó que esa cruz “está considerada por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como símbolo o expresión de odio”. 

La jutgessa de la dana ha aconseguit acreditar documentalment que el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, va ser alertat per l’alcaldessa de Torrent, la també popular Amparo Folgado, sobre el desbordament del barranc de l’Horteta, tributari de la rambla de Poio. Així consta en la llista de telefonades del 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts, efectuades des del mòbil corporatiu de Folgado, a què ha tingut accés elDiario.es. La primera edil va comunicar en directe a Mompó a les 18.38, en una telefonada de 39 segons, que s’havia “desbordat” el barranc, que baixava “amb onades” cap a la confluència amb el Poio, segons va declarar dilluns en condició de testimoni.

El president de la institució provincial, de la qual Amparo Folgado també és diputada, va negar en la seua primera testifical, esdevinguda el 17 de juliol passat, que la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) rebera qualsevol mena d’informació sobre la situació en els municipis de l’Horta Sud. No obstant això, la revelació de l’alcaldessa de Torrent qüestiona de pla la tesi de Mompó, que ha sigut citat de nou a declarar davant la magistrada instructora.

La primera edil de Torrent també va posar en un destret seriós un dels dos investigats en la causa, l’ex-secretari autonòmic d’Emergències, Emilio Argüeso. Folgado va telefonar a Argüeso per a advertir-lo de la situació en el barranc de l’Horteta i comunicar-li que li constava que hi havia una víctima mortal, tal com la Policia Nacional havia informat l’alcaldessa.

La documentació, proporcionada per la companyia Movistar i aportada voluntàriament per l’alcaldessa, confirma l’hora a què es va produir la telefonada a l’investigat (de la qual elDiario.es havia informat prèviament): a les 19.10. No obstant això, Argüeso no va comentar aquesta informació de gran importància en el Cecopi, segons han confirmat a aquest diari fonts que van participar en la reunió.

Per si no fora prou, una altra exalcaldessa del PP (Amparo Fort, de Xiva) també havia avisat per telèfon al diputat provincial de Bombers, Avelino Mascarell, que la capçalera del barranc de Poio s’havia desbordat. Mascarell, juntament amb Mompó, participava en la reunió del Cecopi.

Múltiples alertes sobre el barranc de Poio

Tres membres del Cecopi, tots ells càrrecs del PP, haurien disposat així de diverses vies per a conéixer la crítica situació en el barranc de Poio, el desbordament del qual va causar la major part de les defuncions.

Va haver-hi múltiples senyals. D’una banda, a les 18.43 (mentre la reunió estava pausada), el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat va rebre l’avís per correu electrònic del Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica (SAIH) de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) amb el cabal del barranc de Poio, criticat fins a l’avorriment pel PP.

No obstant això, els tècnics de la Sala de Comandament i Control del Centre d’Emergències de l’Eliana no van incorporar aquesta informació al CoordCom, l’eina operativa que coordina totes les agències (incloent-hi els Bombers), fins mitja hora més tard, tal com va informar aquest diari.

A més, cinc minuts abans de l’avís del SAIH, Mompó va ser alertat per l’alcaldessa de Torrent, que estava sobre el terreny presenciant en primera persona la catàstrofe del desbordament del barranc de l’Horteta. El barranc (tributari del Poio) va ser, juntament amb el de Gallego, el primer que es va desbordar, segons les conclusions d’un dels estudis pericials més rellevants que consten en la causa.

L’“absoluta indecisió” del Cecopi

Encara hi hauria més alertes per boca de càrrecs municipals del PP. L’alcaldessa de Xiva, Amparo Fort, va telefonar a Avelino Mascarell a les 18.55 per a comunicar-li el desbordament de la capçalera del barranc de Poio, un fet del qual, d’altra banda, informava en directe una reportera d’À Punt. El rètol de la cadena pública no podia ser més clar: “El barranc de Poio baixa amb força des del naixement”.

Un quart d’hora més tard, va ser l’alcaldessa de Torrent qui va telefonar a Argüeso. La testimoni va assegurar davant la jutgessa que a l’alt càrrec d’Emergències li va dir que el municipi s’havia “inundat”.

Malgrat la concatenació d’avisos de diversa índole, l’Es-Alert es va enviar als mòbils de la població a les 20.11. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra va concloure en una interlocutòria recent que l’“absoluta indecisió” en el si del Cecopi va propiciar que l’Es-Alert es remetera quan ja hi havia desenes de morts i un nombre incalculable de ciutadans romanien atrapats per les inundacions.

