Después de mucho tiempo intentando evitarle, el Partido Popular tuvo que enviar a uno de sus delanteros titulares a hacer una pregunta a Carlos Cuerpo en la sesión de control. No es que estuvieran aterrorizados con la oratoria del nuevo vicepresidente. Lo que les pasaba es que no se atrevían a hablar de economía. Bah, a quién le interesan esas cosas. Es más divertido pegar gritos y hablar de Ábalos y sus chicas.

El marronazo cayó en manos de Ester Muñoz, que intentó ceñirse al manual de costumbre y hablar de la corrupción. A ver si colaba. “¿A usted le indigna que una empresaria haya acreditado que llevaba bolsas de dinero a Ferraz?”. Dijo “empresaria” como si fuera una integrante de la junta directiva de la CEOE, pero se refería a Carmen Pano, imputada en la Audiencia Nacional por un fraude millonario en hidrocarburos y que ha declarado como testigo en el juicio de Ábalos, Koldo y Aldama. En realidad, Pano no acreditó nada. Reiteró una denuncia que ha sido desmentida por Aldama, la persona que supuestamente le ordenó llevar ese dinero. Es un testimonio que no tiene pruebas detrás. Ni siquiera sabe a quién entregó la bolsa. Era alguien que la esperaba a la salida de un ascensor.

Cuerpo no cayó en la trampa ni quiso aparentar lo que no es. Nada de gritos y golpes en el pecho. Con tono pausado, casi hablando al cuello de la camisa (hipertenso, no parece), quiso hablar de “los problemas de los ciudadanos”. Empezó recordando que lleva ya algún tiempo en el Gobierno sin que el PP se haya enterado: “No están preocupados por la economía. Dos preguntas al ministro de Economía en dos años y medio. No están preocupados por la vivienda. Menos del 3% de las preguntas de su grupo han ido sobre materia de vivienda”. Y para cerrar, y sin excitarse, una referencia a otro olvido: “Vemos que en el acuerdo con Vox en Extremadura la palabra ‘autónomos’ aparece cero veces”.

Muñoz no podía sacar la espada ante el evidente desinterés de Cuerpo por lanzarse al cuadrilátero. “Ser educado no es ser moderado”, le dijo, un reconocimiento implícito del hecho de que los diputados de la oposición no suelen ser muy educados en el hemiciclo. Probó con un argumento que le debió de parecerle muy bueno. “No puede decirse moderado y sentarse junto a Óscar Puente”.

Ella se sienta al lado de Miguel Tellado. Por otro lado, nadie ha cometido nunca el error de llamar ‘moderada’ a Muñoz, con lo que no se verá afectada.

La segunda pregunta a Cuerpo la hizo Juan Bravo, que es en teoría quien habla de economía en el grupo parlamentario, aunque antes tampoco hacía preguntas al ministro de Economía. La presión fiscal ha subido 2,1 puntos desde 2018 y el salario medio real ha caído 3,1 puntos, dijo. No se atrevió a repetir el mensaje de Feijóo del día anterior, cuando dijo que España “recauda como un país nórdico y no puede prestar servicios como un país tercermundista”. Las dos cosas son falsas, pero Feijóo piensa que la gente se las creerá si las repite con frecuencia.

Para acompañar la acusación de Feijóo, el PP publicó en Twitter un cartel que sostiene que el país necesita 300.000 millones de euros más en inversión en infraestructuras. Es una cifra gigantesca incluso para toda una legislatura y nadie sabe cómo podría financiarse si el partido también promete que bajará todos los impuestos. El PP maneja las cifras económicas como si fueran las pelotas que lanza al aire un malabarista del circo.

Bravo dijo que el 19,6% de los españoles se sitúa en la clase baja (15,6%) o pobre (4%), según la última encuesta del CIS. Hasta ahí, correcto. “Cuando ustedes llegaron (al poder), solamente eran el 3%. Se ha multiplicado por más de seis”, continuó. Es difícil pensar en una época reciente o lejana de la historia de España en que los ciudadanos pobres y de clase baja fueran el 3%. Probablemente porque nunca ocurrió.

Con tantos cambios en preguntas y respuestas que rompen la serie estadística, es difícil hacer comparaciones con las encuestas del CIS a lo largo de varios años. En el sondeo de septiembre de 2018, no se ofrece como opción identificarse como clase baja o pobre. Las dos opciones más abajo en la lista sobre “estatus socioeconómico” son obreros cualificados (27,5%) y obreros no cualificados (12,2%). Si nos atenemos a los ingresos netos mensuales, un 14,7% dice no recibir ninguno. Los que reciben entre 301 y 600 euros son el 7,8%. Entre 601 y 900 euros, son el 13,1%. Entre 901 y 1.200 euros, son el 14%. Estos tres porcentajes suman el 34,9%.

En resumidas cuentas, Juan Bravo se inventó la cifra del 3% de pobres en 2018. Pero no dudemos de la sensibilidad social del vicesecretario de Economía del PP. Es el mismo que dijo en 2023 que “es muy grave que tengamos tres millones de personas desempleadas y no se encuentre gente para cortar jamón”.

Los diputados socialistas dedicaron un largo aplauso a Cuerpo y salieron contentos con su estilo. Los del PP esperaron a que intervinieran los portavoces que tenían como misión disparar con artillería pesada. Tellado, pidiendo la dimisión de Francina Armengol como presidenta del Congreso por sus mensajes con Ábalos y Koldo, aunque nadie ha probado que haya cometido un delito. Jaime de Olano, llamando “Luca Brasi” a Óscar Puente. El mismo Tellado, diciendo que el Gobierno es “una organización criminal”. Ser educado no es lo mismo que ser moderado, había dicho antes Muñoz. No sólo eso, sino que ser educado está muy mal visto en el grupo parlamentario del PP.

Luis Bárcenas tiene ahora todo el pelo blanco, pero no ha perdido seguridad en sí mismo. Quizá no suene tan arrogante como en el pasado, pero habla de forma enérgica y sin generar dudas. Solo en un momento se deja llevar por un carácter que nunca debió de ser fácil y comenta que cierta pregunta o sugerencia de un abogado viene a ser una estupidez. Pide disculpas rápidamente al ver que la presidenta del tribunal se ha quedado un poco anonadada por el atrevimiento. Tiene muy claro que va a contar en un juicio lo que Mariano Rajoy le pidió que se guardara para sí.

El extesorero del Partido Popular fue la principal víctima de la Operación Kitchen, la red de espionaje policial fuera de cualquier control judicial que se montó en el Ministerio de Interior. El objetivo era impedir que las pruebas en poder de Bárcenas llegaran a manos de la justicia y de los medios de comunicación. Al poco de comenzar a declarar el lunes, estableció una distinción interesante. “Esta operación tiene un comienzo por los responsables del partido y después, si se prueba aquí, un traslado al Ministerio del Interior”. Él tenía que saberlo bien. Sus interlocutores desde el principio eran dirigentes del PP o abogados vinculados al partido. Uno de ellos era Rajoy (“Luis, sé fuerte”).

El juez García Castellón se ocupó de que no se llegara a ninguna parte por esa vía de investigación. Rajoy, Cospedal o Javier Arenas nunca tuvieron que sudar demasiado. La responsabilidad quedó circunscrita al Ministerio de Interior, lo que no es una minucia, estando en el banquillo un ministro y un secretario de Estado del Gobierno de Rajoy y varios miembros de la cúpula policial.

Bárcenas recordó la escena de la que ya habló en 2021 y que es uno de los momentos estelares de la historia del PP. El día de 2009 en que Rajoy se llevó un susto de muerte al ver un documento con las cifras de la caja B que conservaba el tesorero del partido. En su despacho, Bárcenas le presenta “la contabilidad extracontable” –una forma elegante de llamar al dinero negro– con un saldo. “Cómo es posible que tengáis esos papeles”, dice que comentó el expresidente.

“Le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo. Él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, y lo introduce en el destructor de papeles. El papel, que era una fotocopia, queda destruido”, explicó Bárcenas en la sala. No se sabe si Rajoy pensaba que estaba eliminando un documento original, pero su reacción fue inmediata, según la declaración del extesorero. Ese papel no debía salir de su despacho.

Bárcenas asegura que grabó esa conversación, al igual que otra con Arenas. Forma parte del material que preocupaba al PP. Contrató a un preso que decía saber de informática para que borrara ese y otros documentos en una salida de la prisión. Finalmente, no pudo hacerlo, pero alguien se ocupó del borrado. Al salir de la cárcel, Bárcenas no los encontró. Se los habían robado, según su testimonio.

El jueves está previsto que Rajoy declare en el juicio como testigo. Seguro que lo niega todo. Siempre lo ha negado todo, hasta lo que era imposible de negar. “Es metafísicamente imposible que haya podido destruir los papeles de Bárcenas”, dijo cuando declaró como testigo en el juicio de la caja B del PP. Veremos hasta dónde llegan los conocimientos de metafísica en el tribunal.

Los políticos pueden llegar a tener graves problemas de percepción de la realidad. Lo de Rajoy supera la media. Un abogado de las acusaciones le preguntó en ese juicio quién tomó la decisión de reformar toda la sede del PP en la calle Génova, una obra que supuso las lógicas molestias a los ocupantes del edificio. “No lo sé. Lo que sí puedo decirles es que yo no he sido”, respondió. Resulta que alguien decidió rehabilitar la sede entera con un coste superior al millón de euros, pero el pobre Mariano no dio ninguna orden. A fin de cuentas, él sólo era el presidente del partido.

Inicialmente, los dirigentes del PP prometieron a Bárcenas que harían lo posible para protegerle de las investigaciones judiciales. Pidió una “interlocución” directa con el ministro de Interior y el de Justicia. “Me indica (Rajoy) que con Jorge (Fernández Díaz) no hay ningún problema. 'Es amigo mío y te atenderá'”, le dijo el líder. Con Ruiz Gallardón, titular de Justicia, no se comprometió a nada. Al final, habló con el ministro de Interior, pero este se escaqueó y le pusieron otro interlocutor.

En ese momento, la sintonía entre el extesorero y la dirección del partido era completa. Es lo que le llevó a pedir a un preso que borrara los audios y otras pruebas. Por eso, se enfureció cuando El Mundo sacó la noticia que decía que él “había grabado a todo el partido” y que incluso había acudido a 'la tienda del espía' para hacer acopio de material de espionaje. Era falso y eso le podía meter en problemas con dirigentes del PP con los que aún quería estar a buenas.

Tiempo después, descubrió que le habían engañado o que las promesas eran imposibles de cumplir. “No se cumplen las expectativas que yo estaba teniendo”, fue como lo describió Bárcenas. Vio que estaba solo cuando ni siquiera pudieron impedir que su mujer entrara en prisión.

Bárcenas confirmó la tesis de la Fiscalía al identificar varios documentos y datos personales suyos que se encontraron en casa del comisario Villarejo. Todos ellos presuntamente entregados por el chófer Sergio Ríos, ahora en el banquillo, y al que contrató el policía a cambio de dinero sacado de los fondos reservados, como sostiene la acusación. Ese era el objetivo de la trama. Evitar que Bárcenas pudiera hacer daño al PP haciendo público ese material.

Es la razón por la que hoy no podemos escuchar a Rajoy meter la copia del saldo de la caja B del partido en una máquina para destruir documentos. La justicia es igual para todos, excepto para los que pueden reclutar a comisarios para que les hagan de detectives privados y no precisamente de los que descubren al autor del crimen en el desenlace.

Lo más importante del acuerdo del Partido Popular y Vox para que María Guardiola presida Extremadura no es todo lo que tenga que ver con el Gobierno de esa región. No es que sea irrelevante lo que ocurra allí, claro, pero hay un análisis que es imprescindible en estos momentos. Las encuestas prevén que unas elecciones generales darían la mayoría absoluta a esos dos partidos. Hay que suponer que un acuerdo para gobernar España tendría muchos de esos puntos que ahora se han pactado. Hay que leerlos como lo que son: el prólogo de lo que sucederá si Alberto Núñez Feijóo se convierte en el próximo presidente del Gobierno.

Todos los medios de comunicación han explicado que varios de esos compromisos relacionados con la inmigración, los que más interesan a Vox, están fuera de las competencias de una comunidad autónoma. Se habla de promover la reforma de leyes orgánicas para imponer una “prioridad nacional” en los destinatarios de ayudas sociales. Es decir, que los nacidos en España disfruten de privilegios sobre los de fuera. Si el PP y Vox cuentan con mayoría en el futuro Parlamento, ese proyecto estará a su alcance. La forma en que se llevará a la práctica es algo que lógicamente hoy no sabemos.

El PP ha sido lo bastante hábil con el lenguaje para no incurrir en una manifiesta ilegalidad. Han pactado inspirarse en “el principio de prioridad nacional”, que debe estar adaptado “a la legalidad vigente” y que los perceptores de ayudas deben tener “un arraigo real, duradero y verificable en el territorio”. En este punto, conviene recordar que la Administración siempre puede imponer condiciones de todo tipo para recibir una ayuda económica. Sólo si son manifiestamente discriminatorias, eso abre posibilidades de que sean recurridas ante los tribunales. Pero los jueces se fijan en primer lugar en las leyes que permiten esas medidas. Sólo hay que cambiar la ley para convertir en posible lo que antes no lo era, y eso podría hacerse en la próxima legislatura. Extremadura es el programa piloto de lo que podría suceder en el futuro en toda España.

La aplicación del pacto de Extremadura (aquí se puede leer el texto íntegro) consagra la idea de que puede haber ciudadanos de primera y de segunda clase. Los segundos serán aquellos que trabajan todos los días, contribuyen a la prosperidad de la economía y pagan sus impuestos, pero que no tendrán acceso a muchas de las medidas que integran lo que se llama el Estado de bienestar. Serán los que han nacido fuera de España y aún no tengan la nacionalidad española, pero sí la residencia. 

Tras la polémica generada, fuentes del PP han difundido el mensaje de que “la partida de nacimiento no determinará las ayudas” y que habrá un sistema de puntos por el que las ventajas para acceder a ayudas sociales se otorgarán en función del número de años que lleve empadronada esa persona, según El Mundo. Estamos en las mismas. Los extranjeros que han llegado a Extremadura en los últimos diez años estarán siendo discriminados, que es lo que ha exigido la extrema derecha.

Es un programa abiertamente xenófobo. Vox se ocupará de darle las connotaciones racistas que más le convengan. Lo vestirá de proclama nacionalista española para hacer frente a una supuesta “invasión” de extranjeros, como ya ha hecho Santiago Abascal. Reiterará que esos inmigrantes vienen a España a aprovecharse de las ayudas sociales y que hay que dejarles claro que no se les quiere en este país.

Feijóo continuará con las falacias con las que adorna su discurso contra la inmigración. Dirá que España acoge a todos los que vienen a trabajar, como si fuera posible vivir aquí tirado en un sofá o como si este país fuera un destino apetecible para todos los que se inician en una carrera profesional orientada al crimen.

Esta semana, Feijóo ha dicho que hay que oponerse a la regularización de inmigrantes sin papeles que el Gobierno ha puesto en marcha porque es “inhumana, injusta, insegura e insostenible”. Sólo alguien como él es capaz de llamar inhumano al intento de dar el documento de residencia a los extranjeros que viven y trabajan en España. Sin ese papel, están condenados a sufrir abusos. Lo que es insostenible es mantener a una parte significativa de la población encerrada en la marginación. Es inmoral y también estúpido.

Extremadura es una de las regiones que ha perdido más población en los últimos 50 años, en concreto un 10% desde principios de los años 70. El 86% de los municipios extremeños tiene ahora menos habitantes que entonces. La despoblación es un problema real con evidentes consecuencias económicas. La falta de oportunidades laborales ha hecho que desde siempre la emigración sea una de las opciones por defecto de los jóvenes extremeños. El 36% de los nacidos en Extremadura vivía en otras comunidades en 2024, un dato que es demoledor. 

También es la región con menor porcentaje de inmigrantes, un 4,1%. Es lógico. Contra lo que piensa Feijóo, los extranjeros vienen a España a trabajar y es normal que pocos vayan a Extremadura si allí es difícil encontrar un empleo. Hay que ser idiota para pensar que el mayor problema de la comunidad es la inmigración. O un racista. 

Volviendo al tema de la ignorancia, el pacto afirma que protegerá a la agricultura y ganadería extremeñas de “las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde”. Además, muestra su rechazo al acuerdo UE-Mercosur. Al firmar este texto, el PP se da un chapuzón euroescéptico al oponerse a medidas que ha aprobado en el Parlamento Europeo. Es la política de la irresponsabilidad con el fin de conservar el poder.

Cómo será la cosa que hasta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que el acuerdo no tiene ningún sentido ni legal ni político: “No se puede dejar al margen a nadie fuera de un sistema al que ha contribuido y, por ejemplo, dejarle fuera del sistema sanitario como se nos ha pedido en Madrid”. Es un acuerdo que se hace fuera de la ley y de las competencias autonómicas. 

El PP se ha rendido a las exigencias de Vox. Para no meterse en más problemas con la extrema derecha, ha desaparecido cualquier referencia al machismo y la violencia contra las mujeres. Qué se puede esperar de alguien como Guardiola, autora de la frase “yo no puedo dejar entrar en mi Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista”. En febrero, dijo que “el feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox”, así que no hay motivos para la sorpresa. 

No puedo más que estar de acuerdo con lo que escribe José F. Peláez, columnista de ABC: “Si la alternativa del PP a la regularización de Sánchez es la xenofobia contra menores y privar de fondos a las ONGs y a la Iglesia (pone ONGs y otras entidades y hay precedentes) no hay duda de quién va a ganar el debate público”. No va a ser el PP. No es el único que piensa así entre conservadores y liberales. 

