Óscar Puente lo dejó para el final del día. La dimisión se hizo esperar hasta la noche sin que esté muy claro a útima hora del martes si todo partía de una estrategia deliberada o producto del impacto que le causó la soledad que resultó patente en el Parlamento. Una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Un primer discurso en su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso. En ninguno de esos momentos, Puente dejó vislumbrar que fuera a tirar la toalla. Hubo que esperar unas cuatro horas, al final de la réplica, para que lo contara a los grupos parlamentarios y a los medios de comunicación. Y unos minutos antes a través de un mensaje de texto a Pedro Sánchez. Así que quizá solo Puente sabía que iba a dimitir.

Después, dijo que había tomado la decisión “en los primeros minutos de la tragedia”. Moncloa había hecho saber que había presentado la dimisión, pero que Sánchez no se la había aceptado. Después de explicar por la mañana y por la tarde las nuevas medidas de seguridad para la red ferroviaria, debió de pensar que ya había cumplido su último servicio como ministro. Le tocaba dejar el Gobierno y la política, porque también renuncia a encabezar la lista del PSOE por Valladolid en las elecciones. “Es una decisión buena para el país. No es cierto que todos seamos iguales”, explicó. Quédense con esa frase, porque el PSOE la repetirá muchas veces en la campaña.

Las señales emitidas en los últimos días por Moncloa y Puente no llevaban a pensar que la dimisión fuera una posibilidad real. Al final, se impuso la defensa de unos principios y también el pragmatismo sobre la cita en las urnas. Los votantes no van a olvidar el accidente y sus 69 muertos cuando toque votar, pero la presencia de Puente en la campaña habría monopolizado la atención de partidos y medios a partir del 13 de noviembre. Era un escenario terrorífico para las opciones electorales de los socialistas.

Pocos querían en el Congreso que Puente siguiera como ministro de Transportes. Además de Pedro Sánchez y el PSOE, claro. Su comparecencia en la Diputación Permanente dio lugar a una primera sorpresa. No se apreció un interés claro en la portavoz del PP en exigir su dimisión, y no suelen ser muy tímidos en hacer ese tipo de reclamaciones. Con un tono melodramático e invirtiendo en la retórica que busca utilizar el dolor de las víctimas, Ester Muñoz lo condenó, pero restando interés al valor que pudiera tener su dimisión. “Su dimisión llega tarde. 116 vidas tarde”, dijo.

El PP no estaba interesado en escuchar o debatir las mejoras de seguridad anunciadas por Puente. Tampoco en hacer preguntas. Parte de la base de que ganará las elecciones y ya se ocupará del problema cuando esté en Moncloa. No le interesaba proponer medidas diferentes a las conocidas. Muñoz afirmó que ya lo habían hecho a lo largo de la legislatura. Estaba en el Congreso para endosarle toda la responsabilidad personal por los dos accidentes de tren de los últimos nueve meses.

De hecho, Muñoz comenzó su intervención elogiando en cierto modo las habilidades oratorias del ministro: “Qué bien se le da explicar accidentes y qué mal se le da evitar que haya accidentes”. Luego, se burló de que dijera en la rueda de prensa del viernes que era consciente de que iba a sufrir “un calvario”. Ese no fue el mejor momento de Puente, que tenía que saber que no hay mayor calvario que el que están sufriendo los familiares de las víctimas.

Sumar también pidió su dimisión, pero con educación y buenas maneras, no fuera que les confundieran con la derecha. “Le pedimos que dimita. Se lo pedimos con respeto”, afirmó Verónica Martínez. Casi estuvo a punto de decir eso de 'esto me va a doler más a mí que a ti'. Sin referirse a la inminente campaña electoral, vino a decir que conviene a la izquierda dar ejemplo frente a la derecha con la esperanza de que los votantes lo tengan en cuenta: “Demuestre al PP que no es como ellos”.

Hubo otro portavoz de Sumar con Toni Valero, de Izquierda Unida. Utilizó su discurso para centrarse en la liberalización del sistema ferroviario con la entrada de dos empresas privadas. Achacó todos los males a ese cambio, que se llevó a cabo por decisión de la Unión Europea de obligado cumplimiento, aunque no parece que Francia haya dado ese paso. Valero se refirió a “la motosierra del PP” que recortó la inversión en el tren. Pero tenía argumentos contra un modelo ferroviario que también es propiedad del PSOE. “La velocidad (por el AVE) se ha convertido en un fetiche” ante el que todo lo demás es secundario. El resultado habría sido “plantillas sobrecargadas y jornadas maratonianas” del personal, denunció.

Mertxe Aizpurua, de EH Bildu –que fue la única que realmente hizo preguntas al ministro–, cuestionó también “una apuesta desmedida por hacer más y más kilómetros de alta velocidad” olvidando otras necesidades de la red ferroviaria. Es una crítica que ha aparecido de forma esporádica en los últimos años. Por el contrario, gobiernos autonómicos y ayuntamientos suelen negarse a renunciar a la alta velocidad. En la práctica, es 200 kilómetros por hora o nada. O eso es lo que creen ellos.

Esquerra y EH Bildu no pidieron la dimisión de Puente. Gabriel Rufián incluso tuvo palabras de elogio para él: “Usted es un buen político y usted da la cara”. Tanto Rufián como Aizpurua y Ione Belarra prefirieron culpar al modelo creado con la liberalización. No se refirieron a otras hipótesis sobre las causas del accidente ni analizaron en detalle la cronología de los hechos conocidos.

Mikel Legarda, del PNV, tuvo buenas palabras para la gestión posterior al accidente, pero después reclamó la dimisión de Puente. “Le toca dimitir como muestra de responsabilidad política”, explicó, porque han causado “un trauma nacional” y un grave daño a la imagen del país.

Antes de dimitir, Puente quiso responder a aquellos en la derecha y en la izquierda que le han acusado de señalar a un trabajador, el que ordenó al maquinista del AVE que siguiera a velocidad normal después de la caída del sistema LZB. Primero, dijo que las personas fallecidas también eran trabajadores: “Los que iban en los trenes y murieron también tenían derecho a llegar seguros a sus puestos de trabajo o a donde quiera que fueran”.

Después, justificó su decisión de dar una primera versión que indicaba que se había producido un error en esa decisión de consecuencias dramáticas: “Cuando yo tengo toda la información disponible y comprendo cuál ha sido la dinámica del accidente, la explico con hechos. Insisto, ¿cuál era la alternativa? ¿Ocultársela a la opinión pública, disfrazarla, inventarla?”.

El precio que iban a pagar el Gobierno y el PSOE por mantener a Puente en el Ministerio iba a ser muy alto. Aparentemente, Sánchez estaba dispuesto a pagarlo, aunque es difícil estar seguro de ello, porque no había dado entrevistas o ruedas de prensa en estos días. “Si yo creyera que mi continuidad perjudica al proyecto en el que creo, no tenga ninguna duda de que habría dado un paso a un lado”, dijo el viernes. Tardó unos días en decidirse o ya lo tenía pensado, pero lo que sí está claro es que ha llegado precisamente a esa conclusión, la que le obliga a despedirse de la política.

Óscar Puente dio su primera rueda de prensa el miércoles, el mismo día en que se produjo el accidente de Toledo. Fue un error. Es muy difícil saber lo que ha pasado en cuestión de horas en un hecho en el que confluyen aspectos técnicos complejos y decisiones de los implicados. Con la presión de saber que el número de víctimas es inmenso. Dijo que “un accidente por alcance en la red española es verdaderamente inverosímil”. En términos estrictos –tan improbable que parece difícil de creer–, era una definición correcta, pero estaba fuera de lugar. Era perfectamente verosímil porque había ocurrido. Se refirió a un hecho que sigue siendo cierto a día de hoy. El centro de control de Atocha había dado vía libre al conductor del AVE para que prosiguiera la marcha a velocidad normal después de la caída del sistema informático de seguridad LZB. Un error de consecuencias catastróficas. 

El viernes, el ministro de Transportes realizó una segunda rueda de prensa más extensa en la que respondió a infinidad de preguntas durante una hora y 18 minutos, después de media hora de la intervención inicial. Por muchas explicaciones que dio, no pudo responder a la pregunta sobre cómo fue posible que nadie se diera cuenta en el centro de control sobre lo que podía pasar en los 17 minutos desde que el AVE reinició la marcha hasta el momento del choque con el tren de Iryo que no podía moverse: “¿Cómo ha podido pasar? Ojalá tuviera una respuesta”, dijo sobre las órdenes que partieron del centro de control.

Esa es una respuesta que se ha dado con frecuencia en muchos accidentes de tren y avión pocos días después de que se produjeran. Lo que también es obvio es que la responsabilidad política por el accidente en el que murieron 69 personas recae en Puente como máximo responsable político de la red ferroviaria. Pedro Sánchez había dicho que no es “asumible” dos accidentes de tren tan graves en menos de un año, aunque sean por causas diferentes. Puente dijo que estaba de acuerdo. ¿En qué situación le deja?

El ministro ofreció su dimisión a Pedro Sánchez, que no la aceptó. “Si yo creyera que mi continuidad perjudica al proyecto en el que creo, no tenga ninguna duda de que habría dado un paso a un lado”, dijo en la rueda de prensa. 

Puente comparecerá el martes en la Diputación Permanente del Congreso. Allí estará muy solo. Su único apoyo será el del PSOE. En nombre del Frente Amplio, Ada Colau pidió su dimisión. Toni Valero, líder de IU en Andalucía, dijo que la apuesta por la alta velocidad “se ha hecho sin las inversiones necesarias para garantizar seguridad”.

Lo cierto es que al PSOE le vendría muy bien la dimisión de Puente a pesar de que es uno de sus principales dirigentes. Sería una forma de afrontar el pago del coste político por la tragedia, no de que los votantes olviden el accidente cuando tengan que ir a las urnas el 29 de noviembre, porque eso es imposible. Aunque sea difícil desmentir lo que dijo Puente en la rueda de prensa sobre los hechos del 28 de octubre, es innegable que todo ocurrió bajo su mando. Todos los sistemas de seguridad de los trenes en los planos técnicos y de personal fueron decididos o conservados por él y por su equipo. Incluso si todo pudiera haber ocurrido con otro ministro, y eso es algo perfectamente posible, el que estaba al frente era él. 

Después del accidente de Adamuz, Puente descartó en enero otro siniestro de esas dimensiones: “La probabilidad de que se produzca otro accidente de estas características es muy baja. Bajísima. Así que un mensaje de tranquilidad”. Este accidente tiene un origen distinto, pero su mensaje ha quedado arruinado por la realidad.

Ante las acusaciones de falta de medios en el sistema de seguridad ferroviario, Puente dijo que 16 personas trabajan en el centro de control de Atocha. No era una sola persona superada por los acontecimientos. Sobre la plantilla de controladores, explicó que han pasado de 1.008 personas a 1.762 desde 2016. Es un dato que hay que contrastar con el vertiginoso aumento de trenes y pasajeros en la alta velocidad en los últimos veinte años.

La carga de trabajo ha aumentado de forma considerable. España ha invertido más en ampliar la red de AVE que en mantenimiento. Todas las regiones quieren el AVE, como si esa fuera la única manera de contar con comunicaciones ferroviarias apropiadas. Eso ha llevado a que España sea el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad, por detrás de China. Es algo de lo que siempre han presumido los gobiernos desde el cambio de siglo.

Hubo 44,5 millones de pasajeros de AVE en 2025, el doble que en 2019. Otro récord en Europa, aunque la inversión en mantenimiento por kilómetro está muy por debajo de la media europea. Puente sostuvo que la inversión en ese punto se ha duplicado desde 2011.

La plantilla de Adif no ha crecido al mismo ritmo. Los trabajadores y los sindicatos advierten de que llevan tiempo denunciando la falta de personal, la elevada carga de trabajo y la falta de experiencia de los trabajadores que llegan a los puestos de mando.

Por mucho que no les guste a los sindicatos del sector y aunque muchas de sus críticas por falta de medios sean reales, la caída del sistema LZB obligaba a intervenir al personal del centro de control de Adif y es ahí donde pueden estar las causas del accidente. Es el factor humano del que Puente habló en la rueda de prensa.

“Un tren sin LZB no puede ir a 300 kilómetros por hora”, dijo. “Cuando los sistemas (automáticos) no funcionan, es el ser humano el que pasa a controlar”. El que avisa a los maquinistas si pueden proseguir la marcha a velocidad normal o si deben reducirla a 40 kilómetros por hora, lo que les daría tiempo a frenar si encuentran un obstáculo o si hay otro tren en el mismo cantón. Recibieron el mensaje de la conductora del Iryo de que estaba parada y que no podía poner en funcionamiento la máquina y no ordenaron al AVE que se detuviera de inmediato. 

Todo empezó con un problema técnico –la caída del sistema LZB que es algo contemplado en los protocolos de seguridad– que pasó a agravarse con un error humano que terminó provocando una catástrofe, porque nadie en el centro de control se dio cuenta de lo que estaba pasando en esos 17 minutos. 

En otra rueda de prensa del mismo día, Alberto Núñez Feijóo quiso denunciar que el Gobierno intenta utilizar un “cortafuegos” al apuntar que hubo un error humano (expresión que Puente afirma que nunca ha utilizado). “La solución no es señalar a una sola persona cuando hay fallos en cadena. Eso es cobarde e inmoral”. La expresión 'fallos en cadena' es correcta, pero fue una persona la que comunicó al maquinista del AVE que podía seguir. Y si le hubiera marcado una velocidad máxima de 40 km/h, el accidente no se habría producido. 

A un mes de las elecciones, Feijóo no tiene ninguna obligación de mostrarse comprensivo. Más bien lo contrario. Aprovechó el accidente para definir una realidad en la que nada funciona y todo es un desastre. Lo ha hecho en numerosas ocasiones en esta legislatura. “Lo ocurrido esta semana no puede entenderse como un hecho aislado”, dijo. Calificó de “obsoleto” el sistema LZB, aunque se sigue utilizando en varios tramos ferroviarios de Alemania y Austria (es de fabricación alemana). Se quejó de que no se haya instalado aún un sistema más avanzado, el ERTMS, que, por otro lado, también se puede caer por causas externas, como posiblemente le ocurrió al LZB.

Puente dijo que la transición al nuevo sistema parte de un reglamento de la UE que da tiempo a hacerlo hasta el año 2040. En España ya se ha instalado en una parte de la red ferroviaria. 

A Feijóo le preguntaron por el accidente de Angrois en 2013. Por entonces, como presidente de la Xunta, no tuvo ningún problema en señalar a un trabajador, el conductor del Alvia que se estrelló al entrar en una curva a mayor velocidad de la permitida. No fue solo él. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, informó a los periodistas de que el maquinista había sido detenido “con la imputación del presunto delito de homicidio por imprudencia”. El ABC puso su foto en la portada. 

El líder del PP respondió que “la sentencia fue muy concluyente”. Condenó al maquinista y absolvió a un directivo de Adif. “Mi tesis fue respaldada judicialmente”. Es curioso que utilizara la palabra 'tesis'. Él no concede a Puente el derecho a tener su propia tesis o hipótesis a la espera de que concluya la investigación o de que haya una sentencia, que seguro que tarda varios años. 

El PP exige dimisiones y no le es suficiente con la de Puente. “Las responsabilidades políticas no se pueden asumir una vez finalizada una investigación”, ha dicho Feijóo. Nadie dimitió en el PP a los dos días de que se produjeran otras tragedias. El Yak-42. El Metro de Valencia. La dana de Valencia, en la que Feijóo aguantó a Mazón un año en el cargo hasta que vio que era insostenible. 

Más allá de lo que diga el PP, la situación no puede ser peor para el PSOE. En dos semanas, comienza la campaña electoral y nadie está muy seguro de en qué condiciones puede hacerse. Una campaña es también un estado de ánimo en el que cada partido intenta comunicarse con sus votantes potenciales utilizando la razón y los sentimientos. Ya podemos decir que se han acabado los bailes y la alegría con las que el PSOE pretendía contagiar de ilusión a sus partidarios y conjurar la idea de una victoria inevitable de la derecha en la línea que marcan las encuestas. 

Nada más fácil que pedir la dimisión de un ministro después de una tragedia que se ha cobrado tantas vidas humanas. Nada más fácil que responder desde el Gobierno que lo primero es atender a las víctimas y poner en marcha la investigación. La responsabilidad política es algo que se reclama cuando se está en la oposición y raramente se acepta en el Gobierno. Solo hay que recordar cómo la gestionaba el Ejecutivo de Rajoy o el tiempo en que Feijóo aguantó a Mazón en Valencia. En cualquier caso, no dimitir no cierra la herida ni el debate. Mucho menos el desgaste que está sufriendo el Gobierno de Pedro Sánchez que le llega en el peor momento posible.

