Tras el escándalo del fraude de las prótesis vasculares en la Región de Murcia, la cúpula sanitaria, administrativa y gestora del Hospital Virgen de la Arrixaca ha defendido la “trayectoria ejemplar” del centro sanitario. Han rechazado “la presunta actuación irregular” de la trama, que afecta a la Sección de Radiología Vascular Intervencionista y al Servicio de Cirugía Cardiovascular.

“Rechazamos con firmeza la presunta actuación irregular de personas concretas, y compartimos la exigencia de transparencia y depuración de responsabilidades”, han reclamado en un comunicado. Al tiempo, han apelado a la “responsabilidad” y “rigor” de quienes realizan manifestaciones públicas, “con el fin de evitar mensajes que puedan generar desconcierto o alarma injustificada en la población”.

El manifiesto lo han firmado treinta y cinco jefes de los Servicios Médicos, cinco supervisores de Enfermería, once jefes de los Servicios Administrativos y quince miembros de la Dirección -entre ellos el gerente, Amancio Marín-, en representación de “los servicios asistenciales del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca”.

“El prestigio de este Hospital se ha construido durante más de cincuenta años y no pertenece a unas pocas personas; sino que es el resultado del esfuerzo, dedicación, sacrificio y vocación de generaciones de profesionales, consagrados al cuidado de la salud de todos los murcianos”, han recordado en el documento.

Los firmantes han recordado que el hospital tiene una “trayectoria ejemplar” de excelencia asistencial, docente e investigadora, reconocida a nivel regional, nacional e internacional, “procurando dar la mejor atención a pacientes de toda la Región, incluidos los de mayor complejidad y gravedad”.

El manifiesto concluye solicitando a las distintas administraciones públicas que pongan de su parte para la mejora del centro hospitalario: “Pedimos que desde las Instituciones se acometan en la Arrixaca todas las inversiones esperadas, y tan necesarias, para poder así afrontar los retos presentes y futuros con el máximo nivel de exigencia, y seguir dando a la sociedad murciana todo lo que espera de nuestro Hospital y sus profesionales”-

El mayor escándalo de la sanidad pública de la Región de Murcia ha dejado un agujero a los fondos públicos de 6,9 millones de euros y trece personas investigadas por delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal. Para materializar el fraude, la trama tenía distribuidas personas implicadas en la práctica totalidad del proceso de comercialización, compra e implantación de implantes vasculares. Algunos de los implicados eran personal de este centro médico, ahora apartados del servicio.

Su casero dejó de pagar la hipoteca, su vivienda acabó en manos de un fondo buitre y ahora tendrán que abandonar su hogar. Daniel y Aurora, dos vecinos del barrio murciano de La Paz, serán desalojados el próximo 30 de junio tras 19 años viviendo en su casa. Deberán abandonar el domicilio junto a sus tres hijos, uno de ellos con discapacidad: “De tres meses para acá nos encontramos en esta situación, hace un mes el juez dio la orden de desalojo”, lamenta Aurora.

Su calvario comenzó hace tres meses, y desde el mes pasado tienen orden judicial de desalojo: “Un agente inmobiliario llamó a la puerta de nuestra casa, a decirnos que nosotros somos okupas y que venían a cambiar la cerradura”, relata Daniel. La pareja no es morosa, están al día con el pago del alquiler, y de las facturas de luz, agua y la comunidad. Les desahucian, explican, porque el juez no admite la validez de su contrato de alquiler: “Supuestamente, no está en el Registro de la Propiedad, pero hemos ido múltiples veces allí a sacar copia simple del contrato”, denuncia Aurora.

Por el momento, si nadie lo impide, esta familia deberá abandonar su hogar el próximo 30 de julio, cuando tendrá lugar un desahucio forzoso: “Les da igual que haya niños y que el mayor tenga discapacidad, la documentación -las facturas y el contrato de alquiler- tampoco les ha valido”, lamenta Daniel. “No queremos que nos regalen el piso ni quedarnos como okupas, como ellos nos llaman”, aclara.

“No encontramos un piso donde podamos caber los cinco. Los precios para una vivienda de una o dos habitaciones son muy exagerados, si pagamos un alquiler ya no nos queda para poder sobrevivir”, explica.

De acuerdo con Aurora, la pareja ha intentado en múltiples ocasiones negociar una alternativa con el fondo de inversión, sin éxito: “No me dan plazo para buscar algo adecuado a donde irme con mi familia. Queremos que nos dejen pagarles el alquiler a ellos [al fondo de inversión] o que le pongan precio a la vivienda y tengamos opción de compra. Tras 19 años pagando, es lo justo”

“No es un caso aislado”

Extinguen sus contratos de alquiler, la vivienda cae en manos de un fondo buitre y este la alquila por habitaciones. La asociación de vecinos de La Paz denuncia que el caso de Daniel y Aurora no es excepcional, y que la especulación de la vivienda está troceando su barrio.

“Están echando a personas con muchos años aquí en el barrio, pese a que han demostrado que están pagando religiosamente”, señala Pedro Crespo, presidente de la asociación de vecinos. “Los fondos buitre están comprando viviendas, las arreglan un poquito y no las venden, las alquilan por habitaciones”, explica Crespo.

“Piden hasta 350 euros por una habitación en la que apenas coge una persona, porque son de 48 metros cuadrados las viviendas del barrio”, abunda. La Paz es un barrio humilde, de acuerdo con el INE, su renta media anual no llegaba a los 6.000 euros en 2024. Pero el presidente de la asociación de vecinos asegura que atrae a fondos de inversión por su situación céntrica: “Andando recorres toda Murcia desde aquí”.

“[La Paz] se está convirtiendo en un barrio donde impunemente se echa a la gente y se está haciendo negocio, y esto hay que cortarlo”, urge Crespo, que alerta de que “en muy poco tiempo” se ha desalojado a cuatro familias, y que les consta que otra quincena ya cuenta con orden de desahucio“.

“Existen irregularidades en la totalidad de la muestra”. Así concluye un informe de la UDEF tras analizar 30 intervenciones quirúrgicas realizadas en un hospital concertado entre 2019 y 2025 por R.T.M. a pacientes derivados por el Servicio Murciano de Salud (SMS). Según el documento, al cotejar los informes de alta con los partes quirúrgicos se descubrieron discrepancias sistemáticas entre el material efectivamente utilizado y el facturado.

De acuerdo al informe de la UDEF, se han detectado un total de cinco productos etiquetados de Logimed “que a la fecha de implantación se encontraban caducados”. E identifica un historial en concreto en cuya alta “se le pone una prótesis y en el parte quirúrgico constan dos, estando ambas caducadas”.

En los cuatro casos restantes de etiquetas caducadas, “al existir más productos pagados que utilizados, no puede saberse con seguridad si se han utilizado los caducados o no, debido a la ambigüedad con que se rellena el parte de alta”, advierten los investigadores.

En su investigación, la UDEF destaca que “al encontrarse los productos manuscritos, estos carecen de información importante como el fabricante o la fecha de caducidad”; lo que, a juicio de la policía, dificulta la “correcta trazabilidad” de los mismos.

La investigación sostiene que en las 30 operaciones examinadas solo constan 17 prótesis realmente implantadas, mientras que se habrían facturado otras 165 que no fueron utilizadas. El informe cifra el perjuicio económico detectado en la muestra en 347.097 euros y señala que, de extrapolarse estos resultados al conjunto de las 492 intervenciones realizadas durante el periodo analizado, el importe podría acercarse a los cinco millones de euros. El informe cita cuatro empresas cuyos materiales aparecen reflejados en la documentación examinada por los investigadores.

La UDEF ha solicitado, señala el informe, a los fabricantes y distribuidores de los productos manuscritos “que procedan a obtener a través de los números de lote la caducidad y datos importantes de dichos productos”. Y elevan a 59 los productos facturados y caducados de una de las empresas investigadas.

En el caso de las hojas de implante de Logimed, los investigadores afirman que “se observan referencias manuscritas que son utilizadas para la adquisición de productos completamente diferentes a los referenciados”, una práctica que, según el informe de la UDEF, añade aún más dificultades para reconstruir qué material se utilizó realmente en cada intervención. Por ello, los agentes consideran necesario “cruzar la información entre el SMS y las facturaciones del proveedor para saber qué se ha utilizado con cada paciente”.

En concreto, el informe señala que en la documentación de Logimed “se han utilizado referencias manuscritas de prótesis, concretamente de BGP y BGA, ambos productos homologados, para la adquisición, principalmente de productos fungibles”, cuyo coste es muy inferior al de las prótesis a las que hacen referencia.

La propia UDEF admite que estas discrepancias dificultan en ocasiones determinar con exactitud qué producto fue implantado. Los investigadores describen casos en los que el informe de alta médica recoge la colocación de una única prótesis vascular, mientras que en los partes quirúrgicos o en las hojas de implante de distintos proveedores aparecen hasta ocho referencias diferentes. Esa situación impide identificar con certeza cuál de ellas se utilizó realmente, apuntan. No obstante, el informe subraya que la duda desaparece en aquellos expedientes en los que consta expresamente que no se implantó ninguna prótesis y, pese a ello, sí aparecen productos de este tipo facturados.

Un fraude de 6,9 millones

Lo que es ya considerado como el mayor escándalo de la sanidad pública de la Región de Murcia ha dejado un agujero a las arcas públicas de 6,9 millones de euros y trece personas investigadas por delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal. La trama tenía repartidos implicados en la práctica totalidad del proceso de comercialización, compra e implantación de implantes vasculares.

La investigación ha revelado que implicados en el fraude pudieron interferir en concursos públicos. Tuvieron lugar comunicaciones entre el por entonces comercial de Logimed y el antiguo responsable de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI), la central de compras del SMS. El representante de la UAI habría enviado de forma exclusiva al excomercial el borrador de los pliegos del concurso de las endoprótesis de aorta, urgiéndole a revisarlo antes de mantener una reunión posterior para abordarlo de manera conjunta.

En concreto, el marco de la investigación se centra en la compra con sobreprecios de prótesis vasculares. En ocasiones, estos productos carecían de homologación o estaban caducados. La Consejería de Salud continúa insistiendo en que el fraude es meramente “económico”: “No se ha constatado que existan episodios clínicos que estén relacionados con la implantación de material que no sea adecuado”, han reiterado a este diario. “Desde el servicio sanitario correspondiente se han revisado las historias clínicas, y se sigue revisando de forma exhaustiva a los pacientes que fueron atendidos por el médico implicado”.

La Policía Nacional de Cartagena ha detenido a un hombre con cinco órdenes de búsqueda judiciales en vigor y una policial como presunto autor de diversos delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, quebrantamiento de condena y daños. En el último episodio antes de su detención, fracturó la luna delantera del vehículo de su expareja.

La detención ha sido fruto de una investigación desarrollada durante varios meses por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaria de Cartagena, que permitió tras numerosas gestiones, indagaciones y diligencias policiales localizar al investigado y dar cumplimiento de los requerimientos judiciales que pesaban sobre él.

Para eludir a la justicia, el detenido cambió constantemente de domicilio y número de teléfono. En concreto, a los agentes les constaban al menos seis domicilios diferentes repartidos por toda la geografía de la Región de Murcia, desde Abarán hasta la zona de La Manga del Mar Menor. Para desplazarse sin ser visto, llegó a viajar en el interior de maleteros.