El PP ha comprado todo el mensaje xenófobo de la ultraderecha como si fuera suyo. Lo hace en un momento de aparente debilidad de Vox, que ha visto frenado su crecimiento en las últimas elecciones de Castilla y León, como también parece que ocurrirá en Andalucía. Al igual que pasó en 2023, estos pactos autonómicos adelantan lo que la derecha hará si algún día tiene la oportunidad de llegar a Moncloa subida al caballo de Abascal. Quiero pensar que los votantes tomarán nota. 

Libros

Los grupos que se oponen al derecho al aborto suelen identificarse a sí mismos como provida. Ana Requena, redactora jefe de Género en elDiario.es ha escrito un libro –'Provida'– para refutar esa idea. “Son los mismos que quieren monopolizar el concepto de familia y que criminalizan a quienes se cuidan y estrechan sus lazos de otras maneras. Quienes criminalizan a quienes tienen hijos y forman sus parejas y sus familias, pero no como ellos quieren”. Ana busca liberar el “estigma” que acompaña al ejercicio de ese derecho contando las historias de muchas mujeres que dieron ese paso, esas “historias con minúscula” que ayudan a entender todo por lo que pasa una mujer que decide interrumpir su embarazo. Aquí se puede leer un fragmento del libro.

Uno de los mitos siempre presentes en la vida política española es el concepto de las dos Españas eternamente enfrentadas, originado en el siglo XX. El historiador Henry Kamen ha publicado el libro 'Las dos Españas' para explicar por qué la historia de este país está atravesada por divisiones internas desde los tiempos del Siglo de Oro, un concepto que tiene más que ver con el mito que con la realidad. España siempre ha estado dividida en el pasado por debates sobre su destino como nación y los límites del poder imperial. El concepto de una nación unida en todos los aspectos es una invención contemporánea, como por otro lado ocurre en la mayoría de los países europeos. Kamen es el historiador perfecto para cuestionar muchos de los mitos sobre el pasado de España que leemos habitualmente en algunos medios. 

Es imposible entender muchas de las guerras y conflictos políticos que se producen en el mundo sin conocer la historia de esos países. Vemos estos días cómo el Gobierno de Donald Trump demuestra una ignorancia inmensa sobre Irán y su sistema político. No es una novedad. Estoy leyendo ahora 'Rey de Reyes' del periodista Scott Anderson, un muy buen libro sobre la revolución iraní que culminó en 1979 con el derrocamiento del sha Reza Pahleví y la llegada al poder del ayatolá Jomeini. No muchos meses antes, el presidente Jimmy Carter había dicho que Irán era “una isla de estabilidad en medio de una región llena de problemas”. ¿Cómo es posible que el desenlace sorprendiera a todos? Lo de siempre, una mezcla de arrogancia y total desconocimiento de la sociedad de un país esencial para la política exterior de EEUU. 

La política exterior del Partido Popular se basa en un principio inmutable. Todo lo que haga Pedro Sánchez está mal y es poco menos que una afrenta a la humanidad. Obligado a ir aumentando la escalera retórica hasta el infinito y más allá, su última innovación consiste en llamarle traidor a España, Europa, Occidente y otros representantes del bien absoluto. Se ha vuelto a los tiempos de Pablo Casado, cuando llamaba “felón” (desleal, traidor) a Sánchez. Alberto Núñez Feijóo se ha unido a esa tendencia a la agresión verbal. Era una consecuencia previsible.

A la derecha política y mediática no le ha gustado nada que Sánchez haya viajado otra vez a China. Ni que haya dicho que Occidente debe reconocer que China es una potencia mundial y que debe ser tratada como tal. “Nadie traiciona a su tierra, su origen y a sus socios a cambio de nada”, dijo Ester Muñoz. Seguro que hay algún manejo oculto. ¿Harán a Begoña Gómez directora de una cátedra en una universidad china? Cualquier cosa es posible. “Es decisión de Sánchez no estar en la mesa con Starmer y los aliados europeos y marcharse a China a vaya usted a saber qué”, se preguntaba Alma Ezcurra con fingida inocencia. Tiene que haber una conspiración. Siempre la hay para el PP y en la cúspide tiene que estar Sánchez.

La histeria obliga siempre a consumir dosis razonables de amnesia. Sánchez en Pekín no es como Jane Fonda en Hanoi en plena guerra de Vietnam. De hecho, no es una iniciativa muy original. Emmanuel Macron estuvo en China en 2023. Un año después, Xi Jinping devolvió la visita en Francia. Giorgia Meloni viajó allí en 2024. Keir Starmer lo hizo en enero de este año. Friedrich Merz le siguió en febrero. Europa parece estar llena de traidores. La que se va a montar cuando se entere el PP.

Donald Trump tiene previsto desplazarse a China a mediados de mayo. Sus elogios a Xi han sido más rotundos que los empleados por Sánchez.

Los gobiernos europeos saben que sería un error fiarse del Gobierno chino, pero sus temores son mayores en relación a Donald Trump. Y, como bien sabe el canciller alemán, son muy conscientes de que no pueden prescindir de las relaciones comerciales con el gigante asiático.

Por aquello de las coincidencias, resulta curioso que el PP se haya lanzado contra Sánchez por hacer lo mismo que el presidente de la Xunta hará la próxima semana. Alfonso Rueda viajará a Pekín y Shanghái para vender a Galicia como destino de inversiones. Juanma Moreno también estuvo allí en 2024 y dijo haberse traído inversiones por valor de 2.500 millones. Pero Rueda y Moreno son buena gente que nunca venderán a España al enemigo chino, aunque aceptan gustosamente su dinero. Ellos tienen vía libre para elogiar a China.

También la tuvo en su momento Mariano Rajoy en dos viajes a China en 2014 y 2017 cuando presidía el Gobierno, como también Feijóo que hizo lo mismo en su época de presidente de la Xunta. El momento más surrealista se produjo con Cospedal al firmar un acuerdo de colaboración en 2013 con el Partido Comunista Chino en su condición de secretaria general del PP. Son dos partidos que siempre han tenido mucho en común.

El discurso en la Universidad de Tsinghua fue uno de los momentos simbólicos de la visita de Sánchez. Tuvo su parte inevitable de dar jabón al anfitrión, pero de una forma que denota respeto a la historia y cultura de China. En un país en que el nacionalismo es el principal factor de legitimidad para el Gobierno –obviamente, no lo son ni el comunismo ni la democracia–, ver esa actitud en un líder extranjero suele recibirse con agrado.

Sánchez recordó que China ya era una potencia mundial en el siglo XVI cuando España era aún un imperio: “La España de entonces conocía de la grandeza de China. Sabía que Beijing no era la periferia del mundo, sino uno de sus centros”.

En relación al presente, el presidente apostó por un mundo multipolar, es decir, no sometido a los designios de un solo protagonista (léase Estados Unidos): “Esa multipolaridad que describo no es una hipótesis. Tampoco es un deseo. Es ya una realidad”. Planteó que la Unión Europea es uno de los actores imprescindibles de ese mundo: “Europa puede parecer pequeña en un mapamundi, pero en realidad es todo lo contrario”. Y exigió a China que tome medidas para que las relaciones comerciales sean más equilibradas: “Para que se hagan una idea, nuestro déficit comercial con China supone ya el 74% del déficit total de nuestro país”.

Eso es lo que Feijóo llama “estar traicionando los pilares básicos del europeísmo” tanto por la regularización de los inmigrantes sin papeles como por estar promoviendo “el repliegue de Occidente”.

En los últimos meses, todos los grandes medios europeos están destacando que Trump ha convertido a la OTAN en una organización casi obsoleta –esa es su opinión– y ha llamado “cobardes” a sus aliados por no participar en una misión temeraria para desbloquear el estrecho de Ormuz. Existe un convencimiento generalizado de que Trump es lo peor que le ha pasado a la alianza occidental en décadas. Para el PP, lo de la “traición” de Sánchez es mucho peor.

Mientras tanto, Sánchez sigue a lo suyo. El viernes y sábado, ha montado una gran cita internacional en Barcelona junto a otros veinte mandatarios de todo el mundo, entre los que estarán el brasileño Lula, la mexicana Sheinbaum, el portugués Costa, el colombiano Petro y el sudafricano Ramaphosa. Otra oportunidad para erigirse en estandarte antiTrump.

Feijóo quedará como el político que apoyó de entrada la guerra contra Irán y que luego ha acabado dando pasos hacia atrás hasta denunciar la “escalada belicista” que atormenta al mundo. Eso sí, sin atreverse a señalar a Trump, como si todo lo ocurrido desde el comienzo de esta guerra fuera producto del azar.

Las opiniones de toda una sociedad sobre un país extranjero no suelen experimentar grandes variaciones a lo largo de los años incluso a pesar de hechos catastróficos. Con Israel, esa idea ha cambiado. Nunca antes la imagen del Estado judío había estado en un punto más bajo en Europa y EEUU. El genocidio de Gaza y la participación en la guerra de Donald Trump contra Irán han hundido su reputación. Se ha extendido la idea de que Israel es un agente del caos en la región y que entiende que sus intereses sólo se pueden defender a través de la guerra. No cree en la diplomacia y no está dispuesta a permitir que los palestinos tengan su propio Estado.

Israel es uno de los dos aliados esenciales de EEUU en Oriente Medio –el otro es Arabia Saudí– y eso ha tenido un impacto obvio durante décadas en el nivel de ayuda militar, en los contactos políticos y en la cobertura mediática. Los palestinos, al igual que muchas otras sociedades árabes, no gozaban de gran simpatía. Los atentados del 11S contribuyeron a hundir las opiniones sobre todo lo que tuviera que ver con árabes y musulmanes, más allá de las diferencias nacionales.

El cambio ha llegado al punto de que la opinión pública norteamericana ve con más simpatía a los palestinos que a los israelíes en la situación actual de Oriente Medio, según una encuesta de Gallup de febrero. Es algo que nunca había ocurrido antes. El apoyo a los primeros es del 41% y a los segundos, del 36%. La diferencia es pequeña, pero lo que cuenta es la evolución de los últimos 25 años. La ventaja a favor de los israelíes era de 35 puntos en 2001. Se mantuvo en ese nivel con variaciones menores durante mucho tiempo. En esta década, ha sido cuando la simpatía hacia Israel en EEUU se ha precipitado al vacío. No deja de caer.

Los medios de comunicación de EEUU han informado de que esa caída es muy pronunciada entre los jóvenes y los votantes demócratas. Gallup indica que el cambio de tendencia es más amplio. Se justifica por los votantes registrados como independientes e implica a varios grupos de edad. Las personas de 18 a 54 años han abandonado a Israel. Sólo los mayores de 55 se mantienen fieles a ese país, aunque con los números conocidos más bajos. Cuando no se hace referencia a la situación actual, la opinión sobre Israel es más positiva, menos que en el pasado. Es la conducta del Gobierno y Ejército israelíes y cómo ha afectado a toda la región la que ha ido minando esa imagen.

Otra encuesta de Pew Research del 7 de abril confirmó estas conclusiones. El 60% de los norteamericanos tiene una opinión desfavorable de Israel, casi veinte puntos más que en 2022. Un 59% tiene poca o ninguna confianza en el primer ministro israelí Netanyahu.

“Israel ha ganado muchas batallas con un poder letal, pero ha perdido lo más valioso que puede tener un país, los corazones y las mentes de miles de millones de personas al convertirse en un Estado paria”, ha escrito Mohamed El Baradei, Premio Nobel de la Paz y ex director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica.

El FMI ha avisado de que la guerra en Irán y su repercusión en el estrecho de Ormuz han conmocionado a toda la economía mundial y aumentado el riesgo a que se produzca una recesión global. Países que sólo emitieron críticas genéricas por los 70.000 palestinos muertos en Gaza ahora están alarmados por los efectos económicos del colapso del mercado del petróleo.

Los norteamericanos nada convencidos con esta guerra –y son mayoría según las encuestas– no quedaron muy contentos al saber que Netanyahu había convencido personalmente a Trump de las ventajas del asalto sobre Irán en una reunión en la Casa Blanca el 11 de febrero. El israelí prometió una victoria segura, según The New York Times. Era posible conseguir un cambio de régimen en Irán. Su programa de misiles balísticos podía ser destruido por completo en unas pocas semanas. Irán no podría bloquear el estrecho de Ormuz. A Trump le gustan las victorias fáciles y dio luz verde. Nada de lo prometido por Netanyahu se ha cumplido.

Israel es prácticamente el único país en que hay un apoyo real en las encuestas a la continuación de la guerra. Un sondeo de esta semana revela que el 61% de los israelíes se opone a la tregua de dos semanas anunciada por Donald Trump. Un 69% está a favor de continuar la ofensiva sobre Líbano para acabar con Hizbolá, un objetivo que varios gobiernos israelíes han prometido desde 2006 sin estar cerca de cumplirlo. Ahora vuelven a prometerles lo mismo y los votantes vuelven a caer en la trampa. Hay demasiados precedentes. Israel ha invadido siete veces Líbano en los últimos 50 años.

Al igual que pasó con Gaza, la opinión pública israelí muestra una total falta de comprensión hacia los derechos humanos de la población libanesa, que ha sufrido las consecuencias de los bombardeos indiscriminados en Beirut y otras zonas del país. Cuando alguien se aleja de ese discurso, paga las consecuencias. El israelí Rom Braslavski, que pasó dos años secuestrado en Gaza, recibió un diluvio de mensajes de odio simplemente por pedir que se trate a los árabes con respeto (un 20% de habitantes del Estado de Israel lo son).

En un patrón que se repite desde hace años, el Gobierno israelí reacciona a cualquier crítica relacionándola con el antisemitismo. El trato recibido por España y Pedro Sánchez por la denuncia del genocidio no es una excepción. Esta misma semana, el canciller Friedrich Merz ha hablado por teléfono con Netanyahu y le ha advertido de que Alemania no aceptará “la anexión de facto de Cisjordania”, un hecho que ya está ocurriendo en mitad de una oleada de violencia de los colonos judíos contra la población palestina.

Al hacer público el aviso, ha recibido la respuesta inmediata del ultraderechista Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, que ha comparado a Merz con los nazis: “Los días en que los alemanes dictaban a los judíos dónde tenían permitido o prohibido vivir han terminado y no volverán”.

Es una extraña forma de tratar al mejor aliado de Israel en la Unión Europea, el país que siempre ha bloqueado la imposición de sanciones contra el Gobierno de Netanyahu. Otro aliado de ese país, la primera ministra italiana Meloni, anunció el martes que Italia ha congelado la prórroga automática del acuerdo militar con Israel. Es otro ejemplo de que el coste político de apoyar a Israel y sus planes belicistas en Oriente Medio ha aumentado de forma clara en Europa. Meloni es muy consciente de lo que dicen las encuestas.

Como ha explicado Ignacio Molina, del Real Instituto Elcano, la hostilidad de Netanyahu hacia España va más allá de lo que diga Sánchez. Tiene mucho que ver con la obra de su padre, Benzion Netanyahu, autor de un libro de referencia sobre la Inquisición en España con la teoría de que los judíos fueron perseguidos no por motivos religiosos sino por odio antisemita. El primer ministro siempre ha empleado el racismo contra los judíos como arma política. Sus menciones al Holocausto son constantes. No específicamente para hablar de los nazis o de la extrema derecha, sino de la Europa y el mundo árabe actuales.

En la ceremonia del Día de Recuerdo del Holocausto, Netanyahu acusó a Europa de estar “afectada por una profunda debilidad moral”. Ha perdido su identidad y “su responsabilidad de defender la civilización contra la barbarie”. Todo lo que no sea suscribir el ideario ultranacionalista de la derecha israelí es rendirse ante esa barbarie.

El Holocausto es una herramienta más para obligar a los demás a aceptar su idea de guerra permanente, ahora con Irán: “Si no hubiéramos actuado, los nombres de Natanz, Fordo, Isfahan y Parchin (relacionados con el programa nuclear iraní) serían probablemente recordados con un miedo eterno, precisamente como Auschwitz, Treblinka, Majdanek y Sobibor”. Trivializar el Holocausto nunca es un problema si beneficia a los intereses de Netanyahu.

La pérdida de imagen en el resto del mundo no parece preocupar a la derecha israelí. Está convencida de que EEUU nunca les abandonará. Algunas de las voces proisraelíes en los medios norteamericanos ya no están tan seguras. “Netanyahu ha causado un colapso generacional en el apoyo de EEUU a Israel”, ha dicho Joe Scarborough, presentador de MSNBC y antes congresista republicano. “Lo digo como partidario de siempre de Israel que ha temido desde hace tiempo que la visión maximalista y nada histórica de Netanyahu de las realidades geopolíticas de Oriente Medio causaría un revés devastador para Israel. Y así ha sido”.

Lo bueno de contar con un nutrido grupo de comisarios para vigilar y cuidar los intereses del partido es que es raro que te lleves una sorpresa. No solo cuando están cometiendo los delitos en su caso, sino también, y esto es lo más importante, cuando se investigan. Son gente acostumbrada a enterrar los cadáveres en lugares donde no pueden ser encontrados. En sentido figurado, que no es que los hayan enterrado en el desierto que rodea Las Vegas.

El juicio de Kitchen inició el lunes las declaraciones de los testigos con la declaración del responsable de la investigación policial de la operación con la que el Ministerio de Interior intentó impedir que el caso Bárcenas dañara al PP. Se trataba del inspector jefe de Asuntos Internos, Gonzalo Fraga. No hubo ninguna gran revelación, pero sí la confirmación de hechos que tienen un valor superior cuando se hacen ante un tribunal que cuando la gente los lee en los medios de comunicación.

