Las consecuencias de la implosión del partido de Vox en la Región de Murcia cada vez saben más a detonación controlada. El antiguo líder de los de Abascal en la Comunidad José Ángel Antelo ha terminado compartiendo grupo parlamentario con los diputados de Podemos e Izquierda Unida-Verdes en la Asamblea Regional. Y desde hace dos semanas, con la incorporación de otra ex de Vox al Grupo Mixto, Virginia Martínez, la formación ha caído en una suerte de empate técnico. A la vuelta del verano, tendrán posiblemente a Antelo como portavoz.

El Grupo Mixto en la Asamblea Regional ya tiene una propuesta de reglamento que establecerá las reglas internas. Dicho Grupo tendría que haber presentado su reglamento a la Mesa el pasado jueves, pero no fue posible, ya que Antelo manifestó su desacuerdo porque quería contar con la portavocía y lo que consideraba “un reparto equitativo de los recursos, los espacios y los tiempos de intervención”. Ante la falta de consenso, el reglamento quedó en manos de la Mesa, donde los del PP tienen la mayoría, al estar formada por tres diputados populares y dos del PSOE.

Entre otros aspectos, la propuesta de la Mesa contempla una portavocía rotatoria entre sus miembros por orden de antigüedad que se irá alternando en los diferentes periodos de sesiones y en la que no puede repetir quien ya haya ejercido esas funciones. Esto implica que la actual portavoz del Grupo Mixto, la diputada de Podemos María Marín, deberá abandonar su puesto de inmediato. Le sustituirá su compañero José Luis Álvarez-Castellanos, que ejercerá esta labor hasta julio, a menos que se la ceda a Marín. A la vuelta del verano, le llegará el turno de Antelo hasta enero, cuando Martínez le suceda o decida traspasársela al antiguo líder de Vox. Las elecciones regionales tendrán lugar el próximo mayo de 2027, por lo que el ex de esta formación de ultraderecha podría convertirse en portavoz del Grupo Mixto hasta entonces.

Los integrantes de la Mesa, junto al personal jurídico de la Cámara, deben casar en el reglamento las peticiones de todo los integrantes del Grupo Mixto, pero Marín ha denunciado que se trata de un reglamento “hecho a la medida del señor José Ángel Antelo”: “Se han comprado dos diputados”. Tal y como establece el borrador del reglamento, las mociones y proposiciones no de ley del Grupo Mixto deberán estar suscritas por su portavoz.

“Un tránsfuga que no representa a nadie”

Marín ha señalado que se le va a dar la portavocía del Grupo Mixto el próximo septiembre a un “tránsfuga que no representa a nadie”: “Esto es un veto diseñado específicamente contra mi persona y que, además, se nos impone sin permitir que la Junta de Portavoces pueda ni siquiera votar otra alternativa”.

Tras este movimiento, Marín ha apuntado que el PP quiere desatascar con los votos de los ex de Vox iniciativas como la Ley de Vivienda y la reforma de la Ley del Mar que, hasta ahora, no han logrado a convencer a los de Abascal: “[El reglamento del Grupo Mixto] es el pago del Partido Popular a los dos tránsfugas”.

La propuesta ha tomado como referencia el reglamento que se estableció para el Grupo Mixto la pasada legislatura. Tras la moción de censura fallida presentada por PSOE y Ciudadanos en 2021, los diputados naranjas que se mantuvieron fieles a su partido tuvieron que pasarse al Grupo Mixto después de que lo tomasen los tránsfugas. En ese momento tampoco hubo acuerdo entre los miembros del Grupo, por lo que la normativa quedó en manos de la Mesa. El texto estableció una portavocía rotatoria, en la que se turnaban en orden alfabético.

Respecto a las intervenciones en los Plenos, la propuesta del reglamento señala que, si los miembros del Grupo Mixto así lo acuerdan, podrá intervenir un solo diputado en las sesiones de la Cámara, quien contará con el mismo tiempo que el resto de parlamentarios. Previsiblemente, el tiempo de intervención será asignado “a partes iguales entre todos sus integrantes presentes al comienzo de la sesión, que harán uso de la palabra sucesivamente por orden alfabético de primer apellido”. Esto supone que los dos diputados de Podemos e IU, de distintas formaciones políticas, tendrán el mismo tiempo de intervención que los dos antiguos parlamentarios de Vox.

Lo mismo ocurre con la subvención asignada al grupo parlamentario, que queda establecida en 19.940 euros al mes y distribuida al 50% entre ambas partes. A esto hay que sumarle la cantidad de 20.814,89 de euros, de acuerdo con los ajustes que deben realizarse en la subvención correspondiente a los meses de marzo y abril por la entrada al grupo de Antelo y Martínez.

Cruce de acusaciones entre PSOE y Podemos

La propuesta del reglamento del Grupo Mixto se ha aprobado por unanimidad en la Mesa, con los tres votos del PP y los dos del PSOE. Esto ha motivado el reproche de los diputados de Podemos e IU a los Socialistas, a los que han acusado de “pactar con el PP para ocultar el trabajo de la única oposición real que la derecha tiene en la Asamblea”: “El PSOE ha unido sus votos al PP”, ha denunciado Marín.

Tras esto, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha acusado a Marín de mentir: “El PSOE no ha pactado nada con el PP. El reglamento del Grupo Mixto ni siquiera está aprobado”. “Habéis aprobado con el PP una propuesta que me veta como portavoz y da la portavocía del Grupo Mixto a un ultraderechista como Antelo el último año de legislatura. Si eso ya era grave, mentir os deja aún peor”, ha replicado Marín.

La crisis interna de Vox está permeando en todos los niveles organizativos de la formación en la Región de Murcia. Este jueves, su coordinadora en el municipio murciano de Campos del Río, Marisa Ruiz Abenza, ha presentado su dimisión. Con su salida queda extinta la formación política en esta localidad, al menos hasta que se asigne otro coordinador: “Quiero informar públicamente mi decisión de abandonar Vox y desvincularme completamente de cualquier responsabilidad, actividad o relación con este partido político”.

Ruiz Abenza también ha manifestado su falta de identificación “con el proyecto y con la manera en la que se están gestionando determinadas cuestiones”, en una referencia velada a la expulsión del antiguo líder de Vox José Ángel Antelo el pasado febrero.

La excoordinadora de Vox en este municipio murciano dimite “por coherencia personal” y por respeto a sus principios y valores: “Considero que lo más honesto es dar un paso al lado y cerrar esta etapa de manera definitiva”. El anuncio se ha producido una semana después de que Abenza se reuniese con el actual presidente provincial de Vox, José Manuel Pancorbo, y otros coordinadores del partido en Abarán.

Se trata de la segunda salida de Vox en la Región esta semana. María Guerrero, edil de la ultraderecha en el Ayuntamiento de Murcia, hizo pública su salida del partido este miércoles a través de la red social X: “Con mucha tristeza escribo este comunicado, pues actualmente no reconozco a mi partido y continuar en él sería avalar unos comportamientos que no comparto”, ha escrito explicando las razones de su dimisión. Su intención es continuar como concejala no adscrita en el Consistorio de la capital murciana.

Guerrero compartía los sentimientos que ahora manifiesta Abenza, asegurando que la cúpula del partido “está tomando una deriva que no concuerda con los valores y principios que compartía y por los que me afilié”.

Los antiguos parlamentarios de Vox en la Asamblea de la Región de Murcia, José Ángel Antelo y Virginia Martínez, han exigido este martes el cese “inmediato” del portavoz del partido en Murcia y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, Luis Gestoso, tras la dimisión de una de las concejalas de la formación de Abascal en el consistorio de la capital, María Guerrero. Los ex de Vox han asegurado que la dirección nacional conocía “supuesto maltrato” a la que estaba siendo sometida la concejala.

“Se miró hacia otro lado. No se actuó ante un posible caso de acoso ni ante un supuesto maltrato. Y no se hizo por una sencilla razón: Luis Gestoso es amigo personal de Santiago Abascal”, ha manifestado Antelo.

A su salida, la concejala ha denunciado una situación “insostenible” en el ayuntamiento propiciada por Gestoso: “Informé debidamente al partido del trato recibido por parte del portavoz, carente de la más mínima educación y respeto hacia mi persona, en aras de obtener respuesta y buscar una solución de forma interna sin perjudicar al partido en ningún momento. Lamentablemente, no fue así”, ha relatado.

Antelo y Martínez corroboran el testimonio de Guerrero, y han señalado que era conocido en el seno del Ayuntamiento de la capital murciana el trato “vejatorio, humillante y misógino” hacia la concejala. Según los diputados, la situación era “vox populi” tanto dentro del partido como en el propio Ayuntamiento de Murcia, siendo notoria, aseguran, entre funcionarios municipales y miembros de otros grupos políticos: “[Las acusaciones] no pueden seguir siendo tapadas ni ignoradas por la dirección nacional del partido”. De acuerdo con los ex de Vox, este trato vejatorio por parte de Gestoso lo habrían sufrido también “otros concejales y vocales del Ayuntamiento de Murcia”.

Por todo ello, los nuevos integrantes del Grupo Mixto han exigido no solo el cese inmediato de Luis Gestoso, sino también la asunción de responsabilidades políticas por parte del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y de la secretaria general adjunta, Montserrat Lluís, a quienes acusan de haber tenido conocimiento de la situación y haberla “ocultado o tolerado”.

Desde el Comité Ejecutivo Provincial de Vox en Murcia han cerrado filas en torno a Gestoso: “El CEP traslada su más firme apoyo a los concejales que continúan integrando con lealtad el Grupo Municipal y a su portavoz, Luis Gestoso”.

En un comunicado, han acusado a María Guerrero de transfuguismo, y “secuestrar así el acta de concejal por la que fue elegida bajo las siglas de Vox”.

Ni ropa tendida, ni bombonas de butano, ni colchones. El Ayuntamiento del municipio murciano de Lorca prohíbe los tendederos y otros enseres que puedan perjudicar la estética de las fachadas de sus edificios. La medida, impulsada por PP y Vox, multará con hasta 1.500 euros a los incumplidores. El alcance de la nueva norma va más allá de los balcones, también se castigará “toda clase de actos o conductas que afecten negativamente a las características estéticas de los inmuebles y del entorno urbano, provocando su degradación”.

La modificación se aprobó el pasado 27 de abril con los votos favorables de PP y Vox y la abstención de IU-Verdes y PSOE. El nuevo texto modifica la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales, vigente desde el año 2010: “Esta actualización normativa responde a una demanda creciente trasladada por vecinos, colectivos sociales y asociaciones ciudadanas, que vienen reclamando una regulación más concreta frente a situaciones que deterioran la imagen urbana y generan sensación de abandono en distintos barrios y zonas del casco urbano”, ha defendido el alcalde del municipio, el popular Fulgencio Gil.

Los residentes en Lorca tendrán un mes para retirar los elementos antiestéticos de sus fachadas. De no cumplir con la nueva normativa, podrán enfrentarse a sanciones por infracciones leves que oscilan entre los 151 a 750 euros, una cifra que asciende hasta los 1.500 euros en las faltas graves.

Entre las sanciones leves se contempla tender ropa en las barandas de los balcones o acumular enseres tales como “colchones, somieres, bombonas de butano así como cualquier otro elemento ajeno al uso propio de este espacio de la vivienda”. También hay normativa específica para los comercios, que deberán “retirar la cartelería, toldos, placas y banderolas” una vez hayan cesado su actividad.

Entre las graves ,figura la instalación de tendederos en la fachada principal de los edificios y la no retirada de aparatos de aire acondicionado o salidas de humos en las fachadas de los edificios que se encuentren en mal estado de conservación.

Ciudades como Madrid o Barcelona ya prohíben tender la ropa en los balcones de las fachadas principales de los edificios. En concreto, en la capital de España, la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano establece que “queda prohibido tender ropa o cualquier otro objeto en las fachadas de los edificios que den a la vía pública”.

“Anomalía [de] baja sospecha”. Para Fulgen, de 63 años, estas fueron las tres palabras que retrasaron medio año su diagnóstico de cáncer de mama. Se lo detectaron en la revisión intermedia, una mamografía adelantada. Según un informe de la Alianza por la transparencia, calidad y equidad en el cribado de cáncer de mama, en la Región de Murcia cerca del 10% de los cánceres de mama detectados en el Programa de Cribado de Cáncer de Mama (PCCM) podrían haberse diagnosticado con un retraso evitable. En total, se estima que entre 150 y 180 mujeres han recibido un diagnóstico tardío en los últimos diez años.