Para el dispositivo de detención fueron necesarias varias unidades de la Policía Nacional, donde participaron una veintena de agentes, debido al alto riesgo de fuga del autor, que no dudó en trepar por las fachadas y terrazas para evitar la acción policial 

Finalmente el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial y se ha decretado su inmediato ingreso en prisión.

La comparecencia en el Parlamento murciano de la consejera de Salud de la Región de Murcia, Isabel Ayala, por el escándalo del fraude en las prótesis vasculares, ha sido una reiteración del relato que la Consejería ha mantenido desde que el caso salió a la luz. En el hemiciclo el ambiente ha sido bronco, la presidenta de Asamblea Regional, Visitación Martínez, ha tenido que pedir silencio en la totalidad de las intervenciones.

La consejera ha defendido que el caso se destapó gracias “al exhaustivo trabajo del Servicio de Inspección de Centros y Servicios Sanitarios” del SMS. Ha ido más allá, declarando a Salud “víctima” del presunto fraude.

Pese a que el fraude se extendió en el tiempo durante más de una década, Ayala ha defendido que el destape de la trama demuestra que “los sistemas de control interno funcionan”: “Desde el Área uno, donde se detectaron estas supuestas irregularidades, rápidamente se pusieron en manos de la Inspección de Centros para la realización de una auditoría interna y posteriormente se trasladó a la autoridad judicial para que continuara la investigación”. Tal y como reconoce la propia consejera, la auditoría interna no tuvo lugar hasta noviembre de 2024.

Tras esa investigación interna, recuerda, se cesaron a dos responsables de la Unidad de Aprovisionamiento Integral y al jefe de Sección de Radiología Vascular e Intervencionista del Área uno: “Se acometió una importante renovación de diversos puestos del Servicio Murciano de Salud para reforzar los controles en este tipo de procedimientos. Hemos actuado con diligencia y transparencia”, ha defendido.

“Hay 13 personas investigadas y saben que entre ellos no hay ningún cargo político. Dejen a la Fiscalía y al juez que haga su trabajo y dejen de confundir a la población”, ha insistido.

Fraude “económico”

Ayala ha recalcado que el fraude es puramente “económico”, y que se limita a la adquisición y facturación de material sanitario“ y ha reiterado que ”no se ha constatado que existan episodios clínicos que estén relacionados con la implantación de material caducado“. En sus investigaciones, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional detectó la implantación de, al menos, un 'stent' caducado a un paciente. Este hallazgo tuvo lugar después de que la Policía Nacional analizase solo 8% de las 492 intervenciones que practicó uno de los cirujanos implicados en la trama. 

También ha explicado que las prótesis no homologadas son “seguras”: “El hecho de que el material implantable no esté homologado no significa que no sea válido y que no se pueda usar en los pacientes. Son perfectamente viables para implantarse porque están autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios”

Un informe interno de inspección alertaba del “grave riesgo para los pacientes” por el uso de prótesis homologadas por parte de la trama, no porque sean inseguras, sino porque se utilizaron para inflar los precios en la facturación. Para poder materializar el fraude recogían en la facturación el producto más caro sin homologar, e implantaban el producto homologado. El peligro que esto suponía para el paciente, detalla el documento, reside en las discrepancias entre lo facturado en el programa de gestión económica -conocido como SAP- y la historia clínica del paciente. Ante una alerta sanitaria decretada por la Agencia Española del Medicamento, se vería comprometida la trazabilidad del producto.

Ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la población, recordando que desde el servicio sanitario correspondiente “se han revisado las historias clínicas” de los posibles pacientes afectados: “Como saben, se sigue revisando de forma exhaustiva a los pacientes que fueron atendidos por el médico implicado en un centro concertado y no se ha constatado que existan episodios clínicos que estén relacionados con la implantación de material caducado”.

La consejera ha aprovechado su intervención para adelantar la creación del Registro Regional de Prótesis Implantables “como elemento fundamental en la trazabilidad”. Asimismo, desde 2025 “se ha reforzado el servicio de Inspección sanitaria con la incorporación de 15 profesionales más”, entre inspectores, médicos, farmacéuticos y enfermeros. Además, se ha puesto en marcha dentro del Servicio de Inspección Sanitaria una unidad específica “para reforzar el control económico del Sistema Regional de Salud, con cuatro inspectores dedicados en exclusiva a este asunto”.

Respecto a la oposición, les ha acusado de instrumentalizar el fraude de las prótesis con fines políticos: “Les pido que dejen de hacer su trabajo a la policía y a la justicia en lugar de pretender utilizar la salud de las personas como una herramienta política”.

“Es una irresponsabilidad que solo se puede entender desde el intento de desviar la atención de la corrupción que invade al Partido Socialista”, ha concluido.

La comparecencia, un día más tarde

En teoría, la consejera debería haber comparecido el pasado jueves. Los socialistas modificaron el orden del día con los votos a favor de Podemos, Izquierda Unida y Vox con el fin de incluir la comparecencia de Ayala. El cambio se vio frustrado tres horas después del inicio del pleno, cuando la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, levantó la sesión prematuramente, alegando la disposición de la consejera. “Si ayer me hubieran convocado con normalidad cuando estaba en el Pleno y no aprovechando que ya me había ido, habríamos solventado esta comparecencia”, ha reprochado este viernes.

Martínez leyó un escrito de Ayala, en el que esta señaló que había sido informada de la votación una vez había abandonado la Asamblea tras responder a las preguntas parlamentarias, y ha defendido que, si existía interés en su comparecencia, la modificación del orden del día debía haberse planteado mientras permanecía en el hemiciclo. Tras la suspensión, se agendó la comparecencia para este viernes.

“Miente abiertamente”

La oposición en su conjunto ha cuestionado que ningún órgano político supiera de una trama de esta envergadura: “Usted ha sido gerente del Servicio Murciano de Salud desde septiembre de 2023 hasta el pasado mes, y como tal, era usted la responsable del aprovisionamiento de material y autorización de los planes de pedidos, y entre otras cuestiones, responsable de comprar las prótesis cardiovasculares”, le ha recordado la diputada del Grupo Parlamentario Socialista María Soledad Sánchez Jódar.

En esta línea, la portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, María Marín, ha acusado a toda la cúpula del SMS y al presidente regional, Fernando López Miras, de mentir “abiertamente” en el pleno de control del pasado jueves, y ha apuntado asimismo hacia el exsecretario general técnico del Salud y actual consejero de Fomento, Jorge García Montoro, cuyo nombre aparece en los correos intervenidos por la UDEF. “Ustedes conocían perfectamente el abuso de los contratos sin procedimiento de licitación pública. Contratos y concursos a dedo a los que se han desviado cientos de millones de euros y que han permitido la existencia de algo tan oscuro y sucio como la trama de las prótesis. Y las que están por venir, porque esto es solo la punta del iceberg”, ha proseguido.

Por su parte, el diputado de IU José Luis Álvarez-Castellanos, ha preguntado a Ayala si el SMS “ha revisado a todos los pacientes” que se han podido ver afectados por la trama. “¿Está en condiciones de asegurar aquí públicamente de que no hay ningún riesgo de que alguien pueda tener un implante caducado?”.

A las 10 de la noche de este jueves está prevista la llegada a Cartagena de un buque que parte desde el puerto de Ashdod, en Israel, cargado con ácido fosfórico para la filial israelí de ICL ubicada en Totana, según ha denunciado el movimiento propalestino BDS Murcia. Fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia sostienen que al buque “se le pedirá la documentación y se aplicará el protocolo”: “En el caso de que la carga esté contemplada dentro del decreto de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, se actuará en consecuencia”.

Desde BDS Murcia aseguran que las 2.010 toneladas de ácido fosfórico que carga el buque provienen del territorio palestino ocupado del Negev. Bajo este supuesto, el cargamento podría ser objeto de embargo, de acuerdo con el Real Decreto Ley 10/2025 por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. El texto estipula la “prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en los territorios palestinos ocupados”.

Sin embargo, cuando el pasado año tuvo lugar un supuesto similar, no se produjo la retirada del cargamento. En septiembre de 2025 atracó el buque Trans Tind al muelle Príncipe Felipe del Puerto de Escombreras de Cartagena, con 4.768 toneladas de ácido fosfórico destinado también para ICL. Desde Delegación del Gobierno sostuvieron que la carga del barco estaba destinada a uso agrícola y que no estaba previsto su uso armamentístico. Además, negaron que el fósforo hubiese sido extraído de territorios ocupados por Israel. Lo mismo ocurrió dos meses después, en diciembre de ese mismo año,

Para la organización pacifista, “la llegada de barcos como el Chemical Luna demuestran que por el momento no existe un control real sobre el negocio que nutre la maquinaria bélica israelí, ni sobre las empresas que se benefician de la ocupación y el genocidio que está perpetrando Israel en la franja de Gaza”.

“A razón aproximada de un barco al mes, ya son más de quince los buques que este último año han transportado este tipo de productos químicos a Cartagena desde Ashdod (Israel)”, ha detallado BDS.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha referido a través de X al atraque previsto del barco en la ciudad portuaria. Belarra, quien ha criticado que “el Gobierno se llena la boca con que es el que más hace por Palestina”, ha pedido romper “con todas las relaciones con los genocidas”.

La organización pacifista ha insistido en que ICL, empresa con sede central en Tel Aviv y controlada por Israel Corporation, aprovecha la ocupación militar en la zona del Mar Muerto para obtener beneficios de la extracción de minerales presentes en dichas tierras, entre los que destacan rocas de fosfatos: “Precisamente, es la filial de ICL en EE.UU la que provee de fósforo blanco a Israel, el mismo que luego es utilizado para fabricar las bombas usadas en Gaza, tal y como reporta Amnistía Internacional”, han detallado.

Ante la llegada del carguero, colectivos sociales como BDS, el colectivo PLRM, y Extinction Rebellion han convocado una protesta este viernes 19 de junio a las 17:00 horas en la Explanada del puerto de Cartagena para exigir la paralización del desembarco.

Por sorpresa y con intención de abordar la trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud (SMS), el PSOE ha intentado forzar este jueves la comparecencia de la consejera de Salud, Isabel Ayala, en la Asamblea Regional de Murcia. La modificación del orden del día, que ha salido adelante con los votos a favor de Podemos y de Vox, se ha visto frustrada a última hora.

Tras tres horas de pleno, y cuando le habría tocado el turno de palabra a la consejera, la presidenta de la Cámara regional, Visitación Martínez, ha dado lectura a un escrito remitido por Ayala en el que esta ha señalado que había sido informada de la votación una vez había abandonado la Asamblea tras responder a las preguntas parlamentarias, y ha defendido que, si existía interés en su comparecencia, la modificación del orden del día debía haberse planteado mientras permanecía en el hemiciclo.

Ante ello, la consejera ha mostrado su disposición a comparecer “en sede parlamentaria por los cauces adecuados”, y la presidenta de la Asamblea Regional ha suspendido la sesión, lo que ha sido recibido con gritos de indignación tanto en la bancada socialista como en la del Grupo Mixto y Vox.

Pese a la indignación de la consejera, la estrategia de los socialistas no es ninguna novedad en el Pleno murciano y cuenta con el amparo del reglamento de la Asamblea. Semanas atrás fueron los propios populares los que modificaron el orden del día de un Pleno de control para incorporar la convalidación del decreto de ELA y el decreto para el pago de las subvenciones a organizaciones del tercer sector. La diferencia entre ambos movimientos reside en que el PP planteó esta propuesta antes del inicio del debate, mientras que los socialistas han presentado la modificación del orden del día cuando ya estaba avanzado y se habían formulado seis preguntas a los distintos consejeros, entre ellos Ayala.