Pocas frases más relevantes de esa investigación que un audio grabado por José Manuel Villarejo, el hombre que grababa a todo el mundo, de una conversación que tuvo con el comisario Enrique García Castaño. El primero le dice al segundo que el objetivo es encontrar “los papeles que pudieran comprometer al presidente”, según explicó Fraga al tribunal. Ellos mismos estaban revelando sus verdaderas intenciones y desde luego ni se planteaban revelar esas pruebas a un tribunal.

El inspector confirmó el contenido de los informes policiales que desvelaron conversaciones entre los acusados. Por eso, pudo confirmar que los sospechosos se referían a Mariano Rajoy con el alias de El Asturiano o El Barbas. El testigo mencionó una conversación de Villarejo con el abogado Javier Iglesias –vinculado al PP y apodado El Largo, esta banda contaba con muchos alias– en la que le pedía que hiciera algo de presión sobre El Asturiano para que solucionara un conflicto interno en la Policía.

“Mandó mensaje a Raj” es otra anotación hecha por Villarejo en una evidente referencia a Rajoy.

La primera cita sobre El Asturiano se refiere a alguien con capacidad para cesar a altos cargos de la Policía, por ejemplo al jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas. Rajoy no era el único que podía decidir ese cese. Una conversación de Villarejo con Ana Rosa Quintana dio otra pista. El comisario resumió a la presentadora de Telecinco en qué había consistido la Operación Kitchen y le contó que El Asturiano era el mote que utilizaban para Rajoy.

Entre los indicios que han llevado a este juicio están los informes redactados por el inspector Fraga, en los que los audios de Villarejo indican que la operación policial contra Bárcenas, ocultada a los jueces, fue coordinada por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, 'número dos' del Ministerio, “con conocimiento de El Asturiano y de El Largo”.

La instrucción realizada por el juez García Castellón en la Audiencia Nacional ni siquiera llamó a declarar como testigo a Rajoy a pesar de estos indicios y de las frecuentes referencias al entonces presidente del Gobierno hechas por los miembros de la trama. En el juicio, Rajoy sí tendrá que comparecer como testigo el 23 de abril con la obligación de declarar la verdad. Por tanto, no debería soltar frases tan falsas como “no hay ningún tribunal que haya afirmado que hubiera una caja B del PP”, lo que dijo en la comisión de investigación de Kitchen en el Congreso.

El inspector jefe tuvo la oportunidad de confirmar varios hechos aparecidos en los informes de Asuntos Internos sobre Sergio Ríos, uno de los personajes tan estrafalarios como peligrosos que protagonizan el juicio. Ríos disfruta del tipo de currículum que podía interesar a Villarejo para los negocios sucios. Por eso, fue colocado como chófer de la familia Bárcenas con el fin de contar con un topo que pudiera facilitar información sobre el tesorero del PP y hacerse con documentos molestos para el partido.

El pasado de Ríos es de nota. Fue portero de prostíbulo y esa experiencia le debió de valer después para hacer de guardia de seguridad de la Ciudad de la Justicia, el proyecto malogrado de Esperanza Aguirre para levantar numerosos edificios para la Administración de Justicia que solo pudo construir uno. A partir de ahí, demostró su valor para el PP. Fue chófer del vicepresidente madrileño Francisco Granados, que acabó en prisión preventiva por un caso de corrupción.

La trama de Kitchen lo enroló para la causa. Sea por lo del prostíbulo, el tiempo que pasó como segurata privado o por las películas que vio de pequeño, Ríos quería entrar en la Policía, lo que a su edad le quedaba un poco lejos. Pero había que complacerle para que cumpliera su misión de espía en la familia Bárcenas. Por eso, los de Kitchen lo metieron en la Policía sin importarles sus malas notas en los exámenes de acceso. Entre ellos, se contaron que así lo tendrían más controlado. “Dicen que meten a Ríos en la Policía Nacional para tenerlo trincado”, explicó el inspector de Asuntos Internos en el juicio.

El inspector también confirmó que entre los favores concedidos a Ríos estaba uno muy singular. El nivel de impunidad con el que se manejaban Villarejo y otros mandos policiales llegaba al punto de que le entregaron un arma a Ríos sin que se sepa muy bien para qué la necesitaba. Y no es que le buscaran un revólver de calibre reducido. Adquirieron una pistola Glock por 700 euros en una armería de Madrid y le dieron la correspondiente licencia de armas.

Ríos cobró 44.000 euros entre 2013 y 2015 de los fondos reservados en todo el tiempo que trabajó para la trama de Kitchen. El fiscal pide para él más de ocho años de prisión.

El juicio ofrece un contraste llamativo con las acusaciones habituales del Partido Popular a Pedro Sánchez de querer interferir en el funcionamiento de la justicia con el fin de favorecer a su esposa y a su hermano. Eso es exactamente lo que intentaron hacer los miembros de la cúpula policial cuando pretendían localizar “los papeles” de Bárcenas que perjudicaban a Rajoy.

Kitchen es un caso de corrupción política por la red de espionaje montada en beneficio del PP. También es un caso de corrupción económica por el presunto uso ilegal de los fondos reservados. Aunque algunos hayan llamado “policía patriótica” a este grupo de políticos y policías, es probable que su única patria sea la del dinero.

“La OTAN no estaba allí cuando la necesitábamos y no estará allí si la necesitamos otra vez. Recordad Groenlandia. Ese gran trozo de hielo mal gestionado”. Donald Trump lanzó esta semana uno de sus mensajes demenciales en su red social. Lo escribió en mayúsculas, lo que suele ocurrir cuando está enfurecido, que es casi siempre. Los gobiernos europeos lo leyeron y debieron de pensar: allá vamos de nuevo. Todo porque EEUU ha prendido fuego a Oriente Medio con su ataque a Irán y ahora pretende que sus aliados europeos entren por la fuerza en el estrecho de Ormuz para permitir la navegación libre de los petroleros. Algo que hasta ahora él no se atreve a hacer con sus todopoderosas Fuerzas Armadas.

La segunda parte de la guerra (política) de Trump contra Europa vino con la noticia de The Wall Street Journal que cuenta que la Casa Blanca prepara castigos contra los gobiernos europeos que no han colaborado en la guerra. “La propuesta implica sacar a las tropas de EEUU de los países de la OTAN que no han ayudado en la guerra de Irán y colocarlos en países que han mostrado más apoyo”, decía el artículo. Además, el plan prevé cerrar “una base de EEUU en al menos uno de los países europeos, posiblemente España o Alemania, según dos fuentes del Gobierno”.

Por lo que toca a España, hay que precisar un par de cosas. EEUU no puede cerrar ninguna base en España, porque no tiene ninguna. Son las bases españolas de Rota y Morón de utilización conjunta. Sí cuenta con una presencia muy relevante en Rota, absolutamente esencial para las prioridades de la Armada norteamericana en Europa y Oriente Medio. Es decir, no puede ser sustituida por otra base naval en Polonia por ejemplo o, por hacer un chiste malo, en la República Checa. El presidente de EEUU no puede legalmente sacar a su país de la OTAN sin permiso del Congreso, pero sí puede trasladar a las fuerzas militares desplegadas en el extranjero. No hay que ser un genio de la geoestrategia para saber que las FFAA de su país le implorarán que no tome decisiones que pongan en peligro su presencia en Europa y el Mediterráneo desde hace décadas.

Si a alguien le parece que Trump está siguiendo al pie de la letra el argumentario de Moncloa, no está muy equivocado. Todos estos arrebatos de Trump encajan como un guante en la estrategia adoptada por Pedro Sánchez de situarse como el dirigente europeo más activo en la denuncia de la guerra. Lo ha reiterado esta semana con su ataque a Netanyahu por la masacre del miércoles en Líbano: “Su desprecio por la vida y el Derecho internacional es intolerable”. 357 personas asesinadas en un ataque aéreo que no duró más de diez minutos. Hubo también 1.223 heridos. 110 de los fallecidos eran niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio libanés de Sanidad. Varios de esos bombardeos castigaron a zonas civiles de Beirut que no tienen ninguna relación con Hezbolá.

Los militares israelíes llamaron Operación Oscuridad Eterna al ataque del miércoles. Qué pasará por su cabeza al elegir un nombre tan siniestro y casi apocalíptico.

Netanyahu también ha cumplido el guion elegido por Sánchez. El viernes, ordenó que España sea excluida de la junta internacional de coordinación que supervisa el alto el fuego en Gaza y de la que forma parte una veintena de países. Es un organismo inútil, porque no ha hecho nada efectivo después de que el Gobierno israelí haya reducido el número de camiones que entran cada día en Gaza para entregar ayuda humanitaria. Sobre su capacidad para iniciar la reconstrucción, se puede decir lo mismo. Todo ese proyecto ha quedado de momento congelado. 

Netanyahu acusa a España de estar embarcada en una “guerra diplomática” contra Israel. A lo que Sánchez podría responder: sí, desde luego. Por eso, ha pedido a la UE que suspenda su acuerdo de asociación con Israel, que concede al Estado judío innumerables ventajas económicas.

¿Quién quiere ponerse en España del lado de Trump y Netanyahu? No hay muchos candidatos, excepto en la extrema derecha. Con la velocidad máxima de un caracol, el PP está modulando su posición sobre la guerra. Como es de esperar con Alberto Núñez Feijóo, con frases genéricas y de sintaxis dudosa. Ya no se atreve a mantener el eslogan del primer día de la guerra (“con la libertad, contra los tiranos”) y lanza frases con las que dice estar en contra de la guerra, pero sin atreverse a mencionar a Trump o EEUU, no sea que se enfaden con él. 

En un acto en Barcelona, Feijóo mostró el viernes su “condena inequívoca a la deriva belicista que recorre el mundo”. Sólo le faltó posicionarse a favor de todas las cosas bonitas de la vida, como los amaneceres y el amor a los seres humanos. ¿Se refería a Trump, a la guerra contra Irán, a la destrucción de Líbano? Quién sabe. “La barbarie se vence con sensatez”, dijo. Seguro que la crisis más grave en Oriente Medio en décadas se va a resolver con los consejos de un manual de autoayuda y sin señalar a los auténticos responsables. ¿Alguien necesita una mediación diplomática entre los combatientes? Ahí está Feijóo y sus generalidades que no le comprometen a nada, porque en realidad no está diciendo más que obviedades. 

Luego, están los exabruptos, como el de Ester Muñoz. Le preguntaron a la portavoz parlamentaria del PP en una rueda de prensa qué le parecía la agresión y detención durante una hora de un casco azul español en Líbano por militares israelíes. “Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida”, respondió. Espero que no fuera por un control de alcoholemia. Quizá se refería a atascos de tráfico en la carretera. 

Seiscientos militares españoles cumplen su labor en las fuerzas de la ONU en el sur de Líbano en una misión que dura varios años. En 2015, el cabo Francisco Javier Soria murió durante un enfrentamiento entre el Ejército israelí y Hezbolá. Sufren la hostilidad de los israelíes, que no los quieren allí. Afrontan un riesgo evidente en las últimas semanas, como prueban dos ataques sufridos por el contingente indonesio hace dos semanas en los que murieron tres cascos azules de esa nacionalidad. La frivolidad del comentario de Muñoz y la ignorancia que demuestra resultan ofensivas para los militares españoles. No ha pedido disculpas ni ha tenido tiempo para explicarse en su cuenta de Twitter. Son estas cosas que definen el estilo de un político.  

En el caso de que Trump retire sus fuerzas militares de Rota porque España no apoya una guerra ilegal que busca destruir Irán y Líbano sin conseguir derrocar al régimen de Teherán, Sánchez tendrá la oportunidad de responder: vale, no se olviden de cerrar la puerta al salir que hay mucha corriente en Cádiz. 

Segunda etapa del Rufián Tour

Gabriel Rufián continúa su gira por España en lo que podríamos llamar el Left Chaos Tour. Esta vez, su pareja de escenario fue Irene Montero en Barcelona. Aspira a que la próxima sea Mónica Oltra. Otra charla en la que el portavoz de Esquerra en el Congreso explicó todas las cosas que hace mal la izquierda. También lo que él piensa que debería hacer. Una de sus frases define su mentalidad: “Yo estoy harto de tener la razón” (lo dijo muy serio). Bueno, también comentó que no tiene “fórmulas mágicas”. Rufián no se corta a la hora de hacer el diagnóstico. Con lo de las soluciones, lo tiene más complicado. Como todo el mundo.

No opinan igual en su partido y se lo han hecho saber. Después del acto del jueves, uno de los portavoces de Esquerra creyó necesario recordarlo por escrito, en términos tan claros que admiten pocas interpretaciones. Una frase clave: “Queremos liderar todo el espacio de la izquierda en Catalunya. Sin migajas”. Esto último tiene que ver con algunos comentarios o rumores de los que se ha hablado, según los cuales Rufián estaría dispuesto a incluir a miembros de Podemos, que tiene una presencia mínima en Catalunya, en la candidatura de ERC en las elecciones generales a cambio de apoyar la campaña nacional de Podemos. Lo cierto es que eso no es lo que dijo Rufián en Barcelona. No sabría decir si es especulación o hay algo que se esté cocinando. En esos términos, no tiene mucho que ver con la unidad de toda la izquierda de la que tanto habla Rufián. Desde luego, a Esquerra no le interesa nada. 

No cabe duda de que Rufián se arriesga. Lanza ideas, metáforas, ejemplos... Algunas funcionan, otras no. No cesa de criticar lo que llama las formas tradicionales de comunicación en la izquierda, en lo que no le falta razón, porque no llegan a la gente y menos a los jóvenes. Algunos de los ejemplos que da chirrían o causan estupor. Es el caso de esta frase: “Yo prefiero llenar tiktoks que bibliotecas. Porque mi hijo mira TikTok. Sin renunciar a lo que soy”.

Nadie ha dicho que sean alternativas excluyentes. Y desde luego si acabamos en un mundo sin bibliotecas y con todos relacionándonos en TikTok, la estampa es terrorífica. Lo que busca Rufián es provocar y empujar a la izquierda a que adapte su discurso a distintos públicos y formatos. En realidad, los partidos utilizan casi todas las plataformas posibles para hacer llegar sus mensajes. Lo que es difícil es que funcionen igual de bien en todas. 

“Con Koldo, voy nerviosa. Tengo miedo de que me intimide con la mirada”. El juicio del caso mascarillas tiene esos momentos en que se mezclan las frases propias de un programa como el antiguo 'Salsa rosa' y las explicaciones más prolijas sobre los procedimientos de contratación en la Administración pública. El comentario, dirigido a los periodistas antes de su entrada en el Tribunal Supremo, era de Claudia Montes, otra enchufada de José Luis Ábalos que declaró como testigo. Ha participado en varios programas de tertulias televisivas y se ha quedado con el estilo del negocio. Nada mejor que insuflar unas dosis de drama antes de la actuación.

Antes de nada, la conspiración. La prensa preguntó al abogado de Ábalos a las puertas del Supremo a cuenta de qué venían las insinuaciones del día anterior sobre la supuesta relación de Jésica Rodríguez con la prostitución. No dejaban en teoría en muy buen lugar al exministro, que tuvo una larga relación sentimental con ella en la que hubo promesas incumplidas de divorcio de la (tercera) mujer y matrimonio posterior. “Intentamos describir lo que conocemos que existe. Hay datos objetivos que lo atestiguan”, dijo el letrado Marino Turiel. No dijo de qué datos estaba hablando.

La defensa de Ábalos sostiene que Jésica sí conocía al también acusado Víctor Aldama, algo que ella negó. Hasta ahora no ha aportado ninguna prueba de ello. Sólo una deducción. La considera “beneficiaria a título lucrativo”, porque ha declarado ante el tribunal como testigo. “El hecho de que no esté aquí imputada es bastante indicativo de que existe un pacto”, dijo Turiel. ¿Imputada porque Ábalos hizo que le pagaran un piso de lujo, pagado por un socio de Aldama, y le dieran un trabajo que no le obligaba a trabajar? Será que es demasiado pronto para sacar conclusiones.

Después de sus actuaciones televisivas de las que ha dado cumplida información en su página de Instagram, se podía esperar una actuación tormentosa de Claudia Montes. Ella y Koldo García se han cruzado querellas (ella por acoso y él por injurias) tras fracasar los actos de conciliación. No fue para tanto. Sí dio lugar a una intervención un tanto original antes de empezar a prestar declaración. Cuando el presidente del tribunal le hizo la pregunta de rigor que se hace a todos los testigos sobre si conocía a los acusados, Montes respondió que prefería no responder sobre alguien en concreto: “Con Koldo, tengo un tema personal del que no me gustaría hablar porque me trae malos recuerdos”. El magistrado Andrés Martínez Arrieta lo dejó pasar, porque para qué complicarse más la vida.

Los testigos están obligados a responder en un juicio a todas las preguntas que les hagan acusaciones y defensas. En su ingenuidad, Montes debió de pensar que podía establecer excepciones. El fiscal y abogados intervinientes optaron por no profundizar en ese tema que mencionó la testigo. Tampoco se trataba de hacer sangre.

Muchos medios de comunicación han identificado a Montes como una antigua Miss Asturias, un dato no muy relevante en toda esta investigación judicial. Quizá para insinuar alguna relación sentimental con el exministro, algo que ella siempre ha negado y que no salió en ningún momento de su declaración. Por ser precisos, fue elegida Miss Asturias en la categoría de mayores de 30 años en 2017, dos años antes de conocer a Ábalos.

Montes confirmó que conoció a Ábalos en un mitin del PSOE en Gijón y que tuvo con él una relación de amistad: “Me ayudó mucho a culturizarme en el tema de la política”. Tiempo después, le pidió ayuda para encontrar trabajo y recibió enlaces de Infojobs. En realidad, fue mucho más. Contó que Koldo se puso en contacto con ella y le solicitó el currículum. Al declarar, afirmó que Ábalos nunca le dijo que “la había enchufado”. Eso fue exactamente lo que ocurrió. El fiscal Alejandro Luzón citó un mensaje suyo a Koldo con un agradecimiento: “No os voy a defraudar”.