Una bandera de la creu de Borgonya, un símbol reivindicat per l’extrema dreta espanyola, decora les dependències de la comissaria de la Policia Local de Bétera, segons les fotografies a què ha tingut accés elDiario.es. La bandera està col·locada a la sala del 112 i de control d’accessos de les dependències policials del municipi de la comarca del Camp de Túria, segons les fonts consultades.

La polèmica bandera representa una creu de Sant Andreu, que, segons la tradició catòlica, va ser crucificat en aspa. Va ser inclosa en l’escut d’armes de la bandera espanyola per Felip el Bell, però després es va retirar amb la mort de l’últim rei de la dinastia dels Àustria.

Actualment, només està present en algun destacament de l’exèrcit, encara que forma part de la simbologia habitual en actes i manifestacions de l’extrema dreta espanyola.

L’antecedent de Las Palmas de Gran Canaria

El 2024, la mateixa bandera va ser objecte de polèmica pel fet de decorar també una comissaria de la Policia Nacional a Las Palmas de Gran Canaria. La Policia va al·legar que es tractava d’una mena de “trofeu” confiscat en una manifestació.

Sumar va criticar aquella vegada l’“ús de simbologia ultradretana o feixista en una dependència policial” i va recordar que aquesta creu “és considerada per part de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat com a símbol o expressió d’odi”.

La jueza de la dana ha logrado acreditar documentalmente que el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, fue alertado por la alcaldesa de Torrent, la también popular Amparo Folgado, sobre el desbordamiento del barranco de Horteta, tributario de la rambla del Poyo. Así consta en la lista de llamadas del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, efectuadas desde el móvil corporativo de Folgado, a la que ha tenido acceso elDiario.es. La primera edil comunicó en directo a Mompó a las 18.38, en una llamada de 39 segundos, que se había “desbordado” el barranco, que bajaba “con olas” hacia la confluencia con el Poyo, según declaró el pasado lunes en condición de testigo.

El presidente de la institución provincial, de la que Amparo Folgado también es diputada, negó en su primera testifical, celebrada el pasado 17 de julio, que la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) recibiera cualquier tipo de información sobre la situación en los municipios de l'Horta Sud. Sin embargo, la revelación de la alcaldesa de Torrent cuestiona de plano la tesis de Mompó, que ha sido citado de nuevo a declarar ante la magistrada instructora.

La primera edil de Torrent también puso en un serio aprieto a uno de los dos investigados en la causa, el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Folgado llamó a Argüeso para advertirle sobre la situación en el barranco de Horteta y comunicarle que le constaba que había una víctima mortal, tal como le había informado a la munícipe la Policía Nacional.

La documentación, proporcionada por la compañía Movistar y aportada voluntariamente por la alcaldesa, confirma la hora en que se produjo la llamada al investigado (de la que elDiario.es había informado previamente): a las 19.10. Sin embargo, Argüeso no comentó esa información de calado en el Cecopi, según han confirmado a este diario fuentes que participaron en la reunión.

Por si fuera poco, otra exalcaldesa del PP (Amparo Fort, de Chiva) también había avisado por teléfono al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, de que la cabecera del barranco del Poyo se había desbordado. Mascarell, junto con Mompó, participaba en la reunión del Cecopi.

Múltiples alertas sobre el barranco del Poyo

Tres miembros del Cecopi, todos ellos cargos del PP, habrían dispuesto así de varias vías para conocer la crítica situación en el barranco del Poyo, cuyo desbordamiento causó la mayoría de los fallecimientos.

Hubo múltiples señales. Por un lado, a las 18.43 (mientras la reunión permanecía pausada), el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat recibió el aviso por correo electrónico del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) con el caudal del barranco del Poyo, criticado hasta la saciedad por el PP.

Sin embargo, los técnicos de la Sala de Mando y Control del Centro de Emergencias de l'Eliana no incorporaron esa información al 'CoordCom', la herramienta operativa que coordina a todas las agencias (incluidos los Bomberos), hasta media hora más tarde, tal como informó este diario.

Además, cinco minutos antes del aviso del SAIH, Mompó fue alertado por la alcaldesa de Torrent, que estaba sobre el terreno presenciando en primera persona la catástrofe del desbordamiento del barranco de Horteta. El barranco (tributario del Poyo) fue, junto con el de Gallego, el primero que se desbordó, según las conclusiones de uno de los estudios periciales más relevantes que constan en la causa.

La “absoluta indecisión” del Cecopi

Aún habría más alertas por boca de cargos municipales del PP. La alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, llamó a Avelino Mascarell a las 18.55 para comunicarle el desbordamiento de la cabecera del barranco del Poyo, un hecho del que, por otro lado, informaba en directo una reportera de À Punt. El rótulo de la cadena pública no podía ser más claro: “El barranco del Poyo baja con fuerza desde el nacimiento”.