El sistema murciano de cribados suspende si se le compara con la media nacional: en España el diagnóstico precoz es de cuatro por cada mil mujeres cribadas, mientras que en la Comunidad apenas ha logrado sobrepasar los tres por cada mil en los últimos diez años. El peor dato llegó en el año 2023, cuando la tasa de detección fue del 2,43 por mil, en un año en el que la media española fue de 4,67.

El documento alerta de que en la Región el 15,79% de cánceres de mama en los últimos diez años se han detectado en revisiones intermedias. Se trata del peor dato de España. “Las cifras podrían estar señalando una falta de pruebas complementarias. Cuando tú haces una mamografía y tienes una duda diagnóstica, lo normal es que se haga una ecografía. Si se confirma que hay una lesión sospechosa, se suele hacer una biopsia de la lesión que se detecta”, enumera el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y portavoz de la Alianza por la transparencia, calidad y equidad en el cribado de cáncer de mama, Abel Novoa. “En Murcia la tasa de ecografías siempre ha sido muy inferior a la de otras comunidades. En cambio, sí que se hacen muchas mamografías repetidas anticipadamente, a los seis o doce meses”, detalla. 

De acuerdo con Novoa, la Comunidad duplicó en el año 2023 la media nacional correspondiente al número de mamografías intermedias, aquellas que se solicitan antes del tiempo de revisión habitual: “Cuando la tasa [de mamografías intermedias] está muy por encima de lo normal, está indicando que se están adelantando mamografías porque se ha dejado escapar el cáncer seis o 12 meses antes”.

“Después de la primera mamografía me llegó una carta a las dos o tres semanas, diciéndome que el resultado era negativo para cáncer de mama, pero que en seis meses me volverían a citar. Ahora resulta que tengo un cáncer con micrometástasis en el centinela”, relata Fulgen.

“El problema es que esto [adelantar la siguiente mamografía] hace que las mujeres tengan que vivir con esa incertidumbre seis o doce meses”, apunta Novoa. De acuerdo con el informe, “el exceso de revisiones anticipadas observado sugiere que en la última década podría haber más de 10.000 mujeres afectadas por dudas diagnósticas que en programas con mejor resolución inicial se habrían aclarado en el estudio de control ordinario”.

“Ahora se me va a quedar la duda de si la micrometástasis es posterior, o si ya la tenía en la primera mamografía”, lamenta Fulgen. A la mujer se le extirpó el ganglio el pasado mes de febrero, dos meses después de recibir el diagnóstico. En la actualidad está a la espera de que la llamen para su primera sesión de radioterapia: “Están haciéndome pruebas, quieren protegerme el corazón en la radio. Pero en dos meses se hará el año desde que me hicieron la primera mamografía, no tienen mucha prisa en tratarme”.

Por el momento, la Consejería no ha difundido otros datos clave, como las tasas de cánceres de intervalos, de pruebas invasivas y reales de cobertura: “No sabemos a cuántas mujeres con diagnóstico de mamografía dudoso se las ha sometido a una biopsia, que te da el resultado definitivo”, señala la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín.

La diputada padeció un cáncer de mama interlobulillar Infiltrativo, y tuvo que perseguir el diagnóstico durante casi dos años: “Me tuvieron entre mamografía y mamografía. Pedía que me hicieran ecografías, pero aseguraban que mi tejido era normal, pero desestructurado por la edad. Si no llego a insistir, posiblemente no estaría aquí”, relata.

“Para cuando me diagnosticaron el cáncer ya me había infiltrado toda la mama, me la tuvieron que retirar y extirparme 26 ganglios de la axila derecha. Quién sabe si, de haberme diagnosticado un año y medio antes, la cosa hubiera sido menos seria”.

La privada, con peor tasa de detección

La Región de Murcia está dividida en nueve áreas de salud, y en el grueso del conjunto el sistema de cribado está externalizado. Hasta 2023 (el último año con datos disponibles sobre los cribados de cáncer de mama) el área de Cartagena era de gestión privada, el de Cieza, de gestión pública y el resto corría a cargo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). El informe de la Alianza señala una relación directa entre la externalización del servicio y la baja tasa de detección en los cribados.

“Cuanto más ánimo de lucro de la organización que realiza las mamografías, peores resultados. No son cifras menores. Cartagena ha detectado aproximadamente un 50–60% menos cánceres que Cieza entre los años 2015 y 2022. Y Murcia (más las unidades móviles) ha detectado un 20–30% menos cánceres que Cieza”, señalan desde la Alianza.

“El hospital de Cieza tiene tasas de detección muy buenas, equiparables a las españolas. Incluso, en algún caso a un año han tenido cifras por encima de lo que se considera el estándar”, apunta Novoa.

Desde el bienio 2009-2010 al de 2021-2022, la media de estudios complementarios en la unidad de Cieza (pública) es de 6,23%, superior a la de Cartagena (privada) de 5,03%, y a la de Murcia (AECC), que incluye unidades móviles del resto de la Región, del 3,52%. 

“Parece que el sistema de contratación de las mamografías de cribado ha influido de alguna manera en la capacidad de detección”, observa Novoa. En general, el concierto entre la Consejería de Salud y los centros privados funciona mediante pagos cerrados por prueba, lo que podría estar desincentivando a estas instituciones a hacer pruebas de confirmación del diagnóstico, como una ecografía: “La realización de mamografías es bastante industrializable, por así decirlo. Se pueden tomar muchas fotos y mandarlas más tarde al radiólogo para que redacte el informe. En cambio, en las ecografías el radiólogo debe estar presente, y obviamente le sale más caro al centro privado”, abunda.

“Teniendo datos sobre lo bien que funciona un modelo y lo mal que funciona el otro, no entendemos este empecinamiento por la privada, ese afán de mandarle el negocio a los amiguetes”, reprocha Marín.

Desde el bienio 2024-2025, la AECC dejó de realizar los cribados en las áreas de salud a su cargo, pasando a manos de los hospitales privados (salvo en Yecla, Jumilla y Caravaca). Por el momento, no hay datos sobre el nuevo modelo: “No descartamos que los datos sean peores en la actualidad. Está más que demostrado que cuanto más se privatiza la sanidad pública, más se empeoran los diagnósticos y más crecen las listas de espera”, apunta María Marín.

Salud rechaza en informe

Tras la publicación del estudio de la Alianza, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha insistido en que los datos corresponden al periodo previo al concierto actual. Ha subrayado, además, que los criterios para la realización de pruebas de diagnóstico complementarias se ajustan “a los establecidos por la ponencia de cribados del Ministerio de Sanidad y la Comisión Europea”.

Pedreño ha acusado al estudio de estar “politizado”: “Lo que no puede poner en entredicho es la labor que ha venido desarrollando la Asociación Española contra el Cáncer en Murcia y sobre todo cuestionar a los profesionales, que son los que se ajustan a los criterios de la ponencia de cribados del Ministerio de Sanidad, que se ajusta a su vez a los criterios de la Comisión Europea. No generemos desconfianza en las mujeres”, ha reprochado.

Entre otros, la Alianza reúne a la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP), la Sociedad Murciana de Enfermería Familiar y Comunitaria y a diferentes asociaciones y federaciones de vecinos. “El informe lo han hecho sanitarios, que desinteresadamente han realizado un trabajo increíble con estos estudios, el que debería hacer la Consejería”, recuerda Marín.

“Nosotros no ponemos en duda la profesionalidad de los radiólogos que han hecho lo que han podido en el marco de contratación y las condiciones de trabajo que les ha puesto la Consejería. Por el mismo motivo, tampoco cuestionamos a las organizaciones que han hecho las mamografías. Ellos no son los responsables del seguimiento de los datos, la Consejería sí”, señala Novoa.

Otra concejala de Vox dimite en el municipio murciano de Las Torres de Cotillas. La responsable de Hacienda, Isabel María Zapata, ha presentado su dimisión dos semanas después de que se hiciera público que está siendo investigada por prevaricación administrativa. Tal y como adelantó este medio, la edila, junto a la de Festejos, presuntamente contrató de forma irregular más de 274.000 euros en las fiestas patronales de 2023 de la localidad.

Tras la publicación del caso el concejal de Vox de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Pablo Alberto Ruiz Sánchez, abandonó el partido de Abascal. El edil ha asegurado que alertó al partido del presunto caso de prevaricación, pero que le pidieron desde la dirección nacional que “no hiciera ruido” porque “había que terminar la legislatura”.

En sus redes sociales manifestó su “firme e inequívoca desvinculación respecto a los hechos que están siendo objeto de investigación judicial en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas”. De confirmarse el caso, Ruiz Sánchez subrayó que “estaríamos ante prácticas absolutamente incompatibles con los principios de legalidad, transparencia y buena gestión pública que deben regir a cualquier responsabilidad institucional”.

“Contratos de palabra”

La jueza apreció en la contratación de estas fiestas “características que permiten presumir la posible existencia de delito”. De acuerdo con la denuncia interpuesta por el PSOE de la localidad, los contratos, presuntamente, fueron hechos de palabra, sin dinero reservado para pagarlos y dividiéndolos para evitar la celebración de un concurso público y, así, adjudicarlos a dedo.

Para esquivar este posible escrutinio, los contratos fueron presuntamente fragmentados. De acuerdo con la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, un contrato menor de servicios, presupuestado por menos de 15.000 euros, se puede adjudicar por invitación, no es necesario que se licite. “A un mismo proveedor, por ejemplo, se le pagó presuntamente más de 150.000 a través de once contratos menores”, detalló el PSOE de las Torres de Cotillas. “Esos trabajos deberían haberse contratado juntos, pero se partieron en varios contratos pequeños, posiblemente para evitar controles y no tener que sacar el servicio a concurso público”.

El proceso extraordinario de regularización de migrantes ha desencadenado un nuevo enfrentamiento entre el Partido Popular y la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia. Este martes la Federación de Municipios, presidida por el popular Víctor López, y el representante del Ejecutivo estatal en la Comunidad, Francisco Lucas Ayala, han protagonizado un duro cruce de acusaciones. El encontronazo ha tenido lugar tras el grupo de trabajo entre los consistorios locales para abordar y mejorar la respuesta de los Servicios Sociales municipales en la gestión de los trámites de regularización.

El presidente de la Federación de Municipios ha abandonado de forma abrupta el encuentro, calificándolo de “una falta de respeto”: “Nos han puesto un PowerPoint para explicarnos el Real Decreto, cuando llevamos casi dos semanas aplicándolo y solucionando las dudas por nuestra cuenta”, ha lamentado al diario local La Verdad.

También ha afeado la ausencia de Lucas Ayala, aunque fuentes de Delegación han aclarado que debido a la naturaleza técnica de este encuentro asistieron la jefa de Extranjería y la secretaria general de la representación del Ejecutivo estatal en la Comunidad.

Por su parte el delegado del Gobierno ha defendido que las oficinas habilitadas están funcionando “con total normalidad”: “El sistema de citas previas y los refuerzos también están funcionando correctamente”, ha explicado.

Lucas Ayala ha apuntado a que en ayuntamientos socialistas de la Región, como Alhama de Murcia, el proceso de regularización se está llevando “sin ningún tipo de problemas”, mientras que los del Partido Popular “están boicoteando el proceso de regularización”.

“El proceso de regularización es un hito histórico y es un proceso de justicia necesario. Estamos hablando de conceder derechos y obligaciones a personas que ya viven y trabajan en la Región de Murcia”, ha subrayado el delegado.

Por último, ha invitado al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, a demostrar “el verdadero cristianismo y humanidad”: “Siempre lo vemos cuando llegan las procesiones. Le emplazo a que se deje de confrontar y de utilizar este proceso de regularización y que se ponga a trabajar”.

Comienza la cuenta atrás para determinar el futuro de la Universidad de Murcia (UMU). Todo puede suceder en la segunda vuelta, que tendrá lugar el próximo martes 28 de abril, día en el que se determinará quién de los dos candidatos será el nuevo rector de la UMU durante los próximos seis años. Hablamos con la candidata Alicia Rubio, a la que la primera vuelta la situó como favorita por un ajustado margen, un 26,78% del voto ponderado frene al 23,97 % de Samuel Baixauli.

Ha sido vicedecana de la Facultad de Ciencias del Trabajo (2004-2006), coordinadora de Inserción Laboral (2006-2014), vicerrectora de Empleo, Emprendimiento y Sociedad (2018-2022) y, en la actualidad, vicerrectora de Estudiantes y Empleo (2022-2026). 