Esta petición de comparecencia se produce a menos de un mes de la toma de posesión de la consejera, que ha sustituido en el cargo al consejero de Salud, Juan José Pedreño. Una reestructuración que ha coincidido con la investigación sobre la presunta trama de prótesis en el Servicio Murciano de Salud (SMS) en la que se habrían facturado prótesis caducadas, mediante irregularidades en los sistemas de compra y registro.

De acuerdo con el reglamento de la Asamblea, la presidenta de la Cámara “podrá suspender o levantar las sesiones cuando se produzcan incidentes que impidan la normal celebración de estas”. La sesión se reanudará este viernes 19 de junio, se espera que tenga lugar la comparecencia de la consejera con total normalidad.

Una “espantada en toda regla”

Los socialistas han celebrado que, finalmente, este viernes intervendrá la consejera: “Deberá dar explicaciones”, han advertido, un hecho que han atribuido a “la presión ejercida” por “los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, del grupo Mixto y del Grupo Vox”.

Por su parte, la portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea regional, María Marín, ha calificado la actitud de la consejera de “espantada en toda regla, para no dar explicaciones de la trama” a pesar de que se ha ordenado su comparecencia cumpliendo con el reglamento, ha valorado. “Ha salido huyendo a la carrera para evitar dar cuentas, y lo ha hecho con la complicidad del PP y de la presidencia de la Asamblea”, ha continuado Marín. “Una vergüenza más en este escándalo”, ha dicho, “que demuestra que el PP es un partido que miente por sistema”.

“Si no hay políticos implicados, y todo se ha hecho correctamente, por qué se esconden”, ha reflexionado la diputada de Podemos al tiempo que ha recordado que la consejera Ayala ocupó el cargo de directora gerente del SMS “mientras la trama saqueaba sus arcas y jugaba con la vida de cientos de pacientes”. En su opinión, una consejera “que se niega a dar la cara en la sede de la sobería de la Región no puede seguir ni un minuto más en su puesto, debería dimitir hoy mismo”. Marín ha adelantado, además, “que pediremos la reprobación de la presidenta de la Asamblea por convertirse en cómplice y encubridora de esta fuga”.

Un fraude de 6,9 millones de euros

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha ampliado su alcance más allá del supuesto fraude económico de 6,9 millones de euros detectado en la facturación de material sanitario. Los agentes investigan ahora posibles irregularidades en los procedimientos de contratación pública, tras detectar indicios de que responsables de la central de compras del SMS habrían facilitado borradores de pliegos de licitación a representantes de empresas del sector antes de su publicación oficial.

Según el atestado policial, uno de los comerciales investigados habría introducido modificaciones en las características técnicas y en la configuración de varios lotes de un concurso de endoprótesis de aorta, cambios que posteriormente habrían sido incorporados al expediente. La causa, que ya cuenta con once detenidos y dos personas investigadas, también analiza la presunta adquisición de implantes caducados o sin homologación, así como discrepancias entre la documentación clínica de los pacientes y las facturas emitidas. Desde la Consejería de Salud han insistido desde un principio en que fue la propia inspección sanitaria la que derivó la causa a Fiscalía.

La investigación de la Policía Nacional sobre la presunta trama de las prótesis en el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha ampliado su alcance más allá del supuesto fraude económico de 6,9 millones de euros mediante la manipulación de facturas. Según el atestado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia, los agentes apuntan también a posibles irregularidades cometidas en la gestión de la contratación pública.

En el informe, que contiene más de un centenar de páginas, los investigadores describen indicios de posibles prácticas arbitrarias en al menos un procedimiento de licitación pública. En concreto, se citan intercambios de correos electrónicos fechados en 2022 entre el entonces responsable de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI), la central de compras del SMS, Vicente F.G.; y Sergio D.M., entonces comercial de Logimed, una empresa del sector sanitario señalada en la investigación, a quien los agentes sitúan como una de las figuras claves en el entramado.

En esos correos, según detalla la UDEF, el responsable de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) del SMS habría enviado de forma exclusiva al excomercial el borrador de los pliegos del concurso de las endoprótesis de aorta, urgiéndole a revisarlo antes de mantener una reunión posterior para abordarlo de manera conjunta.

De acuerdo con el atestado policial, el exrepresentante de la empresa introdujo distintas modificaciones en el documento, incluyendo cambios en la configuración de los lotes del contrato. Posteriormente, el responsable de la unidad habría remitido el texto con parte de esas sugerencias incorporadas al jefe de sección de la UAI, M. N. G.

Estas comunicaciones forman parte de las diligencias en las que la UDEF analiza si, además de las supuestas irregularidades ya conocidas en la facturación y el suministro de material sanitario, pudo existir una intervención irregular en la fase de adjudicación de contratos públicos.

Según la investigación policial, el documento, enviado directamente al antiguo comercial de Logimed, habría sido devuelto con diversas correcciones técnicas antes de incorporarse al expediente final. El 15 de diciembre de 2021 Vicente F.G. envió un correo a Sergio D.M., adelantando el pliego para el concurso público de unas endoprótesis de aorta: “Por favor, revísalos y a la vuelta de las vacaciones lo vemos conjuntamente”, escribió el responsable del departamento de compras. El antiguo comercial de Logimed le respondió tres meses después, el 4 de marzo del año siguiente, adjuntando los pliegos corregidos: “Aquí tienes el concurso revisado y actualizado a día de hoy. Cualquier aclaración no dudes en ponerte en contacto conmigo”. El comercial de Logimed no solo recibió en primicia los pliegos del concurso, sino que los enmendó a medida.

Entre las modificaciones más destacadas se encuentran las introducidas en los lotes 6 y 7, donde se alteran de manera sustancial las características de los dispositivos. De hecho, en el lote 6 se modifica el modelo de endoprótesis, así como las longitudes o el rango de diámetros. Mientras que en el lote 7 se modifica el dispositivo de una fijación infrarrenal a una transrenal, se introducen nuevas estructuras y se varían los materiales o los sistemas de anclaje. Modificaciones que afectaban a los criterios de valoración técnica, sumando más puntos en la evaluación del expediente.

Un agujero de 6,9 millones de euros

Según estimaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, el agujero que la trama hizo a las arcas autonómicas asciende a unos 6,9 millones de euros, aunque el juez instructor del caso ha solicitado un informe a la Administración General del Estado para determinar con exactitud el importe presuntamente defraudado, tal y como ya pidió la UDEF en su atestado. La Policía Nacional ha confirmado que once personas han sido detenidas y dos investigadas, por delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal.

El marco de la investigación se centra en una trama de compra con sobreprecios de prótesis vasculares, con implicados que, presuntamente, ocupaban puestos en la práctica totalidad de la cadena de comercialización. En ocasiones, estos productos carecían de homologación o estaban caducados. Pese a la insistencia por parte de la Consejería de Salud de que el fraude era “económico” y de que “no hay confirmadas” implantaciones de prótesis en mal estado, la UDEF ha documentado el caso de un paciente al que se le intervino con stents caducados.

Cada prótesis tiene un número de serie identificativo, que debe quedar reflejado en el momento de la facturación y en la documentación del paciente. La UDEF ha alertado de la “dificultad” para seguirle la pista a estas prótesis, a causa de que no coincide la información de las prótesis en la hoja de paciente y la facturación, o por la presencia de referencias de prótesis anotadas a mano.

El informe interno de inspección Salud, que fue definitivo para descabezar a la UAI, apunta a un “riesgo grave para la salud” del fraude perpetrado por el jefe de la 'central de compras' del SMS y su jefe de sección, además del jefe de la Sección de Radiología Vascular Intervencionista. Una de las claves son las discrepancias entre los documentos del paciente y la facturación. En concreto, en la hoja de implantación figura una prótesis más barata y homologada, por valor de 400 euros, mientras que se facturaba otra más cara y sin homologar, a precio de 1.200 euros. Solo de este entramado consiguieron provocar a las arcas del hospital un sobrecoste de 650.140 euros.

Se implantaba una prótesis y se facturaba otra. Continúa la investigación sobre la trama de las prótesis cardiovasculares en el seno del Servicio Murciano de Salud, que dejó un agujero a las arcas regionales de 6,9 millones de euros y que ya cuenta con trece personas investigadas. Según un informe del servicio de inspección de la Consejería de Salud de la Región de Murcia, la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) -la central de compras- manipuló el registro del material empleado en los pacientes del Hospital Virgen de la Arrixaca. El documento, adelantado por el diario local La Verdad y que la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) ha facilitado al juez, fue redactado en el año 2024.

En concreto, el informe alertó de “irregularidades” en la adquisición de prótesis no homologadas y con el precio inflado en el servicio de Radiología Vascular Intervencionista del hospital. El Virgen de la Arrixaca utilizó un tapón de embolización no homologado por el SMS, lo que supuso un sobrecoste de 650.140 euros y un “riesgo grave para la salud de los pacientes portadores de un producto que oficialmente no consta como implantado según la instrucción del gerente del Servicio Murciano de Salud”.

Según la Inspección, al comprobar la facturación detectaron anomalías en el gasto de un embolizador, una especie de bobina metálica, a partir de diciembre de 2022 y a lo largo de 2023. Antes de este periodo, el Servicio empleaba una bobina homologada, con un precio de 440 euros, que se sustituyó en favor de una sin homologar, un “producto sin código” por valor de 1.400 euros: “Desconocemos el precio real del Coil Prestigue Plus [el dispositivo sin homologar]”, reconoce el informe. La diferencia de precios entre ambos dispositivos supuso un coste de 910.140 euros a La Arrixaca y la imposibilidad de ahorrar 650.140 euros. Este producto fue comercializado por la empresa de productos sanitarios Logimed, con dos investigados en la trama de las prótesis caducadas.

Para poder materializar el fraude recogían en la facturación el producto más caro sin homologar, e implantaban el producto homologado. El peligro que esto suponía para el paciente, detalla el documento, reside en las discrepancias entre lo facturado en el programa de gestión económica -conocido como SAP- y la historia clínica del paciente: “Es un hecho grave que, al recoger en el programa SAP (de gestión económica) como implantado un producto falso podría haberse causado un riesgo grave para la salud de los pacientes portadores de un producto que oficialmente no consta como implantado según la instrucción del gerente del SMS”.

Trazabilidad comprometida

“Ante una alerta sanitaria decretada por la Agencia Española del Medicamento sobre el producto C no autorizado, no se podría haber detectado en el programa económico contable del SMS, ya que consta como implantado el producto B [el homologado]. Un hecho también tipificado en la vigente Ley General de Sanidad”. En otras palabras, la trazabilidad de las prótesis implantadas estuvo comprometida. Según La Verdad, la Inspección apunta a que se pudo incurrir en tres delitos durante esta operación: falsedad de documento público-contable, prevaricación y malversación de fondos públicos.

De este informe se acabó descabezando a la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI), después de que se apartase a V. F. G., jefe de la UAI y al jefe de sección de este departamento. También se cesó a A. C. A., médico y jefe de la Sección de Radiología Vascular Intervencionista. Todos están siendo investigados por el tribunal.

Al tiempo que el informe identifica a los implicados en esta parte del presunto fraude, también descarta la implicación de instancias superiores del hospital o de otros funcionarios de la UAI. “Ni la Dirección Médica, ni la Dirección de Gestión y Asuntos Generales, ni el gerente de La Arrixaca ni la Subdirección General de Asuntos Económicos” del SMS tuvieron conocimiento de la trama.