Un cuarto de hora más tarde, fue la alcaldesa de Torent quien llamó a Argüeso. La testigo aseguró ante la jueza que al alto cargo de Emergencias le dijo que el municipio se había “inundado”.

A pesar de la concatenación de avisos de diversa índole, el Es-Alert se envió a los móviles de la población a las 20.11. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra concluyó en un reciente auto que la “absoluta indecisión” en el seno del Cecopi propició que el Es-Alert se remitiera cuando ya había decenas de fallecidos y un número incalculable de ciudadanos permanecía atrapado por las inundaciones.

La exconcejala de Vox, Cecilia Herrero, está cada vez más cerca de banquillo de los acusados por sus tuits racistas. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha avalado su procesamiento, desestimando el recurso de la defensa de Herrero contra el auto de procedimiento abreviado dictado el pasado 31 de octubre por la plaza número 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia.

El auto, avanzado por El Español y al que también ha tenido acceso este diario, afirma que existen “suficientes indicios racionales de criminalidad” y emplaza a discernir sobre la calificación de los hechos en el eventual juicio oral. La Fiscalía pide tres años de cárcel para Herrero, que tras abandonar Vox sigue de edil, por sus tuits racistas, en los que tildaba a los migrantes de “salvajes” e “invasores”, entre otras lindezas.

La Audiencia de Valencia rechaza el recurso de la defensa de la edil, que ejerce la abogada Polonia Castellano (líder de Abogados Cristianos) y recuerda que el derecho fundamental a la libertad de expresión no es “absoluto”. En el ordenamiento jurídico español, se encuentra limitado por el respeto a los “derechos fundamentales de terceros”, entre ellos el honor, la dignidad y la no discriminación, “así como en la eventual concurrencia de ilícitos penales”.

Por otro lado, el auto, del que ha sido ponente el magistrado José Antonio Mora Alarcón, destaca que en la actual fase procesal “basta con apreciar la existencia de indicios de que las expresiones vertidas pudieran exceder los límites constitucionalmente protegidos, sin que corresponda aún efectuar un juicio definitivo de ponderación, reservado al plenario [el juicio oral]”.

También argumenta que el hecho de que algunos de los mensajes de X (antiguo Twitter) fueran posteriormente borrados, “no elimina la eventual relevancia penal de la conducta en el momento de su publicación, ni priva de eficacia a los indicios ya recogidos durante la instrucción”.

“Del mismo modo”, apostilla la resolución, “la circunstancia de que los hechos se hubieran producido con anterioridad a una eventual intervención del investigado en la vida política resulta jurídicamente irrelevante, ya que la eventual condición pública o privada del sujeto activo no constituye elemento del tipo ni excluye la apreciación de indicios de criminalidad”.

El PSPV y Compromís piden el cese de Herrero

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, ha responsabilizado directamente a la alcaldesa, María José Catalá, de “mantener en el Gobierno municipal” a la concejala de Vox Cecilia Herrero pese a los mensajes racistas por los que podría estar a punto de sentarse en el banquillo.

“No hace falta esperar a que lo diga un juez para saber que ser racista es incompatible con formar parte del gobierno de un ayuntamiento democrático”, ha afirmado Sanjuán, quien ha señalado que “los tuits de Cecilia Herrero tendrían que haber supuesto su expulsión inmediata del Gobierno municipal”.

El dirigente socialista ha insistido en que “la principal responsabilidad política” recae sobre Catalá, “que ha decidido proteger y mantener a una concejala que realizó acusaciones gravísimas contra la población migrante”. En este sentido, ha criticado que la alcaldesa anteponga su “tranquilidad” y su “comodidad política a la defensa de los valores democráticos y de convivencia de esta ciudad”.

La portavoz de Compromís ha exigido la salida inmediata de Cecilia Herrero después de que la Audiencia vea indicios de delito de odio en decenas de mensajes racistas y xenófobos: “Mantener a una racista en el gobierno por interés político es repugnante”. Así de contundente se ha mostrado hoy la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, que ha vuelto a exigir a María José Catalá que aparte inmediatamente a Cecilia Herrero de cualquier responsabilidad institucional.

Después de que la Audiencia Provincial de València haya confirmado que existen “suficientes indicios racionales de criminalidad” y que continúe el procedimiento penal por los mensajes racistas, xenófobos y LGTBIfóbicos publicados por la exconcejal de Vox, Papi Robles lamenta el inmovilismo de la alcaldesa, como demostró ayer en el Pleno, cuando volvió a proteger a la concejala racista del gobierno “por puro cálculo, porque su gobierno es débil y tiene demasiadas mochilas tóxicas de Vox”, ha recordado.

