Los vecinos de la calle Doctor Vicente Navarro Marco, en Tafira Alta (Las Palmas de Gran Canaria), parecen haberse hartado de la manera de conducir de algunos usuarios de la vía, particularmente por los excesos de velocidad en un tramo de poco más de mil metros en el que aparecen constantes discos y rótulos en el asfalto haciendo constar que el límite es de 30 kilómetros/hora.

Personas no identificadas, pero residentes en la zona, llevan varias semanas ejecutando una curiosa campaña consistente en instalar llamativos carteles sujetos a los viejos eucaliptos de la calle en los que se viene a advertir a los conductores de una “agresiva” acción de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria consistente en controles de velocidad por los que están imponiendo cuantiosas multas a los infractores.

Tales controles no existen, o si existen solo unos pocos los han podido ver y sufrir hasta el momento y en determinadas horas del día, lo cual no solo interpela a los conductores incívicos sino también a las autoridades municipales ya que la presencia de la Policía Local por la zona es escasa, como lo atestiguan otros comportamientos sin sanciones que denuncian los vecinos, particularmente la ocupación como apartamiento de las aceras y de las paradas de guaguas por parte de algunos usuarios.

Pero los vecinos protestan especialmente por el exceso de velocidad por los efectos que provoca en un barrio atravesado por esta vía urbana. En el tramo comprendido entre la Casa del Gallo y la Cruz del Inglés y su zona de influencia se concentran dos farmacias, dos cafeterías, dos colegios privados, uno público, un instituto, una tienda de comestibles y una iglesia, entre otros servicios.

Además de la peligrosidad que supone para los vecinos el exceso de velocidad, suman a este el ruido que generan los coches al pasar por zonas estrechas como el primer tramo (alrededores de la iglesia de Tafira) y la contaminación, que se multiplica cuanto más revolucionados van los motores.

La campaña de cartelería se complementa con las acciones de algunos voluntarios que pasean por la vía y que se dirigen a los conductores que pasan a alta velocidad marcando con su mano el tres y el cero que componen el disco de limitación a 30 kilómetros por hora.

Accidentes

En febrero pasado se registró el último accidente de importancia en la intersección de Vicente Navarro Nieto con Párroco Bartolomé Hernández. Un coche a alta velocidad se terminó estrellando contra dos bolardos y otro coche que se incorporaba a la vía.

La calle Vicente Navarro Nieto es la denominación que se dio a este tramo de la antigua Comarcal 812 (C-812) una vez entró en funcionamiento la Variante de Tafira, una vía históricamente reclamada por los usuarios del centro de la isla de Gran Canaria para sortear precisamente este tramo estrecho de este barrio, a ocho kilómetros del centro de la capital.

Tras la entrada en funcionamiento de la variante, el Cabildo Insular y el Ayuntamiento procedieron a arreglar la vía, a ponerle aceras y a modificar el trazado del tráfico en algunas zonas para hacerlo más adaptado a lo que pasaba a ser una vía netamente urbana.

La variante sirvió, sin duda, para aligerar el tráfico por Tafira Alta dado el crecimiento poblacional que viene registrando esta zona residencial, así como Santa Brígida y alrededores, los barrios con mayor renta per cápita de Canarias.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no cree que la congestión del tráfico que sufre la ciudad en determinadas zonas y en horas concretas del día sea significativa, sino que presenta “un nivel medio” si se compara con el resto del mundo occidental. Sí reconoce que “en determinados momentos del día pueden producirse episodios puntuales de congestión en algunos puntos de la ciudad, especialmente en accesos a zonas comerciales, administrativas o a grandes infraestructuras viarias”, pero no lo considera relevante.

Así lo ha manifestado a este periódico en respuesta a un cuestionario sobre zonas muy concretas que sufren todos los días cierto colapso circulatorio. Para ello recurre al índice internacional de congestión elaborado por la compañía de navegación TomTom, “que analiza millones de posicionamientos GPS de vehículos en todo el mundo”. Según este índice, Las Palmas de Gran Canaria presenta un nivel medio de congestión del 33,3 %. 

Se trata de un grado de congestión considerado “moderado-alto”, tirando a “notable”, según los mismos parámetros de TomTom o de Inrix, compañía especializada en datos de tráfico.

Esta congestión supone que un trayecto que normalmente se cubre en 30 minutos sin tráfico, está suponiendo 40 minutos, un 33,3% más de tiempo. Un nivel de congestión similar al de ciudades como Madrid, Lyon o Nápoles.

En aplicación de esos mismos estándares internacionales, un conductor o conductora promedio en ese nivel de congestión podría poder entre 60 y 80 horas al año sentado en un atasco, lo que se traduciría en un gasto extra de combustible y mantenimiento (paradas y arranques constantes) de su vehículo de entre 500 y 700 euros anuales.

Zonas concretas en momentos concretos

“El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es consciente de que en determinados momentos del día pueden producirse episodios puntuales de congestión en algunos puntos de la ciudad, especialmente en accesos a zonas comerciales, administrativas o a grandes infraestructuras viarias”, ha reconocido el consistorio a este periódico. “Se trata de situaciones que se analizan de forma continua por parte de los servicios municipales para aplicar medidas que permitan mejorar la fluidez del tráfico”. Esos datos, sostiene el consistorio, “reflejan que, aunque se producen episodios de congestión en momentos concretos del día o en determinados enclaves de la red viaria, no existe una situación de colapso generalizado del tráfico en la ciudad”.

La gestión del tráfico en la ciudad responde a “un sistema de competencias compartidas”, recuerda el Ayuntamiento. El diseño, planificación y estudio técnico de la movilidad corresponde fundamentalmente al área municipal de Movilidad, a cargo del concejal de Primero Canarias José Eduardo Ramírez. Pero también tiene competencias el Cabildo de Gran Canaria en las vías de su titularidad y hasta la Dirección General de Tráfico (Ministerio del Interior) en el ámbito de sus competencias. La Policía Local ejecuta sobre el terreno los planes de tráfico establecidos y aplica las medidas necesarias de regulación y control en coordinación con otros cuerpos como la Guardia Civil cuando procede, asegura el Ayuntamiento.

En los puntos más calientes de congestión “existen dispositivos de control y seguimiento que se activan en función de las características de cada zona”. En el entorno de la zona comercial de Mesa y López, por poner un ejemplo, el consistorio mantiene “un punto fijo de regulación” en la zona de Torre Las Palmas, “desde donde se actúa para mejorar la fluidez del tráfico en una vía que concentra una elevada intensidad circulatoria de vehículos y camiones y que actúa como nodo principal de conexión con otras áreas mencionadas, como Juan Manuel Durán, una de las principales zonas comerciales y residenciales de la ciudad”. 

En el caso del entorno del Mercado de Vegueta, que se colapsa por las colas para acceder al parking público de Sagulpa afectando gravemente a la Avenida Marítima, que colapsa en su carril derecho, “también se realizan controles puntuales”, pero se desconoce en qué consisten.

En cuanto al colapso que se suele producir en determinadas horas del día en el acceso desde el Llano de las Brujas a la circunvalación en dirección Norte (Tamaraceite), el consistorio recuerda que esta última vía es de titularidad insular y que su regulación corresponde a la Guardia Civil de Tráfico.

¿Dónde está la Policía Local?

La queja más frecuente de la ciudadanía en los últimos años respecto al tráfico tiene relación directa con la ausencia de agentes de la Policía Local y de Movilidad en las zonas más calientes del tráfico de la ciudad. El conflicto laboral promovido por los sindicatos USPB, CCOO, CSIF, UGT-FESP y SPPLB que duró más de un año y que concluyó en enero pasado, tuvo mucho que ver con esa recurrente ausencia. Pero seguramente afectará también la escasa plantilla de poco más de 500 agentes, 31 de movilidad, muy por debajo del número recomendado por la Federación de Municipios y Provincias de 1,8 por cada 1.000 habitantes.

Ciudades de similares características como Bilbao, con 747 agentes, superan ese promedio, al que no llega por ejemplo Alicante, con la misma población, pero con 567 agentes.

Durante el actual mandato, Las Palmas de Gran Canaria ha incorporado a 45 nuevos policías y ya ha convocado otras 57 plazas, con lo que se está acercando a la ratio recomendada, que teniendo en cuenta sus 381.000 habitantes, debería ser de 690 agentes policiales.

¿Cómo se despliega la Policía Local para mitigar los problemas de tráfico? Según el Ayuntamiento, “se distribuye en distintos turnos y funciones, con puntos fijos habituales en enclaves como Torre Las Palmas, La Ballena o Belén María, además de desplazarse a otras zonas de la ciudad en función de los estudios de tráfico y de las necesidades detectadas.

Junto a esto, desde el Centro Municipal de Emergencias (CEMELPA) se controla la red de cámaras desplegada por la ciudad, por lo que en caso de algún incidente de tráfico se puede desplazar a los agentes hacia ellos“.

Básicamente, el Ayuntamiento no considera inadecuado ese despliegue: “Desde el punto de vista técnico, el sistema viario de la ciudad funciona en términos generales con niveles de servicio adecuados, aunque con un equilibrio ajustado que puede verse tensionado por picos de demanda en determinados nodos de la red. Infraestructuras estratégicas como el enlace de Torre Las Palmas o el nudo de Julio Luengo registran un funcionamiento óptimo durante la mayor parte del tiempo, concentrándose las retenciones en franjas horarias muy específicas o en circunstancias puntuales”.

El Parlamento de Canarias celebró esta semana el tercer Debate sobre la Nacionalidad Canaria de esta legislatura y penúltimo antes de que se celebren nuevas elecciones autonómicas en 2027. Durante dos días, los grupos políticos analizaron la situación en las islas, y el tercero, votaron las propuestas de resolución presentadas previamente. El Debate comenzó la mañana del martes con la intervención del presidente regional, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), durante casi dos horas, el tiempo máximo permitido. Esa misma tarde, le contestaron los partidos de la oposición, y ya al día siguiente le llegó el turno a los partidos que apoyan al Gobierno canario.

En resumen, la oposición criticó al presidente por pronunciar un discurso alejado de la realidad (según PSOE), por aludir a “datos erróneos que rozan una mentira adrede” (sgún Vox), por esquivar durante su mandato los verdaderos problemas de Canarias intentando que se los resuelvan otros (el Estado y Bruselas) y por pretender que el llamado Decreto Canarias (o Decreto Clavijo, como lo denominan los partidos de la oposición) sea la respuesta a todos los males del archipiélago. Además, coincidieron en calificar a este gobierno de CC y PP como inútil, pues ha dejado en un cajón (sin gastar, sin utilizar) más de 3.300 millones de euros en los tres años que estos dos partidos llevan juntos en el poder, y que haya que devolver decenas de millones de euros de fondos de la Unión Europea por no haberles dado ningún uso.

Estas son las falsedades e inexactitudes más destacadas del discurso de Clavijo para abrir el Debate sobre la Nacionalidad Canaria:

El turismo “se enfría”

Clavijo dijo que el sector turístico en Canarias empieza a mostrar “síntomas de madurez y enfriamiento” tras varios años de crecimiento continuado.

Sin embargo, aquí hay que señalar que el turismo en Canarias, lejos de enfriarse, sigue registrando cifras récord. Los últimos datos así lo confirman. En enero llegaron a las islas un 5% más de visitantes internacionales que un año antes, y en febrero, un 7,7% más, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). También las cifras ofrecidas por AENA, el gestor de los aeropuertos españoles, y Turespaña lo demuestran: en enero llegaron a Canarias un 1,9% más de viajeros internacionales, y en febrero, un 1,2% más. El gasto en destino también aumenta. El único dato que cae es el de las pernoctaciones, que descendió un 1,4% en enero respecto a un año antes, marcando, aún así, el segundo mejor dato de la serie histórica. Sin embargo, dado que el número de turistas llegados sigue aumentando, se puede interpretar que los turistas eligen otros alojamientos que no son los hoteles y apartamentos, como por ejemplo las viviendas vacacionales, tanto las registradas como las que no lo están.

Mejoran los salarios turísticos por el “diálogo” con la patronal

Clavijo también destacó la importancia de que la riqueza generada por el turismo llegue a las familias canarias y, en esa línea, celebró la firma de los convenios colectivos del sector en ambas provincias, “con subidas salariales de dos dígitos” fruto, según él, del diálogo social entre patronal y sindicatos “con mediación del Gobierno pero no intervención”. Aquí hay que hacer hincapié en que fue una huelga en plena Semana Santa (algo no mencionado por Clavijo, que aludió a “diálogo”) la que obligó a las patronales a firmar nuevos convenios colectivos tras la presión de los trabajadores. El Gobierno canario se limitó a imponer a los empleados el cumplimiento de unos servicios mínimos, como si el turístico fuera un sector esencial (como los transportes o la sanidad), algo que fue denunciado por los sindicatos. Fue tras esa huelga en las dos provincias (en Las Palmas se llegó a un acuerdo antes de llegar a los paros, pero en Santa Cruz sí llegaron a celeberarse) la que logró que finalmente se mejorasen las condiciones de los empleados.

También hay que señalar que la subida del salario mínimo aprobada por el Gobierno central ha obligado a mejorar lis salarios más bajos.

Respecto a que la riqueza creada por el turismo llegue a las familias canarias, cabe recordar que el Gobierno de Clavijo ha rechazado en numerosas ocasiones (la última, en este mismo Debate sobre la Nacionalidad Canaria) la imposición de una tasa turística, de manera que los visitantes paguen una cantidad y contribuyan con ella al mantenimiento de los servicios que ellos también aprovechan, como las carreteras, los transportes, la seguridad, la depuración y generación de aguas, la vigilancia de los espacios protegidos o la gestión de los residuos, los servicios de playas y hasta incluso servicios sanitarios, y que son los impuestos pagados por los residentes los que los costean, estando en ocasiones saturados precisamente por la presencia de los millones de visitantes en las Islas. Mientras tanto, el Gobierno de Clavijo sigue sin aliviar la presión fiscal que tanto Coalición Canaria como el PP prometieron en campaña electoral, cuando aseguraron que bajarían el IGIC. En su lugar, lo han subido en algunos bienes y servicios y solo redujeron la presión fiscal para prácticamente eliminar el impuesto de donaciones y sucesiones a las herencias de más de un millón de euros.

Por tanto, el Gobierno de CC-PP se niega a recaudar a través del turismo decenas de millones de euros al año que podrían contribuir a aliviar la presión fiscal sobre los canarios, o destinarse directamente a mejorar las partidas destinadas a combatir la pobreza, o a sanidad, o a educación, o a empleo, entre otras.

“Mejoran todos los indicadores de pobreza”

Sobre los datos de pobreza, Clavijo admitió que son “inaceptables”, pero, a renglón seguido, presumió de que han mejorado todos los indicadores porque “estamos en la senda correcta”. De nuevo en este punto señaló como solución su Decreto Canarias, que, en su opinión, “es el escudo social” que permitirá avanzar hacia la media estatal.

