Cheques por jornal, “a porrillo” y libres de impuestos. Esta es la curiosa retribución que el Ayuntamiento de Murcia ha pagado a sus voluntarios de Protección Civil a lo largo de 24 años. El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias, tras una denuncia presentada por dos miembros de la propia agrupación municipal: “Ellos te dan el cheque y te dicen que vayas a cobrarlo al banco de en frente. Pasan los meses y ves que no te piden un expediente para justificar los gastos”.

Tal y como recuerda la denuncia al Tribunal de Cuentas, “la actividad voluntaria se caracteriza por su carácter gratuito, altruista y no retribuido”. Esto no es incompatible con el derecho a reembolso de los gastos ocasionados por la actividad, como pueden ser la comida o el transporte. El problema, recuerdan los denunciantes, llega cuando la regularidad de los pagos no responde a “verdaderos reembolsos de gastos reales, necesarios, individualizados y documentalmente acreditados”, sino a “cantidades fijas por guardia, jornada, disponibilidad, asistencia o colaboración”. En otras palabras, el Tribunal de Cuentas tendrá que dilucidar si los cheques que el Consistorio dio a sus voluntarios de Protección Civil durante más de dos décadas fueron para retribuir jornadas de servicio, y no para pagar dietas.

Los pagos se recibían limpios y libres de impuestos, aseguran los denunciantes. Sin embargo, incluso las dietas de los voluntarios deben estar sujetas a IRPF, tal y como estipula el artículo 17.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Esto lo corrobora el Ministerio de Hacienda en múltiples consultas relativas al tema: “Hay cuatro dictámenes vinculantes del Ministerio de Hacienda que dicen que los ayuntamientos tienen que declarar estos pagos en el IRPF”.

“Cuantías fijas por guardia”

Según la denuncia, los importes a percibir por los voluntarios eran cuantías fijas por guardia. Resulta reveladora una relación de voluntarios y guardias publicada en un grupo de WhatsApp de la Agrupación. El listado abarca desde el uno de enero hasta el 19 de enero del año 2023. Tras una relación de DNI parcialmente anonimizados figuran dos columnas para el tipo de guardia, y una tercera con las cantidades a abonar a los voluntarios. Los denunciantes apuntan a que los importes se habrían podido calcular en “cuantías fijas por guardia”: “En guardias ordinarias de fin de semana, el criterio sería supuestamente de 50 euros por cada guardia de 24 horas y 25 euros por cada guardia de 12 horas”, explican los denunciantes. Un día tenía dos turnos, mañana y tarde, “por lo que acabas con 64 euros”, abundan. La suma total de las cuantías de ese listado ascienden a 12.400 euros.

“El problema también viene porque el que lleva el registro de cuántos servicios se hacen son los propios voluntarios. Puedes jugar con apuntarte cosas, es un descontrol total del dinero público”, aventuran.

Más allá del listado al que han tenido acceso los denunciantes, y los cheques que han podido fotografiar, los voluntarios confiesan que va a ser “un reto” estimar cuánto dinero desembolsó el Ayuntamiento de esta manera: “Al terminar el servicio, te hacían firmar una hoja para hacer constar que recogías el cheque, lo imprimían ellos [el Servicio de Protección Civil]. Después lo llevabas al banco y lo cobrabas en efectivo, el voluntario se queda sin ningún tipo de documentación que refleje ese pago”, explican.

“Llegó un punto en el que el propio director del banco salía de su despacho, al ver que no paraban de llegar voluntarios con cheques para cobrarlos. A veces se le juntaban seis voluntarios en la sede, con cheques de 2.000 euros cada uno firmados por el Ayuntamiento de Murcia”, detallan.

Los denunciantes han solicitado al Tribunal de Cuentas que requiera al Consistorio y a la entidad bancaria “la relación íntegra de cheques, pagarés, transferencias, disposiciones y movimientos bancarios que pudieran estar vinculados a pagos a voluntarios de Protección Civil”.

Reglamento interno

Los denunciantes han recurrido también el reglamento interno de Protección Civil al considerar que amplía de forma excesiva el régimen disciplinario. En un escrito de alegaciones de 60 páginas, al que ha tenido acceso este medio, solicitan que se anule el procedimiento de aprobación al entender que el Ayuntamiento no realizó una consulta pública previa, un trámite que consideran necesario al afectar el texto a derechos y obligaciones de los voluntarios. El Consistorio defendió que no era necesario al tratarse de una norma organizativa, una interpretación que los denunciantes rechazan porque el reglamento regula aspectos como el acceso a la Agrupación, los deberes, las sanciones o las condiciones para continuar como voluntario.

“No tenían un reglamento y sin reglamento no se puede abrir expedientes, como habían hecho con nosotros; así que tuvieron que hacer uno deprisa y corriendo”, relatan los denunciantes al tiempo que concretan que se encuentra en fase de aprobación.

Los alegantes sostienen que el nuevo texto modifica el modelo de voluntariado al introducir mayores exigencias de disponibilidad, disciplina y obediencia. Entre los puntos que cuestionan se encuentra la obligación de prestar al menos 60 horas de servicio al año, “repartidas en los cuatro trimestres, salvo justificación médica o necesidad imperiosa”. El mismo artículo establece que “no podrá renovar ni solicitar reincorporación en los próximos dos años” quien no cumpla ese requisito.

También cuestionan el artículo 81, que regula la expulsión definitiva y que, según el texto, “implicará la prohibición de volver a pertenecer a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Murcia bajo cualquier modalidad”. Los alegantes piden sustituir esta prohibición sin límite temporal por un plazo determinado y revisable.

Y advierten de que algunas normas podrían afectar a derechos de los voluntarios, como la libertad de expresión o la posibilidad de comunicar irregularidades: “No quieren que acudamos a otras administraciones a denunciar nada”.

El escrito cuestiona igualmente la limitación para pertenecer a varias organizaciones de protección civil, recogida en el artículo 31, que declara que “la pertenencia a la Agrupación será incompatible con la integración simultánea en otras organizaciones de voluntariado de protección civil de ámbito estatal, autonómico o municipal, así como en entidades análogas, cuando dicha pertenencia pueda afectar a la disponibilidad, neutralidad, coordinación o eficacia del servicio”.

Los alegantes recuerdan que el Consejo de Estado, en su dictamen 950/2018 sobre un reglamento similar en Cantabria, “consideró esencial suprimir una prohibición de pertenecer a más de una organización de voluntariado de protección civil por falta de motivación suficiente y por limitar los derechos de asociación y participación voluntaria”.

Becas bajo la lupa del Defensor del Pueblo

El tercer frente abierto por los mismos voluntarios es la gestión de las becas para cursar el grado medio de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES). “Se convocan cada dos años, para premiar a los que tienen más antigüedad o han acumulado más horas o más servicios”. También las impugnaron “por incumplir con la ley de subvenciones y de procedimiento administrativo, y el 5 de noviembre nos tuvieron que dar la razón”. Según denunciaron, no existe un órgano colegiado de valoración y las convocatorias nunca se publicaron en el tablón de edictos electrónico ni en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Cinco días más tarde, solicitaron formalmente la revisión de oficio de las seis convocatorias de becas concedidas desde 2015, al considerar que el mismo vicio estructural se repitió de forma sistemática durante una década. Cada convocatoria estaba valorada en unos 27.200 euros por curso, alcanzando una cifra de 160.000 euros el total que podría verse afectado si prospera la revisión, afirman los denunciantes, que piden además la suspensión cautelar de cualquier nueva convocatoria y el reintegro de las cantidades indebidamente abonadas.

El Ayuntamiento no ha dictado resolución expresa sobre esa solicitud pese a haber transcurrido “sobradamente” el plazo legal de tres meses previsto en la Ley 39/2015. Ante ese silencio, los promotores del escrito recurrieron al Defensor del Pueblo, que el pasado 17 de junio admitió a trámite la queja e inició actuaciones ante el Consistorio murciano para que se pronuncie de forma expresa sobre los hechos. La institución que dirige Ángel Gabilondo ha advertido, no obstante, de que su intervención“ no suspende los plazos para que los afectados puedan acudir, si lo consideran oportuno, a la vía contencioso-administrativa”.

“Hemos de admitir que la banalización de lo que significó el franquismo sirve a muchos de cuartada para justificar su permanencia sociológica y simbólica”, escribió hace unos años para este diario el delegado de la asociación para la memoria histórica AGE en la Región de Murcia y oficial retirado del Ejército del Aire, Florencio Dimas. El tiempo no ha hecho que pierdan relevancia sus palabras. Firme defensor de la Memoria histórica en la Región de Murcia, ha fallecido a los 76 años.

Miembro del colectivo de militares demócratas ANEMOI y vocal de la Asociación Civil Milicia y República (ACMYR), colaboró con la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (Famhrm) para elaborar el proyecto de catalogación de fosas de la Guerra Civil y la represión franquista en la Región de Murcia. Su aportación junto a la del resto de miembros de la Federación logró que en la Comunidad se pasase de reconocer tan solo seis fosas a 513, con un total de 1.800 víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.

A lo largo de su trayectoria profesional, el investigador batalló por la dignidad de las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil. Recientemente, Dimas denunció las burlas y la ligereza con la que Vox trató el debate para la retirada de la Medalla de Oro concedida a Franco en Lorca. Para el representante de AGE, que “la memoria de un criminal de guerra y autor de delitos de lesa humanidad” siguiera detentando la máxima distinción local, “es una humillación para las familias de las víctimas”. A día de hoy, la medalla no se ha retirado, pero su lucha sigue viva.

Le siguió la pista a los medios ultras, denunciando a tres de ellos que calificaron a las 13 Rosas de “terroristas” y “asesinas”: [Se trata de] gravísimas injurias y calumnias vertidas contra estas muchachas que fueron asesinadas por razones ideológicas en un marco de crímenes de lesa humanidad“.

En este medio dedicó una carta a los militares pro-franquistas: “Tenéis la suerte de vivir en una democracia, ganada y regada con la sangre y el sacrificio heroico de los compatriotas que se opusieron al régimen”, les recordó.

Lo hizo después de que más de un millar de miembros del Ejército firmasen un manifiesto pro defensa de la memoria del general Franco: “Hacer abstracción de la personalidad militar, separándola de la política del personaje, para justificar una y no cuestionar otra, es un ejercicio de imposible comprensión que solo el cinismo puede justificar”, reprochó.

“Esa misma razón llevaría a vuestros correligionarios nazis a reivindicar el culto a la memoria de Hitler, basándose en el valor acreditado por el Cabo Adolf Hitler, acreedor que fue de la Cruz de Hierro en la I Guerra Mundial, desvinculándolo de su papel como promotor de la II Guerra Mundial y del Holocausto”, abundó.

Continúa la investigación de la presunta trama de fraude de prótesis vasculares en el seno del Servicio Murciano de Salud (SMS). El magistrado del Tribunal de Instancia de Murcia (sección de Instrucción, plaza 7) José Fernández Ayuso ha encomendado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que examine la totalidad de las intervenciones quirúrgicas practicadas por el cirujano investigado en la trama. “Esto es, un análisis exhaustivo de las treinta intervenciones que ya se disponen de la muestra proporcionada, a la que se sumarian las otras 462 intervenciones que el servicio de inspección informó que habría realizado ese doctor”, ha detallado el auto, al que ha tenido acceso este diario.

Ahora, la Consejería de Salud tendrá que facilitar a la UDEF la documentación del resto de intervenciones del cirujano. Deberá aportar el informe de alta de los pacientes, la totalidad de los partes de implante que consten, los pedidos realizados a raíz de estas intervenciones y las facturas emitidas, además de todos los informes posteriores.

“Una vez que se haya realizado esa investigación y se haya determinado el total de cirugías en las que se hubieran implantado supuestamente prótesis o material caducado es cuando se llevará a cabo la oportuna pericial médica para determinar si el hecho de la implantación de esas prótesis o material caducado, en su caso, hubiera afectado al estado de salud de los pacientes intervenidos”, ha detallado el juez instructor.

El juez ha citado a declarar a doce de los catorce investigados a los que hasta ahora no ha tomado declaración. Han sido citados para mediados de septiembre todos los investigados menos el cirujano Rubén T. M. y el comercial de Logimed. Entre las personas que deberán prestar declaración está el exjefe de Servicio de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI), Vicente F. G.; el jefe de sección de la UAI, Manuel N. G.; y el exjefe de la Sección de Radiología Vascular Intervencionista de La Arrixaca, Antonio C. A.

Lo que ya se considera como el mayor escándalo de la sanidad pública de la Región de Murcia dejó a lo largo de siete años un agujero en las arcas públicas por valor de unos 6,9 millones de euros. Esta es tan solo una estimación, por lo que el juez encomendó a la Intervención General del Estado una pericial para poder detallar el alcance del perjuicio económico sufrido por el SMS.