La jueza de la dana ha acordado citar a declarar de nuevo como testigo al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, después de que la alcaldesa de Torrent, la también popular Amparo Folgado, desvelara en su testifical de este pasado lunes que le telefoneó para alertarle sobre el desbordamiento del barranco de Horteta, tributario de la rambla del Poyo.

Así lo ha acordado la magistrada instructora en una providencia acordada este martes, en la que también acuerda investigar, bajo autorización de Folgado, la lista de llamadas de la alcaldesa de Torrent en su teléfono corporativo el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos.

En su primera testifical ante la jueza del pasado 17 de julio, según el acta de la declaración, Mompó aseguró que no sabía si se habló en la reunión del Cecopi sobre la situación en Torrent y dijo que, en todo caso, si no se aludió a la comarca de l'Horta Sud fue porque “los técnicos no vieron el gran peligro” que se avecinaba.

La alcaldesa de Torrent y diputada provincial, por su parte, manifestó que avisó a Vicente Mompó de que el barranco de la localidad bajaba “con olas” hacia la confluencia “brutal” con el Poyo.

Por otro lado, la resolución también cita a declarar como testigos a dos periodistas de À Punt, la cadena pública valenciana, que cubrían el día de autos las inundaciones de la dana.

Jesús Gómez, bombero forestal de la Generalitat, ha pintado este martes ante la jueza de la dana un cuadro dramático de su departamento el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos. El testigo aguardaba aquel día que lo activaran: “Ese día nos faltaban 250 personas operativas. Se juntó el caos organizativo con la situación”, ha dicho.

El bombero forestal ha explicado que “normalmente” trabajan 106 personas al día y un operativo de refuerzo supone un incremento de unas 20 o 25 personas, hasta llegar a un total de 130.

“Así tienes 130, hasta 805 nos tendrían que haber obligado al resto a ir a trabajar desde el minuto cero y eso no pasó, estábamos a la expectativa si nos llamaban o no. Fue un caos. No había cadena de mando para mandar y hacer lo que se tenía que hacer”, ha afirmado Gómez.

El día de la dana, según ha sintetizado el bombero forestal, a la falta de personal operativo se sumó el “caso” y la ausencia de mando.

La abogada de una de las acusaciones le ha preguntado al testigo quién tendría que haber activado los refuerzos operativos. “El mando de la emergencia”, ha contestado Gómez, en referencia a la Generalitat Valenciana.

Las dos unidades de bomberos forestales desplegadas para vigilar los caudales de los barrancos el día de la dana fueron retiradas a sus respectivas bases, en una decisión que investiga la jueza instructora. Un técnico declaró que la decisión dejó “a ciegas” al Centro de Emergencias.

Hasta tres participantes en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, fueron alertados directamente del desbordamiento de la rambla del Poyo, tanto en cabecera como en uno de sus barrancos tributarios más importantes. Se trata de Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias; Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, y del diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, todos ellos cargos del PP. Todos ellos recibieron llamadas de dos alcaldesas populares advirtiendo sobre la situación sobre el terreno una hora antes del envío del Es-Alert a los móviles de la población. Así se desprende de las declaraciones testificales de la exalcaldesa de Chiva, Amparo Fort, del pasado 22 de mayo y de la primera edil de Torrent, Amparo Folgado, este lunes ante la jueza instructora de la causa de la dana.

Los avisos a los tres participantes en el Cecopi refuerzan la tesis de la poca agilidad de la desastrosa reunión, celebrada en el Centro de Emergencias de l'Eliana, a la hora de tomar decisiones para alertar a la población. También cuestiona la supuesta falta de información sobre el desbordamiento del barranco del Poyo que ha esgrimido el PP para responsabilizar a organismos estatales que ni siquiera tenían encomendada la gestión de la emergencia, tales como la Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Por un lado, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha desvelado ante la jueza de la dana que llamó por teléfono a Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias, para alertar sobre la situación en el barranco de la localidad, tributario de la rambla del Poyo, y comunicarle también que había una víctima mortal.

La llamada, según ha podido confirmar este diario cruzando el número de teléfono móvil de Folgado y la lista de comunicaciones de Argüeso que consta en el sumario, se produjo a las 19.10 (una hora antes del Es-Alert) y duró dos minutos y cuatro segundos.

Fuentes presentes en el Cecopi aseguran que Emilio Argüeso no expuso en la reunión el contenido de la llamada de la alcaldesa de Torrent. El aludido, consultado por elDiario.es, ha declinado aportar su versión de los hechos.

