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Palma declara 'non grato' a Pedro Sánchez con los votos de PP y Vox y la izquierda denuncia un “ataque a la democracia”

Pedro Sánchez, el pasado mes de julio, en el palacio de Marivent tras despachar con Felipe VI

Esther Ballesteros

Mallorca —
18 de diciembre de 2025 15:32 h

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El pleno del Ayuntamiento de Palma ha declarado persona non grata al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mediante una moción impulsada por Vox, secundada por el PP y rechazada por la totalidad de los grupos de izquierdas -PSIB-PSOE, Unidas Podemos y Més-. La iniciativa ha sido aprobada en una sesión que ha estado marcada por duros reproches y en la que los socialistas han calificado de “vergonzosa y bochornosa” la propuesta.

Aunque el recurso de declarar a una persona non grata en un ayuntamiento no tiene efectos legales -no impide al presidente entrar ni actuar en esas localidades-, su uso se ha convertido en una herramienta de presión política y de señalamiento mediático en un contexto de elevada polarización. La moción impulsada en la capital balear es, por tanto, meramente simbólica.

La propuesta ha sido defendida por el portavoz de la formación de extrema derecha, Fulgencio Coll, quien ha acusado al jefe del Ejecutivo central de ejercer “una corrupción esférica” y de un supuesto “menosprecio” hacia Palma que, en su opinión, justificaría la medida. En palabras de Coll, la declaración busca “demostrar una vez más que la mayoría de españoles desean que este presidente se vaya del Gobierno”, a pesar de que las últimas mediciones del CIS sitúan a Sánchez como el líder político mejor valorado.

Por su parte, el portavoz adjunto del equipo de gobierno municipal, Llorenç Bauzà (PP), sostiene que “hay motivos suficientes” para declarar al líder del Gobierno persona non grata, argumentando que el texto “no reprueba a un presidente sino a alguien que se ha saltado todos los límites morales y, tal vez, legales”.

Por su parte, el socialista Xisco Ducrós ha advertido de de la propuesta supone “un ataque directo a la democracia”, al recalcar que Sánchez fue elegido legítimamente y un pleno municipal no puede cuestionar esa legitimidad. “PP y Vox nunca han estado por resolver los problemas de la ciudadanía ni por la democracia”, ha reprochado.

Mientras tanto, Unidas Podemos y Més per Palma han recriminado que la moción no afronta los problemas reales de la ciudadanía y que el uso de declaraciones simbólicas de este tipo alimenta la polarización más que la convivencia política. En este sentido, la portavoz del grupo ecosoberanista, Neus Truyol, ha señalado que su grupo “no hará seguidismo del espectáculo de Vox y PP”, mientras la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, considera que la moción busca “incendiar y generar una disputa partidista”.

Muñoz ha incidido en que cuando se propone una iniciativa de estas características debería ser por cuestiones morales y de derechos humanos. Por ello, Podemos ha presentado una enmienda para declarar persona non grata al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y a su “gobierno genocida”. Según ha defendido, la suya no es una propuesta “vacía como la de Vox”, sino “una respuesta ética y responsable”. La enmienda, sin embargo, ha sido rechazada.

“Se ha olvidado de decir que Israel fue atacado por un estado o gobierno terrorista de la manera más cruel, razón por la que fue declarada la guerra”, ha justificado el portavoz de Vox, obviando que diversos organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han denunciado que la respuesta del Gobierno israelí mediante bombardeos sobre la población civil o el bloqueo de ayuda humanitaria no puede justificarse por el ataque inicial de Hamás.

La decisión del Ayuntamiento de Palma de declarar a Sánchez persona non grata no es aislada. En las últimas semanas, otros municipios españoles han movido fichas similares, entre ellos Albacete, cuyo Consistorio aprobó en noviembre una propuesta similar también con el respaldo de PP y Vox y con críticas de PSOE y Unidas Podemos, que tacharon la iniciativa de un ataque a las instituciones democráticas. Asimismo, en Cuenca y Cantabria se han debatido sin éxito iniciativas parecidas.

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