Dos posibles afectados

Hasta el momento la UDEF solo había podido analizar un total de 30 intervenciones realizadas por R.T.M. En esa muestra, hallaron irregularidades “en la totalidad de la muestra”: al cotejar los informes de alta con los partes quirúrgicos se descubrieron discrepancias sistemáticas entre el material efectivamente utilizado y el facturado.

La UDEF encontró cinco productos etiquetados de Logimed “que a la fecha de implantación se encontraban caducados” e identificó un historial en concreto en cuya alta “se le pone una prótesis y en el parte quirúrgico constan dos, estando ambas caducadas”. En los cuatro casos restantes de etiquetas caducadas, “al existir más productos pagados que utilizados, no puede saberse con seguridad si se han utilizado los caducados o no, debido a la ambigüedad con que se rellena el parte de alta”, advirtieron los investigadores.

Por el momento la UDEF ha identificado dos pacientes a los que posiblemente se les implantó una prótesis caducada. Uno de los afectados, de 65 años, reclama 150.000 euros al Servicio Murciano de Salud (SMS). Tras la primera intervención, el paciente tuvo complicaciones graves que derivaron en otras dos cirugías en pocos meses, incluyendo un bypass y una intervención de urgencia. Según un comunicado del Defensor del Paciente, “en lugar del bypass previsto, se le practicó una angioplastia con un stent cuya fecha de caducidad (febrero de 2022) constaba en las propias pegatinas adheridas a la hoja de implante, llevando al menos un mes caducado. Así lo recoge el informe de la UDEF, que identifica expresamente a este paciente como el caso paradigmático de producto caducado implantado”.

La Región de Murcia acumula un segundo descalabro en su sistema de oposiciones. Después de que hace unas semanas las oposiciones a Maestro dejasen cifras de aprobados por debajo del 25 por ciento, este jueves le ha llegado el turno a las de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Las pruebas selectivas para TCAE convocaban un total de 90 plazas, que no llegarán a cubrirse. De los 3.300 aspirantes que se han presentado este año, solo han aprobado un total de diez, el 0,3 por ciento. Del turno de discapacidad, no han aprobado ni uno solo de los 125 opositores que se han presentado.

Desde Comisiones Obreras (CCOO) han alertado que, de confirmarse estas cifras, “estaríamos ante un resultado excepcional que obliga a la Administración a detenerse, analizar lo sucedido y valorar si el proceso selectivo ha cumplido realmente la finalidad para la que fue convocado”. Desde el sindicato han urgido a la Dirección General de Función Pública a la paralización cautelar del proceso selectivo y a “analizar las consecuencias de un resultado de estas características”. Tal y como han descrito del sindicato, este organismo regional es el responsable de “garantizar que los procesos selectivos se desarrollen con objetividad, proporcionalidad, seguridad jurídica y pleno respeto a los principios que rigen el acceso al empleo público”.

“Cuando un proceso selectivo deja fuera, en un único ejercicio, a prácticamente la totalidad de las personas aspirantes, la Administración no puede limitarse a continuar el procedimiento como si nada hubiera ocurrido”, han abundado.

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Portavocía, ha defendido que los tribunales de oposición son órganos “autónomos e independientes”: “La Administración regional respeta plenamente esa autonomía y garantiza que sus decisiones se adopten con absoluta independencia, sin intervenir en la elaboración, desarrollo o corrección de las pruebas selectivas”.

Según la consejera, “la Administración regional es la primera interesada en que los procesos selectivos culminen con la cobertura efectiva de las plazas convocadas” y apunta a una justificación alternativa a la alta tasa de suspensos: “Por acuerdo con los sindicatos, en este examen, con el mero hecho de presentarse y al margen de la puntuación obtenida, se entra en la bolsa de empleo”.

“Más de 2.200 aspirantes obtuvieron una puntuación de 0, muchos de ellos respondiendo a la totalidad o prácticamente la totalidad de las preguntas del examen [tipo test]”, ha abundado, descartando que los suspensos se traten de un “hecho aislado: ”Responden a una tendencia que se viene observando en distintos procesos selectivos de todas administraciones de las Comunidades Autónomas. La Administración regional comparte la preocupación que generan estos resultados y analizará, junto con las organizaciones sindicales, las posibles medidas que permitan mejorar la eficacia de futuros procesos selectivos“.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la plataforma 'Cine Rex Vivo' contra el plan municipal que permitía ampliar los usos del espacio. La asociación ha iniciado un conjunto de iniciativas para que la sala siga funcionando exclusivamente como un cine, lo que les ha motivado a iniciar esta batalla judicial.

Desde 'Cine Rex Vivo' han lanzado una campaña de micromecenazgo a través de Bizum (al número 630 913 041) con el fin de poder costear los gastos relativos al proceso judicial. Levantado en el primer tercio del siglo XX en el barrio de Santa Eulalia, el Cine Rex se mantuvo operativo hasta agosto de 2019, y continúa cerrado a día de hoy.

El pasado marzo, el Grupo Orenes, una de las grandes empresas dedicadas al juego en España, anunció que reabriría la emblemática sala: “Hemos adquirido el cine para conservar el inmueble y darle una nueva vida, y aunque es pronto para avanzar detalles, queremos que el proyecto sea algo cultural, artístico y social”, aseguraron a este periódico fuentes de la compañía.

Las mismas fuentes descartaron que se vaya a habilitar ningún local de juego en el Cine Rex, como figura en una de las alegaciones presentadas por la asociación conservacionista Huermur, aprobadas en un pleno en febrero en el Ayuntamiento de Murcia.

Desde el Grupo apuntaron a que buscaban un proyecto “que se adapte al edificio, lo más abierto y plural posible”. El Ayuntamiento de Murcia impulsó el pasado 26 de febrero la modificación del Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico del Centro de Murcia, con el fin de reconocer el valor histórico, arquitectónico y sentimental del inmueble y abrir la puerta a su protección formal dentro del catálogo municipal. El problema es que, en el proceso, se abrió la puerta al cambio de usos del edificio para que este pudiera destinarse a diferentes actividades más allá de la cultural.

La nueva redacción descarta los usos que supongan la alteración de la espacialidad de la sala cinematográfica, la incorporación de forjados intermedios o cualquier elemento que haga ilegible la tipología original del cine histórico. En términos prácticos, esto impide la fragmentación interior del edificio o su transformación estructural, reforzando jurídicamente la conservación de su configuración como gran sala histórica de proyección.

El grupo municipal de Vox en Mula deberá reintegrar a las arcas públicas 4.224,20 euros que percibió durante 2025 en concepto de asignación económica para gastos de grupos políticos. El Pleno de la Corporación aprobó la semana pasada, con los votos de PSOE, PP e IU y la ausencia del propio concejal de Vox durante el debate, instar al reintegro de esa cantidad, según consta en la propuesta de acuerdo de la Comisión de Hacienda.

El dinero se había destinado, según las facturas presentadas, al alquiler de un local utilizado como sede del grupo. Pero un informe de fiscalización del 11 de junio concluye que no existe “la debida justificación del gasto” y que hay “documentación indiciaria” de que los fondos podrían haber generado un beneficio directo o indirecto para miembros de la Corporación, en contra de lo previsto en el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Según se extrae de la documentación, a la que ha tenido acceso este periódico, el concejal de Vox, Pedro Sevilla Monedero, es uno de los herederos —con un 25% de la propiedad— del inmueble alquilado, cuya explotación gestiona la mercantil Grupo Resermu S.L., administrada por su hermano, socio único de la empresa. El propio informe de Intervención lo resume como un conflicto de intereses “real” derivado de un vínculo familiar directo. La mercantil gestora del bajo no tiene como actividad principal la explotación de inmuebles, sino las instalaciones eléctricas.

“Pudiera ocurrir que al formar parte D. Pedro Sevilla de la herencia yacente propietaria del local, se viera beneficiado por la renta del alquiler que percibe la mercantil que explota el local”, aventura el documento.

“Bandera roja”

El caso llegó a Intervención después de que una denuncia interna, presentada el 10 de marzo, alertara de que el local era “una simple cochera sin uso real como sede” y de que el edificio tenía una segunda planta sin regularizar catastralmente, algo que confirmó después el servicio de catastro municipal: “Mi sorpresa es cuando observo que la sede de PP, PSOE e IU existen físicamente, pero no la de Vox”, relata el escrito, presentado en el buzón de denuncias del consistorio.

El Comité Antifraude del Ayuntamiento abrió expediente y encargó un informe jurídico externo a la consultora ACAL, especializada en administración pública.

El documento advierte sin rodeos sobre el fondo del asunto: “Pudiera entenderse que D. Pedro Sevilla está beneficiando a su hermano al destinar fondos públicos al pago de un alquiler donde el arrendador es una mercantil propiedad de su hermano”, señala el informe, que concluye: “Estamos ante una bandera roja” que justifica una fiscalización a fondo.

El Comité Antifraude había requerido además al concejal que suscribiera una Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés, algo que, según el informe de Intervención, “no ha sido presentada” pese a la solicitud, lo que la propia Intervención califica como “un vicio formal insubsanable” y “una clara obstrucción a las potestades de control del Ayuntamiento”.

Pese a las presuntas irregularidades, el hermano del concejal defiende la legalidad del arrendamiento una vez el Comité Antifraude abre expediente, argumentando que se trata de una “relación jurídica privada consentida por los legítimos titulares del inmueble”.

El dictamen, fechado el 11 de mayo, no aprecia una incompatibilidad automática del concejal según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, al no ser este contratista del Ayuntamiento: “Estamos ante una relación entre privados en la que no es parte del Ayuntamiento, sino un concejal del Ayuntamiento”.

Pero sí concluye que el contrato de arrendamiento aportado —firmado únicamente por Sevilla y sin que en ninguna de sus cláusulas se mencione el precio de la renta— carece de un elemento esencial para su validez como negocio jurídico: “La única mención a la renta la encontramos en el acta de la asamblea extraordinaria del 18/12/2024, donde sí se mencionó que el precio sería de 360 euros mensuales”, detalla el informe. En el documento se recuerda que “el Ayuntamiento de Mula carece de potestades para declarar la nulidad de un contrato del que no es parte”.

La versión de Vox

Sevilla ha admitido públicamente que devolverá el dinero. En una nota de prensa difundida por Vox Mula, el concejal asegura que “los gastos que hemos presentado no son justificables para la subvención”, aunque insiste en que las facturas eran legales y estaban declaradas fiscalmente por la empresa arrendadora. El local, sostiene el concejal, “se usa para pagar un alquiler de un despacho para atender a los ciudadanos y de almacén de material” y que no se hace uso de él como “sede para actos políticos” del partido.

Sevilla sostiene que se ausentó tanto de la votación interna del partido —en la que, según el acta de la asamblea extraordinaria de Vox del 18 de diciembre de 2024, se aprobó por mayoría absoluta alquilar ese local— como del pleno y de la comisión informativa municipal, “para no crear un conflicto de interés”. El concejal enmarca las críticas recibidas como “difamaciones” que denunciará “según la gravedad” de cada caso.

“El hecho de que D. Pedro se ausentara de la votación ya evidencia que era consciente de la falta de apariencia de imparcialidad de su elección, en caso de participar, y por eso se abstuvo”, recuerda el informe.

El propio grupo político ya había decidido, en una asamblea posterior celebrada el 18 de diciembre de 2025 —antes de que el caso trascendiera públicamente—, no volver a hacer uso de la subvención municipal durante 2026.

Fraude de agua

El episodio del local no es el único asunto abierto para la dirección de Vox en Mula. El pasado 19 de junio, una inspección del Servicio Municipal de Aguas, gestionado por Aqualia, detectó en una propiedad arrendada por la coordinadora local del partido, Alicia Tudela López, una conexión directa e irregular a la red de abastecimiento, sin contador y sin contrato que la amparase, según el acta de inspección elaborada con presencia de la Policía Local.

“Se encuentra dicha finca conectada mediante una tubería o latiguillo directamente a la red de abastecimiento (sin contador), así como carecer de contrato que lo ampare”, describen desde Inspección.

El informe constata además la manipulación del registro y de los precintos del contador, así como una reconexión no autorizada tras un corte previo por impago. Aqualia calificó los hechos como infracción grave, conforme al punto 10 del acuerdo entre la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y remitió a Tudela una comunicación formal, fechada el 23 de junio, requiriéndole que se pusiera en contacto con la compañía para regularizar la situación.

La coordinadora de Vox en Mula, Alicia Tudela, afirma, sin embargo, que la vivienda se encontró ocupada “hasta hace unos meses”. “La vivienda es de mi hermana, la tengo alquilada pero ahora mismo está deshabitada; vamos por allí de vez en cuando para llevar cajas”, con el objetivo de arreglarla. Tudela asegura, además, que ha sido víctima “doblemente” de esta situación: por una parte, porque el domicilio estaba ocupado y por otra “porque en estos momentos estamos intentando reestablecer los suministros, pero el Ayuntamiento nos está dificultando las gestiones por ser yo la coordinadora de Vox”.

“Mi hermana vive en el extranjero, nosotros habíamos denunciado ya el enganche del agua; no entiendo por qué nos denuncian ahora a nosotros”, concluye Tudela.