Tras la declaración de Folgado, la jueza ha acordado en una providencia el cotejo de las llamadas del móvil de la primera edil y le ha ofrecido la posibilidad de aportar los mensajes sobre la emergencia conservados en su terminal telefónico.

La llamada de Folgado a Mompó

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, también fue alertado por la alcaldesa de Torrent (que también es diputada provincial) del desbordamiento del barranco de Horteta.

Amparo Folgado presenció cómo el barranco bajaba “con olas” hacia la confluencia “brutal” con el Poyo, según ha dicho ante la jueza.

Uno de los estudios periciales más relevantes del procedimiento, publicado en la revista Investigaciones Geográficas de la Universidad de Alicante, concluyó que el barranco de Horteta fue uno de los primeros en desbordarse.

Mompó: “¡Queréis enviar el mensaje de una puta vez!”

Vicente Mompó, por su parte, fue uno de los participantes en el Cecopi que con más ahínco —y sin éxito— pidió que se enviara rápidamente el Es-Alert.

El presidente de la institución provincial llegó a exclamar: “Voleu enviar el missatge d'una puta vegada!” (“¡Queréis enviar el mensaje de una puta vez!”).

En su testifical ante la jueza del 17 de julio, según el acta de la declaración, Mompó aseguró que no sabía si se habló en la reunión del Cecopi sobre la situación en Torrent y dijo que, en todo caso, si no se aludió a la comarca de l'Horta Sud fue porque “los técnicos no vieron el gran peligro” que se avecinaba. Fuentes de la Diputación de Valencia se mantienen en la misma versión que dio Mompó ante la jueza.

El aviso sobre el desbordamiento en cabecera

Un tercer participante en el Cecopi fue advertido del desbordamiento de la cabecera de la rambla del Poyo. La entonces alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, avisó por teléfono al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, de que el barranco en la localidad, cabecera de la rambla del Poyo, había inundado “absolutamente todo”.

La comunicación, según se desprende de la lista cotejada de llamadas del móvil de Mascarell, se produjo a las 18.55, más de una hora antes de que se enviara el Es-Alert, que la jueza instructora considera “tardío” y “erróneo” en su contenido.

Tres minutos después de la llamada de la alcaldesa a Mascarell, una de las reporteras de À Punt que cubría para el programa vespertino la situación sobre el terreno, Alba Campos, informaba en directo en la cadena autonómica del impactante desbordamiento en Chiva. El rótulo de la cadena pública alertaba con claridad: “El barranco del Poyo baja con fuerza desde el nacimiento”.

Avelino Mascarell, citado a declarar como testigo por segunda vez tras la revelación de la exalcaldesa de Chiva, estaba sentado en la reunión a la derecha del jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset. De hecho, según las imágenes del Cecopi que constan en el procedimiento, pocos minutos después de la llamada de alerta a Mascarell sobre la cabecera del Poyo, Basset consultaba en su ordenador un mapa de la localidad de Chiva, tal como informó este diario.

Nuevos indicios para la jueza

Los avisos telefónicos de las alcaldesas de Torrent y Chiva se suman a las advertencias que hizo la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, sobre la situación en Paiporta, una vez se reanudó el Cecopi tras una de las pausas de la reunión, poco después de las 19.00.

Por otro lado, también en el terreno de la gestión municipal de la dana, otros dos munícipes del PP (Rocío Cortés, exalcaldesa de Requena, y Ricardo Gabaldón, actual primer edil de Utiel) acreditaron documentalmente ante la jueza que avisaron a la población de sus respectivas localidades, dejando en evidencia a la Generalitat.

Por otro lado, la Diputación de Valencia, también en contraste con la actuación de la Generalitat, mandó a casa a sus empleados a las 14.00. Sin embargo, tal como reconoció la propia institución provincial, fue una decisión improvisada por responsables del departamento de Recursos Humanos, sin ni siquiera consultar a los políticos.

Se trata de nuevos elementos que sirven a la jueza para apuntalar los indicios de la investigación de la causa. La magistrada instructora, Nuria Ruiz Tobarra, mantiene la tesis de que la “absoluta indecisión” en el seno del Cecopi propició que el Es-Alert se enviara cuando ya había fallecidos y un número incalculable de ciudadanos permanecía atrapado por las inundaciones, según un reciente auto.