Ahora son los socios del PSOE y los sindicatos los que exigen responsabilidades políticas de inmediato y eso confirma hasta qué punto la posición del Ejecutivo es vulnerable. Comisiones Obreras ha afirmado que las declaraciones de Óscar Puente “culpabilizando a las personas trabajadoras y poniendo en la picota al eslabón más débil de la cadena, cuando aún no se ha terminado la investigación, son merecedoras de su inmediato cese”. UGT reclamó a Puente que no busque responsabilidades abajo y “empiece a mirar hacia arriba, hacia las decisiones que dependen de quienes dirigen el sistema ferroviario”. Es como decir que se mire al espejo.

Ada Colau e Irene Montero publicaron vídeos con un mensaje casi idéntico al de los sindicatos.

“No es el día para hablar de responsabilidades políticas”, dijo Alberto Núñez Feijóo el miércoles. Sin encender la caldera al nivel que le gusta al PP, un día después subió un poco más la temperatura. Acusó a Puente de culpar a un operario de Adif y lo tachó de frívolo: “No podemos concluir simplemente con esa frivolidad, impropia de un ministro y un Gobierno”.

La gente necesita saber cómo es posible que se produzca otro accidente ferroviario de consecuencias catastróficas nueve meses después del anterior. Es un sentimiento perfectamente lógico y que no se puede contener con el argumento de que este tipo de investigaciones requiere mucho tiempo. La paradoja es que la primera explicación ofrecida por el ministro, respaldada por pruebas, fue recibida con hostilidad por sindicatos y partidos de izquierda, todo por revelar que fue “inexplicable” la orden del centro de control que permitió al AVE circular hasta chocar con el Iryo.

En la noche del miércoles, los audios de las instrucciones emitidas desde el centro de control de Atocha llegaron a varios medios de comunicación, incluido este diario. Demuestran que, después de la caída del sistema de control LZB, se cometió una cadena de errores humanos, incluida la orden al conductor del AVE de que prosiguiera la marcha a velocidad normal, no a la reducida de 40 km/h. Los audios evidencian cierto grado de confusión al escucharse cómo el operario parece estar leyendo las instrucciones que envía a los conductores afectados por la primera avería.

Más allá de ese error inicial, aún se desconoce cómo es posible que el AVE circulara, subiendo progresivamente su velocidad, sin que nadie en el centro de control se percatara de lo que estaba a punto de pasar. Habían recibido la información de la conductora del Iryo de que estaba parada en Urda. Confirmaron la recepción de ese mensaje sin darle una importancia especial ni provocando ninguna alarma.

Lo que empezó con un problema técnico pasó a agravarse con un error humano y esos 17 minutos desde la llamada hasta el choque lo convirtieron en un error sistémico. Un sistema que funciona de esta manera no es garantía de nada.

Todo sistema de control debe reducir las posibilidades de que se produzca un error humano, pero no puede hacer que desaparezcan por completo. Evidentemente, no es tolerable dos accidentes ferroviarios tan graves en menos de un año, aunque sea por causas diferentes, con lo que la sospecha de un error estructural, además del humano, es comprensible. Eso es lo que denuncian los representantes de los trabajadores del sector.

Lo dijo Pedro Sánchez, así que Puente no va a poder cuestionarlo: “No es asumible para un país como España sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año, como hemos sufrido”. Y si no es asumible, hay que preguntarse si la posición de Puente como ministro es sostenible. Por ejemplo, ya no está en condiciones de afirmar que el sistema ferroviario español es seguro. Lo dijo después del accidente de Adamuz y la nueva tragedia en Toledo le resta credibilidad a la hora de garantizar los niveles de seguridad en el futuro. Es decir, puede hacerlo, pero nadie le creerá.

Una hipotética dimisión de Puente no va a hacer la situación más fácil para el PSOE ni va a salvar su campaña electoral, que va a quedar irremisiblemente marcada por el accidente y los 69 muertos que provocó. El ministro de Transportes comparecerá el martes 3 de noviembre a las 17.00 en la Diputación Permanente del Congreso. Le quedan varios días para recibir más información y armar una explicación coherente sobre lo que sucedió el día del siniestro. Lo único que tiene claro a estas alturas es que va a estar muy solo.

67 diputados de un Parlamento de 120 escaños quieren que Netanyahu desaparezca para siempre. Aspiran a que sea juzgado por delitos de corrupción y que se forme una comisión de investigación independiente sobre el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. El veredicto de las elecciones israelíes del martes parece claro, pero en realidad no lo es. La primera frase de este artículo ignora una realidad que todo el mundo conoce en el país, aunque no se exprese en estos términos. En Israel, en términos políticos hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

Estos últimos son los palestinos de Israel, a los que allí se llama “árabes” o “árabes israelíes”. Los dos partidos a los que vota esa comunidad, que representa al 20% de la población, obtuvieron un resultado histórico: 19 escaños. Unidos a los 48 del bloque de la oposición que dirige el exgeneral Gadi Eisenkot llegan a los 66 escaños mencionados, según el escrutinio al 92%. La coalición de Netanyahu se queda en 53 con el Likud como el partido más votado con 26. En las elecciones de 2022, ese bloque obtuvo 64.

Es una derrota que no condena a Netanyahu y que le deja un amplio margen de maniobra para continuar en el poder o, si eso es imposible, confiar en que se repitan las elecciones dentro de unos seis meses. Él seguiría al frente de un Gobierno en funciones que no se limitaría a tramitar asuntos de relevancia menor.

Netanyahu ha demostrado en años anteriores su habilidad para generar realidades políticas que le favorecen y dejan a sus enemigos sin capacidad de respuesta. Sobre todo cuando estos últimos se autoimponen condiciones que les condenan a continuar en la oposición. Por ejemplo, que los gobiernos de Israel deben ser “sionistas”, es decir, no contar con el apoyo de los partidos árabes.

El primer ministro se apresuró a señalarlo en el discurso que dio a las tres de la mañana. “El bloque de derechas tiene una mayoría clara y decisiva entre la gente sionista”, dijo. “Es impensable poner en peligro a Israel y montar un Gobierno que se opone a nuestra existencia, que considera a Hamás una organización benéfica y que llama criminales de guerra a nuestros soldados”, continuó. Estas tres acusaciones no son ciertas, pero lo que importa a Netanyahu es que sus partidarios piensan igual y sabe que muchos de los votantes de la oposición coinciden con él.

Deslegitimar a los partidos árabes es la clave de esta estrategia. Es un punto de vista que comparten dos de los dirigentes de la coalición de la oposición, Naftalí Bennett y Avigdor Lieberman, cuyos partidos suman 19 escaños en la futura Cámara. Lieberman odia a Netanyahu y lo conoce bien porque fue su jefe de gabinete en los años noventa y su ministro de Defensa y Exteriores en gobiernos posteriores, pero sus puntos de vista sobre los palestinos son casi idénticos a los del primer ministro, a veces incluso más radicales.

Eisenkot dijo en la campaña que aspiraba a formar un Gobierno únicamente sionista y todo el mundo sabía a qué se refería. En la noche del martes, repitió la misma idea ante sus partidarios.

Solo Yair Golan, de la coalición de izquierdas Demócratas que recoge los restos del laborismo, se mostró a favor de llegar a un pacto con los partidos árabes al conocerse los resultados de los sondeos: “No tenemos ningún futuro si no dejamos de tener miedo y si no detenemos el racismo. No podemos seguir aceptando la división racista que hace Netanyahu entre votos judíos y votos árabes”.

En la noche del martes, los sondeos a pie de urna colocaron al Likud como partido más votado, pero concedieron 53 escaños a la coalición de Eisenkot y 50 a la de Netanyahu. El escrutinio dio la vuelta a esos números. Amplió el número de escaños del Likud hasta 26 y puso a Netanyahu por encima del bloque de Eisenkot, que se quedó en 21. Por eso, Netanyahu esperó hasta la madrugada para pronunciar su discurso cuando sus rivales ya habían abandonado las sedes de sus partidos.

Los datos del escrutinio aún pueden cambiar porque es al final del recuento cuando se contabilizan los votos de los soldados. Son muchos en estas elecciones porque incluyen a decenas de miles de reservistas. En anteriores comicios, esos votos han favorecido a los partidos de derecha y reducido el porcentaje de votos recibidos por los partidos árabes.

A corto plazo, la repetición de las elecciones es la opción más favorable para los intereses de Netanyahu. Calcula que los miles de israelíes que viven en el extranjero y que volaron al país para votar –el voto por correo desde el exterior está limitado a colectivos muy concretos, como los diplomáticos– no lo harán en unos nuevos comicios. También puede confiar en que descienda la participación electoral de los árabes, decepcionados por el hecho de que sus votos no sirven para cambiar un Gobierno. En las elecciones anteriores, ese porcentaje fue del 53%. Los expertos calculaban que ahora podrían superar esa cifra en diez puntos. En todo el país, la participación el martes fue del 77%.

“El día de las elecciones, masas de ciudadanos árabes extendieron su mano a la gente que se considera liberal y les dijo que quieren formar parte del país”, escribió la periodista Noa Landau en el diario Haaretz, “a pesar del coste emocional y social que les supone votar para la mayoría de ellos. Eisenkot prefirió escupirles en la cara y meterse en un agujero sin esperar ni siquiera cinco minutos a que salieran sondeos más actualizados sobre la votación”.

La formación del futuro Gobierno no dependerá solo de unas negociaciones largas y complicadas. Ahí interviene otra de las cartas con que cuenta Netanyahu. La reanudación de la guerra contra Irán le permitirá reclamar la formación de un Gobierno de unidad nacional presidido por él. Eso depende más de Donald Trump que de sus decisiones.

A la misma hora en que se estaba realizando el recuento electoral, The Wall Street Journal publicó que el Gobierno norteamericano ha informado a sus aliados en el Golfo Pérsico que deben estar preparados para una “corta pero intensa” campaña de bombardeos contra Irán después de las elecciones legislativas de EEUU, que se celebran el 3 de noviembre. Es el tipo de noticia que Netanyahu está esperando.

Nota: noticia actualizada con los últimos datos del escrutinio.

Netanyahu cantó victoria en marzo de este año. De una forma que pretendía ser solemne, el primer ministro israelí afirmó que Irán ya no constituía una amenaza existencial para Israel. La guerra iniciada por los gobiernos israelí y norteamericano lo había conseguido. Irán “aún tiene la capacidad de amenazarnos, pero ya no puede amenazar nuestra existencia”. En su largo historial de declaraciones sobre Irán iniciado en los años noventa, solo una vez había dicho algo parecido. Fue en marzo de 2025, una vez terminada la primera operación bélica contra Irán, cuando declaró que “había eliminado dos amenazas existenciales inminentes” (por Irán y Gaza) y que se había producido “una victoria histórica que permanecerá durante generaciones”.

Todo ha cambiado en un corto espacio de tiempo y la razón ha sido la campaña electoral que concluye en las elecciones de este martes. El giro tiene forma de una explosión nuclear sobre Tel Aviv con una imagen generada con IA en un mensaje de Netanyahu en redes sociales. Incluyó varios párrafos de un artículo de un periodista que parecía sacado de su propia campaña: “El Estado de Israel se encuentra ante un peligro existencial real y tangible”.

Es una continuación lógica de lo que ha sido la trayectoria política de Netanyahu. Solo él salvará a Israel de la destrucción. Apoyar a la oposición, que incluye a políticos que trabajaron para él y que terminaron huyendo, pondría en peligro la existencia del Estado. El hecho de que Israel sufriera con su Gobierno el peor ataque de su historia en octubre en 2023 desde la guerra de Yom Kippur, no ha alterado lo más mínimo su mensaje electoral. En cualquier otro país, eso provocaría su más que segura derrota. Pero la sociedad israelí ha bailado al ritmo marcado por Netanyahu desde hace más de quince años.

Netanyahu augura terror y destrucción si la sociedad israelí no le mantiene en el poder. Al mismo tiempo, promete años de guerra permanente contra Irán, contra Líbano y contra Gaza, una suerte de supremacismo israelí que impondrá su voluntad a todo Oriente Medio.

El escenario que promete es tenebroso, también desde el punto de vista económico. El viernes, dio por hecho que la ayuda que ha prestado Estados Unidos de forma masiva desde 1967 va a tocar a su fin y que el país debe estar preparado para soportar un largo periodo de sanciones internacionales. Como remedio, planteó la opción de apostar por las criptomonedas, como si todas las finanzas del Estado y relaciones comerciales con el exterior pudieran esconderse a través de ese sistema, una idea que nunca se ha plasmado en la realidad. El banco central israelí reaccionó alarmado y afirmó en público que la solución era totalmente inviable.

Los últimos días de campaña elevaron la tesis con la información de varios medios, que contaron que se había producido un grave enfrentamiento entre Netanyahu y el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Eyal Zamir. El Gobierno pretendía ordenar a los militares que realizaran “una acción militar no especificada” relacionada con Irán. Zamir se negó. Sus motivos eran que esa actuación podría provocar una represalia iraní. La información inicial en el Canal 12, y las posteriores en otros medios, habían pasado por la censura militar israelí. Lo más probable es que los medios no consiguieran que la censura permitiera concretar de qué tipo de acción militar se trataba.

Hace unos días, se supo que decenas de aviones militares israelíes sobrevolaron Irak y Siria con destino a la frontera de estos países con Irán. Al llegar a la zona fronteriza, se volvieron a Israel. La explicación que se dio es que se trataba de una demostración de fuerza para disuadir a los iraníes de cualquier idea sobre un ataque. Sonaba bastante extraño, porque era la clase de operación que podía provocar consecuencias muy distintas a las diseñadas. También se interpretó que podía ser un intento de poner nerviosos a los dirigentes iraníes y provocar una respuesta suya.

La interpretación más extendida en Israel fue que Netanyahu intentaba provocar una reanudación de la guerra que obligara a suspender las elecciones en el país.

Las últimas encuestas ofrecidas el fin de semana por tres televisiones indican que su reelección es prácticamente imposible, pero ese es un análisis que en citas electorales anteriores no se ha cumplido. Las tres dan 50 escaños para el bloque de Netanyahu, lejos de la mayoría absoluta que está en 61. Los partidos del bloque de la oposición podrían sacar entre 52 y 56. Los dos partidos árabes –así se les llama en Israel– estarían entre 14 y 16 escaños.

En una reacción habitual en la política israelí, algunos de los partidos de la oposición han dejado claro que no aceptarían apoyar a un Gobierno que dependiera de los votos de los partidos árabes. Es una especie de apartheid político por el que los palestinos con nacionalidad israelí tienen derecho a votar, pero no a que sus partidos formen parte de una mayoría de gobierno. No porque sus propuestas sean demasiado radicales, sino porque no son sionistas. Es una especie de pecado original que deja fuera del juego político a en torno al 20% de la población del país.

Los sondeos conceden la primera posición a un nuevo partido, Yashar, fundado por el exgeneral Gadi Eisenkot, de 66 años, que sacaría una ventaja de entre dos y tres escaños sobre el Likud de Netanyahu. En un panorama político muy fragmentado para elegir un Parlamento de 120 escaños, ningún partido llegará a 30 diputados, quizá ni siquiera a 25, y las negociaciones se prolongarán durante algún tiempo. Ese veto a los partidos árabes podría hacer que tuvieran que repetirse las elecciones.

Ese periodo de transición supondría una nueva oportunidad que Netanyahu podría aprovechar para reanudar la guerra contra Irán si consigue convencer a Donald Trump. Medios de EEUU han informado de que Trump está dispuesto a volver a atacar a Teherán, pero no antes de las elecciones legislativas, que se celebran el 3 de noviembre. Eisenkot ya ha prometido que no formará parte de un Gobierno en el que esté Netanyahu, un compromiso que no está tan claro en los otros partidos de la oposición.

No hay políticos más diferentes en el estilo personal que Netanyahu y Eisenkot. Eso no quiere decir que sus ideas políticas sean completamente distintas. Sus conceptos estratégicos sobre Irán y Gaza son los que han imperado en Israel en las últimas dos décadas y, como es previsible, descartan el establecimiento de un Estado palestino. El carácter de Eisenkot es más cauteloso y no tiene la costumbre de vender ideas nada realistas sobre la respuesta a Irán. No cree que se pueda derrocar a ese régimen sencillamente con bombardeos aéreos. Fue jefe del Estado Mayor de las FFAA entre 2015 y 2019.