Montes empezó a trabajar en diciembre de 2019 en Logirail, una filial de Renfe, donde tuvo problemas muy pronto. Afirma que la situaron en una oficina de una estación de tren, donde trabajaba sin ordenador “de cara a la pared”. Ante su escasa actividad, fue a una biblioteca para coger libros sobre trenes con los que ampliar conocimientos.

Lo peor vino después. El director gerente de Logirail, José Ángel Méndez, le abrió un expediente por faltar más de ocho días al trabajo, ausencia que ella negó. Montes tuvo una suerte bárbara porque Méndez fue relevado al poco tiempo y su sustituto cerró el expediente sin sanción. ¿Casualidad o causalidad? El directivo prefirió no expresar ninguna sospecha.

A las extrañas relaciones laborales que rodean al universo de Ábalos hay que sumar lo que dijo Claudia Montes: “Desde el principio, (Koldo) me dijo que era mi jefe”. Koldo García no trabajó en ningún momento en Logirail, pero era miembro del Consejo de Administración de Renfe por decisión de Ábalos. Cuando nombras a tu asistente personal, con experiencia anterior de guardaespaldas y chófer, como consejero de Renfe, está claro que no vas a permitir que tus recomendadas tengan problemas en el trabajo.

Algo debió de pasar que no fue bien explicado y que quizá tuvo que ver con Koldo García, según las denuncias que ha hecho Montes en televisión, porque finalmente fue despedida: “El despido me llegó por burofax cuando estaba de baja por acoso”.

Hubo tiempo para otra pregunta inesperada. La abogada de Koldo García le preguntó si es “colaboradora de la UCO”. Montes respondió que no, pero luego dijo que había comunicado ciertos “problemas” por irregularidades a la sucesora de Ábalos en el Ministerio, Raquel Sánchez, y hasta a Óscar Puente sin recibir respuesta. Por último, llamó a la UCO, así que algo debió de colaborar.

En el plano positivo para ella, nadie la acusó de ser una prostituta ni de ser una espía de Aldama. Luego apareció en dos programas de Cuatro, uno por la mañana y otro por la tarde, para dar sendas entrevistas. Había que aprovechar el día en Madrid.

Amor significa no tener que decir nunca 'lo siento', se escuchaba en esa lacrimógena película que fue Love Story. Con el juicio del caso Mascarillas podríamos añadir otra máxima de obligado cumplimiento: amor significa no llamar puta a tu exnovia a través de tu abogado en el juicio en el que te piden una pena de cárcel. Es una situación complicada, te juegas años de tu futuro, pero estaría bien que no parezca que la que fue tu pareja durante unos años ofrecía sexo por dinero y había colaborado con el enemigo. Claro que un juicio es como una guerra y hay que ganar como sea.

En la primera jornada del juicio que cuenta con José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor Aldama como acusados no se habló mucho de compra de mascarillas y sí de las relaciones personales del exministro con su antigua pareja, Jésica Rodríguez, y de la labor de Koldo García como intermediario para todo. La sorpresa saltó cuando los abogados de Ábalos y Koldo mostraron sus cartas con la intención de desacreditar a la exnovia. Y no se cortaron nada al intentar que la joven apareciera como un instrumento de las maniobras de Aldama.

Al igual que en el juicio del fiscal general, el Tribunal Supremo ha prohibido que los medios de comunicación ofrezcan en directo la retransmisión del juicio. Sólo pueden recibir las imágenes en la redacción y utilizarlas para sus informaciones. El tribunal autorizó que las cámaras de la sala no enfocaran a Jésica en su declaración como testigo para proteger su intimidad, como había solicitado. Al entrar al Supremo, la joven llevaba mascarilla y gafas de sol.

El juicio por una presunta corrupción económica se convirtió de repente en un tabloide sensacionalista –es cierto que sin demasiados detalles– con titulares escandalosos en forma de preguntas. Esto último quiere decir que los abogados de ambos no presentaron ninguna prueba para sustentar sus alegaciones.

Fue Marino Turiel, defensor de Ábalos, el que abrió fuego. En primer lugar, intentó con varias preguntas sugerir que Jésica conocía con anterioridad al comisionista Aldama, que se presenta como gran ariete contra el Gobierno y específicamente contra Ábalos. La joven ya había dejado claro a preguntas anteriores que nunca conoció personalmente a Aldama.

Fue entonces cuando Turiel subió la presión: “¿No es cierto que usted es una captación que realiza el señor Aldama en provecho del señor Ábalos?”. La conspiración empezaba a tormar forma. De inmediato soltó la bomba con una acusación directa: “¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?”. El letrado de la acusación popular intervino para protestar. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, hizo lo propio para pedir que se reformulara la pregunta sin llegar a decir si le parecía apropiada o no.

Puestos a reformular, el abogado del exministro volvió a hacer la misma pregunta, pero con otras palabras. “¿Su profesión tiene que ver con la contraprestación económica a cambio de sexo?”. Hubo murmullos, pero Jésica Rodríguez se adelantó sin ponerse nerviosa: “Yo le contesto. No. Soy dentista y estoy colegiada”.

Resultaba inaudito que la persona a la que Ábalos ha presentado siempre como su novia –o amante, porque por entonces aún estaba casado con la que era su tercera mujer–, una persona con la que tenía una relación sentimental normal, apareciera como una prostituta o, algo peor, una Mata Hari de bolsillo infiltrada para seducir a un importante político que controlaba el presupuesto del Ministerio de Transportes.

No cabe duda de que Ábalos y su ayudante para todo han cambiado de estrategia jurídica una vez comenzado el juicio. Esto raramente suele funcionar, en especial si no cuentas con una prueba mágica que aparece de repente, como en las películas, y desbarata la estrategia de la acusación.

Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, intervino después. Su labor, evidentemente coordinada con el defensor de Ábalos, no consistió esta vez en acusar a Jésica de ser una puta, pero sí en volver a insinuar sus relaciones con Aldama. Le preguntó si había hablado con alguien durante la comida para que le contara lo que había testificado antes el hermano de Koldo. Otra insinuación para ver si la testigo se ponía nerviosa.

La joven había sido convocada para declarar por la mañana, pero la sesión se prolongó y su intervención tuvo que aplazarse hasta las 15.30. Para negarlo, Jésica Rodríguez contó que nadie le había ofrecido ni una botella de agua en la espera y que en el receso para comer sólo había bajado para sacar una bolsa de frutos secos de la máquina. “Luego, he pasado dos horas en un banco”.

En lo que parecía una provocación, De la Hoz saltó poco después con varios comentarios que estaban fuera de lugar. Hizo una pregunta que casi sonaba a cachondeo, si “conocía el término 'excusatio non petita, accusatio manifesta'”. El magistrado Arrieta la frenó en seco. La abogada siguió en esa línea. “Tiene usted dotes adivinatorias”, dijo a la testigo, lo que es llamativo viniendo de una abogada que estaba haciendo preguntas especulativas. Cuando Jésica volvió a afirmar que no conoce de nada a Aldama, la abogada comentó: “Muy curioso”. Ya no se trataba ni de hacer preguntas, sino de sembrar la duda.

Antes, Jésica Rodríguez dijo que tuvo relaciones sentimentales con Ábalos desde septiembre de 2018 hasta noviembre de 2019. Lo dejó cuando el exministro le dijo que no se iba a divorciar de su mujer mientras estuviera en política. Para compensarle, Ábalos le dejó quedarse en un apartamento en Madrid cuyo alquiler costaba 2.500 euros al mes. Lo pagó hasta finales de 2021 Luis Alberto Escolano, socio de Aldama. Ella dijo que al final era Ábalos quien lo costeaba, lo que no parece cierto. En un periodo anterior de cuatro meses, Escolano dejó de pagar. Jésica dijo que Koldo García lo abonó. En su declaración posterior, Escolano lo negó y dijo que pidió a su mujer que lo hiciera.

Por entonces, la joven dependía económicamente de Ábalos. Era estudiante universitaria hasta que el exministro le consiguió un trabajo en la empresa pública Ineco. Un empleo de auxiliar administrativa no muy exigente, porque se limitaba a hacer lo que le encargaba Joseba García, hermano de Koldo. El fiscal le preguntó por María Dolores Tapia y ella dijo que no la conocía. “Era su superiora en Ineco. Bueno, no tiene que recordarla si no trabajaba”.

No hubo casi nada en su testimonio que beneficiara claramente a Ábalos y Koldo. Se confirmó que había recibido favores económicos del exministro por ser su pareja en forma de un apartamento de lujo y un empleo que no le obligaba a nada. Los dos acusados lo tendrán difícil para probar que todo eso lo pagaron con sus ingresos.

Con el giro observado en la sesión del martes, las preguntas de sus abogados revelan que van a ofrecer al tribunal una conspiración en que la joven novia era algo así como una espía colocada por Aldama. Suena excitante como parte de la trama de una película, aunque está por ver cuántos aficionados al cine negro hay en el Tribunal Supremo.

El calendario judicial ha obligado a todos a ponerse las pilas justo después del fin de las vacaciones de Semana Santa. Dos grandes juicios coinciden en el tiempo y cada uno de ellos refleja lo peor de los dos principales partidos españoles. El abuso de poder en el caso de la operación Kitchen por parte del Gobierno de Rajoy. Las comisiones por la compra de material sanitario por parte del Gobierno de Sánchez. En ambos casos, presuntamente. El exministro Jorge Fernández Díaz en un banquillo en la Audiencia Nacional y el exministro José Luis Ábalos en el otro en el Tribunal Supremo. El PP y el PSOE tienen muy claro qué juicio es esencial para la democracia y cuál de los dos no tiene mayor interés.

Por todo ello, los dos juicios van a abrir una autopista inmensa para que circule la ironía. Todo lo que en el otro es producto de la maldad intrínseca de los acusados y de sus correligionarios, dirán ambos, en el mío es producto de circunstancias fuera de nuestro control. Quién podría pensar por ejemplo que Fernández Díaz intentaría que no salieran a la luz las maniobras de Luis Bárcenas cuando su cúpula policial se ocupó después de fabricar pruebas con las que hundir la reputación de Podemos y de los independentistas catalanes.

El único del que podemos suponer que no estaba metido de lleno en el barro en ese Ministerio era Marcelo, ángel de la guarda del ministro, y sólo porque los personajes de ficción son inimputables.

El juicio de la Kitchen comenzó el lunes con las cuestiones previas, que ocuparán varios días. La acusación popular ejercida por el PSOE reclamó que María Dolores de Cospedal sea imputada, que es precisamente lo que el juez de instrucción García Castellón hizo lo posible por impedir. Esa fue una línea de investigación en la que el magistrado no quiso ir muy lejos.

“Una operación de estas características es imposible que se llevase a cabo sin el conocimiento de las máximas instancias del partido”, dijo Bárcenas hace unos días en una entrevista en El Mundo. A menos que Fernández Díaz, amigo personal de Rajoy, decidiera que haría lo posible para librarle y le dijera: tú tranquilo, yo me ocupo de todo.

Con o sin conocimiento de los máximos dirigentes, lo que ha provocado este juicio es la existencia de una red de espionaje político destinada en primer lugar a hacerse con las pruebas que podían incriminar o perjudicar al PP de Rajoy y que luego se dirigió contra los rivales del partido. Es algo sin precedentes en la democracia española si no incluimos a los servicios de inteligencia en la ecuación.

De todos los presidentes del Gobierno desde 1977, quizá Mariano Rajoy sea el que tuvo el temperamento menos autoritario, entre otras cosas por su concepción algo cínica del poder. Pero resulta que fue con él cuando la cúpula policial se convirtió en un guardaespaldas corrupto del partido del Gobierno.

El PP ya tiene preparada una línea de defensa sobre cualquier revelación o posible condena que salga del juicio. “El PP de 2026 no es Kitchen ni Gürtel”. Kitchen forma parte de la historia antigua del partido, de una época que se ha perdido en la noche de los tiempos.

La ironía salta a la vista. La dirección actual del partido reivindica orgullosa la gestión del Gobierno de Rajoy y lo ha invitado a muchos de sus mítines y actos públicos. Pero cuando el Ministerio de Interior de ese Gabinete acaba en el banquillo de los acusados como sospechoso de montar una estructura corrupta, todos esos hechos son presentados como algo ajeno al PP.

Segundo argumento para salir del embrollo. La moción de censura que destituyó a Rajoy sirvió para saldar las responsabilidades políticas por todos esos delitos que están siendo juzgados ahora, comentó Bravo. Esto último es sencillamente maravilloso. En cuestión de semanas, el PP ha pasado de denunciar que esa moción de censura fue un escándalo –entre otras cosas, por el papel de Ábalos en su presentación en el Congreso– a utilizarla como argumento para explicar que tuvo un efecto muy relevante, casi hasta positivo, porque sirvió para dilucidar responsabilidades políticas.

Cuando una periodista preguntó en la rueda de prensa por Rajoy, Bravo respondió que su partido “dejará trabajar a la Justicia” y que no tiene la intención de “hablar de lawfare”. “No soy juez para decir quién es responsable y quién es culpable”, dijo Bravo. Un objetivo entrañable. Nada de avanzar acontecimientos después de una larga instrucción y de centenares de artículos publicados sobre el tema. A diferencia de los casos de Koldo García y Ábalos, de Begoña Gómez y de David Sánchez. En todos ellos, el PP lo sabe todo sobre lo que pasó, sostiene que Pedro Sánchez estaba enterado de todo –aunque no haya sido investigado en ninguno de esos casos– y ya ha emitido su sentencia. Todos son culpables y Sánchez es el más culpable de todos.

Por el juicio pasarán para declarar como testigos Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Juan Ignacio Zoido y Javier Arenas. No por nada en especial. Es sólo que pasaban por ahí y de vez en cuando saludaban a Fernández Díaz.

Los que tengan buena memoria recordarán que Donald Trump inició la guerra contra Irán con la intención de acabar con el régimen de Teherán para que sus ciudadanos recuperaran la libertad (una idea que Feijóo apoyó de forma efusiva). Luego prefirió justificarla con el argumento (falso) de que Irán estaba a punto de conseguir fabricar armas nucleares. Más tarde, habló de poner fin al bloqueo del estrecho de Ormuz causado por la guerra que él había comenzado. Esta semana, se dejó de infundios y exigió la rendición completa de Irán bajo la amenaza de la destrucción total: “Vamos a devolverlos a la Edad de Piedra a la que pertenecen”. No suele ocurrir que alguien dispuesto a cometer crímenes de guerra lo anuncie sin ningún rubor.

Si Trump pretendía confirmar la denuncia de Pedro Sánchez contra una guerra que viola el Derecho internacional, no podría haberlo hecho mejor. Lo mismo se puede decir con sus ataques a los aliados europeos por no querer enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz para asegurar por la fuerza la libre navegación de los petroleros, lo que supone implicarlos directamente en una guerra que rechazan. Trump no quiere aliados, sino súbditos que cumplan sus órdenes.

El impacto económico de la guerra ya es global. No se limita al precio del petróleo y de los combustibles. La interrupción del paso de los buques gasísticos y de los que transportan urea por Ormuz puede afectar a la producción de los fertilizantes imprescindibles en la agricultura, comprometer las cosechas en verano y provocar una escalada de precios de los alimentos. Los precios globales de los fertilizantes podrían subir entre un 15% y un 20% en la primera mitad de 2026 si continúa la guerra, según la FAO. En este punto, hay que recordar que las crisis alimentarias han estado detrás de muchas oleadas migratorias desde África y Asia. 

La guerra es un mal negocio para todos, excepto para las empresas de defensa. Europa necesita casi desesperadamente que los ataques a Irán terminen cuanto antes o que al menos no afecten a la navegación por el Golfo Pérsico. Esto último es imposible, porque se trata de la estrategia de defensa más eficaz con la que cuenta Irán. Su objetivo es hacer ver a todo el mundo que también saldrá dañado por la continuación de la guerra. 

Trump ha intentado subcontratar a sus aliados europeos y asiáticos la labor de abrir Ormuz a la navegación. No han sido tan estúpidos como para aceptar, pero sí han comenzado a moverse. El Gobierno británico promovió la celebración de una reunión por videoconferencia de 35 países el jueves con el fin de examinar las opciones. España no participó, no está claro si porque no fue invitada o porque no quiso asistir. Lo segundo es lo más probable. No cuesta mucho que te inviten a este tipo de citas que sirven para deliberar más que para tomar decisiones y también para reflejar el punto de vista del mayor número posible de países.

Las conclusiones de la reunión no fueron espectaculares. No es un problema que se arregle con comunicados. “Incrementar la presión diplomática” para que Irán permita la navegación libre por Ormuz. “Explorar” la aprobación de sanciones contra Irán si no accede. Trabajar con la Organización Marítima Internacional con el objetivo de liberar a los barcos atrapados con sus tripulaciones a ambos lados del estrecho. Y poco más. Macron ya ha dejado claro que la opción militar es inviable. Mientras prosiga la guerra, la navegación por el estrecho estará condicionada por los intereses de los países enfrentados. 

Eso no impide que Irán sea consciente del peligro que supone enfrentarse a todo el mundo. Ese mismo jueves, dos superpetroleros y un buque gasístico sin carga pudieron atravesar Ormuz. Esos petroleros transportaban en torno a cuatro millones de barriles de petróleo saudí y emiratí. Antes de la guerra, veinte millones de barriles pasaban cada día por el estrecho. También pasó un buque portacontenedores propiedad de una naviera francesa. 