Fins a tres participants en la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) del 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts, van ser alertats directament del desbordament de la rambla de Poio, tant en capçalera com en un dels barrancs tributaris més importants. Es tracta d’Emilio Argüeso, secretari autonòmic d’Emergències; Vicente Mompó, president de la Diputació de València, i del diputat provincial de Bombers, Avelino Mascarell, tots ells càrrecs del PP. Tots ells van rebre telefonades de dues alcaldesses populars que advertirn de la situació sobre el terreny una hora abans de l’enviament de l’Es-Alert als mòbils de la població. Això es desprén de les declaracions testificals de l’exalcaldessa de Xiva, Amparo Fort, del 22 de maig passat i de la primera edil de Torrent, Amparo Folgado, dilluns davant la jutgessa instructora de la causa de la dana.

Els avisos als tres participants en el Cecopi reforcen la tesi de la poca agilitat de la desastrosa reunió, esdevinguda en el Centre d’Emergències de l’Eliana, a l’hora de prendre decisions per a alertar a la població. També qüestiona la pretesa falta d’informació sobre el desbordament del barranc de Poio que ha esgrimit el PP per a responsabilitzar organismes estatals que ni tan sols tenien encomanada la gestió de l’emergència, com ara l’Aemet o la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

D’una banda, l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha revelat davant la jutgessa de la dana que va telefonar a Emilio Argüeso, secretari autonòmic d’Emergències, per a alertar de la situació en el barranc de la localitat, tributari de la rambla de Poio, i comunicar-li també que hi havia una víctima mortal.

La telefonada, segons ha pogut confirmar aquest diari encreuant el número de telèfon mòbil de Folgado i la llista de comunicacions d’Argüeso que consta en el sumari, es va produir a les 19.10 (una hora abans de l’Es-Alert) i va durar dos minuts i quatre segons.

Fonts presents en el Cecopi asseguren que Emilio Argüeso no va exposar en la reunió el contingut de la telefonada de l’alcaldessa de Torrent. L’al·ludit, consultat per elDiario.es, ha declinat aportar la seua versió dels fets.

Després de la declaració de Folgado, la jutgessa ha acordat en una provisió l’acarament de les telefonades del mòbil de la primera edil i li ha oferit la possibilitat d’aportar els missatges sobre l’emergència conservats en el seu terminal telefònic.

La telefonada de Folgado a Mompó

Per part seua, el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, també va ser alertat per l’alcaldessa de Torrent (que també és diputada provincial) del desbordament del barranc de l’Horteta.

Amparo Folgado va presenciar com el barranc baixava “amb onades” cap a la confluència “brutal” amb el Poio, segons ha dit davant la jutgessa.

Un dels estudis pericials més rellevants del procediment, publicat en la revista Investigaciones Geográficas de la Universitat d’Alacant, va concloure que el barranc de l’Horteta va ser un dels primers a desbordar-se.

Mompó: “Voleu enviar el missatge d’una puta vegada!”

Vicente Mompó, per part seua, va ser un dels participants en el Cecopi que amb més afany —i sense èxit— va demanar que s’enviara ràpidament l’Es-Alert.

El president de la institució provincial va arribar a exclamar: “Voleu enviar el missatge d’una puta vegada!”.

En la seua testifical davant la jutgessa del 17 de juliol, segons l’acta de la declaració, Mompó va assegurar que no sabia si es va parlar en la reunió del Cecopi de la situació a Torrent i va dir que, en tot cas, si no es va al·ludir a la comarca de l’Horta Sud va ser perquè “els tècnics no van veure el gran perill” que s’acostava. Fonts de la Diputació de València es mantenen en la mateixa versió que va donar Mompó davant la jutgessa.

L’avís sobre el desbordament en capçalera

Un tercer participant en el Cecopi va ser advertit del desbordament de la capçalera de la rambla de Poio. L’alcaldessa de Xiva llavors, Amparo Fort, va avisar per telèfon el diputat provincial de Bombers, Avelino Mascarell, que el barranc en la localitat, capçalera de la rambla de Poio, ho havia inundat “absolutament tot”.

La comunicació, segons es desprén de la llista acarada de telefonades del mòbil de Mascarell, es va produir a les 18.55, més d’una hora abans que s’enviara l’Es-Alert, que la jutgessa instructora considera “tardà” i “erroni” en el contingut.

Tres minuts després de la telefonada de l’alcaldessa a Mascarell, una de les reporteres d’À Punt que cobria per al programa vespertí la situació sobre el terreny, Alba Campos, informava en directe en la cadena autonòmica de l’impactant desbordament a Xiva. El rètol de la cadena pública alertava amb claredat: “El barranc de Poio baixa amb força des del naixement”.

Avelino Mascarell, citat a declarar com a testimoni per segona vegada després de la revelació de l’exalcaldessa de Xiva, estava assegut en la reunió a la dreta del cap del Consorci Provincial de Bombers de València, José Miguel Basset. De fet, segons les imatges del Cecopi que consten en el procediment, pocs minuts després del crit d’alerta a Mascarell sobre la capçalera de Poio, Basset consultava en el seu ordinador un mapa de la localitat de Xiva, tal com va informar aquest diari.