Desde la Consejería de Salud han apuntado que los hechos recogidos en el informe se denunciaron a Fiscalía “hace dos años” y que “se ciñe a un fraude económico para incrementar la facturación”. Respecto al fraude de las prótesis, que afecta a 378 pacientes, han insistido en que “los servicios sanitarios no han detectado episodios clínicos compatibles con la implantación de material que no sea adecuado y la salud de los pacientes está protegida”.

El juez admite al PSOE como acusación particular

El Tribunal de Instancia de Murcia ha acordado la incorporación de dos acusaciones populares a la causa del fraude de prótesis vasculares. En concreto, se van a personar el PSOE y la asociación de consumidores UCE Región de Murcia-Ciudad de Murcia y del PSOE, ambos tras la prestación de una fianza de 5.000 euros.

Además, el magistrado instructor ha acordado la práctica de una prueba pericial, solicitando informe a la Administración General del Estado para determinar el importe presuntamente defraudado, tal y como fue solicitado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en su atestado.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Gobierno de la Región de Murcia contra el Real Decreto del Gobierno de España que regula el procedimiento extraordinario de regularización de migrantes.

La Región de Murcia ha esgrimido argumentos similares a los de la Comunidad de Madrid cuando esta presentó su propio recurso el pasado mes de abril, alegando que el Real Decreto “afecta directamente a competencias autonómicas, sin que exista ni financiación suficiente ni mecanismos reales de coordinación con las comunidades autónomas”. A diferencia del Ejecutivo madrileño, Murcia no ha solicitado la suspensión cautelar del proceso extraordinario de la regularización de migrantes, que el Supremo ya rechazó.

“No se pueden tomar desde el Gobierno central decisiones sin diálogo con las comunidades autónomas, que son las que recibiremos el impacto directo de esa regularización que ya hemos visto, ha generado una gran desorganización y caos”, ha alegado el Gobierno Regional.

El recurso, aceptado este lunes, llega cerca de la fecha en la que acabará el proceso de regularización, cuyo plazo acaba el próximo 30 de junio. Desde que dio comienzo la regularización extraordinaria, el Gobierno central ha recibido 908.288 solicitudes, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Inclusión. Las proyecciones iniciales del Ejecutivo estimaban unas 750.000 peticiones registradas, de las que calculaban que lograrían una respuesta favorable unas 500.000 personas. Por el momento, la Administración ha admitido a trámite un total de 359.255.

La plataforma Regularización Ya ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley para la aprobación de una prórroga de este procedimiento extraordinario. Entre los motivos de la prórroga han denunciado demoras en la admisión a trámite de los expedientes, la falta de resoluciones favorables o la “inoperancia” de algunos consulados a la hora de legalizar certificados de antecedentes penales.

Los contenedores de ropa del proyecto Abraham se han convertido en un elemento más del paisaje urbano de la Región de Murcia. No es para menos: más de un millar de estos recipientes en rosa sobre crema se encuentran repartidos por toda la Comunidad. Para muchos supone una forma conveniente de darle una nueva vida a la ropa que no utilizan. Ese acto, el de depositar prendas en el interior de este contenedor, es la piedra angular de una empresa de inserción que le da una segunda oportunidad a personas en exclusión social.

Así lo explica a este diario Juan Antonio Cerdán, presidente de Proyecto Abraham y administrador de la empresa de inserción: “Nos dedicamos a la recogida de ropa y calzado a través de contenedores que tenemos en la calle. Estamos en 40 municipios de la Región de Murcia y en dos de la provincia de Alicante”. Lo explica en su pequeña oficina en la sede de la asociación, en Puente Tocinos.

Con esta actividad consiguen recoger al año unos dos millones de kilos de ropa. En estos momentos se encuentran en lo que se considera la temporada alta, por lo que pueden recuperar de los contenedores en torno a 8.000 y 10.000 kilos al día de ropa y calzado.

El proceso de recogida se articula con una flota de diez vehículos, que depositan parte de la ropa en la nave de clasificación de la empresa: “Tenemos tres tiendas de ropa de segunda mano bajo la marca de La Recuperadora, que aglutina a nivel estatal a todas las entidades que nos dedicamos a recoger ropa y calzado”. Una de ellas está situada en la ciudad de Murcia, en el número 7 de la Alameda de los Capuchinos, en el corazón del barrio del Carmen. La sede de Cartagena se encuentra cerca de la Avenida de Colón, en el número 148 de la calle Santiago Ramón y Cajal. La última, abierta hace tan solo dos años, está localizada en el Campus de Espinardo, junto a la oficina de Campus Sostenible.

Otra parte de lo recogido por el Proyecto Abraham se destina al ropero regional: “Son enseres para personas que nos derivan a través de los Servicios Sociales, que necesitan ropa y calzado. El resto se destina a venta al por mayor en bruto de ropa de segunda mano”, explica Cerdán. Parte de lo destinado al ropero regional descansa en la sede de Puente Tocinos, esperando a ser transportado y repartido a los que más lo necesitan. Fuera, tres personas reciben comida del banco de alimentos de la asociación, un pequeño salvavidas para la población local vulnerable.

Cerdán reconoce que tras la labor de empresas de inserción como la suya hay mucho “tabú”: “Mucha gente nos reprocha que nos echan la ropa gratis en el contenedor. Pero hay que recogerla, hay que clasificarla y hay que mantener el contenedor. Un coste bastante elevado de nuestra actividad es el mantenimiento de los contenedores en la calle. También debemos mantener los vehículos, al personal”, enumera Cerdá.

“Lo que hacemos es transformar la ropa en los recursos económicos suficientes para mantener toda esa actividad y, sobre todo, los empleos de inserción. Ponemos a las personas en el centro de la actividad y no al contrario, no la actividad económica por encima de las personas”, defiende.

La costura, “machacada” por la economía sumergida

Proyecto Abraham también cuenta con un taller de confección social, el Atelier El Costuretico, que ofrece arreglos de ropa y confección, además de formaciones de costura: “En el Atelier también contratamos a personas en situación de vulnerabilidad social. La costura es un sector feminizado y muy machacado por la economía sumergida”, detalla.

Tal y como establece la Ley de Empleo y de Inserción, los ciclos de inserción no pueden durar más de tres años. Durante este tiempo, Proyecto Abraham acompaña a sus trabajadores en contratos de inserción, con el fin de mejorar sus condiciones de empleabilidad: “El itinerario de inserción se va supervisando a través de una trabajadora social y de la gerente educadora. Luego cada empleo de inserción tiene, a su vez, su técnico de producción que les va acompañando en el puesto de trabajo”, explica Cerdán.

“Son personas que muchas veces no han tenido un trabajo con un horario laboral, que lo que han tenido es precariedad. Les ofrecemos la experiencia laboral de una empresa como cualquier otra, con la diferencia de que nuestro objetivo es social, de ayudarles a que se integren”, explica María Jiménez, trabajadora social en la empresa de inserción.

De acuerdo con la trabajadora social, los itinerarios de inserción conjugan el trabajo diario en Proyecto Abraham con la búsqueda de la vocación del trabajador: “El itinerario va focalizado a lo que ellos quieren realmente, no a lo que nosotros queremos”.

“Hay un chico a quien le gusta mucho la escalada y estamos trabajando con él para que haga un curso de trabajos de altura. A otro le gustaba mucho la carretera, conducir, así que nos centramos en que se sacara el carné de camionero. Cuando acabó su contrato de inserción, inmediatamente lo contrataron en una empresa de transporte”, ejemplifica Cerdán.

La atención al trabajador continúa mucho después de que deje de trabajar en la empresa de inserción: “Cuando ellos consiguen un empleo o en el caso de que no lo consigan, le hacemos un seguimiento hasta seis meses después. Ayer fuimos a visitar a Ousmane, un chico de Senegal que terminó hace un mes de trabajar con nosotros en El Costuretico y ahora trabaja en una empresa de mobiliario exterior. Están muy contentos con él y abiertos a emplear a más trabajadores que vengan de nuestra empresa de inserción”, señala Jiménez.

“Al principio [a Ousmane] le costó trabajar en el taller, porque es un sector con trabajadoras y clientela muy feminizados. Venían chicas a hacerse arreglos y le daba vergüenza [risas]. Pero se adaptó enseguida, hizo un trabajo estupendo”, asegura Cerdán.

Por el momento, la trabajadora social celebra que la empleabilidad en la empresa de inserción está siendo del 100%: “Ha terminado a primeros de 2026 el contrato de tres personas y las tres han sido contratadas. Ousmane, como ya hemos comentado, como costurero; otra compañera, Ángeles, en una línea de producción de Hero; y por último Enrique, que ahora trabaja con nosotros en la parte asociativa”, enumera.

Camina entre telas

Proyecto Abraham no solo ofrece formación a sus empleados de inserción, también ofrecen cursos gratuitos dirigidos a población vulnerable: “Nuestro proyecto más grande es Camina entre telas, estamos en todos los municipios de la Región de Murcia”, apunta Nuria Sánchez Nicolás, técnica de formación de la Asociación Proyecto Abraham. Financiado con fondos de la asignación tributaria de la casilla “La X solidaria” de la declaración de la renta, en sus cursos ofrecen talleres de costura, de comercio electrónico y atención al cliente, enseñan español y formación prelaboral.

“Hay una agencia para el desarrollo en Madrid, Los Molinos, con la que colaboramos, somos sus brazos y piernas en la Región de Murcia. Con ellos, desarrollamos talleres de sensibilización relacionados con temas sensibles, como de violencia de género. La mayoría de las personas a las que imparto español en Camina entre telas son mujeres, por lo que los talleres de violencia de género les vienen genial”, abunda Sánchez Nicolás.

Una pareja ha sufrido una agresión homófoba en el centro de Cartagena, después de haber colocado la bandera arcoíris en su balcón. Así lo ha relatado el colectivo Galactyco por los derechos LGTBIQ, al que han acudido los afectados después de interponer una denuncia por delito de odio.

Los jóvenes de 29 y 31 años recibieron por parte del agresor insultos como recibieron múltiples amenazas de muerte por parte de su agresor y expresiones vejatorias de carácter homófobo. El agresor ha sido detenido tras pasar a disposición judicial se le ha puesto una orden de alejamiento hasta el juicio.

El detenido llegó a amenazar a los jóvenes con incendiar la casa con ellos dentro. El hostigamiento se extendió en el tiempo, llegando a unirse familiares del agresor. Vecinos de la zona trataron de intervenir y defender a los jóvenes, tratando que el agresor cesase en sus amenazas.

Desde Galactyco han condenado los hechos y han alertado que “son consecuencia de la extensión de los delitos de odio”.

El responsable de la Red de Activistas LGTBIQA+ de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia, John David Babyack, ha expresado que “la Región de Murcia es un territorio hostil contra los derechos del colectivo LGTBIQA+” donde el Gobierno Regional incumple sistemáticamente la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Así, Babyack ha manifestado que “la consejera de Política Social Concha Ruiz tiene mucho que explicar en la próxima reunión del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, un observatorio que solo convoca la semana de celebraciones del Orgullo y se olvida tanto de él como de las políticas de igualdad el resto del año. Desde ALEAS IUVRM exigimos al Gobierno Regional que cumpla con Ley regional y garantice la protección del colectivo LGTBIQA+ que en nuestra Región es agredida por simplemente colgar la bandera de la diversidad en su balcón”.

