En junio de 2024, Giorgia Meloni invitó a Javier Milei a la reunión del G7 en Italia. Era la segunda vez que se veían. Los abrazos, las reuniones privadas y las declaraciones de trabajo conjunto derivaron en una interpelación del Senado a la presidenta del Consejo de Ministros italiana.

En Argentina, el encuentro no llamó la atención, pero los acontecimientos que se desarrollaron a partir de este sí despertaron gran interés: diez días más tarde, Italia solicitó la detención con miras a la extradición de Leonardo Bertulazzi, un genovés exmiembro de la organización armada Brigadas Rojas que desde hacía 20 años vivía en Buenos Aires con estatus de refugiado. En agosto de ese mismo año, el Gobierno argentino anunció su detención tras retirarle el estatus de refugiado.

Finalmente, la Corte Suprema confirmó la extradición el pasado 1 de julio de 2025 y Bertulazzi, que estaba en arresto domiciliario, fue detenido minutos después en un nuevo operativo en su casa y enviado a prisión. Sin embargo, la decisión del alto tribunal no ha aclarado la situación sobre el estatus de refugiado del detenido, lo que complica la operación de Milei y Meloni.

Bertulazzi había sido detenido en Italia en 1977 por un accidente con explosivos junto a otros compañeros de la organización. Después, en ausencia, lo acusaron por el secuestro del empresario naviero Pietro Costa, basados en declaraciones de arrepentidos que no habían participado en el hecho. Pasó dos años detenido y luego fue liberado.

Salió del país en 1980, pasó una década en Centroamérica y luego otra en distintos países de Sudamérica. En 2001 ingresó en Argentina y en 2002 fue arrestado en Buenos Aires por una solicitud de extradición de Italia que, bajo el Gobierno de Silvio Berlusconi, revivió la búsqueda de miembros de las organizaciones armadas de los años 70 y 80.

No sabía que en su ausencia, un tribunal genovés lo había juzgado y condenado a 27 años de prisión por “asociación subversiva o ilícita, secuestro extorsivo y falsificación de documentos”. Si bien no se lo acusó de ningún delito de sangre, el argumento fue que el botín del secuestro de Costa se había utilizado para la logística del secuestro del primer ministro Aldo Moro en 1978, que terminó asesinado mientras Bertulazzi estaba preso.

La petición de extradición inicial fue inmediata, pero no pudo avanzar porque la justicia argentina consideró que no había podido ejercer su derecho a defenderse en el juicio que lo condenó y, en cambio, le reconoció el estatus de refugiado bajo el amparo de la Convención Internacional y el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE) —luego convertido en CONARE—.

Bertulazzi pasó los siguientes 20 años viviendo en el barrio porteño de San Telmo. Durante ese tiempo, estuvo muy cerca de conseguir la extinción de la pena, y de hecho lo logró, hasta que una nueva oleada de la derecha gobernante en Italia se valió de su encarcelamiento en Argentina para frustrar el intento.

“La sucesión de hechos no deja dudas: acá hubo un pacto espurio que hicieron Milei y Meloni como parte de una alianza mayor de la ultraderecha internacional. Vemos cómo levantan la bandera de la lucha antiterrorista y anticomunista para pasar por encima de las leyes internacionales y destruir el derecho al refugio en Argentina”, denuncia a este diario Rodolfo Yanzón, reconocido abogado querellante en las causas por delitos de lesa humanidad de la última dictadura militar en su país (1976-1983) que ahora representa a Bertulazzi.

Presión política

La reciente detención de Bertulazzi se festejó a los dos lados del Atlántico: en Italia, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, y en Argentina, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, expresaron la satisfacción de sus gobiernos y alentaron la extradición inmediata. Mientras tanto, el presidente Milei avanzó en las modificaciones legales necesarias para concretar la expulsión de Bertulazzi.

En septiembre de 2024, Milei cambió por decreto la composición de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) para incluir un representante del Ministerio de Seguridad en la dirección, algo inédito para ese organismo. En octubre, también por decreto, modificó la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, en particular los requisitos para otorgar el estatus de asilo. Con esto, el trámite de extradición que se había iniciado en junio a petición de Italia consiguió vía libre de parte de la misma jueza que en 2003 había fallado en contra de la extradición. La decisión llegó en julio de este año

Se trata de la jueza federal María Romilda Servini. “Con Néstor Kirchner como presidente, había rechazado la petición de extradición. Con Javier Milei, se desdijo de sus argumentos y la aceptó. En 2003, el argumento central para conceder el refugio fue la imposibilidad de defenderse en un juicio en ausencia. ”Un juicio basado en los testimonios obtenidos de dos arrepentidos bajo tortura, uno de los cuales luego se desdijo“, explica el abogado de Bertulazzi.