Sin embargo, los datos lo desmienten. Canarias ha mejorado en algún indicador, pero ha empeorado en otros y según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) con origen en la Encuesta de Condiciones de Vida (2025), la tasa Arope sobre riesgo de pobreza y exclusión social en Canarias se mantiene en el 31,2% , mismo dato que un año antes. La media nacional alcanzó el 25,7%, es decir, 0,1 puntos menos en un año. Canarias pasó del quinto puesto con mayor pobreza, al cuarto, con solo peores cifras en Andalucía (34,7%), Castilla-La Mancha (34%) y Región de Murcia (32,5%), pues Extremadura (30,4%), antes en el quinto puesto, ya ha superado a las islas ocupando el cuarto.

Y todo esto mientras el turismo experimenta años de récord y España vive un período de bonanza, creciendo por encima de la media europea. Sin embargo, Canarias sigue mantiendo la cesta de la compra más cara y los sueldos más bajos. Y mientras,

Como han señalado diversas investigaciones, la pobreza en Canarias es de carácter estructural y se ha cronificado, mientras aumenta la desigualdad. Es por ello que en un escenario de crecimiento económico las cifras de pobreza y exclusión no cambian. El último informe de Cáritas incidía en que “la exclusión persiste y se intensifica como un problema estructural que afecta de manera cronificada a más de 560.000 personas” en Canarias. 

El documento, presentado en febrero indica que, en este período, los sueldos no han ganado poder real. El aumento salarial “prácticamente desaparece” por la inflación (en torno al +2,2% en términos reales). Además, el salario medio en Canarias sigue un 14% por debajo de la media estatal. Con la vivienda cada vez más cara, esa debilidad salarial reduce mucho la capacidad del empleo como “protección”. De hecho, tal y como le recordó el PSOE a Clavijo, los únicos sueldos que han mejorado son los que dependen del Estado: pensiones, salario mínimo y sueldos públicos.

En esta tesitura, las medidas de garantía tampoco sirven de escudo a los más vulnerables pues en Canarias el Ingreso Mínimo vital solo alcanza a una de cada tres personas en situación de pobreza severa, una cobertura muy inferior a la media estatal.

Para Clavijo, sin embargo, Canarias está “en la senda correcta”.

“No permitiremos la especulación” en viviendas

En cuanto a la vivienda, Clavijo aseguró que “no permitiremos la especulación mientras los canarios no tengan vivienda”. Sin embargo, ninguna medida hasta ahora de las adoptadas por su ejecutivo están encaminadas a evitar la especulación y se basan únicamente en la construcción de más viviendas. De hecho, destacó el ritmo actual de construcción de viviendas, que cifró entre 5.000 y 6.000, pero también dijo que “no es suficiente”, pues se necesitarían del orden de 15.000 al año. Es decir, que hay que construir más.

Sin embargo, no ha aprobado, ni tan siquiera planteado, ninguna medida para evitar esa especulación que dice no querer permitir. Al contrario, el Gobierno canario impide hasta el momento que se aplique el tope a los precios del alquiler contemplado en la Ley estatal de Vivienda. Varios ayuntamientos canarios, entre ellos Las Palmas de Gran Canaria, han pedido al Gobierno regional que acepte la declaración de zona tensionada (el Gobierno canario es el competente para hacerlo), pero hasta ahora no ha accedido a ninguna de las peticiones, con lo que no se pueden topar los precios.

Además, también se negó a aplicar una moratoria a las viviendas vacacionales mientras se tramitaba la ley regional para regular el sector. Así, durante el tiempo que duró el trámite parlamentario las viviendas vacacionales registradas aumentaron en más de 30.000.

Mientras tanto, los precios siguen disparados y el 30% de las propiedades acaban en manos de propietarios extranjeros, sin que el Ejecutivo de Clavijo controle su uso o evite la aparición de fondos buitre o grandes tenedores.

La mitad de los municipios “pierden población”

Clavijo también sacó a colación la “batalla compleja y difícil” para limitar la residencia en las islas. “No podemos seguir creciendo en 20.000 ciudadanos al año”, dijo.

Cabe recordar que tras dos comisiones parlamentarias sobre reto demográfico, y a la creación de diferentes comités de expertos, una viceconsejería específica, estudios sobre el tema y hasta una estrategia del Gobierno, hasta ahora no se ha tomado ninguna medida que limite el crecimiento poblacional y se ha dejado en manos de Bruselas la intervención en el asunto.

La intención del Gobierno canario, tal y como explicó de nuevo Clavijo (puesto que es una medida ya anunciada en 2025), es que sean las zonas rurales las que ganen más población, algo que ha sido descartado ya por expertos en la materia. Según Clavijo, para ello hay que acercar los servicios públicos y las administraciones a la ciudadanía.

Para argumentarlo, Clavijo se basó en una afirmación falsa: la mitad de los municipios de las islas pierden población. Solo ocho de los 88 municipios han reducido sus habitantes en los últimos cinco años, según el INE, y lo han hecho, además, en cantidades muy pequeñas, que no compensan el enorme crecimiento en otros. Clavijo señaló que el crecimiento poblacional en Canarias no ha sido homogéneo, algo cierto, pero los datos oficiales desmienten el resto de su discurso: prácticamente todos los municipios canarios han ganado población.

Basándose en ese argumento erróneo, el Gobierno de Clavijo plantea el programa Dinamiza Rural, que se desarrolla en 46 de los 88 municipios del archipiélago con menos de 10.000 habitantes y que busca fijar población en el territorio mediante la dinamización económica y el apoyo al sector primario.

Cabe señalar que esta estrategia de fijar población residente en zonas rurales de las medianías supuestamente despobladas contrasta con la falta de límites al crecimiento en las zonas turísticas de las islas, es decir, en las costas.

Canarias necesita más financiación

Clavijo basó gran parte de su discurso en señalar que hay que apoyar el Decreto Canarias para crear un escudo social que proteja a las Islas. Sin embargo, tal y como ha señalado en diversas ocasiones la oposición, dicho decreto se baja en exigir más financiación al Estado para asuntos que son de competencia autonómica, así como pedir que sea el Gobierno de Clavijo el que elija a los directivos de entes estatales tales como Televisión Española en las Islas.

Sin embargo, como señaló la oposición y también indican diversos informes (como el del Colegio de Economistas de Las Palmas), uno de los principales problemas de Canarias no es falta de financiación, sino falta de ejecucución de sus presupuestos. En un demoledor informe publicado por el Colegio de Economistas el pasado febrero, Canarias es la región ultraperiférica de la Unión Europea (UE) que más convergencia económica ha perdido respecto al resto de su país (en este caso, España) en las dos últimas décadas, en parte por la falta de ejecución de los fondos europeos asignados a las islas.

Desde el año 2000, la convergencia de Canarias frente a España ha retrocedido del 93,8% al 78,4% y, respecto a la Unión Europea, del 74% al 72% desde 2013, lo que la sitúa entre las regiones ultreperiféricas (RUP) con peor evolución relativa.

El estudio Desigualdades y convergencias en las Regiones Ultraperiféricas en la Unión Europea: Análisis comparado 2014-2024 muestra que, mientras algunas RUP han logrado aproximarse a sus referentes económicos, Canarias se aleja “de manera persistente” de sus referentes económicos.

Al mismo tiempo, Canarias es la segunda región ultraperiférica europea con mayor presión fiscal y la que más se acerca al nivel fiscal de su país. El diferencial de presión fiscal respecto a España es de un 9,4%, mientras que las RUP de Francia y Portugal, en su conjunto, tienen un diferencial de un 16% aproximadamente. Estos factores se traducen en una menor renta per cápita de los canarios, un empeoramiento en la ejecución de los recursos provenientes de la UE y el mantenimiento de los niveles de pobreza del archipiélago.

Canarias es la segunda RUP que más fondos europeos recibe, en torno a los 3.200 millones de euros, pero solo ejecuta unos 1.600 millones, a pesar de que es la que tiene más población y mayor renta per cápita general.

“Que no gobierne Vox”

Por último, Clavijo, en su respuesta al diputado de Vox Nicasio Galván, llegó a decir que haría lo posible para que no llegue a gobernar en Canarias el partido de Santiago Abascal (a quien de nuevo llamó fascista como el pasado verano en la polémica por la visita del Open Arms).

Aquí hay que señalar que Coalición Canaria, partido del que Clavijo es el máximo dirigente, ya gobierna con Vox tras acuerdos en varios ayuntamientos en Tenerife y uno en Lanzarote.

Del dinero de todos los contribuyentes españoles habrán de salir los 5,34 millones de euros con los que hay que indemnizar a los vecinos del edificio San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, por una licencia ilegal concedida por el Ayuntamiento de la ciudad cuando ocupaba la alcaldía el exministro de Mariano Rajoy José Manuel Soria López. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado esta semana una providencia instando ya al Estado a pagar esa indemnización después de un largo proceso judicial que acabó en el Tribunal Constitucional.

Según publicó este miércoles Canarias7 y ha confirmado Canarias Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha instado a que se ejecute de una vez el importe de la indemnización, que el mismo tribunal fijó en 2024 en 5.343.590,57 euros para indemnizar a los vecinos por la expropiación de su derecho a tener un espacio libre ante su edificio, tal y como estaba planificado cuando compraron sus viviendas en una de las zonas de más alta calidad de la ciudad, junto al parque de San Telmo y con vistas al Océano Atlántico.

Es la resolución más beneficiosa para la ciudad de todas las que han rodeado este proceso ya que una primera sentencia de febrero de 2022 ordenó demoler la Biblioteca Pública del Estado porque de forma contraria al ordenamiento les tapaba las vistas a la primera línea del mar.

Una orden de demolición

Ese edificio, promovido por el Ministerio de Cultura cuando gobernaba José María Aznar, obtuvo una licencia ilegal de obra en 1997, siendo alcalde de la ciudad José Manuel Soria (PP), y concejal de Urbanismo Jorge Rodríguez Pérez (PP). 

La orden de demolición fue lo que se encontró sobre su mesa el socialista Augusto Hidalgo cuando en 2015 asumió la alcaldía de la ciudad. Tras un largo proceso negociador, en el que intervino muy activamente el que fuera secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, se logró reconducir el expediente hacia la declaración de utilidad pública e interés social la expropiación de los derechos de ejecución de las resoluciones judiciales relacionadas con la demolición de ese edificio público.

Hidalgo, actual vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, lo recordó en X este miércoles

Después de ser alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y dejar secuelas como este pleito que a punto estuvo de costar la demolición de una biblioteca pública, José Manuel Soria continuó en la política. Primero, como presidente del Cabildo de Gran Canaria; luego, vicepresidente del Gobierno de Canarias, y finalmente ministro de Industria, Energía y Turismo. Su aparición en los papeles de Panamá y el descubrimiento de empresas en paraísos fiscales, forzó su dimisión en 2016. Actualmente se dedica al mundo de los negocios vinculado a la automoción, en el grupo Domingo Alonso, a las renovables y la consultoría, en Grant Thornton.

Su concejal de Urbanismo, Jorge Rodríguez, el que tramitó esta licencia ilegal, también siguió en política, pero simultaneándola siempre con los negocios. Llegó a ser portavoz parlamentario regional del PP en materia de economía, y acabó en el banquillo por el caso Grupo Europa, por facilitar negocios a una empresa peninsular para introducirse en el negocio de la vivienda protegida en Canarias. Fue absuelto en una curiosa sentencia que dio por sentado que ejerció influencia. El tribunal lo presidía el actual presidente de la Audiencia Nacional, Navarro Miranda, que fue designado para ese cargo durante las sesiones del juicio. Actualmente dirige un despacho de abogados en el que tiene como asesor al exjuez corrupto Salvador Alba.

“La música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo”. Esta frase atribuida a Platón es, en realidad, una malinterpretación de lo que dijo. El famoso filósofo griego, en realidad, aseguró que en un mundo ideal lo primero que deberíamos aprender es música. Al fin y al cabo, y sea lo que sea, ¿qué hay más importante que el alma?

La ciencia se ha encargado de demostrar que el famoso filósofo tenía razón. A lo largo del último siglo, diferentes estudios científicos han demostrado cómo la música es capaz de reducir la ansiedad y el estrés, de ayudarnos a dormir mejor y mejorar nuestra memoria. Se ha demostrado, también, que es un elemento clave en el desarrollo del cerebro de los bebés e incluso, en jóvenes y adultos, tiene la capacidad de reducir el dolor físico y mejorar la circulación sanguínea o la curación de lesiones en el sistema nervioso.

Sin embargo, a pesar de la fama de Platón o la insistencia de la ciencia, en España no hemos hecho mucho caso de la importancia de este arte. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, menos del 10% de la población sabe, a día de hoy, tocar un instrumento, un porcentaje muy inferior al de países como Austria, Finlandia, Suecia o Islandia, tal y como indica en su último informe la Unión de Escuelas de Música Europeas. La música sana, la música forma, la música trans-forma… solo que, en este país, todavía no nos hemos dado cuenta.

El instrumento que todos tenemos en casa

“No hay edad mala para apuntarse a las clases, es simplemente tener ganas de tener una experiencia de aprendizaje”, señala Olga Ney Sotomayor. Esta profesora de canto, afincada en el municipio de Agüimes desde hace una década, se formó en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), entidad integrada en la alianza de universidades europeas de música y arte (IN.TUNE).

Más adelante, completaría sus estudios en países como Italia o Suiza, donde además de convertirse en una reputada concertista, descubrió el enorme potencial de trabajar con la voz. “Es un instrumento que todos llevamos con nosotros”, indica. “Lo único que la voz humana es muy emocional y cuando hay desórdenes emocionales la voz expresa cosas que el lenguaje no permite expresar”.

Con esta idea, da clases en la isla a través de la escuelita inPulsArTe y la Comunidad Energética Tamarán Educa, donde se encarga del departamento pedagógico y cuidados del bienestar de las personas. “La voz, la música, el teatro, la psicoterapia, el movimiento, la meditación y las artes plásticas… en general todo conforma el esqueleto del abordaje interdisciplinar que aplico a mis alumnos”.

Encontrar el potencial del alumno

Su trabajo, nos cuenta, consiste sobre todo en la escucha y observación para “poder percibir el potencial de la persona”. Explica un caso, por ejemplo, de una alumna a la que le habían extirpado parte del pulmón en una operación, razón por la que le faltaba el aire al cantar. “Yo veo su potencial, creo un ambiente de confianza para que ella misma lo vea y lo explore”, describe. Con el paso de las clases, esta mujer no solo mejoró su instrumento vocal, sino que además, explica la profesora, creció en otros aspectos. “Aprendemos a ver los dones, a abordarlos, a explorarlos, aprendes a conocerte a ti mismo y ahí desaparecen las vergüenzas, los miedos, las inseguridades… si hay alguna cosa que es marca de la casa es que el alumno crece a nivel personal, eso les da mucha seguridad”.