Tanto usted como Baixauli parten de trayectorias largas dentro de la UMU: ¿Qué decisiones concretas del actual modelo universitario mantendría tal cual y cuáles cambiaría desde el primer día?

Está claro que hay que hacer un aumento de las inversiones de docencia e investigación. Debemos, por tanto, buscar más financiación y pedir más a la Comunidad autónoma.

Otro tema que al profesorado le preocupa muchísimo es la burocracia. A pesar de los avances tecnológicos, el profesor sigue sintiendo que pierde mucho el tiempo en la entrada de papeles.

El modelo actual de docencia está basado también en una alta carga para los profesores asociados, tenemos que conseguir negociar el tercer convenio colectivo del Personal Docente e Investigador (PDI) para conseguir una equiparación salarial o permitir que participen en cursos de extensión. Por otro lado, tenemos una alta precariedad laboral del personal técnico de gestión (PTGAS), deberíamos tener un 8% de personal eventual y tenemos casi un 20%.

Por último, los estudiantes siguen teniendo muchas barreras económicas. Es cierto que tenemos muchas ayudas nuevas para estudiantes, pero tenemos que seguir trabajando. Muchos no pueden estar aquí porque no pueden permitirse pagar la matrícula. Tenemos que tener ayudas para la vivienda y para el transporte.

En materia de participación, transparencia y mejora de la gobernanza, ¿qué mecanismos concretos introducirá que vayan más allá de lo consultivo, que sean vinculantes en la toma de decisiones?

Queremos mantener reuniones periódicas con nuestros grupos de interés para no perder el norte, para saber cuál es la sensibilidad de la gente ante los problemas que estén sucediendo. También buscamos reforzar a los órganos de representación oficiales, a las comisiones de los Consejos de Gobierno.

Por otro lado, la transparencia es vital, la comunidad universitaria debería ser capaz de saber por qué se toman unas decisiones y no otras, o lo que se ha gastado en una partida. Nos debemos a la sociedad, es la que nos paga y hace que esto funcione. Por tanto, tenemos que ser exquisitos en cómo comunicamos.

Tanto usted como Baixauli coinciden en identificar problemas estructurales como la falta de agilidad, la desmotivación del personal o la infrafinanciación. ¿Cuál es la primera medida operativa que demostraría que su modelo realmente corrige esos problemas y no los reproduce?

Para el PTGAS es vital estabilizar a la plantilla interina. Por otro lado, los investigadores necesitan más apoyo para poder centrarse en sus tres funciones principales que son la docencia, la investigación y la transferencia; quiero además lanzarle un guiño a todos los que se dedican a la asistencia. Por último, respecto al estudiantado, querría eliminar las barreras económicas de entrada a la universidad y ofrecerles un mayor apoyo psicológico y emocional.

Las dos candidaturas para la segunda vuelta plantean fortalecer la colaboración con empresas, administraciones e instituciones por una universidad más conectada con su entorno. ¿Dónde ponen el límite entre una colaboración útil y de beneficio mutuo sin arriesgar orientar a la universidad hacia intereses externos?

Debemos tener una simbiosis perfecta, las empresas, las instituciones y la Universidad se necesitan mutuamente. Debemos ver qué pasa fuera y en consecuencia adecuar nuestras titulaciones.

No entiendo una Universidad que no tenga doctorados industriales en sus empresas. No entiendo una Universidad que no esté en el tercer sector trabajando activamente en inculcar valores en nuestros estudiantes. O un hospital público sin estudiantes, donde se forma a los que en un futuro serán sus compañeros. No concibo el modelo de no colaboración.

Debemos entender también que los patrocinios suponen que las empresas también están respondiendo a esa responsabilidad social. El límite estaría en el momento en el que vemos que intereses externos nos gobiernan desde fuera. Pero ahora mismo somos una institución libre, democrática y autónoma.

Otras instituciones educativas de la Región como pueden ser la UPCT o la UCAM han tenido a la cabeza mujeres, pero no es el caso de la UMU. De ganar, sería la primera mujer rectora.

No puede quedarse en un hecho simbólico, hay que llenarlo de contenido. Quiero que se me vote porque ofrezco un liderazgo distinto, tengo muchas de las competencias que se atribuyen a las mujeres y que sacan el mundo hacia adelante, como la sociabilidad, los cuidados y la empatía.

En órganos de responsabilidad como las cátedras, los decanatos y las vicerrectorías, ¿en qué punto se encuentra la Universidad en materia de igualdad?

Todavía hay techos de cristal. Hay más hombres doctorados, menos mujeres decanas. Es cierto que, por ejemplo hay paridad entre los vicerrectores.

Pero no podemos hablar solo de género, debemos buscar la igualdad para todos los colectivos. Tenemos, por ejemplo, pocos profesores con discapacidad, de otras culturas y religiones o trans.

¿Qué tiene pensado hacer para fomentar una universidad plural a todos los niveles?

Tenemos intención de reforzar todos los temas relativos a la atención a la diversidad y el voluntariado. Necesitamos que todos se sientan orgullosos de venir aquí porque pueden ser quienes son sin ningún problema.

Tenemos, por ejemplo, que luchar para que una persona trans pueda ir a la universidad, por eso vamos a hacer el primer plan para el colectivo LGTBI. Precisamente, el último artículo que he mandado para publicar es cómo incluir en una universidad al colectivo.

En estos comicios cada persona no vale un voto. Es un sistema común en las universidades, donde el voto del alumnado, por ejemplo, suele tener poco peso. ¿Considera que garantiza la democracia del proceso o que, por el contrario, es un sistema arcaico?

El sistema se decide de forma democrática por los estatutos, que se acaban de aprobar con mucho consenso y unanimidad.

En números absolutos, la participación estudiantil ha sido baja en la primera vuelta (en torno al 20%). ¿Cree que el alumnado siente que su voto no tiene peso real en estas elecciones?

La baja participación de los alumnos es habitual en estos procesos. El problema está en que los estudiantes están muy alejados de del sistema de gobierno de la universidad. No todos, por ejemplo los delegados y representantes del Claustro y Consejos de Gobierno son gente superimplicada.

Deberíamos analizar qué ocurre con el resto de estudiantes, si no tienen interés o si piensan que tener un rector u otro no interferirá en su vida.

¿Qué cambiaría en el sistema electoral o en la cultura universitaria para revertir el bajo porcentaje?

Hay que mejorar los canales de comunicación para aumentar la conciencia de la importancia de la participación estudiantil. Necesitamos que el estudiante sea capaz de ver más allá del aula, los estudiantes que están en la representación salen mejor formados que los que no lo están. Están acostumbrados a tomar decisiones, a leerse normas, a hacer propuestas, a negociar.

La campaña ha estado inmersa en polémicas -una demanda por difamación, denuncias sobre el supuesto acompañamiento de profesores a alumnos en el voto anticipado y críticas públicas entre candidaturas, además de episodios controvertidos en los debates. ¿Recuerda unas elecciones como estas en el pasado?

Por supuesto, recuerdo, por ejemplo, las elecciones de José Antonio Cobacho, en las que incluso se metían con sus hijos.

Me ha sorprendido, he intentado ser limpia, transparente. He sido el foco de muchas de las críticas y no sé muy bien por qué, realmente creo que es una estrategia electoral. No sé trabajar las tuberías de la maldad, no las sé manejar.

¿Cree que el personal de la universidad o el alumnado lo han visto con buenos ojos?

Creo que mucha gente ha vivido el proceso con tristeza.

¿Cómo valora estos comicios, considera que han sido limpios?

Ha sido un proceso limpio, aunque no siempre las artimañas para ganar las elecciones han sido las adecuadas. No creo que fuera necesario parar un debate, se estaban cumpliendo las normas.

Pero debemos hablar de la universidad como lo que es, una institución limpia, transparente y donde hay muchísimas buenas personas, en las que me incluyo junto al resto de candidatos.

De ser elegida rectora, ¿qué reformas introduciría para reforzar la confianza y evitar cualquier duda en futuras elecciones?

Si soy rectora, me encantaría poder abordar esto, pero es muy difícil. En las redes sociales cualquiera puede colgar lo que quiera. Yo solamente he podido denunciar a una persona por difamación (porque lo hemos podido identificar) antes incluso de que tuviera lugar la primera vuelta. La maldad normalmente se cuenta con los dedos de una mano, pero puede hacer mucho daño.

En tan solo unos días se decidirá el destino de la Universidad de Murcia (UMU) durante los próximos seis años. El próximo martes 28 de abril será el día decisivo, en el que se sabrá cuál de los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta será el nuevo rector de la UMU. Conversamos con el aspirante a rector Samuel Baixauli, que en la primera vuelta obtuvo un 23,97% del voto ponderado, mientras que la otra candidata, Alicia Rubio, acumuló un 26,78%, en unos comicios muy ajustados.

Catedrático del Departamento de Organización de Empresas y Finanzas, Baixauli cuenta con una larga trayectoria en la Universidad, tras años de experiencia docente y como decano de la Facultad de Economía y Empresa. Licenciado y doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia, ha desarrollado toda su carrera docente en la UMU, donde ha impartido clases en todos los niveles formativos. 

Tanto usted como Rubio parten de trayectorias largas dentro de la UMU: ¿Qué decisiones concretas del actual modelo universitario mantendría tal cual y cuáles cambiaría desde el primer día?

Necesitamos una cogobernanza que mezcle el equilibrio de poder, la decisión compartida y la transparencia; donde las facultades, departamentos y colectivos tengan voz y voto en todas las decisiones. La transparencia y la rendición de cuentas tienen que estar siempre presentes en todas las acciones del equipo de gobierno.

También tenemos como eje principal trabajar con nuestras titulaciones por la actualización de metodologías, implementar la tecnología apropiada y aplicar un enfoque de mejora de la calidad de esos títulos, que es lo que al final da la empleabilidad a nuestros estudiantes.

En materia de participación, transparencia y mejora de la gobernanza, ¿qué mecanismos concretos introducirá que vayan más allá de lo consultivo, que sean vinculantes en la toma de decisiones?

Buscamos el equilibrio de poder, esto se consigue delegando la capacidad que tiene el rector de nombrar a miembros del Consejo de Gobierno a los centros, a los directores de departamento y a los colectivos que realmente representan a la Universidad.

En materia de transparencia, debemos retransmitir con medios audiovisuales los consejos de gobierno y los claustros. También vemos importante reunir para la toma de decisiones a los centros o equipos de investigación implicados en las diferentes medidas.

Tanto Alicia Rubio como usted coinciden en identificar problemas estructurales como la falta de agilidad, la desmotivación del personal o la infrafinanciación. ¿Cuál es la primera medida operativa que demostraría que su modelo realmente corrige esos problemas y no los reproduce?

Lo primero sería dejar de implementar modelos que a todas luces bloquean la gestión de la universidad, como la evaluación del profesorado. Tenemos que agilizar ese procedimiento.

También queremos abordar la rendición de cuentas que se hace todos los años en el Claustro, que no sea solo una memoria de acciones realizadas, sino que pueda tener una perspectiva de evolución de datos que nos permita asociarlas a un plan de actuaciones orientado de mejora.

Las dos candidaturas para la segunda vuelta plantean fortalecer la colaboración con empresas, administraciones e instituciones por una universidad más conectada con su entorno. ¿Dónde ponen el límite entre una colaboración útil y de beneficio mutuo sin arriesgar orientar a la universidad hacia intereses externos?

Es importante que la Universidad conecte con la sociedad para poder ofrecer una mejor formación, de calidad, y que tenga lugar una transferencia de la investigación y la innovación. En ese sentido, la Universidad tiene que colaborar con las empresas y las instituciones, para repercutir en el tejido productivo y mejorar la sociedad, para esto existe.

Otras instituciones educativas de la Región como puede ser la UPCT o la UCAM han tenido a la cabeza mujeres, pero no es el caso de la UMU. En órganos de responsabilidad como las cátedras, los decanatos y las vicerrectorías, ¿en qué punto se encuentra la Universidad en materia de igualdad?

La Universidad ahora mismo acaba de aprobar el tercer Plan de Igualdad y cada vez tiene equipos de gobierno con mayor paridad. Yo fui decano ocho años en la Facultad de Economía y Empresa y éramos un equipo de gobierno con paridad. Y también la propuesta que hemos hecho para la rectoría lo es.