Su promesa de renovación de la sociedad pasa por el respeto a los tribunales, limitar los privilegios de la comunidad ultraortodoxa en cuanto al servicio militar y frenar la violencia de los colonos ultraderechistas en Cisjordania. En definitiva, revertir el avance hacia el fundamentalismo más extremista que se hizo con el poder en las elecciones de 2022.

Encontrar una razón que explique el éxito de la remontada de Lula en las elecciones de Brasil, un país de 213 millones de habitantes, es una tentación tan fuerte como irreal. No puede haber solo una. Sin embargo, en el campo de la imagen, en esos momentos en que parece que todo ha cambiado, hubo uno muy mencionado. Fue cuando Lula se rebeló con el genio que ha caracterizado su carrera contra el epíteto despectivo que Flávio Bolsonaro utilizó contra él en el último debate televisado.

Bolsonaro le llamó 'nueve dedos', un insulto que las bases de la extrema derecha en Brasil utilizan con frecuencia contra el presidente brasileño. La respuesta de Lula fue fulgurante: “Me llamó 'nueve dedos' y quiero que sepan una cosa. Si hay alguien entre este público que sabe lo que es el mundo del trabajo, soy yo. Si alguien perdió un dedo a los 17 años, fui yo, trabajando de noche cuando no se podía trabajar. No voy a permitir que un miliciano me llame 'nueve dedos'. No lo voy a permitir”. Miliciano es como se llama en Brasil a los miembros de organizaciones paramilitares que se toman la justicia por su mano.

“Yo era menor y trabajaba de noche, y o trabajaba o no comía”, dijo. Por el contrario, Bolsonaro ha vivido a costa de la carrera política de su padre desde su juventud. Su primer cargo electo fue el de diputado de la Asamblea de Río de Janeiro con 21 años.

Bolsonaro pidió perdón a Lula en el debate, consciente de que había cometido un error. Solo iba a conseguir provocar a los seguidores de su rival con su insulto clasista, en especial en las zonas del país en que la izquierda buscaba movilizar a los que no habían votado en la primera vuelta.

En España, el Partido Popular nunca pide disculpas cuando se le reprocha su estrategia de demonizar a Pedro Sánchez. Casi se le han acabado los adjetivos a la hora de tacharle de una amenaza para la democracia en España.

Hay ejemplos de ello todas las semanas. Sánchez difundió el sábado un vídeo grabado ante el 'Guernica' en el Museo Reina Sofía. Su objetivo era lanzar un mensaje pacifista junto al cuadro de Picasso, que es un gran símbolo antibelicista desde hace décadas. Cuando veo este cuadro, dijo, “veo qué sucede cuando la barbarie se impone a la razón”. Recordó la lucha contra el genocidio de Gaza y el rechazo de su Gobierno a subir el gasto militar hasta el 5% del PIB. Acabó de forma pretendidamente optimista: “Incluso en los momentos más oscuros hay una luz, la luz de nuestros valores”. Suena un poco pretencioso, pero se trata de pedir el voto, no de que se depriman los votantes.

El PP podía haberlo dejado pasar. Sus dirigentes no tolerarían tal inacción. Se lanzaron sobre él, en primer lugar por el “privilegio” de rodar el anuncio en el museo. Aparentaban desconocer que las salas del Reina Sofía, como las del Prado, pueden alquilarse para eventos de empresas o para visitas guiadas en las zonas donde están expuestos los cuadros. Solo hay que visitar la web de ambos museos, en el caso del Reina Sofía con una imagen del 'Guernica'.

Los que han convertido en una adicción afirmar que Sánchez busca un enfrentamiento violento entre españoles no tenían suficiente con eso. “Hasta el propio Picasso se revolvería en su tumba al ver el uso espurio de su obra a favor de un guerracivilista y un inmoral”, dijo Cayetana Álvarez de Toledo.

Más allá de que es imposible saber cómo una diputada del PP sabe lo que pensaría una persona fallecida en 1973, esta y otras opiniones en la derecha indicaban que usar el 'Guernica' en la propaganda electoral es un ataque al propio cuadro por ser un símbolo de la conciliación entre españoles. Debería estar vetado porque lo dicen ellos.

Quizá la llegada del cuadro en 1981 a España tuviera esa carga simbólica para la nueva democracia. El 'Guernica' no pretendía reconciliar a nadie, sino que fue un encargo del Gobierno republicano a Picasso con el que denunciar el horror de la Guerra Civil y obtener fondos para la República por todo el mundo en su lucha contra el bando franquista. Esto último es algo que algunos olvidan muy oportunamente, como si la historia del cuadro comenzara en 1981.

La venganza parece ser uno de los elementos fundamentales de la campaña del PP. Hay que hacer pagar a Sánchez que les dejara sin una victoria incontestable en 2023. Las críticas a su política económica o por decisiones como la ley de amnistía entran dentro de lo normal en el trabajo del primer partido de la oposición. Lo que se aleja de lo habitual es la catarata de insultos y ataques personales que ha dedicado a la que considera su némesis en esta legislatura.

La campaña es la culminación de ese estilo. “No les vamos a pasar ni una”, ha dicho Feijóo en varias ocasiones. Ofrecer imágenes falsas con anuncios hechos con IA en los que aparecen socialistas diciendo cosas que no han dicho forma parte del repertorio.

Feijóo llegó este fin de semana a relacionar los disturbios de Barcelona con el Gobierno y la izquierda. “Se están resistiendo a abandonar el poder con violencia”, denunció. El origen de estos incidentes, aún desconocido para los Mossos, surgió de las redes sociales sin ninguna organización conocida de la izquierda detrás. Fue una convocatoria para incitar directamente al vandalismo y al robo de tiendas y posiblemente organizada desde el extranjero.

El acoso ha llegado al punto de relacionar personalmente a Sánchez con los negocios de saunas de su suegro. En 2014, el secretario de Estado de Interior en el Gobierno de Rajoy, Francisco Martínez, encargó al comisario Villarejo que buscara información sobre los negocios del padre de Begoña Gómez para utilizarla contra Sánchez. El suegro ya se había desprendido para entonces de esos locales. La Audiencia Nacional se negó a investigar una denuncia del PSOE en 2024 con el argumento de que el negocio de las saunas eran “actividades privadas lícitas”, por más que se hubiera producido una “deplorable utilización partidista” del caso.

Ese escaso recorrido judicial no impidió que el PP acusara a Sánchez de haberse beneficiado económicamente de esos negocios. También Feijóo en persona, que dijo que su carrera política se pagó “con el dinero de la prostitución” o que la prostitución “le vino bien durante una época de su vida”.

El PP considera que, si le recuerdan la antigua foto de Marcial Dorado con Feijóo, tiene derecho a responder con insinuaciones y falsedades sobre Sánchez.

La duda es si el empeño del PP por destruir la reputación de Sánchez puede volverse contra ellos. Sánchez no es un antiguo obrero y sindicalista que arriesgó la vida en la lucha contra una dictadura, con lo que el componente clasista de los ataques a Lula por Bolsonaro y los ultras no aparece en este caso.

Lo que sí parece consolidada es la sensación de que el efecto de esa oposición dura e implacable ha terminado beneficiando más a Vox que al PP. Ni siquiera las encuestas que pronostican la mayoría absoluta del PP y Vox ocultan que el PP ha perdido votos en relación a 2023. A pesar de su radicalización o precisamente a causa de ella. La última es la de El Mundo, que marca 2,5 puntos menos para el PP que entonces. Ya es demasiado tarde para replantearse esa estrategia. Para el partido que recibió muy relajado el grito “Que te vote Txapote” en 2023, solo hay una manera de hacer oposición. Prender fuego a la política es admisible, porque ellos sabrán luego cómo apagar el incendio.

Pedro Sánchez saca una pistola en una habitación sombría mientras duda en utilizarla. Finalmente, se rinde, baja el arma y abre los brazos. Frente a él, José Luis Ábalos enseña los dientes con ganas de tirarse al cuello, porque es un zombi. Se abalanza sobre Sánchez, pero la imagen salta a un trigal donde ambos se abrazan y se hacen arrumacos. De The Walking Dead a Memorias de África o algo así. Es un vídeo del PP de Madrid hecho con inteligencia artificial (IA). La premisa es tan delirante que no engaña a nadie (incluso el PP sabe que Ábalos no es un zombi). No es el caso de otros vídeos de propaganda. Adulterar la realidad es un recurso más para el Partido Popular, que ha decidido que utilizar la tecnología para mentir es totalmente legítimo. 

A estas alturas, ya no puede sorprendernos que Alberto Núñez Feijóo crea que no hay problema en mentir sobre las pensiones o el salario mínimo. El PP ha decidido que, como Pedro Sánchez es el mal absoluto, el fin justifica los medios para ganarle en unas elecciones. Todo eso que en la vida real es un delito para los ciudadanos, según el Código Penal o los reglamentos de la UE, es ahora un día más en la oficina del PP en la sede de la calle Génova.

No estoy hablando aquí de la crispación o del ambiente navajero de la política española en la última legislatura. Se trata de un paso más allá. Utilizar las posibilidades casi infinitas que ofrece la tecnología con la intención, no ya de criticar, sino de difamar al adversario. No describiéndolo como un zombi (eso es gracioso y salvaje), sino dando por hecho que ha cometido un delito sin que un tribunal haya dictado ese veredicto. 

¿Tienen los votantes el derecho a saber que lo que están viendo es real? Si se tratara de una foto o vídeo publicado por un medio de comunicación, nadie tendría la más mínima duda. Una imagen falsa vendida como verdadera sería un escándalo y casi nadie lo defendería. Algunos políticos han decidido que ciertas nociones sobre la ley y la honestidad no cuentan para ellos. 

La visita de Milei a España hizo que el PSOE intentara aprovecharla en su favor. Sánchez grabó un vídeo para confirmar que es “zurdo” (de izquierdas). El PP respondió con un vídeo hecho con IA en el que aparecen Begoña Gómez, Ábalos, Cerdán y otros socialistas. Sale también Leire Díez diciendo: “Si contratar a unos matones para quitar de en medio a una jueza es ser zurda, pues sí, soy zurda”. Escribí sobre el asunto de la jueza Biedma de Badajoz hace dos semanas. A día de hoy, no hay ninguna prueba de que Díez contratara a nadie para que realizara un hecho violento. Solo existe una declaración de una presunta delincuente de Badajoz que dijo que un exjuez enfrentado a todos los jueces de la ciudad le hizo tal encargo, lo que él niega. 

Díez ha presentado una querella contra el PP en la Audiencia Nacional en el juzgado que investiga ese caso por los delitos de calumnias con publicidad, contra la integridad moral y suplantación de identidad digital. No es fácil que prospere, según juristas citados en varios medios, por la protección de la libertad de expresión y el derecho a la sátira que lleva a la exageración inevitablemente. Es como decir que los partidos tienen licencia para hacer lo que los ciudadanos tienen prohibido, sobre todo la parte de imputar un delito. Algunos jueces han impuesto una especie de barra libre por la que acusar a un político de ser un delincuente es aceptable. Le ocurrió a Pablo Iglesias cuando un militar retirado le acusó de ser cómplice del narcotráfico latinoamericano y un juez rechazó su querella.

Aunque no sé si un juez podría entenderlo, no es lo mismo hacer una declaración verbal o por escrito, cuya credibilidad depende de la que tenga la persona que la haga, o dibujar una imagen satírica con ofrecer una imagen que es falsa, pero que parece real. Es un escenario completamente nuevo que la tecnología ha hecho posible. Y no, no es lo mismo que el Photoshop de toda la vida. Como vemos todos los días en redes sociales, los vídeos –las imágenes en movimiento, no una simple foto– cuentan con una presunción de veracidad muy potente. En otras palabras, la gente se las cree, en especial si confirman una opinión preconcebida que tienen esas personas. 

Borja Sémper dijo que no tenía ningún problema con estos vídeos, porque no tienen una “finalidad espuria”. Bueno, espuria quiere decir falsa, ficticia o fraudulenta. Igual no conoce el significado de la palabra. Feijóo afirmó que solo preguntó en su partido si se había señalado en el vídeo que estaba hecho con inteligencia artificial. Sí aparece, pero con un cuerpo de letra muy pequeño en la parte inferior de la imagen, que no se lee bien cuando aparece sobreimpreso sobre la ropa de las personas que hablan. El intento de camuflar el uso de la IA es evidente. 

La Constitución y una ley orgánica de 1982 establecen que el derecho a la imagen es irrenunciable, inalienable e imprescriptible. Como todos los derechos, no es absoluto y, para ponderarlo, intervienen varios factores. Incluso emplear imágenes tomadas en un espacio público tiene sus limitaciones. Muchos medios lo han descubierto al utilizar fotos de personas en la calle para ilustrar una información que la persona fotografiada podía considerar negativa para su imagen.

Es especialmente grave si se crea un contenido sexual con IA sobre lo que ya ha habido varios casos en España. Decimos a los jóvenes que no se les ocurra suplantar la identidad de un compañero de clase para hacer un montaje con IA, porque puede ser delito, y resulta que partidos políticos que quieren gobernar no tienen ningún problema en hacerlo con el fin de desacreditar a sus enemigos políticos. 

Dar a los partidos vía libre para inventar una realidad alternativa con sus vídeos electorales no carece de riesgos. Podemos terminar como en Estados Unidos. Allí ha terminado siendo una tendencia generalizada. Un grupo de investigación de la Universidad Wesleyan en EEUU ha identificado 220 vídeos de anuncios de propaganda electoral realizados con IA. El 80% de ellos es obra de candidatos republicanos en las elecciones legislativas de noviembre. Los implicados se han gastado 137 millones en esos productos este año. Está claro que no consumirían tanto dinero si el objetivo fuera simplemente satírico. 

Casi la mitad de los anuncios incluye en sus imágenes a políticos reales, casi siempre sus rivales de otros partidos. Un 70% no cuenta con ningún aviso de haber sido realizados con inteligencia artificial. Algunos se inventan situaciones en las que aparecen juntos el adversario con algún político odiado por las bases republicanas, por ejemplo, Hillary Clinton y Alexandria Ocasio-Cortez. 

Se trata de crear una imagen que sea difamatoria con el rival, aunque exista la duda de si alguien puede creerse el resultado. El demócrata Abdul El-Sayed, candidato al Senado en Michigan, aparece riéndose junto a unas tarjetas que dicen “Muerte a América” o “Celebra el 11S”. 

“El problema no es la IA”, dice Bruce Schneier, experto en ciberseguridad, a The New York Times. “El problema es el engaño. Y resulta que el engaño es una estrategia bastante buena”. La política norteamericana cuenta con una larga tradición de manipulación y demagogia en las campañas electorales que se remonta un siglo atrás. La publicidad negativa en los anuncios televisivos siempre ha existido. Ahora es mucho más barata y de un impacto mucho mayor que antes gracias a la IA. 

Los analistas citados en los medios de EEUU llevan tiempo diciendo que esos anuncios negativos con los que machacar la reputación del rival no son tan efectivos como antes. Lo cierto es que si fuera así, los candidatos no se gastarían tanto dinero en emitirlos. Es el comienzo de una nueva era en la comunicación política donde el juego sucio y la tecnología se aliarán con resultados muy peligrosos.

David Broncano se puso un pin con el mapa de España y los colores de la bandera y al lío. Pedro Sánchez llegaba a 'La Revuelta' vestido con ropa de mitin. Camisa azul clara de toque vaquero y pantalones vaqueros, zapato cómodo y calcetines de rayas. Se puso una chapa de “Perro Sanxe” y agarró el perro-mascota del programa que sirve para que los invitados lo toquen y lo acaricien y se les pase la ansiedad. Era su primera aparición en la campaña paralela en la que los políticos acuden a programas de televisión y podcasts para demostrar que no son unos muermos y de paso rebañar algún voto que esté en el alero.

Acabada la entrevista, apareció Candela Peña y les dejó un poco fritos a ambos: “Ha sido un poco rollo patatero”. Es lo que hay, Candela. Los políticos saben que su imagen en los medios es la propia de gente aburrida –algunos lo son– o que la gente los ve de esa manera. Eh, yo también soy un tipo divertido y normal, no ese tío que ves tan envarado y serio en las pantallas. No van a eliminar por completo esa impresión en una hora de entrevista. Es también un duelo de riesgo bajo, como se vio cuando Sánchez pasó por encima de Pablo Motos en la entrevista de la campaña de 2023. Por cierto, Motos ya puede empezar a preparar la suya. “Iré a 'El Hormiguero' y a donde haga falta”, dijo el presidente.