Tres años después del incendio que se cobró la vida de 13 personas en dos discotecas de Murcia, la jueza instructora de la causa abre juicio oral. La magistrada de la plaza número 3 del tribunal de instancia de Murcia ha dictaminado que sentará en el banquillo a un total de siete investigados, aunque descarta declarar al Ayuntamiento de Murcia responsable civil subsidiario.

Se enfrentan a delitos de homicidio por imprudencia y de lesiones por imprudencia grave el responsable de la sala de ambiente latino Fonda Milagros, donde fallecieron las 13 víctimas, además de los tres responsables de la discoteca Teatre, donde comenzó el fuego. También se investiga al DJ que organizó la fiesta temática que esa noche había en Teatre y al propietario de la máquina de fuegos fríos causante del incendio, así como al ingeniero que elaboró el proyecto para dividir en dos la nave industrial que ocupaban los dos locales.

A lo largo de la instrucción, las acusaciones han insistido en que el consistorio murciano no quedase fuera del procedimiento, alegando que existía una orden de cese de actividad que el Ayuntamiento no ejecutó, permitiendo que los locales siguieran operando sin licencia ni condiciones de seguridad adecuadas.

La jueza esgrime que el caso Teatre no es “equiparable” al de Madrid Arena. En concreto, el auto razona que en esta causa no concurren los requisitos exigidos por el artículo 120 del Código Penal para considerar al ayuntamiento responsable civil subsidiario, al no seguirse el procedimiento penal contra empleados o funcionarios municipales, no ser el Ayuntamiento propietario ni gestor de las naves donde se produjo el incendio y no constar participación municipal en la organización del evento celebrado aquella noche.

El auto no es recurrible, salvo en lo relativo a la situación personal de los acusados, que pueden presentar un recurso de reforma en el plazo de tres días.

Hasta nueve años de prisión

La Fiscalía solicita penas que alcanzan los ocho años y seis meses de prisión para varios de los acusados, además de distintas penas de inhabilitación, mientras que algunas acusaciones particulares y la acusación popular interesan penas superiores, de hasta nueve años de prisión, junto con otras medidas accesorias. Asimismo, las acusaciones formulan sus correspondientes reclamaciones de responsabilidad civil por los fallecimientos, las lesiones y los daños materiales ocasionados por el incendio.

La magistrada acuerda mantener la situación de libertad de los siete acusados y rechaza imponer las medidas cautelares personales interesadas por una de las acusaciones, consistentes en la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional. La resolución considera que no concurre riesgo de fuga, ya que, desde el inicio de la causa, el 1 de octubre de 2023, los investigados “siempre han comparecido a todo llamamiento policial y judicial”, además de tener residencia en España, domicilio fijo e integración laboral y social, por lo que dichas medidas carecen de “necesidad y justificación”.

En el ámbito de la responsabilidad civil, el auto requiere de forma conjunta y solidaria a los acusados, a las compañías aseguradoras y a la mercantil considerada responsable civil subsidiaria para que, en el plazo de cinco días, presten una fianza de 8.796.653,33 euros, calculada a partir de las cantidades reclamadas por el Ministerio Fiscal incrementadas en un tercio, con el fin de garantizar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas del proceso. En caso de no constituirse la fianza, se procederá al embargo de bienes suficientes.

La resolución también rechaza la solicitud de una de las acusaciones para que las compañías aseguradoras consignen anticipadamente las cantidades aseguradas al no apreciar riesgo de insolvencia.

Cuando las cámaras se marcharon y los últimos ultras abandonaron Torre Pacheco, no llegó la calma. Llegó el silencio. Un silencio que no tenía que ver solo con el verano, sino con el miedo. Durante meses, en las calles donde se había señalado, perseguido e insultado a vecinos por su origen, casi nadie quiso volver a hablar de aquellos días. “En octubre, cuando empezó otra vez la campaña y regresó la gente, algunos vecinos reconocían que lo habían pasado muy mal. Pero no muchos”, recuerda Nabil Moreno, presidente de la Comunidad Islámica Al Manar de Torre Pacheco, un municipio de 40.000 habitantes y 99 nacionalidades diferentes.

Hace un año, la agresión a Domingo, un anciano de 69 años, fue utilizada como detonante de una ola de violencia racista. Centenares de ultras llegaron al municipio, espoleados por mensajes de odio difundidos desde canales y perfiles de extrema derecha que llamaban abiertamente a la “cacería” de migrantes. Durante varios días, Torre Pacheco dejó de ser un pueblo agrícola para convertirse en el escenario de una persecución xenófoba.

Nabil lo recuerda en una cafetería a las afueras de Torre Pacheco. Desde la mesa se puede observar una panorámica del establecimiento. Una docena de parroquianos, de todas las edades, se refugian dentro del calor. En la barra se sirve té con menta y dulces típicos de Marruecos, expuestos en una enorme vitrina. Al fondo, pósteres madridistas adornan la pared, recuerdos de la Champions de 2016. “Distribuyen el pan marroquí, hacen dulces, cordero asado por encargo.También se celebran bodas. Antes esta era la única sala en todo el Campo de Cartagena, ahora hay muchas más”, explica Nabil.

“Ante todo somos de este pueblo, somos vecinos. Somos ciudadanos de aquí, tenemos hijos nacidos aquí y ahora vamos con la segunda generación”, explica Nabil. Al presidente de la comunidad islámica le cuesta recordar los disturbios del pasado año, no quiere volver a esos días que define como de inseguridad e incertidumbre: “Todo el mundo tenía miedo por la noche, a las siete la gente ya estaba entrando en su casa”.

“Vino mucha gente de fuera, ultras y algunos marroquíes a buscar líos, pero esto es un pueblo tranquilo, no somos gente violenta”, abunda. “Los niños estuvieron una semana sin salir en pleno verano, sin disfrutar de sus vacaciones. Yo tuve que irme a la baja una semana, explicarle a mi jefe que no podía trabajar teniendo al lado de mi casa a gente armada”.

Ahora, el hombre confiesa que llegó a temer la vuelta de los ultras. La semana pasada, Vox volvió a explotar un altercado en Torre Pacheco, en el que el presunto agresor atacó en repetidas ocasiones a otro hombre con un martillo en la cabeza y después agredió con una botella rota en el cuello a un tercer hombre: “No es exclusivo de Torre Pacheco que haya heridos graves en una pelea”, apuntó el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca (PP), a este diario. “No hay que meter a todo el mundo en el mismo saco”, añade Nabil.

“Torre Pacheco es un municipio con un alto porcentaje de trabajadores migrantes, fundamentalmente vinculado al campo. Estas son las condiciones que en su día alentaron a algunos colectivos de ultraderecha”, expone el profesor de Sociología en la Universidad de Murcia (UMU) Andrés Pedreño

Convivencia sin integración

138.204 comentarios de discurso de odio racista y xenófobo corrieron como la pólvora en redes sociales en apenas dos semanas tras la agresión el 9 de julio de 2025 a Domingo, según un informe del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De todo ese contenido, las plataformas solo retiraron el 22%. El informe analizó el periodo entre el 6 y el 22 de julio y concluyó que el 91% de los mensajes de odio detectados tuvieron como objetivo a personas del norte de África.

Los disturbios en Torre Pacheco fueron un problema importado, los ultras podrían haber invadido cualquier otro municipio para sus llamadas “cacerías” al migrante, pero lo ocurrido expuso la fragilidad de la integración en la localidad: “Cada uno va haciendo su vida, te ven como extranjero. Y lo peor de todo, te meten en el mismo saco que una persona que hace las cosas mal. La mayoría piensa que estamos invadiendo su país o quitándoles el trabajo”, observa Nabil.

Durante los peores momentos del conflicto, Nabil echó en falta el respaldo del resto de vecinos de Torre Pacheco: “Si hubieran salido más españoles aquí con nosotros, no hubiera pasado nada”. “Hay que ayudar al pueblo, seas de donde seas. Si pasa algo en España y necesitan sangre, soy el primero en donarla. No hay que distinguir entre españoles y no españoles. Somos de aquí y hay que ayudar en lo que haga falta”.

Entre el ajetreo de la cafetería, Moustafa saluda a algunos de los parroquianos. Ha llegado a recoger el pan, que repartirá en el resto de establecimientos de la localidad. La Glorieta de la Tinaja, señala, es una frontera invisible que divide al municipio: “Ellos [la población blanca] viven ahora en una urbanización. Antes, en el barrio de San Antonio estaban las casas de los locales, que acabaron comprando los migrantes”, explica. “La convivencia no ha cambiado desde el año pasado”, añade Moustafa.

El Miloud llegó a España en 1974 para trabajar en las minas del Llano del Beal. Con una experiencia migratoria y de integración muy distinta a la que suelen experimentar sus compatriotas en la actualidad, es optimista respecto a la convivencia. “Yo llegué de forma legal, tenía 20 años”, cuenta mientras muestra orgulloso una copia de su primer contrato y de su visado, que atesora en su teléfono. En la mina conducía los vagones del tren, recuerda, y ganaba “un buen sueldo”.

La experiencia de El Miloud con sus vecinos es positiva: “Entran en mi casa, toman té con nosotros y nos tratamos con respeto; aquí hay de todo como en todos sitios, gente buena y gente mala y yo tengo muchas amistades tanto con españoles como con africanos”.

En el caso de sus compatriotas, apunta, “es importante tener un buen comportamiento cuando tienes la oportunidad de estar aquí en Europa. Llegar hasta aquí no es fácil, muchas familias tienen que vender en Marruecos todo lo que tienen”. En su opinión, los inmigrantes vienen para trabajar y no “para crear problemas”. En el caso de los jóvenes -dice- hay algunos que “salen de fiesta, se meten con todo el mundo o roban”, pero considera que es un fenómeno que alcanza a todas las nacionalidades. “En Pozo Estrecho, por ejemplo, había una banda robando y todo el mundo decía que eran moros, pero mira, eran españoles”.

Recuerda El Miloud que terminó de instalarse en Torre Pachecho en el año 1989, “cuando empezó a cultivarse aquí a gran escala y necesitaban mano de obra, pero entonces el trato era mucho mejor, ahora hay que pagar hasta por trabajar”.

En España, reflexiona, “tienen que aprender un poco de los países que atesoran más experiencia migratoria como Inglaterra, Alemania o Francia, donde se trata al extranjero como un ciudadano, con todo tipo de oficios y se les considera ingleses, franceses o alemanes”.

La regularización “mejorará la vida de miles de familias”

Las calles de este barrio están, como suele ocurrir en estas fechas, desoladas y desprovistas de gente, con la salvedad de la eventual terraza de bar. En su cafetería, Allal Abbou, presidente de la Asociación Marroquí de Consulta y Participación, intenta construir puentes entre los vecinos: “Hay que activar el barrio, no hay muchos sitios de ocio”, explica. “Jugamos al ajedrez, o fuera a la petanca. Aquí no solo vienen los jóvenes marroquíes del pueblo. Viene mi hijo, mi hija, sus compañeros del colegio. Los vecinos son como mi familia”, abunda.

Una de las paredes de la cafetería está presidida por un televisor, que retransmite una tertulia del Mundial de fútbol en árabe: “Está siendo un Mundial cargado de sorpresas”, señala Allal. Una de las mesas junto al televisor está coronada por un jarrón con las banderas de España y Marruecos: “Ahora hay una nueva generación de diferentes nacionalidades, colores y religiones. Echamos en falta una colaboración entre el Ayuntamiento, Servicios sociales y los vecinos para mejorar la convivencia”, explica.

En Torre Pacheco hay censadas 99 nacionalidades diferentes. En los últimos años, su población ha crecido significativamente hasta alcanzar las 40.000 personas. La llegada del agua del Trasvase Tajo-Segura en 1979 vino acompañada de una enorme oferta de trabajo agrícola, que se suplió con población migrante. Nabil llegó en el 2001, cuando las multinacionales ya habían sustituido a las explotaciones de pequeño tamaño, y trabajó en el campo cuatro años: “Si no hubiera migración, este pueblo estaría en la lista de la España vaciada. Los inmigrantes lo han levantado muchísimo. Yo estuve trabajando 14 horas al día, cargando camiones para exportar a Europa los productos de la huerta murciana”, recuerda Nabil.

“Ahora gracias a Dios tengo un trabajo, tengo a mi familia, mi casa. Soy de Tetuán, cerca de España, me fui porque no veía un futuro allí. Nadie deja su país para buscar conflictos”, subraya.

“Algunos vecinos lo pasan mal, no tienen documentación, no tienen nada. No son el problema, pero su situación es parte del problema”, explica Nabil, que celebra la regularización extraordinaria: “Va a mejorar la vida de miles de familias”. Pedreño, por su parte, espera que mejore a la integración de la población local: “Esperemos que contribuya a la normalización e integración que todo proceso de regularización conlleva”.