El primer día en que Sánchez se posicionó contra la guerra, el PP respondió con el argumento de que el Gobierno español se había quedado solo en Europa. Será que el partido no tiene a nadie que sepa de relaciones internacionales o que reacciona cada día en función de los acontecimientos, pero pronto se vio que no era cierto. Macron, Starmer, Merz y Meloni acabaron ofreciendo un mensaje similar al de Sánchez. Feijóo había optado por el discurso de ficción por el que había que colocarse en el lado de la libertad y contra los tiranos. Los gobiernos europeos se dejaron de demagogias y admitieron que la guerra era ilegal e iba contra los intereses de Europa por muy detestable que sea el régimen iraní.

La videoconferencia de Londres permitió al PP reincidir en lo mismo y denunciar que los aliados ven a Sánchez como alguien “desleal, imprevisible y con el que no se puede contar”. Esa es precisamente la opinión de Trump sobre todos los aliados europeos, no sólo Sánchez, a los que ha llamado “cobardes” por no enviar buques de guerra a Ormuz para solucionar el problema creado por EEUU. De hecho, en el plano personal, Trump ha sido más despectivo con Emmanuel Macron y Keir Starmer (“lamentablemente, Keir no es Winston Churchill”) que con Sánchez. 

Sobre las relaciones de España con Washington, esta semana hemos visto varias noticias a cuenta de una supuesta investigación de EEUU sobre la eutanasia de Noelia Castillo. Si los titulares parecían absurdos es porque lo eran. El Departamento de Estado puede pedir a su embajada en Madrid que le informe sobre cualquier hecho ocurrido en España. Forma parte de su trabajo. Pero no puede investigar nada ni es cierto el titular de ABC que decía que “la Casa Blanca exige explicaciones a España por la eutanasia de Noelia Castillo”. Un alto cargo del Departamento de Estado dijo en Twitter que “es imprescindible” que se investigue el caso. No hay nada que investigar ni explicaciones que dar porque la aplicación de la eutanasia ya pasó por todos los controles médicos y recursos judiciales necesarios.

Cabe la posibilidad de que EEUU utilice ese caso contra España en su propaganda. Eso es lo que menos debe preocupar al Gobierno español. En una entrevista en The Wall Street Journal, Sánchez aparece descrito como el gran baluarte de la oposición a Trump en el mundo occidental. Seguro que es una distinción que no le desagrada. 

El misterio de los turistas desaparecidos

La Semana Santa está “definitivamente perdida”, dijo hace quince días el consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal. Se refería al impacto de las obras del AVE por los derrumbes ocasionados por las lluvias y que iban a impedir el enlace directo de Madrid a Málaga. “Málaga está completamente incomunicada”, avisó con un descaro increíble la consejera de Hacienda, Carolina España, presentando un escenario dantesco en el que la ciudad andaluza se arriesgaba a sufrir pérdidas millonarias en las vacaciones. ¿Habían cerrado el aeropuerto? ¿Las carreteras estaban cortadas? Se decía que los comerciantes debían demandar a Adif por el dinero que iban a dejar de ganar. El diario Sur, el medio más importante de Málaga, le dedicó una cobertura catastrofista que incluyó una noticia falsa abriendo la portada del periódico. 

Se habló en los titulares de pérdidas de 1.300 millones de euros sin que nadie tuviera claro cómo se había calculado esa cifra. Era un número varias veces superior a los ingresos (478 millones en un año con lluvia) que la Junta calculó para toda la comunidad en 2024. Pero la cosa no quedaba ahí. Un titular de El Mundo elevó las pérdidas a 2.000 millones.

Todo era una farsa que confirma el estilo del Partido Popular de hacer oposición. Las elecciones autonómicas de mayo hicieron que el PP se lanzara a tumba abierta para denunciar una crisis inexistente. En primer lugar, porque el enlace ferroviario no había desaparecido. Los pasajeros del AVE debían bajarse del tren en Antequera y coger un autobús con el que cubrir los últimos 50 kilómetros. Un inconveniente sin duda, pero que no iba a hacer que renunciaran a sus planes si querían viajar a Málaga. 

Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Al final, como era de prever, los turistas han inundado Málaga gracias al factor más relevante con las vacaciones de Semana Santa. Ha hecho buen tiempo y eso es lo que más influye en la llegada de turistas. Algunos dicen que ha sido por el peso del turismo internacional, otros señalan que la causa está en el turismo nacional. Ya el lunes el alcalde de Málaga dijo que el tema del AVE iba a tener una incidencia “mínima”. Y se ha confirmado. Pero por el camino el PP ya ha hecho caja de cara a las elecciones de mayo con el drama que no era tal. Y así es la política en España, para qué vamos a engañarnos.

Hasta el próximo domingo.

El infierno en vida de Noelia Castillo acabó el 26 de marzo. Por su propia decisión y después del control médico y judicial establecido por la ley, se le aplicó la eutanasia y su derecho a morir en paz. Algunas personas –su padre y la organización ultra Abogados Cristianos– convirtieron sus últimos meses en una pesadilla. Sus presiones y recursos judiciales no consiguieron hacerla desistir de su propósito. Toda su historia nos causa dolor, pero el final es el que ella quería. Es necesario repetir esto último tantas veces como sea necesario y no dejarse llevar por los argumentos de los hipócritas y de los que quisieron arrebatarle su dignidad hasta el último minuto de su vida.

Han pasado 601 días desde que ella expresó su deseo de morir para poner fin a tanto sufrimiento. No fue una decisión producto de un impulso. Su caso fue evaluado por 32 especialistas y se redactaron trece informes. Varios tribunales examinaron los recursos presentados. Todos los análisis confirmaron que Noelia entendía la gravedad de lo que estaba solicitando y que era plenamente consciente de su estado y de las consecuencias que suponía. No fue un final feliz y por eso nos resulta difícil celebrarlo –creo que ninguno de nosotros asociamos la muerte a la felicidad–, pero es el que ella quería. La vida no le había dejado otra opción.

El espectáculo presenciado en los últimos días no ha sido muy edificante, y no por culpa de ella. Los racistas han propagado mentiras sobre las violaciones que sufrió para aprovechar la historia en beneficio de su lucha contra los inmigrantes. Una cadena de televisión reincidió en lo que hizo en casos anteriores de sucesos y muertes de adolescentes ofreciendo un show morboso. Algunos políticos que quieren complacer a sus votantes que se oponen a la eutanasia han hablado de “un fracaso como sociedad”, un concepto vago que nunca concretan con las medidas que creen que deberían haberse tomado. Podrían proponerlas mañana mismo en el Parlamento si tan claro lo tienen, pero no lo van a hacer.

Hay un principio general que dice que los riesgos se multiplican cuando una noticia capta por completo la atención de la televisión. Servirá para que llegue a todo el mundo, pero aumentarán las posibilidades de que sea presentada como un espectáculo carente de toda nobleza. Se abusará del sentimentalismo y abundarán las opiniones de gente que no sabe de lo que está hablando. Y todo eso con la esperanza de que la cobertura incremente las audiencias. 

El ejemplo más flagrante fue el del programa de Sonsoles Ónega en Antena 3. Entrevistó a Noelia Castillo y a su madre después de que ellas lo aceptaran. Ángeles Caballero se pregunta si era necesario “seguir hurgando en esa herida con una cámara encendida delante”. Porque en estos casos siempre se dedica un número desmesurado de minutos y se le saca todo su jugo televisivo. Se juega con los sentimientos de la audiencia y se le recuerda que volverán a hablar del tema después de la publicidad. “Por supuesto, la música de piano de fondo, los gestos afectados y sobreactuados del plató. Las palabras huecas, que fagocitan cualquier atisbo de cordura, que también la hubo”. 

La frivolidad con la que se manejan estos asuntos no tiene nada que ver con las deliberaciones y decisiones que adoptan los organismos que participan en un caso de eutanasia. El informe médico-forense que avaló la eutanasia estableció que sus dolores eran “graves, crónicos, constantes e imposibilitantes” y que no existía “posibilidad de mejora”. Estaba condenada a malvivir en esas condiciones toda su vida. Los  psiquiatras y psicólogos que la examinaron decidieron que “la patología que sufre no la condiciona para tomar decisiones”. Los tribunales certificaron ese diagnóstico. 

Si se hubiera respetado desde el principio la voluntad de Noelia, hace tiempo que su dolor habría terminado. En agosto de 2024, un juez aceptó un recurso de su padre e impidió que la eutanasia tuviera lugar. No voy a entrar a valorar sus intenciones. Me limito a incluir aquí lo que contó su hija en la entrevista de Antena 3: “No ha respetado mi decisión y nunca lo hará. Me quería poner a mi nombre la casa que ha comprado para poder seguir cobrando la pensión por hijo a cargo. Después de eso, no quiere poner la casa a mi nombre, ni pagar el entierro, ni va a ir a la eutanasia, ni al entierro, y dice que no quería saber nada más de mí. Que para él ya estaba muerta. Yo lo entiendo. Es padre y no quiere perder a una hija, pero no me hace caso. No me llama nunca, no me escribe nunca. Lo único que hace es traerme comida. ¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?”. 

El principal argumento de Abogados Cristianos, que representaba a su padre, consistía en dudar del estado mental de Noelia. En estos casos, todo se reduce a tratar a la persona que solicita la eutanasia como si estuviera loca. Querían imponerle su juicio moral sobre lo que significa la vida. Pero ha habido algo más. Han llegado a denunciar que el hospital había presionado para que se produjera “porque tenían comprometidos sus órganos” para un trasplante. No sólo es mentira, sino que es imposible legalmente. Los trasplantes se llevan a cabo cuando hay un compromiso previo del fallecido o lo autoriza su familia. La directora de la Organización Nacional de Trasplantes lo explica en este vídeo.

Los sectores más reaccionarios han aprovechado el caso para cargar contra la eutanasia y expandir toda una serie de mentiras. Como era de prever, Santiago Abascal se ha distinguido afirmando que ella fue violada por dos menores inmigrantes, de lo que no existe ninguna prueba. Los ultras también han dicho que sufrió una agresión sexual en un centro de menores en 2022 (por entonces tenía 21 años). Noelia vivió en dos residencias para menores entre 2015 y 2019. Macarena Olona alega que le concedieron la eutanasia por tener depresión. La ley no permite eso. Ella quedó parapléjica después de un intento de suicidio al tirarse desde un quinto piso. Las secuelas eran “permanentes e irreversibles”. 

En el ámbito periodístico, ha quedado claro el desprecio que sienten algunos por Noelia. Su opinión no les merece ningún respeto. Un columnista de ABC sostiene que los impuestos se utilizan para “ejecuciones”, que ha sido “un asesinato colectivo”. El jefe de opinión de El Español afirma que “el Estado español ha decidido matar a Noelia Castillo”. Hay que respetar a las personas que no aceptan la eutanasia por sus creencias religiosas, pero estas opiniones sólo están regidas por el fanatismo.

En el momento en que fue aprobada por ley en 2021, la eutanasia contaba con un amplio apoyo en la sociedad. Ya en 2018 un 85% defendía ese derecho, según una encuesta de Ipsos. El apoyo seguía siendo generalizado en 2024. Hasta ese año, 1.123 personas se habían acogido al derecho a poner fin a su vida. 

“Este caso nos exige una reflexión profunda. Las instituciones que debían proteger a Noelia le fallaron”, dijo Alberto Núñez Feijóo, refiriéndose a la época en que fue abandonada por su familia por los problemas económicos y de otro tipo. “El sistema ha fallado. Es necesario revisar todos los procedimientos para ayudar mejor a las personas que tienen problemas y reforzar el acompañamiento y los instrumentos de apoyo”, opinó Juanma Moreno.

A los políticos les gusta decir que se necesita una profunda reflexión sobre los problemas complejos y luego no se les escucha hablar más del tema. ¿A qué medidas se refieren? ¿Hay que gastar más dinero en algunos organismos asistenciales? ¿Cuál ha sido la respuesta del PP o de otros partidos cuando han surgido iniciativas para luchar contra la pobreza o ayudar a las familias rotas?

Los que dicen que el sistema ha fallado ¿qué dijeron al aprobarse medidas que aumentan el gasto social o cuando se habló de apoyar a los menores inmigrantes que sufren más los efectos de la marginalidad, de no tener salidas con las que recibir apoyo y formación? ¿Qué opinaron cuando se aprobó el Ingreso Mínimo Vital, que ayuda a las familias pobres a salir adelante? ¿Qué han respondido cuando se pide como ahora que se impidan los desahucios de familias vulnerables? Y si una familia es expulsada de su casa porque no tiene dinero para pagar el alquiler o la hipoteca, ¿qué alternativas de vivienda les dan las instituciones responsables y el sistema económico?

No sirve de mucho decir que el sistema ha fallado si no se explica después qué cambios deberían hacerse para que vuelva a funcionar. 

Después de un tiempo de mirar a otro lado, Vox ha decidido que no va a quedar ni uno de los disidentes que cuestionaron el liderazgo de Santiago Abascal. La palabra del líder y del reducido grupo que dirige el partido es incuestionable. La purga de los rebeldes se ha completado el jueves con un procedimiento disciplinario contra Iván Espinosa de los Monteros, paso previo a su expulsión del partido. Van cayendo todos los dirigentes que eran los más cercanos al líder cinco años atrás y que creyeron que Vox era un partido que aceptaba la democracia en su funcionamiento interno. La ingenuidad es un error que se paga con la muerte en política.

Algunos de los represaliados tenían los primeros carnés emitidos tras la fundación del partido, incluido el número uno. No ha habido piedad con ellos, porque nunca la hay cuando el líder decide que se acabó la fiesta. Se hace una lista y los que aparecen en ella están condenados. No acabarán en un campo de reeducación, sino en su casa, lo que siempre es una mejora en términos históricos. Primero, se les aísla y luego acaban en el ostracismo. Si levantan la voz, son expulsados y acusados de formar parte de una quinta columna que sirve al enemigo.

En el mejor momento político para Vox, según las encuestas, el partido se siente lo bastante fuerte como para culminar un proceso que se inició con la elaboración de las listas para las elecciones de 2023. Las purgas no empiezan cuando algunas personas son señaladas para recibir el castigo que merecen, sino mucho antes. Cuando alguien decide que hay gente que ya no es de confianza, porque sabe que darán problemas.

Buena parte del grupo parlamentario, que había realizado un trabajo eficaz –y tan agresivo como les pedía el cuerpo– en la defensa de las ideas de Vox desde 2019, fue eliminada de las nuevas candidaturas. No eran los moderados, aunque en algunos medios les llamaban el “sector liberal de Vox” en un alarde de imaginación. Eran un polo de poder que podía en teoría cuestionar las decisiones de los que empuñan los hilos del poder.

Fue en ese momento cuando Espinosa de los Monteros descubrió que le habían dejado solo y se autoexcluyó de las listas. Con esa decisión, había sellado su destino.

Antes se había producido un prólogo con la decisión de la dirección del partido de enviar a Macarena Olona a la candidatura de las elecciones andaluzas. El experimento salió mal en términos electorales, pero fue perfecto en la organización interna. Haz que parezca un accidente, dice la fórmula en estos casos. Olona se rebeló después, pero ya era demasiado tarde. Había caído en la trampa.

Para contrarrestar la pérdida de reputación, Vox ha optado por la respuesta más habitual en los regímenes totalitarios. Y lo ha hecho porque suele funcionar. Ante la posible perplejidad o malestar de los seguidores, se les envía el mensaje definitivo. Los disidentes trabajan en favor del enemigo. Son traidores a la causa.

Lo dijo Abascal hace unos días cuando le preguntaron en una entrevista en ABC: “Vox no tiene líos internos. Lo que tiene son líos externos. Hay un debate en el PP sobre quién debe ser el líder de Vox y algunos se han prestado a ello. En nuestro partido, no existe. Mi preocupación sobre esto es cero”. Todo es un complot del PP y de algunos medios de derecha para descabalgar al líder máximo y hacer que sea más dúctil en sus tratos con el partido de Feijóo. Y no hay más que hablar. Si a alguien se le ocurre seguir por esa línea, acabará en la calle.

Espinosa de los Monteros puso en marcha en septiembre de 2025 una cosa que llamó “entidad social civil” con el nombre de Atenea con la secreta intención de hacer de puente entre PP y Vox. Gran error. Le servía para seguir metido en el cogollo del salseo de la política madrileña a través de actos de presentación en varias ciudades y entrevistas en los medios. Pedía “un cese de hostilidades entre quienes están llamados a propiciar un nuevo Gobierno”. Casus belli para Vox.

Era cuestión de tiempo que se ocuparan de él, pero no querían precipitarse. El exportavoz parlamentario de Vox terminó de definirse cuando empezó a recoger firmas para reclamar un congreso extraordinario del partido. Sus declaraciones apuntaban ya al corazón de su funcionamiento interno. “Hay efectivamente un grupo de gente que proviene de una misma familia empresarial y que son familia en el sentido literal que ha tomado el control del partido con la aquiescencia del presidente”, dijo al Heraldo en una entrevista de hace unos días.

Por la “familia” se refiere sin duda a Julio Ariza, fundador del grupo Intereconomía, y a su hijo Gabriel, responsable de la empresa de consultoría política Tizona Comunicación, que trabaja para el partido. Por encima de ellos está Kiko Méndez Monasterio, principal asesor de Abascal y al que se puede considerar la segunda persona con más poder en Vox por su influencia.

Partidos como el PSOE y el PP han financiado siempre a las fundaciones ligadas al partido. En el caso de Vox, ocurre igual con la Fundación Disenso, aunque las cifras son muy superiores a lo habitual. Vox ha traspasado siete millones de euros en cuatro años hasta 2023 a Disenso, que está presidida por Abascal. Según sus cuentas de 2024, Vox le transfirió otros dos millones procedentes de la financiación pública que reciben los partidos. El flujo de dinero es llamativo, porque Vox se ha visto obligado a pedir créditos para financiar sus campañas electorales.