Sánchez estaba muy metido en el personaje que se espera en un programa como 'La Revuelta'. Sonreír siempre y en todo momento. Risas con frecuencia. Llevó regalos, un juego de ajedrez. “Un juego que va de cargarse al rey. Ya estoy viendo mañana los titulares”, saltó al quite Ricardo Castella. Encajó bien el estilo frenético de Broncano en las entrevistas, hablando a 140 km/h e interrumpiendo todo el rato al entrevistado. A la hora de hablar en serio, no calentarse la boca y asumir un nivel de riesgos cercano a cero.

“Luego dicen por ahí que esta televisión es mía”, dijo. Se refería a que Broncano había comentado nada más empezar que era el presidente “por poco tiempo”. El presentador explicó que lo decía por las encuestas. Al recordar mucho después lo que podría hacer “con 176 escaños”, es decir, con mayoría absoluta, Broncano lo bajó a la tierra: “Vaya, hombre soñador. Cómo se deja llevar por la fantasía”. Y Sánchez se reía, porque eso es lo hay que hacer en este tipo de entrevistas. Nunca dejes de sonreír. Sale riéndose en doce de las quince fotos que Moncloa envió después a los medios.

Broncano le preguntó por los errores que ha cometido en el Gobierno. Era una pregunta que debía esperar. Solo reconoció uno, y no menor: “Los casos de corrupción como el de José Luis Ábalos. Eso ha sido una decepción doble”. Ahí hubo aplausos de un público entregado. “Crees conocer a la gente y descubres una cara que te deja helado”, y volvió a mencionar el nombre de su exministro de Transportes.

De inmediato, tenía que responder sobre la crisis de Ceuta y ahí frenó. “No se ha gestionado bien”, dijo Broncano. “Con esa avalancha de gente, ¿cómo los repeles?”, respondió para ponerse buena nota: “Es una situación difícil, compleja. La estamos gestionando bien”. La verdad es que Broncano no fue más lejos ni le planteó críticas concretas por lo que se ha hecho o lo que no se hizo.

Hubo un amplio bloque dedicado a la vivienda, un asunto que se ha tratado en varias ocasiones en el programa. “Habéis esperado muy al final, Pedro”, planteó Broncano (más aplausos del público). “La clave no es (solo) construir viviendas, sino construir viviendas asequibles”, dijo, que no parece que es lo que se ha hecho. Sánchez presumió de las medidas tomadas por el Gobierno en cuanto a la regulación del mercado, incluidos “los incentivos fiscales a propietarios e inquilinos”. Broncano no tenía las cifras para cuestionar las respuestas de Sánchez.

Fue el momento en que el presentador no se pudo contener y saltó al mencionar Sánchez que hay gobiernos y ayuntamientos que no han querido aplicar la ley de vivienda. “Es verdad que la gestión de derechas en este punto es flagrantemente negativa, pero estamos igual”, dijo el presentador. Si había alguna posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo aceptara intervenir en 'La Revuelta', que en realidad no la había, ahí desapareció.

En una broma que ya es recurrente en el programa, Broncano le preguntó si el PP les iba a echar de TVE si gana las elecciones. Sánchez no se quiso mojar, aunque solo sea por no aceptar ni como hipótesis una victoria del PP y Vox. “A ti te cambian por Bertín Osborne”, le dijo Grison a Broncano, lo que sí que es una posibilidad muy real. Finalmente, Sánchez aprovechó para meter la cuña: “Si están suspendiendo obras de Lorca...” (por lo ocurrido en Valladolid). Vale, mensaje recibido.

Sobre las preguntas finales típicas en 'La Revuelta', no hay mucho que decir. La pregunta sobre el dinero en el banco quedó en nada, porque Broncano sacó lo de las joyas de Zapatero y Sánchez recurrió a mencionar la anécdota del revólver que Erdogan regaló a los políticos participantes en la cumbre de la OTAN. La del sexo acabó con una respuesta genérica: “Tenemos una vida sexual sana”, lo que siempre es mejor que lo contrario. Y una cuestión terminológica: “No solamente se folla, también se hace el amor”. Hasta en eso los políticos intentan cubrir todas las opciones posibles en un periodo preelectoral.

A estas alturas, un Broncano, un Motos o alguien parecido no van a poner en apuros a un político tan bregado como Sánchez. Es un toro muy toreado al que no puedes engañar con la muleta. Pero tienes la ventaja de que no te va a cornear, porque se trata de lo contrario, de sonreír en todo momento, de aparentar que estás tan a gusto como en el sofá de tu casa. Ya lo dijo él mismo: “Más sabe el perro por perro que por Sánchez”.

“Cuando yo era un ser despreciable y nadie me quería, el único que me abrazó fue Santiago Abascal”, dijo Javier Milei en una visita a España en mayo de 2024. Los hermanos y algunos amigos lo son toda la vida, pero a veces es mejor que no te vean con el otro en público. Por lo que dirá la gente, más que nada. En su séptima visita como presidente argentino a este país, el líder de Vox prefirió irse el miércoles a 600 kilómetros de distancia. Tenía que hacer una breve intervención ante un par de centenares de seguidores en A Coruña, lo que no es precisamente un compromiso ineludible. Abascal lo solucionó después con una videollamada a su amigo por el móvil desde el coche que le llevaba a Avilés.

No es que Milei se haya convertido en despreciable para Vox, pero el viaje ha llegado en un pésimo momento cuando Abascal aspira a obtener los votos necesarios con los que sentarse en un futuro Consejo de Ministros con Alberto Núñez Feijóo. Mal asunto abrazarse a alguien que clama enfurecido que hay que acabar con el Estado y que eso incluye “eso tan inteligentemente llamado Estado de bienestar”, que solo es una de “esas nuevas formas de tiranía desde dentro de la democracia liberal”, como dijo en Madrid en una conferencia.

Quien parecía estar encantado con su llegada fue el PSOE, que colgó una pancarta de cachondeo en su sede de Ferraz: “Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España. El país que más crece de Europa”. Para contestar a la expresión “zurdos de mierda” con la que Milei se refiere a la izquierda de forma habitual, Pedro Sánchez grabó un vídeo con el que presumir de esa misma definición: “Sí, soy zurdo. Y a mucha honra”. Que es como decir, encantados de que vengas a España en una campaña electoral. Todas las barbaridades que digas nos vienen genial.

Después de tantos viajes a España, todos ellos de carácter privado aunque vuele en un avión de la Fuerza Aérea argentina, Milei ya no puede ofrecer muchas novedades. Es un cantante que solo cuenta con las canciones de su único disco. Ofreció los insultos habituales a Pedro Sánchez –“impresentable dictador”–, defendió sus ideas ultraliberales, estuvo en la fundación de Vox y visitó a su amigo Jesús Huerta de Soto, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos.

Llama la atención que una universidad pública española haga de anfitriona a un presidente que ha recortado las transferencias de fondos a las universidades de su país en un 45% desde 2023. Hasta febrero de este año, los salarios del personal universitario subieron un 158%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanzó el 280%, según los rectores de los centros.

El Gobierno argentino se puso en contacto con la Casa Real para transmitirle el deseo de Milei de ver a Felipe VI. La Zarzuela respondió que una reunión del rey con otro jefe de Estado debe ir acompañada de un encuentro con el presidente del Gobierno, según la agencia EFE.

En su conferencia, Milei se erigió en continuador de la obra de los liberales españoles de las Cortes de Cádiz. A ese punto llegó su osadía. Por eso, dijo que los españoles “deben sacar a los socialistas a patadas porque ustedes son la cuna del liberalismo”. En su visión del mundo, el Estado es el mal absoluto a menos que se utilice para la represión de los partidos y movimientos sociales que se manifiestan en la calle contra los recortes de gasto público.

Europa también es un agujero negro por su defensa del Estado de bienestar, que solo se puede financiar “subiendo impuestos, endeudándonos y haciendo billetes”. “Los que mejor defienden los valores de Occidente en el mundo son Estados Unidos e Israel”, dijo. Con razón, el PSOE decidió que iba a dar más cancha a su visita que el PP. El partido de Feijóo no pudo evitar que Isabel Díaz Ayuso recibiera a Milei. Lo máximo que consiguió fue que la reunión fuera a puerta cerrada y sin rueda de prensa posterior. El Gobierno madrileño difundió después varias fotos y un vídeo en el que se ve a Milei corriendo con los brazos abiertos para abrazar a Ayuso como si fueran dos novios que llevan tiempo sin verse.

Cuando Ayuso se apresuró a concederle la medalla de la Comunidad de Madrid en 2024 solo seis meses después de su llegada al poder, proliferaron los artículos en la prensa conservadora que desvelaban la ignorancia de la presidenta madrileña al premiar a un político que poco tiene que ver con el liberalismo español.

Milei también repartió insultos a los periodistas presentes en su conferencia. “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, digamos, vale para tu caso”, le dijo a una periodista que le preguntó si su visita era incómoda para el PP y Vox al producirse poco antes de las elecciones.

Nunca acepta una pregunta que le pueda perjudicar o que cuestione las consecuencias de su política económica. Su desprecio por el periodismo alcanza a todos. “El 95% de los periodistas argentinos son mentirosos seriales”, dijo en Madrid. Desdeña y se burla también de los medios conservadores o liberales, como Clarín o La Nación. Solo acepta a aquellos que hacen de correa transmisora de sus ideas.

Su última polémica argentina tiene que ver con las informaciones sobre una estadística que refleja los problemas de mucha gente para llegar a fin de mes. Una encuesta reveló que dos de cada tres personas se quedan sin dinero el día 20 de cada mes, es decir, no les da con su sueldo para los gastos básicos y tienen que recortarlos o endeudarse. Se puso furioso al ver los datos por considerarlos imposibles: “¿Cómo vive durante diez días una persona sin comer y sin beber?”. Todos los que citaron el sondeo eran “muy pobres intelectualmente”.

El responsable de la encuesta respondió que Milei se negaba a aceptar la realidad: “Son datos que podés cruzar con el aumento de la morosidad, con la caída de consumo. Es la economía. Está peleando con los datos de la economía”.

Por eso, una encuesta reciente da solo un 36% de argentinos con una imagen positiva de Milei y un 56% de rechazo. Los números son malos, pero los de sus rivales no son mejores. El apoyo a Axel Kicillof, gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, está en el 35,6%. Patricia Bullrich, ministra de Interior y posible candidata de los conservadores, tiene un porcentaje similar.

Las expectativas económicas son muy pesimistas. Un 54,7% de la gente cree que la situación está empeorando frente al 34,2% que opina que está mejorando.

La lucha contra la inflación ha conseguido reducirla a un 34% interanual, un logro no menor, ya que llegó a estar en el 287% en abril de 2024. El descenso de la actividad industrial y del sector de servicios ha hecho que los salarios bajen o se congelen y el único recurso de muchos hogares es endeudarse. Cerca de seis millones de argentinos llevan retrasos de al menos tres meses en la devolución de los créditos, sean de bancos, otras entidades crediticias o el pago de los gastos hechos con tarjeta de crédito. Suponen casi una tercera parte del total de créditos personales.

La respuesta de Milei ha sido desentenderse del problema. Es un asunto entre privados y no implica al Gobierno. En agosto, hizo bromas con que la gente se había comprado televisores para ver el Mundial de fútbol y luego no quería pagarlos. Ni siquiera eso era cierto, porque esos créditos de consumo incluían tres meses de demora antes de empezar a devolverlos. Alguien que ha invocado “las fuerzas del cielo” para afirmar que sus ideas triunfarán no se preocupa por esas menudencias.

Los violentos incidentes de Francia del sábado eran demasiado sabrosos como para despreciarlos. Para la extrema derecha, y no solo ella, era otra excelente oportunidad en favor de su mensaje apocalíptico por el que la civilización europea está en peligro por culpa de los extranjeros. “Quizá esté claro ahora para todos por qué Hungría reclama una política lo más estricta posible con la inmigración”, dijo Péter Magyar, primer ministro del país. Magyar abandonó el partido de Orbán y le ganó en las elecciones, pero su mensaje xenófobo no dista mucho del de su antiguo jefe. “Polonia no repetirá los errores de otros países europeos sobre inmigración”, dijo el (presunto) liberal Donald Tusk, que preside el Gobierno polaco.

A seis meses de las elecciones presidenciales, el debate fue lógicamente más intenso en Francia. Marine Le Pen debía compatibilizar su comprensión por la motivación económica de las protestas que debilitan a Emmanuel Macron y sus candidatos centristas con sus constantes apelaciones al votante conservador. “Los liberaremos de las políticas tóxicas macronistas y los protegeremos de la violencia de la extrema izquierda”, dijo. Fue un fin de semana perfecto para la candidata favorita de cara a la primera vuelta de las futuras elecciones.

En España, el interés por rentabilizar las llamas del sábado en varias ciudades es mucho mayor al estar más cerca los comicios. Poco después de que el PP bloqueara en el Senado la aprobación de un tratado de amistad con Francia, Alberto Núñez Feijóo confirmó una vieja tendencia de la derecha por la que nada bueno se puede esperar del vecino del norte: “Las imágenes que nos llegan de ese país nos demuestran que la violencia que está alentando la izquierda radical jamás es el camino para mejorar una nación”.

Era previsible que Isabel Díaz Ayuso le superara por sus propias razones. En su caso, para desprestigiar a los profesores de la educación pública que se han declarado en huelga, además de a la izquierda en general. “Quisiera saber si lo que estamos viendo en el resto de Europa va a trasladarse también a las calles de Madrid con el 'no habrá paz' (por la frase de Manuela Bergerot en la Asamblea), porque se parece bastante a lo que está ocurriendo en otros muchos sitios”. Su gran aspiración es que cualquier atisbo de disturbios en la calle haga que sus votantes se olviden del que podía haber sido su ático.

Con la mayor parte de Europa gobernada por la derecha y la extrema derecha, las manifestaciones de rechazo a una realidad compuesta por salarios insuficientes, viviendas extremadamente caras y pocas esperanzas para los jóvenes deberían reforzar el mensaje impugnador de la izquierda, no tanto en el caso de España al estar en el poder. Para responder a esa posibilidad, en el lado opuesto se apuesta con urgencia por la xenofobia y el racismo, aunque no haya pruebas claras sobre la identidad u origen de los protagonistas de los disturbios.

Con un vídeo del incendio que destruyó casi todo el Ayuntamiento de Limoges, Santiago Abascal lo ofreció como ejemplo de lo que vendrá: “Esto es lo que espera a Europa con el islamoizquierdismo. Bárbaros arrasando todo resto de belleza y civilización”. A diferencia de Le Pen, el líder de Vox no muestra ningún tipo de comprensión hacia ciertas reivindicaciones económicas de la movilización social. Todo lo ve en términos raciales, porque sus propuestas económicas son casi indistinguibles de las del PP, que es algo que no ocurre en Francia.

La policía francesa detuvo el martes al sospechoso de ser responsable del inicio del fuego que destruyó el Ayuntamiento. Resultó ser un francés de 34 años con antecedentes penales, residente en un pueblo cercano y sin conexión con los movimientos estudiantiles.

En lo que sí repite un modelo que se extiende por toda Europa, Abascal eligió una imagen falsa de unos ancianos desnudados por sus agresores y generada por inteligencia artificial. No había que ser un gran especialista para detectarlo con una mano de cuatro dedos y un encapuchado que parecía tener dos cabezas, pero surtió el efecto que buscaba Vox. Tuvo 20.000 'likes' en Twitter y 5.000 retuits. “La izquierda islamista, con el apoyo del Partido Popular europeo, han traído estos salvajes a nuestras calles”, escribió. La cuenta de la que había cogido el vídeo lo borró tiempo después al detectarse el fraude. Abascal, no.

Por mucho que haya habido disturbios muy graves, la movilización de los estudiantes apoyada por otros colectivos sociales ha sido pacífica en su mayor parte. Centenares de miles de personas participaron en las manifestaciones del sábado en toda Francia, pero la atención se centró el día después en los miles que se enfrentaron a la policía o que saquearon tiendas en el centro de París.

El discurso de la Francia laica donde todos los ciudadanos son iguales ante la ley con independencia de su origen social o identidad étnica es uno de los grandes mitos de la sociedad francesa que aún se recuerdan en el exterior con una cierta admiración. En una entrevista con este diario, la escritora Maryam Madjidi cuenta que no le han sorprendido nada las denuncias de los jóvenes: “Se ve que lo que yo sufrí en los años 90, es decir, la farsa de la igualdad de oportunidades. Me hicieron creer que la República era igualdad de oportunidades para todos. De hecho, no era así en absoluto. Porque yo lo descubrí más tarde, cuando entré en un sistema elitista y me di cuenta por completo de que estaba excluida de ese sistema”.