“Hacemos un llamamiento a toda la población a participar activamente en las manifestaciones del Orgullo LGTBIQA+ de Lorca y La Unión este fin de semana, en Murcia el próximo sábado 20, en Cartagena el 27 y en el resto de convocatorias por toda la Región de la Red LGTBIQA+”, ha finalizado Babyack.

Los juzgados murcianos continúan arrastrando años de colapso, volviendo a situarse a la cabeza de los más saturados del país. De acuerdo con la última memoria que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, preocupa especialmente el tiempo de respuesta de los juzgados murcianos. La Región es la Comunidad con mayor dilación, con unos tiempos medios de resolución en primera instancia que superan los 12 meses, siendo cuatro meses más lenta que la media nacional, que se sitúa en los ocho.

La situación se vuelve dramática en lo civil y lo social, que concentran la mayor parte del atasco y donde se llegan a triplicar las cifras de comunidades como Asturias. En el orden civil, que dirimen desde desahucios hasta divorcios, la Comunidad registra 18,3 meses de tiempos de espera, muy lejos de la media nacional de 11 meses. En total, en esta sección se ha registrado una media de 2.273 asuntos por plaza, y se ha resuelto una media de 3.813. Unos esfuerzos de respuesta que no han logrado solventar el volumen acumulado de pendencia: permanecen en trámite 50.000 ejecuciones, un 6% más que el año anterior.

En lo social, donde se resuelven, por ejemplo, las demandas de despido, las resoluciones tardan de media 17 meses en llegar, cuatro meses por encima del promedio nacional, que está en torno a los 12,7. Finaliza el año con un incremento del 9% de la pendencia, con 17.771 asuntos pendientes.

El orden contencioso-administrativo acumula esperas de 13,8 meses frente a los 11,4 de media por parte del resto de autonomías; y en el orden penal hay de media un mes más en el tiempo de respuesta, unos 5,6 meses de espera frente a los 4,3 nacionales.

Un solo juzgado deja 17.281 casos pendientes

En el conjunto de la provincia, en 2025 tanto la tasa de pendencia -que mide el volumen de trabajo pendiente por parte de los juzgados- como la de resolución aumentaron aproximadamente un 0,5%, hasta llegar al 0,95%, mientras que la nacional se situó el pasado año en el 0,63%. Por otro lado, continuó el constante ascenso de la tasa de congestión hasta llegar al 1,95%, un 0,5% más que el pasado 2024. Aunque las cifras arrojadas por el documento reflejan una moderación en la entrada de asuntos y una mejoría en la capacidad de respuesta judicial, el informe reconoce que sigue sin ser “suficiente” para contener el crecimiento de la pendencia en los juzgados murcianos: “Estos indicadores reflejan que en 2025 se resolvió casi el mismo número de asuntos que ingresaron y que la carga acumulada siguió aumentando”, reconoce el informe.

Los diez juzgados con más colapso en la Región de Murcia acumulan más de 50.000 procedimientos pendientes. A la cabeza del atasco se encuentra el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Murcia, que desde el año 2018 ejerce como el único de la Comunidad especializado en cláusulas suelo. Pese a despachar el pasado año una media de cinco asuntos diarios -1.417 casos en un año-, cerró con 17.281 expedientes sobre la mesa y una tasa de pendencia de 12,19, doce meses más que la media regional. Se trata de unas cifras que están muy por encima del segundo del ranking, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cartagena con 4.601 casos pendientes, y una tasa de pendencia del 2,68.

La Comunidad de Murcia ha experimentado un encarecimiento de la vivienda libre 15,6% en el primer trimestre de este 2026, el mayor incremento de todas las comunidades junto a Aragón, de acuerdo con el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes. La Región supera con creces la media nacional, que sitúa este incremento en el 12,9%: los datos nacionales son alarmantes, siendo la tasa más alta desde el año 2007, y la Comunidad supera estas cifras por casi tres puntos porcentuales.

En comparación con el año anterior, el precio de la vivienda nueva subió una media del 10,9% en la Comunidad. Mayor fue el aumento de la vivienda usada, que experimentó una subida del 16,3% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Unos índices que superan con creces a los de la media nacional, que alcanzó el 13,5%, la cifra más alta desde que se tiene registro.

La subida del precio de la vivienda libre ha sido generalizada en todas las comunidades, encabezando el ranking Murcia y Aragón con un 15,6%, seguidas de cerca por Castilla y León y Ceuta, ambas con un 14,9%. Por otro lado, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Cataluña y Navarra (+10,5% en ambos casos) y en País Vasco (+10,2%).

Con respecto al trimestre anterior, las cifras muestran una aceleración del mercado inmobiliario murciano: el precio de la vivienda aumentó un 4,3%, dos puntos más que en los tres meses anteriores. Mientras que el de la vivienda incrementó un 1,8% y la usada un 4,7%. En España, el precio de la vivienda libre aumentó un 3,5% el pasado trimestre, acumulando nueve trimestres consecutivos de crecimiento.

La fritatta italiana es todo un clásico nacional en Italia, de forma similar a lo que ocurre en España con la tortilla de patatas. Ambas recetas también se preparan con huevo, y al ojo desentrenado pueden parecer platos de aspecto muy similar, pero sus puntos en común acaban ahí. Mientras que la tortilla de patatas se prepara con huevo, patatas y, en ocasiones, con la más que controvertida cebolla; la fritatta se prepara con huevos, verduras y queso. Tampoco se le da la vuelta como si fuera una tortilla, solo se cuece por un lado, para después rematarse en el horno. El resultado es más fino y jugoso que una tortilla de patatas, una aproximación entre el clásico español y la quiche francesa.

El nombre de esta receta es autodescriptivo. La palabra “frittata” procede del verbo italiano “friggere”, que significa freír. Se trata de una receta de orígenes humildes, planteada para el aprovechamiento. Antaño, la clase trabajadora italiana la preparaba añadiéndole embutido y queso, o con sobras de pasta o verduras. Dos rebanadas de pan remataban la faena, convirtiendo a la fritatta en un delicioso bocadillo. Hoy día han sobrevivido numerosas interpretaciones de este plato -con carne, pescado, marisco, setas, conservas, patata, dulces, etc. Las recetas más populares son las del sur, la frittata di cipolle, con cebolla; la frittata di pasta que aprovecha las sobras de pasta del día anterior; o la frittata rognosa, que lleva salchicha, espinacas y cebolla. Esto la convierte en una receta perfecta para aquellos días en los que hay sobras, pero no quieres repetir comidas.

Receta de frittata

Antes de ponerte manos a la obra, debes saber que esta receta no se reserva exclusivamente a las comidas, ya que puede constituir un almuerzo, cena o incluso un desayuno perfecto. Es fácil de transportar, y como hemos comentado, puede comerse en un bocadillo, por lo que es un plato perfecto para llevar en las escapadas de verano. Puede tomarse tanto fría como caliente, lo que la convierte en una receta genial para los meses de calor.

Este plato, aunque se prepara con ingredientes sencillos, presenta una serie de aspectos a los que debes prestar especial atención. A la hora de preparar la frittata, asegúrate que la sartén que utilices sea antiadherente y apta para el horno, ya que la segunda parte de la cocción se preparará en este electrodoméstico. Es importante que el huevo no se pegue en la sartén, con el fin de que esta receta se desmolde con facilidad. Teniendo esto en cuenta, para preparar la frittata para tres personas solo necesitarás los siguientes ingredientes:

Para preparar esta receta, lava el puerro, los espárragos trigueros, y los tomates cherry. Pela el ajo y corta todas las verduras en trozos de bocado. No te olvides de seccionar y descartar la parte más dura de los espárragos. En un fondo de mantequilla o aceite en la sartén donde prepararás la frittata, sofríe todas las verduras, empezando por los espárragos trigueros, pues requieren de un mayor tiempo de cocción. En el caso de que le añadas beicon, prescinde del aceite o la mantequilla y comienza friendo este corte de carne. Una vez listo, resérvalo y sofríe las verduras con naturalidad, en el propio jugo del beicon. Cocinar las verduras antes de añadir los huevos hará que tengan menos humedad y que la frittata no eche agua cuando esté lista. También concentrará el sabor de las verduras y distribuirá su sabor por toda la superficie de la sartén.

Tras esto, llega el momento de batir los huevos. No los batas en exceso, solo lo suficiente para integrar las claras con las yemas en una textura homogénea. Si el huevo tiene demasiado aire, puede hacer que en horno el conjunto se endurezca y no quede jugoso. Si quieres que la frittata tenga leche o nata, añádela a los huevos. Incorpora también las verduras, el ajo picado y parte del queso rallado.

Vierte la mezcla en la sartén, con el resto de queso por encima. Tapa la frittata y deja que cocine a fuego suave hasta que los bordes estén cuajados y el centro jugoso. Mientras, precalienta el horno a 180 grados. Tras esto, mete la sartén en el horno durante unos cuatro minutos. Antes de servir, deja que repose unos cinco minutos, aunque recomendamos que dejes que se temple para consumirla.

Con lágrimas en los ojos. Así ha cerrado la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, el intento de ser apartada del poder con una moción de censura. Tras un intenso Pleno, la moción no ha salido adelante por 13 'noes' y 12 'síes'. Tras dos horas y media de impasse entre los miembros de la Mesa de Edad, se ha celebrado el debate de esta moción que llegaba muerta al Pleno después de perder el respaldo de dos de sus firmantes, los díscolos de Vox Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo.

El debate de la moción lo ha abierto el candidato a alcalde, Jesús Giménez Gallo: “Un total de 16 personas han firmado que el gobierno de Cartagena está llevando a cabo una crisis institucional”, ha apuntado, contando los apoyos retirados de los ex de Vox y las solicitudes de continuar el debate de los fieles Abascal. En un principio, la moción contaba con los 14 votos necesarios para ser presentada, la mayoría absoluta del Pleno. Más tarde caería al descolgarse los tránsfugas de Vox, que se espera que vuelvan a incorporarse al gobierno municipal: “Con el trasunto que ha llevado el PP estos días no nos es de extrañar que los ciudadanos quieran dejar de creer en la política”, ha reprochado Gallo.

Un sentimiento que ha compartido el socialista Manuel Torres: “Durante estos diez días no me he preguntado si la moción salía o no, sino qué miedo tiene el PP de perder el poder. Esta moción no es un capricho, nace de la realidad de que este gobierno ha dejado de ser útil”.

“Esta sesión reunirá o no reunirá [las condiciones para que tenga lugar], pero lo que queda es un debate constructivo”, ha concluido Juan Pedro Torralba, portavoz de Sí Cartagena.

Arroyo, por su parte, ha pedido perdón por el “ridículo, bochorno y sinvergonzonería” que ha tenido lugar este martes en el Pleno de Cartagena. Ha querido insistir en la nulidad del Pleno y en el hecho de que se haya incumplido el 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG): “[Los tránsfugas de Vox] de manera libre han tomado una decisión y es presentar un requerimiento de desistimiento para no seguir apoyando que se presente, que se debata y que se vote esta moción de censura”, ha recordado.

“Nulidad de pleno derecho”

“Nadie está por encima de la ley, ni el PSOE ni Giménez Gallo. Hoy, por intereses partidistas y personales sin ningún fundamento, se está acometiendo una ilegalidad. Este Pleno está tomado por una nulidad de pleno derecho”, ha reprochado. “Por supuesto que en una democracia puede presentarse una moción de censura, pero debe cumplir sus condiciones, y esta no las cumple”.