Nous indicis per a la jutgessa

Els avisos telefònics de les alcaldesses de Torrent i Xiva se sumen als advertiments que va fer la delegada del Govern, Pilar Bernabé, sobre la situació a Paiporta, una vegada es va reprendre el Cecopi després d’una de les pauses de la reunió, poc després de les 19.00.

D’altra banda, també en el terreny de la gestió municipal de la dana, dos alcaldes més del PP (Rocío Cortés, exalcaldessa de Requena, i Ricardo Gabaldón, actual primer edil d’Utiel) van acreditar documentalment davant la jutgessa que van avisar la població de les localitats respectives, deixant en evidència la Generalitat.

D’altra banda, la Diputació de València, també en contrast amb l’actuació de la Generalitat, va enviar a casa els seus empleats a les 14.00. No obstant això, tal com va reconéixer la mateixa institució provincial, va ser una decisió improvisada per responsables del Departament de Recursos Humans, sense ni tan sols consultar els polítics.

Es tracta de nous elements que serveixen a la jutgessa per a apuntalar els indicis de la investigació de la causa. La magistrada instructora, Nuria Ruiz Tobarra, manté la tesi que l’“absoluta indecisió” en el si del Cecopi va propiciar que l’Es-Alert s’enviara quan ja hi havia morts i un nombre incalculable de ciutadans romanien atrapats per les inundacions, segons una interlocutòria recent.

Destacados participantes en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, fueron avisados del desbordamiento de la rambla del Poyo, tanto en su cabecera como en sus barrancos tributarios. Si la exalcaldesa de Chiva confirmó el pasado 22 de mayo que alertó, más de una hora antes del envío del Es-Alert, al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, de que la cabecera del barranco del Poyo se había inundado, este lunes la primera edil de Torrent, Amparo Folgado, ha desvelado ante la jueza instructora de la causa que presenció, a partir de las 18.00, el desbordamiento del barranco de Horteta, tributario del Poyo y que se lo dijo en una llamada telefónica al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, sin ni siquiera saber que participaba en la reunión del Cecopi.

“Yo sé que llamo en ese momento a Vicente Mompó, sin saber que estaba en el Cecopi, para decirle que tengo el barranco de Horteta en situación extraordinaria y desbordado”, ha declarado la alcaldesa de Torrent, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de la testifical.

“La imagen es que Horteta está desbocado, con olas, la pasarela no existía y lo que hacemos es pedir a la Policía que avise a la población de que se aparte de la zona”, ha relatado la alcaldesa. Folgado no recordaba qué respondió Mompó. También llamó al secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en la causa. A Argüeso le dijo que había una víctima mortal.

La “confluencia brutal” entre Horteta y el Poyo

Preguntada por el fiscal por el motivo de telefonear a esos dos cargos en concreto, la testigo ha contestado: “Porque Mompó es el presidente de la Diputación y por saber si él sabía de dónde venía el agua. Y a Argüeso porque era la persona más rápida [de contactar] como secretario autonómico Emergencias”.

La alcaldesa presenció la “confluencia brutal” entre Horteta y el Poyo. El barranco de Horteta, junto con el de Gallego (ambos tributarios del Poyo) se desbordaron en primer lugar, según los informes periciales que constan en el procedimiento.

Más tarde, se habilitó un pabellón para los afectados por las riadas. Por otro lado, Folgado ha relatado que, a primera hora de la mañana, suspendió un acto agendado fuera de Torrent (“decidí no ir”, ha dicho) y, a pesar de que no recibieron instrucciones específicas de Emergencias, el consistorio avisó por un canal de WhatsApp a la población de la suspensión de las actividades lectivas y deportivas.

El “comité de crisis” de la mañana de la dana

La alcaldesa de Torrent habló por la mañana con su homólogo de Utiel, quien al igual que la primera edil de Requena tomó la decisión de suspender las clases. Además, Folgado convocó una “comité de crisis” para “tomar decisiones lo más rápido” posible y hacer un seguimiento de los puntos de la localidad que se inundaban con mayor facilidad.

La alerta roja le sorprendió, según ha manifestado. “En mi vida he visto una alerta roja”, ha dicho la testigo.

El juez que instruye la causa de narcotráfico a gran escala en el Puerto de València ha descartado definitivamente que declaren los agentes encubiertos de la Sección de Actividades Especiales de la Policía Nacional que lograron desbaratar con su infiltración la presunta red.