Las consecuencias de esa conmoción social pueden no ser las que pretenden los que salen a la calle. El Mayo del 68 cautivó la imaginación de la izquierda en Europa occidental y algunos creen ver ahora un fenómeno similar. La rebelión de la juventud pretendía despertar a una sociedad adormecida en los últimos años de la era de De Gaulle.

El resultado no fue el esperado. A finales de junio de ese año, se celebraron elecciones legislativas. Ganó el bloque de la derecha con un 57%. La izquierda salió derrotada con un 42% y perdió un centenar de escaños. Las elecciones presidenciales de 1969 fueron para el conservador Georges Pompidou con un 58% de votos en segunda vuelta.

El ministro francés de Interior, Laurent Nuñez, admitió que la policía no había podido hacer frente a la dimensión masiva de los disturbios. El titular de Justicia, Gérald Darmanin, reconoció que las autoridades “habían fracasado sin duda” a la hora de contener la violencia. Por todo ello, Sylvie Kauffmann, columnista de Le Monde, llegó a la conclusión de que “Francia está a la deriva política, fiscal y socialmente”.

Sin mayoría en la Asamblea Nacional y con un déficit público imparable, el Gobierno parece haber sido abandonado a su suerte por Macron. O quizá ya no tiene respuesta para una crisis en ascenso y una contestación social creciente. El día antes de los algo más que previsibles disturbios del sábado asistió con su mujer a un concierto de Céline Dion. Solo sirvió para reforzar la imagen de un presidente que ha dado la espalda a la realidad.

Todos los acontecimientos parecen conspirar en beneficio de Le Pen, que hizo público un vídeo con la escenografía habitual en una declaración presidencial. “Es como si ya estuviera en el cargo, como si ya hubiera llegado al Palacio del Elíseo”, dijo Adélaide Zulfikarpasic, de la empresa de encuestas Ipsos, a The Wall Street Journal. Los macronistas están indignados. “Todo beneficia a la extrema derecha”, reconoció la eurodiputada Nathalie Loiseau, que apoya al candidato liberal Edouard Philippe. “Están sobrevolando la violencia como buitres”.

¿Hasta qué punto mienten los políticos en los mítines de las campañas electorales? ¿Les beneficia ser honestos sobre sus intenciones o deben desnudar sus sentimientos y debilidades y provocar compasión o pena? Son incontables los consultores y asesores que se han ganado unos buenos euros respondiendo a esas preguntas. No todas sus respuestas compensaron el salario que recibieron.

Pedro Sánchez entró a lo grande en la campaña que acaba de comenzar, aunque por un tiempo le llamaremos precampaña (una distinción irrelevante). No por sus propuestas sobre vivienda o por los comentarios sarcásticos sobre Feijóo. Convirtió el mitin de Fuenlabrada del sábado en una declaración de amor a su esposa, que también estaba allí. El público se volvió loco, claro. Estaban ahí para aplaudir y a cambio recibieron una historia de amor. No es poca cosa. Con menos que eso, algunos han ganado el Premio Planeta.

“Nos han intentado quebrar de todas las maneras —dijo Sánchez sin mentar al juez Peinado— y han logrado justo lo contrario. Hoy estamos más unidos y somos más fuertes que nunca. Así que, que lo escuchen alto y claro, te quiero”. Un mensaje destinado a Begoña Gómez, emocionada en la primera fila, y también a todos los votantes. No penséis que esto se ha acabado, en todo lo que ha salido mal en los últimos años. Sigo estando aquí y os quiero. ¿Es mucho pedir que me volváis a votar?

El Perro enamorado es un recurso que suena a desafío a los que quieren acabar con él, y con Begoña. Eso complacerá al núcleo duro de votantes socialistas, los que tienen que cargar las pilas para convencer a otros de que vuelvan a votar al PSOE. Para los que no están muy convencidos, será una forma de hacerles ver que sigue siendo el Sánchez de 2023, el que protagonizó la remontada que no muchos pensaban que fuera posible.

Con riesgo de caer en el estereotipo, se podría decir que sonará muy bien a los votantes de más de 60 años –una cantera sólida de votos para el PSOE– que conservan una relación de décadas con su cónyuge o a los que perdieron al suyo. Cuando todo lo demás te falla, siempre queda el amor.

Aspirar a la reelección desde el poder es una tarea complicada a nada que las cosas no hayan ido como se esperaba. Un ingrediente fundamental de la campaña debería ser prometer lo que se hará en la legislatura siguiente, aunque siempre te pueden preguntar por qué no has hecho nada de eso antes. Prometer más de lo mismo no es una apuesta ganadora. Anunciar a los cuatro vientos que vienen los otros tiene sus ventajas, pero ya se hizo en 2023 y no va a funcionar en cada campaña.

Presentarse como la víctima de fuerzas oscuras que quieren imponer su voluntad a los votantes suena más atractivo. Feijóo, Abascal, los fondos buitre, la CEOE que pretende cargarse la reforma laboral, los oligarcas de Silicon Valley como Elon Musk... La lista de candidatos siempre es larga.

Muy metido en la estrategia de demolición del adversario, el Partido Popular no estaba dispuesto a dejar pasar tal demostración de amor verdadero, casi lacrimógeno. Recurrió a la inteligencia artificial para poner a Sánchez besando a José Luis Ábalos o en un vídeo con el mismo protagonista. Carnaza para las redes sociales, que son un pozo donde el odio tampoco necesita ingredientes muy complejos. Es perfecto para Sánchez, más pruebas de que él es la víctima a la que persiguen unos cuantos depredadores insaciables.

Para alguien tan envarado como Alberto Núñez Feijóo, lo de los sentimientos es un camino no muy provechoso hacia la victoria. Si se aleja del texto preparado de los discursos y se deja llevar por la espontaneidad, le puede pasar cualquier cosa. Lo mismo confunde Huelva con Huesca o se equivoca con el nombre del candidato del PP a quien tanto admira. Él prefiere ir sobre lo que cree que es seguro.

Subir el termómetro de la crispación a niveles infinitos como ha hecho el PP ha tenido un gran efecto en alimentar las aspiraciones de Vox, mientras las encuestas que han sido más favorables para la derecha y la extrema derecha indican que el PP se podría quedar igual que en 2023 o incluso por debajo. Ya lo dijo José María Aznar este mes: “No es lo mismo un PP con 140 escaños y Vox con 60, que un PP con 165 y Vox con 35. La segunda fórmula permite afrontar los problemas del país. La primera, no lo tengo claro”.

No parece que Feijóo haya entendido ese mensaje o quizá lo que le ocurre es que se ha resignado a ese primer escenario que no convence a Aznar. Este fin de semana, ha vuelto a apostar por el mensaje revanchista que tanto gusta a los que ya están convencidos de votar al PP. “Que tenga cuidado el clan de Sánchez, que viene el PP”, dijo. Suena perfecto para movilizar al electorado de izquierda, hasta aquellos hartos de las peleas internas de sus partidos. Si no eran conscientes de las consecuencias de quedarse en casa el 29 de noviembre, el PP hará lo posible para que lo tengan muy presente.

Nunca hay que subestimar la capacidad del PP de tropezar dos veces en la misma piedra en una campaña y quedarse a vivir en ella. Cuando no es Ester Muñoz diciendo que el sistema público de pensiones “va a petar” es Alma Ezcurra afirmando que el derecho a la vida “es el derecho más importante, junto con la libertad, y es un principio rector de toda nuestra política”, lo que ya nos podemos imaginar dónde deja el derecho al aborto. Feijóo pide “sacrificios” a los ciudadanos, como si la economía estuviera hundida y tocara, como en tiempos de Rajoy, decir a la gente que ha vivido por encima de sus posibilidades.

Ni siquiera sus partidarios entienden esta clase de errores no forzados. “Cualquier becario de consultoría sabe que las pensiones son pura nitroglicerina política, una materia líquida que explota si se la agita. Sacar a relucir su presumible insostenibilidad en época electoral constituye un gesto suicida”, escribió un columnista de ABC. Igual es que hay demasiados asesores con el colmillo afilado en el PP y les faltan becarios que conozcan ciertos principios básicos de la política.

Cuanto más tropiece Feijóo, más bailará Sánchez. El presidente adusto, algo demacrado y casi superado por los acontecimientos de los meses más recientes ha dado paso al Sánchez enamorado que se pega un bailoteo al son de una canción que dice: “Ella es mi mundo. Ella es mi baby. Cuando estamos juntos, to' desaparece. Todo en un segundo”. Las expectativas electorales continúan siendo las que son, no muy favorables, y no van a desaparecer con dos mítines, pero al menos el baile y la declaración de amor no se los va a quitar nadie.

Espectáculo dantesco. Vodevil. Culebrón. Son las palabras con las que Gabriel Rufián ha descrito todo el fracasado proceso de negociación de candidaturas de la izquierda de esta semana. Viniendo de alguien que decía que esa unión era esencial para frenar a la derecha y que contribuyó a prender fuego a ese proceso con el anuncio de su acuerdo bilateral con Irene Montero, todo resulta un tanto ridículo. Luego pidió disculpas por la parte que le toca, pero él era muy consciente de las consecuencias que tendría ese pacto. 

Por definirlo en pocas palabras, Rufián hizo lo que Rufián había dicho meses antes en el Congreso que no había que hacer. Preocuparse por los votos que puede sacar tu partido a costa de poner más difícil un acuerdo ya de por sí muy complicado. ¿De qué serviría arañar unos cuantos escaños más si luego debes enfrentarte a una mayoría de la derecha y la extrema derecha en el Parlamento?, decía. Insistió en ello en varias ocasiones. “Nos van a fusilar políticamente por separado”, dijo en el acto que compartió con Emilio Delgado, de Más Madrid.

No sé si nos van a fusilar, pero Rufián es de los pocos que ha salido de todo ese “vodevil” con los objetivos cumplidos: reforzar su control del futuro grupo parlamentario de Esquerra, acaparar titulares y comprometerse a intervenir en mítines de Montero en Madrid. Los partidos agrupados en la antigua coalición de Sumar reaccionaron perplejos, porque sabían que Podemos había obtenido lo que quería. Asegurar el escaño para su líder y ofrecerse como la única alternativa de izquierdas en toda España. Lo dijo Ione Belarra: “Las personas que mejor pueden hacer equipo son Gabriel Rufián e Irene Montero”. Los demás eran prescindibles.

En la entrevista en TVE, Silvia Intxaurrondo preguntó directamente a Montero si estaban dispuestos a integrarse en la coalición del Frente Amplio. No se puede negar que la respuesta fue clara: “No”. Intxaurrondo se quedó un poco ojiplática e insistió. Montero lo repitió: “No”. A partir de ahí, había pocas dudas sobre lo que iba a pasar.

Podemos está convencida de que Montero es la candidata perfecta para iniciar su resurrección. Seguro que hace una buena campaña con su estilo enérgico y apasionado, pero no tiene garantizado el éxito ni mucho menos. Ella ya encabezó la campaña de Podemos en las europeas de 2024 y sacó un 3,3% con 225.000 votos menos que el partido de Alvise Pérez.

Desde esa entrevista televisiva, comenzó una loca carrera que ya hemos visto antes. En 2023, también hubo maniobras de última hora para obtener un pacto de mínimos. Salió bien. Permitió que Sumar llegara al 12% de votos, que fueron decisivos para impedir que el PP y Vox alcanzaran la mayoría absoluta. La concordia de Sumar y Podemos solo duró unos meses. Ahora las expectativas son mucho peores y quizá varios actores políticos han reaccionado pensando más en cómo quedarán ellos después de las elecciones que en cualquier posibilidad de optar a la victoria. Todo tiene un aire deprimente a pacto de perdedores. 

Irene de Miguel, líder de Unidas por Extremadura, aportó el viernes la cordura que muchos líderes necesitan: “No sé qué pasará hoy pero lo que es evidente es que existe una brecha cada vez mayor entre lo que sucede en Madrid y la política que hacemos en las periferias. Muy harta (de) quienes solo piensan en ganar el relato pero olvidan que hay que ganar un país”.

No es una casualidad que su candidatura al frente de la coalición Podemos-IU aumentara sus votos en las últimas elecciones autonómicas. De Miguel siempre ha creído que, entre sus funciones como dirigente de Podemos, estaba proteger la unidad de los partidos de izquierda que comparten mensaje. Los resultados de Sumar o Podemos han sido tenebrosos en las demás contiendas autonómicas.

Javier Sánchez Serna, diputado de Podemos en esta legislatura, avisó el viernes a todos los implicados de las consecuencias de un divorcio. “Si no hay unidad, si con nuestra división contribuimos a la llegada de un gobierno de PP-Vox, quedaremos desacreditados para muchos años”. Veremos si se cumple su pronóstico. 

El pacto con Rufián dejaba a Podemos sin muchos incentivos para buscar el acuerdo con el Frente Amplio. Se basaban además en una premisa ofrecida por Pablo Iglesias en TVE unos días antes del acuerdo de Podemos-ERC que finalmente no se cumplió: “Izquierda Unida va a llamar a la puerta de Podemos”. IU siguió apostando por la fórmula del Frente Amplio y la candidatura de Ada Colau. 

El viernes fue el último día con las habituales ofertas de última hora condenadas al fracaso. Dos horas antes del final del plazo para presentar coaliciones, el Frente Amplio ofreció a Podemos la integración en las listas de toda España con la inclusión de Irene Montero como número dos en la candidatura de Madrid. Era una concesión relevante en la medida de que Más Madrid había intentado controlar la lista por esa circunscripción y seguro que no estaba pensando en colocar a Montero en un puesto de salida.

Existía el inconveniente de que esa propuesta incluía Catalunya, lo que podía colisionar con el pacto de Podemos con ERC al que el partido de Montero no iba a renunciar. Era ya el momento en que todos buscaban eso que había denunciado De Miguel: ganar el relato, alegar que se había hecho todo lo posible para obtener el acuerdo y sostener que la culpa es de los otros.

Cómo iba a haber acuerdo si Belarra había dicho que “el cambio de nombre Sumar-Frente Amplio es un juego de trileros para no hablar de lo que hay que hablar, y es que esta legislatura ha sido un desastre en términos de avances progresistas”. El partido aceptó lo que le pedían sus direcciones regionales para sus territorios. Los que viven lejos de la M30 sabían que el pacto de toda la izquierda era necesario, porque todos vienen a defender ideas muy similares. Pero IU planteaba como exigencia un acuerdo nacional. Solo lo hubo en la Comunidad Valenciana y en Canarias, y en la primera estuvo a punto de venirse abajo. 

Ese mismo día, se supo que Rufián ha escrito un libro que se publicará dentro de unos días. Es la coda irónica a lo que acaba de ocurrir. Se titula 'Cómo ganar a los fachas (leer antes de votar)'. Seguro que no se consigue con el espectáculo ofrecido esta semana. 

El PP va a petar con las pensiones

Esta semana, hemos visto en redes un titular de ABC de 1983. “El futuro de los jubilados está en peligro”. Citaba un informe de la OIT. En 2018, publicamos un artículo titulado “35 años de amenazas fantasmas al sistema público de pensiones” con esa misma imagen. Rodrigo Ponce de León escribía esto sobre el periodo de tiempo en que todo se iba a ir al garete: “La fecha del desenlace fatal se ha ido retrasando: primero era 2015, posteriormente la caída del sistema sería en 2020, unos años más tarde las pensiones públicas desaparecerían en 2030 mientras que en la actualidad la frontera en la que los expertos apuntan que el sistema no podrá pagar la jubilación es 2050”.

Las razones aducidas siempre son las mismas. El sistema público de pensiones es demasiado generoso. La gente vive muchos más años y hay que elevar la edad de jubilación. La presión demográfica hará que el número de pensionistas termine siendo muy elevado. Curiosamente, nunca se dice que haya que prohibir que las grandes corporaciones pacten con los trabajadores jubilaciones anticipadas masivas con el fin de reducir sus costes laborales.

Todas aquellas opiniones que afirman que el sistema de pensiones puede acabar en la bancarrota olvidan un hecho obvio. Ese sistema solo puede quebrar si el Estado quiebra. Si no es el caso, seguirá existiendo. Otra cosa es que el incremento de la partida de pensiones en los presupuestos alcance niveles muy altos. Pero nadie dice que el gasto militar o el de educación vaya a quebrar y que nos veamos obligados a cerrar el Ejército o la mitad de los colegios. 