Hay sesgos de género dentro de la Universidad en cuanto a determinadas titulaciones, por ejemplo las ingenierías están muy masculinizadas y muchas del ámbito sanitario muy feminizadas.

¿Qué tiene pensado hacer para fomentar una universidad plural a todos los niveles?

Nosotros llevamos una delegada del rector para la Igualdad y queremos implementar el tercer Plan de Igualdad. Creemos que se puede mejorar mucho con la participación del estudiantado.

También queremos analizar los indicadores de igualdad para detectar los techos de cristal que pudiera haber en la Universidad y poder actuar sobre aquellas partes o áreas en las cuales realmente pudiera haber algún sesgo.

En estos comicios cada persona no vale un voto. Es un sistema común en las universidades, donde el voto del alumnado, por ejemplo, suele tener poco peso. ¿Considera que garantiza la democracia del proceso o que, por el contrario, es un sistema arcaico?

Los estatutos están recién aprobados, no estamos con unos estatutos antiguos que pudieran venir de hace mucho tiempo. Sí que es verdad que las ponderaciones por grupos son muy polémicas, porque si un grupo coge más peso, hay otro que lo pierde. Pero el sistema es democrático, la Universidad tiene que ser ejemplo de ello.

En números absolutos, la participación estudiantil ha sido baja en la primera vuelta (en torno al 20%). ¿Cree que el alumnado siente que su voto no tiene peso real en estas elecciones?

Todo lo contrario, su grupo tiene un peso de un 27%. De hecho, tiene un porcentaje mucho mayor que el colectivo del personal técnico, por ejemplo, que es del 18%.

No es una cuestión de incrementarles el porcentaje, sino de concienciarles de la importancia de informarse y ejercer un voto libre, informado y secreto.

¿Qué cambiarían en el sistema electoral o en la cultura universitaria para revertir el bajo porcentaje?

Lo importante es animar al voto y generarles esa conciencia de la importancia que tiene participar para mejorar la Universidad.

La campaña ha estado inmersa en polémicas -una demanda por difamación, denuncias sobre el supuesto acompañamiento de profesores a alumnos en el voto anticipado y críticas públicas entre candidaturas, además de episodios controvertidos en los debates. ¿Recuerda unas elecciones como estas en el pasado?

No, y cuando me presenté no me imaginaba lo más mínimo este tipo de escenarios. No soy partidario de este tipo de actuaciones.

Lo más importante es la imagen de la Universidad y que realmente estemos hablando de proyectos, de medidas, de acciones, y no perder el foco de lo verdaderamente relevante. Tenemos que ser imagen y referencia de la sociedad y no voy a contribuir a este tipo de polémicas ni un minuto.

¿Cree que el personal de la universidad o el alumnado lo han visto con buenos ojos?

No creo que haya gustado lo ocurrido. De manera empática, si me pongo en su lugar lo que me gustaría es que me contaran un programa, me dijeran cómo se van a implementar determinadas medidas y que me ilusionaran por un proyecto de universidad para los próximos seis años.

¿Cómo valora estos comicios, considera que han sido limpios?

No es como me lo hubiera imaginado. La campaña debe de ser estar cerca de la gente, se debe contar el programa y atender a cualquiera que tenga una duda sobre él. Vendemos escucha y proximidad y luego tenemos que cumplir eso que estamos diciendo con actos y con hechos.

De ser elegido rector, ¿qué reformas introduciría para reforzar la confianza y evitar cualquier duda en futuras elecciones?

He vivido varias elecciones en la Universidad desde otra óptica y nunca había visto una cosa así. La Universidad tendrá que pensar cómo regula ciertos ámbitos dentro del reglamento electoral, como el uso de las redes sociales, intentar eliminar cualquier referencia a noticias falsas y prohibir el uso de vídeos manipulados.

La Guardia Civil ha desarticulado en el municipio murciano de Águilas y el almeriense de Huércal-Overa un grupo delictivo especializado en el conocido como ‘petaqueo’, el suministro clandestino de combustible a embarcaciones utilizadas para el transporte irregular de personas desde el norte de África hasta el litoral español.

Los guardias civiles han detenido o investigado a los 18 integrantes del grupo delictivo como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración irregular y transporte y almacenamiento de sustancias explosivas.

Especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil abrieron la operación el pasado verano, tras detectar una ‘guardería’ de combustible al aire libre en la costa aguileña, junto con una embarcación que estaba siendo abastecida tras haber desembarcado inmigrantes de forma clandestina.

En total, se han incautado más de 5.000 litros de gasolina, ocho turismos y furgonetas, cinco embarcaciones, una moto de agua, un arma corta modificada para efectuar fuego real y munición.

Una red organizada para sostener el tráfico ilegal de personas 

De acuerdo con la Guardia Civil, la red había convertido a Murcia y Almeria, provincias consideradas previamente de difícil acceso, en auténticos puntos logísticos para garantizar la llegada y el retorno de embarcaciones implicadas en el tráfico de personas.

La organización criminal ahora desmantelada almacenaba y distribuía grandes cantidades de combustible y, además, desplegaba una amplia y compleja infraestructura de seguridad para asegurar el éxito de su actividad delictiva.

Los investigadores documentaron múltiples operaciones nocturnas en las que los implicados realizaban, presuntamente, trasvases de combustible entre embarcaciones o desde tierra, actuando con rapidez y precisión para evitar ser detectados. La red ahora desmantelada realizaba labores de contra vigilancia en puntos estratégicos del litoral, con individuos encargados de alertar sobre la presencia policial.

Los guardias civiles, durante la operación, han vinculado directamente la actividad de esta organización criminal con múltiples desembarcos de inmigrantes en situación irregular en distintas zonas de costa del sureste español.

“Estas travesías se realizaban en condiciones extremadamente peligrosas, sin medidas de seguridad y con embarcaciones sobrecargadas, lo que expone a sus ocupantes a un riesgo constante de naufragio”, ha detallado la Guardia Civil.

El pasado mes de marzo, la Guardia Civil culminó otra operación desarrollada también por los mismos hechos delictivos, en la que se desarticuló un grupo delictivo asentado en Águilas e integrado por cuatro personas, que resultaron detenidas como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, transporte y almacenamiento de sustancias explosivas y hurto de vehículo, y al que se le incautaron 3.000 litros de gasolina, tres vehículos, varios teléfonos móviles y dinero en efectivo.

Colaboración con la Policía Local de Águilas

Con esta operación, en la que se ha contado con la colaboración de la Policía Local de Águilas, la Guardia Civil ha desarticulado el entramado que daba soporte a estas embarcaciones. En los tres registros domiciliarios practicados en Águilas se le ha intervenido gran cantidad de material logístico. Los guardias civiles han localizado y detenido o investigado a los 18 miembros de la organización criminal tanto en la Región de Murcia –14 en Águilas– como en la provincia de Almería –4 en Huércal Overa–, entre ellos sus cabecillas.

‘Petaqueo’

Se trata de una práctica que forma parte del aparato logístico de las redes de tráfico de personas y de narcotráfico. La función de los ‘petaqueros’ es suministrar carburante, generalmente gasolina, a embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas o de personas, como narco lanchas y pateras taxi.

Los grupos criminales que se dedican ‘petaqueo’ inician la actividad delictiva con la adquisición de grandes cantidades de carburante, que es almacenado en garrafas de gran volumen, denominadas petacas. Posteriormente, el carburante se pone a disposición de las redes de narcotráfico o de tráfico de personas tanto en línea de costa como en el mar a millas de la orilla, a través de embarcaciones que hacen la función de gasolineras flotantes.

El crucero Saphire Princess ha localizado este martes cinco cadáveres a unas 140 millas de la península de Cabo de Palos, en Cartagena. De acuerdo con Delegación del Gobierno de la Región de Murcia, los cuerpos han sido subidos a bordo de la embarcación y han sido trasladados al Puerto de la ciudad esta mañana. A continuación han sido transportadas al Instituto de Medicina Legal para la correspondiente autopsia.

Por el momento se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Desde Delegación de Gobierno no descartan que los fallecidos fueran tripulantes de la patera rescatada el pasado lunes, localizada a unas 25 millas de Cartagena. En la pequeña embarcación ya fueron localizadas cinco personas, tres de ellas fallecidas. Sobre los dos supervivientes de la patera, hay un detenido acusado de homicidio imprudente y favorecimiento de la inmigración irregular.

Los tripulantes de esta patera fueron localizados por un buque militar francés, que alertó a Salvamento Marítimo. Según el testimonio de los dos supervivientes de la embarcación, partieron desde la zona costera de Mostaganem (Argelia) con 18 personas a bordo. De acuerdo con el diario local La Verdad, la Policía maneja la hipótesis de que 13 personas permanecen desaparecidas e investiga si los cinco cuerpos hallados este miércoles iban a bordo de esta patera.

El recorrido desde Argelia hasta la Región de Murcia suele completarse en unas 20 horas, pero la travesía de la patera localizada este lunes podría haber durado casi tres semanas. No se descarta un posible fallo en el motor o el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

A través de los cristales de una oficina de Correos de Madrid se vislumbra una escena distinta a la habitual. Mientras varias personas esperan su turno con paquetes en sus manos, Valeria le pide a su abuela que entretenga a su bebé mientras entrega a una funcionaria fotocopias del pasaporte, billetes de avión y certificados de antecedentes penales. Otro empleado se acerca al asiento donde ya se acumulan varias familias de migrantes, la mayoría mujeres con niños pequeños, para comprobar que llevan todos los documentos requeridos antes de que les llegue su turno. Este lunes ha sido el primer día de atención presencial para registrar las solicitudes de la regularización extraordinaria y las ventanillas habilitadas en Correos han arrancado esta nueva labor con algún que otro retraso, pero con normalidad, en distintos puntos del país. 

Valeria sale de la oficina dos horas después de la hora de su cita previa para registrar la petición de regularización para ella y su bebé, pero no le importa el retraso. Ella, de origen colombiano, vivía en Madrid de forma irregular desde hace dos años. Su niña, nacida en España, no llega al año y tampoco tiene el permiso de residencia. Pero ahora sujeta en sus manos el documento que confirma el envío de la solicitud que, si nada falla, les concederá la ansiada autorización. “Llevaba soñando varios días con esta cita. Literalmente. Hoy he soñado que estaba aquí plantada. Y he tenido pesadillas pensando que no llegaba, que la perdía”, dice entre risas, para describir su alivio tras zanjar el trámite que la perseguía desde hace tiempo.

La escena de alegría, que se entrelaza con la actividad rutinaria de Correos sin grandes filas ni colapso, contrasta con la frustración de los cientos de migrantes que un día más han esperado varias horas de colas frente a las oficinas de los servicios sociales de distintos ayuntamientos del país, como Madrid, Barcelona, Valencia o Cartagena, para conseguir recopilar toda la documentación exigida. La situación de colapso también se ha repetido en las sedes de algunas de las ONG colaboradoras en el procedimiento de regularización. El principal escollo, el trámite que ha creado un cuello de botella en parte del procedimiento, es el llamado “informe de vulnerabilidad”, un requisito añadido en el último momento en el real decreto, que debe presentar un grupo concreto de personas sin papeles: aquellos que no tengan hijos a cargo o quienes no puedan justificar una vinculación laboral anterior o futura. 

Mientras cientos de personas aguardaban horas para conseguir este papel, después incluso de hacer noche frente a los espacios habilitados para validar los informes de vulnerabilidad, las oficinas de Correos y Seguridad Social de todas las provincias han comenzado a recibir este lunes con cita previa los primeros expedientes de migrantes y solicitantes de asilo que ya tenían todo preparado.

Algunas entidades que se dedican a acompañar a migrantes en este proceso consideran que, además del sistema de cita previa obligatoria que ordena el proceso, la tranquilidad que ha reinado en las oficinas de Correos también puede explicarse por el propio atasco en el sellado del nuevo informe: “Muchas de las personas que solicitaron la cita previa no se han llegado a presentar porque todavía no tenían el certificado de vulnerabilidad”, sostienen. Sin embargo, el Ministerio de Inclusión asegura que la agilidad en los espacios habilitados para el registro presencial de la solicitud se debe únicamente a la activación de múltiples espacios para este fin y a la organización de las citas.

Como Valeria vive con una menor a cargo, no ha tenido que presentar el requisito que está entorpeciendo el procedimiento de los que sí. Con toda la documentación preparada, a ella el real decreto no le dio sorpresas de última hora y ha podido presentar por su cuenta la petición el primer día de atención presencial. Si todo va como espera, la ecuatoriana recibirá en 15 días la admisión a trámite de su solicitud. La mera admisión conllevará, además de la suspensión de cualquier posibilidad de retorno a su país, un permiso que ya la habilita para trabajar.

