Así ha sido la presentación del Plan de Recuperación tras la DANA: sin preguntas de la prensa y sin las asociaciones de víctimas

El 'Plan Endavant' para reconstruir y transformar la Comunitat Valenciana tras la DANA del pasado 29 de octubre, que ha dejado 228 víctimas mortales, cuenta con un total de 339 iniciativas iniciales presupuestadas en 29.000 millones. De ellos, 14.500 millones son para actuaciones competencia Generalitat, 12.600 millones del Estado, y el resto, correspondientes a otros actores, unos 1.450 millones.

El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, ha presentado este lunes el documento acompañado del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols. El plan lo ha elaborado la consultora PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios (PwC) por medio de un contrato de emergencia adjudicado por Pampols, con un coste de 2,2 millones de euros, de los que ya se ha abonado un 50%. Un contrato que ha generado una inspección de trabajo por supuesta cesión ilegal de trabajadores.

Al acto han asistido un nutrido número de autoridades políticas y de personalidades de la sociedad económica, social y académica de la Comunitat Valenciana, así como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por parte de la Administración General del Estado, ha asistido el comisionado del Gobierno para la reconstrucción, José María Ángel.

Por su parte, los síndics de PSPV y de Compromís en Les Corts, José Muñoz y Joan Baldoví, habían sido invitados, pero han declinado asistir por la gestión de Mazón de la DANA y para no “blanquear” su imagen, según fuentes de ambos grupos.

Sin embargo, las asociaciones de víctimas de la DANA no han recibido invitación, según han confirmado a elDiario.es. De hecho, a la hora del acto las tres asociaciones principales estaban en la Delegación del gobierno con la Comisionada de Salud Mental, Belén González: “Ni estábamos invitados ni informados”, ha afirmado la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29O, Rosa Álvarez.

El acto ha tenido una duración de más de una hora en el que tanto Mazón como Pampols han explicado las líneas básicas de actuación, pero no ha habido turnos de preguntas para los medios de comunicación.

En su intervención, Mazón se ha justificado en varias ocasiones asegurando que ninguna administración estaba preparada para una catástrofe así: “La pesadilla del 29 de octubre fue fruto de un evento natural excepcional, fuera de lo normal”, ha asegurado.

Propuestas y medidas

El plan incluye 339 actuaciones, 266 serían competencia exclusiva de la Generalitat, 21 de la Administración General del Estado, 11 de Ayuntamientos y ocho del sector privado, mientras que las 33 restantes serían de competencia compartida.

Mazón ha matizado que este plan se trata de “un borrador” ya que se someterá a consulta pública y se propondrá como propuesta de acuerdo al Consell para su aprobación a lo largo del mes de julio, por lo que prevé que estas 339 iniciativas crecerán cuando “se incorporen las que procedan del trámite de comunicación pública”.

Así, ha concretado que dispone de cuatro ejes: “Revolución en las infraestructuras, en la prevención, en la protección y en la gestión de emergencias”. En el primer caso se trata de “intervenciones integrales en el barranco del Poyo y en el cauce del río Magro; solicitamos que se identifiquen y jerarquicen tramos según su conflictividad, que se limpien y se mejore la capacidad de desagüe; también instalación de tanques de tormentas para grandes volúmenes de agua o un estudio integral con el Gobierno sobre los motivos por los que algunas carreteras y puentes no soportaron la presión para tenerlo en cuenta a la hora de la reconstrucción”.

Sobre el segundo eje ha explicado que se trata de actualizar las infraestructuras de monitoreo y respuesta temprana ante situaciones de emergencia. Realizar un “test de estrés para identificar zonas de riesgo elevado y definir programa de medidas”. Una guía “individualizada de cada barranco con sistema de alerta temprana”.

El tercer eje pretende modificar la normativa de seguridad de edificios públicos y privados con “obligación de instalación de bombas de achique y rutas de evacuación vertical, de salida a zonas seguras, así como dar formación en protección a los escolares al igual que se hace con incendios”, ha explicado Mazón.

Por último, en cuanto a la gestión de emergencias, “no puede ser suficiente con aportar un dato, sino qué riesgo implica para las personas” por eso “además de información de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), los ayuntamientos tendrán que reportar cada 60 minutos la situación de sus barrancos cuando hay una alerta naranja o roja”.

Mazón ha propuesto la creación de “una empresa pública mixta entre la Generalitat y el Estado para ejecutar infraestructuras hidráulicas así como la creación de una Agencia Estatal del Agua con sede en Comunitat Valenciana”. También fomentar el desarrollo suelo para construcción viviendas con una sociedad mixta y la creación de una comisión permanente en las Corts para seguimiento y control de plan recuperación.