Como porcentaje del PIB, el gasto de pensiones en España es inferior al de los demás países de Europa occidental. Eso no quiere decir que sea pequeño ni que sea un asunto políticamente irrelevante ante el que no hay que hacer nada. En España, ya se hizo. En mitad de la crisis económica y con la presión de Bruselas, el Gobierno de Zapatero aprobó un aumento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años. 

Sin duda, es un asunto delicado y ningún partido va a entrar en una campaña electoral en una época de gran crecimiento económico diciendo que hay que cortar el grifo. ¿Ningún partido? El Partido Popular ha vuelto a demostrar que es capaz de crear sus propios muros para empotrarse en ellos a gran velocidad. 

Al volante del coche suicida estaba hace unos días su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, que dijo: “Tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo porque el sistema como está no va a funcionar y va a petar”. Se armó un barullo y ella intentó matizar sus palabras con lo que consiguió hundirse un poco más: “Cuando digo que puede petar, lo digo en los términos que utiliza la gente joven”. Bonita forma de llamar ignorantes a los jóvenes. Feijóo tuvo que coger el volante para cortar la hemorragia de votos y decir que el PP subirá las pensiones al mismo ritmo que el IPC.

El vicepresidente Carlos Cuerpo respondió que eso no tiene mucho mérito porque esa subida de las pensiones está marcada por una ley aprobada por el Congreso. Cuidado con eso. Un Congreso con otra mayoría podría cambiar esa ley, como todas las demás. 

En un plano humorístico pero revelador, hay que destacar la intervención de Eduardo Inda en el programa 'Horizonte'. Pidió al PP que mantenga ocultos sus planes: “Insisto: que se callen con las pensiones en el PP. Que hablen el 30 de noviembre, el 1 de diciembre, el 10 de enero, cuando ya estén formando Gobierno, pero antes por favor que estén callados”. Iker Jiménez le dio la razón: “Tiene que ser listo, como pillo es un futbolista. No tiene que ser franco”. 

Pues claro que sí. Dónde se ha visto que un partido político sea honesto sobre sus intenciones en una campaña. Ni se te ocurra contar lo que vas a hacer si llegas al Gobierno. Imagínate que se enteran los votantes.

Sobre la cuestión de fondo, no viene nada mal leer este artículo de Laura Olías: “Por qué el sistema público de pensiones ni 'está quebrado' ni 'va a petar' como dicen PP y Vox”. 

El supuesto alto el fuego aceptado por Israel no ha impedido los ataques frecuentes contra Gaza. Hay otro asunto no menos grave. La reconstrucción de un lugar casi totalmente destruido ni siquiera ha empezado. Isaac Chotiner entrevistó hace unas semanas a Jaser Abu Mousa, del 'think tank' Middle East Institute y que nació en Gaza. Su esposa y dos de sus hijos murieron en ataques israelíes al comienzo de la guerra. A principios de 2025, su madre, de 75 años, su hermana y los hijos de esta corrieron el mismo destino. Estas son algunas de sus opiniones.

“Lo que sabemos es que, a causa del control israelí del 70% del territorio de Gaza, unos dos millones de personas están comprimidos en el 30% del territorio. Sabemos que el 81% de Gaza está dañado o destruido, y que más de 300.000 viviendas quedaron completamente destruidas durante la guerra, además de escuelas y otras infraestructuras, como clínicas, hospitales y mezquitas”.

Muchas personas prefieren seguir viviendo en las ruinas de sus casas antes que en tiendas que les dan una protección escasa contra las inclemencias del tiempo y las ratas que propagan enfermedades. Algunos intentos de volver a las actividades normales de la vida cotidiana anterior afrontan problemas obvios:

“Se ha comenzado a reabrir restaurantes. Se celebran más bodas. Pero todo esto no oculta el hecho de que no está entrando material de construcción en Gaza. No hay equipamiento que sirva para limpiar los escombros. Hay muchas limitaciones (para meter material en Gaza), incluso sobre la comida, como la mantequilla de cacahuete. Quedé sorprendida al saber por el personal de la ONU que no se permite la entrada de mantequilla de cacahuete en Gaza”.

Lo de la mantequilla es otro intento de castigar a los gazatíes. Podría ser más valioso de lo que parece a primera vista, porque sirve de suplemento nutritivo cuando no se está comiendo lo suficiente. Los israelíes no dejan que entre al considerarlo un producto de “lujo”.

Las tierras agrícolas que existían en Gaza forman parte de las zonas ahora ocupadas por tropas israelíes en las que los palestinos tienen prohibido entrar. Si lo hacen, les disparan con intención de matar. Según Abu Mousa, la producción agrícola actual ha quedado reducida al 3% o 5% de la anterior. La comida solo puede ser importada y solo llegan productos permitidos por Israel.

Después de tantas décadas de complicadas y azarosas negociaciones entre partidos políticos de la izquierda, la carrera por llegar en buenas condiciones a las elecciones de este año ha ofrecido un nuevo capítulo: el acuerdo entre dos personas en el que esas dos personas parecen ser las principales beneficiarias mientras los demás partidos se quedan mirando la escena desde la grada con cara de haber sido engañados. O quizá lo que pasó es que se engañaron a sí mismos.

La entente entre Gabriel Rufián e Irene Montero ha sido ofrecida por la segunda como un ejemplo de “acuerdo entre diferentes” y que “es algo que la gente nos está pidiendo”. No supone la formación de ninguna coalición. Cada uno se presenta por su lado. Podemos, que es casi inexistente en Catalunya, podrá meter a algunos de sus candidatos en la lista de Esquerra en puestos secundarios y como independientes. El premio será contar con Rufián como estrella invitada en varios mítines. Como un fichaje de fútbol poco antes de empezar la temporada. “Gabriel Rufián y yo vamos a hacer equipo en estas elecciones y eso es lo que hemos pactado”, dijo Irene Montero en TVE. Con una sonrisa tan amplia que parecía que le había tocado el cuponazo.

No está el tiempo para que la izquierda se muestre muy optimista, pero Montero estaba entusiasmada.

El portavoz de Esquerra en el Congreso se ha pasado meses advirtiendo a las izquierdas de que la unión no es una posibilidad, sino una obligación. Que es ridículo que cada partido se dedique a pelear por arañar unos escaños más que serán inútiles si se produce una oleada reaccionaria en las urnas. A veces, lo ha expresado en términos algo más que dramáticos. “Si no nos ponemos de acuerdo, nos van a matar por separado... políticamente”, afirmó hace un año en el Congreso.

Ahora se ha limitado a sellar un acuerdo que su propio partido contempla con escepticismo con el fin de apoyar a otro partido que aparece en todos los sondeos desde hace más de un año con el 2% o 3% de los votos.

Existe la sospecha en otros partidos de que esto no es algo que se haya negociado en los últimos días, porque lleva preparándose desde hace tiempo. Debía mantenerse en secreto para no generar más críticas a Rufián dentro de Esquerra. Una vez que se supo que tres diputados no repetirían en las listas del Congreso por sus malas relaciones con su jefe y que el partido confirmó la candidatura de Rufián, había vía libre para hacer el anuncio.

Los que han quedado fuera de este pacto se apresuraron a marcar sus límites. A dejar claro que ellos van por otro lado. Izquierda Unida, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar confirmaron que Ada Colau será la candidata principal del Frente Amplio. Ella ya avisó que daría un paso al frente si había acuerdo entre los partidos de izquierda, y eso incluía a Podemos, que ahora tiene otros planes.

En un vídeo difundido el martes por la tarde, Colau dice que esa oferta es “un honor”, pero no confirma por completo que vaya a aceptarla. Prefiere hacer hincapié en que el objetivo sigue siendo una candidatura única de todas las fuerzas de izquierda y que trabaja para conseguirlo.

“Todavía hay tiempo”, dice dos veces, aunque el plazo para presentar coaliciones acaba este viernes a las doce de la noche. Es una de las cosas que más irrita a los votantes de izquierda. Esperar y esperar hasta que la cuenta atrás se te echa encima y debes hacer en tres días lo que no has podido hacer en tres años.

En una unión en la que Montero no sea la número uno y diluido entre otros partidos con los que ha tenido claras diferencias, no es extraño que Podemos vea más atractivo su romance con Rufián. Ione Belarra lo definió el martes de esta forma: “Es el equipo titular, el que puede ganar este partido”. Ellas son las titulares, los demás son los suplentes.

Quienes se lo tomaron como algo personal fueron los Comuns: “Gabriel Rufián venía a unificar a las izquierdas y está haciendo todo lo posible para dividirlas”. El dirigente de Esquerra aspira a que no se repitan los resultados de las elecciones generales de 2023 en Catalunya, cuando Sumar superó a la candidatura que él encabezaba por 31.000 votos. Esa es la forma en que ha convencido a los demás dirigentes de Esquerra que el partido también puede salir ganando con todos estos movimientos. Algunos no estarán contentos. Van a tener que tragar con que Rufián haga campaña algunos días fuera de Catalunya. Tampoco es que les sobren los votos.

Rufián ha respondido a las críticas con dos tuits en los últimos dos días. En el primero, comenzó con un mensaje tajante: “Yo no voy a contribuir al culebrón turco de nadie”. Otra señal de que sus prioridades son distintas a las de los demás. “Yo voy a intentar que haya una colaboración entre las izquierdas soberanistas y españolas REAL hasta el final”. Los Comuns ya han dicho que no están dispuestos a hacer lo mismo que Podemos. A pesar de que las encuestas les muestran muy débiles, pasar a ser inquilino del piso de Esquerra supondría su desaparición como partido.

“ERC y Comunes deben hablar, escucharse y entenderse para desbloquear la situación”, dijo el martes en un segundo mensaje. Su partido le respondió rápido. Esquerra se presentará en Catalunya con sus propias siglas y programa. Se desconoce qué margen de acuerdo puede haber entre ambos y por qué Rufián lo plantea como una exigencia que parece inviable. Él dice que hará lo que sea posible para propiciar ese acuerdo. “Lo demás es intoxicación y mentira”. Llamar intoxicadores a los que dudan de tu palabra en política es una práctica muy extendida.

La gira de Rufián sirvió para agitar las aguas de la izquierda, pero el gran objetivo era reforzar su posición en el partido y en las listas electorales. Nunca iba a ser otra cosa que candidato por ERC. Para Podemos, por muy mal que vayan las cosas, pasearte con el primo de Zumosol por la campaña es indudablemente mejor que ir solo. De las filas del nuevo Frente Amplio, cada día sale una idea diferente filtrando nombres de candidatos, lo que solo contribuye a enfadar a los otros. Pero, como dice Colau, todavía queda tiempo. Lo difícil, después de tantos años de malas relaciones personales y compromisos abandonados, es saber para qué.

Siete palabras y ya tienes montada una conspiración. Investigar un caso de corrupción requiere con frecuencia años de pesquisas, informes policiales, interrogatorios de testigos e imputados. Muchas pistas que parecían prometedoras se quedan por el camino. Otras sirven para armar un caso sólido. Pero si solo quieres munición para la batalla política, no necesitas ser tan remilgado.

En las últimas semanas, el Partido Popular cree que tiene pillado al PSOE por un asunto sórdido, pero con muy pocas pruebas. Esas siete palabras están en la base de la acusación. Aparecen en una agenda de Leire Díez y están fechadas en marzo de 2025: “Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano”. La jueza sería Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez que acabó en juicio y condena. La Celsa es el apodo de una mujer que forma parte de una organización de delincuentes de Badajoz. En el fondo del asunto está una supuesta operación para intimidar a la jueza o algo peor por parte de lo que el PP y algunos medios llaman “las cloacas del PSOE”. 

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz aceptó que Biedma se personara como acusación particular solo por un delito de calumnias. No fue más lejos, porque “no es posible abrir una línea de investigación por cada una de las anotaciones que aparecen en las múltiples agendas” de Díez. Sobre todo, si son un tanto crípticas. En ese momento, la historia ya había aparecido en varios medios en los términos más alarmantes. Se decía que la trama de Díez había intentado encargar la eliminación de la jueza, o que le dieran un “sustillo”, a un clan de narcotraficantes de Badajoz llamado Los Rochos con un largo historial de delitos.

La historia fue engordando gracias a filtraciones policiales y el PP no tardó en recoger esas especulaciones presentándolas como hechos confirmados. Ester Muñoz se refirió al asunto en la sesión de control del 23 de septiembre. Según la diputada, el mensaje fue: “Eliminen a Biedma y la justicia eliminará sus casos”. Destacó como un hecho singular que el Gobierno intentara “corromper” a un grupo de delincuentes, que se supone que ya venían corrompidos de casa, y que estos se negaran a aceptar el encargo. Una semana después, volvió a hablarse de ello en el Congreso. Esta vez, fueron tres los diputados del PP que lo hicieron.

Quien lo hizo con más ahínco fue Miguel Tellado. Intentó implicar directamente al ministro de Justicia, Félix Bolaños: “Usted estaba, de la mano de Leire, hablando con la fiscalía para ayudar al clan de Badajoz”. Dando por hecha una acusación que no está probada y que no se sabe muy bien de dónde sale, siguió: “¿Quién dio la orden para que se redujeran las penas al clan?”. El PP empleaba un argumento de lógica discutible. Los actos violentos no se habían realizado por la negativa del clan, como dijo Muñoz, y al mismo tiempo la fiscalía les había premiado aunque no hubieran hecho ese trabajo. Ya sabemos que la coherencia de los argumentos no es un requisito esencial en las sesiones de control, donde la prioridad es atizar al rival en toda la cabeza con el martillo más grande. 

¿Habló Leire Díez con esa mujer del clan? Quien lo hizo fue el exjuez Luis Sáenz de Tejada y fue a iniciativa de la presunta delincuente. Él fue expulsado de la carrera judicial por un caso de violencia machista y desde entonces tiene montada una cruzada personal contra los juzgados de Badajoz para lo que utiliza una cuenta de YouTube. La mujer del clan había visto una de sus intervenciones y se puso en contacto. Ahí tuvo lugar la conversación en la que el exjuez habló de pegar un susto a Biedma (“era un puto grano en el culo y que había que eliminarla”). Los entrecomillados son de la declaración de esa mujer que aparecen en el atestado policial y de ahí han partido a toda prisa hacia los medios.

Sáenz de Tejada parece un personaje con el que nadie en su sano juicio debería relacionarse. En sus comentarios en el canal de YouTube, el exjuez lanza acusaciones contra la “mafia judicial” de Badajoz, a veces vistiendo toga o dejándola colgada detrás para que se vea en el plano. No es el tipo de persona que puede conseguir que la fiscalía reduzca la pena de un preso. 

Aunque ha participado en algún programa de grupos conspiranoicos de la extrema derecha sobre la pandemia, Sáenz de Tejada debió de parecer una fuente interesante de información para Leire Díez, siempre dispuesta a hablar con gente que pudiera desacreditar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE. Y ya sabemos que sin ningún éxito.

Si se prueba que cumplía órdenes de Santos Cerdán en su calidad de secretario de Organización, algo que este niega, eso dañaría gravemente la reputación del partido, por mucho que solo él supiera lo que estaba haciendo. A fin de cuentas, fue Pedro Sánchez quien lo puso en el puesto, como había hecho antes con Ábalos.

Esta semana, se ha conocido el contenido del último informe de la UCO, cuyo único indicio seguro es la existencia de esa conversación entre Sáenz de Tejada y la integrante del clan de Los Rochos, que por lo demás niega haber cometido algún delito. No hay mucho más, aparte de las deducciones que aparecen de forma habitual en los informes de la UCO. En este caso, señalar que la trama “se habría valido especialmente del exmagistrado Luis Sáenz de Tejada para desestabilizar el proceso judicial que afectaba al hermano del presidente”. Para ello, cuenta con las anotaciones de Javier Pérez Dolset, colaborador de Díez, que se reunió con el exjuez, presumiblemente informó de ello a la exmilitante socialista —y de ahí sale la anotación con las siete palabras— y mantuvo contacto con él. 

En su declaración del jueves en la Audiencia Nacional, la jueza Biedma citó hechos sospechosos que le hicieron pensar que la estaban vigilando. Dijo que sintió “temor” por ella y sus hijas, pero que no le influyó en su trabajo en la instrucción del caso de David Sánchez.

En el recurso de su abogada contra la personación de Biedma en el caso, Leire Díez afirma que lo único que hizo ella fue “haber recibido dichas denuncias (contra Biedma) y haber mantenido conversaciones con el Sr. Sáenz de Tejada sobre las mismas”. Un relato más detallado de todos estos hechos se puede leer en este artículo de Pedro Águeda y Elena Herrera.