En su turno de palabra, el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, ha atribuido a esta formación la continuidad del gobierno municipal: “Vamos a votar no a la moción. Vamos a votar no, y ella [Noelia Arroyo] seguirá pudiendo ser alcaldesa porque Vox no cambia principios por sillones”. “Ellos [el PP] se quedan con los tránsfugas que nos han traído hasta aquí, para pasar este bochorno. Se han acercado al cesto de la fruta y se han llevado la podrida para seguir en el poder”.

López Pretel ha aprovechado para reprochar la ausencia del tránsfuga de Vox, Diego Salinas, clave en el fracaso de la moción: “Uno de los firmantes y desfirmantes de la moción no vino al pleno pasado ni a este. Tenemos obligaciones como concejales”.

Al finalizar la votación en el Pleno del consistorio cartagenero, López Pretel ha reclamado ante los medios que “la coherencia de Vox no borra los errores del Partido Popular, que ha decidido expulsar del Gobierno a quienes fueron leales al pacto para conservar a quienes lo rompieron”. Una decisión que, ha anticipado, tendrá “consecuencias políticas, pues la confianza, cuando se rompe, es muy difícil de recuperar”.

El portavoz de Vox en el consistorio de la ciudad portuaria ha explicado que su formación ha votado en contra “porque el PSOE no va a entrar en ningún Gobierno siempre que esté en nuestras manos impedirlo, no porque el PP haya actuado correctamente”.

Rifirrafe en la Mesa de Edad

Todo apuntaba a que la moción nunca llegaría a debatirse, pero los miembros de la Mesa de Edad han entrado a mediodía en un intenso debate interno. Estos han sido Enrique Perez Abellán, concejal del cartagenerista Movimiento Ciudadano (MC), y Nacho Jaúdenes, edil del PP.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en su artículo 197, establece que la Mesa de Edad deberá cerciorarse de que la moción cuenta con un candidato a alcalde -en este caso, Jesús Giménez Gallo de Movimiento Ciudadano (MC)- y con el apoyo de 14 concejales, la mayoría absoluta del pleno municipal cartagenero.

Ante la discrepancia de los miembros de la Mesa de Edad, la secretaria del Pleno, Adelia Rodríguez Arribas, ha tenido que hacer de moderadora. Jaúdenes ha recordado que los requisitos por los que se aceptó la moción deben cumplirse una vez llegue el momento de debatirla y presentarla, un criterio que compartió la secretaria del Pleno.

Por su parte, Abellán ha defendido que el debate de la moción tenía que seguir adelante: “Alguien tiene que decidir. La secretaria del Pleno nos asesora. Yo digo que esto debe continuar, y usted que esto debe parar, ¿quién va a decidir?”

Tras dos horas de media de impasse, finalmente se ha impuesto el criterio del edil de MC, mientras la alcaldesa de Cartagena ha advertido de que solicitará la nulidad del Pleno y demandará a Abellán por prevaricación.

De la implosión de Vox a la moción de censura

Aunque la moción de censura se presentó hace dos semanas, su maquinaria lleva moviéndose desde la implosión de Vox en la Región de Murcia. Tras el cese del por aquel entonces líder de los de Abascal en la Comunidad, José Ángel Antelo, Diego Salinas fue el primero en seguir su estela y abandonar la formación. Le seguiría Beatriz Sánchez del Álamo. Hace tres semanas, Salinas abandonó también el gobierno municipal, y una semana más tarde, los tránsfugas de Vox presentaron la moción de censura junto a MC, PSOE y Sí Cartagena.

La convicción de derrocar al gobierno de Arroyo les duró a los tránsfugas una semana. En un intento de evitar que tuviera lugar la moción, la alcaldesa destituyó a los fieles de Vox del gobierno municipal, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente. Horas más tarde, Salinas y Sánchez del Álamo renegaron de la moción de censura: “Creemos que lo más responsable y beneficioso para Cartagena es mantener la estabilidad institucional durante el tiempo que queda de legislatura”, justificaron así su cambio de parecer. El pasado lunes fueron más allá registrando sendos escritos de desistimiento para retirar sus firmas de la moción y afianzando su fracaso.

Los fieles a Abascal, por su parte, solicitaron formalmente que se mantuviera el debate, recordando que “una crisis política de esta magnitud no puede desaparecer por la simple presentación de un escrito de quienes la provocaron”.

“Que me has cortado, chico”, estas palabras revelan el tono adoptado entre los miembros de la Mesa de Edad del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, encargada de determinar si se debate y vota la moción de censura presentada contra la popular Noelia Arroyo. Los integrantes de este órgano, Enrique Pérez Abellán, concejal del cartagenerista Movimiento Ciudadano (MC), y Nacho Jaúdenes, edil del PP, han mantenido un tenso debate sobre esta cuestión desde el mediodía. Lo que ha empezado como una conversación a micro cerrado se ha convertido en una disputa abierta entre los miembros de la Mesa.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en su artículo 197, establece que la Mesa de Edad deberá cerciorarse de que la moción cuenta con un candidato a alcalde -en este caso, Jesús Giménez Gallo de Movimiento Ciudadano (MC)- y con el apoyo de 14 concejales, la mayoría absoluta del pleno municipal cartagenero.

Ante la discrepancia de los miembros de la Mesa de Edad, la secretaria del Pleno, Adelia Rodríguez Arribas, ha tenido que hacer de moderadora. Jaúdenes ha expuesto que los requisitos por los que se aceptó la moción deben cumplirse una vez llegue el momento de debatirla y presentarla. Por su parte, Abellán ha defendido que debe seguir adelante el debate de la moción: “Alguien tiene que decidir. La secretaria del Pleno nos asesora. Yo digo que esto debe continuar, y usted que esto debe parar, ¿quién va a decidir?”

El concejal no adscrito Diego Salinas no ha acudido este martes al Pleno, así que, en el caso de celebrarse, el PP podría perder la moción.

El clima del Pleno se ha recrudecido aún más al declararse el propio Abellán presidente de la Mesa, al ser el integrante de mayor edad y, de este modo, resolver a favor de la moción con su voto de calidad. Por su parte, el más joven ha defendido que los dos integrantes de la Mesa la copresiden.

La Mesa de Edad le ha cedido la palabra a la secretaria del Pleno, que también ha señalado que se deben mantener los mismos requisitos que se presentaron durante la moción en el momento de su lectura. No se pueden sustituir los proponentes, ya que eso significaría dar paso a otra moción de censura. “Constan en el expediente dos escritos, una de las proponentes retira el apoyo de la moción. Existen dos momentos en los que se deben cumplir los requisitos de la proposición. En la presentación de la moción y en su lectura”, ha argumentado.

Contra el criterio de Jaúdenes, Abellán ha intentado cederle en numerosas ocasiones la palabra a su compañero de partido, el candidato a la moción de censura y líder de MC, Jesús Giménez Gallo: “Esto quedará grabado para siempre. Una votación que debería haber tenido lugar se está convirtiendo en una presión a un concejal libre y electo por parte de los altos funcionarios de este Ayuntamiento”.

Finalmente, Noelia Arroyo ha preguntado si se cumplían las condiciones para celebrar la moción o se levantaba la sesión. “Todo es asesoramiento, nadie puede decirle lo que usted tiene que hacer”, le ha recordado la secretaria del Pleno. Por su parte, Giménez Gallo también ha adelantado que emprenderá acciones legales en caso de que se suspenda.

“Por el bien de la seguridad jurídica del Pleno”, el interviniente ha recomendado a la Mesa de Edad un receso.

La llave de la moción

Los tránsfugas de Vox han sido la llave que ha abierto y cerrado la moción de censura de Cartagena, el cataclismo de este duro encontronazo. Una semana les duró la convicción a los ex de Vox, Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, de presentar la moción de censura contra Noelia Arroyo junto a MC, PSOE y Sí Cartagena. Después, la alcaldesa les ofreció un puesto en el gobierno y la destitución de los fieles de Abascal, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente. Tras el nuevo acuerdo, los tránsfugas han hecho todo lo posible para desandar los pasos que caminaron hacia la moción. Lanzaron un comunicado renegando de ella, y el pasado lunes registraron sendos escritos de desistimiento para retirar sus firmas de la moción. Los de Vox, por otro lado, solicitaron poco después que se mantuviera el debate en otros escritos.

Familiares y pacientes intervenidos por el cirujano cardiovascular Rubén T. M. han expresado su preocupación tras las últimas informaciones sobre la investigación de una presunta trama de corrupción en el Servicio Murciano de Salud (SMS), en la que la Policía Nacional ha detectado el uso de al menos un stent caducado en el marco de las pesquisas de la UDEF. Aunque la Consejería de Salud sostiene que no se han utilizado prótesis caducadas en pacientes, el avance de la investigación —que apunta a la posible facturación de material no homologado y a irregularidades en parte de las intervenciones analizadas— ha reactivado la inquietud entre familias que piden claridad sobre las operaciones realizadas y garantías sobre el seguimiento de los casos.

La trama, presuntamente activa desde 2019 hasta fechas recientes, habría implicado a responsables de Logimed —empresa distribuidora de prótesis vasculares—, de la Unidad de Aprovisionamiento Integral del SMS o unidad de compras, y de médicos adscritos al Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca. Once personas han sido detenidas como presuntas autoras de un fraude de cerca de siete millones de euros, perpetrado mediante la manipulación sistemática de facturas.

“Papá, este titular es para ti, supongo que estarás tan contento como yo. No veas el subidón que me dio cuando vi la foto [del cirujano de La Arrixaca detenido], le habían pixelado la cara pero aun así le reconocí, al instante, no veas qué alegría y hasta miedo sentí. Pero no, era él esposado”. Con estas palabras se dirige Eva Ríos Asunción en un post de Facebook a su padre, Antonio Ríos Peñalver, fallecido por una presunta “una negligencia médica” el 13 de mayo de 2022. El post, de hace cinco días, es una reacción a la publicación en la prensa regional de la detención del cirujano del Servicio de Cardiología del Virgen de la Arrixaca, Rubén T. M., por la trama de las prótesis caducadas del Servicio Murciano de Salud (SMS).

A Antonio Ríos Peñalver le pusieron una endoprótesis aórtica y sufrió una infección nosocomial por la manipulación de la prótesis, relatan desde la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias de la Región de Murcia (Avinesarmur). “Desconocemos si la prótesis venía infectada o se infectó al manipularla en la operación”, continúan. “No hay datos sobre la prótesis, no tenemos información sobre su procedencia, ni venía con código de barras”. Desde Avisenamur recalcan que su denuncia, a la espera de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), está argumentada en una serie de negligencias, pero desvinculan el caso de la trama del SMS. En los últimos días, tras conocerse la identidad del cirujano detenido, sí que les han llovido unos cuantos casos más de denuncias de negligencias por parte del mismo equipo.

Según el relato de Eva, su padre ingresó con neumonía en el Hospital Reina Sofía. Y allí le detectaron un aneurisma de la aorta abdominal. “Tenía 77 años, y estaba muy fuerte”, cuenta emocionada. “Le dijeron que era apto para la operación, que era sencilla, con los riesgos lógicos pero sencilla; se trataba de colocar una endoprótesis”. Su padre, continúa, “era reacio, pero nos convencieron porque nos aseguraron que le alargaría la vida”.

Para la intervención, les derivaron al Hospital Virgen de la Arrixaca, con el equipo liderado por Rubén T.M. “Cuando le operaron estaba perfecto, un hombre que pesaba cien kilos, fuerte, robusto”. Pero a los pocos días empezó a sentir molestias, recuerda. “Al llegar a casa, comenzó un declive que nos llevó de hospital en hospital”. Nueve meses que describe como “un horror, una agonía”.