Como presidente de una comunidad religiosa, Nabil ha sido testigo de los estragos que la falta de papeles puede causar entre sus vecinos: “Me marcó la situación de una mujer que llegó aquí hace tres años. Su hijo murió el año pasado y no tiene dinero para volver a Marruecos y despedirse. Lo está pasando muy mal en el campo, tiene que comprar contratos y se aprovechan de ella”, explica.

“Tener a personas sin papeles y sin estatutos de la ciudadanía condena a la población a situaciones de marginalidad y de sobreexplotación. En definitiva, sin derechos”, detalla Pedreño.

“[La regularización] va a ser buena para la seguridad del pueblo. Una persona que no tiene casa, ni trabajo, que no puede formarse, al final está abocada a la violencia”, añade Nabil.

“En el barrio de San Antonio se está desarrollando un proyecto de dinamización comunitaria que está desarrollando el Ayuntamiento del municipio con financiación de la Comunidad Autónoma. La gente migrante debe sentirse integrada, con derechos, con un reconocimiento de su ciudadanía. Creo que la regularización y el plan de dinamización son pasos en el buen camino”, apunta Pedreño.

La curva del odio

El estallido de julio no fue un hecho aislado. El observatorio traza una cronología de antecedentes que, sostiene el informe, contribuyeron a preparar el terreno: un intento de robo el 2 de mayo protagonizado por un presunto agresor norteafricano, viralizado como ejemplo de “defensa legítima”; la muerte a tiros de un hombre armado con un cuchillo en el aeropuerto de Gran Canaria, el 17 de mayo; la detención de un policía en Torrejón de Ardoz el 18 de junio, tras la muerte de un ciudadano norteafricano; y, sobre todo, la investigación abierta el 30 de junio por una presunta agresión sexual cerca de un centro de menores en Alcalá de Henares, que el propio documento identifica como detonante de manifestaciones con fuerte carga xenófoba, incluida la exhibición de simbología nazi.

Menos de 24 horas después de la agresión a Domingo, recoge el informe, ya circulaban vídeos manipulados y fotografías erróneas de los supuestos implicados; el 11 de julio grupos de Telegram lanzaron llamamientos a atacar a personas extranjeras y el Ayuntamiento (PP) convocó una manifestación bajo el lema 'Torre Pacheco, libre de violencia, libre de delincuencia'.

Para el 12 y el 13 de julio la violencia dio el salto a las calles de Torre Pacheco, que registró los primeros episodios de violencia en el barrio de San Antonio, con al menos cinco detenciones y el ataque a un establecimiento regentado por una persona musulmana, pese al despliegue de más de 75 agentes. El informe documenta la participación del presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, en una manifestación paralela bajo el lema 'Defiéndete de la inseguridad', donde llegó a afirmar sobre la expulsión de inmigrantes que no iba a quedar “ni uno”. El 14 de julio se anunció la detención del líder del grupo ultra de Telegram 'Deport Them Now', donde germinó la “cacería” al migrante.

El 11 de julio ya se registraban, según OBERAXE, del orden de 6.824 mensajes de odio diario, pero el pico máximo llegó el 12 de julio, con 33.046, coincidiendo con la manifestación convocada en la localidad. Después, fue descendiendo poco a poco aunque se mantuvo elevado hasta el 17 de julio (con 8.247 mensajes).

El Observatorio incide en su informe en que el 33% de los mensajes eran deshumanizantes, un 27% presentó al colectivo como una amenaza, un 23% incitó directamente a la expulsión, un 13% incitó a la violencia y un 4% llegó a alabar a los agresores. El informe subraya además que el 78% de los contenidos de odio se articuló en torno al argumento de la inseguridad ciudadana, y que el lenguaje empleado fue explícitamente agresivo en el 88% de los casos, con un uso reiterado y peyorativo del término “moro”.

El vídeo que no era de Torre Pacheco

OBERAXE dedica un apartado específico a uno de los bulos centrales del caso: un vídeo de 25 segundos que circuló como supuesta prueba de la agresión original. Tanto el Ayuntamiento como la Guardia Civil confirmaron que las imágenes correspondían en realidad a una agresión ocurrida en Almería a finales de mayo, sin relación alguna con los hechos de Torre Pacheco. En paralelo, circularon fotografías con identidades falsas de cinco supuestos agresores, que ni siquiera la víctima llegó a reconocer.

Coincide en este punto Alba Solla, redactora en Maldita.es. La fundación analizó durante esos días 50 publicaciones en X con desinformaciones sobre Torre Pacheco que sumaron más de 1,6 millones de visualizaciones. “A 18 de julio de 2025, ninguna tenía Notas de la Comunidad visibles; pero el bulo del vídeo de la agresión fue el detonante más viral y el primero en circular”.

“Este tipo de prácticas en situaciones impactantes y emergencias es una estrategia muy usual”, explica Solla, al tiempo que añade que desde Maldita.es documentaron también la participación de la red rusa Pravda, “una red de propaganda y desinformación que actúa como amplificadora”, que publicó casi 300 contenidos en cinco días, en varios idiomas.

Según la redactora de Maldita.es, “identificamos el primer bulo de Torre Pacheco en Telegram a las 10.00 horas del 10 de julio, y solo 13 minutos más tarde News Pravda ya lo estaba republicando, es algo muy rápido”.

“Identificamos contenidos de desinformación en Twitter o Telegram que seguían circulando días después y no tenían notas de la comunidad; ocurrió también con la dana en 2024, entonces también vimos que el sistema de notas no era suficientemente efectivo”.

“La desinformación se difunde muy rápido, no se contrasta, y en temas tan delicados y en los que hay un vacío informativo en los primeros momentos, es muy fácil que en ese hueco se cuelen los bulos”, explica Solla. Apelando a las emociones el medio o de la ira, el cóctel está servido. “Es muy rentable porque el pánico llama la atención del receptor y dificulta el razonamiento crítico, simplificando los procesos mentales”.

“Jose Antonio Primo de Rivera, ¡presente!”, esta inscripción, tallada en los muros de la catedral de Murcia, ha sido incluida en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática, por lo que pronto desaparecerá de este monumento. Así lo ha acordado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática este martes, tras determinar que “no existen razones artísticas o arquitectónicas suficientes que justifiquen su mantenimiento”.

La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, dependiente del Ministerio, ha dado tres meses de plazo al Obispado de Cartagena para que retire la inscripción. De incumplir el mandado, la Ley 20/2022 de la Memoria Democrática prevé que el Estado la retire de oficio, además de posibles sanciones.

“La permanencia de la inscripción en la Puerta de las Cadenas, frente a la Plaza de la Cruz, supone la conservación de un símbolo que glorifica la ideología franquista en un espacio de relevancia histórica y cultural”, ha incidido el organismo. La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, ha afeado la actitud del Obispado por la “ausencia de respuesta institucional” a las “reiteradas solicitudes de retirada por parte de asociaciones memorialistas”, de la inscripción: “Evidencia la persistencia de referencias que hacen apología de la dictadura en un monumento de titularidad eclesiástica”.

En un informe, la Comisión Técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática ha recordado que las inscripciones, placas o elementos conmemorativos situados en catedrales y otros edificios religiosos que honran a José Antonio Primo de Rivera “constituyen vestigios contrarios a los valores de la Memoria Democrática cuando cumplen una función de exaltación política, simbólica o ideológica del régimen franquista”.

En el caso de la inscripción en la catedral de Murcia, esta se encuentra en un lugar “especialmente visible, puesto que está situado en una de las puertas de entrada al templo, con letras de tamaño considerable grabadas en la fachada y la palabra ¡Presente!”. Una referencia, ha recordado el informe, “del régimen franquista”.

“Estos elementos no pueden interpretarse como meros testimonios históricos o expresiones de devoción religiosa, ya que su instalación respondió, en la mayoría de los casos, a la identificación explícita entre la Iglesia católica y la dictadura franquista”, ha distinguido la Comisión Técnica. Se trata, además, de “una deliberada de legitimación del nuevo orden político” mediante la “sacralización” de líderes y mártires falangistas. “La presencia de estas inscripciones en espacios de culto y en bienes de alto valor patrimonial refuerza dicha legitimación y contribuye a la normalización simbólica de un régimen responsable de graves vulneraciones de derechos humanos”, abunda el documento.

Cuatro vestigios franquistas

Además de las inscripciones de la catedral de Murcia, el Ministerio ha solicitado la retirada de otros tres vestigios franquistas. Se tratan del monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, inaugurado en 1964 para homenajear al dictador y el triunfo de los sublevados en la Guerra Civil; el Monumento a los Rumanos Caídos de Majadahonda (Madrid); e inscripciones sobre José Antonio Primo de Rivera en la catedral de Almería.

Según ha explicado el ministro Ángel Víctor Torres, el Gobierno ya ha notificado a las cuatro administraciones u organizaciones titulares los expedientes y, con ellos, la obligación de remover los vestigios en un plazo máximo. En el caso de los conjuntos monumentales, pueden ser trasladados a otro lugar sin exposición pública.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Murcia ha declarado ilegal la negativa del Ayuntamiento de Murcia a facilitar el estudio y análisis del riesgo sísmico del municipio elaborado por la Universidad de Almería. La resolución judicial, fruto de un recurso de interpuesto por la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur), anula el decreto firmado por el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, que denegó el acceso a esta documentación y reconoce el derecho del presidente de la asociación conservacionista a obtener la copia digital completa del estudio y de todos sus anexos.

“La sentencia constituye un severo reproche a la actuación del Ayuntamiento de Murcia, que mantuvo oculto durante más de cinco años un estudio encargado con fondos públicos y entregado al Consistorio el 5 de febrero de 2020”, han valorado desde Huermur: “Pese a tratarse de un documento completamente finalizado, el Ayuntamiento negó reiteradamente su acceso alegando que se encontraba en elaboración, una tesis que el magistrado rechaza de forma expresa”.

“Incluso después de iniciarse el procedimiento judicial, el Ayuntamiento continuó oponiéndose a entregar la documentación y defendió ante el Juzgado la legalidad de su actuación, solicitando incluso que el procedimiento se archivara tras publicar parte del estudio cuando el litigio ya estaba en marcha”, han abundado.

De acuerdo con la asociación conservacionista, el magistrado ha recordado que “una publicación unilateral, tardía y posterior a la interposición del recurso no puede sanar la denegación inicialmente acordada ni sustraer al control jurisdiccional la legalidad del acto recurrido”, añadiendo además que aceptar esa actuación “equivaldría a dejar al arbitrio de la Administración la efectividad del control judicial de sus propios actos”.

La sentencia también desmonta el intento del Ayuntamiento de seguir ocultando el estudio alegando motivos de seguridad pública. Durante el procedimiento, la Administración sostuvo que el documento contenía datos sensibles sobre víctimas potenciales y pérdidas económicas derivadas de distintos escenarios sísmicos simulados, utilizando ese argumento para impedir el acceso de la ciudadanía: “El juez concluye que el Ayuntamiento no acreditó suficientemente que la divulgación del estudio pudiera perjudicar la seguridad pública y recuerda que, si existiera algún dato especialmente sensible o de carácter personal, la legislación ya prevé mecanismos para protegerlo sin necesidad de ocultar el resto de la documentación”, han explicado.

La resolución judicial destaca además “el extraordinario interés público del estudio, al afectar directamente al riesgo sísmico del municipio, la ordenación del territorio, el urbanismo y la seguridad de la población”. Por ello concluye que el Ayuntamiento realizó una “restricción injustificada y desproporcionada del derecho de acceso a la información pública”, anulando el decreto del concejal y ordenando la entrega íntegra de la documentación solicitada.

Para Huermur, esta sentencia supone un “duro varapalo a años de opacidad municipal” y marca “un punto de inflexión” en la transparencia del Ayuntamiento de Murcia. La entidad considera especialmente grave que el Consistorio no solo negara el acceso a un estudio financiado con 118.580 euros de dinero público, sino que “mantuviera esa negativa durante todo el procedimiento judicial”, obligando a acudir a los tribunales para obtener una documentación que la propia Justicia reconoce como información pública: “Una postura torticera que claramente ha debido costar una importante cantidad de dinero al erario público en horas de funcionarios y servicios jurídicos”, han señalado desde la asociación.

El presidente de Huermur, Sergio Pacheco, ha manifestado que “esta sentencia pone fin a cinco años de opacidad institucional sobre un estudio que afecta directamente a la seguridad de los murcianos y al futuro urbanístico del municipio. El Ayuntamiento no solo ocultó una documentación pagada con dinero público, sino que defendió esa decisión ante los tribunales hasta el último momento. La Justicia ha dejado claro que actuó al margen de la legislación sobre transparencia”.

La asociación ha anunciado que llevará a cabo un análisis exhaustivo de toda la documentación en cuanto sea entregada y de sus anexos para verificar cómo afectan sus conclusiones al planeamiento urbanístico vigente y a las decisiones municipales adoptadas durante estos años: “Por primera vez podrá contrastarse si los desarrollos urbanísticos, las actuaciones autorizadas y la planificación del municipio se ajustan a las conclusiones científicas contenidas en el estudio encargado por el propio Ayuntamiento, y del cual tenían conocimiento los responsables del Consistorio desde hace años”.