Como suele ocurrir con todas estas historias de corrupciones, tramas y conspiraciones, el lugar en que se rentabilizan a tope es el programa de Iker Jiménez en Cuatro. Los más leves indicios se convierten en hechos inapelables. Las sospechas más locas son la verdad revelada. Sáenz de Tejada aparece descrito como “el enviado de Leire”. La gravedad de los hechos confirma que la mafia está en el poder: “Mañana pueden venir a por cualquiera de nosotros”, dijeron en el programa 'Horizonte' del 22 de septiembre. Ellos también cuentan con un juez loco, este en ejercicio. Jesús Villegas dijo que “hemos cruzado una línea roja” y que todo esto ya es “como en los años treinta”. Uno de los periodistas tuvo a bien comunicar que la jueza Biedma “es una seguidora incondicional del programa”. 

Iker Jiménez daba la nota del abochornado por el punto al que hemos llegado: “¿A qué nivel se ha descendido? ¿A qué abismo se ha descendido?”. 

El PP lo tiene claro. Hemos llegado al momento en que no se desperdicia nada. Alberto Núñez Feijóo ya habla como Iker. En su discurso del jueves ante la Junta Directiva Nacional del PP, dio por hecho que todo lo que se ha contado es cierto y que tenemos delante “un abismo moral”. Había en su discurso un gran espacio abierto para la creatividad. “Hoy la Audiencia Nacional investiga si el PSOE quiso contratar a sicarios”, dijo, a pesar de que el juez Pedraz no ha imputado a nadie por estos hechos relacionados con Biedma. “Pedro Sánchez debe decir hoy mismo quién dio la orden de deshacerse de la jueza”.

A Feijóo no le importa nada la presunción de inocencia cuando alguien relacionado con el Gobierno es investigado por la justicia. No si se trata de alguien del PP, como el alcalde de Móstoles. En el caso del exministro Jorge Fernández Díaz y toda su cúpula policial, que esperan sentencia tras el juicio de Kitchen, sencillamente no habla de ellos. Como si no existieran. Pero cuidado con la historia de Badajoz. Allí no hay imputados, pero sí culpables, según Feijóo.

Como el programa 'Horizonte' es un bar en el que todos compiten a ver quién llega más alto, finalmente Eduardo Inda dio la nota que ya era difícil de superar. A pesar de que no hay bulo que él no haya abrazado con pasión, tuvo que admitir que lo de Badajoz no es el Watergate extremeño. “Si llegan a ser más listos, hubieran hecho mucho daño”, dijo uno de sus colegas de mesa. Sobre todo, si hubieran cometido algún delito grave. Eso sí que haría daño. Inda lo explicó a grandes voces: “¡Son Torrentes!”. Y después despejó cualquier preocupación. “La jueza Biedma es ahora la persona más segura de España”. Al final, va a resultar que el abismo no era tan profundo como nos contaron.

Alberto Núñez Feijóo ofreció sus condolencias en la noche del miércoles al conocerse la noticia de la muerte de Maricarmen Abascal. “Ante la muerte de una persona, solo cabe el respeto”, dijo. Al día siguiente, ya se había subido al carro de combate que no abandonará en lo que queda de campaña. Tocaba cargar contra todos aquellos que han denunciado a los que no hicieron nada para impedir el desahucio que finalmente llevó a Maricarmen a la tumba.

El líder del PP no tiene esto último entre sus prioridades. Si fuera así, lo habría mencionado en su discurso ante la Junta Directiva Nacional del PP. Lo que realmente le preocupaba es que esa muerte reforzara la acusación a los partidos que votaron contra la prórroga del escudo de los desahucios en el Congreso: “No vamos a permitir el intento de manipulación emocional de los españoles. No va a colar”. Qué es eso de que haya tanta gente que hable de empatía, de compasión o que afirme que el sistema político tiene alguna responsabilidad sobre la muerte de una anciana.

Al igual que otros dirigentes del PP, Feijóo no tuvo tanta consideración ni alzó la voz cuando varios medios de comunicación de la derecha se lanzaron contra Maricarmen bien escarbando entre las riñas de vecinos de un edificio, bien afirmando que solo era una pieza del tablero político colocada y movida por el Gobierno. La incomodidad del PP era evidente. Temían que el debate sobre la vivienda y los desahucios expulsara a la crisis de Ceuta de los titulares. Después de dos meses hablando de Ceuta, un asunto que no ha acabado ni mucho menos, confiaban en que siguiera monopolizando la atención de partidos y medios.

Lo que ocurrió fue tan deplorable como previsible. Los que se burlaron de Maricarmen, los que la desacreditaron por sus problemas con los antiguos dueños y los que la tacharon de marioneta negándole su dignidad, todos ellos dijeron después que los que la defendieron eran los culpables de su muerte. Chapu Apaolaza, de ABC, insistió en que había habido un “casting” organizado por Moncloa para elegir una víctima propiciatoria y “utilizarla para sus maniobras políticas”. Es lo que había dicho en el programa 'Horizonte' de Iker Jiménez en Cuatro.

En la misma línea, Agustín Pery, en el mismo periódico, reforzó la hipótesis de que solo era un peón. Los culpables eran muchos y estaban todos en la izquierda: “Su vida, buena o mala, dejó de pertenecerle en el mismo instante en que actores, cantantes y activistas de la nada, primero, y políticos, después, decidieron que había que enarbolarla, exhibirla como una Lady Godiva”.

El testimonio de las personas que conocieron a Maricarmen no podía ser más diferente. La periodista de La Sexta Andrea Ropero, que la entrevistó en su hogar justo antes del desahucio, recordó que “ella quería que esa imagen llegara a todo el país para que todos fueran conscientes de lo que es un desahucio”.

Después de años de lucha para conservar la casa de la que la empresa Urbagestión quería expulsarla, sabía muy bien lo que estaba haciendo y por qué: “Maricarmen tenía un problema que entendió desde el principio, que no era un problema individual que le afectara a ella, por ser Maricarmen en este caso, sino que era un problema colectivo”, explicó su abogada, Beatriz Duro.

Lo dijo ella misma en una entrevista en octubre de 2025: “Que me corten el cuello, vale, pero me lo van a cortar luchando. No sentada en la butaca, no marchándome por la noche con la maleta, porque ya no aguanto más los acosos”. Tenía su carácter –de eso no cabe duda–, por lo que no puede haber más desprecio que creer que ella se había dejado manipular por otros.

La máxima agresividad política se produjo en las instituciones madrileñas, lo que no es una novedad. El PP se negó a que se hiciera un minuto de silencio en el pleno del jueves en el Ayuntamiento de Madrid. Los socialistas utilizaron su turno de palabra para que se produjera ese minuto en pie. Los concejales del PP se quedaron sentados.

Rita Maestre, de Más Madrid, lanzó una acusación directa contra el alcalde: “No hizo nada cuando Maricarmen lo pidió. Solo actuó (como mediador) cuando los buitres que se querían forrar con su vida y con su casa necesitaron lavar su imagen”. Almeida devolvió el golpe y dijo que “Maricarmen es una estrategia electoral, es un señuelo para tratar de permanecer en el poder”. También consideró que era una humillación para esa mujer el hecho de que el minuto de silencio durara 40 segundos. Estaba en contra del minuto y también contra el hecho de que durara menos de un minuto.

En la Asamblea de Madrid, ocurrió algo parecido. Díaz Ayuso apostó por su estilo de costumbre centrado en buscar la ofensa personal al decir que el Gobierno no da “pisos a mujeres como Maricarmen”, sino “a amantes como Jéssica”. “En las calles de Madrid no va a haber paz”, le avisó Manuela Bergerot. Ayuso se sintió amenazada: “Cuando ustedes han dicho que no va a haber paz, ¿nos están amenazando? ¿Físicamente?”. Por la tarde, Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño, fue a la policía a denunciar las palabras de Bergerot. Luego, la llamó “choni indocumentada” en las redes.

Madrid tiene la habilidad de sacar lo peor de la política.

La emoción y la furia con que fue recibida la noticia de la muerte de Maricarmen hizo que en la derecha se recuperara el discurso de los dos extremos, ahora un poco más en desuso, porque uno de ellos, la extrema derecha, será esencial para que Feijóo pueda llegar a Moncloa.

Fue aprovechado por uno de sus mayores soportes mediáticos. A cuenta de lo que se había podido leer en las redes sociales, Pedro J. Ramírez sostuvo que “desde los dos extremos” se había echado “leña al fuego de la crispación”. Su diario, El Español, fue el que publicó un artículo con el que presentar a la anciana como alguien que hacía cosas tan reprochables como “ir al bingo” o protestar a los vecinos por el ruido que hacían los niños. La clave era quitarle la condición de víctima que la izquierda le había entregado.

Por mucho que la responsabilidad sobre la situación de la vivienda alcance a todas las instituciones, incluido el Gobierno central, y a que es seguro que Pedro Sánchez no cuenta con muchos partidarios en la acampada de Sol en Madrid, es el PP el que prefiere que no se hable más de Maricarmen. No ha llegado al extremo de desacreditar a la anciana, como han hecho columnistas de medios como El Español, The Objective o ABC, pero no le conviene que se hable tanto de vivienda ni de la deuda que la sociedad tiene con los ancianos que son desahuciados.

Para el PP, todo se reduce a prometer la construcción de un millón de viviendas y dejar que el mercado haga lo que tenga que hacer en la búsqueda de beneficio. Todo lo demás acarrea una tensión que no hace ningún bien a sus intereses electorales. No es momento para preocuparse por ancianas con problemas.

Sin piedad. No se hacen prisioneros. No habrá cuartel ni misericordia con el enemigo. Alberto Núñez Feijóo va a la guerra con el cuchillo entre los dientes y fue a dejarlo claro al lugar en que un baño de sangre es una consecuencia tan inevitable como deseable de todas las contiendas políticas. La Junta Directiva del PP de Madrid es el escenario perfecto para que el ardor guerrero fluya por las venas. Allí estuvo el líder del PP el lunes por la noche ofreciendo una arenga que, contra lo que suele ser habitual, no fue retransmitida por el partido en sus redes sociales.

Feijóo emuló a Sadam Hussein en su alegato. Advirtió a su público que no pueden confiarse, que los quiere con los ojos inyectados en sangre, “porque esta va a ser la madre de todas las batallas”, según contó El Mundo. Sadam utilizó esa expresión en enero de 1991 un par de meses antes de que las tropas norteamericanas iniciaran la Guerra del Golfo y expulsaran a las tropas iraquíes de Kuwait. La ofensiva por tierra después de semanas de bombardeos duró poco más de cien horas, con lo que la expresión ha conservado un cierto tono irónico.

“Sois mi ejército, no podéis fallar y yo no os voy a fallar”, dijo en la sala de banquetes del Valhalla del PP, donde se celebra a todos los que se aplican al juego sucio siempre que sea necesario. Que es prácticamente siempre. En la escala de testosterona en la que se define la mayor parte de la política española, Feijóo suele figurar en los puestos bajos. Le quitaron las gafas para que pareciera más duro, y ni por esas. Pero llega la campaña electoral y es tiempo de afilar el gesto y sonar amenazante. Sois mi ejército. Es hora de calar la bayoneta. Es hora de matar.

Con el fin de confirmar que los tribunales son un elemento fundamental de la batalla política, el PP fue a la Audiencia Nacional para pedir que se impute al PSOE por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos y malversación de caudales públicos por el caso de Leire Díez. Al juez que lo investiga le quedan unas cuantas declaraciones de testigos o imputados para llegar a ese punto, pero la petición trata de recordarle que no es momento de andarse con remilgos. Es la hora de la movilización general y no se olvidará a los que no estén a la altura del momento.

Lo ha entendido muy bien el juez de Madrid que aceptó una querella del PP y Vox para que investigara el rescate de Air Europa. José María Escribano ha ordenado a la vicepresidenta Sara Aagesen y otros altos cargos que comparezcan en su juzgado para declarar como testigos seis días antes de las elecciones del 29 de noviembre. Así es, en plena campaña electoral. Con una decisión tan sencilla, consigues una foto y unos titulares que serán valiosos en campaña. Ya se sabe que de la justicia se aprovecha todo.

Escribano es el juez que se hizo famoso por investigar a Irene Montero, que estaba aforada al ser ministra, en el llamado 'caso niñera' por si había utilizado a una asesora para cuidar a su hijo. Alguien la había visto cogerlo en brazos, lo que sin duda era un hecho alarmante. Lo hizo cuando se estaba celebrando en 2021 la campaña de las elecciones autonómicas de Madrid. Finalmente, el caso quedó en nada.

La práctica judicial desde hace muchos años es que los tribunales no tomen decisiones sobre asuntos que puedan tener impacto en una campaña por el riesgo de que puedan ser interpretadas como un ataque político.

Para demostrar al sector duro del PP que estará a la altura, Feijóo decidió el miércoles doblar la apuesta por la conspiración como forma de hacer política. No hay acusación al funcionamiento de las instituciones democráticas que no esté dispuesto a suscribir si con eso se consigue desacreditar a Pedro Sánchez. No hay crítica que haga Vox que no pueda ser multiplicada por el Partido Popular.

Isabel Díaz Ayuso comenzó la semana lanzando un aviso que cualquier espectador del programa de Iker Jiménez podría entender: “Le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”. No tenía pruebas, como tampoco las tenía Donald Trump cuando dijo este año que “el fraude en el voto por correo es legendario”.

Borja Sémper reculó un poco el día después, pero solo era por una cuestión de imagen. Feijóo volvió a plantear sospechas sobre la limpieza del voto. Recordó que fue presidente de Correos y que confía en los carteros, pero no en sus directivos. Se han celebrado elecciones limpias desde 1977 con el mismo sistema de voto por correo y con directivos de Correos de todo pelaje, incluido él, pero parece que eso no es suficiente. Le sirve para sostener que el Gobierno actual no es democrático. Si eso hace que la gente pierda su confianza en las instituciones, le da igual.

Otra de las cosas que Feijóo dijo el miércoles en Ceuta: “España no puede estar más tiempo en manos de escapistas, España necesita estadistas”. La clase de estadistas que siembran dudas sin tener pruebas sobre la limpieza de las elecciones.

Tanto especular con que Pedro Sánchez es imprevisible y genial, según sus partidarios, demoníaco en sus tramas con las que engañar a la población, según la oposición y su coro mediático, y al final el presidente hizo lo que se esperaba de él. No más conejos que salen disparados de la chistera. Puso fin a la legislatura sin dejar que las (malas) encuestas le condicionaran. No iba a encontrar una coyuntura mejor para ir a las urnas y la cita será cuanto antes, el 29 de noviembre. La derecha, siempre enfurecida, se puso aún más furiosa y se preparó para el combate definitivo.

En la España en la que el salario ya no garantiza tener medios suficientes para encontrar una vivienda que comprar o alquilar, Sánchez decidió que esa bandera es la única que le puede salvar. Quizá no esté claro qué significa salvarse para él, si le vale con ser el partido más votado aunque la derecha y la extrema derecha sumen la mayoría absoluta. Lo que es indudable es que un referéndum sobre la vivienda, si eso es posible, le conviene más que un referéndum sobre él mismo.

En la demonización del adversario que ha inspirado al Partido Popular, no es extraño que Alberto Núñez Feijóo dijera después que “esto va de que España gane a Sánchez”. No es la primera vez que afirma o sugiere que la verdadera España está con él y contra el Gobierno. La de los demás es una cosa rara y extraña. “Por fin, decidirán los españoles”, dijo Feijóo. Será que en 2023 decidieron los bosquimanos.

El PP tenía preparado un vídeo por si Sánchez convocaba elecciones con el eslogan “Por fin”. Aparecían muchos planos —la mayoría o todos sacados de bancos de imágenes, uno de ellos de Corea del Sur— con jóvenes subiendo escaleras a la carrera con la lengua fuera. No menos de la mitad podría formar parte de un anuncio de compresas o tampones. Igual es por lo de la alegría de vivir. Antes daban por hecho que la victoria sería un paseo porque los españoles no soportan a Sánchez desde hace tiempo. Ahora entrarán las lógicas dudas para que no se repita el fiasco de 2023.

Las encuestas dan al PP una ventaja que solo es real si se suma a Vox como futuro socio del Gobierno de coalición. Las últimas de El País y El Mundo, publicadas el lunes, colocan al PP en torno al mismo resultado que obtuvo hace tres años. Una legislatura repleta de contenidos explosivos y no les ha dado un voto más. Todo el malestar con el Gobierno ha caído en beneficio de Vox.