“Así solo puedo trabajar irregular, sin cotizar. Sin papeles, abusan más. Soy enfermera y ahora podré empezar a homologar mi título, que son dos años más”, celebra la mujer, de 26 años, ya pensando en el siguiente paso burocrático. A su lado, su abuela, asiente detrás del carrito de su bisnieta. Ella ya tuvo que pasar por lo mismo, aunque un proceso distinto y más sencillo entonces, casi tres décadas atrás, cuando llegó a España sin papeles. 

“Tardas más en enviar paquetes”

En Barcelona, tampoco se han registrado colas en prácticamente ninguna de las oficinas habilitadas de Correos ni Seguridad Social en las que se estaban dando citas previas para tramitar la regularización. “No he tenido que esperar nada de nada”, se ha sorprendido Karen. Tenía vez a las 8:30 y ha venido antes “por si acaso”. Pero no le ha hecho falta. El vestíbulo de la oficina acogía a muy poca gente. “Tardas más para enviar paquetes”, compara esta mujer ecuatoriana de 53 años.

Ella también tiene todos los documentos a mano, incluso el certificado de antecedentes penales, que había necesitado para un trámite anterior, así que ha podido realizar la solicitud sin complicaciones. Donde sí ha habido colas y rostros preocupados ha sido en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) del Ayuntamiento de Barcelona, las encargadas de expedir los certificados de vulnerabilidad que, en algunos casos, son necesarios para regularizarse. 

Las oficinas de la Seguridad Social en Valencia atienden a una veintena de personas cada hora. La gente acude con los documentos ya cumplimentados, siguiendo la explicación de la web, comentan algunos empleados públicos. Es el caso de A. Mujica, un joven venezolano, de 23 años, que lleva siete meses en España. Es barbero y quiere iniciar su propio negocio en cuanto tenga los permisos para trabajar, por ello ha acudido con la declaración jurada que manifiesta su voluntad -que también exime de presentar el informe de vulnerabilidad“. ”Mi gestora me pidió la cita y gracias a Dios ha ido bien“, dice el hombre.

La Oficina de Extranjería de la Región de Murcia, ubicada en la pedanía murciana de El Puntal, es el punto clave para la gestión de trámites migratorios. Allí se encuentran María y Onofre [nombres ficticios], quienes viven en España desde hace cuatro y tres años, respectivamente. “No ha sido fácil”, reconoce Onofre, procedente de Guinea Ecuatorial. “Te ves limitado en casi todo, si quieres trabajar tiene que ser en negro. Pero no nos gusta, queremos cotizar”, añade María.

Ambos han llegado a una oficina prácticamente vacía, en contraste con las largas colas a las que están acostumbrados. Esta sede de Extranjería siempre está a rebosar, con colas que se extienden a lo largo de la jornada: “Hoy ha sido más ágil, se han abierto muchos puntos. Esto es una ayuda para todos, para los solicitantes y para el gobierno. Si hoy ha sido tan rápido, ¿por qué no se ha hecho antes?”, se plantea José [nombre ficticio], otro solicitante. Vino a España hace diez años desde Nicaragua, buscando una vida mejor: “He trabajado en el campo, en negro. Muy poca gente quiere trabajar allí y necesitan mucha mano de obra”, señala. “Debería haber más regularizaciones para que haya menos trabajo en negro”.

Roberto sale de una oficina de Correos de Sevilla tras casi media hora de espera: “Todo el proceso ha sido relativamente fácil”. Lleva desde enero atento a la regularización extraordinaria después de que el Gobierno central anunciara el acuerdo con Podemos. Un hito que cambió sus perspectivas, ya que, de repente, ha acortado el proceso de petición de asilo por razones humanitarias de casi dos años a apenas unos meses. El venezolano de 33 años es ingeniero petroquímico. Al ser solcitante de asilo, no necesita el informe de vulnerabilidad que está trayendo por el camino de la amargura a quienes se lo exigen. Aterrizó en Sevilla tras intentar crear una nueva vida en Colombia y Santiago de Chile. La regularización le aportará, dice, una estabilidad en España que hasta ahora no había encontrado desde su salida de Venezuela.

Luisa sale un momento de la oficina de Correos de Madrid donde espera su turno para llamar a su madre y pedirle que recoja a la niña de la escuela infantil. La mujer peruana tenía cita previa, pero ha tenido que interrumpirla para imprimir un documento que le faltaba, por lo que teme que el proceso se retrase. “Me da miedo que al volver ya no puedan atenderme”, dice la mujer. Pero no fue así. Aunque el funcionario en un principio no sabía indicarle cuál era el papel que debía presentar, finalmente entre los dos lo averiguaron: “No son expertos en extranjería y, cuando intentaban ayudarme, se les veía un poco perdidos. Me han dicho ellos mismos que les han puesto a atendernos sin la formación suficiente”, se queja.

Después, el mismo empleado ha empezado a adelantarse a ese tipo de situaciones y comenzó a comprobar con antelación la documentación de las solicitantes que esperaban su turno, para que pudiesen aprovechar el tiempo en caso de que les faltase algún papel. “Se nota que es el primer día, pero los trabajadores están haciendo todo lo que pueden y tienen muy buena actitud. Al ver que lo que ha pasado con mis papeles, han intentado remediarlo con el resto”, dice la peruana, quien acude a solicitar los papeles para su hija de dos años. Ella no ha podido optar a la regularización, dado que había pedido un permiso residencia por la vía habitual y debe esperar la respuesta de esa solicitud. “Tampoco tiene sentido que la vía telemática solo se pueda presentar con un certificado digital: si no tenemos papeles, la mayoría no podremos hacerlo”, añade.

Colapso por el informe de vulnerabilidad

En Barcelona, Mohammed, un pakistaní de 26 años, se ha levantado muy temprano para llegar antes de las 5:30 horas de la mañana a una OAC a por ese documento. Y ya había gente esperando. Cuando han abierto, le han dicho que no quedaban citas disponibles y que no habría ninguna hasta el lunes que viene. Este joven sabe que cumple todos los requisitos, pero está preocupado por no poder llegar a juntar todos los documentos a tiempo.

Lleva desde 2019 en España y, aunque llegó con un permiso de deportista como jugador de hockey, perdió los papeles cuando tuvo que dejar de jugar para conseguir un trabajo. Desde entonces, ha ido encadenando empleos en la construcción y en tiendas de amigos de familiares suyos, que son quienes también le realquilan una habitación. Ahora, les ha pedido que le hagan un contrato de alquiler. Si lo presenta, podría presentar su petición sin el informe de vulnerabilidad que ahora parece inalcanzable para muchos. “Aunque sea momentáneo, incluso yo pagaría los impuestos. Pero no quieren ayudarme”, se lamenta Mohamed.

En Cartagena, a pocos metros de la tranquila oficina de Correos, algo más de un centenar de personas aguardan su turno en la sede de la concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. Un funcionario municipal les recibe en la entrada para explicar las dudas de última hora sobre el proceso y para informar sobre el estado de la cola. “Hoy no cogemos más citas”, dice, mientras cuenta que este lunes se tramitarían más de 300 solicitudes para el informe.

El juzgado de Instrucción de Molina de Segura ha abierto diligencias previas contra dos concejalas de Vox del municipio murciano de Las Torres de Cotillas por prevaricación administrativa. En concreto, se les va a investigar por la presunta contratación irregular de más de 274.000 euros en las fiestas patronales de 2023.

La jueza aprecia en la contratación de estas fiestas “características que permiten presumir la posible existencia de delito”. De acuerdo con la denuncia interpuesta por el PSOE de la localidad, a la que ha tenido acceso este diario, los contratos, presuntamente, fueron hechos de palabra, sin dinero reservado para pagarlos y dividiéndolos para evitar la celebración de un concurso público y, así, adjudicarlos a dedo.

Para esquivar este posible escrutinio, los contratos fueron presuntamente fragmentados. De acuerdo con la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, un contrato menor de servicios, presupuestado por menos de 15.000 euros, se puede adjudicar por invitación, no es necesario que se licite. “A un mismo proveedor, por ejemplo, se le pagó presuntamente más de 150.000 a través de once contratos menores”, detalla el PSOE de las Torres de Cotillas. “Esos trabajos deberían haberse contratado juntos, pero se partieron en varios contratos pequeños, posiblemente para evitar controles y no tener que sacar el servicio a concurso público”.

Otra posible fórmula para no someter las contrataciones a concurso se hizo mediante contratos de exclusividad. Según la ley de Contratos del Sector Público, este tipo de procedimiento negociado sin publicidad solo puede cerrarse bajo tres supuestos: “Que el contrato tenga por objeto una (...) actuación artística única; que no exista competencia por razones técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial”, detalla la norma. “Ese mismo año el ayuntamiento cerró un concierto con Bertín Osborne, tiene sentido que sea con exclusividad. Lo que no es normal es que la contratación de un escenario también sea con exclusividad”, explica el PSOE torreño.

“Nulidad absoluta de las contrataciones”

“[Las concejalas] materializan este tipo de contratación fraudulenta con el perjuicio que este hecho ocasiona a otras empresas del sector que, de haber actuado por el procedimiento adecuado, podrían haber sido adjudicatarios de la contratación, dándose por ello y por la absoluta falta del procedimiento adecuado el supuesto de nulidad absoluta de las contrataciones”, se detalla en la denuncia.

Fueron las primeras fiestas que celebró el gobierno de PP y Vox, constituido después de cerrar un acuerdo de gobierno tras las elecciones municipales de ese año. En total, costaron al erario público casi 700.000 euros, siendo Las Torres un municipio que cuenta con un presupuesto total de casi 20 millones de euros. Según los socialistas, lo contratado de forma presuntamente irregular tuvo que pagarse con remanentes de superávit de años anteriores.

Exconcejalas del PP

Isabel María Zapata asumió la cartera de Hacienda en Las Torres de Cotillas en 2023, al tiempo que fue nombrada primera teniente de alcalde de este municipio murciano. Por su parte, Amalia Pérez Baño se hizo con la cartera de festejos. Tras interponer la denuncia, los socialistas pidieron la reprobación y dimisión de ambas concejalas en enero de 2024, aunque Pérez Baño no abandonaría la concejalía hasta abril. A causa de una reordenación de competencias del consistorio, esta concejala fue trasladada a la concejalía de Barrios y Pedanías, Edificios Públicos y Transparencia.

Antes de integrarse en las filas de Vox, ambas concejalas habían presentado su dimisión como edilas del PP en Las Torres de Cotillas. Paradójicamente, abandonaron sus cargos como protesta por el hecho de que Yolanda Muñoz, expresidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, encabezara la gestora local del partido mientras estaba siendo investigada por una presunta trama de corrupción en el Puerto.

Este medio ha intentado ponerse en contacto sin éxito con la concejala Isabel María Zapata. Por su parte, Pérez Baño se ha negado a responder las preguntas realizadas por este periódico.

El Parlamento murciano bien podría ilustrar el 'eterno retorno' de Nietzsche: la vida y sus acontecimientos se repiten infinitamente de la misma manera. De esta forma, el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, se ha ido encontrando con distintos 'díscolos' de Vox y de Ciudadanos con los que cincelar una mayoría absoluta que no ha obtenido en las urnas. Los líderes son reemplazables, pero los escaños son insustituibles, y en estos momentos Vox cuenta en la Región de Murcia con dos asientos menos. La salida del partido de extrema derecha por parte de la diputada Virginia Martínez puede suponer un descalabro mayor para los de Abascal que el cese de su antiguo presidente provincial, José Ángel Antelo. Tras su decisión el PP, con 21 diputados y a solo dos de la mayoría absoluta, solo necesitará el apoyo de los dos exmiembros del partido de Abascal para sacar adelante sus proyectos. Con las nuevas cuentas, Vox ha pasado de ser el mal necesario del Partido Popular.

La dimisión de Virginia Martínez se veía venir desde que no apoyó el cese de José Ángel Antelo como presidente autonómico del partido y portavoz parlamentario: “Ha aprovechado para marcharse la ola de dimisiones que ha habido primero en Torre Pacheco y Cartagena”, apunta el politólogo y codirector del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP), Ismael Crespo.