Con los años, Olga ha cambiado por completo su forma de dar clases. Tras adentrarse en disciplinas como la Danza Movimiento Terapia, la musicoterapia, la psicoterapia y el yoga, desarrolló un método en el que ya no fuera tan importante cantar como Bisbal, Marc Antony o Chenoa. “Yo ayudo a las personas a través del canto”, asegura. “He trabajado con personas enfermas, deprimidas, que tenían que tomar decisiones y no se atrevían. En muchos casos, he visto cómo el canto les ayudaba a pasar de una mejor forma por todos esos procesos”. ¿Y si lo único que quieren es cantar como Bisbal? Olga ríe: “Tampoco hay problema: se puede cantar mucho mejor que él”.

La experiencia de una de sus estudiantes

Los alumnos de Olga también comentan sobre los efectos positivos que tuvo empezar a aprender música con esta profesora. Nos encontramos de todo: desde gente que no había cantado nunca y ni siquiera se había atrevido a subirse a un escenario a cantantes que ya habían actuado en conciertos. Una de las más entusiastas en este último grupo es Arantza, mujer que en 2023 sacó su primer trabajo discográfico con el apoyo de su maestra y que no duda al ser preguntada por la influencia de ella: “Gran parte de lo que soy se lo debo a ella”.

Arantza comenzó a asistir a las clases de Olga en 2017 tras conocerla en un coro. Ella ya cantaba antes en conciertos, pero nos cuenta que, por entonces, no se había percatado de que en realidad estaba usando mal su voz. “Lo que hace Olga no tiene nada que ver con lo que me había ocurrido en otras clases”, subraya ella.

Cuando se le pregunta por qué, ella hace referencia a dos momentos: el primero fue una clase en la que llegó y comenzó a cantar como siempre, pero la profesora la detuvo en cierto momento para preguntarle por qué estaba tan nerviosa. “Lo primero que hizo fue tumbarme”, narra, “y me hizo estar, escuchar y estar pendiente de todos los ruidos que había a mi alrededor. Ni yo me había dado cuenta de que había llegado agitada, me bajó las revoluciones y solo con eso, vi que después cantaba mucho mejor”.

Va más allá con el segundo ejemplo. “Antes cantaba mal”, confiesa, “y me hacía daño en las cuerdas vocales”. Olga detectó ese problema y lo abordó no solo de una manera técnica y estrictamente musical, sino que practicó un método que abarcaba mucho más. “Me enseñó la importancia del cuerpo, de las emociones y hasta de la alimentación, cosas que no sabía que afectaban tanto a mi forma de cantar. Yo pensaba que para hacer música bien con un par de ejercicios bastaba, pero no, la voz es mucho más que eso”.

Un beneficio social

Sobre Arantza, afirma Olga que se siente “muy orgullosa”, como de todos sus alumnos que, además de aprender a cantar, experimentan ese crecimiento personal que busca generar en sus clases. “Profundizas en tus procesos: es bonito, es divertido, es social, y además mejoras habilidades varias, lo trabajas todo, cuerpo y mente”.

Desde que llegó a Agüimes, esta profesora de canto también ha llevado múltiples iniciativas en las que, tanto a través de inPulsArTe como de Tamarán Educa ha intentado también buscar un beneficio social con su trabajo. Un ejemplo de ello fue cuando, a través de la organización de un concierto benéfico, logró costearle la universidad a uno de sus alumnos después de que a este le denegaran una beca para poder pagarlo.

“En el caso de Arantza”, añade, “el disco que ha sacado contiene canciones que hablan de temas como la inmigración u otros aspectos sociales. Por eso decidimos desde Tamarán Educa apoyar su proyecto económicamente. Además, tal y como indica el nombre del álbum, Soy, también explora su propia identidad como mujer a través de la música, algo que creo que también puede servirle a mucha gente”.

Crear un espacio seguro

Sin embargo, la cantante y terapeuta musical tiene claro que eso es solo el último paso de un viaje que comienza desde el interior de sus estudiantes. “Lo más importante para mí desde el principio es que el alumno sienta que estamos en un espacio de confianza y de seguridad, que todo lo que ocurra en las clases quedará entre esas cuatro paredes”.

Al hacer música apelamos directamente a nuestro autoconcepto y visualizamos nuestras limitaciones a través de las emociones y las resistencias. “El alumno o la alumna pueden expresar lo que necesiten sin ningún juicio, y al final yo lo que hago es ofrecer un acompañamiento, sin demandas ni exigencias”. Por último, Olga añade que precisamente por eso su metodología varía con cada alumno. “Cada persona es única y valorada, cada una tiene su proceso de transformación en la infinidad de opciones que le permiten sus resistencias”.

Han pasado muchos siglos desde que Platón habló sobre la música, pero muchos hoy siguen compartiendo y desarrollando sus ideas. Uno de esos Platones modernos sería Espósito, quien afirma en su libro Le persone e le cose: “La cosa nos confronta con lo que, en nosotros, precede y excede a la persona: con ese fondo impersonal que somos antes de ser alguien, y seguiremos siendo después de haberlo sido.”

Ana Aldea es la fundadora de datasocial, una agencia de marketing digital especializada en la transformación digital de empresas a través del marketing online y las redes sociales. Con una destacada carrera en el ámbito del marketing, Ana ha sido reconocida por su habilidad para utilizar datos y análisis en la optimización de estrategias de marketing y ventas.

Además de su trabajo en datasocial, Ana Aldea es conocida por su enfoque en cómo las redes sociales pueden transformar la comunicación empresarial, enfatizando que la comunicación social es esencial en el mundo moderno. Su capacidad para medir la presencia de una marca y analizar el sentimiento hacia ella a través de las redes sociales ha sido una de las piedras angulares de su éxito.

En primer lugar, ¿puedes explicarnos qué es un CRM? 

Un CRM (Customer Relationship Management) es una herramienta tecnológica diseñada para gestionar y analizar las interacciones de una empresa con sus clientes y prospectos a lo largo de su ciclo de vida. El objetivo principal de un CRM es mejorar las relaciones comerciales, optimizar la retención de clientes y fomentar el crecimiento de las ventas. Esto se logra centralizando la información del cliente, automatizando procesos de ventas, marketing y servicio al cliente, y proporcionando análisis y datos detallados para tomar decisiones más informadas y estratégicas.

¿Podrías contarnos la importancia de implementar una herramienta de CRM en el sector turístico?

Implementar una herramienta de CRM en el sector turístico es crucial para gestionar eficientemente las relaciones con los clientes. Los hoteles que ya no lo tengan se están quedando a la cola y en el último puesto del juego. En el turismo, la personalización y la atención al cliente son clave, y un CRM permite centralizar toda la información de los clientes en una plataforma. Esto facilita la gestión de reservas, el seguimiento de preferencias y la implementación de campañas de marketing dirigidas.

¿Cuáles son los beneficios específicos que un CRM ofrece a las empresas turísticas?

Un CRM ofrece varios beneficios. Primero, proporciona una visión 360 grados del cliente, lo que ayuda a personalizar las ofertas y mejorar la experiencia del cliente. Segundo, las capacidades de automatización permiten a las empresas turísticas realizar seguimientos automáticos, enviar recordatorios de reservas y ofrecer promociones personalizadas, mejorando así la eficiencia operativa y aumentando la satisfacción del cliente.

¿Podrías dar un ejemplo de cómo un CRM puede mejorar la experiencia del cliente en el sector turístico?

Imagina que un cliente reserva un viaje a través de una web de un hotel o una agencia que usa un CRM. Toda la información del cliente se registra en el sistema, desde preferencias de viaje hasta el historial de reservas. Cuando el cliente vuelve a reservar, la agencia puede utilizar esta información para ofrecerle destinos o actividades que coincidan con sus intereses previos. Además, el CRM puede enviar automáticamente recordatorios y recomendaciones personalizadas, haciendo que el cliente se sienta valorado y bien atendido.

¿Cómo puede un CRM ayudar a las empresas turísticas a mejorar sus estrategias de marketing?

Un CRM ofrece herramientas avanzadas de marketing que permiten segmentar audiencias, crear campañas personalizadas y analizar su rendimiento. Las empresas turísticas pueden utilizar estas herramientas para enviar correos electrónicos segmentados, crear contenido atractivo y medir la efectividad de sus campañas en tiempo real. Esto no solo ayuda a atraer nuevos clientes, sino también a retener a los existentes mediante estrategias de marketing más efectivas y dirigidas.

En los próximos días darás una masterclass en la Cámara de Comercio de Fuerteventura, ¿Podrías contarnos más al respecto?

El viernes, 14 de junio a las 9.00 horas, impartiré una master class en la Cámara de Comercio de Fuerteventura (Vivero de Empresas) Es una gran oportunidad para que los profesionales del marketing digital y la tecnología relacionados con el sector del turismo se reúnan y compartan conocimientos en una sesión de networking que tendrá lugar después de la charla.

¿Cómo pueden los interesados inscribirse en el evento?

Pueden inscribirse on line o directamente en la Cámara de Comercio de Fuerteventura.

 ¿Algo más que te gustaría añadir sobre la implementación de CRM en el sector turístico?

Solo añadir que en un sector tan competitivo como el turístico, la implementación de un CRM puede marcar una gran diferencia. No solo mejora la eficiencia operativa, sino que también enriquece la experiencia del cliente, lo que en última instancia se traduce en mayores tasas de retención y fidelización. Invito a todas las empresas turísticas a considerar seriamente esta herramienta.

Era de esperar y se esperan más: hay tanto que contar sobre el presunto pucherazo en Mogán que la primera tarde de declaraciones de testigos ante el juez instructor deparó este miércoles el primer cambio de versión por parte de una declarante que le había contado con pelos y señales a la Guardia Civil cómo la alcaldesa, Onalia Bueno, y su partido, Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) le compraron el voto en 2019 por 50 euros.

Se trata de Beatriz P.G., testigo con antecedentes penales, a la que le ha cundido la propuesta de cambiarse de bando. Y todo con el objetivo de que contara ante el juez el guión que ha marcado la defensa de la alcaldesa de Mogán, del despacho del reputado José Antonio Choclán: que la trama de compra de votos y financiación de su partido es una conspiración y una invención de su rival política, la única concejal de Nueva Canarias, Isabel Santiago.

En una declaración poco creíble, y en la que el propio juez hizo incurrir a la testigo en una serie de contradicciones que desacreditan su testimonio, la declarante aseguró que fue Isabel Santiago quien le dio “en el patio de su casa” 150 euros para decir a la Guardia Civil “y a La Sexta” que enviados de Ciuca le habían comprado su voto. No solo se enfrenta a un presunto delito de falso testimonio si los hechos documentados por la investigación dejan en evidencia sus acusaciones, sino a una querella de la concejal.

La testigo dijo que había votado por correo en la oficina de Arguineguín, una falsedad destacada por el juez, porque la investigación de la Guardia Civil ubica su voto en El Corte Inglés de Las Palmas de Gran Canaria. “¿En El Corte Inglés? Pero si yo no tengo ni dinero p’al Salcai (antigua guagua interurbana del sur de Gran Canaria), ni coche, si yo vivo debajo de un puente…” vino a decir la declarante, que además aseguró sentirse acosada por uno de los denunciantes y al autoinculparse, también investigado, el excolaborador arrepentido de Ciuca Ramón Trujillo El Perraya. 

Otra contradicción flagrante: “¿Se siente acosada por Ramón Trujillo? ¿Dice que siente miedo? ¿Y entonces por qué fue usted esta mañana a su casa?”. Todo apunta a que intentó grabar esta misma mañana de miércoles al denunciante/investigado preguntándole qué tenía que declarar y así desacreditar al Perraya, justo horas antes de las citas judiciales de la tarde. “¿Qué qué tienes que declarar? Pues la verdad”, le respondió.

Nueve meses después de las detenciones de la alcaldesa y sus concejales Mencey Navarro y Tania Alonso ha pasado tiempo suficiente para que los investigados hayan desplegado sus mejores convicciones para que se produzcan virajes y testigos se desdigan de lo declarado en sede policial. Denuncias por presiones para que eso sea efectivo ha habido ya varias, y según cuentan en Mogán, más contradicciones y más acusaciones contra la concejal Isabel Santiago se producirán los próximos días por parte de otros testigos dispuestos a contar todo lo contrario de lo dicho hasta ahora.

La primera de las testigos que están citadas a declarar entre este miércoles y el 12 de julio fue la única que evacuó ante el juez Ramírez de Verger. Y eso a pesar de que tras su declaración debían pasar por la sala de vistas número 15 del Edificio Judicial de Las Palmas de Gran Canaria otros tres testigos. No fue posible porque cayó la noche ante la extensa declaración de otro de los denunciantes, el exalcalde Paco González (PP).

Paco González se extendió con detalle sobre el modus operandi que él tiene detectado y la implicación directa de uno de los presuntos empresarios de cabecera de Ciuca, Luis Oller, propietario de la mercantil Aguas de Arguineguín, cuyos intereses se hubiesen visto afectados de no ganar Ciuca las elecciones y repetir el PP en el gobierno municipal. En concreto, por las intenciones del propio exalcalde y de su grupo político de municipalizar todo el agua de abasto de Mogán, una medida que presuntamente perjudicaría a la empresa de Luis Oller. Ese proyecto de municipalización y unificación del ciclo del agua ha sido descartado por el partido gobernante de la alcaldesa.

El exalcalde también indicó contar con una serie de grabaciones que implicarían a más conejales de Ciuca en la presunta compra de votos. El juez le ha dado cinco días de plazo para que aporte esas grabaciones, así como más detalles de empresarios que estarían implicados en la trama, como de otros dispuestos a declarar que han recibido presiones para apoyar a la alcaldesa investigada. Su declaración, salpicada de lagunas de memoria, se fundamentó sobre todo con la documental aportada por la Guardia Civil sobre los hechos concretos que relataba el exalcalde.

Este viernes deben continuar los testimonios en horario de tarde, con los tres testigos que no lo pudieron hacer este miércoles, aparte de otros cuatro más llamados por el juez a declarar. Durante la sesión de esta tarde, resultó llamativa la presencia de uno de los investigados, el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, dentro de la sala de vistas, mientras el denunciante y la único testigo que pude declarar evacuaban ante el juez y el fiscal. Navarro es abogado y este miércoles entraba en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria junto al resto de letrados de los investigados, pero no representa a nadie, ya que su abogada es María del Pino López Acosta. 

Quien no conozca en Gran Canaria al padre Báez, el cura de boina y polo amarillos y un garrote de pastor en mano, es que no sabe de la misa la mitad. Personaje histriónico donde los haya, hiperbólico, en exceso exagerado y, siempre que quiere, desagradable e hiriente en el trato. Así se presenta en las redes sociales Fernando Báez Santana, quien ahora se enfrenta a la indignación de una sociedad que no ha soportado sus diatribas contra Beatriz Zimmermann, la madre de Anna y Olivia, las niñas de Tenerife asesinadas a sangre fría en un plan predeterminado y tiradas al mar presuntamente por su padre, Tomás Gimeno.