Sánchez sacó pecho en su discurso de los enemigos que ha acumulado en Moncloa. En la lista, aparecieron el Parlamento —“un Congreso muy bronco en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar”— y la oposición. Con un toque populista, también se refirió de forma genérica a las élites: “Hemos tenido también que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones”. Por definición, un Gobierno de un país desarrollado también forma parte de las élites.

“Ellos han comprado áticos y han privatizado hospitales”, anunció Sánchez. Tendrá que emplear cualquier recurso para movilizar a una izquierda deprimida por el desgaste de gobernar desde 2023 sin una mayoría segura en el Congreso. El truco de última hora fue la previsible aprobación en el Consejo de Ministros del martes de los dos decretos de vivienda rechazados por el Congreso la semana pasada y que serían ratificados un mes después en la Diputación Permanente del Congreso.

Eso se ha hecho antes, porque la Diputación Permanente, con sus 69 miembros, conserva las atribuciones del pleno durante este periodo de transición. La derecha lo considerará un ataque a la Constitución, aunque la Carta Magna establece simplemente que su función es “la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras en caso de que estas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato”.

En la izquierda, y de forma que no puede sorprender a nadie, el anuncio de elecciones pilla a Sumar, Izquierda Unida, Podemos y otros grupos sin los deberes hechos y la confusión de costumbre. Ante la negativa de Pablo Bustinduy a ser candidato de todos y que Ada Colau solo se ha dejado querer, Mónica García parece ser la candidata por defecto sin que haya empujones para disputarle el primer puesto. García no llega en una situación de fortaleza a causa de la huelga de la profesión médica contra su proyecto de estatuto profesional, que ahora ha decaído por el fin de la legislatura.

Podemos propone unas primarias con la esperanza de que Irene Montero destaque sobre las demás candidatas, pero lo hace porque las encuestas le dan solo un 2%. Por eso mismo, Sumar no muestra ningún interés en unirse a la idea.

La crispación y el juego sucio han sido tan abundantes en esta legislatura que se puede suponer que la campaña electoral será una pelea de barro. Por otro lado, se ha llegado a un nivel tan alto que no será sencillo superarlo. Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal acudieron raudos a la cita. “Le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”, dijo Ayuso, confesando su debilidad por las conspiraciones. Abascal hizo la misma petición.

Se acerca bastante a lo que ha dicho Donald Trump en numerosas ocasiones, desde la campaña de 2020 hasta este año. “El fraude en el voto por correo es legendario”, dijo en marzo al firmar un decreto para restringirlo que fue anulado por los tribunales. A los republicanos no les convencía nada su actitud, porque podía desalentar a sus votantes de más edad que utilizan ese método. Curiosamente, hace unos días, Trump dijo lo contrario y recomendó que se ejerza el derecho al voto por cualquier medio, incluido el voto por correo.

La campaña del PP describirá un escenario infernal del que los auténticos creyentes se podrán salvar. Habrá otros que abandonen el camino de la verdad y serán arrojados al averno. Ahí Ayuso siempre tendrá un sitio en la mesa. Sánchez se juega su supervivencia política, pero Feijóo también, porque es su último intento de llegar a Moncloa. No habrá más oportunidades. Será intenso, pero no será bonito de ver. No se regirá por las reglas del marqués de Queensberry, sino por las de la Cúpula del Trueno (dos hombres entran, uno sale). Mantengan a los menores alejados de las pantallas.

La política puede llegar a ser mortalmente repetitiva. Los políticos se atienen a su mensaje y lo repiten semana tras semana. Los medios de comunicación plantean otros temas, pero siguen en buena parte la agenda que marcan desde el Gobierno o la oposición. De repente, ocurre un acontecimiento que no es nuevo, que ha ocurrido antes, y que por alguna razón despierta la atención de la gente y obliga a todos (políticos y medios) a cambiar de registro. Lo que parecía imposible antes se convierte en posible o probable.

Es lo que ocurrió con el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años. Después de varios intentos, consiguieron echarla de su piso donde vivía desde que era una adolescente. Hubo una movilización para apoyarla, como la ha habido en otros casos similares. En esta ocasión, todos se sintieron concernidos y la política española dio un giro completo. El Gobierno de Sánchez se puso en marcha, también para ocultar su decepcionante balance en la política de vivienda. El PP no supo qué hacer y temió que las noticias sobre una anciana desconocida expulsaran la dieta informativa que más convenía a sus intereses. Sus apoyos mediáticos decidieron unos días después que debían hacer algo al respecto. Su plan consistía en cargar contra la víctima. Suena rastrero, pero ellos pensaban que sería efectivo. Tenían que acabar con el símbolo de una movilización que pensaban que podía favorecer a la izquierda.

Empezó con artículos de opinión, que no es la mejor forma de enterarse de algo en la prensa de este país. Una columnista de The Objective dijo que le parecía muy bien el desahucio. Si hubiera sido antes, mejor: “La vergüenza no es que se haya ejecutado el desahucio, sino que haya tardado tanto”. Isabel Díaz Ayuso metió la cuchara para enviar un mensaje a sus acólitos: “Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar y, a lo mejor, en la próxima manifestación de inquilinas me sumo”. Sólo le faltó decir que las ancianas son unas jetas. Maricarmen nunca había dejado de pagar, pero no podía afrontar que la empresa Urbagestión, dueña del piso, doblara o triplicara el alquiler. El negocio era perfecto: desahuciarla y vender la vivienda a un precio tres veces mayor que el que ellos abonaron a otra empresa.

Precisamente eso, que Maricarmen “es una jeta”, es lo que decía un columnista de El Confidencial. “Porque jeta es quien se aprovecha de otro sin tener derecho a ello”. El mercado dicta sus reglas y tiene derecho a echar a ancianas a la calle. Y si no te gusta o te indigna, eres un peligroso comunista. En el programa de Iker Jiménez, se burlaron de ella y se pusieron del lado de la empresa. 

Llegó la hora de hablar con los vecinos y la cosa se puso al nivel de la película La comunidad, de Álex de la Iglesia. Cuidado que Maricarmen no era “la heroína de los desahucios”. A sus 87 años, pocas heroicidades podía cometer, pero había que desactivar la fuerza movilizadora de su historia. “La tuvimos subvencionada durante años y ahora, con los impuestos”, dijo a ABC un miembro de la familia que había sido antes propietaria del piso. Está claro que lamentaba que se hubiera buscado una solución para que siguiera residiendo en su vivienda. “Era una persona extremadamente molesta. Se quejaba constantemente: de la calefacción, del ascensor, del ruido… Yo tenía tres hijos pequeños y también había quejas porque los niños hacían ruido”, dijo en su acta de acusación. Lo que viene a pasar en muchas comunidades de vecinos.

Programas de Telecinco y Antena 3 se apresuraron a entrevistarle. El interés informativo se reducía a... es difícil saber cuál era el interés periodístico. ¿Maricarmen no era como Juana de Arco o Santa Teresa de Jesús? ¿Si te quejas porque los niños hacen ruido –hay personas mayores que llevan mal lo del ruido y muchas otras cosas–, ya eres una persona despreciable de la que no te puedes fiar? 

Los columnistas no podían dejar escapar la presa. Todo era un “burdo chantaje emocional”. Tuvieron que hospitalizar a Maricarmen por sufrir estrés y ansiedad, mal asunto en una persona de su edad, y algunos estaban molestos por el hecho de que se la viera en la cama de un hospital. Jesús Lillo, columnista de ABC, vio claras las referencias. La imagen le recordaba las fotos de John Lennon y Yoko Ono en la cama de la habitación de un hotel o a Javier Bardem en el papel de Ramón Sampedro en la película Mar adentro. Le parecía un ejemplo de “sentimentalismo de telenovela”. Es posible que Yoko Ono también se quejara por los ruidos que hacen los niños. A fin de cuentas, ella tenía la culpa de todo. ¿De verdad pensaba el autor de esa columna que Maricarmen estaba actuando desde la cama de un hospital?

La traca final vino con un artículo de El Español. Llegó un poco tarde a la pelea, pero se aplicó con ganas. ¿Tenían los vecinos algo malo que decir sobre ella? Tome nota, joven. Resulta que iba de vez en cuando al bingo y ya se sabe que se empieza con eso y se acaba convertido en un asesino en serie que se queja de que la calefacción está muy alta (ya se sabe, por los cadáveres). Dicen que se iba “de vacaciones todos los fines de semana”, lo que es poco probable y recuerda a eso que se dice últimamente de los jóvenes, que si no se fueran de cañas o no se apuntaran a Netflix, pagando 8,99 euros al mes, podrían comprar un piso de 300.000 euros sin problemas.

Uno se pregunta si no hay nadie en una redacción que, cuando escucha una idea sobre un artículo de esta naturaleza, no se pregunta en voz alta si alguien está errando el tiro. ¿De verdad queremos poner a una anciana en el punto de mira solo porque se ha convertido en un símbolo de quién sea?

Se puede discrepar con cualquier partido político o movimiento sobre cualquier asunto de interés público. Es posible que Maricarmen tomara decisiones económicas equivocadas en su vida a cuenta del alquiler o compra de un piso. Le ha pasado a mucha gente.

¿La respuesta a eso es decirle que se joda y que sus derechos no valen nada frente al deseo de una empresa de dar el pelotazo en una inversión? A la hora de analizar su situación actual, ¿no es legítimo permitir sentir valores como la compasión? ¿Es más importante recordar antiguas historias de la vida cotidiana para ponerla en el cadalso de la opinión pública como culpable? ¿Culpable de ir al bingo?

Hay un público para todo, aparentemente eso incluye el fusilamiento de ancianas, y también existe un modelo de negocio que apuesta por este periodismo de recortada porque es capaz de atraer lectores. Acabo con una frase de Mauro Entrialgo, que describió estas conductas en el libro Malismo: “En el malismo siempre hay algo de identidad aspiracional. Insultar a Maricarmen, aun siendo un mindundi, te coloca del mismo lado que los ultraespeculadores inhumanos, así que puedes mirar por encima del hombro a los inquilinos, como si fueras un sinvergüenza millonario más”.

No seáis como esa gente.

Todo empezó con Junts y todo acabará con Junts. Pedro Sánchez pudo conseguir la investidura como presidente con los votos del partido nacionalista catalán. El rechazo de Junts a los dos decretos de vivienda puede poner fin a la legislatura si Moncloa se convence de que es ahora o nunca. La crisis de la vivienda da a la izquierda un eslogan y un mensaje del que quizá no podrá disponer en marzo de 2027, o al menos no tendrá entonces la misma fuerza.

Sánchez tiene un fin de semana por delante para reflexionar y decidir si le conviene convocar el lunes elecciones para el 29 de noviembre, la fecha de la que se habla para una nueva cita electoral. Se daba por hecho que intentaría aguantar la legislatura hasta el último minuto, o quizá hasta marzo, pero la votación del viernes en el Congreso confirma que está todo el pescado vendido. Con la derrota de los decretos, el Gobierno ha sufrido un fracaso evidente en el legislativo y ahora le queda intentar convertirlo en una posible victoria en las urnas. El escenario no es totalmente favorable para sus intereses, pero es dudoso que vaya a tener uno mejor.

“Hagan lo correcto, porque si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan”, dijo Sánchez al intervenir de forma sorpresiva al final del debate en el Congreso. Ese “antes de lo que creen” solo podía entenderse como un aviso del adelanto electoral. Al Partido Popular le pilló con el paso cambiado. Inicialmente, no se creía que Sánchez fuera a tomar esa decisión, pero luego asumió que a fin de cuentas lleva años pidiéndolo. “Por mí, que convoque cuando quiera”, dijo después Alberto Núñez Feijóo.

De repente, todos están a favor de votar cuanto antes. Todos no. Gabriel Rufián, siempre dispuesto a ser el Pepito Grillo de la izquierda, en especial si quiere ajustar cuentas con otros, lanzó un aviso: “Le pido a Moncloa cabeza fría y que entiendan que esto no va de ser una ambulancia, de emergencias... Hay que entender que no tienen nada a su izquierda para poder sumar”.

No hubo mucha cabeza fría en el debate parlamentario, porque no era el día para mostrarse comedido. Los portavoces de la izquierda señalaron con el dedo a los que iban a votar en contra de poner fin a los desahucios durante dos años. “¡Lo vais a pagar!”, gritó un diputado de Sumar antes del pleno a la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz. “Cada desahucio que se produzca a partir de esta votación llevará el nombre y apellidos de quienes hoy voten 'no'”, avisó Pablo Bustinduy. Gerardo Pisarello enseñó las fotos de personas desahuciadas y afirmó que “Junts ha traicionado su memoria”. “Salgan a la calle a descojonarse de esto si son valientes, pero sin escolta y sin Audi”, avisó Rufián.

Un diputado del PP, Nacho Martín, dijo que el tono de los diputados de izquierdas “llamando a la gente a quedarse con nuestras caras, es intolerable en un Parlamento democrático”. Suena fuerte, pero viniendo del partido que ha llamado dictador a Sánchez y que es un enemigo de España por ser cómplice del rey de Marruecos, entre otras muchas lindezas, hay que tomárselo un poco a broma. Siempre duele cuando te hacen a ti lo mismo que tú has hecho a los demás durante toda la legislatura.

El PP buscó girar los términos del debate para no aparecer como el defensor de los desahucios y de los fondos buitre. Su argumento consistió en afirmar que la prohibición de los desahucios dejaría sin opciones de alquilar un piso a las familias vulnerables. “Usted va a ser para siempre una descartada del mercado de alquiler”, dijo Juan Bravo con el ejemplo hipotético de “una madre divorciada con hijos”. Feijóo fue más posibilista: “El resultado de las votaciones garantiza que la situación de la vivienda no esté peor que ayer, tampoco mejor”. Su única solución fue prometer un millón de pisos nuevos en la futura legislatura.

En el pasado, se han construido millones de viviendas en España y los precios han seguido subiendo por múltiples factores. La promesa en sí misma no tendría muchos efectos a corto y medio plazo en el mercado del alquiler.

Las expectativas del Gobierno sobre un voto favorable de Junts a uno de los dos decretos eran altas. Por eso, la noticia del voto negativo en la noche del jueves cayó como un mazazo. Fue muy difícil entender la posición del partido de Carles Puigdemont en el debate. Míriam Nogueras dijo que el decreto “permite que los fondos sigan especulando y sigan desahuciando”. Intentó pasar al PSOE y a Sumar por la izquierda, lo que no resultó muy creíble, al decir que el Gobierno “no se ha atrevido con los fondos”. En realidad, el documento que presentó al Gobierno proponía recortar el decreto de vivienda a favor de los caseros.

Un 67% de los españoles está a favor de limitar los precios de la vivienda a través de la regulación, aunque eso suponga una pérdida de rentabilidad para el casero, según una encuesta de El País publicada el viernes y realizada antes de la publicación de los decretos. Ese porcentaje incluye a un 56% de los votantes del PP. El resultado indica que esa petición de intervenir en el mercado no es una reivindicación únicamente de la izquierda. El temor al futuro y a quedar en manos de la subida del precio es real. Casi el 75% de los inquilinos teme verse obligado a salir de la vivienda en los próximos dos años.

La ministra de Vivienda planteó la crisis en términos muy trasladables a una campaña electoral. “Señores del PP, UPN y Vox, con la gente o con los buitres”, dijo Isabel Rodríguez. En esa dicotomía, que preocupa al PP, estuvo buena parte de los mensajes escuchados en el Congreso y podría ser una de las principales banderas que ondee la izquierda ante las próximas elecciones.

Es lo que hizo Pablo Bustinduy, que tuvo como objetivo desnudar a la extrema derecha negando su nacionalismo. Llamó “vendepatrias” a los diputados de Vox y dijo que están alineados con “la oligarquía extranjera a la que están vendiendo el país”. Fue uno de los discursos más claros y enérgicos que un diputado de Sumar ha dado en la Cámara en esta legislatura. Para desgracia de Sumar, el ministro ha decidido que no será candidato en las próximas elecciones por razones personales.

Ya es demasiado tarde para lamentarse por los resultados de una legislatura con más ruido que avances sociales. El debate del viernes y las palabras de Sánchez indican que esto se ha acabado y que no hay más solución que enfrentarse a las urnas. Lo que es seguro es que los mensajes escuchados en el Congreso se oirán en todo el país en esa futura campaña electoral y marcarán el futuro de España para los próximos cuatro años.