Las cuentas internas de Vox han sido utilizadas por los rebeldes del partido. No pueden alegar diferencias ideológicas de peso para atacar a la dirección y el carácter opaco de algunos elementos de su financiación les permiten atacar por ese flanco. Juan García-Gallardo, exvicepresidente de Castilla y León, ha llegado a decir que Vox es “el plan de pensiones de Abascal”.

Javier Ortega Smith, otro defenestrado, asegura que lo cesaron como secretario general por denunciar irregularidades económicas que no concretó. El hoy diputado del Grupo Mixto afirma que son “cuatro personas a las que no ha votado nadie” los que dirigen Vox junto a Abascal. “Unos empresarios fracasados, profesionales de tres al cuarto que nunca han sido capaces de ganarse la vida”, dijo. Es innegable que hoy se ganan muy bien la vida con los fondos públicos que recibe el partido.

Ha habido mujeres que contaban con cargos electos de Vox en ayuntamientos que dimitieron porque habían descubierto de repente la hostilidad de los dirigentes a las mujeres y el poco respeto que recibían. Los nuevos rebeldes han acabado en la misma fase del duelo, la de la aceptación de la realidad. “En Vox no existe la democracia, la libertad. Es el imperio del miedo”, dijo este mes José Ángel Antelo, exlíder del partido en Murcia. Han tardado en darse cuenta. Se han estrellado con la realidad de un partido que siempre ha funcionado igual. Hay un líder y una “camarilla”, con la expresión que utilizan, y los demás son los figurantes.

El ardor guerrero de Feijóo no ha tardado mucho en evaporarse. El 1 de marzo, con el inicio del asalto norteamericano e israelí a Irán, el líder del PP celebró la eliminación del líder supremo Jamenei con un comunicado: “El mundo es mejor cuando cae un tirano”. Quizá pensaba que la guerra iba a finalizar en cualquier momento, por lo que su prioridad era cerrar filas con Donald Trump y EEUU. España debía estar “sin matices junto a las democracias liberales”. Cerró el texto con un eslogan que el PP iba a repetir previsiblemente durante el conflicto: “Con la libertad o con los tiranos”. La libertad –por si hay que ponerlo en contexto– tenía que identificarse con el empeño de Trump por acabar con el régimen iraní.

En pocas semanas, la catástrofe que se cierne sobre Europa y en realidad casi todo el planeta ha hecho que Feijóo guarde el fusil en el armario. Hace una semana, dijo que “la mayoría de los españoles no queremos la guerra”. Ya había visto las encuestas. El martes, desplegó la pancarta en Antena 3 con las mismas palabras que Pedro Sánchez: “¿No a la guerra? Por supuesto. ¿Sí a la paz? Por supuesto”. En la comparecencia de Sánchez en el Congreso el miércoles, y después de alguna tormenta de ideas en Génova con escasas precipitaciones, redondeó el eslogan para no dejar nada fuera: “Le resumo nuestra posición. No a la guerra y no a usted”. Ambas ideas al mismo nivel. Ya se sabe que Sánchez es peor que un misil nuclear.

El PP aguardaba con ganas la comparecencia de Sánchez por la guerra. Por lo que se vio, Sánchez también. El presidente hizo lo que más molesta al Partido Popular, que le recuerden el apoyo ciego de José María Aznar a la invasión de Irak en 2003, que puso las bases de su derrota en las urnas un año después. “Quería sentirse importante”, dijo del expresidente. Ahí se escucharon algunos gritos en la bancada del PP, pero en general sus diputados escucharon en silencio esa parte de la intervención de Sánchez. No podían permitirse el lujo de aparecer como defensores de Aznar y de su amistad con George Bush.

Sánchez afirmó que Bush y Tony Blair pidieron perdón después de la invasión al no encontrarse por ningún lado el arsenal de armas de destrucción masiva con el que justificaron la guerra. No es cierto en el caso del británico y solo en parte en el caso de Bush con una declaración de 2008. “Aznar, no. Dijo que no se arrepentía de nada. Esa es la catadura moral del expresidente”. Silencio en los escaños del Partido Popular.

A cuenta del decreto de la rebaja fiscal en la compra de combustible que se vota este jueves y que el PP considera insuficiente, Sánchez recordó que ese tipo de ayudas económicas brillaron por su ausencia en el Gobierno de 2003: “El Gobierno de Aznar no hizo nada. Absolutamente nada. El señor Montoro, ministro de Hacienda entonces, no aprobó ni una sola rebaja fiscal. Cero reformas. Cero ayudas”.

Si alguien esperaba que los dos líderes buscaran un territorio común para aprobar juntos el decreto de ayudas, quedó decepcionado muy pronto. En su primera intervención, Feijóo dedicó más tiempo al 'no a usted' que al 'no a la guerra'. De hecho, no habló casi nada de lo segundo.

Lo primero que hizo fue acusar a Sánchez de imitar a Pablo Iglesias y luego lo definió como un aliado del régimen de Teherán. La prueba era un vídeo del que mostró una imagen y en el que se ve cómo pegan un cartel adhesivo a un misil iraní que incluye la foto de Sánchez y un agradecimiento por su oposición a la guerra.

Los socialistas gritaron que es un bulo, quizá porque lo ha utilizado el Ministerio israelí de Exteriores para atacar al Gobierno español. Lo cierto es que el vídeo apareció en el canal de Telegram de la agencia Tasnim –con 2,5 millones de seguidores– a la que se relaciona con la Guardia Revolucionaria de Irán.

Lo de pegar un cartel a un misil o escribir un mensaje en él es un tipo de propaganda morbosa que ya se ha utilizado en Israel en los últimos años, incluyendo al presidente del país.

Feijóo acusó a Sánchez de estar solo o con muy malas compañías: “Usted está mezclando el nombre de España con la peor calaña del mundo”. Olvidó oportunamente que los principales gobiernos europeos se han ido acercando a la posición española de rechazo de la guerra.

Giorgia Meloni respondió a la oposición en el Parlamento con el argumento de que Italia estaba haciendo lo mismo que España, también en lo referente al uso de las bases militares por EEUU. “Esta guerra es contraria al Derecho internacional”, dijo el martes el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, en un discurso ante el cuerpo diplomático. “La justificación basada en un ataque inminente (de Irán) no se sostiene”. Emmanuel Macron y Kaja Kallas han ofrecido mensajes similares.

Feijóo no se ha atrevido a hacer una acusación directa a Trump y a su Gobierno. Su agresividad al dirigirse a Sánchez se torna en una timidez congénita si sale EEUU en la conversación. Ante la duda, hace todo lo posible para no pronunciar el nombre de Trump.

En su réplica, Sánchez fue directamente al cuerpo y cargó contra Feijóo por ignorante. Intentó ser lo más ofensivo, probablemente enfurecido porque Feijóo había dicho que otro primer ministro europeo le había dicho que le llaman “el traidor europeo” (como fue en una conversación privada nadie sabe si es cierto).

El nivel de condescendencia se puso muy alto cuando preguntó al líder del PP: “Señor Feijóo, ¿sabe cuántos habitantes tiene Irán?”. La segunda pregunta era un poco de modo experto. “¿Puede citarme algunos nombres de los grupos étnicos de Irán, además de los persas?”. Encima dejaba pausas después de cada frase como si estuviera esperando la respuesta.

Sobre el argumento sin pruebas de Trump de que Irán estaba a punto de concluir la fabricación de un arma nuclear –solo nueve meses después de afirmar que EEUU había destruido por completo ese programa nuclear–, Sánchez acabó por ridiculizar a Feijóo: “¿Esto dónde lo ha leído? ¿En OK Diario?”. Podría haber sido peor. Podría haberle preguntado si se había enterado gracias a una exclusiva de Pedro J. Ramírez.

Ambos se iban picando y al final Feijóo estalló resentido y optó por volver a la rumba de siempre. El mundo puede estar pendiente de Irán, EEUU y el estrecho de Ormuz, pero él es más de las cosas de casa. De su repertorio de confianza. Lo que quiere decir que volvió a hablar de ETA. Lo hizo para acusar a Sánchez de pactar “con los que mataron a sus compañeros” y mencionar la concesión del régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, conocida como Anboto, tras pasar 22 años en prisión.

El socialista Patxi López se pilló un rebote de impresión y acabó respondiendo a gritos: “¡Ya vale de esa utilización de mierda!”. Una palabra apropiada para el ambiente que existe en el Parlamento desde que el PP decidió que ETA existe y que su existencia es culpa de Sánchez.

No había pasado mucho tiempo desde su promesa de no agravar la guerra contra Irán con ataques a sus centrales eléctricas cuando Donald Trump dio el lunes una sorprendente respuesta a un periodista. “¿Con quién está hablando Steve Witkoff en el lado iraní?”. “Una persona muy importante”, dijo. “¿Quién es?”, insistió el reportero. “No puedo decirlo”, respondió el presidente de EEUU. Sólo negó que fuera Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo del país. ¿La razón aducida por esta discreción? “No queremos que lo maten”.

Nadie esperaba que Trump cancelara su ultimátum anterior sobre la situación del estrecho de Ormuz y lo sustituyera por un periodo de cinco días en el que se compromete a no atacar la infraestructura energética de Irán. Coincide con todos los días de esta semana en que están abiertos los mercados petrolíferos y las bolsas. Esas supuestas negociaciones, desmentidas rápidamente por el Gobierno iraní, serían imposibles sin un interlocutor. Trump ni siquiera se fía del Gobierno israelí, que podría intentar matar a ese presunto socio para impedir que Washington ponga fin a la guerra. Si los sospechosos son los iraníes, ese interlocutor no tiene poder suficiente como para cumplir los términos de un acuerdo.

La guerra ha comenzado su cuarta semana y Trump no está más cerca de conseguir sus objetivos que el primer día. Alterna los mensajes belicistas con otros más optimistas. Un día, promete la “destrucción completa” de Irán, lo que inevitablemente llevará su tiempo. Al otro, afirma que “estamos cerca de cumplir nuestros objetivos”. Anuncia que los barcos pueden navegar por Ormuz para amenazar después al Gobierno iraní con el peor de los desenlaces si no levanta el bloqueo (que no afecta a todos los países).

La cúpula política y militar de Irán ha sido diezmada, pero el régimen sigue controlando todos los resortes del poder. La aviación israelí y norteamericana ha atacado comisarías y centros de los Guardias Revolucionarios en Teherán con la esperanza de que las fuerzas de seguridad pierdan el control de la calle. Eso no ha ocurrido ni tiene visos de ocurrir.

Pocos días antes del inicio de la campaña de bombardeos, el director del Mossad, David Barnea, comunicó a su primer ministro, Binyamín Netanyahu, que tenía un plan para promover una rebelión masiva con el que provocar el colapso del Gobierno iraní, según The New York Times. Los servicios de inteligencia norteamericanos ya habían decidido antes de la guerra que las posibilidades de que esa revuelta tuviera éxito eran muy bajas. Pero Netanyahu consiguió convencer a Trump de que ese era uno de los motivos que justificaban iniciar una ofensiva que había sido rechazado por todos los presidentes de EEUU desde 2001.

“No se pueden hacer revoluciones desde el aire”, admitió Netanyahu el 19 de marzo en lo que era el primer reconocimiento explícito de los arquitectos de la guerra de que no habrá rebelión en Irán.

El estrecho de Ormuz es una de las arterias económicas esenciales del mundo. Durante décadas, se ha dicho que era el gran activo con el que contaba Irán para disuadir a sus enemigos de iniciar una guerra. Cualquier interferencia en el tráfico marítimo tendría consecuencias dramáticas en las economías de Europa y Asia. 21 millones de barriles de crudo y combustible circulan cada día por esa vía, en torno al 20% mundial. La guerra ha causado que el número de petroleros que lo utilizan haya caído a la mitad. La repercusión en el precio del petróleo y del gas ha sido inmediata.

Todas las exportaciones de gas de Qatar y las de petróleo de Kuwait pasan por Ormuz. Hay 450 petroleros atrapados en el Golfo Pérsico antes de alcanzar Ormuz, mientras otros 300 están esperando al otro lado, en el Golfo de Omán, según los números que maneja S&P Global Market Intelligence.

Una de las ideas supuestamente brillantes que ha adoptado la Administración de Trump ha sido enviar a miles de marines a la región y filtrar la opción de la toma de la isla de Jarg, en la zona norte de Ormuz, donde se encuentra la mayor terminal para la exportación de crudo en Irán. De forma frívola, el senador republicano Lindsey Graham dijo en televisión este fin de semana sobre un asalto a la isla: “Nosotros lo hicimos en Iwo Jima. Podemos hacer esto”. Los norteamericanos sufrieron cerca de 7.000 muertes y 19.000 heridos al derrotar a los japoneses en esa isla en 1945.

Hacerse con el control de Jarg sería mucho más fácil. Sin embargo, los marines quedarían en una posición extremadamente vulnerable, expuestos a los ataques con misiles y drones iraníes y con serias dificultades para recibir los suministros necesarios. Ocupar la isla no impediría además a Irán continuar exportando su petróleo. Hay un dato importante: el grueso de esa fuerza expedicionaria no llegará a la región hasta el próximo viernes, cuando acaba el periodo de espera anunciado por Trump.

Irán ha tenido éxito en llevar la guerra al territorio de los aliados de EEUU en el Golfo Pérsico. Los daños infligidos no han sido enormes, pero los suficientes para hacer ver a Arabia Saudí, Qatar, Emiratos y Kuwait que a ellos también les interesa que la guerra no se prolongue. Cuando Israel subió la apuesta y atacó el mayor campo gasístico iraní, dejó patente que esperaba una represalia de Teherán contra sus vecinos, lo que serviría para prolongar la guerra. Irán respondió en términos similares con un ataque con drones sobre la infraestructura del gas de Qatar.

La estrategia disuasoria iraní había aparecido en todos los artículos sobre una posible guerra contra Irán. El país no puede defenderse militarmente de una agresión conjunta de EEUU e Israel. Lo que sí puede hacer es ampliar las consecuencias del conflicto a toda la región y los efectos económicos a todo el mundo.

Trump ha preferido negar la evidencia: “Mira la forma en que Irán atacó inesperadamente a todos los países que le rodean”, dijo el lunes. “Se suponía que eso no iba a ocurrir. Nadie estaba pensando en ello”. Sólo ha sido una sorpresa para él.

Después de haber anunciado sin pruebas que Irán estaba a punto de conseguir armas nucleares gracias a su programa de enriquecimiento de uranio o de que estaba dispuesta a atacar objetivos norteamericanos, Trump está obligado a conseguir algo real que le permita anunciar un triunfo claro a cuenta del programa nuclear iraní.

Ese es el origen de algunas informaciones de la prensa estadounidense que han planteado la opción de una operación de comando de las Fuerzas Especiales con la misión de apoderarse de los 400 kilos de uranio enriquecido al 60% en posesión de Irán. Se supone que se encuentran en una instalación nuclear subterránea cerca de la ciudad de Isfahan que fue bombardeada en junio de 2025.

Es más fácil escribir y producir una película con ese argumento que hacerlo realidad. “Es casi imposible para las Fuerzas Especiales de EEUU e Israel llegar a territorio hostil y extraer con facilidad el material de fisión iraní. Asegurarse de poder identificar el uranio altamente enriquecido y hacerse con él exigiría una presencia militar fuerte y prolongada sobre el terreno o la cooperación del Gobierno de Irán”, ha escrito un antiguo alto cargo norteamericano con experiencia en la recuperación de uranio enriquecido y plutonio en la antigua Unión Soviética.

EEUU y sus aliados pueden estar seguros de una cosa. El régimen iraní no va a ser derrocado en los próximos meses. En segundo lugar, ahora tiene más motivos que nunca para convertir su programa de enriquecimiento de uranio en otro de producción de armas nucleares. Ese sería el único factor de disuasión del que carece en estos momentos. En ese caso, Trump sería el mayor responsable de que las autoridades iraníes se decidieran a seguir por ese camino.

Si sacas una pistola, tienes que disparar. No, no es un consejo para la vida cotidiana. Es un principio con el que el dramaturgo ruso Antón Chéjov explicaba que si introduces un elemento relevante en la trama de una obra, debes utilizarlo después. No puede ser intrascendente. El ejemplo que daba consistía en que si aparece un arma en la representación, alguien debería disparar con ella en algún momento posterior. No puede ser que un actor enarbole una pistola, lo que ya sabemos que no es habitual, y que no se vuelva a hablar de ella o que nos olvidemos de que alguien tiene un arma en su poder.

Sumar enseñó un arma este viernes al negarse a que empezara el Consejo de Ministros extraordinario que tenía que aprobar las medidas sobre las consecuencias económicas de la guerra contra Irán. Pasaron dos horas hasta que se consiguió alcanzar un consenso que permitiera su aprobación. Siempre dispuestos a insuflar más dosis de drama a la vida política, los medios de comunicación empezaron a sufrir palpitaciones. ¿Dispararía Sumar a Pedro Sánchez y dejaría su cuerpo ensangrentado sobre la mesa del Consejo? ¿Acabaría todo como una escena de 'Kill Bill'?

Chéjov sabía mucho de teatro, y su idea se ha empleado muchas veces en el cine, pero no tanto de política. En ese mundo, es habitual que los protagonistas se pasen toda la función enseñando armas y amenazando con abrir fuego, y sólo es una manera de recabar la atención del otro. Mira que estoy muy loco y lo mismo empiezo a disparar a todo lo que se mueva. Lo estamos viendo ahora con las negociaciones del PP y Vox después de las tres elecciones autonómicas celebradas. Se trata de aumentar o reducir lo que se está dispuesto a pagar por un acuerdo. Es lo mismo que regatear por el precio de un producto, como se puede apreciar en la escena de 'La vida de Brian'. “¿Diez? ¿Pretendes insultarme? ¿A mí? ¿Con mi pobre abuela muriéndose?”.