El padre Báez ha cruzado una línea roja de la que todavía no se arrepiente: culpar a “la infidelidad de la madre” (sic) del trágico suceso que todavía conmociona a Tenerife y a toda España. Lo ha hecho en otro de sus polémicos vídeos, pero en esta ocasión con tan mal gusto y tanta falta de humanidad que la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha abierto diligencias de oficio por si merece ser investigado debido a algún tipo de infracción penal. Sin ruborizarse, y en varias ocasiones -ya sea en una conexión en directo o en un vídeo grabado- Báez cita al profeta Jeremías como quien va a comprar el pan de cada día, y ante seguidores (y seguidoras) absortos, habla de la infidelidad como causa del desvío del camino recto. Lo malo es que es su eterna normalidad.

El escándalo en la isla es de tal magnitud que la Fiscalía de Las Palmas hacía público este lunes el inicio de sus actuaciones en un comunicado inusual, tras una denuncia presentada por el Cabildo de Gran Canaria. También el Gobierno de Canarias ha puesto a sus servicios jurídicos a trabajar en un caso que no deja de avergonzar a una gran mayoría de canarios. El Ministerio Público incluso justifica la apertura de sus pesquisas de oficio debido a “la indignación social y el común rechazo”. Aún así, no valorará en público más el caso “por el respeto que exige el inmenso dolor causado y el sentimiento de pudor ante el proceso de duelo que vive” la madre de Anna y Olivia.

Quien no se ha manifestado más allá de desmarcarse de las palabras de su párroco descarriado es el Obispado de la Diócesis Canariense. Este lunes nadie descolgaba el teléfono en la sede episcopal de la plaza de Santa Ana, junto a las Casas Consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria, para saber cómo es posible que Fernando Báez siga dando misa en Lomo Magullo, un barrio de la ciudad de Telde. O si sigue impartiendo a los niños de ese barrio y otros de los alrededores de los que también es párroco, su particular catequesis machista. O cuántos expedientes se le han abierto ya a este pastor de fieles católicos, sin que se sepa su conclusión ante la eternización de los procesos sancionadores internos en el seno de la iglesia católica. Demasiadas veces que la curia no le mete mano a uno de los suyos tan incómodo como popular.

Porque el padre Báez también tiene su parroquia de seguidores, aunque para una gran mayoría sea un personaje de diván, o de antología del disparate, si se analizan sus intervenciones audiovisuales en redes sociales. Fernando Báez se ha hecho famoso en la isla por sus peroratas en mitad del campo, garrote en ristre, ya sea comiéndose un bocadillo de la pinocha caída de los pinos o disertando sobre los tabaibales. Hay veces en las que divaga sobre la flora canaria y sería merecedor de un minuto de gloria en la tele, o se acerca a la misticidad del mundo aborigen, ahora reconocido por la Unesco con la declaración de Patrimonio de la Humanidad para las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Y demasiadas veces la gente se entretiene y se ríe con sus ocurrencias.

Ese es el lado gracioso de una figura mediática y populista con muchos dobleces. Tantos, como para provocar en su día hasta crisis políticas en grupos municipales de la isla, como sucedió en la villa marinera de Agaete con Nueva Canarias, por las constantes intervenciones y grabaciones de sus telehomilías en la finca de un joven concejal del partido. También por aquello estuvieron a punto de meterle mano. Anécdotas para describir al padre Báez, hasta este fin de semana que se le ha caído la careta de su esencia machista y a Gran Canaria se le ha llenado la cachimba (como dicen en el campo canario como expresión de hartazgo), hay para llenar más horas de YouTube.

Sin embargo, lo penúltimo es su cruzada política contra la central hidroeléctrica de Chira-Soria que permitirá a Gran Canaria, mediante saltos de agua, almacenar energía e iniciar su proceso de descarbonización con vistas a 2030 y 2050. En la isla hay un movimiento minoritario contra ese proyecto, respaldado por todos los representantes políticos en las instituciones públicas, que ha convocado manifestaciones y combate al grupo de gobierno presidido por Antonio Morales (Nueva Canarias). A esa corriente se ha sumado también el padre Báez con un grupo de fieles que, camiseta amarilla en ristre, se asemejan ya más a una secta (se denominan A.M.A.-Padre Báez, plataforma en defensa del medio ambiente) que a feligreses de la iglesia católica.

Pero como todo lo que sube baja, hace ya semanas que los promotores contra el proyecto del Salto de Chira no esconden su incomodidad con que un personaje del calibre disperso del padre Báez acapare protagonismo y reste credibilidad a su protesta. Y eso que todavía no se había pronunciado, urbi et orbi, sobre los asesinatos de las niñas de Tenerife y su execrable visión de las relaciones de pareja y de la familia.

“Antes de empezar, señoría, tengo que decirle que todos estos son una partida de chorizos y de impresentables”, dijo Ramón Trujillo, El Perraya, el 4 de mayo pasado al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana. Su señoría es el mismo que tiene que tomar declaración este martes en calidad de investigada por inducción a dar falso testimonio a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciudadanos por el Cambio-Ciuca). Lo hará asistida de su abogado, Javier Velasco Almendral, del prestigioso despacho madrileño de José Antonio Choclán, abogado defensor también del expresidente del Gobierno canario Fernando Clavijo en los casos Grúas y Reparos, que recientemente ha endosado al erario público del Ayuntamiento de La Laguna sus honorarios en el primero de los casos, por valor de 55.000 euros.

Junto a la alcaldesa de Mogán, están también citados su primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, y dos miembros más de Ciuca, el también concejal Víctor Gutiérrez Navarro y el militante José Juan Montesdeoca Martín, por esas presuntas presiones para que Ramón El Perraya dijera lo contrario de lo que sostiene: el modus operandi de la presunta compra de votos por la que la alcaldesa y su mano derecha fueron detenidos el 17 de septiembre y que investiga otro juzgado del sur de Gran Canaria, Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana. Ninguno de ellos consiguió su objetivo, ya que el denunciante ratificó en todos sus extremos la denuncia que formuló en octubre ante la Guardia Civil, cuando dijo haber recibido una oferta de 3.000 euros y un puesto de trabajo, en nombre de la alcaldesa, para que cambiara su versión de los hechos.

Ramón Trujillo es todo un personaje en el pueblo marinero de Arguineguín. Saltó a la fama cuando contó cómo Ciuca y su lideresa compraban presuntamente votos y voluntades por 50 euros desde las elecciones de 2015, las primeras que ganó la alcaldesa ahora famosa en toda España por sus discursos xenófobos contra los migrantes africanos. Una confesión que pasó a engrosar la lista de indicios de presuntos pucherazos en Mogán, todavía bajo lupa policial y judicial.

Así, semanas después de las detenciones y registros en las oficinas municipales, tanto de Arguineguín como en el casco de Mogán, Ramón Trujillo no se lo pensó dos veces y se presentó ante el Equipo Judicial de la Guardia Civil que lleva el caso para denunciar que lo estaban presionando. En octubre, el denunciante señaló al concejal y al militante de Ciuca como los portadores de la presunta oferta de la alcaldesa: un puesto de trabajo y 3.000 euros si cambiaba en sede judicial su declaración policial.

El 17 de setiembre, los detenidos por la presunta compra de votos (Onalia Bueno, Mencey Navarro y la también concejala Tania Alonso) quedaron en libertad con cargos a la espera de pasar a disposición judicial. Según el denunciante, a la tarde siguiente, sobre las 17:00 horas, fue abordado por el concejal Víctor Rodríguez. Lo hizo en un vehículo blanco con rótulos del Ayuntamiento de Mogán y el concejal le pidió que se subiera al coche, que tenían que hablar. El político, según la denuncia de Trujillo, le dijo que había hablado con la alcaldesa “para que retirase o cambiase la versión de su testimonio”, ya que estaba citado para comparecer ante en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana ya el pasado 24 de septiembre.

La declaración en sede judicial todavía no se ha producido ocho meses después, a causa de varios aplazamientos, pero ese 18 de septiembre Trujillo recibió una primera oferta: “El concejal le dijo que le darían un trabajo por su retirada o cambio de versión”, aseguró a la Guardia Civil. Trujillo le respondió que hablaría primero con su abogado. Al finalizar la conversación, el concejal dejó al denunciante en el mismo lugar donde lo recogió, en un banco cercano ubicado en la calle Miguel Marrero Rodríguez.

Ese mismo día, la alcaldesa había convocado una rueda de prensa en el muelle donde se alojaban los migrantes africanos para denunciar que su detención respondía a que ella ha alzado la voz contra el Estado por la falta de respuesta a la llegada de personas del continente vecino en pateras y cayucos. Trasladó a la opinión pública ser víctima de una cacería política y que prácticamente la Guardia Civil había orquestado la detención el mismo día en que iba a visitar con la exministra y expresidenta del Congreso de los Diputados Ana Pastor (PP) las carpas instaladas en el muelle, cuando el operativo se hizo por una comitiva judicial, en presencia del secretario del juzgado de Instrucción 3.

Según la versión del denunciante, el concejal volvió a acercarse en un coche municipal el sábado 19 de septiembre, en el mismo lugar, delante de una tienda de calzados. “¿Qué vas a hacer?”, le preguntó el edil de Ciuca sin bajarse del coche y continuando su marcha en el vehículo. El denunciante le envió un mensaje por whatsapp al teléfono del concejal, que nunca respondió. Esa comunicación sin respuesta quedó registrada en su teléfono, y los investigadores la han incorporado a la causa. En el audio, el denunciante le pregunta al concejal “para saber cuándo hablaban”. 

No fue ese concejal el único que ha presionado al testigo, según su denuncia. Al cabo de unos días, otro estrecho colaborador de Ciuca, José Juan Montesdeoca, se acercó al denunciante cuando este estaba en las inmediaciones del Club El Cangrejo, en Arguineguín. Este vecino dijo al testigo que se había reunido en una heladería con la alcaldesa y el concejal que le había abordado “para tratar su tema”. El colaborador de Ciuca le dijo que le ofrecían “un trabajo y 3.000 euros por retirar o cambiar la versión” en la causa abierta por presunto fraude electoral, tanto en 2015 como en 2019.

También durante esos días posteriores Trujillo y este colaborador de Ciuca almorzaron en casa del primero y este grabó varios audios. En esa charla el colaborador de la alcaldesa de Mogán aclaró que la reunión se produjo en una heladería de Meloneras, en San Bartolomé de Tirajana. En esa reunión acordaron que la dádiva por cambiar su versión de los hechos ante el juez cuando se produzca su comparecencia serían 3.000 euros y un puesto de trabajo. El dinero y el trabajo se lo darían después de que cumpliera lo acordado.

El 4 de mayo, después de calificarlos ante el juez y los abogados de Onalia Bueno y Mencey Navarro como los considera Trujillo, el denunciante se ratificó en su denuncia en todos los extremos. Aún está pendiente de declarar, como todos los investigados, en la causa principal de la presunta compra de votos que instruye Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana. En principio, las citaciones judiciales vuelven a estar fijadas para el próximo mes de junio, nueve meses después de las detenciones de Onalia Bueno y sus colaboradores en el Ayuntamiento de Mogán.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, se ha hecho con los servicios del prestigioso despacho madrileño que encabeza el magistrado en excedencia José Antonio Choclán para que la defienda de la causa en la que está imputada por la presunta compra de votos en las elecciones locales de 2015 y 2019. Se trata de los mismos abogados que defendieron a Fernando Clavijo en el llamado caso Grúas, que acabó en el Tribunal Supremo por el aforamiento del expresidente del Gobierno y que se cerró con el archivo de la causa al no apreciar la Sala Segunda del alto tribunal ningún delito. Los partidos de Clavijo (Coalición Canaria) y Bueno (Ciudadanos para el Cambio - Ciuca) son socios políticos.

Los abogados personados ante los juzgados de San Bartolomé de Tirajana donde se dilucida tanto esta investigación como una denuncia de supuestas presiones del entorno de Onalia Bueno contra los denunciantes son José Antonio Choclán Montalvo y Javier Velasco Almendral. 

Onalia Bueno está siendo investigada desde 2015 en un caso que se reactivó en 2019 y que avanza de modo muy lento en el Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana, partido judicial al que pertenece Mogán. Esa lentitud forzó en febrero pasado que uno de los denunciantes tuviera que acudir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) formulando una queja y reclamando ser oído cuanto antes por el juez, dada las fuertes presiones que viene recibiendo del entorno de la alcaldesa, según su testimonio. Los denunciantes y los testigos han sido citados a declarar en tres ocasiones distintas y las tres citaciones han sido suspendidas sin que, según los afectados, se les haya ofrecido alguna explicación.

Tanto Onalia Bueno como dos de los concejales del grupo de gobierno (la de Servicios Sociales, Tania Alonso, y el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Mencey Navarro) fueron detenidos el pasado septiembre por la Guardia Civil durante una operación de entrada y registro en la que los agentes se incautaron de material informático y documentación de las oficinas municipales de Arguineguín. Todos los detenidos fueron puestos en libertad posteriormente.

Las sospechas de los investigadores se centran en el amaño de las elecciones locales de 2015 y 2019 mediante la compra de votos a cambio de ayudas sociales y suculentos contratos. También se investigan grandes operaciones urbanísticas y económicas para financiar las campañas electorales del partido de la alcaldesa, Ciuca, una filial del que, con el mismo nombre, opera desde hace décadas en la ciudad de Telde. Ciuca está aliada a Coalición Canaria en el municipio moganero.

Los juzgados del sur de Gran Canaria tienen fama de ser un estanque de casos y expedientes atascados en la maraña judicial. Y cuando de asuntos de cierta enjundia política se trata, más. Sucedió con el caso Góndola, que investigó sin éxito la presunta corrupción del PP de Mogán (2003-2007) sin salir del despacho de la retahíla de jueces que se sucedieron (hasta once en siete años) en Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana. Y vuelve a suceder ahora, cuando su actual alcaldesa, Onalia Bueno (Ciuca, ex PP), se encuentra bajo lupa judicial junto a su mano derecha, el abogado y primer teniente de alcalde, Mencey Navarro.

Así, uno de los denunciantes de los presuntos delitos electorales cometidos por Onalia Bueno y su partido en 2015 y 2019, se ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que el Juzgado de Instrucción 3 que instruye las diligencias 3549/2015 lo cite a declarar cuanto antes, debido a las “presiones” a las que está siendo sometido “por el entorno de la alcaldesa”, según denuncia formalmente en una queja ante el CGPJ a la que ha tenido acceso Canarias Ahora. 

La queja, formulada el 22 de febrero por un excolaborador arrepentido del partido Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), formación local aliada de Coalición Canaria en Gran Canaria, detalla que desde la detención de la alcaldesa, su primer teniente de alcalde y la concejala Tania Alonso el 17 de septiembre pasado, denunciantes y testigos han sido citados a declarar hasta en tres ocasiones, y “las tres han sido suspendidas sin que medie justificación alguna”.