“¿Por qué hoy Servini se desdice? Es inexplicable en términos jurídicos. Esto sólo se puede leer como presión política”, opina Yanzón, que juzga igual la confirmación del fallo de Servini por parte de la Corte Suprema de Justicia: “A los cuatro días de recibir el expediente, casi como para dejar en evidencia que no se tomaron el trabajo de leerlo, resolvieron dar vía libre a la extradición. Es todo una barbaridad”.

El abogado agrega que, de todas formas, “todo el proceso de extradición avanzó de modo irregular, porque tanto la ley de extradición como la de refugio dicen que si el pedido es sobre una persona que tiene estatus de refugiada no debe tener trámite. Y acá la justicia le dio trámite ilegalmente”.

El Gobierno argentino había llevado el caso al máximo tribunal para habilitar una vía sumarísima para resolver la situación de Bertulazzi y poder extraditarlo inmediatamente. “La jugada no salió del todo bien, porque si bien resolvieron a favor de la extradición, no resolvieron la cuestión de fondo: Bertulazzi tiene refugio y para quitárselo es necesario llevar el caso a la justicia. Entonces, la lectura que queda es que la Corte falló para avalar el pacto Milei-Meloni”, explica el defensor del ex Brigadas Rojas.

El temor era que con esta decisión, el Gobierno argentino subiera a Bertulazzi a un avión y lo entregara. “Si eso no ocurrió, no fue porque no quisieran Milei y Bullrich, sino porque ACNUR presentó una nota en cancillería en la que advirtió que estaba mirando el caso y su preocupación por la situación de Bertulazzi, que cuenta con refugio bajo amparo de la Convención Internacional”.

Por eso y por lo resuelto por la Corte Suprema, para concretar la extradición es necesario que un juzgado defina el estatus de Bertulazzi. Ese proceso podría llevar años, explican fuentes judiciales. Por eso, organismos y referentes de Derechos Humanos solicitaron que Bertulazzi volviera a la prisión domiciliaria, que tuvo desde septiembre de 2024 hasta el 1 de julio de 2025 —cuando otra vez fue detenido con un gran operativo en su casa—. Esta semana, a petición de la Cámara de Casación Penal argentina, Bertulazzi está de nuevo en prisión domiciliaria.

En sus argumentos, el titular de Casación, Alejandro Slokar, sostuvo que encarcelarlo fue arbitrario, ya que “la protección de refugiado que le fue otorgada en 2004 sigue vigente”. Además, el juez había advertido que Servini “no valoró de manera adecuada la totalidad de la evidencia médica” y remarcó la posibilidad de que Bertulazzi pudiera sufrir otro ACV (accidente cerebrovascular) en prisión: el genovés pasó ocho semanas en una celda de la Policía Federal Argentina durmiendo en un colchón en el suelo, junto a otros cuatro detenidos, sin luz natural, con un baño sin agua dentro y sin lugar para caminar.

El lunes 25 de agosto Servini dio a conocer el fallo en el que acepta los argumentos de Casación y devuelve a Bertulazzi al arresto domiciliario.

Pacto entre ultraderechas

Para los organismos de derechos humanos, tanto la condena dictada en Italia —en un juicio en ausencia— como el dispositivo policial desplegado en Argentina constituyen graves violaciones del derecho internacional. “Bertulazzi no está acusado de ningún delito de sangre y goza del estatus de refugiado a pesar de los intentos arbitrarios del Poder Ejecutivo por desmantelar los principios fundamentales de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que garantiza la protección a quienes son perseguidos por razones políticas”, denuncian en una carta varias organizaciones de derechos humanos y ciudadanos argentinos y de otros 12 países de América Latina y Europa.

“La convención de Ginebra sancionó el principio del 'non refoulemen' o no devolución. Esto no es letra chica, es el muro que protege vidas frente a la diplomacia de conveniencias. Si lo derribamos, no solo traicionamos a Leonardo: quebramos la confianza en todo el sistema de protección internacional. El caso Bertulazzi no es un expediente más; es una prueba viva de si nuestra palabra vale algo o si termina, empapada y rota, como papel mojado”, señala la misiva.

“Desde nuestra convicción de defender el derecho al refugio e impedir un Estado de Derecho en el que la justicia sea utilizada como instrumento de persecución política, expresamos nuestro más enérgico repudio a esta decisión y exigimos su inmediata revisión”, dice a elDiario.es Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos de Derechos Humanos más reconocidos de Argentina. El CELS participó en la solicitud de audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que denunció hace unas semanas que “los derechos de los refugiados en Argentina están en riesgo”.

“El caso Bertulazzi es trascendente para la agenda de los organismos de Derechos Humanos”, remarca Morales, que describe como “totalmente agresiva” la posición del Estado Argentino en la audiencia. “La CIDH se mostró preocupada, pero no va a intervenir mientras esto no pase a una extradición ilegal”.

Uno de los criminales más buscados en Suecia por ser el líder de una conocida pandilla ha sido detenido y puesto en prisión provisional en Turquía. Ismail Abdo (de 35 años y más conocido como jordgubben “la fresa”) ha sido acusado de tráfico internacional de drogas y blanqueo de capitales, por lo que estaba en el punto de mira de las autoridades policiales suecas y de la Interpol desde hacía más de un año.