En la anterior jornada del Debate del estado de la Región de Murcia el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, trató de tapar el sol con el dedo. Poco o nada se dijo de los frentes abiertos que asolan la Región, y mucho de promesas a futuro. El presidente bordeó la actualidad regional a golpe de propuestas y partidas presupuestarias. Pero, este viernes, la oposición le ha obligado a meterse de lleno en la actualidad regional.

“Ayer faltó sobre todo la verdad. En concreto, la verdad sobre el asunto más grave al que se ha enfrentado la sanidad pública regional en los últimos años, la trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud”, le ha reprochado la diputada socialista, Carmina Fernández. En la jornada anterior, el jefe del Ejecutivo regional eludió hacer referencia alguna de las prótesis vasculares, que ha dejado un agujero en las arcas regionales de unos 6,9 millones de euros y trece investigados. Se limitó a brindar su “respaldo” al manifiesto firmado este miércoles por los profesionales sanitarios de la Arrixaca: “[Los sanitarios] piden respeto y piden que se depuren las responsabilidades de las personas investigadas y acusadas por la justicia”.

“Esto es un fraude que no se queda en un despacho, ha entrado en los quirófanos”, ha recordado la parlamentaria del PSRM-PSOE. López Miras no ha logrado convencer a sus adversarios políticos de que el fraude fue meramente económico, y que ninguna prótesis caducada llegó a implantarse en los pacientes. Una labor que ya tuvo que llevar a cabo la consejera de Salud en su comparecencia de la semana pasada.

El Ejecutivo ha insistido en que ningún político estuvo involucrado en la trama, y que desde Salud actuaron bajo los cauces de autocontrol establecidos. Pese a esto, la cabeza del anterior consejero, Juan José Pedreño, rodó. Lo hizo discretamente, bajo el paraguas de una remodelación del Consejo de Gobierno. Su salida vino acompañada de la sustitución de la consejera de Agricultura, Sara Rubira, por el exalcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía.

“Isabel Ayala era la gerente del Servicio Murciano de Salud, mientras se producían estos hechos. La máxima responsable del organismo en el que fallaron los controles sobre el material sanitario y presidía el órgano técnico que evaluaba y homologaba las prótesis y los implantes”, ha recordado la socialista.

El presidente ha recibido un último varapalo antes del debate, un informe del Tribunal de Cuentas que apunta a “graves desajustes financieros y presupuestarios” en el ejercicio de 2023 en la Región. En concreto, señaló una “sobrevaloración constante” del Ejecutivo, que calculó el resultado presupuestario de ese año en 306 millones positivos, cuando realmente el año se cerró con un saldo negativo de 131,2 millones de euros. El Tribunal de Cuentas apuntó a que el desajuste se debe principalmente a la falta de cobertura de las pérdidas ordinarias del Servicio Murciano de Salud (SMS), valoradas en 432,5 millones de euros en ese año. “Ayer no se explicó el déficit de 3.724.000.000 de euros que arrastra el Servicio Murciano de Salud, consecuencia de su nefasta gestión. Todos los años presupuestan 900 millones de gastos menos del que al final ustedes ejecutan”, ha reprochado la diputada socialista.

Vox: “El Gobierno regional tiene los bolsillos rotos”

El portavoz del grupo parlamentario de Vox, Rubén Martínez Alpañez, ha comenzado su intervención pidiendo la dimisión del presidente de la nación, Pedro Sánchez, por “indecente, corrupto y traidor”, al tiempo que le ha acusado de “adulterar las próximas elecciones generales” a través del actual proceso de regularización. Después de su diatriba contra el Ejecutivo central, el de Abascal ha señalado que en lo que a gestión se refiere, “el PP es lo mismo que Pedro Sánchez, pero de color azul”.

Alpañez ha denunciado que el Gobierno regional ha incumplido tanto las mociones aprobadas en la Asamblea Regional como el pacto que alcanzó con Vox para los presupuestos de 2025. “La sombra de la mala gestión se alarga sobre su gobierno”, ha señalado el portavoz en referencia al escándalo de las prótesis que sacude la sanidad murciana.

En lo que respecta a la deuda regional, el representante de Vox en el Parlamento murciano ha dicho que el Gobierno de López Miras tiene “los bolsillos rotos”. “El descontrol nos está llevando a duplicar la deuda en diez años de siete mil millones de euros a 14 mil millones”.

También cuestionó el hecho de que se hubieran aumentado las exportaciones “en casi todos los sectores industriales”, cuando lo que han subido han sido los precios de los productos. “Su triunfalismo choca con la realidad de la calle”, ha apuntado. En lo que respecta a la vivienda, el portavoz de Vox ha ofrecido un acuerdo inmediato si el PP asume la condición de la “prioridad nacional”.

Alpañez ha puesto en duda igualmente las cifras ofrecidas por el Gobierno regional en lo que se refiere al turismo y ha comparado la llegada de los turistas extranjeros a otras comunidades autónomas frente a la Región: mientras que Catalunya recibe 20 millones de turistas foráneos al año; la Comunitat Valenciana, unos 12 millones; o Andalucía, alrededor de 14; la Región de Murcia solo acoge un millón.

“La recuperación del Mar Menor es perfectamente compatible con la competitividad del campo, siempre que se evite la entrada de vertidos de agua dulce y fecal a través de infraestructuras”, ha advertido Alpañez, quien ha pedido la “interconexión de todas las cuencas con trasvases solidarios”. También ha exigido “situar a la familia en el centro de toda acción de gobierno”. “Tenemos que romper las banderas de la resignación”, ha concluido.

Podemos: “Seis años de saqueo de la sanidad pública”

Desde el Grupo Mixto la diputada de Podemos, María Marín, ha reprochado también el silencio de López Miras en la jornada anterior alrededor del escándalo de las prótesis vasculares: “Dio usted en esta Cámara un espectáculo indecente. Ayer hubo un clamoroso silencio en su intervención. Ni una palabra sobre la trama de las prótesis. Solo tenía que decir una: perdón por haber permitido durante seis años el saqueo de la sanidad pública”.

Ha recordado que el fraude de las prótesis solo fue posible porque el Servicio Murciano de Salud “lleva años ignorando las advertencias del Tribunal de Cuentas”: “Nosotras fuimos las primeras en dar la voz de alarma en julio de 2024, después de publicarse un contundente informe del Tribunal de Cuentas”.

“El hospital privado al que se derivaban estas operaciones es el hospital Quirónsalud del barrio del Infante en Murcia. Otra vez el grupo Quirón asociado a la corrupción del PP. Señor López Miras, ya sabemos los negocios que se trae su jefa la señora Ayuso con el grupo Quirón”, ha apuntado Marín. “Fuera Quirón, fuera el grupo Ribera. Fuera los mercaderes del templo de la sanidad pública”, ha exigido.

Lo de las prótesis no ha sido el único escándalo sanitario de este año en la Región de Murcia. Un informe demoledor de Alianza por la transparencia, calidad y equidad en el cribado de cáncer de mama detectó un retraso “evitable” en el 10% de los diagnósticos de cáncer de mama en Murcia. El por entonces consejero, Pedreño, despachó el documento asegurando que el informe estaba “politizado”: “Usted anunció el año pasado la presentación del primer Plan Oncológico de la Región de Murcia. Desde entonces lo único que hemos conocido son las denuncias de la Alianza por la Transparencia en el cribado del cáncer de mama y también por los retrasos en el cribado del cáncer de colon en Cieza, graves irregularidades que ya están costando vidas”, ha reprochado Marín.

En materia de educación, la diputada morada ha afeado a López Miras que “recicle” el Plan de Climatización: “Es un refrito del Plan de Eficiencia Energética y Adaptación Bioclimática que ya anunció en 2019. Llevamos seis años de mentiras”.

“En esta tierra uno de cada cinco jóvenes está condenado al fracaso escolar y al abandono educativo temprano. En toda su intervención usted no mencionó este problema”, ha apuntado. “Usted ayer prometió la ampliación de los mismos centros educativos que el año pasado. La construcción de las mismas carreteras. El mismo plan de choque contra las listas de espera”, ha enumerado.

Antelo: “El PP se deja manipular por los intereses de Vox”

López Miras ha tenido que escuchar la intervención de su antiguo socio de gobierno, el antiguo líder de Vox, José Ángel Antelo, ahora en la bancada del Grupo Mixto. Antelo ha urgido a que se materialice el Decreto de la Vivienda en la Región: “Es espantoso que el PP se deje manipular por los intereses de Vox”.

Ha defendido el Trasvase Tajo-Segura, y ha exigido la creación de un Plan Hidrológico Nacional: “Creo que el agua desalada no es la solución, debe llegar a través de un trasvase”. También ha cuestionado por qué la modificación de la Ley del Mar Menor no está aprobado. Se trata de un punto de las negociaciones presupuestarias del anterior año fiscal entre PP y Vox, que nunca llegó a materializarse: “Proteger el Mar Menor no quiere decir que haya que perseguir, socavar o poner fin a ningún sector”, ha afirmado en alusión al sector agrícola.

Por último, ha afeado el “déficit de infraestructuras” de la Región de Murcia: “La infraestructura del aeropuerto de Cartagena está hecha para cuatro millones de pasajeros. A día de hoy sigue con menos pasajeros que el Puerto de San Javier”.

Segado: “Vamos a seguir defendiendo el trasvase con uñas y dientes”

“Lo que sucede en la Región de Murcia no es ajeno a lo que sucede en el resto de España”, han sido algunas de las primeras palabras que ha pronunciado el portavoz del grupo parlamentario popular, Joaquín Segado, en la segunda jornada del debate del Estado de la Región y, a partir de ahí, ha basado la mayor parte de su intervención de 45 minutos en las críticas a la corrupción del Gobierno central. Al delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, le ha afeado el hecho de que “hace poco más de un año vino Santos Cerdán a darle su bendición en Cartagena como secretario general”, mientras que no le ha escuchado denunciar “con claridad” los casos de corrupción que acechan al antiguo secretario de Organización del PSOE.

También ha denunciado Segado que “la corrupción también hizo su parada en esta tierra” cuando el antiguo ministro de Transporte, José Luis Ábalos, “se llevó presuntamente una mordida de más de medio millón de euros por la estación del AVE de Murcia”. El portavoz del PP en el Parlamento murciano ha requerido a Lucas que “pida perdón porque su padrino y el señor Ábalos han robado dinero de los ciudadanos de esta tierra”.

“Lo único que le importa al socialismo en esta tierra es defender a Pedro Sánchez para seguir en su sillón”, ha zanjado. La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, también ha recibido su rapapolvo, ya que Segado ha señalado que su intervención en este debate ha consistido en “insultos constantes durante 22 minutos”.

Segado ha echado en cara a los socialistas haber votado en contra “del blindaje del trasvase” y ha negado que el agua procedente de las plantas desaladoras pueda sustituir a la que llega a través de esta infraestructura. “Vamos a seguir defendiendo el trasvase con uñas y dientes”, ha afirmado el portavoz popular frente a la reforma de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura aprobada por el ministerio de Transición Ecológica que reducirá los caudales trasvasables hasta en un 40% en 2027 al aumentar los caudales ecológicos mínimos de este río.

Por último, el portavoz del PP en la Asamblea ha congratulado a Alpañez por decidirse a aprobar conjuntamente la ley de vivienda. “Desbloquear por fin una ley: esa es la forma responsable de gobernar del PP”, ha afirmado Segado, al tiempo que ha alentado a Vox a repetir la jugada con los presupuestos regionales.

Apareció en un ataúd metálico, sin fecha de defunción y sin identificar. Este primer dato, en apariencia inconsecuente, ha convertido a uno de los cuerpos del departamento de Anatomía de la Universidad de Murcia (UMU) en una momia extraordinaria. Dista mucho de aquellas que plagan el imaginario colectivo. Se trata de una momia corificada, que preserva los tejidos blandos, el pelo, y hasta el maquillaje: “Desde 1950 hasta día de hoy hay unas siete referencias académicas sobre este tipo de momia”, cuantifica el antropólogo forense Miguel Ángel Calderón. “Las momias corificadas son conservadas en un ambiente hermético -normalmente ataúdes metálicos de zinc o plomo-, y presentan un color entre amarillo y pardo, con muy buen mantenimiento de las estructuras anatómicas”, define el experto.

Calderón revela que la procedencia de esta momia, única en la Región, es todo un misterio: “Sabemos que estaba en el cementerio de Espinardo, pero no sabemos exactamente en qué circunstancias llegó allí”, explica. La única pista de su origen es el ataúd metálico que, tal y como apunta el antropólogo forense, indica que el cadáver posiblemente se preparó para un traslado internacional o entre comunidades autónomas. Nunca se sabrá si su destino final era el cementerio murciano, o si, por el contrario, era el punto de partida.