Así consta en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es en el que el instructor descarta la declaración tres de los agentes encubiertos (con los nombres en código de Orca, Iveco y Rande), solicitada por la defensa de uno de los presuntos capos de la red. El magistrado, eso sí, deja la puerta abierta a que declare el instructor policial responsable de la investigación.

El auto, tal como adelantó el propio juez en una providencia anterior, coincide con la postura del fiscal antidroga, quien argumenta que los agentes encubiertos “no son quienes realizan las valoraciones o inferencias incriminatorias” que cuestiona la defensa.

Por el contrario, afirma el representante del Ministerio Público, la función de los agentes encubiertos “se limita a la obtención directa de información en el marco de su actuación operativa, dando cuenta de los hechos que perciben o en los que intervienen, los cuales quedan posteriormente reflejados en los correspondientes informes policiales”.

De las valoraciones, deducciones o conclusiones sobre los hechos destapados por los agentes encubiertos se encarga el instructor policial que dirige la investigación y, por tanto, “integra, analiza y contextualiza la información obtenida por las distintas fuentes”.

La impugnación por parte de las defensas de las valoraciones policiales “no justifica” la declaración de los agentes encubiertos, en la medida en que éstos no son los autores de dichas inferencias“, apostilla el informe del Ministerio Fiscal.

El papel de los agentes encubiertos

En la desarticulación de la presunta trama de narcotráfico de la 'operación Spider', en la que se incautaron más de cuatro toneladas de cocaína, los agentes encubiertos tuvieron un papel muy relevante, al lograr desentrañar la estructura de la red e identificar a los presuntos responsables, tal como informó este diario.

Sin embargo, hacia el final de las pesquisas los agentes encubiertos resultaban sospechosos para algunos presuntos narcos.

Por otro lado, 'chats' desencriptados de uno de los presuntos narcos confirmaron que sabían con antelación que iban a ser detenidos. Sospechaban de la presencia entre sus filas de uno o varios chivatos o confidentes policiales. No iban desencaminados.

La Sindicatura de Cuentas ha detectado que el Ayuntamiento de Bétera, gobernado por la popular Elia Verdevío, abonó un total de 1,6 millones de euros sin contrato alguno en los ejercicios 2023 y 2024, según un informe preliminar remitido al consistorio para que plantee alegaciones.

Se pagó tanto suministro eléctrico como servicios de abastecimiento (de alcantarillado, servicios de recogida de animales, grúa, protección de datos, informes de urbanismo y asesoramiento jurídico) “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento de contratación”, según afirma el órgano de fiscalización de las cuentas públicas.

Además, el consistorio también facilitó a la Sindicatura de Cuentas un listado de gastos, también sin contrato, por un importe estimado de 906.070 euros. En total, 2,5 millones de euros.

El informe, al que ha tenido acceso este diario, señala que en los dos ejercicios siguientes al analizado, el ayuntamiento licitó por procedimiento abierto “algunos” de estos servicios.

Además, la Sindicatura de Cuentas también reseña que el servicio de limpieza en edificios municipales continuó prestándose y abonándose, por un importe de unos 34.377 euros mensuales, después de que venciera el contrato en octubre de 2024. Por otro lado, se hicieron limpiezas de refuerzo por 64.920 euros sin cobertura legal.

El informe detecta además el uso sistemático de la figura del contrato menor para cubrir prestaciones de carácter recurrente, periódico o permanente.

La Sindicatura también advierte de la inexistencia de medidas para luchar contra el fraude y prevenir conflictos de intereses y recuerda que no se exigió la declaración de ausencia de conflicto de intereses a los miembros de la mesa de contratación ni a los redactores de los pliegos técnicos.

La jueza de la dana ha citado a declarar como testigo, por segunda vez, al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, tras descubrir este viernes, gracias a la testifical de la exalcaldesa de Chiva, que fue avisado del desbordamiento de la cabecera del barranco del Poyo, más de una hora antes de que se enviara el Es-Alert, mientras participaba en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Así lo ha decidido la instructora de la causa en una providencia dictada este viernes en la que ofrece a Mascarell la posibilidad de aportar “voluntariamente” la factura de sus llamadas del 29n de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos. Avelino Mascarell declaró por primera vez el pasado 2 de marzo.

Por otro lado, con autorización de la exalcaldesa de Chiva, Amparo Fort, la jueza ha solicitado a la compañía telefónica la factura con las llamadas de la primera edil del día de autos relacionadas con la emergencia de la dana.

La testifical de la alcaldesa también ha forzado que la jueza cite a declarar a la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari. A Mazzolari también le ofrece la posibilidad de aportar voluntariamente la lista de sus llamadas de la dana.