Martínez llegó a Murcia de manos de Ortega-Smith: “nadie la conocía en la Región”. Sabe cómo hacerse con el foco político: en diciembre del pasado año, la parlamentaria interrumpió en el pleno de la Asamblea regional con burka para pedir su prohibición en la Región de Murcia y causó un gran revuelo en los medios. La describen como “tremendamente ambiciosa”.

En la carta que escribió para explicar su abandono del grupo parlamentario de Vox, la diputada expuso su desengaño de “un partido que venía a cambiar la política tradicional de redes clientelares”. Antiguos dirigentes del partido se muestran críticos con su antigua formación: “Después de predicar la meritocracia, al final esta va de colocar a la nuera o a la novia”.

“Estas gotas de agua que van cayendo sugieren que hay alguien detrás marcando los tiempos para desgastar al partido”, opina una fuente próxima a Vox. En el entorno de la formación creen que existen posibilidades de que surjan nuevas iniciativas en torno a Iván Espinosa de los Monteros, por un lado, o a Javier Ortega-Smith y Juan García-Gallardo y que la dimisión de Martínez sea parte de esta estrategia. “Otra posibilidad es que se integren en SALF o negocie para entrar en el PP, que está buscando una imagen más dura”. “Todas las opciones están encima de la mesa. [...] En España Vox tiene mil fuegos y llega un momento en que cuando todo se repite, se ve un patrón”, señalan otros.

Con esta nueva configuración parlamentaria, se le abre al Ejecutivo la posibilidad de ver aprobadas medidas clave, como la Ley de Vivienda Asequible, bloqueada hasta la fecha por los de Abascal, y a la que Antelo ha dado recientemente su visto bueno. La dimisión de Martínez llega en un momento “muy oportuno” para el PP, apunta el diputado por Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos: “Si la Ley se aprueba después de estar atascada desde enero, tendremos la prueba de algodón de que ha tenido lugar una operación por parte del Partido Popular para lograr los votos que le faltan”. 

No es la primera vez que al Partido Popular le caen votos del cielo en el seno de la Asamblea Regional. En el año 2021, una moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos amenazó la continuidad del gobierno popular. Pero tres diputados tránsfugas del partido naranja dinamitaron la moción, pasando a formar parte del Ejecutivo murciano: “Al menos Antelo, si quiere seguir en política, va a negociar”, ha señalado Crespo. “Tengo mis dudas sobre qué rédito puede sacar Antelo. Está en una situación comprometida, ni es un gran activo político ni tiene una experiencia estupenda. No tengo muy claro qué puede aportar al PP tras las elecciones autonómicas del 2027”, ha añadido el politólogo.

Queda por ver qué hará el Partido Popular ante estos potenciales socios de gobierno: “Puede pactar con los ex de Vox y sacarlo todo adelante, demostrar que pueden gobernar. También existe la posibilidad de que se mantengan en su parálisis habitual y continúen intentando pactar con Vox”, ha enumerado Crespo, que recuerda que los populares aún tienen pendiente las negociaciones con los de Abascal para formar gobierno en Extremadura. En el caso de que Antelo y Martínez estén considerando sumarse a alguna iniciativa, “van a enrocarse más que nunca en las ideas”, opinan desde el entorno de Vox.

Por su parte, Crespo no descarta que hayan podido influir factores interpersonales: “Con la salida de Antelo, Vox se ha quedado sin referente institucional. Pancorbo es el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox, por otro lado, el líder parlamentario ha pasado a ser Alpañez, y es sabido que no es un individuo que genere consenso ni siguiera dentro de su grupo”.

“Vox es un partido extremadamente autoritario en sus formas y en su estructura, se dirige absolutamente todo a Madrid, los diputados realmente no pintan nada. Creo que puede despertar cierta frustración cuando alguien ajeno a la política entra a un proyecto y le dicen que solo está para que levanten la mano en las votaciones”, observa Crespo. “A veces vemos la política como una sucesión de cuestiones lógicas, pero en el fondo todos somos humanos. La dinámica del día a día puede llevarnos a decidir en un momento dado sin pensar tanto en cuestiones tácticas o estratégicas”.

El espejo de los díscolos de Vox

No es la primera vez que Vox se encuentra en esta situación. La formación politica sufrió un terremoto político similar en junio de 2020, cuando expulsó del partido a tres de sus cuatro diputados autonómicos de la Asamblea Regional de Murcia -Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco Carrera-, después de que estos quitasen de la titularidad de las cuentas de su grupo parlamentario a dirigentes nacionales como Ortega Smith y despidieran a cuatro trabajadores del grupo parlamentario.

En 2022 Abascal forzó la disolución del grupo parlamentario en la Asamblea Regional y Juan José Liarte, Francisco Carrera, Mabel Campuzano y Pascual Salvador acabaron en el Grupo Mixto. López Miras supo cabalgar la crisis y consiguió acercar a 'los díscolos de Vox' a sus posiciones. “Se trata de una geometría perfecta”, apunta una fuente próxima al partido de extrema derecha. “Vox quería gente de perfil alto, pero manipulables. Y el problema es que, esencialmente, son dos cosas contradictorias. Ahora, ya, buscan a gente dependiente”, añade.

Estos tres diputados permanecieron en su escaño hasta las elecciones de 2023, llegando incluso a asumir la cartera de la consejería de Educación en el año 2021 tras la moción de censura fallida presentada por PSOE y Ciudadanos. Antelo y Martínez no tienen tanto tiempo, puesto que los próximos comicios autonómicos están fechados para 2027. Pero, como los díscolos, conservan sus escaños como herramienta negociadora como el PP.

Qué ocurre con el Grupo Mixto

La configuración de la Asamblea Regional, una vez se incorpore Martínez al grupo Mixto, será de 21 diputados del PP, 13 del PSOE, 7 de Vox, y 4 del grupo Mixto: María Marín (Podemos), José Luis Álvarez-Castellanos (IU-Verdes) y los dos exdiputados del partido de ultraderecha.

Por el momento, Álvarez-Castellanos reconoce que la nueva configuración en el Grupo Mixto pone a IU-Verdes y a Podemos en una situación “compleja”: “A priori todo apunta que va a ser una situación de 50-50, un bloqueo que habrá que desatascar de alguna forma”.

Queda en el aire el papel que tomará Martínez dentro del Grupo Mixto: “Hasta el momento llevamos cinco plenos en los cuales Antelo no ha dicho esta boca mía, no ha pedido intervenir absolutamente para nada. Virginia [Martínez] no sé lo que hará, pero mi impresión es que no la veo muy por la labor de desarrollar una labor furiosa de desarrollo de iniciativas”

“No podemos descartar que esto vaya a ser algo más que que una división del grupo parlamentario Vox y que estén pensando [los ex de Vox] en formar otra formación política de cara al futuro. Si se da el caso, probablemente intervendrán más”, ha concluído el diputado de IU-Verdes.

El electorado murciano

La crisis de Vox, aunque ha hecho temblar a la composición parlamentaria, posiblemente no se haga notar en las urnas: “Al 60% del electorado murciano no le interesa la política, ni nacional ni regional. El otro 40% se maneja en ecosistemas informativos bastante segmentados. Posiblemente, una buena parte del electorado no se va a enterar; no creo que impacte mucho”, explica Crespo.

“Sí es posible que la crisis esté afectando a la idea de que Vox es un partido virgen [de escándalos] como parecía”, añade.

Las dimisiones en Vox en la Región de Murcia llegan por goteo, pero llegan. Este martes ha dimitido la diputada regional Virginia Martínez, tras sentirse “profundamente decepcionada” con el rumbo de la dirección del partido. De este modo, Martínez pasa a formar parte del Grupo Mixto junto al antiguo líder de Vox, el ya cesado José Ángel Antelo.

Tras esta decisión, el PP, con 21 diputados y a solo dos de la mayoría absoluta, solo necesitaría el apoyo de los dos exmiembros del partido de Abascal para sacar adelante sus proyectos y Vox perdería su papel decisivo en el Parlamento regional.

La configuración de la Asamblea Regional, una vez se incorpore Martínez al grupo Mixto, será de 21 diputados del PP, 13 del PSOE, 7 de Vox, y 4 del grupo Mixto: María Marín (Podemos), José Luis Álvarez-Castellanos (IU-Verdes) y los dos exdiputados del partido de ultraderecha.

“Nos encontramos actualmente con una cúpula que acumula cargos para recibir sobresueldos y que se dedica a expulsar a referentes de talento”, ha denunciado Martínez.

La diputada fue la única que no apoyó el cese de José Ángel Antelo como presidente autonómico del partido y portavoz parlamentario. Pese a su abstención, el partido no movilizó su expulsión: “Está en tierra de nadie”, definieron fuentes cercanas a Vox tras la votación.

A su salida, Martínez ha censurado la gestión de la actual dirección del partido. De acuerdo con la ex de Vox, el partido tiene múltiples “satélites” distribuidos por el país para ejercer su influencia: “Medios de comunicación cuyo máximo financiador es el partido, una fundación -Disenso- a la que se le desvían ingentes cantidades de dinero, o un centro de formación -ISSEP-, que vive de la formación interna”. Todo ello, detalla “pagado con el dinero de los afiliados y con la financiación pública que se recibe a nivel nacional, autonómico y municipal”.

“Los ciudadanos votaron a Vox para que cerrásemos los centros de menas, no para que los abriésemos a las afueras; votaron a Vox para que cerrásemos las televisiones autonómicas, no para que nuestro director de comunicación cobrase un sueldo de una de ellas; votaron a Vox para que frenásemos la inmigración ilegal, no para que cobrasen ayudas a los tres años de haber llegado, y votaron a Vox por ser el único partido verdaderamente liberal en lo económico, no un partido estatalista”, ha defendido Martínez.

A su juicio, “la deriva ideológica reciente y los pactos mal gestionados están dando pie a acuerdos que no son reconocibles por aquellos que nos han votado”. Por ello, ha decidido “dar un paso a un lado y esperar que el partido se recomponga, ya que seguir en él sería avalar las malas actuaciones de unos pocos con mi silencio”.

Cuando la Asamblea Regional admita el traslado de Martínez al grupo Mixto, el PP podría contar con los dos votos de los exdiputados de Vox, lo que le permitiría sacar adelante diversos proyectos, entre ellos la Ley de Vivienda Asequible, bloqueada hasta la fecha por los de Abascal, y a la que Antelo ha dado recientemente su visto bueno.

La diputada del burka

No es la primera vez que esta diputada protagoniza el foco político. Cuando formaba parte de Vox, en diciembre del pasado año, la parlamentaria interrumpió en el pleno de la Asamblea regional con burka para pedir su prohibición en la Región de Murcia. Una acción censurada a izquierda y derecha del hemiciclo: “Una cosa es combatir la opresión y otra muy distinta es convertir a cualquier mujer que lleva un velo en un problema de orden público”, opinó tras lo ocurrido el portavoz del PP, Joaquín Segado.

Un individuo de 31 años ha sido detenido por presuntamente secuestrar durante días a su pareja en una autocaravana en un huerto de limoneros localizado en la pedanía murciana de Nonduermas, según informa el diario local La Opinión.

Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía llegaron a la parcela el pasado viernes por la noche, donde encontraron el vehículo cerrado, con el aire acondicionado encendido y la víctima y el detenido en su interior.

La voz de alarma llegó desde el 112 de Madrid, cuando el centro recibió una llamada alertando de que había una mujer retenida en contra de su voluntad en el interior de una autocaravana, en un recinto plagado de cámaras de vigilancia que impedían su huida. La víctima, aprovechando que su pareja había salido, llamó a su banco para anular su tarjeta bancaria. En ese momento advirtió al personal de la entidad de que estaba siendo secuestrada: “Tengo solo 30 segundos para hablar, me encuentro retenida”, alertó la mujer, facilitando la dirección del huerto.

Tras el aviso, la Policía Nacional se desplazó al lugar de los hechos y entrevistó a los vecinos, que le facilitaron los datos del presunto secuestrador y dueño de la parcela. En la parcela había suelto un perro considerado potencialmente peligroso (PPP), por lo que se alertó a Zoonosis del Ayuntamiento para que se hiciesen cargo del animal en el caso de que pudiera atacar a los agentes.

El individuo no respondió a las llamadas de las fuerzas del orden y, al existir indicios de que la vida de la mujer podía correr peligro, cuatro agentes saltaron la valla de la parcela. Al grito de “¡Policía, salgan fuera!”, la víctima abandonó el vehículo, llorando, pidiendo auxilio y con un ataque se ansiedad.