La conservación de este cadáver, de acuerdo con el antropólogo forense, dista mucho de las momificaciones en seco, “bastante comunes” en la Región de Murcia: “La momia que nos imaginamos todos se produce por deshidratación de los tejidos, la flora bacteriana no puede proliferar y la descomposición se detiene. Tenemos, por otro lado, la saponificación, en la que la grasa forma una especie de cera en las partes blandas, y que se suele ver en ahogamientos. Pero, en el caso de la corificación, se cree que se produce por una polimerización de las grasas tras preservarse el cuerpo en un habitáculo metálico”, compara.

“Las momias corificadas no están tan deshidratadas, pesan mucho más y se conservan mucho mejor habitualmente. Lo característico es que una vez que se ha producido la corificación, el cuerpo forma una coraza y preserva todo lo que hay en su interior”, detalla. Calderón reconoce que, debido a la falta de ejemplares bajo estudio, quedan muchas incógnitas abiertas sobre este proceso de preservación: “Falta todavía ver cómo interactúa el metal con la piel y la grasa del cuerpo. También se trata de un fenómeno difícil de identificar, al haber pocos casos”.

“En España apenas se ha encontrado este tipo de momia. Hay una muy interesante, que no se produjo en un ataúd, sino en un tanque de agua. El cuerpo se momificó de dos formas distintas: la parte que estuvo en contacto con el metal se corificó, y la que estuvo sumergida se saponificó”, describe.

“Al ser la mayoría de casos judiciales, no suelen salir a la luz. El último caso más característico de preservación del cuerpo -que no de corificación- tuvo lugar el año pasado, cuando se encontró una mujer en su domicilio, después de haber estado momificada durante más de diez años”, abunda.

El encéfalo, la clave para reconstruir la muerte

“Por la técnica de incisión y otros hallazgos que hemos encontrado, parece que la persona recibió asistencia médica antes de morir”, explica Calderón. El cadáver está parcialmente autopsiado, y al enterramiento solo ha sobrevivido un órgano, el encéfalo. Casualmente, contiene la mayor parte del relato sobre cómo falleció esta persona: “Simplemente, con este órgano sí que tendríamos justificada de alguna manera la causa de la muerte”. “Creemos que se produjo un sangrado a nivel cerebeloso. Ese sangrado habría crecido, aumentado de tamaño y bloqueado el sistema de drenaje de líquido cefalorraquídeo, al ser el cráneo una cavidad estanca”. La presión, relata el experto, empujó hacia abajo el encéfalo y parte del cerebelo comenzó a herniarse. Como consecuencia, se comprimió el bulbo raquídeo, lo que ocasionó la muerte por parada de la respiración autónoma.

“Cuando extrajimos el encéfalo de la momia, vimos que era de un color morado y de un tamaño muy reducido. Al rehidratarlo, tomó un aspecto más habitual, con el color grisáceo que suele tener el encéfalo. Todas las zonas excepto la del cerebelo, donde tuvo lugar la hemorragia”, abunda.

Esta secuencia de eventos produce una hemorragia muy concreta, conocida como de Duret, un sangrado del tronco encefálico que provocó que la víctima entrase en un estado de coma irreversible. En cortes macroscópicos, pudieron observar la evolución y recorrido del derrame en el cerebelo.

El estado de preservación del cadáver, indica, implicó que su análisis tuvo que llevarse a cabo desde un punto de vista multidisciplinar: “Este tipo de cuerpos [corificados] son infrecuentes, y es más inusual aún la práctica de un escáner. Por suerte, la Región de Murcia es la única comunidad que tiene un escáner destinado únicamente al estudio de cadáveres”, abunda Calderón.

“Encontramos múltiples incisiones que se corresponden con las técnicas habituales de embalsamamiento”. Esto, junto al estado de las glándulas ecrinas, informó al antropólogo forense de que posiblemente se le practicasen al cadáver técnicas de preservamiento entre las 72 y 86 horas después de su muerte.

Rehidratación de un cádaver momificado

Pese a que se conoce con bastante exactitud la relación de eventos que produjeron la muerte de este individuo, Calderón confiesa que es todo un reto determinar cuánto tiempo lleva fallecido. “Las técnicas forenses habituales quedan muy limitadas cuando hablamos de cuerpos con procesos conservadores como la momificación o la corificación”. Algo similar ocurre, explica, en el supuesto contrario, cuando la descomposición está muy avanzada, como puede ser en el caso de los restos óseos. 

“Estamos estudiando unas técnicas en la piel, es posible que pronto podamos dar con una estimación más adecuada de cuanto lleva fallecida esta persona”, ha adelantado. Durante la investigación también han estudiado distintos métodos para rehidratar un cadáver momificado de estas características, con resultados prometedores: “Hemos conseguido muestras con una estructura en la piel muy similar a la biopsia de una persona viva”, ha celebrado.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha llegado al Debate del estado de la comunidad autónoma con muchos frentes abiertos, pero sacando pecho de cifras y con un capazo de propuestas y promesas. “Confianza”, “certezas” y “estabilidad”, son las palabras que el presidente ha reiterado en un discurso en el que ha rehuido de hacer referencia de los titulares que han asolado a la Comunidad. Un debate que llega justo un mes después de la última sacudida política en la Región con la renovación del Gobierno murciano en plena crisis por el fraude de las prótesis vasculares.

Sin embargo, la única alusión del presidente al mayor escándalo sanitario de la historia murciana ha sido brindar su “respaldo” al manifiesto firmado este miércolespor los profesionales sanitarios de la Arrixaca: “[Los sanitarios] piden respeto y piden que se depuren las responsabilidades de las personas investigadas y acusadas por la justicia”, ha resaltado.

Así ha despachado la alargada sombra de la trama de las prótesis vasculares, que ha dejado un agujero en las arcas regionales de unos 6,9 millones de euros y trece investigados. Quedará por ver si, cuando llegue el turno de intervenciones de la oposición el próximo viernes, López Miras tendrá que tratar de convencer a sus adversarios políticos de que el fraude fue meramente económico, y que ninguna prótesis caducada llegó a implantarse en los pacientes. Una labor que ya tuvo que llevar a cabo la consejera de Salud en su comparecencia de la semana pasada.

Lo de las prótesis no ha sido el único escándalo sanitario de este año en la Región de Murcia. Un informe demoledor de Alianza por la transparencia, calidad y equidad en el cribado de cáncer de mama detectó un retraso “evitable” en el 10% de los diagnósticos de cáncer de mama en Murcia. El por entonces consejero, Pedreño, despachó el documento asegurando que el informe estaba “politizado”. Ahora, López Miras ha anunciado la inminente presentación del Plan Oncológico de la Región de Murcia: “Un compromiso adquirido con esta Cámara y en cuya elaboración han participado 168 profesionales del Servicio Murciano de Salud y Asociaciones de Pacientes”, ha definido.

“Su objetivo es claro: diagnosticar antes, agilizar la atención y ofrecer un mejor acompañamiento a pacientes y familias durante todo el proceso. Porque en cáncer ganar tiempo es ganar oportunidades de vida”, ha abundado.

Lopez Miras ha anunciado que la Región de Murcia dejará de ser una de las nueve comunidades autónomas que aún mantienen el copago a las ayudas de la ELA: “La campaña de bulos en torno al copago de las prestaciones de los enfermos es una indignidad, porque no es una imposición de ninguna comunidad autónoma, porque la única y exclusiva responsabilidad es del Gobierno de Sánchez, de su Gobierno y de su ministra de Sanidad”, ha reprochado. El copago está contemplado por la normativa estatal de la Ley de Dependencia, que prevé la financiación especial de 500 millones para la ley ELA.

“Normalidad democrática”

López Miras ha atribuido a su gobierno una “normalidad democrática”, y ha sacado pecho de las cuentas autonómicas: “Hemos aprobado anualmente los presupuestos generales de la Región de Murcia”, ha presumido. Pendientes todavía de aprobar los presupuestos de este 2026, el Ejecutivo confía tenerlos “antes de agosto”.

El presidente ha presumido también de datos de empleo: “Al inicio de esta legislatura contábamos con 660.000 ocupados y hoy superamos los 711.000 mil murcianos y murcianas más trabajando desde el inicio de la legislatura”. Respecto a la tasa de paro, ha bajado “dos puntos” en los últimos ocho años, de 126.000 personas sin empleo a 72.500.

El presidente ha nombrado, además, la estrategia de impulso al empleo presentada este mayo y que está dotada de 400 millones de euros para alcanzar los 730.000 trabajadores ocupados en 2029 y reducir la tasa de paro por debajo del 10 por ciento.

Respecto al PIB, la Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma que más ha incrementado su PIB en la última década, un 56%, “solo superados por Madrid y Baleares”. Según López Miras, la economía regional creció un 4,5% en 2025: “La cifra más alta de España, lo que refleja una economía más abierta y competitiva; basado en un modelo basado en la industria, el emprendimiento y la simplificación administrativa”. Y ha cifrado en 13.728 millones de euros las exportaciones el pasado ejercicio, un 30% más que antes de la pandemia. Más de cinco mil empresas de la Región vendieron sus productos en el exterior, ha señalado.

2.000 plazas para FP y secundaria

En educación, López Miras se ha comprometido a poner en marcha el Plan de Climatización 2026-2030, con una inversión de 89 millones de euros para que “todas las aulas de los centros educativos de la Región de Murcia cuenten con la temperatura adecuada”. Se trata de una reclamación histórica por parte de padres y de la comunidad docente: esta semana las familias de los estudiantes del IES Cañada de las Eras de Molina de Segura llevaron el problema del calor en las aulas al Defensor del Pueblo, después de no recibir una respuesta “efectiva” por parte de la consejería de Educación.

Al tiempo, López Miras ha anunciado el lanzamiento de 2.000 plazas para “Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos” en la convocatoria de oposiciones de 2027.

Deducciones fiscales

“Hay quienes piensan que los problemas se solucionan con nuevos impuestos y quienes pensamos lo contrario: que las familias saben cómo administrar sus recursos; y ese ha sido el camino seguido por su Gobierno”, ha continuado el presidente en su discurso. López Miras ha destacado que la Región de Murcia es una de las comunidades con más deducciones fiscales para familias, autónomos y clases medias. Y ha concretado que cerca de 800.000 contribuyentes se han beneficiado en la última campaña de la renta de las 27 deducciones autonómicas existentes, con un ahorro conjunto de 45 millones de euros.

“Conviene detenerse en ello porque hay miles de personas que encuentran en estas medidas una ayuda real para afrontar el día a día”, ha apuntado al tiempo que ha dado un dato: nueve de cada diez contribuyentes beneficiados por estas deducciones tienen bases liquidables inferiores a los 24.000 euros anuales.

El presidente regional ha anunciado la extensión de la la bonificación del 99% del Impuesto sobre Sucesiones a todo el grupo tercero de parentesco, mediante la incorporación al proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad. “Lo haremos progresivamente, empezando con un 25% de esa bonificación con aplicación inmediata”. La medida supondrá, según afirma, un ahorro de seis millones de euros y beneficiará a 3.200 ciudadanos. Una rebaja fiscal que ya se aplica, ha dicho, al impuesto de donaciones. “Avanzamos así en nuestro objetivo de que nadie tenga que pagar dos veces por el esfuerzo de toda una vida”.

El presidente ha concretado que 160.000 familias se han beneficiado de las bonificaciones en donaciones y sucesiones en la Región de Murcia. Y ha asegurado que el 97% de los expedientes corresponde a herencias inferiores a 50.000 euros, es decir, “a clases medias y trabajadoras que reciben el fruto de décadas de esfuerzo familiar”.

Con una frase, “libertad frente a intervención, crecimiento frente a conformismo”, ha querido resumir la política económica desarrollada durante los últimos años, “basada en generar confianza, reducir cargas para ciudadanos y empresas y construir una administración más cercana”.

40 millones en extinción de incendios

El Gobierno regional ha reforzado el sistema de emergencias y extinción de incendios con una dotación de 40 millones de euros, ha defendido López Miras, frente a los 28 del pasado ejercicio. Y ha previsto la incorporación de nuevos efectivos en las próximas semanas. El Ejecutivo ha subrayado la importancia de la planificación y la coordinación en la respuesta ante situaciones de riesgo e incendios.

En materia medioambiental, ha defendido la inversión de 306 millones de euros desde 2020 en la recuperación del Mar Menor y ha rechazado su utilización como elemento de confrontación política. Ha anunciado además nuevas actuaciones, como la licitación del Centro de Recuperación de Especies y la culminación de proyectos en El Carmolí.

López Miras ha vuelto a reclamar al Gobierno central mayor implicación en infraestructuras hidráulicas, energéticas y de transporte, así como la ejecución de obras pendientes en la Confederación Hidrográfica del Segura, la planificación de la red eléctrica y el avance en carreteras y autovías estratégicas para la Región.