En octubre, el denunciante advirtió a la Guardia Civil que tras esas detenciones ya fue “objeto de presiones, llegando uno de los concejales del grupo de gobierno a ofrecerme trabajo y dinero para que cambiase mi versión e inculpase a otra persona que nada tiene con lo ocurrido”. Ahora, explica al Poder Judicial que tiene “indicios de que algunos de los imputados podrían estar ”comprando“ a testigos para que modifiquen su versión de los hechos para favorecer a la alcaldesa”.

Es más, el denunciante asegura que “los imputados podrían estar destruyendo pruebas y es necesario que se cite a declarar cuanto antes a quien suscribe el presente, pues quiero evitar las presiones a las que me veo sometido por personas del entorno de la alcaldesa. Quiero ratificar mi versión de los hechos ante el juez, por lo que es necesario que se proceda a la citación de los testigos y denunciantes que como he manifestado, se ha suspendido en tres ocasiones sin que me hayan dado explicaciones al respecto”.

La situación de estancamiento procesal no es nueva. Sucede lo mismo, en el mismo juzgado (ha tenido ya varios magistrados, también, desde los últimos años) y con el mismo fiscal adscrito que investiga el caso de presuntos contratos municipales con el despacho de abogados del primer teniente de alcalde, Mencey Navarro. 

La acción popular personada en este caso tuvo solicitar al juez que impulsara el procedimiento, paralizado desde el 1 de octubre pasado. Ese día, el letrado de la Administración de Justicia (antiguo secretario) dictó una diligencia de ordenación dando por practicadas todas las diligencias y remitiendo al magistrado Francisco Javier Ramírez de Verger Vargas para que resolviera sobre la continuidad del procedimiento.

Desde entonces, no se movió un papel en el juzgado, ni por parte del fiscal Jorge López Tineo. Y eso que fue el propio ministerio público quien vio indicios de presuntos delitos de prevaricación continuada en las contrataciones municipales con el despacho de Navarro. De ahí que desde junio de 2018 se abriera la causa contra la mano derecha de Onalia Bueno, y también contra su entonces socio de gobierno Artemi Artiles (PSOE), en su calidad de concejal de Contratación, y el secretario municipal, David Chao.

En febrero, la representación procesal de la acción popular que ejerce la concejal de Nueva Canarias (NC) Isabel Santiago logró con un inhabitual escrito de impulso que el juez remitiera la causa al fiscal, por si consideraba que todas las diligencias estaban ya practicadas, como ya recogía el secretario judicial el 1 de octubre. La acción popular tomó así cartas en un asunto en el que suele intervenir primeramente el fiscal, que vuelve a tener encima de la mesa la práctica de más diligencias o si el procedimiento pasa al despacho del magistrado para su continuidad o archivo.

Onalia Bueno se ha significado desde el verano pasado en la crisis migratoria que ha tenido a su municipio, y fundamentalmente al muelle de Arguineguín, primero, y a los hoteles de la costa moganera, después, como principales focos informativos en toda España. Tanto, que después de su detención llegó a afirmar que todo se debía a una campaña orquestada desde el Gobierno de España porque había “alzado la voz” en “defensa” de los migrantes africanos. Al mismo tiempo, la alcaldesa de Mogán ponía todo tipo de trabas y expedientes sancionadores a los establecimientos turísticos que acogieran a migrantes, como recoge un convenio firmado entre el Estado y Cruz Roja.

La alcaldesa ha vuelto a asegurar, en febrero pasado, que es una política incómoda para el Gobierno “y en Mogán todo el mundo sabe que me van a detener otra vez”. De momento, ni denunciantes ni testigos han podido declarar en sede judicial sobre sus presuntas trapisondas a la hora de comprar votos en las elecciones locales.

¿Existen modelos capitalistas para hacer frente a la carencia de viviendas sociales? ¿Puede la iniciativa privada ayudar a las instituciones a dar cumplimiento al derecho fundamental a una vivienda digna? La ciudad estadounidense de Los Ángeles aplica una fórmula federal reforzada que permitió construir el último año 23.000 casas para personas sin hogar, una cantidad, sin embargo, insuficiente dada la alta demanda. Un arquitecto canario, Daniel Sosa Navarro, trabaja en uno de los estudios más afamados de la ciudad que lo eligió precisamente por su especialidad en proyectos residenciales.

Casi el 27% de las personas sin hogar de los Estados Unidos se concentra en estos momentos en California, según datos oficiales. En total son 151.278, de las que más de 41.500 sufren el problema de forma crónica y viven como pueden en la ciudad de Los Ángeles provocando estampas tan llamativas como las tiendas de campaña en las que habitan instaladas en las calles cercanas al distrito financiero. Las instituciones tratan de paliar como pueden este grave problema social mediante incentivos y ayudas a fundaciones y empresas, que para eso nos encontramos en el referente global del capitalismo. Aunque también existe la promoción pública tal y como la conocemos en España.

Daniel Sosa Navarro (Las Palmas de Gran Canaria, 1987) dedica gran parte de su desempeño profesional en el prestigioso estudio Relativity Architects a proyectos relacionados con viviendas para personas sin hogar, pero también a otros relacionados con gigantes multinacionales radicadas en la costa Oeste de Estados Unidos, incluyendo el archipiélago de Hawái. Su especialidad en el diseño y proyección de edificios residenciales (su proyecto de fin de carrera versó sobre un barrio eco-sostenible en la ciudad marroquí de Agadir) le ha conducido a Los Ángeles, donde lleva trabajando año y medio y donde lidera en estos momentos la promoción de más de 250 apartamentos en Long Beach y en Hollywood, además de la rehabilitación de más de diez propiedades en West Adams y los estudios de una gran multinacional cuyo nombre no se puede revelar por exigencias de confidencialidad.

¿Es trasladable el modelo americano a España, o más concretamente a Canarias, que no construye una vivienda de protección oficial desde hace una década? Sosa Navarro cree que “debería ser responsabilidad del Estado proporcionar una vivienda digna a quien la necesite, pero si no es capaz de atender la demanda, la inversión privada, con ayuda estatal, podría ser una alternativa válida siempre que esté debidamente regulada y no acabe convirtiéndose en otra herramienta de especulación inmobiliaria”.

Y, ¿en qué consiste el modelo que aplica Los Ángeles y que ejecuta desde su estudio el canario Daniel Sosa Navarro? “Existen innumerables maneras de financiación, pero las dos principales fórmulas son el tax credit y los créditos bancarios habituales. El primero ”viene siendo un crédito fiscal que el Gobierno federal concede a los estados para que estos los repartan. Estos créditos fiscales proporcionan un incentivo para construir o rehabilitar viviendas de alquiler social, al menos en teoría. La práctica es que muchas de las empresas beneficiarias de los créditos fiscales los venden a empresas que necesitan estos incentivos fiscales, y es con este dinero con el que construyen o rehabilitan los proyectos“.

En cuanto a los créditos bancarios habituales, cuentan con el aval del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del Gobierno de los Estados Unidos. “Esto hace que los bancos concedan el crédito con una tasa de interés bajísima (casi nula), por lo que los inversores tienen muchas facilidades para pagar el crédito”, apostilla Sosa Navarro.

Las constructoras no solamente levantan los inmuebles, sino que una vez terminados también los gestionan. Para hacerlo operan dos tipos de compañías, las sin ánimo de lucro, que a su vez pueden ser gubernamentales o privadas, y las que obtienen un beneficio (del 6 o el 7%) a través del presupuesto de ejecución material.

Los inquilinos que tienen acceso a estas viviendas pagan un alquiler en función de sus rentas, y los hay que no pagan nada, como es el caso de personas consideradas sin techo crónicas. Pero es precisamente este tipo de vivienda el que más escasea y suelen ser financiadas por inversores filántropos. El otro tipo es un alquiler normalmente situado en un 50% del valor de mercado (entre 800 y 1.000 dólares al mes), y el Gobierno federal o el estatal se encargan de cubrir el resto. Las ayudas públicas están especialmente dirigidas a grupos de riesgo, como veteranos o familias con tres o más hijos.

La tipología que más se repite son las viviendas tipo estudio (35 o 40 metros cuadrados) o de un dormitorio. “El número de dormitorios está relacionado con el número de aparcamientos que se debe proporcionar, por lo que por temas de espacio se adoptan muchas veces por esta opción”. Le siguen las casas con tres o incluso más habitaciones, aunque son las menos frecuentes, aún existiendo muchas familias en riesgo.

“Hay que tener en cuenta que también debemos proporcionar un porcentaje de las viviendas para personas con movilidad reducida y con discapacidad visual y auditiva, y estas viviendas tienen muchísimas diferencias respecto al resto, ya que los espacios deben poseer radios de giros para las sillas de ruedas, muebles y enchufes más bajos, etcétera”, explica el arquitecto canario.

Además, las viviendas sociales que proyecta Daniel Sosa Navarro tienen muy en cuenta las costumbres locales, como no podía ser de otro modo. “En los Estados Unidos está muy extendido el uso de zonas comunitarias en los edificios de viviendas, y este tipo de espacios está creciendo; en la promoción privada prácticamente todos o casi todos, los incluyen. Estos espacios suelen ser de reunión, mediatecas, espacios con televisor, lavandería, zonas para hacer asados y espacios abiertos comunes”.

Todos los esfuerzos encaminados a reducir el número de personas sin techo están siendo insuficientes a tenor de las cifras de afectados en Los Ángeles. Se trata de una ciudad en la que el 60% de los habitantes vive de alquiler, cuyos precios han subido un 65% en los últimos diez años. Las autoridades han aplicado medidas de control (rent control) encaminadas a limitar el incremento de las rentas en un porcentaje impuesto por el Gobierno. Pero no pudieron evitar en su momento que los propietarios, al conocer la inminencia de la medida, aplicaran subidas del 50%.

La crisis y el gremio de la arquitectura

“La crisis afectó mucho a la construcción en los Estados Unidos, sin embargo, la recuperación fue muchísimo más rápida que en España, donde a día de hoy todavía no hemos llegado a acercarnos a los números de 2009, cosa que aquí sí ha sucedido”, explica desde Los Ángeles en conversación telefónica con este periódico Daniel Sosa Navarro. “En 2016, mientras que el desempleo en el sector de la construcción rondaba el 15% en España, la tasa de paro en EEUU ya estaba en el 5%”.

“Tengo la sensación”, añade “de que en los Estados Unidos la profesión de arquitecto sigue estando muy valorada y respetada. En el aspecto económico está bastante mejor valorada que en España. Desafortunadamente tengo que admitir que la profesión en España sigue distando mucho de lo que era. La crisis, y especialmente la lenta recuperación, afectó tremendamente a los arquitectos y muchos se vieron obligados a reducir sus honorarios ante la falta evidente de trabajo. O emigrar. Aquí existe –incluso en plena pandemia– una demanda tremenda en la profesión, lo cual ha dado lugar a una subida importante de los salarios, cosa que sigue costando ver en España”.

La crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 ha afectado a la profesión:  “Las grandes multinacionales de arquitectura e ingeniería han despedido a mucha gente, pero en mi caso y en el de mi estudio sigue sobrando el trabajo. Las empresas antes de la COVID estaban más preocupadas de que sus empleados no se fueran, que los empleados de ser despedidos. Mi empresa sin ir más lejos, durante la crisis del coronovirus ha aumentado la plantilla considerablemente, sobre el 25%”. En Relativity Architects trabajan 33 personas de once nacionalidades.

Canarias no tiene capacidad legal para exigir a turistas ni a cualquier otro tipo de viajero un test negativo de la COVID-19 para entrar en las Islas. Salvo que al amparo del estado de alarma aplique cierres perimetrales como en otras autonomías, con el consiguiente freno de toda actividad turística. El descenso de la curva de la pandemia en el Archipiélago ha propiciado que la autonomía haya sido la única que ha quedado exenta del del toque de queda nocturno vigente en España. Y los gobiernos de los principales países emisores, como Alemania, Reino Unido, Holanda o los países nórdicos, han borrado a las Islas de sus listas de zonas de riesgo antes de la temporada de invierno, la más importante el sector en Canarias.

Pero, ¿cómo evitar que la apertura del mercado turístico de invierno provoque en las Islas un repunte fatal de la pandemia, ahora que suben vertiginosamente los casos en toda Europa? El Gobierno canario ha exigido desde marzo test en origen o destino con controles sanitarios en los aeropuertos isleños antes de que las personas que entran sigan hacia su alojamiento o domicilio. Pero ni la gestora de los aeropuertos de interés general, Aena, ni Sanidad Exterior han permitido desplegar esos controles en sus instalaciones.

La solución que ha encontrado el Ejecutivo de coalición del socialista Ángel Víctor Torres es tirar de “ingeniería jurídica” para ser la primera comunidad que establezca un control de entrada: modificar dos leyes, la de Actividades Clasificadas y la de Ordenación Turística, el único camino que el Gobierno de Pedro Sánchez le ha dejado abierto. Así, la exigencia al turista de presentar un test negativo de la COVID-19 se efectuará cuando llegue a la recepción de su alojamiento turístico reglado, como se pide el pasaporte o el DNI a españoles. De esta manera, en lugar de puertos o aeropuertos, la línea del frente de batalla contra la pandemia se repliega desde el punto de entrada en cada isla a las recepciones de los hoteles o apartamentos de cada zona turística, pero también a la llegada a la vivienda vacacional.

El turista no está obligado a portar un test negativo de la COVID-19 en el momento de subir al avión en origen; serán los turoperadores, las cadenas hoteleras, las agencias de viaje o las embajadas los encargados de que les llegue esa petición: o te haces un test o no entras al hotel. Y no se les ha impuesto porque el Estado no ha dejado otra opción que poner en manos de los trabajadores del sector, en la carpeta de un establecimiento turístico reglado, el control sanitario que viene reclamando el Gobierno autonómico a los turistas, que además son los que deben correr con todos los gastos que acarrea la realización de las pruebas.

El borrador del decreto ley, que en estos momentos está en manos de los servicios jurídicos como paso previo a ser aprobado en Consejo de Gobierno esta semana, indica que si el turista acude a la recepción de un hotel sin el certificado que acredite una prueba negativa de COVID-19, no se le permite el acceso. Esta tesitura pone a los personas encargadas de realizar la recepción del los visitantes ante una carga adicional, que además de establecer el control sanitario, deben indicarles que tienen que permanecer en aislamiento si carecen del resultado de una prueba, bien en centros sanitarios, públicos o privados, o en el propio alojamiento turístico si tiene una zona habilitada para tal fin. 

Si el turista da positivo se activa el protocolo sanitario: en esta situación, según la Consejería de Turismo, “lo normal” es que pase la cuarentena en una de las llamadas arcas de Noé que se habilitarán en cada isla, con capacidad para 150 personas, para aquellos casos que no puedan pasar el aislamiento en sus domicilios. Todo ello, por la negativa de Aena y Sanidad Exterior a realizar controles en aeropuertos, a la que aún no renuncia el Ejecutivo regional, pero que por el momento solo deja otra opción fuera del decreto ley: la posibilidad de instalar carpas o unidades móviles en el exterior de estas infraestructuras. No para comprobar si llega a o no con la prueba hecha, sino para que, si así lo decide, haga el test de coronavirus. La Consejería aclara que este servicio “no requiere una regulación, solamente sacar a concurso por vía de urgencia el establecimiento de un espacio, seguramente de algún centro privado (...) también lo puede prestar Sanidad Pública, pero es más difícil porque es un procedimiento más complicado”.