Eva echa la memoria atrás y rememora “muchas incongruencias, cosas raras, no nos proporcionaban todos los datos que pedíamos”. Consultando a otros profesionales, constata, “nos insistían en que los síntomas que tenía mi padre podían deberse a las prótesis, pero desde el equipo que le operó nos aseguraban que no estaba infectada”. Eva describe un comportamiento “déspota” por parte del equipo.

Su padre, lamenta Eva, “terminó con 60 kilos, en silla de ruedas, con pañales y dolores constantes”. Cuando entró por última vez en el hospital, “era prácticamente un cadáver”. “De tanto presionar, terminaron reconociendo que la prótesis estaba infectada, que se había movido y que le había perforado el duodeno; le volvieron a operar, pero fue otra masacre”. Otro equipo médico “intentó arreglar el problema: nos dijeron que estaba infectado hasta las orejas y que ya no se podía hacer nada por él, se murió podrido cuando se le podría haber evitado mucho sufrimiento”. Eva no es la única familiar que denuncia un caso de presunta “negligencia” practicado por este cirujano.

Incapacidad permanente

Las tres operaciones por las que pasó la murciana María Teresa Bo, también a manos de Rubén T.M., terminaron en una incapacidad permanente en solo ocho meses. La primera intervención fue en mayo de 2024, la segunda en noviembre y la última, en enero de 2025. “Me han fastidiado, porque era una mujer muy activa, siempre de aquí para allá, me encantaba salir, y tenía mi trabajo en una empresa de limpieza”. Ahora “solo puedo pasear cerca de casa, máximo media hora a que me dé un poco el sol, pero para distancias medias o largas necesito que me lleven en coche mi marido o alguno de mis tres hijos”, relata. En mayo de 2024, intervinieron a María Teresa en la pierna izquierda porque tenía “una obstrucción en la arteria”.

A los dos días, recuerda, le dieron el alta. Pero una vez en casa, “no dejaba de supurarme la herida; me tuvieron que poner un dispositivo que llevaba colgado las 24 horas del día durante doce semanas, pero no dio resultado y me tuvieron que volver a operar”. Según su testimonio, “me dijeron que mi pierna había rechazado la prótesis, y me colocaron otra en la siguiente operación”. Tampoco tuvo éxito esa intervención. “A los dos o tres días tenía un dolor que rabiaba, me llevaron en ambulancia a la Arrixaca; tenía tanto dolor que yo pedía que me cortaran el pie”.

En esa tercera operación María Teresa desconoce si se le implantó otra prótesis. “Cuando salieron los sanitarios le dijeron a mi marido que habían removido músculos y tendones, que era la primera vez que veían algo así y que desde el principio me tendrían que haber puesto una prótesis de mejor calidad”. La mujer, de 62 años, teme que las prótesis que lleva en la pierna “sean de las caducadas y que por eso haya tenido tantos problemas”.

Si hasta ahora no ha denunciado ha sido porque “creía que era mi pierna la que no lo había aceptado, pero cuando vi su cara (la del cirujano detenido) en prensa empecé a pensar que a lo mejor estaba caducada”. Reconoce que le apena la situación porque “le vi preocupado por mi caso, y le he llegado a apreciar pero si ha habido negligencia es su responsabilidad”. Ahora sí que se plantea judicializar su caso. “Cuando pongo el pie en el suelo es como si llevara una bota que pesa 20 kilos, tengo que caminar con muletas porque no tengo estabilidad y todo este proceso ha sido un calvario”.

“Ya tengo los papeles del alta firmados”

A Giuseppe Perrone, de 64 años, le intervino Rubén T.M. el 20 de febrero del pasado año en un centro concertado para abordar una isquemia arterial crónica: “En principio iba a ser un cateterismo, entrar y salir. Cuando salió de quirófano nos dijo que había ido todo bien, que al final le habían tenido que hacer un bypass”, explica su hija, Eli Ann. Giuseppe falleció la madrugada del día siguiente, unas ocho horas después de su intervención.

“Tras operarlo, nos dijeron que en una hora nos lo llevaban a la habitación, pero no llegaba”, continúa. A las dos horas, el cirujano volvió a llamar a la familia de Giuseppe: “Dijo que a mi padre le había bajado la tensión y que iban a medicarlo para volver a subírsela, que no nos preocupáramos. Que había perdido sangre, pero que era normal en una intervención así”. Mientras Ruben T.M. trataba de tranquilizar a la familia, Eli recuerda como una enfermera se dirigió aprisa en dirección a su padre, “con dos bolsas de sangre escondidas tras una hoja de papel”. Finalmente, a las doce, mandaron a la familia de Giuseppe a casa.

“Nos dijeron que mi padre estaba durmiendo. A mi padre le mandamos una foto mi madre y yo, para decirle que volvíamos mañana y que estábamos tristes por no poder verlo”, relata.

Pidiendo el historial de su padre, Eli ha descubierto que el centro médico le ocultó que volvieron a intervenir a su padre otras dos veces más: “Lo operaron sin mi consentimiento, lo intubaron sin mi consentimiento. A mí no me llamaron hasta las dos, para decirme que estaba muy mal”, denuncia.

“En la exploración presenta lesión en vena femoral que provoca hemorragia de 500 mililitros de manera aguda y deteriora al paciente hemodinámicamente”, describe el informe evolutivo de hospitalización. A las tres de la madrugada, y tras dos episodios de hipotensión arterial, Giuseppe murió a causa de un paro cardiaco.

“El cirujano que le va a operar”

Agustín Peñalver acudió el 30 de enero del pasado año a la sala de urgencias del Virgen de la Arrixaca, con un fuerte dolor en la pierna izquierda. Se marchó con una cita para un TC de aorta (prueba diagnóstica no invasiva) para el siguiente 7 de febrero, pero su rápido deterioro propició su ingreso en el Servicio de Cirugía Cardiovascular. Tenía, entre otros, un aneurisma de aorta infrarrenal y una trombosis de la arteria poplipea -en la pierna- izquierda, y esperaba junto a su familia la cirugía para que le quitasen el trombo.

Durante la espera irrumpió en la habitación Rubén T.M., identificándose como “el cirujano que le va a operar”, anunciando que a Agustín no le iban a intervenir del trombo, sino que le iban a implantar un bypass: “Le dijo a mi padre que tenía un 98% de posibilidades de sobrevivir a la operación, que si no lo operaba duraría meses”, relata su hija, María Dolores Peñalver. El 11 de febrero a Agustín se le interviene en La Arrixaca mediante una cirugía de bypass aortobifemoral. Cinco días después, Agustín falleció a los 70 años.

“Mi marido no entró a morir. Estaba perfecto, pero de ahí no salió”, lamenta la mujer de Agustín, Magdalena Peñalver. Tal y como describe la denuncia que la familia interpuso contra el cirujano el pasado año, “inexplicablemente” los médicos del Servicio de Cirugía Cardiovascular “se olvidaron” del trombo que Agustín aún alojaba en su pierna izquierda. Ya en el posoperatorio, se pudo comprobar que la circulación no había vuelto a las piernas de Agustín, que continuaban teniendo “mala perfusión”.

“Lo metían y lo sacaban del quirófano todos los días, sin avisarnos. No nos daban explicaciones, cuando preguntaba por el cirujano, siempre nos ponían a hablar con chicos jóvenes”, recuerda Magdalena.

Poco a poco, Agustín se iba deteriorando: “Una noche [la del 14 de febrero] vino el mismo cirujano que le operó y nos dijo que [durante una sesión clínica] habían hablado de amputarle la pierna, pero que él lo iba a operar bajo su responsabilidad”, relata Magdalena. A su salida, el cirujano Rubén T.M. dijo a Magdalena que la operación había sido un éxito, que el lunes [tres días después] “lo iban a bajar a la cafetería”. Según la denuncia, no consta la cirugía en el informe de alta.

Horas después, Agustín entró en shock hemodinámico y necesitó reanimación, se le intervino de nuevo el mismo día: “El paciente había sufrido una hemorragia posoperatoria que había pasado inadvertida, pese a estar fuertemente anticoagulado. (...) Nadie informó a la familia de esto hasta después de la cirugía, diciendo entonces que el diagnóstico era fatal”, revela la denuncia.

“Cuando murió, al día siguiente, en el entierro, decidimos llevar esto a un abogado. No lo veíamos nada claro”, concluye Magdalena. “Estamos en contacto con el forense, no hay informes de él, lo han borrado todo. En el parte de defunción pusieron que murió de muerte natural”, añade María Dolores.

Desde la Consejería de Salud insisten en que, según el servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de La Arrixaca, no se han producido episodios clínicos compatibles con la implantación de prótesis caducadas. Y añaden que fue la propia Consejería de Salud la que puso en conocimiento de la Fiscalía el supuesto fraude: “Llegaremos hasta el final utilizando todas las vías judiciales hasta que se restituya la cuantía económica total supuestamente defraudada; en el marco de la investigación judicial en curso, no se pueden facilitar otros datos”.

Una Thermomix, un jamón ibérico y varias botellas de vino. Son los premios con los que las familias del CEIP Ana Caicedo, en Lorca, se han lanzado a recaudar fondos para instalar aire acondicionado en el colegio. Han repartido 10.000 papeletas a dos euros cada una con la esperanza, casi cumplida, de reunir los 50.000 euros necesarios para completar la climatización del centro. Mientras el calor empieza a apretar, familias, docentes y equipos directivos vuelven a enfrentarse a un problema que se repite en la Región de Murcia: centros educativos sin climatización suficiente para soportar las altas temperaturas.

“En estas fechas las aulas ya concentran mucho calor, nos encontramos con temperaturas por encima de los 30 grados a las diez de la mañana”, explica Cayetano Martínez, portavoz del AMPA del CEIP Ana Caicedo. Denuncia que las administraciones “se van pasando la pelota unas a otras” sin que se materialicen soluciones estructurales.

“Ya hemos conseguido vender casi todos los boletos”, añade Martínez. El dinero servirá para climatizar el centro, que acoge a 459 alumnos. La inversión ronda los 50.000 euros y permitirá cubrir unas 12 aulas, mientras otras ocho quedarán pendientes para el próximo curso.

“Al final, las familias hacemos lo que está en nuestras manos por nuestros hijos, pero la climatización de los centros es responsabilidad de la Consejería”, afirma Marisa Maldonado, presidenta de la Federación de AMPAS de la Región de Murcia Juan González, que agrupa a unas 300 asociaciones de madres y padres. Maldonado aboga por una intervención de la Administración en estos casos, “para que no se generen desigualdades”.

“Es como ir al centro de salud y que los pacientes tengan que comprar la máquina de rayos X porque la Administración no la ha puesto”, lamenta el portavoz del PSOE en la ciudad de Murcia, Ginés Ruiz Macía.

“La situación es esperpéntica, sabemos de centros a los que las editoriales de libros de texto le ofrecen aparatos de aire acondicionado a cambio de que elijan sus manuales. Hay centros donde la línea pedagógica no se está decidiendo porque prefieran un proyecto educativo, sino porque les ponen cuatro aparatos”, ha denunciado.