Fue entonces cuando la víctima relató que llevaba dos meses con su pareja sentimental cuando decidieron pasar unos días en el huerto, alojándose en la autocaravana. Después de que él descubriera unos mensajes del ex de la víctima en su teléfono, le propinó una paliza. Como la mujer acabó llena de hematomas tras la agresión, su pareja decidió encerrarla en contra de su voluntad hasta que le desaparecieran las marcas de los golpes.

Tras detener al presunto secuestrador e identificar a la víctima, la Policía descubrió que sobre ella pesaba una orden de busca y captura por un delito de estafa en el municipio valenciano de Sagunto, por lo que también fue arrestada.

A mediados de julio de 1937 la brigadista y escritora austrohúngara Gusti Jirku llegó a Murcia. Vino hasta la ciudad mediante un convoy sanitario, directamente desde el frente en plena Guerra Civil. Estaba viva de milagro, poco antes de subir al tren sobrevivió a un bombardeo franquista con obuses, cargando a sus espaldas un herido, un camarada. Al llegar a la capital, la describió como “la ciudad de los heridos”: una zona de retaguardia, donde la guerra llegaba a través de brigadistas lesionados y mutilados en combate. Se les podía ver vendados o con muletas, frecuentando los bares o fumando junto al río Segura: “Los heridos le dan a esta pequeña ciudad provincial su sello especial de una gran época histórica, el sello de las penas humanas por un gran ideal”, escribió en su libro 'Nuestra lucha contra la Muerte. La labor del Servicio Médico de las Brigadas Internacionales'. Casi un siglo después, la ciudad de los heridos ha olvidado que, en su día, albergó el mayor complejo hospitalario de las Brigadas Internacionales del país.

“Las Brigadas Internacionales pronto se dieron cuenta de que debían tener un servicio sanitario propio, paralelo al de la República Española”, explica la presidenta de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRM), Mercedes Nicolás. “Imaginemos por ejemplo a un brigadista húngaro en un hospital en mitad de Castilla-La Mancha, que solo habla húngaro y entiende a lo mejor un poco de alemán o de ruso, y el personal sanitario solo puede comunicarse en español”, ejemplifica.

La elección de Murcia para la instalación de un complejo hospitalario para las Brigadas Internacionales no fue casualidad: “Murcia fue una provincia de retaguardia hasta el 29 de marzo de 1939, cuando empezaron a entrar las tropas [franquistas]. Estaba muy cerca de Albacete, que era la sede central de las Brigadas Internacionales. Además, había edificios que se prestaban a ser usados como grandes hospitales”, apunta Nicolás. Se abrieron cuatro grandes centros médicos en la ciudad de Murcia -Pasionaria, Federica Montseny, Comandante Dubois (conocido como Casa Roja) y Paul Vaillant-Couturier (conocido como Radio)-, denominados popularmente como 'hospitales de sangre': “Fueron hospitales de retaguardia, con pacientes con ingresos largos y recuperaciones lentas”, describe Nicolás. 

“Allí se atendía a pacientes más estables, a quienes se les habían hecho las primeras intervenciones de emergencia en el frente y se les trasladaba aquí para realizarles las cirugías más complejas”, abunda Pilar Murcia Hernández, médica intensivista y doctoranda en Historia de la Medicina en la Universidad de Murcia (UMU).

La doctoranda estima que mientras los hospitales de sangre permanecieron abiertos “probablemente atendieron a más de 6.000 heridos”. La mortalidad, apunta, no era alta si la comparamos con el frente: “Aquí podían morir por complicaciones infecciosas, normalmente venían estabilizados de la primera línea”.

Un hospital en la Facultad de Derecho

El claustro de la Facultad de Derecho de la Merced, en el centro de la ciudad, fue antaño el corazón del hospital Federica Montseny. “El gobernador de Murcia y el Gobierno español pusieron la Universidad a disposición del Servicio Sanitario de las Brigadas Internacionales. Jamás existió en una guerra otro hospital tan ejemplarmente equipado para los heridos”, resume Jirku en su libro. Los pacientes hacían vida en camas prácticamente al aire libre, bajo el cobijo de las galerías de la estructura: “Ponían a todos los pacientes con heridas infectadas en el claustro para que pudieran airearse y evitar problemas de olores y heridas supurativas”, describe Murcia Hernández.

“En el Federica Montseny se instaló un taller, donde se dispuso un sistema de recopilación de monedas, que fundían y convertían en prótesis”, abunda la doctoranda, quien relata cómo las campañas de recaudación de dinero para la fundición murciana llegaron a Francia e Inglaterra. “En el mismo hospital se operaba a los heridos, se les medía y se les fabricaba la prótesis”, explica Murcia Hernández, al tiempo que detalla que entre los trabajadores de este hospital de sangre hubo herreros y trabajadores de fragua.

Yiddish, puente lingüístico

En su investigación, Murcia Hernández ha logrado recopilar los datos de más de 230 personas que trabajaron en todo el complejo hospitalario. La vida hospitalaria y la civil se unían, con sanitarios y heridos viviendo en los mismos centros.

Tal y como describe el historiador Michael Uhl, entre el personal sanitario era común el perfil del joven judío, de izquierdas y antifascista: “Los voluntarios judíos del Centro Sanitario Internacional eran prácticamente todos asquenazíes (establecidos en Europa Central y Oriental) y hablaban yiddish (lengua judeo-alemana hablado en las comunidades asquenazíes)”, detalla el historiador. “Tras la expulsión de los sefardíes por los Reyes Católicos en el siglo XV, volvió por primera vez a Murcia un grupo numeroso de judíos”.

“El yiddish sirvió de puente lingüístico, ya que en aquella época muy pocos sabían inglés. El último director del hospital Radio, el doctor Minkoff, no hablaba ni una palabra de esta lengua”. La primera doctora americana en llegar a Murcia en otoño de 1937, Franzes Vanzan, escribió a sus padres horrorizada ante el desconocimiento de su idioma: “Pidió que le mandaran un diccionario médico alemán-inglés”, explica Uhl.

La comunicación con los pacientes, procedentes de todos los rincones del mundo, era “compleja”: “Los pacientes internacionales no sabían ni castellano ni otras lenguas que no fueran la suya materna”.

A esto se le añadía la poca experiencia laboral que atesoraba la mayor parte del personal médico: “Vanzan lamentaba este asunto en sus cartas”. Aunque se trataba de un hospital de guerra, el grueso del personal no era militar. “El primer jefe del Servicio Sanitario internacional era Rudolf Neuman, un pediatra de Berlín”.

“Estuve en 1996 en Madrid, donde conocí a una antigua enfermera estadounidense de origen judío. Me dijo que el dinero no les importaba, que lo dejaron todo por la idea de la solidaridad”, añade el historiador.

Tras la pista de Betty

Uhl viajó a Murcia en el año 2017. “La primera persona con la que hablé de los hospitales en Murcia fue con un argentino, el conocido como el Tío de la Barca. Me invitó a un café detrás de la catedral, donde está el grabado en homenaje al fundador de la Falange”, recuerda. Allí, a la sombra de un 'Jose Antonio Primo de Rivera, ¡Presente!', tuvo lugar un café a tres, entre el historiador, el barquero y un murciano amigo suyo: “El murciano me dijo ‘olvídalo, aquí la gente prefiere silenciar las cosas’”.

“En ese momento, aparte de las memorias poco precisas de antiguos voluntarios y algunos comentarios sumarios en un libro de un historiador de Albacete, no había ninguna base sólida en la que pudiera apoyarme”, resume.

El historiador andaba tras la pista de Betty Rosenfeld, una enfermera judía alemana que dedicó su vida a la resistencia antifascista y que fue deportada a Auschwitz en 1942, donde finalmente falleció. El golpe militar en España encontró a Betty en Palestina, donde tuvo que huir debido la represión nazi. Ella conocía de primera mano lo que era la lucha antifascista, formó parte del grupo de resistencia comunista en Stuttgart, tecleando folletos contra el nuevo régimen alemán. En marzo de 1937 se unió a las Brigadas Internacionales, llegando a Murcia como enfermera titulada.

“Betty provenía de una familia burguesa. Su padre era empresario, no le faltaba de nada. Pero prefirió la solidaridad a la seguridad”, describe Uhl. Su estancia en Murcia quedó inmortalizada en misivas y fotografías, entre ellas una instantánea posando en la azotea del Casa Roja con sus compañeros del hospital y la catedral de Murcia de fondo.

En el verano de 1938 Betty solicitó un permiso de 15 días a las Brigadas Internacionales. Buscaba reencontrarse en París con su hermana, con la que no consiguió establecer contacto y a la que jamás volvió a ver. En aquella época, Francia cerró la frontera catalana y la sanitaria se quedó atrapada como refugiada en el país galo.

Mientras, los hospitales de las brigadas fueron evacuados en tren, en la madrugada del 8 y 9 de abril de 1938. Quedaron en Murcia los brigadistas y personal español: “En el 39, las tropas sublevadas llegaron a los hospitales y detuvieron a los médicos que quedaban allí. El hospital Federica Montseny pasó a llamarse General Mola”, explica Mercedes.

La desaparición de los hospitales de sangre

Muchos de los fallecidos descansan en la fosa común de la Plaza de la Paz del cementerio de Nuestro Padre Jesús de Murcia. De acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, hay casi 130 víctimas.

“A principios de 1937 el Ayuntamiento de Murcia, a propuesta del teniente de alcalde, Francisco Gilbert, aprobó una moción para designar un lugar de honor en el cementerio de Murcia para los brigadas internacionales fallecidos en los hospitales de la ciudad”, relata Nicolás

Y entre febrero del 37 y mayo del 1938, tuvieron lugar los enterramientos de los hospitales de las Brigadas Internacionales. Entre los fallecidos que descansan en esta fosa solo hay dos mujeres, Dora Steinbock, enfermera de 35 años; y Josefa Cuesta Sánchez, de tan solo 17.

El caso de Steinbock es insólito. En los registros aparece documentada su ocupación como sanitaria, su fecha de fallecimiento y de inhumación, pero todo apunta a que se trataron de ocultar las razones de su fallecimiento: “En el registro civil aparece la causa de su muerte tachada, no con una sola línea encima, sino tapada por completo con rayones”, describe Mercedes Nicolás.

“No sabemos exactamente quién es Josefa, o de donde viene. Creemos que le retiraron en el hospital Pasionaria una bala alojada en la frente, pero que murió más tarde de una meningitis”.

“Cuando acabó la guerra, Franco llevó a cabo su propia memoria histórica, y el 23 de diciembre del 39 ordenó exhumar [los cuerpos de] los brigadas fallecidos y trasladarlos a dos zanjas en la zona D Disidentes”, continúa Nicolás: “Allí permanecieron hasta los años 80, cuando las fosas fueron redescubiertas y los cuerpos, trasladados de nuevo a una tumba dignificada”.

David está rehaciendo su vida. Desde hace tres meses, trabaja en la imprenta de Nostrum Integra, de la fundación Diagrama: “Es muy motivador. Después de tres años vuelvo a tener obligaciones, una rutina, un día a día normal”, explica a este diario. Las adicciones lo apartaron temporalmente del mundo laboral, que ahora vuelve a afrontar con ilusión.

Antes de firmar el contrato con la empresa de inserción, David Quesada llevaba tres años sin trabajar: “Mi último trabajo fue como seguridad en un centro de menores. Estuve allí 12 años, trabajando con adolescentes con problemas”. Tras toda una vida empleado, finalmente tuvo que cogerse la baja: “Estuve depresivo mucho tiempo, aquello quema, hay una tensión continua”, describe.

Ahora, está aprendiendo un nuevo oficio: “La mayoría entramos aquí desde cero, sin experiencia en el sector. Nos están ayudando mucho, la formación está siendo muy buena, tenemos grandes profesionales”. Junto a él, otra media docena de personas tiene un contrato de inserción con Nostrum Integra: “La experiencia con los compañeros es muy positiva, nos adaptamos bien y nos ayudamos mutuamente, somos un equipo”, apunta David.

Nostrum Integra es una empresa de inserción, una iniciativa económica de carácter no lucrativo cuyo objeto social es el acompañamiento y la inserción socio-laboral de personas desempleadas en situación o riesgo de exclusión social, con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo. Afincada en el polígono de La Polvorista en Molina de Segura, la entidad lleva trabajando con personas en riesgo de exclusión social de la mano de la Fundación Diagrama prácticamente desde su nacimiento en 1999, mucho antes de que se formalizase legalmente la figura de las empresas de inclusión.