¿Y las personas residentes en Canarias? El Gobierno regional está a la espera de que se valore si es jurídicamente viable que tengan que presentar una declaración responsable aquellos isleños que en los últimos 15 días antes de ingresar en un alojamiento turístico no han estado fuera del Archipiélago. Pero si un tinerfeño regresa de Madrid, por ejemplo, el próximo 7 de octubre y se aloja en un hotel de las Islas en un periodo inferior a las dos semanas desde esa fecha, también tendría que presentar un certificado negativo de COVID-19.

Vías abiertas

Pero estas medidas no aportan una seguridad sanitaria al 100% y deja vías vías abiertas a que lleguen a Canarias casos positivos. Se pone exclusivamente en la responsabilidad individual de cada una de las personas que lleguen a las Islas y no se alojen en un hotel, apartamento o vivienda vacacional que tengan bajo el brazo una prueba negativa de coronavirus. Además, aunque el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, afirmó que se está valorando ampliar estos controles a los viajeros que lleguen a las Islas por otros motivos, ya sean laborales, estudiantiles, visitas a familiares o segundas residencias, por el momento la consejera de Turismo aclaró en la rueda de prensa de este lunes que el borrador del decreto ley solo es aplicable a aquellas que viajen al Archipiélago a realizar la actividad turística, al impedir el Gobierno central los controles en puertos y aeropuertos.

El sector turístico en Canarias ha recibido con esperanza el levantamiento del veto de Reino Unido, Alemania y Holanda a las Islas y cerraron filas con el Gobierno de Canarias para llevar adelante el borrador del decreto ley ante la previsión de que una mayor entrada de turistas a las Islas permitiría abrir más hoteles para sobrevivir a la temporada de invierno. Pero solo un día después del respaldo a la propuesta del Ejecutivo regional, tanto la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) como el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) han alzado la voz para denunciar que es “insuficiente” y han insistido en los test en puertos y aeropuertos, tanto a turistas como a las personas que acudan a las Islas por otros motivos. Para el próximo 30 de octubre una segunda caravana apoyada por una treintena de sindicatos y asociaciones empresariales está convocada con el objetivo de reclamar que las islas puedan blindarse frente a los casos importados de coronavirus .

Si cambia su versión sobre cómo la alcaldesa de Mogán cometió el presunto delito electoral por el que se le investiga, tendrá un puesto de trabajo y 3.000 euros en el bolsillo. Esa sería la oferta que desde el entorno de la investigada por presunta compra de votos, Onalia Bueno (Ciuca), le han traslado concejales y colaboradores del partido político Ciuca (Ciudadanos por el Cambio) a un testigo clave del presunto pucherazo.

Así lo ha hecho constar ante la Guardia Civil uno de los denunciantes del caso que ha convulsionado de nuevo el municipio del sur de Gran Canaria, tras la detención el 17 de septiembre de la alcaldesa, Onalia Bueno, el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, ambos del partido aliado de Coalición Canaria, Ciuca, y de la concejala de Asuntos Sociales, Tania Alonso (CC). Los tres fueron detenidos por un delito electoral y otro contra la administración pública, para poder registrar las oficinas municipales.

Los detenidos quedaron en libertad con cargos a la espera de pasar a disposición del juez instructor, y el testigo denuncia que a la tarde siguiente, sobre las 17:00 horas, fue abordado por un concejal del grupo de gobierno. Lo hizo en un vehículo blanco con rótulos del Ayuntamiento de Mogán y el concejal le pidió que se subiera al coche, que tenía que hablar con él. El político, según la denuncia a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, le dijo que había hablado con la alcaldesa y el primer teniente de alcalde “para que retirase o cambiase la versión de su testimonio”, ya que estaba citado para comparecer ante en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana el pasado 24 de septiembre.

La declaración en sede judicial todavía no se ha producido a fecha de hoy, debido a varios aplazamientos, pero ese 18 de septiembre el denunciante recibió la primera de las ofertas: “El concejal le dijo que darían un trabajo por su retirada o cambio de versión”, aseguró a la Guardia Civil. El testigo le respondió que hablaría primero con su abogado. Al finalizar la conversación, el concejal dejó al denunciante en el mismo lugar donde lo recogió, en un banco cercano ubicado en la calle Miguel Marrero Rodríguez.

Ese mismo día, la alcaldesa había convocado una rueda de prensa en el muelle donde se alojan los migrantes africanos, para denunciar que su detención respondía a que ella ha alzado la voz contra el Estado por la falta de respuesta a la llegada de personas del continente vecino en pateras y cayucos. Trasladó a la opinión pública ser víctima de una cacería política y que prácticamente la Guardia Civil había orquestado la detención el mismo día en que iba a visitar con la exministra y expresidenta del Congreso de los Diputados Ana Pastor (PP) las carpas instaladas en el muelle, cuando el operativo se hizo por una comitiva judicial, en presencia del secretario del juzgado instructor.

Siempre según la versión del denunciante, el concejal de Ciuca volvió a acercarse en un vehículo municipal el sábado 19 de septiembre, en el mismo lugar que el día anterior, delante de una conocida tienda de calzados. “¿Qué vas a hacer?”, le preguntó el edil de Ciuca sin bajarse del coche y continuando su marcha en el vehículo. El denunciante le envió un mensaje por whatsapp al teléfono del concejal, que nunca respondió.

Esa comunicación sin respuesta ha quedado registrada en el teléfono del testigo que ha denunciado presiones desde el partido político Ciuca ante la Guardia Civil, y los investigadores han incorporado la misma a la denuncia. En esa audio, el denunciante le pregunta al concejal “para saber cuándo hablaban”. 

No ha sido ese concejal el único que ha presionado al testigo, según su denuncia. Al cabo de unos días, un estrecho colaborador de Ciuca se acercó al denunciante cuando este estaba en las inmediaciones del Club El Cangrejo, en el mismo pueblo pesquero de Arguineguín. Este vecino dijo al testigo que se había reunido en una heladería con la alcaldesa y el concejal que le había abordado “para tratar su tema”. El colaborador de Ciuca le dijo que le ofrecían “un trabajo y 3.000 euros por retirar o cambiar la versión” en la causa abierta por presunto fraude electoral, tanto en 2015 como en 2019.

También durante esos días posteriores el testigo y este colaborador del partido local almorzaron en casa del primero y este grabó varios audios de la conversación. En esa charla el colaborador de la alcaldesa de Mogán aclaró que la reunión se produjo en una heladería de Meloneras, en San Bartolomé de Tirajana. En esa reunión acordaron que la dádiva por cambiar su versión de los hechos ante el juez cuando se produzca su comparecencia serían 3.000 euros y un puesto de trabajo. El dinero y el trabajo se lo darían después de que cumpliera lo acordado.

No son tres, ya van por diez investigados. Y el décimo es el partido político local de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, Ciudadanos por el Cambio (Ciuca). La trama de la compra de votos en 2015 y 2019 en el municipio turístico del sur de Gran Canaria alcanza ya a empresarios de la talla de Luis Oller, presidente de Aguas de Arguineguín S.A., considerado uno de los sostenes de la alcaldesa investigada por delito electoral y contra la administración pública; al líder de la comunidad marroquí en la urbanización turística Puerto Rico S.A., Marzouk Ghalidi, o al coordinador de áreas Salvador Álvarez, funcionario municipal, que también jugó un papel importante en la anterior etapa de presunta corrupción moganera en el marco de la operación Góndola (2003-2007).

En las diligencias previas 3549/2015 abiertas por el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana (y reactivadas en 2019) no solo figuran investigados los tres detenidos el 17 de septiembre, la alcaldesa, Onalia Bueno, el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro (ambos del partido local Ciuca) y la concejala de Servicios Sociales, Tania Alonso (también de Ciuca), sino que otras seis personas también están implicadas en esta investigación de la Guardia Civil.

El nombre más relevante es el de Luis Oller Daza. Presidente de Aguas de Arguineguín S.A, una de las empresas de abastecimiento de aguas que operan en el municipio, se le ha vinculado siempre a intereses relacionados con el ayuntamiento presidido por la alcaldesa implicada, hasta el punto de que Oller, a través de una de sus sociedades, es el propietario de la vivienda donde reside el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, tal y como este mismo reconoció en 2016. En concreto, una de las líneas de investigación se centraría en el control que quiere seguir ejerciendo sobre el abastecimiento de agua que no está centralizado en Mogán, que ha crecido de manera desordenada por el turismo y cuenta con varios suministradores de agua de abasto.

El también propietario de la promotora Cornisa del Sureste SL pretende que el grupo de gobierno de Onalia Bueno le recalifique unos terrenos en Arguineguín, para que su uso pase de deportivo y cultural a comercial con el fin de poder construir un supermercado. Se trata de un espacio de suelo ubicado en Loma Dos de Arguineguín, cuya licencia de obra a favor del comprador del terreno, Lidl, ha quedado “suspendida” hasta que se ejecute una obra de acceso desde la rotonda de la antigua carretera general del Sur GC-500. En vez de dar por caducado el expediente, el grupo de gobierno de Onalia Bueno está “a la espera” de esa obra indispensable de acceso.

Aparte de esta serie de intereses cruzados entre el grupo de gobierno de la alcaldesa y el empresario, el presidente de Aguas de Arguineguín tendría que responder ante el juez instructor y el fiscal sobre la supuesta compra de votos de 2015. Entonces, unas grabaciones publicadas por Canarias Ahora y que fueron incorporadas a la primera de las denuncias abiertas por pucherazo apuntaban a que habría contribuido a la campaña electoral de Onalia Bueno y Ciuca con 240.000 euros. La contrapartida sería, como suele ser habitual, contratos en el ayuntamiento que pasó a gobernar, desde ese año y hasta la fecha, Onalia Bueno.

Los expedientes y documentos requisados en los registros judiciales del pasado 17 de septiembre apuntan a esa línea de investigación. La Guardia Civil estaría siguiendo el rastro del dinero no solo de grandes empresarios que pudieran haber financiado las dos últimas victorias de la alcaldesa, como también sería el caso del líder de la colonia marroquí y empresario del ocio y la restauración en la urbanización turística Puerto Rico S.A., Marzouk Ghalidi Ahaouri. Sobre este investigado, las fuentes consultadas explican que “los marroquíes censados votan lo que él les diga”.

Otro de los implicados es Salvador Álvarez León, funcionario del Ayuntamiento de Mogán al que la alcaldesa le ha otorgado el cargo de “coordinador municipal”, con un rango de mando superior al del resto de concejales aunque no sea cargo electo. De Salvador Álvarez, que ya ha declarado en sede policial ante los agentes de la Guardia Civil como la mayoría de implicados, las pesquisas apuntan desde hace años que pudiera haber financiado a Ciuca a través de un familiar con 66.000 euros, y es conocido por haber estado implicado también el caso Góndola, la anterior operación policial contra la corrupción en Mogán.

Los otros tres investigados son el conocido colaborador de Ciuca José Monzón Trujillo, Pepe El Japonés, que ya en 2016 contaba en unas grabaciones cómo el partido de la alcaldesa había manipulado las elecciones de 2015 y había conseguido financiación de los otros implicados ya citados, y otras dos seguidoras de Ciuca y de la alcaldesa, que también han sido llamadas a declarar como investigadas, Carmen Lidia Caballero Arce y Yasmina Suárez Alemán.

Personarse como parte perjudicada

El juez instructor, Francisco Javier Ramírez de Verger Vargas, no solo debe determinar si hay suficientes indicios de delitos cometidos por la alcaldesa de Mogán y el resto de los implicados, incluido su propio partido como entidad jurídica, sino si acepta que el Ayuntamiento de Mogán, dirigido por los propios investigados, se persone en la causa como parte perjudicada. 

Así lo ha resuelto la Junta de Gobierno Local que preside la alcaldesa, el 13 de octubre pasado. Basándose en un informe de la letrada municipal y otro de la responsable de los servicios informáticos, en los que se detallan los registros y requisas de expedientes en soportes informáticos, en presencia del secretario judicial “y todo ello al amparo de la autorización judicial dictada en el marco del procedimiento de Diligencias Previas nº 3549/2011 (sic), sustanciado ante el citado juzgado”.

La actuación del 17 de septiembre, en la que el equipo judicial de la Guardia Civil, “al amparo” de la autorización del juez efectúa entrada y registros y las tres detenciones para que los registros se ejecutaran con todas las garantías legales de los detenidos, en presencia de sus abogados, fue cuestionada por la alcaldesa en su comparecencia del día siguiente, dando a entender que fue una acción policial arbitraria porque ella se ha dedicado últimamente a defender los derechos de los migrantes africanos.

Días después, medios afines publicaban que el fiscal del caso, Jorge López Tineo, se había opuesto a las detenciones de los tres políticos de Ciuca y Coalición Canaria. Lo cierto, es que el ministerio público no consideró necesaria esa medida, como tampoco lo que también pretendía la Guardia Civil: realizar más registros en domicilios particulares en busca de más pruebas y evitar la destrucción de las mismas. 

El juez se decantó por la vía intermedia: autorizar el operativo del 17 de septiembre pero no en todos los términos planteados por la fuerza policial actuante. Desde entonces se está a la espera de que pasen a disposición judicial los detenidos y el resto de investigados, mientras la Guardia Civil sigue recabando información y procediendo a la apertura del material requisado en sus registros de las oficinas municipales.

La Guardia Civil quiere cerrar el círculo de cinco años de investigación de presuntos pucherazos en Mogán siguiendo el rastro del dinero. Esa es la principal explicación de que este jueves, con la detención de la alcaldesa, Onalia Bueno (Ciuca), y los concejales de Urbanismo y Turismo, Mencey Navarro (Ciuca), y de Servicios Sociales, Tania Alonso (Coalición Canaria), el Equipo Judicial de la Benemérita haya empleado casi 10 horas de registros y volcado informático en las casas consistoriales del casco de Mogán.

Y ese, fundamentalmente, es el motivo por el cual, tras una larga jornada encerrada en el ayuntamiento y en el despacho de Informática con la comitiva judicial mandatada por el nuevo titular del Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, la alcaldesa y sus ediles caídos fueran trasladados después de las siete de la tarde a continuar con más registros en las oficinas municipales de Arguineguín. Una vez concluidos estos registros la noche de este jueves, Bueno y sus dos concejales quedaron en libertad con cargos, a la espera de que el juez Ramírez de Verger les tome declaración en próximas fechas como investigados por un delito electoral y contra la administración pública.

Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a la investigación, en esos registros se buscan evidencias documentales de que Ciuca amañó las elecciones de 2015, y sobre todo las últimas de 2019, por medio de ayudas sociales y de suculentos contratos. Y también pruebas de que grandes operaciones sobre el territorio y el erario público moganeros hayan sido a cambio de financiar campañas del partido local, Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), que Onalia Bueno montó en Mogán con permiso de los propietarios de la marca original en el municipio de Telde, tras su regreso al ruedo político en 2011 después de un breve ‘exilio’ por su expulsión del PP en 2007.

Aquel año, en enero, Onalia Bueno era detenida junto al entonces alcalde y ahora enemigo declarado, Paco González (PP), en el marco de la operación Góndola, un caso que tras pasar por las manos de más de trece jueces de ida y vuelta en las oficinas judiciales de Maspalomas acabó archivado a pesar de los ocho delitos que se le imputaban a la ahora alcaldesa, incluido el de investigar por su cuenta a la entonces jefa superior de Policía en Canarias, Concepción de Vega. Los pájaros contra las escopetas.

El presidente del PP de entonces, el exministro José Manuel Soria, decidió perdonarle la vida política a Paco González por las cercanías de las elecciones de mayo de 2007, ante la ausencia de un relevo claro como cabeza de lista en el municipio, y castigar a Onalia Bueno como la culpable de toda la trama. No en vano, los investigadores de la época consideraban a Bueno el cerebro del ayuntamiento. De aquella afrenta, vienen las enemistades irreconciliables entre González y Bueno, ambos hijos de alcaldes.

Que la Guardia Civil andaba detrás de otro presunto pucherazo en Mogán era vox populi hace años. Lo saben los lectores de Canarias Ahora desde el primer minuto. Tanto en 2016, cuando un antiguo colaborador de la alcaldesa ahora detenida, Onalia Bueno (Ciuca), confesaba a su enemigo político, Paco González (PP), cómo Ciuca ganó al PP en 2015 comprando voluntades; como en 2019, al denunciar la concejal Isabel Santiago las trampas que se preparaban en el último proceso electoral.

La edil de Nueva Canarias llevó a la Delegación del Gobierno otro audio, también publicado en Canarias Ahora, en la que Onalia Bueno explicaba a otro colaborador de Ciuca cómo manipular el voto por correo. Esa denuncia de Isabel Santiago acabó remitida desde Delegación a la Fiscalía y a la Guardia Civil, y tras abrirse diligencias previas aparte en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, se incorporaron a las diligencias ya existentes desde 2015 que parecían languidecer en el cajón del Equipo Judicial, y que han permitido reactivar todo el caso.

Lo cierto es que durante año y medio la Guardia Civil no sólo ha ido recabando datos, testimonios y hasta más de 500 imágenes del presunto delito electoral en la jornada del 26 de mayo de 2019, sino que ha derivado también la investigación hacia el dinero. ¿Dónde está el dinero? Pues eso es lo que pretenden saber los investigadores y cerrar el círculo de la compra de votos a cambio de pagos y favores a los “clientes de Ciuca”. Y también elevar el tiro, no sólo apuntando a ayudas sociales, sino a actuaciones urbanísticas o contratos municipales de enjundia, a cambio de financiar al partido que gobierna un potente municipio turístico como Mogán desde 2015.

Es ahí donde intervienen las detenciones de dos concejales bien específicos, aparte de la alcaldesa. En el caso de Tania Alonso, desde Servicios Sociales se habrían realizado ese tipo de contraprestaciones por votar a Ciuca el 26M pasado. Hay testimonios para llenar un carro de la compra, o una lavadora, pero también indicios de que en otro de los departamentos, Urbanismo, se hayan estado fraguando operaciones con algunos empresarios, con nombres, apellidos y relevantes sociedades, a cambio del sostén económico de Ciuca.

Hasta cheques nominativos que dejan rastro

Algunos de esos empresarios, que pusieron toda su carne en el asador de Onalia, se han ido arrepintiendo y más de uno ha pasado ya estos meses por los despachos de la Benemérita, incluso hay cheques nominativos que iluminarían el rastro del dinero. Esa es la parte de la investigación que se desmenuza ahora, ya con el secreto de sumario levantado y personada en la causa como acusación popular la concejal Isabel Santiago (NC), bajo la dirección letrada de la abogada tinerfeña Sandra Rodríguez, que también ha llevado los casos Grúas y Reparos, abiertos contra el expresidente del Gobierno de Canarias y casualmente socio preferente de Onalia Bueno, Fernando Clavijo.

En Mogán se vive la política con saña. A sangre (nunca mejor dicho) y fuego, como en todo pueblo chico que lleve su infierno grande. “El padre de Paco no descansó hasta ver detenida a la atosigadora de su hijo”, cuenta una vecina de Arguineguín, muy al tanto de la polítiquería moganera. Francisco González Saavedra, alcalde de Mogán entre 1983 y 1991 bajo diferentes siglas de la derecha de toda la vida (era concejal ya en 1970, por el tercio de cabezas de familia durante la Dictadura), dejaba de existir este jueves, víctima de la COVID-19, en el Hospital Insular de Gran Canaria.

Su hijo Paco, en la actualidad concejal del PP en la oposición a Ciuca, está en cuarentena por positivo de coronavirus. Este viernes no podrá despedir a su padre. Y este jueves no ha querido valorar la detención de su enemiga declarada, por el luto familiar. Tampoco lo ha hecho su partido, en shock por su reciente acercamiento a la alcaldesa a cambio de un sueldo para su portavoz, Maicol Santana. Paco González, hace ahora casi 14 años pasaba tres noches en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, cuando fue detenido en el marco de la operación Góndola, siendo alcalde de Mogán junto a su entonces mano derecha, la misma Onalia Bueno que ahora detesta y odia. Esta noche desde su casa de Pie de Cuesta saborea con amargura la venganza política, que tanto hizo sufrir a su padre.

Al otro lado del municipio, Onalia Bueno seguía en manos de la Benemérita a la hora de concluir este análisis. Quién se lo iba a decir, justo el día en que venía la exministra y expresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, a la pasarela de políticos en el que se ha convertido el campamento de migrantes africanos en el muelle de Arguineguín, va y se lo pierde. “Serán malvados estos picoletos…”. Quienes tienen que estar fumando en pipa ahora mismo son los dirigentes canarios del PP. Cuando Ana Pastor preguntaba la mañana de este jueves histórico por Onalia Bueno en Arguineguín, ni la presidenta regional, Australia Navarro, ni el presidente insular, Poli Suárez, sabían dónde meterse. No en vano el PP grancanario no esconde los guiños que le hace a Onalia Bueno para que deje su alianza táctica con Coalición Canaria y se acerque al partido de Pablo Casado, como su vecino Marco Aurelio Pérez con su Agrupación de Vecinos en San Bartolomé de Tirajana…

Qué tendrá Mogán que atrae fatalmente al PP. Como cuando el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy celebró un mitin junto a José Manuel Soria y Paco González en la plaza de Las Marañuelas de Arguineguín. Era octubre de 2005 y aquel bolo lo pagó una empresa con la que el Ayuntamiento de Mogán había cerrado acuerdos para construir viviendas de protección social: Grupo Europa. ¿Se repite la historia?

En La Gomera comenzó todo. El 1 de febrero de 2020 Sanidad confirmó que el coronavirus había llegado a España con el positivo de un turista alemán hospedado en una isla canaria de poco más de 20.000 habitantes. Un mes y medio más tarde, ante la propagación del virus, el Gobierno de España decretó el estado de alarma y comenzó el confinamiento. El Hierro luchó por esquivar la pandemia, pero terminó por registrar tres casos. La Graciosa, por el momento, ha logrado resistir y convertirse en el único punto del país libre de COVID-19. Este lunes, estas tres islas canarias - en la que no ha habido ningún fallecimiento por coronavirus- junto a Formentera han avanzado en la desescalada pasando directamente a la fase 1 del plan. Pero, pese a las ansias de “normalidad”, la población se ha encontrado en las calles con una realidad distinta, donde la dependencia extrema del turismo para sobrevivir choca con el miedo a un rebrote de la enfermedad.

La Cámara de Comercio de La Gomera calcula que un 50% de los comercios de la Isla ha retomado su actividad este lunes: “Muchos, al depender del turismo, han preferido no hacerlo de momento, a lo que se suma el miedo que lógicamente existe”, apuntan. En Valle Gran Rey, la zona turística por excelencia, la propietaria de una boutique de moda y complementos, Noelia Núñez, ha vuelto a recibir a sus clientes: “Han venido a comprar, a probarse ropa y a buscar regalos”, señala.

La dependienta ha implantado en su negocio una serie de medidas de seguridad: no puede haber más de dos personas en la tienda y deben echarse gel desinfectante en las manos antes de entrar. Aun así, son muchos los que siguen comprando a través de Internet para no acudir al establecimiento.

La floristería de José Ramón Mora o el estudio fotográfico de Carlos Brito también han reabierto: “Ha habido movimiento y la gente usa las medidas de protección. En mi caso, solo necesito que me instalen las mamparas”, apunta el fotógrafo. Para algunos vecinos y vecinas, la jornada ha recordado a “un día cualquiera antes de que todo esto empezara”. La Gomera, según los datos del Gobierno de Canarias, contabilizó ocho positivos, de los cuales todos han recibido el alta médica.

El Hierro “prueba suerte”

El Hierro, con una población que supera ligeramente los 10.000 habitantes, es la Isla con menos casos registrados durante esta crisis sanitaria, con solo tres positivos, según los datos del Gobierno de Canarias. Después de más de cincuenta días, ha vuelto a abrir sus puertas el San Fleit. Es uno de los pocos bares con terraza en la capital, Valverde, pero han tenido que retirar cuatro de sus ocho mesas para ajustarse a la normativa impuesta por el Gobierno de España. Lorenzo Barrera, el único de los cuatro camareros que ha escapado del ERTE, se muestra pesimista: “Con esto de poder usar solo la terraza y al 50% no lo termino de ver. Vamos a probar y en función de cómo vayan las cosas decidiremos”.

Cerca de un centenar de comercios han decidido abrir este lunes en El Hierro, pero otros prefieren permanecer cerrados. Entre ellos, el hotel de Puntagrande, un espacio conocido por ser el hotelito más pequeño del mundo y un Bien de Interés Cultural (BIC). Levantado sobre una lengua de lava y rodeado de mar es, literalmente, una isla dentro de otra. La COVID-19 obligó a cerrar sus puertas y aunque desde hoy tiene permiso para recibir clientes, que no paran de hacer reservas para hospedarse en una de sus cinco habitaciones, su dueño, Davide Nahmias, ha decidido que lo mantendrá cerrado hasta que se restablezcan las conexiones aéreas nacionales e internacionales “porque para los herreños no tiene sentido ir a quedarse en un hotel dentro de su propia Isla”.

Quienes no van a notar prácticamente la diferencia, y en El Hierro es mucha gente, son todas aquellas personas que bien viven de trabajar en la tierra o en la mar, bien tienen un huerto para agricultura de subsistencia. Todos ellos han podido seguir atendiendo sus labores y a sus animales sin mayores problemas, con la única salvedad de que ahora recuperan los bares y las cafeterías para “echarse un buche de café” antes o después de la faena. Es el caso de Samuel Acosta, que cruza a pie cada día el pueblo de El Mocanal para ir a dar de comer a su burro. Es también uno de los pocos que mantiene viva la tradición de la agricultura de secano en el norte de la Isla. “Todo lo que siembres debajo del millo, judías, calabazas, frijoles, pega sin regarlo”, dice Samuel.

La Graciosa, con miedo a ser “zona roja”

El miedo y la falta de certezas alcanzan también a las 700 personas que viven en La Graciosa. Los habitantes han dado este lunes el primer paso hacia un verano jamás vivido. En los últimos años, se ha repetido sin interrupción la estampa de cientos de visitantes en las playas y miles de personas de otros puntos del Archipiélago celebrando las fiestas patronales de julio. Sin embargo, la posibilidad de que esta imagen se repita este 2020 se vislumbra cada vez más difusa. Este escenario aboca a la población graciosera, altamente envejecida, a comenzar la desescalada entre la necesidad de recibir turistas para rescatar su economía y el miedo a pasar de ser una zona sin casos a ser una “zona roja” cuando se permitan los desplazamientos.

La concejala delegada del Ayuntamiento de Teguise en la Isla, Alicia Páez, ha confesado que temen al momento en el que se abra al público el puerto de Orzola que conecta La Graciosa con Lanzarote. Hasta ahora, nadie en la Isla ha presentado síntomas de padecer la COVID-19 ni se ha registrado ningún positivo, pero tampoco se ha hecho ningún test. La concejala reivindica que, en los próximos meses, quien entre a La Graciosa lo haga sano, y para ello propone que se hagan pruebas sanitarias de control en los puertos.

Los propietarios de las terrazas de la Isla han preferido no abrir sus negocios, ni siquiera al 50%, porque “no les compensa” ante la ausencia de visitantes. “En estos momentos la actividad económica de la Isla está igual que cuando comenzó el estado de alarma y los comercios abiertos son los mismos que al principio del confinamiento”, apunta Páez.

Para alojarse en La Graciosa entre abril y septiembre, las reservas deben hacerse hasta con seis meses de antelación, ya que la ocupación en estas fechas suele ser del 100%. Elena Aguilera, directora del complejo de apartamentos Evita Beach, calcula que el porcentaje aproximado de pérdidas que sufrirán este año roza el 40% ante la anulación total de las reservas que han tenido lugar en los últimos meses, con una especial caída en Semana Santa. Las reservas para el mes de agosto se mantienen y suponen el 75% del total, mientras que julio se presenta “muy flojo”. Aguilera señala que durante el verano, la mayoría de visitantes son del propio Archipiélago, por lo que la reapertura total del complejo tendrá lugar cuando se permitan los viajes interinsulares.

Más allá de este panorama incierto que ha irrumpido en la Isla, este lunes La Graciosa se ha reencontrado con su gente, que ha vuelto a las calles de arena con mucha cautela. Para Pedro Páez, vecino y reponsable en la Isla de la Asociación de Voluntarios en Emergencias y Rescate de Lanzarote (Emerlan), todo sigue igual: “No hay muchas personas fuera de sus casas, salvo algunos jóvenes que aprovechan el desconfinamiento para hacer surf o para sacar sus veleros teledirigidos”. Aún así el ambiente es distinto: “Más que vecinos, aquí somos todos familia, y ya teníamos ganas de vernos”.

Vuelvo a islita por mar, que es como más se disfrutan los viajes importantes. Y éste lo es, porque me va a permitir observar y contar la salida a la calle cincuenta días después de los habitantes de El Hierro, tierra de casas de piedra y gente sencilla donde casi el 30% de la población tiene más de 60 años.

Por eso han vivido con especial preocupación la evolución de una crisis sanitaria que afortunadamente y hasta el momento solo ha afectado a tres de sus residentes.