Al final, hubo acuerdo, como todo el mundo sabía que iba a ocurrir, y se aprobaron dos decretos. Con el primero, se rebaja al 10% el IVA de los combustibles, el gas natural y los impuestos de la electricidad, y se congela el precio de la bombona de butano, además de otras ayudas a industrias, transportistas, pescadores y agricultores. Todo ello con un coste de 5.000 millones. Con el otro, se congelan los alquileres durante dos años. A pesar de los aspavientos previsibles, el primero será ratificado por el Congreso. Lo más probable es que el segundo sea anulado con los votos del PP, Vox y Junts. 

Es típico de la política española que algunos partidos digan que el Gobierno ha copiado sus propuestas, pero que eso no impida que estén escandalizados. No por una cuestión de derechos de autor, sino porque no van a cambiar su discurso de que el Gobierno es peor que la peste negra. El PP iba a enviar a Alberto Nadal a una rueda de prensa para que ofreciera la posición del partido sobre las medidas. Cuando vio que había discrepancias entre el PSOE y Sumar, cambió al mensajero y puso a Miguel Tellado ante los micrófonos para que diera cera. Sus primeros minutos fueron una colección de chistes, “una auténtica batalla campal entre ministros”, “duelo a garrotazos”, “un presidente chantajeado por los ministros de Sumar”. Parecía una película de Torrente. 

Tellado dijo que el Gobierno estaba copiando las ideas del PP, pero no se comprometió a apoyar el decreto de las ayudas fiscales. Es todo teatro, no al estilo de Chéjov. No se atreverán a tumbar unas medidas que favorecen a millones de personas. La primera reacción del PP fue distribuir entre los periodistas un montaje fotográfico en el que aparece Pedro Sánchez como líder del PP bajo un cartel de “menos impuestos”. Luego no la subieron a las redes sociales, porque era como decir que Sánchez había acertado con el decreto.

Para tenerlo claro. ¿Es el paquete fiscal aprobado por el Gobierno una medida de derechas, como viene a decir Tellado? Decir que algo es de izquierdas o derechas en función de si se suben o bajan los impuestos es una forma de hablar de economía que puede valer para las trincheras de las redes sociales, pero que no funciona igual de bien en el mundo real. Los impuestos son un instrumento para financiar políticas que pueden ser de izquierdas o de derechas, que pueden favorecer a muchos o a pocos. Eso sí que es cierto.

Las medidas con las que un Gobierno puede responder a un fuerte incremento de los precios de los combustibles no son muchas. Un recurso de efectos inmediatos consiste en reducir temporalmente la carga fiscal, que es algo que las finanzas públicas se pueden permitir ahora mismo en España. María Jesús Montero ha anunciado esta semana que se ha cumplido con el objetivo de déficit que se había fijado para 2025, con un descenso hasta el 2,5% del PIB. 

La alternativa es no hacer nada y eso es algo que los ciudadanos no toleran en tiempos de emergencia. Hay gente que sostiene que la solución sería topar los precios de los combustibles por decreto. No estamos hablando de un producto que se fabrica en España y al que se asigna un precio para que dé beneficios. Es imposible disociar el precio de la gasolina o el gasóleo del precio del petróleo, y esto último no es algo que pueda dictar el Gobierno o las empresas del sector. El más mínimo riesgo de desabastecimiento si el precio del petróleo continúa subiendo, pero no el de los combustibles es un riesgo real. Ningún Gobierno quiere ver colas en las gasolineras. 

Lo que puede hacer cualquier Gobierno es aprobar un impuesto excepcional a las empresas petrolíferas, que ya están aumentado sus beneficios. Es lo que hizo el Gobierno conservador de David Cameron en Reino Unido en 2011. Preveía recaudar 2.000 millones de libras, aunque la cantidad final fue muy inferior. Ese dinero se lo quedó el Estado para reducir su déficit y los ciudadanos no vieron nada de él. Pero un impuesto de esas características debe ser aprobado por el Congreso y, teniendo como tiene una mayoría de derechas, dudo mucho de que eso sea posible. 

Lo peor está por venir

Es imposible exagerar la gravedad del impacto económico de esta guerra. Es la mayor amenaza a la seguridad energética en toda la historia, ha dicho el máximo responsable de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Desde hace décadas, se ha considerado el bloqueo del estrecho de Ormuz como el escenario de pesadilla que podría causar efectos impredecibles, pero en cualquier caso muy negativos. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. El volumen de exportaciones de gas que se ha perdido por el conflicto es el doble del que se produjo después de la invasión de Ucrania. En el caso del petróleo, supera al perdido en las dos crisis del petróleo de los años 70, según la AIE. Los daños sufridos por bombardeos son de tal calibre que la agencia calcula que se tardarían seis meses para recuperar la producción perdida si la guerra acabara ahora, lo que es una previsión demasiado optimista.

El mundo está mejor preparado para afrontar un shock energético que hace décadas. Dependemos menos de los combustibles fósiles que entonces. Hasta cierto punto. Después de llegar esta semana a los 111 dólares por barril, el precio del Brent para su entrega en mayo estaba el viernes en 108. Es una cifra que crea problemas económicos que no son insuperables. Lo peor está por venir. 

Una previsión hecha por fuentes de la industria petrolífera saudí y citada por The Wall Street Journal indica que el precio del barril puede superar los 180 dólares si la disrupción del mercado se prolonga hasta finales de abril. Calculan que en la segunda semana de abril ya estará en 150 dólares. No es el pronóstico más pesimista en el artículo. Los analistas de la consultora Wood Mackenzie no descartan que el crudo llegue a los 200 dólares en algún momento de este año si continúa la tendencia actual. Con esas cifras, sería imposible evitar una recesión en EEUU y Europa.

Hay una razón por la que EEUU nunca había aceptado llevar la guerra a Irán desde 2001. No intentas destruir un país que tiene la llave de Ormuz. Hay que agradecer a la locura belicista de Trump y Netanyahu que hayamos llegado a este punto. Irán no tiene medios militares suficientes para protegerse de los bombardeos. Su principal activo es su capacidad para atacar a otros países del Golfo Pérsico y hacer que todo el mundo sufra las consecuencias del conflicto bélico. El ataque israelí al mayor campo gasístico iraní ha sido el equivalente a jugar a la ruleta rusa. Por eso, Trump dijo que no supo del ataque con antelación, lo que probablemente es falso. 

Sólo hay un factor en el que España no sale tan perjudicada. Gracias a las renovables, al igual que Francia con la energía nuclear, no está tan expuesta a las subidas del precio del gas, cuyo precio se ha doblado desde enero, destaca el Financial Times. En Italia, el precio de la electricidad ha estado marcada por el gas en el 89% de los días desde principios del año. En el caso de España, ha sido el 15%. A España también le beneficia que el 20% de su electricidad proceda de la energía nuclear. En Italia, es el 5%, pero toda ella es importada.

Por acabar con una nota optimista, Donald Trump publicó un mensaje en redes sociales a última hora del viernes en el que dice que “estamos muy cerca de alcanzar nuestros objetivos en la guerra”. Tiene que saber que si las circunstancias económicas empeoran, y lo harán si continúa el ataque a Irán, los republicanos se encaminan a una derrota clara en las eleccciones legislativas de noviembre. Pero es muy pronto para celebrar nada. Es mejor fiarse de los hechos que de las palabras de Trump. Ya sabemos que puede cambiar de opinión en cuestión de horas.

En 1560, Felipe II firmó una orden real con la que quería tener una consideración especial hacia Bartolomé de las Casas, el gran crítico de la ocupación colonial de lo que hoy llamamos Latinoamérica. También serviría para garantizar su seguridad: “Es nuestra voluntad que, todo el tiempo que residiere en esta mi Corte, sea aposentado en ella conforme a la calidad de su persona”. El monarca agradecía al fraile dominico no sólo los servicios que le había prestado a él, sino también a su padre, Carlos V.

Desde entonces, el testimonio de De las Casas y de otros religiosos ha sido la principal acta de acusación a los desmanes de la conquista de América. En distintas épocas, incluida la actual, los conservadores no han ocultado que desprecian estas denuncias, porque creen que manchan la gloria de los siglos imperiales de España. Felipe VI es muy consciente de ese debate, que algunos quieren impedir, pero aun así ha decidido esta semana intervenir en la polémica. Empleó palabras que no parecen haber gustado nada al PP y Vox.

El rey acudió a la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' con el deseo de conversar con el embajador mexicano y dejar un mensaje que fuera captado por las cámaras.

Fue una iniciativa de la Casa del Rey de la que informó al Gobierno, según fuentes de Zarzuela. La intención última era contribuir a la mejora de las relaciones con México –a pocos meses de la celebración de la cumbre iberoamericana en Madrid–, que quedaron muy tocadas desde que el anterior presidente, Andrés López Obrador, envió una carta al Gobierno en 2019 para reclamar una disculpa formal de España por los crímenes de la época colonial.

Felipe VI explicó que las leyes promulgadas por los reyes para regular el tratamiento de la población indígena no se cumplían “y hay mucho abuso” sin negar que hubo “controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día”. Escasamente se puede definir como una declaración espectacular, pero al menos toca un tema que no suele aparecer en sus discursos.

El rey mencionó que hay situaciones de esa época “que no pueden hacernos sentir orgullosos” con los valores actuales, aunque alertó después sobre el “excesivo presentismo moral” (lo que sería juzgar el pasado con criterios morales del presente).

Lo cierto es que en los siglos XVI y XVII –con los valores políticos y morales de esos tiempos– ya hubo innumerables testimonios que cuestionaban el trato inhumano que se daba a muchos indígenas y la violencia de los colonos, así como su avaricia. En uno de los capítulos de su reciente libro 'Las dos Españas', el historiador británico Henry Kamen dedica un capítulo al debate que se produjo en España a cuenta de la colonización.

Al cuestionar la imagen idílica de lo que algunos definen como una gran misión civilizadora, Kamen destaca que la prioridad de muchos españoles de entonces era escapar de la pobreza y conseguir el dinero suficiente para volver a España en mejores condiciones. No era un triunfo fácil. Escribe que Cervantes se refiere a América en una novela como “refugio y amparo de los desesperados de España, engaño común de muchos y remedio particular de pocos”.

Kamen explica que la España conservadora trazó en el siglo XX una imagen benévola del imperio en América y lo justificó con las leyes aprobadas por la Corona, por mucho que no llegaran a cumplirse en su integridad.

En una entrevista con este diario en 2022, Antonio Espino –autor del libro 'La invasión de América' y catedrático de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Barcelona– recuerda que muchas de esas leyes tuvieron que cambiarse al poco tiempo, porque no eran fáciles de llevar a la práctica a causa de la oposición de los colonos y de los problemas de comunicación: “No son aplicables al caso de América si no quieres que te ocurra lo que acabó ocurriendo en Perú, donde la aplicación de esas leyes de una manera muy estricta condujo al levantamiento de Gonzalo Pizarro y a otros cuatro años de guerras civiles con algunos aspectos terribles. No ya de matanza de aborígenes, es que se matan entre españoles”.

Las leyes que dictan que no se puede esclavizar a los indígenas admiten tantas excepciones que terminan careciendo de valor. “El estímulo económico es que la gente tenga un botín y el botín es hacer esclavos y venderlos”, cuenta Espino refiriéndose al caso de la guerra en Chile.

En relación a la figura de De las Casas, Menéndez Pidal acabó tachando al fraile de loco y judío. La realidad es que otros contemporáneos hicieron un relato similar. El jesuita José de Acosta estaba escandalizado por la conducta de los españoles: “Jamás ha habido tanta crueldad en invasión alguna de griegos y bárbaros. No son hechos desconocidos o exagerados por los historiadores”. Felipe II concedió varias audiencias a Acosta, la primera en 1588, para escuchar su testimonio sobre lo que había visto.

Fray Luis de León denunció en un discurso en Salamanca en 1579 que los colonos “estaban cometiendo grandes asesinatos y exterminando pueblos y hasta razas enteras”.

El propio Hernán Cortés, responsable de la matanza de Cholula, se arrepintió de lo que vio en el asalto posterior a Tenochtitlán: “Andaban con nosotros nuestros amigos (sus aliados de otros pueblos indígenas) a espada y rodela, y era tanta la mortandad que en ellos se hizo por la mar y por la tierra, que en aquel día se mataron y prendieron más de cuarenta mil ánimas; y era tanta la grita y lloro de los niños y mujeres, que no había persona a quien no quebrantase el corazón”.

A las matanzas iniciales sucedió la colonización. El sistema de las encomiendas dejó reducidos a los indígenas que trabajaban en minas y cultivos a una condición de semiesclavitud. Kamen anota “el tono progresista” de las leyes de Felipe II sobre el tratamiento de la población local –lo mismo se podría decir de su padre–, pero recuerda que toda esa legislación tuvo “pocas consecuencias en la práctica”.

El terror y la crueldad habían sido elementos esenciales de la expansión imperial. En primer lugar, para hacerse con el control de esos territorios y riquezas y después para evitar que se produjeran rebeliones y, si ocurrían, para sofocarlas sin piedad. “Lo que llamaban pacificar era gobernar y asolar y matar o destruir la tierra”, escribió Gonzalo Fernández de Oviedo sobre lo que ocurrió en la zona de Panamá y el Caribe.

“La codicia es el gran motor de la llamada conquista”, dice Antonio Espino. Eso es lo que hace que muchos españoles asuman grandes riesgos para desplazarse a América y se enfrenten a la amenaza de las enfermedades y el clima, todo ello con el gran objetivo de conseguir una fortuna. “Luego esa codicia se camufla de ideología cristiana, civilización y libertad. Pero lo que está en la base es la codicia y el deseo de enriquecerse”, dice Espino.

La polémica por las palabras del monarca sirvió a la extrema derecha para continuar con sus ataques a Felipe VI y elogiar a los conquistadores. “Fue la mayor obra evangelizadora y civilizadora universal”, tiró por lo alto Pepa Millán, de Vox.

La derecha, que no quiere enemistarse con el jefe de Estado, recuperó el discurso de los conservadores en el siglo XIX y XX por el que la colonización de América fue una misión que trajo la religión y la civilización al Nuevo Mundo. “Hacer ahora un examen de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate”, dijo Alberto Núñez Feijóo. Aparte de equivocarse con el siglo, el líder del PP cargó contra lo que es el trabajo esencial de cualquier historiador de esa época.

El punto más anacrónico lo aportó Isabel Díaz Ayuso y su frase “llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden”. Su uso de la primera personal del plural es llamativo y además ignora el mensaje de sucesivos pontífices.

Juan Pablo II pidió perdón a los indígenas en 1992 por las injusticias cometidas contra sus antepasados. En 2007, Benedicto XVI dijo que no se puede olvidar el “sufrimiento y las injusticias infligidos por los colonizadores” y cómo los derechos humanos de la población nativa “eran con frecuencia pisoteados”. “Pido humildemente perdón”, afirmó Francisco en 2015, “no sólo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América”.

En 2023, el Vaticano renegó de la llamada Doctrina del Descubrimiento con la que se bendijo la colonización de América. La derecha y la extrema derecha españolas se mantienen impasibles y continúan con el mensaje imperante en siglos anteriores. Las glorias imperiales no se tocan y hay que dar las gracias a los conquistadores por matar a esos paganos y salvajes y saquear sus tierras. Qué sabrán los Papas sobre el cristianismo.

“Ya está bien, no podemos fallar como hicimos en julio de 2023”, dijo Alberto Núñez Feijóo un día después del buen resultado del Partido Popular en las elecciones de Castilla y León. Es curioso, porque en la campaña volvió a repetir la frase que provoca tanta diversión entre los socialistas, esa en que dice que él ganó en 2023. Fallar y ganar al mismo tiempo son las cosas que sólo pasan en la mente de Feijóo. Esta vez, el líder del PP prefirió ir sobre seguro. Tocaba reducir el nivel de las críticas a Vox hechas en la campaña, porque a fin de cuentas los necesita para gobernar en las tres comunidades autónomas que han votado este año.

Mientras algunos análisis despistados hablaban del reforzamiento del bipartidismo –lo hacen siempre después de cada cita electoral–, el PP quiso darse prisa en afrontar la realidad. Con un 35,4% de los votos, no puede imponer su voluntad. Por tanto, toca hablar de “una mayoría de ciudadanos que ha votado de forma muy clara”. Esa mayoría es la suma de PP y Vox, y el líder del primer partido habla también en nombre de los votantes de extrema derecha. Santiago Abascal le sacará pronto de su ensoñación.

Si acaso, Feijóo mostró una cierta ansiedad e incomprensión por la actitud de Vox. Dijo que en ningún momento ese partido ha dado órdenes de bloquear las negociaciones: “Sólo se han puesto excusas”. No es una gran revelación. Abascal ha esperado a la celebración de las tres elecciones autonómicas para calcular el precio que pedirá en todas ellas.

Vox aspiraba a superar el umbral del 20% con el objetivo de subir la factura hasta el punto más alto. Después de quedarse a poco más de un punto de la meta y sumar sólo un escaño más, ahora tendrá que ser un poco más realista en sus exigencias. Pero no hará ningún favor al PP conformándose con sostener al Gobierno desde fuera. Si Abascal dice que “vamos a gobernar en las tres” (regiones) en caso de acuerdo, será porque la entrada en un Gobierno de coalición es innegociable.

En la rueda de prensa del lunes, preguntaron a Abascal si cree que su partido ha llegado a su techo electoral. A los periodistas les encanta especular con que un partido haya alcanzado su techo o haya caído en un suelo del que no puede bajar. Como todas las cosas que tienen que ver con el futuro, es bastante difícil hacer un pronóstico y venderlo como un hecho incuestionable. Abascal no se complicó la vida y respondió que “Vox ha roto el techo electoral”. A fin de cuentas, ha subido en Castilla y León, aunque sea sólo 1,3 puntos más.