Visibilizar el problema: el grupo de calor

Para afrontar esta situación, distintas AMPAS de la Región, junto con los sindicatos Sterm, CCOO y UGT y organizaciones estudiantiles, han constituido el llamado 'grupo de calor,' un espacio para visibilizar el problema y forzar una respuesta de la Consejería. “Exigimos un plan global de adaptación de los centros educativos al aumento de temperaturas, con una inversión suficiente”, apunta Pablo Rodríguez, portavoz de Sterm. Una medida en la que coincide Nacho Tornel, responsable de Educación en Comisiones.

Entre las medidas de presión figuran las denuncias ante la Inspección de Trabajo, las mediciones de temperatura en aulas y la difusión pública de los datos. También trabajan en la elaboración de un mapa térmico de los centros educativos de la Región mediante termómetros conectados a aplicaciones digitales, señalan desde Sterm.

Según este sindicato, menos de la mitad de los centros tienen aire acondicionado. “La Consejería lo que hizo hace dos años fue abrir la puerta a que los centros diseñen sus protocolos de calor y se adelante el final de la actividad lectiva si se superan los 27º C: es decir, cortar las clases y llamar a los padres; se lavan las manos y dejan el problema a los equipos directivos”. Una media “superprecaria”.

“Es un tema complejo porque es difícil dar clase con un calor tan extremo, pero también hay que pensar en qué se hace con los niños si se suspenden las clases o cómo se concilia”, apunta Maldonado. En todo caso, insiste en que es imprescindible adaptar las instalaciones, ya que las interrupciones lectivas afectan al rendimiento académico en una región “con altas tasas de abandono escolar”. Y si se producen incidencias por el calor, “recomendamos que se acuda al médico para obtener informes que acrediten la situación”.

El caso del Valle de Leiva: pionero en parar las clases

El centro pionero en paralizar las clases por estrés térmico, el curso pasado, fue el IES Valle de Leiva (Alhama de Murcia), un centro inaugurado en 2023. Pese a tratarse de un edificio reciente, el centro comenzó sin un sistema de aire acondicionado operativo, explica su director, Roberto García de la Calera.

A pesar de que en las instrucciones aprobadas por la Consejería el umbral térmico está fijado en 27 °C, el centro lo elevó hasta los 30 como criterio de actuación. El 29 de mayo del pasado curso, por primera vez, las mediciones superaron ese límite y se adelantó la salida del alumnado: “Era algo previsto desde principio de curso”, recuerda su director. Desde entonces, asegura, se han producido hasta once suspensiones o adelantos de jornada. “Medíamos las temperaturas y, si una clase llegaba a 30 grados, entendíamos que todo el centro estaba afectado”, explica.

La decisión contó con un amplio respaldo de las familias. “Teníamos el apoyo del 95%”, afirma el director, que insiste en que actuaron amparados por las instrucciones de la Consejería. “Nos dijeron que pusiéramos ‘pingüinos’, compramos algunos, pero eso no servía para nada”, lamenta. La instalación definitiva del sistema de climatización está ya en marcha, con una inversión cercana al medio millón de euros. Una medida con la que el director confía en dejar atrás una situación que define como “tres años de infierno”.

“En otros casos la Administración no se plantea prescindir de la climatización para reducir costes, solo en los centros. Sería impensable poner un despacho para los arquitectos municipales, por ejemplo, sin aire acondicionado”, plantea Ruiz Maciá.

“No se puede ni respirar”

La falta de climatización también afecta de forma directa al profesorado. Vladimir Solá, de la plataforma Docentes Unidos, describe aulas donde las condiciones de trabajo se vuelven insostenibles. “Hay veces que te ves obligado a parar la clase porque no se puede ni respirar. Acabamos empapados de sudor o con mareos”, explica. “Hay aulas que son auténticos hornos”, resume.

A esta situación se suma, según denuncia, la masificación. “Hay clases con ratios muy elevadas, de hasta 32 adolescentes” y advierte de lo que denomina “segregación climática”, ya que en algunos casos son las propias familias las que acaban financiando la climatización de los centros. “Pero no puede depender de la capacidad económica de cada comunidad educativa”, sostiene.

Desde Sterm denuncian que “hay edificios de hace más de cuarenta o cincuenta años, con infraestructuras muy envejecidas; pero incluso hay centros nuevos que tampoco cuentan con la climatización”. Y ponen sobre la mesa “un abandono económico”, que “da la cara sobre todo con el calor”.

Por su parte, el responsable de Educación de CCOO, Nacho Tornel, afirma que el sindicato quiere repetir la estrategia de 2022 con denuncias a la Inspección de Trabajo para visibilizar la falta de medidas frente al calor en las aulas. Tornel critica que no existe un plan de climatización para los alrededor de 600 centros educativos públicos de la Región y reclama actuaciones globales. Sobre el cese de las clases por estrés térmico, subraya que “los equipos directivos están asumiendo un trabajo enorme para evitar esa medida, cambiando horarios y aulas o reduciendo sesiones: otra carga de trabajo más, por si tuvieran poca”.

Presupuestos para climatizar las aulas, sin ejecutar

El Gobierno regional anunció hace un par de semanas que destinará 11 millones de euros de los presupuestos del próximo año a la mejora de la infraestructura educativa de las aulas. Del total, se espera que siete se destinen a un Plan de Climatización Plurianual.

El pasado año 2025, se previeron dos partidas para la climatización y eficiencia energética de los centros educativos por un valor total de 3.235.304 euros, de los que solo se ejecutaron 217.899,93. No llega al 7% de lo inicialmente presupuestado.

Otra partida, prevista en unos 1.482.367,99 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), quedó sin gastar. 

También se planeó destinar parte de los presupuestos a la sustitución de una veintena de cubiertas de centros educativos, de los que se ejecutó tres cuartas partes de forma total o parcial.

“Puede ir anunciando lo que quiera, porque el año que viene volverá a anunciar, sin haber gastado nada”, lamenta el diputado de IU-Verdes en la Asamblea Regional, Jose Luis Álvarez-Castellanos.

El parlamentario apunta a que la Región de Murcia es la única comunidad del sur sin legislación específica para la mejora de las condiciones térmicas en los centros: “Una ley podría dar plazos concretos a la climatización, establecer auditorías o evaluaciones energéticas para todos los centros. Supondría que la climatización debe aplicarse de forma homogénea, sin que nadie quede apartado”.

En Extremadura se aprobó en el año 2019 con un gobierno del Partido Popular la Ley de mejora de la eficiencia energética y las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos extremeños. Más tarde, en el año 2020, Andalucía presentó su propia norma, y Castilla-La Mancha hizo lo propio cuatro años más tarde, en el año 2024. De acuerdo con Álvarez-Castellanos, IU-Verdes presentará la próxima semana una moción para que la Región cuente también con normativa propia.

Por su parte, desde la Consejería de Educación concretan que en “los últimos años” han climatizado más de quince centros. El Gobierno regional, aseguran las mismas fuentes, han ejecutado “la mayor inversión” en modernización energética de la historia de la educación, “con una inversión de cerca de 80 millones de euros, en actuaciones integrales como mejora de cubiertas, retirada de fibrocemento, renovación de carpinterías exteriores, instalación de placas solares o sistemas de climatización en un centenar de centros educativos”.

La planificación de la inversión, continúan, permitirá destinar una partida específica de 11 millones de euros en los presupuestos de este año, para mejorar el confort térmico de las aulas y las infraestructuras educativas de la Región.

Además cifran en dos millones de euros la inversión en la instalación de placas fotovoltaicas y el cambio de cubiertas en centros educativos de la Región.

La Policía Nacional ha confirmado que, en el marco de la investigación sobre una presunta red de corrupción en el Servicio Murciano de Salud (SMS), se implantó al menos un stent caducado. El dato procede del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso el diario La Verdad. Pese a la versión de la Policía Nacional, la Consejería de Salud continúa insistiendo en que no se operó a pacientes con prótesis caducadas.

En el atestado consta que se empleó en un paciente material caducado. Al afectado, que fue operado en un centro concertado después de ser remitido desde el hospital público Virgen de La Arrixaca, se le implantaron dos stent. Los muelles metálicos caducaron en febrero de 2022 pero el informe del paciente no se redacta hasta un mes después, en marzo.

De acuerdo con la Policía Nacional, en estos momentos no se puede determinar si se intervino a más pacientes con material caducado. Tal y como detalla el informe de la UDEF, los investigadores han analizado apenas el 8% de las intervenciones realizadas por un cirujano cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca en un centro concertado. En esa pequeña muestra ya detectaron la facturación de 59 productos caducados. La investigación se complica, además, por la “ambigüedad” a la hora de completar los informes médicos de los pacientes por parte de los implicados en la trama.

Una trama transversal

La trama presuntamente implicó a responsables de la empresa distribuidora de prótesis vasculares Logimed, la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) del SMS, de la unidad de compras del SMS y médicos del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca. Once personas han sido detenidas hasta la fecha.

La Policía ha apuntado que los partes de alta firmados por uno de los implicados, el cirujano del servicio del Virgen de la Arrixaca, Rubén T. M., no habrían podido pasar los controles de la UAI sin que miembros de este organismo conocieran que estaban “permitiendo la facturación de productos no homologados”

Permeados en el recorrido de comercialización, adquisición e intervención de las prótesis, los implicados en la trama usaron códigos de productos homologados en el sistema SAP para cobrar por materiales no autorizados o directamente no utilizados. Esto permitía márgenes de beneficio de hasta el 342% respecto a los precios de mercado. El fraude es patente en la documentación médica: mientras que en los partes de alta de la muestra analizada por la Policía Nacional se registra el implante de 17 prótesis, el SMS abonó 165. En más de la mitad de los casos analizados, no se implantó ninguna prótesis al paciente.

El perjuicio económico estimado supera los 6,8 millones de euros, aunque la UDEF reconoce que la cifra real aún no puede determinarse y recomienda una auditoría forense completa. Salud ha insistido en que han logrado recuperar un monto económico, aunque desconocen cuánto.

La Consejería, que denunció la trama ante la Fiscalía, sostiene que el servicio de Cirugía Cardiovascular de La Arrixaca ya ha revisado su bolsa de pacientes. De cara a verano esperan haber podido efectuar una segunda revisión de los 378 pacientes que podrían estar afectados. El PSOE ha pedido el cese inmediato del consejero de Salud y ha anunciado la solicitud de una comisión de investigación en la Asamblea Regional.

La Consejería intenta “encapsular el problema”

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública han expresado este martes a este diario su “máxima preocupación” por el “intento” de la Consejería de Salud de “encapsular el problema como una trama de corrupción de unos pocos individuos”. Su portavoz, Abel Novoa, ha apuntado a que “han fallado todos los sistemas de control administrativo y organizativo, de compra de materiales y de la actividad desarrollada en los hospitales concertados”.

Novoa insiste en que es “muy complicado” que circunstancias de este tipo se reproduzcan en hospitales públicos “porque hay muchos controles”. En cuanto a la insistencia de la Consejería de Salud en presentarse como denunciante, “es cierto que están colaborando con la justicia pero de forma reactiva no proactiva, porque fue una enfermera anónima la denunciante”.

Novoa sospecha que las informaciones de la UDEF “son solo la punta del iceberg”. El “problema” es que “por el momento sabemos que han evaluado a unos 300 pacientes pero es probable que sean más; no sabemos qué criterios se están siguiendo para evaluar a los pacientes, ni qué protocolos de control se están siguiendo”.

“El problema de este tipo de material, si está caducado, es la biodegradabilidad”, anota: “Es más probable que no resista el tiempo para el que están diseñadas las prótesis o que puedan desarrollar rechazo; y es posible que no se detecte ahora pero sí en unos años”, advierte.