La aventura comienza temprano, en un corrillo desordenado que en verdad debiera ser una fila donde quienes no tienen cara de camionero tenemos cara de sospechosos.

Ellos ríen y gastan bromas aunque son poco más de las siete de la mañana, los demás guardamos silencio y apretamos entre los dedos un papel con una declaración jurada que se debe entregar antes de embarcar para justificar el motivo de nuestro viaje.

Y es que más allá de que falten dos días para que la isla de El Hierro se convierta en uno de los territorios privilegiados en llegar a la Fase I decretada por el Gobierno de España, los controles de salida y entrada siguen activos.

Pero nada es igual: el viejo 'Volcán de Taburiente' ha sustituido al 'Volcán de Tirajana', un fastferry que está amarrado en el Puerto de La Estaca a la espera de que vuelva la normalidad, y escupe por la proa una decena de coches. Lo demás son camiones y gandolas que no han parado de traer y llevar alimentos en estos meses.

Cada lunes, miércoles y viernes hace un tour entre las cuatro islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para garantizar el abastecimiento.

Entregamos el papelito en la confianza de que no habrá complicaciones, volvemos a los vehículos para dejarnos tragar por la boca del barco y ¡Oh sorpresa!: al final de la rampa espera un marinero que te dispara con un termómetro a la cabeza: 36,4 grados centígrados (son tiempos en los que uno vive pendiente de que al maldito aparato no le dé por pasarse de temperatura).

Antes de iniciar la travesía podemos disfrutar de la vista de la playa de Los Cristianos completamente vacía y plagada de gaviotas, y al salir, con esto de que a la fauna le ha dado por acercarse, un par de delfines juegan sin miedo con el barco en la misma bocana del Puerto.

Comienza un viaje que ahora se prolonga casi cuatro horas, con escala en La Gomera incluida, cuando antes casi no llegaba a las dos y media. La playa de San Sebastián está tan despejada como la de Los Cristianos aunque casi no tenemos tiempo de verla porque son tan pocos los que bajan o suben que en unos minutos estamos nuevamente en marcha.

Llegamos a El Hierro por fin. Y la cosa se pone seria. El Puerto parece un escenario de guerra: Cruz Roja, Bomberos, Policía Portuaria y Guardia Civil nos van despachando de uno en uno. Otra vez la declaración jurada, que se quedan ellos, y otra vez a explicar los motivos del viaje, el lugar en el que vas a quedarte y la fecha en la que te marcharás de la Isla.

Finalmente nos desinfectan con un chorro a presión de agua y cloro y podemos seguir al lugar de destino.

Este lunes 4 de mayo podrán por fin abrir los comercios, bares y restaurantes de la Isla, limitando su aforo a un 30% y garantizando una distancia mínima de 2 metros entre sus clientes.

Nada que afecte mucho a un lugar dominado por la calma, en el que las ventitas han sido siempre el mejor test de la salud de unos mayores que o bien pasaban a diario a comprar o bien hacían sus encargos por teléfono.

Pero también se podrán abrir las bibliotecas, celebrar actos culturales con menos de 30 personas en lugares cerrados, o espectáculos al aire libre con menos de 200 personas sentadas manteniendo la distancia necesaria.

Y sobre todo, se podrá ir recuperando poco a poco el turismo activo y de naturaleza para grupos limitados y retomar las producciones audiovisuales y rodajes, lo cual no es ninguna tontería para una Isla que exhibió su naturaleza apabullante en la serie ‘Hierro’, que ha sido sin duda el mejor de los reclamos turísticos en el último año.

Ahora falta que el resto del mundo haga la tarea y puedan volver pronto a esta zona cero del desconfinamiento en España.

El Hierro y La Graciosa, las islas más pequeñas y con menos población de Canarias, tienen en la actualidad un nuevo elemento en común: son las únicas que han logrado esquivar, hasta el momento, al coronavirus. La primera vive en su paradoja de ser un territorio sin casos registrados, pero con el mayor porcentaje de población en riesgo ante la avanzada edad de sus habitantes. La segunda ha tenido que cerrarse a los visitantes, su principal fuente de ingresos: “En La Graciosa, durante el verano vivimos todos, pero en invierno nos tenemos que apañar. Y con esto, la cosa va a ser peor”, señala Enriqueta Romero, que tiene 79 años y, pese a no haber ido a la escuela, todo un imperio graciosero a su espalda.

La situación de emergencia sanitaria que vive España ha hecho que las calles de ambas islas estén vacías, con el tiempo parado y el silencio haciendo más ruido que nunca en unos lugares de calma donde las cosas ya suelen ir despacio. “El Hierro está desierto. Yo cruzo el pueblo caminando de un extremo al otro cada día para ir a dar de comer al burro y no se ve a nadie”, dice Samuel, de El Mocanal, situado al norte de la Isla del Meridiano Cero, hasta que los ingleses se lo llevaron a Greenwich. “A pesar de no tener la enfermedad, la gente está en su casa. Antes, coincidían todos los funcionarios en el bar a las siete de la mañana para tomar el café y a las ocho los que tenemos animales que cuidar. Ahora ni eso”, añade.

Solo los turistas extranjeros andan “un poco despistados”: “Sigue habiendo gente que tira al monte. Tantos, que los agentes de Medio Ambiente están haciendo una batida en los múltiples senderos de la Isla para devolverlos a sus alojamientos”, explican desde el Cabildo. “Sigue entrando y saliendo gente por aire y por mar, pero se hace un control para saber su destino. Si llega algún extranjero desubicado se le avisa de que no va a poder hacer turismo y que se tiene que recluir”, subraya la corporación insular presidida por el socialista Alpidio Armas.

Esto no sucede en La Graciosa, donde las líneas de barco que la conectan con Lanzarote han reducido sus horarios, tal y como ha explicado el ayuntamiento lanzaroteño de Teguise, del que depende administrativamente la isla. Las dos compañías que ofrecen el servicio mantienen solo dos trayectos de ida y dos de vuelta cada una: uno por la mañana y otro por la tarde para el uso exclusivo de las personas que trabajan en la isla conejera. “Hasta hace unos días, los turistas, que no podían visitar los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote porque estaban cerrados, iban a La Graciosa”, afirman desde la corporación municipal, que también ha decidido suspender las excursiones organizadas a la Isla. “Me parece lógico, porque si no, de nada sirve que nos protejamos aquí y que cumplamos con las recomendaciones si puede seguir entrando y saliendo gente”, opina Enriqueta.

Ella cerró antes de tiempo su pensión, donde recibía visitantes a diario. “Tuve una fuerte pulmonía. Entonces el jueves pasado el médico y la enfermera de la Isla vinieron a decirme que mejor cerrara un tiempo hasta que todo pasara”, explica. Entre los escasos comercios que tiene La Graciosa, solo sigue abierta la farmacia, la panadería y los pequeños supermercados. Además, un agente de la Policía Local comprueba a diario que se siguen las recomendaciones y una ambulancia deambula por las calles de arena informando de la situación a los 700 habitantes.

El restaurante del muelle, la dulcería o los pequeños apartamentos familiares que se alquilan a los visitantes son el motor insular. Enriqueta confía en que el golpe para la economía graciosera se vea aliviado por las ayudas públicas cuando la emergencia termine. El Ayuntamiento de Teguise insiste en que, por el momento, está todo controlado y que, aunque es difícil aún calcular el impacto, la corporación municipal estudiará medidas para que sea el menor posible.

En El Hierro, el poco movimiento que mantiene al territorial más occidental de España con vida estas semanas gira en torno a la agricultura y la ganadería, ya que un alto número de sus habitantes tiene un trozo de tierra que cultiva para el autoabastecimiento y animales. Por su parte, las tiendas “se han organizado bien y no se deja a nadie acaparar”. Además, “sirven a domicilio a los mayores que tienen dificultades de movilidad y no tienen asistencia domiciliaria”, explica Gonzalo, un funcionario jubilado de Tenerife que ahora vive en Timijiraque.

Abel, asesor laboral, ha implantado el teletrabajo desde el viernes: “Había gente despistada y llamando para preguntar si podía abrir o no. Por lo demás, todo en calma. La diferencia es que si toses en el súper como has hecho toda la vida, ahora te miran con cara de mosqueo”. Los herreños son conscientes de sus debilidades: “Hace poco hubo un virus con diarrea y se llenó el Hospital porque no hay muchas camas. Aquí a la gente mayor se la lleva la gripe”, insiste.

El presidente insular, Alpidio Armas, lanza un mensaje de sosiego a la sociedad herreña, expectante ante la rápida evolución que registra la enfermedad en España. Entre las medidas que han tomado figura el cierre del Balneario del Pozo de La Salud por parte de la empresa pública Meridiano porque “cualquier infraestructura pública debe estar disponible ante una situación de alarma sanitaria”. Pese a la clausura, se han buscado soluciones a los clientes de realojamiento o retorno a sus lugares de residencia.

La resaca de las elecciones municipales comienza a dibujar un panorama que podría tornarse muy oscuro para Coalición Canaria (CC) en Tenerife, en el caso de que se cerraran las alianzas que se vienen rumoreando en las últimas horas en la Isla. Así, el resultado de los nacionalistas en sus feudos más importantes se convertiría en una amarga victoria en el caso de perder La Laguna y Santa Cruz.

Si a ello sumamos que El Rosario está en manos de IR-Verdes, una hijuela de escindidos del PSOE que han ido mudando la piel en sucesivas contiendas electorales hasta pasarse casi en bloque a la formación de Escolástico Gil, y que el conflicto por la instalación de una gasolinera en Tegueste amenaza con poner a todos de acuerdo para que no gobierne CC, podría ser la primera vez en la historia que los nacionalistas se quedaran sin tocar poder en todo el área metropolitana.

Pero vayamos por partes. El PSOE gobernará en solitario en 9 de los 31 municipios de Tenerife (Adeje, Arona, Candelaria, Fasnia, Guía de Isora, La Matanza, La Victoria, Vilaflor y El Tanque). En algunos de ellos revalida su mayoría absoluta como cada contienda (mención expresa merecen José Miguel Rodríguez Fraga en Adeje o Ignacio Rodríguez, que no solo lleva toda la vida como alcalde de La Matanza, sino que se ha permitido incrementar su porcentaje de votos del 75,57 al 79,88%). Y en otros, la reconquista de nuevo después de muchos años, como ha hecho José Julián Mena en Arona, el tercer municipio más poblado de la Isla.

Coalicion Canaria gobernará sola en 5 municipios (Garachico, La Orotava, San Miguel, El Sauzal y Arafo). Francisco Linares y Mariano Pérez parecen haber heredado la varita mágica de Isaac Valencia y Paulino Rivero para imponerse con mayoría absoluta elección tras elección. Y el caso de Arafo es digno de estudio pues suele acostarse una noche siendo de un partido y amanecer siendo de otro: ocurrió con Domingo Calzadilla (CC-PP) y ocurre ahora con los seguidores de la Agrupación Independiente de Arafo que se han reconvertido al nacionalismo en menos de 24 horas.

A éstos se le podría sumar la Agrupación Independiente de Santa Ursula (AISU) que en realidad es una marca blanca de CC y recupera una holgada mayoría absoluta (13 de 17) tras el accidentado mandato de la ex alcaldesa inhabilitada por prevaricación Milagros Pérez (PP).

El Partido Popular (PP) se mantiene fuerte en Los Realejos, donde Manuel Domínguez amplía en un concejal su dominio (de 14 a 15). Y lo mismo pasa en Santiago del Teide, donde sube de 9 a 11 concejales. En La Guancha el PP estrena mayoría absoluta tras una legislatura muy reñida. Los populares gobernarán en solitario 3 de los 31 municipios chicharreros.

Y luego hay 12 municipios en los que todo está por ver: Arico, Buenavista, Granadilla, Güímar, Icod, Puerto de la Cruz, La Laguna, San Juan de la Rambla, Santa Cruz, Tegueste, Los Silos y Tacoronte.

Las ecuaciones más sencillas parecen las de Arico, donde PSOE y Primero Arico (ex Sí Se Puede) sumarían o incluso podrían gobernar los socialistas en minoría; Granadilla, donde parece cantado un acuerdo CC-PP; Icod, ya que al candidato de CC le falta sólo un concejal para la mayoría absoluta; Puerto de la Cruz, en el que sería factible un entendimiento entre el PSOE y la Asamblea; y Los Silos, donde resulta bastante probable que el PSOE pierda la Alcaldía en favor de un acuerdo CC-PP tras 16 años de gobierno.  Aún así se trata de pueblos en los que las malquerencias personales y las riñas históricas pueden dar al traste con cualquier acuerdo en un breve segundo.

En Buenavista, tras el empate a 5 entre Sí Se Puede y PSOE, la decisión volverá a estar en las manos de la única concejala de CC, formación que en el mandato anterior se inclinó por apoyar a los socialistas.

Güímar y su televisiva alcaldesa, Carmen Luisa Castro (PP), podrían llevarse un susto si logran ponerse de acuerdo nacionalistas y socialistas (suman 9 de los 17 concejales), sobre todo teniendo en cuenta el accidentado final de mandato con la expulsión de CC del Gobierno local a última hora.

San Juan de la Rambla y Tegueste son un sudoku. No sólo por el alto número de formaciones presentes en el Pleno de ambas corporaciones (hasta 7 en el último caso), sino por la multiplicidad de variantes que se abren para hacer combinaciones. El efecto de la polémica gasolinera en Tegueste y la posible inhabilitación de la actual alcaldesa de San Juan, Fidela Velázquez, podrían resultar determinantes.

En Tacoronte se escuchan voces de un temprano acuerdo entre Ciudadanos (encabezado por una ex concejala de CC que acaba de abandonar al derrotado alcalde, Alvaro Dávila) y el PSOE (encabezado por un Carlos Medina que parece renunciar de nuevo a configurar una mayoría con los partidos de izquierda y se conforma con jugar un papel de segundón). Ciudadanos fue la gran sorpresa en Tacoronte, subiendo de cero a seis concejales.

Y volvamos al área metropolitana.

En La Laguna cada vez parece más viable un pacto de progreso que dejaría sin el sillón de la Alcaldía a CC más de treinta años después. Unidas Se Puede ha dicho ya públicamente que acepta que el PSOE encabece el Gobierno y Santiago Pérez puso a disposición del cambio a sus dos concejales desde la misma noche electoral.  

¿Y Santa Cruz? En Santa Cruz ha rolado el viento y donde aparecía José Manuel Bermúdez (CC) dispuesto a hablar con cualquiera ahora se ve a Patricia Hernández (POSE) enarbolando la bandera de un cambio histórico al que empiezan a no hacerle ascos ni un Ciudadanos que le ha levantado el cordón sanitario a los socialistas ni un PP que quiere tocar poder.

Sobra decir que si a Ramón Trujillo (Podemos-IU) le ponen encima de la mesa un acuerdo que se lleve por delante a la histórica ATI chicharrera, ahora reconvertida en CC, lo va a tener muy difícil para no apoyarlo o al menos para jugarle a la contra.