Lo que es un hecho es que varias de las principales empresas de encuestas sobreestimaron a Vox en sus pronósticos publicados en la campaña y justo antes de ella. O quizá infravaloraron la capacidad del PSOE de recuperarse. Los socialistas ganaron el último escaño de Zamora con 284 votos de diferencia sobre Vox. A veces, uno o dos escaños más o menos pueden suponer una gran diferencia en la percepción de los resultados.

Siguiendo con las especulaciones, varios medios han comparado esas diferencias que han dejado a Vox sin hasta tres posibles escaños con el número de votos obtenido por el partido de Alvise Pérez. La conclusión es clara en estos casos: si SALF no se hubiera presentado y es una formación de extrema derecha, estos votos habrían caído en el saco de Vox. Eso propició titulares tan osados como “Alvise le quita tres escaños a Vox en Castilla y León y se los entrega al PSOE”. No tienen ninguna prueba ni saben qué tipo de personas ha votado ahora a Alvise. Por el carácter personalista y chapucero del partido –se limitó a copiar el programa de la campaña aragonesa y se le olvidó sustituir las referencias a Aragón–, esa es una suposición que no se basa en nada tangible. Podría ser cierto o podría ser producto de la imaginación, un recurso no muy fiable en el análisis político.

Feijóo se burló de la alegría mostrada por el PSOE al subir en dos escaños. Él también vendió como un gran éxito la primera posición de Jorge Azcón en las elecciones aragonesas a pesar de que perdió dos escaños. Para el PSOE, superar la barrera del 30% supuso un alivio considerable, siempre bajo la hipótesis –también difícil de probar– de que pueden subir ese porcentaje en Castilla y León en unas elecciones generales. Entre las autonómicas de 2022 y las generales de 2023 en esa comunidad, la subida se limitó a 2,3 puntos.

“Me sorprende que esté todo el mundo tan contento en el PP, cuando elección tras elección son más dependientes del señor Abascal”, dijo la portavoz socialista Montse Mínguez. No parece que eso preocupe mucho a Feijóo. Incluso quiere que esa dependencia se plasme cuanto antes con las investiduras de Guardiola, Azcón y Mañueco.

La izquierda sigue empeñada en que la asociación del PP y Vox perjudica al partido de Feijóo o es una oportunidad que se puede aprovechar en la futura campaña de las generales. Todo parte de la hipótesis sobre el desenlace del intento frustrado del PP de llegar a Moncloa en 2023. Incluso si fuera cierta, eso no garantiza que se vaya a repetir. Los números de las tres últimas autonómicas arrojan un balance concluyente. La suma del PP y Vox ha llegado al 60% en Extremadura, al 52% en Aragón y al 54,3% en Castilla y León.

El mayor problema del PP se produce cuando Feijóo planea sobre la realidad sin llegar a aterrizar en ella. “Nadie se fía de España en el exterior”, afirmó Feijóo sobre la oposición de Pedro Sánchez a la guerra. Gran sentido de la oportunidad. Lo dijo el mismo día en que Trump amenazó a los aliados europeos para que intervengan en la guerra contra Irán en el estrecho de Ormuz después de que todos ellos, no sólo España, hayan dicho que no.

“Esta no es nuestra guerra y nosotros no la comenzamos”, ha dicho el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius. “Esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN”, ha declarado el portavoz del canciller Merz. Hace una semana, Macron habló de la posibilidad de una misión similar, pero su entusiasmo se ha enfriado. El Gobierno francés niega que vaya a enviar su portaaviones 'Charles de Gaulle' a Ormuz y ha comunicado que seguirá en el Mediterráneo Oriental con su grupo naval de apoyo.

El PP se podrá consolar con el argumento de que no se puede tener todo en la vida. Si tienes a favor las encuestas, el calendario judicial, la mayoría de los medios y un aliado, algo tiene que fallar. Sólo tiene que intentar ganar las próximas elecciones a pesar de su líder.

Como prólogo de las elecciones de Castilla y León, nada mejor que insistir en todo lo que ha metido en problemas al Partido Popular. Isabel Díaz Ayuso se apuntó con ganas a una información terrorífica de El Debate que avisaba de un posible fraude electoral utilizando un DNI electrónico. El engaño se basaba en ignorar hechos esenciales sobre el control del voto y el hecho obvio de que solo puedes depositar la papeleta si apareces en el censo electoral. Solo era otro intento en esa competición de ciertos medios de derecha en denunciar que el malvado sanchismo no respeta ni lo más sagrado y que seguro que hará lo posible para falsear los resultados electorales.

Es la clase de infundios que beneficia sobre todo a Vox, que ha cabalgado sobre toda una serie de bulos y maquinaciones que señalan que España está en el peor momento de su historia. No es algo que preocupe a Ayuso, porque a ella le funciona. De ahí su mensaje en plena jornada de reflexión para relacionar esa seudodenuncia con su enemigo mortal: “El que promueve manifestaciones –a todas luces ilegales– en jornada de reflexión; ató el Constitucional urgentemente; nacionaliza masivamente; con denuncias de pucherazos en el voto por correo en varias provincias; llegó con urnas de cartón a dirigir su partido; con pactos tramposos para llegar al Gobierno, ahora pretende esto”. Resulta que al final una dirigente del PP con tanto poder como Ayuso termina hablando como si fuera Alvise. Es el hecho diferencial madrileño.

Con estos bueyes tengo que arar, debió de pensar Alberto Núñez Feijóo, que esperaba que los resultados de Castilla y León le dieran algo de aire. Eso fue lo que consiguió. El PP sabía que debía moderar sus expectativas y por eso anunció previamente que sería un triunfo si ganaba un escaño más en una región en la que hubo un tiempo en que superaba el 50% de los votos. Tocan tiempos más realistas donde las regiones españolas más conservadoras no conceden ya al PP victorias arrolladoras. Siempre tiene que contar con que dependerá de Vox para gobernar.

En ese mundo de la derecha y la extrema derecha en paralelo, el PP comprobó aliviado que Vox no superó el 20% en otra campaña en la que Santiago Abascal se multiplicó. No se quedó muy lejos (18,9%), pero su ascenso fue inferior al del PP. Nadie diría que Alfonso Fernández Mañueco iba a convertirse en el gran baluarte contra Vox, sobre todo después de la gestión inicialmente pasiva y luego atropellada de los incendios ocurridos en verano en León.

Mañueco no intentó ser el antisanchista por excelencia y no compitió en alarmismo con Vox. Ese no es el punto de vista mayoritario entre los demás barones regionales del PP. A él le ha servido para ganar cuatro puntos y dos escaños y superar el 35%.

El PSOE tiene también motivos para esbozar una sonrisa que se le quedó congelada en la cara en Extremadura y Aragón. Esta vez, no se podrá hablar de hundimiento ni habrá que buscar otro líder autonómico entre las piedras. Carlos Martínez demostró la solvencia en las urnas que se le supone a alguien que lleva gobernando en el Ayuntamiento de Soria desde hace 19 años. En esa provincia, pasó del 18% al 32%. Su discurso pegado al territorio, preocupado más por hacer oposición al PP y no a Vox, tuvo probablemente más influencia que el discurso contra la guerra que Pedro Sánchez llevó a la campaña.

Perder las elecciones hará que la derecha supere los cuarenta años de gobierno en Castilla y León. Pero en el contexto actual los socialistas se mostrarán ahora eufóricos. Superar el 30% y ganar dos escaños más es casi un regalo comparado con las otras dos elecciones autonómicas de este año.

La izquierda confederal aspiraba a muy poco y se quedó en la nada. Podemos volvió a quedarse por debajo del 1% y por detrás del partido de Alvise Pérez. IU-Sumar pensaba en llevarse el escaño que todos juntos consiguieron hace cuatro años, y al final ni eso (2,2%). De castigo, todos se llevaron un tuit de Gabriel Rufián: “No hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia”. Tampoco es que sumar esos porcentajes ínfimos en una sola candidatura te vaya a sacar de pobre.

Fue la primera campaña en que Feijóo empleó un lenguaje agresivo contra Vox, algo a lo que no se habría atrevido antes. Había dejado que el partido de Abascal siguiera creciendo sin tener ningún interés en mostrar las diferencias entre las dos formaciones. De hecho, era todo lo contrario. Dirigentes como Miguel Tellado y Ester Muñoz destacaban que los dos partidos tenían una misión idéntica, acabar con el sanchismo. Muchos votantes de la derecha terminaron pensando que si daba igual votar a uno u otro partido, podían dejarse arrastrar por sus bajos instintos antisanchistas y apoyar a los más brutos.

Una cita electoral en la que los tres principales partidos suben en votos puede hacer que se olvide rápidamente. Vox se ocupará de aguar el previsible triunfalismo del PP, quizá con condiciones más duras para la formación de los tres gobiernos autonómicos pendientes. Está por ver si Feijóo aprenderá la lección y marcará distancias ideológicas con Vox. Esa podría ser la principal consecuencia de estas elecciones a menos que Ayuso pueda evitarlo.

“Si alguna vez fuimos faro moral del mundo, está enterrado bajo las ruinas de Gaza”, ha dicho esta semana Josep Borrell en TVE. Ursula von der Leyen arrojó esta semana unas cuantas paladas más de tierra con su discurso en el que básicamente decía que Europa debe unirse al carro de Trump y Putin y abandonar la idea de un mundo con principios democráticos. “Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá”, dijo. Lástima que no sea ella la que se largue y no vuelva a aparecer.

No es extraño que sea una política alemana la que diga estas palabras después de haber dado luz verde a Israel para que cometiera un genocidio y convirtiera Gaza en un lugar inhabitable. Algunos países –como España, Irlanda y Bélgica– alzaron la voz contra esta carnicería. Alemania se ocupó de impedir que la UE tomara alguna decisión efectiva contra el Gobierno ultranacionalista de Netanyahu. 

Con la guerra contra Irán, el panorama es diferente, porque las economías de los países europeos también se ven perjudicadas. Cuando Pedro Sánchez denunció que el asalto de EEUU e Israel vulneraba los principios del Derecho internacional, el Partido Popular se apresuró a acusarle de levantar una cortina de humo con la que tapar los problemas del Gobierno. La ceguera de este partido y su proverbial ignorancia de la política internacional quedaron pronto en evidencia. Reino Unido, Francia e Italia terminaron uniéndose al mensaje de Sánchez, cada país con sus propios matices. 

Algunos medios dijeron que Sánchez se iba a quedar solo. No tardaron mucho en virar en redondo ante las dimensiones económicas que podría tener el cierre del estrecho de Ormuz a los petroleros que surten de crudo a Europa y Asia. Quien se ha quedado en una esquina ha sido el PP, encerrado en su propaganda. Es un caso único en Europa. Resulta irónico que Giorgia Meloni respondiera a las críticas de la oposición italiana con esta frase: “No entiendo por qué la izquierda de nuestro país elogia a España cuando está haciendo exactamente las mismas cosas que Italia”. Que no se lo cuenten a Feijóo, que ya lleva bastante encima.

En comparación a la campaña de bombardeos de EEUU en Irán, la desastrosa invasión de Irak de 2003 se convierte en un prodigio de estrategia. La última revelación que hemos leído es que el Gobierno de Trump subestimó la opción de Irán de bloquear el estrecho de Ormuz. Se empezó a hablar de esta posibilidad en los años 80 durante la guerra de Irán e Irak. Parece que en Washington no se habían enterado de esta amenaza, que es en realidad la única carta estratégica a disposición de Irán en el peor de los casos para sus intereses.

Pero no nos quedemos sólo en lo que está haciendo EEUU. Israel está aprovechando esta ofensiva para atacar Líbano, sin que una vez más los países europeos hagan nada relevante al respecto. El Ejército israelí ha avisado a los habitantes de todo el tercio sur libanés, incluidas las ciudades de Tiro y Sidón, de que abandonen la zona. Allí viven más de un millón de personas. Los ataques a la infraestructura civil del país se suceden cada día. Al igual que hicieron en Gaza, amenazan a los libaneses con la destrucción total si no eliminan a Hizbolá, el grupo shií aliado de Irán, lo que sólo pueden hacer con una guerra civil. 

No hay distinción entre objetivos militares y civiles. El jueves, un dron israelí atacó una playa de Beirut convertida en un campamento improvisado de refugiados del sur del país. Murieron siete personas y hubo 31 heridos. “Fueron dos misiles. El primero mató a tres personas junto a la playa, pero cuando la gente se acercó a ayudarles, volvieron a tirar otro y eso creó el caos”, contó un testigo a Javier Espinosa, corresponsal de El Mundo.

Hasta ahora han muerto 773 personas desde el inicio de los bombardeos israelíes, de las que 103 son niños y adolescentes. Las personas que han huido de las zonas castigadas por los ataques son 800.000, que es el 14% de los habitantes de todo el país (5,8 millones).

Según medios israelíes, su Gobierno se prepara para lanzar una operación masiva por tierra en territorio libanés en una semana. Lo que viene a ser una invasión. Los mensajes de los políticos y los que se escuchan en la televisión israelí repiten las amenazas que se hicieron sobre Gaza, y que luego se cumplieron. “Necesitamos golpear y eliminar todo lo que haya en Dahiya, Baalbek, Tiro, Sidón, Nabatieh, todo”, dijo el exministro de Defensa Yoav Galant, refiriéndose a toda la zona sur del país.

Esa política de tierra quemada en la que los civiles son prescindibles es la que ha inspirado las cuatro invasiones realizadas en décadas anteriores y que nunca solucionaron nada. Hay que recordar que la fundación de Hizbolá fue una de las consecuencias de la invasión israelí de 1981. Cuarenta y cinco años después, los israelíes continúan creyendo que no hay problema que no se pueda solucionar matando gente. La diplomacia es una pérdida de tiempo, creen.

Israel sabe que los bombardeos aéreos no provocarán un cambio de régimen en Irán. Sólo acarrean sufrimiento a los civiles. Las guerras no se ganan desde el aire, contra lo que pensaban Hitler y Goering cuando lanzaron sus aviones sobre Inglaterra. Israel no quiere la paz en Oriente Medio, ha dicho Trita Parsi, del 'think tank' Quincy Institute. Lo que busca es la hegemonía regional a través de la destrucción o desestabilización de todos los demás países: “Para que Israel tenga seguridad total, todos los demás deben tener inseguridad total”. 

En España, hay algunos que niegan los hechos con la intención de que centenares de millones de personas en Oriente Medio vivan o perezcan en función de las necesidades políticas del Estado de Israel. José Antonio Zarzalejos escribe en El Confidencial que “Israel tiene que ganar la guerra”. Eso queda justificado por “la angustia existencial que anida en la sociedad israelí” causada por “la amenaza existencial” que supone Irán. En este tipo de artículos, ni se molestan en contrastar ese sentimiento psicológico, convenientemente manipulado por los políticos, con los hechos.

En 1992, Israel anunció que Irán estaba a muy poco tiempo, menos de un año, de conseguir la bomba nuclear. Han pasado 34 años. El acuerdo nuclear promovido por Obama hace una década garantizaba que Irán entregaría el uranio enriquecido en altos porcentajes y que su programa nuclear sólo pudiera destinarse a fines civiles. Israel lo rechazó y Donald Trump lo anuló al llegar al poder en 2017. Se opusieron al pacto porque mantendría a Irán como lo que es, una potencia regional. Para Israel, era insuficiente. Sólo aceptarían la destrucción completa de su enemigo con independencia de los efectos que tuviera en toda la región, que es lo que estamos viendo ahora. 

Contra lo que dice Zarzalejos, la supervivencia de Israel está asegurada. Es la mayor potencia militar de la zona, a una distancia inmensa de los demás países, está en posesión de un arsenal nuclear y cuenta con la economía más próspera. La mayor amenaza para su futuro está dentro de sus fronteras: la radicalización de la derecha y su lenguaje militarista, representados en el dominio que ejerce Netanyahu, y la confrontación entre la población ultraortodoxa y laica por los privilegios de la primera.

Los políticos que controlan la política israelí en este siglo prometen la guerra permanente y la intensificación del apartheid que niega los derechos más básicos a los palestinos. Es la institucionalización de la violencia, sobre lo que Zarzalejos no dedica una línea. Esta semana, se ha conocido la decisión de la fiscalía militar israelí de retirar los cargos contra los soldados acusados de cometer graves abusos contra un preso palestino en la base de Sde Teiman, donde llevaban a los detenidos de Gaza. 

Todo se supo gracias a un vídeo filtrado (se puede ver aquí) en el que varios soldados ponen contra la pared a un preso con las manos atadas, mientras otros tres tapan la escena con escudos para que las cámaras de seguridad no desvelen lo que están haciendo. El parte médico incluía varias costillas rotas, un pulmón perforado y laceraciones en la pared del recto ocasionadas por un cuchillo.

La fiscalía ha decidido que no puede proseguir con la acusación porque las pruebas no son concluyentes (eso incluye el parte médico) y porque la víctima fue incluido por el Gobierno en el intercambio de presos con Hamás. Fue el método empleado para que no pudiera declarar en el procedimiento judicial. La única persona que será acusada será la fiscal militar que hizo público el vídeo.

Uno de los acusados fue recibido como un héroe en un programa de la televisión israelí cuando se conocieron los hechos. Esta es la ansiedad que Zarzalejos cree que deberíamos proteger al desear que Israel gane esta guerra, no importa cuántos civiles iraníes o libaneses sean asesinados. 

La foto

La falla municipal de Valencia es un símbolo contra la guerra con Charlie Chaplin en su papel en la película '¡Armas al hombro!', de 1918. Mide 27 metros de altura y ha sido diseñada y construida por José y Alejandro Santaulalia.