Tras el escándalo del fraude de las prótesis vasculares en la Región de Murcia, la cúpula sanitaria, administrativa y gestora del Hospital Virgen de la Arrixaca ha defendido la “trayectoria ejemplar” del centro sanitario. Han rechazado “la presunta actuación irregular” de la trama, que afecta a la Sección de Radiología Vascular Intervencionista y al Servicio de Cirugía Cardiovascular.

“Rechazamos con firmeza la presunta actuación irregular de personas concretas, y compartimos la exigencia de transparencia y depuración de responsabilidades”, han reclamado en un comunicado. Al tiempo, han apelado a la “responsabilidad” y “rigor” de quienes realizan manifestaciones públicas, “con el fin de evitar mensajes que puedan generar desconcierto o alarma injustificada en la población”.

El manifiesto lo han firmado treinta y cinco jefes de los Servicios Médicos, cinco supervisores de Enfermería, once jefes de los Servicios Administrativos y quince miembros de la Dirección -entre ellos el gerente, Amancio Marín-, en representación de “los servicios asistenciales del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca”.

“El prestigio de este Hospital se ha construido durante más de cincuenta años y no pertenece a unas pocas personas; sino que es el resultado del esfuerzo, dedicación, sacrificio y vocación de generaciones de profesionales, consagrados al cuidado de la salud de todos los murcianos”, han recordado en el documento.

Los firmantes han recordado que el hospital tiene una “trayectoria ejemplar” de excelencia asistencial, docente e investigadora, reconocida a nivel regional, nacional e internacional, “procurando dar la mejor atención a pacientes de toda la Región, incluidos los de mayor complejidad y gravedad”.

El manifiesto concluye solicitando a las distintas administraciones públicas que pongan de su parte para la mejora del centro hospitalario: “Pedimos que desde las Instituciones se acometan en la Arrixaca todas las inversiones esperadas, y tan necesarias, para poder así afrontar los retos presentes y futuros con el máximo nivel de exigencia, y seguir dando a la sociedad murciana todo lo que espera de nuestro Hospital y sus profesionales”-

El mayor escándalo de la sanidad pública de la Región de Murcia ha dejado un agujero a los fondos públicos de 6,9 millones de euros y trece personas investigadas por delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal. Para materializar el fraude, la trama tenía distribuidas personas implicadas en la práctica totalidad del proceso de comercialización, compra e implantación de implantes vasculares. Algunos de los implicados eran personal de este centro médico, ahora apartados del servicio.

Su casero dejó de pagar la hipoteca, su vivienda acabó en manos de un fondo buitre y ahora tendrán que abandonar su hogar. Daniel y Aurora, dos vecinos del barrio murciano de La Paz, serán desalojados el próximo 30 de junio tras 19 años viviendo en su casa. Deberán abandonar el domicilio junto a sus tres hijos, uno de ellos con discapacidad: “De tres meses para acá nos encontramos en esta situación, hace un mes el juez dio la orden de desalojo”, lamenta Aurora.

Su calvario comenzó hace tres meses, y desde el mes pasado tienen orden judicial de desalojo: “Un agente inmobiliario llamó a la puerta de nuestra casa, a decirnos que nosotros somos okupas y que venían a cambiar la cerradura”, relata Daniel. La pareja no es morosa, están al día con el pago del alquiler, y de las facturas de luz, agua y la comunidad. Les desahucian, explican, porque el juez no admite la validez de su contrato de alquiler: “Supuestamente, no está en el Registro de la Propiedad, pero hemos ido múltiples veces allí a sacar copia simple del contrato”, denuncia Aurora.

Por el momento, si nadie lo impide, esta familia deberá abandonar su hogar el próximo 30 de julio, cuando tendrá lugar un desahucio forzoso: “Les da igual que haya niños y que el mayor tenga discapacidad, la documentación -las facturas y el contrato de alquiler- tampoco les ha valido”, lamenta Daniel. “No queremos que nos regalen el piso ni quedarnos como okupas, como ellos nos llaman”, aclara.

“No encontramos un piso donde podamos caber los cinco. Los precios para una vivienda de una o dos habitaciones son muy exagerados, si pagamos un alquiler ya no nos queda para poder sobrevivir”, explica.

De acuerdo con Aurora, la pareja ha intentado en múltiples ocasiones negociar una alternativa con el fondo de inversión, sin éxito: “No me dan plazo para buscar algo adecuado a donde irme con mi familia. Queremos que nos dejen pagarles el alquiler a ellos [al fondo de inversión] o que le pongan precio a la vivienda y tengamos opción de compra. Tras 19 años pagando, es lo justo”

“No es un caso aislado”

Extinguen sus contratos de alquiler, la vivienda cae en manos de un fondo buitre y este la alquila por habitaciones. La asociación de vecinos de La Paz denuncia que el caso de Daniel y Aurora no es excepcional, y que la especulación de la vivienda está troceando su barrio.

“Están echando a personas con muchos años aquí en el barrio, pese a que han demostrado que están pagando religiosamente”, señala Pedro Crespo, presidente de la asociación de vecinos. “Los fondos buitre están comprando viviendas, las arreglan un poquito y no las venden, las alquilan por habitaciones”, explica Crespo.

“Piden hasta 350 euros por una habitación en la que apenas coge una persona, porque son de 48 metros cuadrados las viviendas del barrio”, abunda. La Paz es un barrio humilde, de acuerdo con el INE, su renta media anual no llegaba a los 6.000 euros en 2024. Pero el presidente de la asociación de vecinos asegura que atrae a fondos de inversión por su situación céntrica: “Andando recorres toda Murcia desde aquí”.

“[La Paz] se está convirtiendo en un barrio donde impunemente se echa a la gente y se está haciendo negocio, y esto hay que cortarlo”, urge Crespo, que alerta de que “en muy poco tiempo” se ha desalojado a cuatro familias, y que les consta que otra quincena ya cuenta con orden de desahucio“.

“Existen irregularidades en la totalidad de la muestra”. Así concluye un informe de la UDEF tras analizar 30 intervenciones quirúrgicas realizadas en un hospital concertado entre 2019 y 2025 por R.T.M. a pacientes derivados por el Servicio Murciano de Salud (SMS). Según el documento, al cotejar los informes de alta con los partes quirúrgicos se descubrieron discrepancias sistemáticas entre el material efectivamente utilizado y el facturado.

De acuerdo al informe de la UDEF, se han detectado un total de cinco productos etiquetados de Logimed “que a la fecha de implantación se encontraban caducados”. E identifica un historial en concreto en cuya alta “se le pone una prótesis y en el parte quirúrgico constan dos, estando ambas caducadas”.

En los cuatro casos restantes de etiquetas caducadas, “al existir más productos pagados que utilizados, no puede saberse con seguridad si se han utilizado los caducados o no, debido a la ambigüedad con que se rellena el parte de alta”, advierten los investigadores.

En su investigación, la UDEF destaca que “al encontrarse los productos manuscritos, estos carecen de información importante como el fabricante o la fecha de caducidad”; lo que, a juicio de la policía, dificulta la “correcta trazabilidad” de los mismos.

La investigación sostiene que en las 30 operaciones examinadas solo constan 17 prótesis realmente implantadas, mientras que se habrían facturado otras 165 que no fueron utilizadas. El informe cifra el perjuicio económico detectado en la muestra en 347.097 euros y señala que, de extrapolarse estos resultados al conjunto de las 492 intervenciones realizadas durante el periodo analizado, el importe podría acercarse a los cinco millones de euros. El informe cita cuatro empresas cuyos materiales aparecen reflejados en la documentación examinada por los investigadores.

La UDEF ha solicitado, señala el informe, a los fabricantes y distribuidores de los productos manuscritos “que procedan a obtener a través de los números de lote la caducidad y datos importantes de dichos productos”. Y elevan a 59 los productos facturados y caducados de una de las empresas investigadas.

En el caso de las hojas de implante de Logimed, los investigadores afirman que “se observan referencias manuscritas que son utilizadas para la adquisición de productos completamente diferentes a los referenciados”, una práctica que, según el informe de la UDEF, añade aún más dificultades para reconstruir qué material se utilizó realmente en cada intervención. Por ello, los agentes consideran necesario “cruzar la información entre el SMS y las facturaciones del proveedor para saber qué se ha utilizado con cada paciente”.

En concreto, el informe señala que en la documentación de Logimed “se han utilizado referencias manuscritas de prótesis, concretamente de BGP y BGA, ambos productos homologados, para la adquisición, principalmente de productos fungibles”, cuyo coste es muy inferior al de las prótesis a las que hacen referencia.

La propia UDEF admite que estas discrepancias dificultan en ocasiones determinar con exactitud qué producto fue implantado. Los investigadores describen casos en los que el informe de alta médica recoge la colocación de una única prótesis vascular, mientras que en los partes quirúrgicos o en las hojas de implante de distintos proveedores aparecen hasta ocho referencias diferentes. Esa situación impide identificar con certeza cuál de ellas se utilizó realmente, apuntan. No obstante, el informe subraya que la duda desaparece en aquellos expedientes en los que consta expresamente que no se implantó ninguna prótesis y, pese a ello, sí aparecen productos de este tipo facturados.

Un fraude de 6,9 millones

Lo que es ya considerado como el mayor escándalo de la sanidad pública de la Región de Murcia ha dejado un agujero a las arcas públicas de 6,9 millones de euros y trece personas investigadas por delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delitos contra la salud pública y de pertenencia a organización criminal. La trama tenía repartidos implicados en la práctica totalidad del proceso de comercialización, compra e implantación de implantes vasculares.

La investigación ha revelado que implicados en el fraude pudieron interferir en concursos públicos. Tuvieron lugar comunicaciones entre el por entonces comercial de Logimed y el antiguo responsable de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI), la central de compras del SMS. El representante de la UAI habría enviado de forma exclusiva al excomercial el borrador de los pliegos del concurso de las endoprótesis de aorta, urgiéndole a revisarlo antes de mantener una reunión posterior para abordarlo de manera conjunta.

En concreto, el marco de la investigación se centra en la compra con sobreprecios de prótesis vasculares. En ocasiones, estos productos carecían de homologación o estaban caducados. La Consejería de Salud continúa insistiendo en que el fraude es meramente “económico”: “No se ha constatado que existan episodios clínicos que estén relacionados con la implantación de material que no sea adecuado”, han reiterado a este diario. “Desde el servicio sanitario correspondiente se han revisado las historias clínicas, y se sigue revisando de forma exhaustiva a los pacientes que fueron atendidos por el médico implicado”.

La Policía Nacional de Cartagena ha detenido a un hombre con cinco órdenes de búsqueda judiciales en vigor y una policial como presunto autor de diversos delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, quebrantamiento de condena y daños. En el último episodio antes de su detención, fracturó la luna delantera del vehículo de su expareja.

La detención ha sido fruto de una investigación desarrollada durante varios meses por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaria de Cartagena, que permitió tras numerosas gestiones, indagaciones y diligencias policiales localizar al investigado y dar cumplimiento de los requerimientos judiciales que pesaban sobre él.

Para eludir a la justicia, el detenido cambió constantemente de domicilio y número de teléfono. En concreto, a los agentes les constaban al menos seis domicilios diferentes repartidos por toda la geografía de la Región de Murcia, desde Abarán hasta la zona de La Manga del Mar Menor. Para desplazarse sin ser visto, llegó a viajar en el interior de maleteros.

Para el dispositivo de detención fueron necesarias varias unidades de la Policía Nacional, donde participaron una veintena de agentes, debido al alto riesgo de fuga del autor, que no dudó en trepar por las fachadas y terrazas para evitar la acción policial 

Finalmente el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial y se ha decretado su inmediato ingreso en prisión.

La comparecencia en el Parlamento murciano de la consejera de Salud de la Región de Murcia, Isabel Ayala, por el escándalo del fraude en las prótesis vasculares, ha sido una reiteración del relato que la Consejería ha mantenido desde que el caso salió a la luz. En el hemiciclo el ambiente ha sido bronco, la presidenta de Asamblea Regional, Visitación Martínez, ha tenido que pedir silencio en la totalidad de las intervenciones.

La consejera ha defendido que el caso se destapó gracias “al exhaustivo trabajo del Servicio de Inspección de Centros y Servicios Sanitarios” del SMS. Ha ido más allá, declarando a Salud “víctima” del presunto fraude.

Pese a que el fraude se extendió en el tiempo durante más de una década, Ayala ha defendido que el destape de la trama demuestra que “los sistemas de control interno funcionan”: “Desde el Área uno, donde se detectaron estas supuestas irregularidades, rápidamente se pusieron en manos de la Inspección de Centros para la realización de una auditoría interna y posteriormente se trasladó a la autoridad judicial para que continuara la investigación”. Tal y como reconoce la propia consejera, la auditoría interna no tuvo lugar hasta noviembre de 2024.

Tras esa investigación interna, recuerda, se cesaron a dos responsables de la Unidad de Aprovisionamiento Integral y al jefe de Sección de Radiología Vascular e Intervencionista del Área uno: “Se acometió una importante renovación de diversos puestos del Servicio Murciano de Salud para reforzar los controles en este tipo de procedimientos. Hemos actuado con diligencia y transparencia”, ha defendido.