“Desde el principio la empresa se ideó para trabajar con personas en exclusión social o en riesgo de exclusión social. Al principio el trabajo era más formativo, similar a los programas de los institutos de formación profesional. Pero nos fuimos dando cuenta del valor de dar una oportunidad laboral a distintos colectivos”, explica a este diario Matías González, gerente de la empresa.

Ahora, trabajan al tiempo que se están formando: “En un año aprenden la profesión, en dos años son técnicos de producción. A los tres años se tienen que ir, la idea es que este trabajo sirva de tránsito al mercado laboral ordinario”, describe el gerente. Por parte de la empresa, Matías confiesa que la renovación constante de personas supone un reto: “Por mucho que hayamos conseguido que estos empleados formen parte de una plantilla profesional, cuando terminan sus contratos volvemos a empezar con personal nuevo, la mayoría sin experiencia en el sector”.

“La experiencia es muy bonita. Es muy gratificante comparar cómo entran a cómo se van”, define Paco García, técnico de producción. Como en el grueso de empresas de inserción, los empleados con contratos de este tipo reciben un acompañamiento doble. Por un lado, a través del equipo de orientación laboral de la Fundación Diagrama se preparan en los aspectos sociales y formativos del itinerario de inserción. Por otro lado, los técnicos de producción trabajan codo con codo con ellos, enseñándoles el oficio.

“Hay que trabajar con ellos con mano izquierda. En resumidas cuentas, hay que ser muy humano. Es indescriptible la sensación que da cuando vienen y te dicen que han conseguido encontrar trabajo, es una maravilla”, explica el técnico. “Tenemos muy buenos profesionales que nos enseñan a cómo trabajar aquí, la mayoría entramos sin tener experiencia previa en el sector”, abunda David.

Estudios de diseño y agencias de publicidad

“Empezamos con una imprenta convencional con la tinta. Al principio fue difícil establecer un ritmo de trabajo mientras hacíamos las formaciones. No era como el que tenemos ahora, somos una empresa profesional”, subraya. La nave, ahora con equipamiento moderno, preserva su historia en pequeños detalles, como la iluminación que se instaló junto a la antigua imprenta tradicional: blanca, alógena y precisa.

Para lograr ser competitivos, González indica que la empresa tuvo que reinventarse varias veces, siendo de las primeras imprentas en zambullirse en el mundo digital: “Fuimos de los primeros en digitalizarnos en Murcia, queríamos ser más competitivos, dar el servicio más rápido. También nos queríamos alejar de un proceso de producción muy complejo en el que había que tener una formación muy especializada”, abunda.

“Al final esto un negocio sin ánimo de lucro, pero tiene que ser sostenible y productivo”, recuerda. Aunque disponen de un amplio catálogo de servicios, Nostrum Integra se ha convertido en una imprenta muy apreciada por estudios de diseño y agencias de publicidad: “Nos hemos especializado, aunque suene redundante, en acabados muy específicos [risas]. Nos enfocamos en la pequeña tirada, hacemos productos que no suelen hacer otras empresas. Los estudios buscan en nosotros un proveedor donde puedan llevar a cabo su creatividad”, incide.

El grueso de la cartera de clientes de la empresa es de iniciativa privada, interesados en sus acabados y “sensibilizados con el proyecto” de inserción. El cliente menos común es la Administración, pese a que la normativa estipula que las empresas de inserción deben presentar un mínimo del 8% en su volumen de licitaciones.

“Diría que no se está cumpliendo la normativa, porque no lo hacen [los contratos] con reserva, lo hacen a precio. Aunque siempre nos tienen en cuenta porque les gusta el proyecto, si se abriera este tipo de contrataciones públicas con reserva cogerían a una empresa u a otra, pero siempre serían de inserción”, expone Matías.

No hay un “perfil” de la exclusión social

González descarta definir un “perfil” de empleado con contrato de inclusión. A primera vista el personal de la imprenta es muy heterogéneo, con hombres y mujeres de diversas edades trabajando codo con codo: “Diagrama trabaja con prácticamente todo el ámbito de colectivos de riesgo de exclusión social. Principalmente, con chicos que cumplen la mayoría de edad en centros de menores”, apunta. “A las personas que han pasado por un centro de menores o de protección les damos su primera experiencia laboral. Con 18 o 19 añitos salen de los centros y les ofrecemos la primera oportunidad de conocer el mundo laboral”, abunda.

“Trabajar con gente joven es distinto, es más ajetreado, pero suelen tener una capacidad de aprendizaje mayor. Les tienes que enseñar lo que es la responsabilidad, la importancia de los horarios y de permanecer en el puesto de trabajo. Pero la experiencia siempre ha sido buena, el ambiente con los chavales suele volverse más distendido”, observa.

La Fundación también tiene programas para otros colectivos, como las personas migrantes, en situación de pobreza, parados de larga duración, personas con adicciones o mujeres maltratadas: “Son personas muy capaces de trabajar, muchos llegan con una trayectoria de trabajo”, resume. La mayoría de los trabajadores con contratos de inserción vienen de programas de la propia Diagrama, pero también colaboran con otras entidades o empresas de inserción: “No queremos discriminar a nadie, queremos darle la oportunidad a todo el mundo”.

Unir sus dos pasiones: deporte y folclore. Esa es la idea que transmite Matilde (La Alberca, 2002), una joven murciana que a través de sus redes sociales y con un toque de humor muestra la versatilidad del traje tradicional de huertana, que tiene más posibilidades de las que parece. Incluso permite practicar ejercicio físico, pese a su aparente incomodidad. Así lo demuestra ella, conocida en redes como ‘la huertana del crossfit’. “La idea de la huertana del crossfit nació de que yo entrenaba en un box todos los días y también estaba inmersa en las actividades como Dama de Reina de la Huerta”, explica. Durante esa etapa, acudía con frecuencia a entrenar con el peinado típico de huertana, lo que no pasaba desapercibido entre sus compañeros, relata.

De forma natural, empezó a plantearse unir sus dos pasiones: el crossfit y las tradiciones huertanas. Una combinación que, asegura, no ha generado ningún tipo de rechazo: “No he recibido ninguna crítica ni de la Federación de Peñas Huertanas ni de mi propia peña”.

Su vídeo entrenando con el traje de huertana se ha hecho viral, con más de 400.000 visualizaciones hasta el momento, y demuestra el interés que puede generar practicar ejercicio con una vestimenta distinta a la habitual. En el reel la podemos ver, al ritmo del remix techno de 'Berghain' de Rosalía & Conrad Taylor, haciendo saltos al cajón, dominadas o burpees con el zagalejo puesto.

Con 436 comentarios, se pueden apreciar tanto comentarios positivos agradeciendo la labor de divulgación de las tradiciones murcianas realizada por Matilde, como otros en los que los usuarios mencionan que “el traje es carísimo y no todo el mundo se lo puede permitir”.

Este fenómeno se enmarca en un resurgir del traje de huertana, que la joven también relaciona con tendencias actuales: “Cada vez hay más gente que está abrazando el traje gracias también a la moda de la ropa de época, como en Los Bridgerton”, opina.

No obstante, Matilde insiste en que este auge debe ir acompañado de conocimiento y respeto. “Me gustaría que fuera un resurgir con conciencia, que sepamos lo que estamos representando”, defiende. En este sentido, advierte sobre errores frecuentes en la vestimenta: “No podemos llevar volantes fucsia, al igual que tampoco existían los colores artificiales. Los zagalejos -faldas de huertana- son de telas lisas o de cuadros y en colores sobrios”. Aun así, reconoce que la tradición también puede adaptarse, siempre desde el respeto. “Se pueden hacer cambios, pero con criterio”, matiza.

En definitiva, los jóvenes comienzan a ver el traje de huertana desde una nueva perspectiva, más abierta y creativa. Sin embargo, este cambio no debería hacer perder de vista su valor cultural. Porque, como defiende Matilde, innovar no está reñido con respetar la tradición.

La democratización del traje

Hija de una familia de sastres y merceros, Lidia ha crecido entre bobinas de hilo, agujas, cintas y bordados. Al frente desde hace décadas de la mercería familiar en la pedanía murciana de Aljúcer, no puede esconder su pasión cuando habla de las tradiciones de la huerta murciana. Hace tres años que dejó de vender solo los trajes de huertana de sus proveedores a vender los que cose ella misma con sus manos.

“Después de la pandemia las faldas de huertana, los refajos, subieron mucho de precio”, relata, y al mismo tiempo se empezaron a poner de moda los zagalejos, las enaguas que se usaban en la época y que son más ligeras. La diferencia de precio entre un zagalejo, hechos con tela de algodón, y un refajo bordado, de paño o lana, es “abismal”. Hubo una democratización del traje, explica Lidia, quien destaca que intenta conjugar las nuevas corrientes con el respeto a la tradición. “Hay algunas pautas, como el número de volantes que lleva la falda o dónde los colocamos, porque hay veces que ves trajes que más de huertana parecen de sevillana”.

En referencia al vídeo viral de Matilde, señala Lidia, “lo que nos está queriendo decir es que puedes vestirte perfectamente y sin esfuerzo con el traje regional”. Dentro de la innovación, hay algunas pautas que hay que seguir para ir bien vestida.

Con las fiestas del Bando de la Huerta cada vez más cerca, el próximo martes 7 de abril, Lidia dedica en su negocio, Mercería Palazón, hasta ocho horas detrás de la máquina de coser al día. Detrás de cada traje hay mucha dedicación, ilusión y arte. “El mismo día del Bando abro, por si hay algo que mis clientas necesiten de última hora o para ayudarles a vestirse, sus trajes los he hecho con mis manos y me gusta que todo quede bien”.

Lidia celebra este resurgir de las tradiciones: “Siempre he sido de una peña, a mí me encanta vestirme de huertana, cuando era pequeña, como mi familia era muy humilde, los trajes me los hacían mis padres”, recuerda con cariño. “Salíamos también a otros sitios para enseñar nuestro folclore, hemos viajado hasta Portugal, Madeira o Polonia; ahora para muchos jóvenes la jota es algo aburrido, incluso hortera pero son nuestras tradiciones y no hay que perderlas”.

Una ausencia médica ha evidenciado la fragilidad numérica del pleno cartagenero. Antes, los diez concejales del Partido Popular y los cuatro de Vox le otorgaban al gobierno de Noelia Arroyo una mayoría de 14 escaños de los 27 que componen la corporación municipal. Después de que el ex teniente de alcalde de la localidad, Diego Salinas, abandonase Vox, las cuentas no están tan claras.

El ex teniente de alcalde no se ha presentado hoy al pleno, dejando al Ejecutivo con los mismos 13 concejales que tiene la oposición. En el supuesto de que todos los grupos contrarios al gobierno local votaran lo mismo, habría empate. Si se diera lugar este supuesto, el Ejecutivo solo podrá inclinar la balanza a su favor con el voto de calidad de la regidora municipal.

Salinas, pese a que ha abandonado Vox y ahora es un concejal no adscrito, mantiene sus competencias en Desarrollo Económico, Empresa e Industria. Sí que ha dejado ejercer como teniente de alcalde, un puesto que ahora ostenta el portavoz de Vox en el municipio, Gonzalo López Pretel. Una maniobra en la que Arroyo confía en sortear esta crisis originada en el seno de sus socios de gobierno y un intento de espantar al fantasma de la moción de censura que comienza a atormentar al pleno.

Esta sacudida dentro de Vox se ha escenificado este miércoles en el Palacio Consistorial de Cartagena. El sitio que ahora corresponde a Salinas se encuentra junto a la concejala popular Belén Romero. Mientras, López Petrel ocupa el lugar designado al teniente de alcalde y la portavoz Suplente de Vox, Sánchez del Álamo, ocupa su asiento.

De acuerdo con Arroyo, Salinas no ha podido acudir a su cita con el resto de ediles en el Palacio Consistorial de Cartagena por motivos médicos, aunque el edil ha insistido en que no lo volverá a repetir.

Primer político en abandonar Vox tras el cese de Antelo

Salinas fue el primer político de Vox en la Región de Murcia que abandonó el partido tras el cese de su del expresidente provincial de Vox, José Ángel Antelo: “La deriva del partido y el trato dado a Antelo son incompatibles con los principios y valores que siempre he defendido”, publicó el ya ex teniente de alcalde en sus redes sociales. Salinas llegó a Vox de la mano de Antelo, cuando lo fichó en el año 2022, llegando a encabezar las listas de Vox en las elecciones municipales de 2023.