“Hay 13 personas investigadas y saben que entre ellos no hay ningún cargo político. Dejen a la Fiscalía y al juez que haga su trabajo y dejen de confundir a la población”, ha insistido.

Fraude “económico”

Ayala ha recalcado que el fraude es puramente “económico”, y que se limita a la adquisición y facturación de material sanitario“ y ha reiterado que ”no se ha constatado que existan episodios clínicos que estén relacionados con la implantación de material caducado“. En sus investigaciones, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional detectó la implantación de, al menos, un 'stent' caducado a un paciente. Este hallazgo tuvo lugar después de que la Policía Nacional analizase solo 8% de las 492 intervenciones que practicó uno de los cirujanos implicados en la trama. 

También ha explicado que las prótesis no homologadas son “seguras”: “El hecho de que el material implantable no esté homologado no significa que no sea válido y que no se pueda usar en los pacientes. Son perfectamente viables para implantarse porque están autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios”

Un informe interno de inspección alertaba del “grave riesgo para los pacientes” por el uso de prótesis homologadas por parte de la trama, no porque sean inseguras, sino porque se utilizaron para inflar los precios en la facturación. Para poder materializar el fraude recogían en la facturación el producto más caro sin homologar, e implantaban el producto homologado. El peligro que esto suponía para el paciente, detalla el documento, reside en las discrepancias entre lo facturado en el programa de gestión económica -conocido como SAP- y la historia clínica del paciente. Ante una alerta sanitaria decretada por la Agencia Española del Medicamento, se vería comprometida la trazabilidad del producto.

Ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la población, recordando que desde el servicio sanitario correspondiente “se han revisado las historias clínicas” de los posibles pacientes afectados: “Como saben, se sigue revisando de forma exhaustiva a los pacientes que fueron atendidos por el médico implicado en un centro concertado y no se ha constatado que existan episodios clínicos que estén relacionados con la implantación de material caducado”.

La consejera ha aprovechado su intervención para adelantar la creación del Registro Regional de Prótesis Implantables “como elemento fundamental en la trazabilidad”. Asimismo, desde 2025 “se ha reforzado el servicio de Inspección sanitaria con la incorporación de 15 profesionales más”, entre inspectores, médicos, farmacéuticos y enfermeros. Además, se ha puesto en marcha dentro del Servicio de Inspección Sanitaria una unidad específica “para reforzar el control económico del Sistema Regional de Salud, con cuatro inspectores dedicados en exclusiva a este asunto”.

Respecto a la oposición, les ha acusado de instrumentalizar el fraude de las prótesis con fines políticos: “Les pido que dejen de hacer su trabajo a la policía y a la justicia en lugar de pretender utilizar la salud de las personas como una herramienta política”.

“Es una irresponsabilidad que solo se puede entender desde el intento de desviar la atención de la corrupción que invade al Partido Socialista”, ha concluido.

La comparecencia, un día más tarde

En teoría, la consejera debería haber comparecido el pasado jueves. Los socialistas modificaron el orden del día con los votos a favor de Podemos, Izquierda Unida y Vox con el fin de incluir la comparecencia de Ayala. El cambio se vio frustrado tres horas después del inicio del pleno, cuando la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, levantó la sesión prematuramente, alegando la disposición de la consejera. “Si ayer me hubieran convocado con normalidad cuando estaba en el Pleno y no aprovechando que ya me había ido, habríamos solventado esta comparecencia”, ha reprochado este viernes.

Martínez leyó un escrito de Ayala, en el que esta señaló que había sido informada de la votación una vez había abandonado la Asamblea tras responder a las preguntas parlamentarias, y ha defendido que, si existía interés en su comparecencia, la modificación del orden del día debía haberse planteado mientras permanecía en el hemiciclo. Tras la suspensión, se agendó la comparecencia para este viernes.

“Miente abiertamente”

La oposición en su conjunto ha cuestionado que ningún órgano político supiera de una trama de esta envergadura: “Usted ha sido gerente del Servicio Murciano de Salud desde septiembre de 2023 hasta el pasado mes, y como tal, era usted la responsable del aprovisionamiento de material y autorización de los planes de pedidos, y entre otras cuestiones, responsable de comprar las prótesis cardiovasculares”, le ha recordado la diputada del Grupo Parlamentario Socialista María Soledad Sánchez Jódar.

En esta línea, la portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, María Marín, ha acusado a toda la cúpula del SMS y al presidente regional, Fernando López Miras, de mentir “abiertamente” en el pleno de control del pasado jueves, y ha apuntado asimismo hacia el exsecretario general técnico del Salud y actual consejero de Fomento, Jorge García Montoro, cuyo nombre aparece en los correos intervenidos por la UDEF. “Ustedes conocían perfectamente el abuso de los contratos sin procedimiento de licitación pública. Contratos y concursos a dedo a los que se han desviado cientos de millones de euros y que han permitido la existencia de algo tan oscuro y sucio como la trama de las prótesis. Y las que están por venir, porque esto es solo la punta del iceberg”, ha proseguido.

Por su parte, el diputado de IU José Luis Álvarez-Castellanos, ha preguntado a Ayala si el SMS “ha revisado a todos los pacientes” que se han podido ver afectados por la trama. “¿Está en condiciones de asegurar aquí públicamente de que no hay ningún riesgo de que alguien pueda tener un implante caducado?”.

A las 10 de la noche de este jueves está prevista la llegada a Cartagena de un buque que parte desde el puerto de Ashdod, en Israel, cargado con ácido fosfórico para la filial israelí de ICL ubicada en Totana, según ha denunciado el movimiento propalestino BDS Murcia. Fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia sostienen que al buque “se le pedirá la documentación y se aplicará el protocolo”: “En el caso de que la carga esté contemplada dentro del decreto de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, se actuará en consecuencia”.

Desde BDS Murcia aseguran que las 2.010 toneladas de ácido fosfórico que carga el buque provienen del territorio palestino ocupado del Negev. Bajo este supuesto, el cargamento podría ser objeto de embargo, de acuerdo con el Real Decreto Ley 10/2025 por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. El texto estipula la “prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en los territorios palestinos ocupados”.

Sin embargo, cuando el pasado año tuvo lugar un supuesto similar, no se produjo la retirada del cargamento. En septiembre de 2025 atracó el buque Trans Tind al muelle Príncipe Felipe del Puerto de Escombreras de Cartagena, con 4.768 toneladas de ácido fosfórico destinado también para ICL. Desde Delegación del Gobierno sostuvieron que la carga del barco estaba destinada a uso agrícola y que no estaba previsto su uso armamentístico. Además, negaron que el fósforo hubiese sido extraído de territorios ocupados por Israel. Lo mismo ocurrió dos meses después, en diciembre de ese mismo año,

Para la organización pacifista, “la llegada de barcos como el Chemical Luna demuestran que por el momento no existe un control real sobre el negocio que nutre la maquinaria bélica israelí, ni sobre las empresas que se benefician de la ocupación y el genocidio que está perpetrando Israel en la franja de Gaza”.

“A razón aproximada de un barco al mes, ya son más de quince los buques que este último año han transportado este tipo de productos químicos a Cartagena desde Ashdod (Israel)”, ha detallado BDS.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha referido a través de X al atraque previsto del barco en la ciudad portuaria. Belarra, quien ha criticado que “el Gobierno se llena la boca con que es el que más hace por Palestina”, ha pedido romper “con todas las relaciones con los genocidas”.

La organización pacifista ha insistido en que ICL, empresa con sede central en Tel Aviv y controlada por Israel Corporation, aprovecha la ocupación militar en la zona del Mar Muerto para obtener beneficios de la extracción de minerales presentes en dichas tierras, entre los que destacan rocas de fosfatos: “Precisamente, es la filial de ICL en EE.UU la que provee de fósforo blanco a Israel, el mismo que luego es utilizado para fabricar las bombas usadas en Gaza, tal y como reporta Amnistía Internacional”, han detallado.

Ante la llegada del carguero, colectivos sociales como BDS, el colectivo PLRM, y Extinction Rebellion han convocado una protesta este viernes 19 de junio a las 17:00 horas en la Explanada del puerto de Cartagena para exigir la paralización del desembarco.

Por sorpresa y con intención de abordar la trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud (SMS), el PSOE ha intentado forzar este jueves la comparecencia de la consejera de Salud, Isabel Ayala, en la Asamblea Regional de Murcia. La modificación del orden del día, que ha salido adelante con los votos a favor de Podemos y de Vox, se ha visto frustrada a última hora.

Tras tres horas de pleno, y cuando le habría tocado el turno de palabra a la consejera, la presidenta de la Cámara regional, Visitación Martínez, ha dado lectura a un escrito remitido por Ayala en el que esta ha señalado que había sido informada de la votación una vez había abandonado la Asamblea tras responder a las preguntas parlamentarias, y ha defendido que, si existía interés en su comparecencia, la modificación del orden del día debía haberse planteado mientras permanecía en el hemiciclo.

Ante ello, la consejera ha mostrado su disposición a comparecer “en sede parlamentaria por los cauces adecuados”, y la presidenta de la Asamblea Regional ha suspendido la sesión, lo que ha sido recibido con gritos de indignación tanto en la bancada socialista como en la del Grupo Mixto y Vox.

Pese a la indignación de la consejera, la estrategia de los socialistas no es ninguna novedad en el Pleno murciano y cuenta con el amparo del reglamento de la Asamblea. Semanas atrás fueron los propios populares los que modificaron el orden del día de un Pleno de control para incorporar la convalidación del decreto de ELA y el decreto para el pago de las subvenciones a organizaciones del tercer sector. La diferencia entre ambos movimientos reside en que el PP planteó esta propuesta antes del inicio del debate, mientras que los socialistas han presentado la modificación del orden del día cuando ya estaba avanzado y se habían formulado seis preguntas a los distintos consejeros, entre ellos Ayala.

Esta petición de comparecencia se produce a menos de un mes de la toma de posesión de la consejera, que ha sustituido en el cargo al consejero de Salud, Juan José Pedreño. Una reestructuración que ha coincidido con la investigación sobre la presunta trama de prótesis en el Servicio Murciano de Salud (SMS) en la que se habrían facturado prótesis caducadas, mediante irregularidades en los sistemas de compra y registro.

De acuerdo con el reglamento de la Asamblea, la presidenta de la Cámara “podrá suspender o levantar las sesiones cuando se produzcan incidentes que impidan la normal celebración de estas”. La sesión se reanudará este viernes 19 de junio, se espera que tenga lugar la comparecencia de la consejera con total normalidad.

Una “espantada en toda regla”

Los socialistas han celebrado que, finalmente, este viernes intervendrá la consejera: “Deberá dar explicaciones”, han advertido, un hecho que han atribuido a “la presión ejercida” por “los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, del grupo Mixto y del Grupo Vox”.

Por su parte, la portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea regional, María Marín, ha calificado la actitud de la consejera de “espantada en toda regla, para no dar explicaciones de la trama” a pesar de que se ha ordenado su comparecencia cumpliendo con el reglamento, ha valorado. “Ha salido huyendo a la carrera para evitar dar cuentas, y lo ha hecho con la complicidad del PP y de la presidencia de la Asamblea”, ha continuado Marín. “Una vergüenza más en este escándalo”, ha dicho, “que demuestra que el PP es un partido que miente por sistema”.

“Si no hay políticos implicados, y todo se ha hecho correctamente, por qué se esconden”, ha reflexionado la diputada de Podemos al tiempo que ha recordado que la consejera Ayala ocupó el cargo de directora gerente del SMS “mientras la trama saqueaba sus arcas y jugaba con la vida de cientos de pacientes”. En su opinión, una consejera “que se niega a dar la cara en la sede de la sobería de la Región no puede seguir ni un minuto más en su puesto, debería dimitir hoy mismo”. Marín ha adelantado, además, “que pediremos la reprobación de la presidenta de la Asamblea por convertirse en cómplice y encubridora de esta fuga”.

Un fraude de 6,9 millones de euros

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha ampliado su alcance más allá del supuesto fraude económico de 6,9 millones de euros detectado en la facturación de material sanitario. Los agentes investigan ahora posibles irregularidades en los procedimientos de contratación pública, tras detectar indicios de que responsables de la central de compras del SMS habrían facilitado borradores de pliegos de licitación a representantes de empresas del sector antes de su publicación oficial.

Según el atestado policial, uno de los comerciales investigados habría introducido modificaciones en las características técnicas y en la configuración de varios lotes de un concurso de endoprótesis de aorta, cambios que posteriormente habrían sido incorporados al expediente. La causa, que ya cuenta con once detenidos y dos personas investigadas, también analiza la presunta adquisición de implantes caducados o sin homologación, así como discrepancias entre la documentación clínica de los pacientes y las facturas emitidas. Desde la Consejería de Salud han insistido desde un principio en que fue la propia inspección sanitaria la que derivó la causa a Fiscalía.