La banda que lideraba Abdo (la Rumba) mantenía desde el año 2023 un conflicto abierto contra la banda rival Foxtrot, lo que en los últimos años ha alimentado una espiral de violencia sin precedentes que contradice la imagen que durante décadas se había tenido del país nórdico por sus bajos índices de criminalidad.

La guerra protagonizada por las pandillas ha provocado que Suecia sea el país de la UE con más muertos por armas de fuego, con una cifra de incidentes que se ha triplicado en los últimos 10 años, mientras que la tasa por homicidios es dos veces más alta en el país nórdico que en la media de la UE.

Para el ejecutivo de Estocolmo, la detención de Abdo marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado, después de que el Gobierno de Ulf Kristersson haya aplicado la mano dura policial y judicial para intentar acabar con la violencia. Las autoridades policiales estiman que en el país nórdico hay 14.000 personas involucradas en las pandillas, muchos de ellos adolescentes menores de edad, y 48.000 en el entorno de las redes criminales.

Una figura clave en el conflicto entre pandillas

El nombre de “la fresa” aparece en numerosas investigaciones por delitos graves relacionados con asesinatos y tráfico de drogas que la policía tiene ahora mismo abiertas. Uno de los casos más mediáticos fue la confiscación de 1,3 toneladas de cocaína transportadas en barco hasta un puerto al sur de Estocolmo en abril del 2024. La policía cree que el transporte de la droga estaba relacionado con la red criminal de la Rumba, lo que supone la mayor incautación de droga que jamás haya realizado la policía en Suecia.

De hecho, el papel de Ismail Abdo ha sido central en la violencia que ha vivido Suecia. Anteriormente, “la fresa” formaba parte de la pandilla Foxtrot, que tiene su origen en los suburbios de las ciudades de Estocolmo y Uppsala y que lidera Rawa Majid. Pero una disputa entre los dos delincuentes terminó con la escisión de Abdo formando su propia pandilla, lo que dio pie a una guerra territorial.

En el año 2023 estalló el capítulo más violento y mortal en la guerra de pandillas cuando la madre de Abdo fue asesinada en su casa en Uppsala. Como venganza, en las semanas posteriores a esa muerte se produjeron 12 asesinatos, en un año en que terminó con 363 tiroteos registrados y 53 víctimas mortales relacionadas con la violencia de las pandillas.

Esa escalada en el conflicto provocó que el Gobierno decidiera recurrir al ejército para ayudar a hacer frente al aumento de los asesinatos cometidos, una medida que ha ido acompañada por parte del Gobierno conservador de Suecia por una política de aumentar los recursos policiales en las calles y endurecer las penas contra los criminales, también para los actos cometidos por menores de edad. Además, se prevé que de aquí al año 2030 se triplique la capacidad en las prisiones del país, ya que el sistema penitenciario está hoy al borde del colapso.

En el último año, las cifras de homicidios en Suecia han ido disminuyendo (92 muertos en 2024, 24 menos que en 2023, según el Consejo Nacional Sueco para la prevención del delito (BRÅ). Sin embargo, en enero la capital vivió una oleada de atentados bomba como jamás se había registrado, con 30 explosiones en 31 días. Además de esto, los países del entorno como Noruega y Finlandia llevan tiempo alertando de que las redes criminales de Ismail Abdo y otras pandillas suecas se están extendiendo por sus países. En Dinamarca las autoridades policiales alertan de que Suecia está exportando a criminales que han cometido tiroteos y ataques con explosivos en Copenhague, una señal más de que el problema de la violencia de las pandillas está aún lejos de resolverse.

Una extradición a Suecia complicada

Tras la detención de Abdo, el ministro de Justicia de Suecia, Gunnar Strömmer, quiso lanzar una advertencia para el resto de criminales buscados por Suecia relacionados con las pandillas que se esconden en el extranjero: “No estáis seguros en ningún sitio, os encontrarán, os detendrán y seréis procesados”, dijo.

La operación de detención fue una redada a gran escala encabezada por la policía de Turquía en la que se detuvieron a otras 19 personas en cinco ciudades turcas. En el operativo también participaron agentes de policía de Suecia y Noruega, y se decomisaron 51 propiedades inmobiliarias, 20 vehículos, y activos en empresas por valor de 32 millones de euros, lo que da una señal de la magnitud y la extensión de la red criminal que lideraba Ismail Abdo.

Sin embargo, no es la primera vez que el líder de la banda sueca es detenido. En la primavera del año 2024 la policía de Turquía lo arrestó en un control de tráfico, pero para desesperación de las autoridades suecas, al cabo de unos días lo dejaron en libertad bajo fianza, a pesar de tener una alerta roja activa por parte de la Interpol.

Esta vez tampoco parece que la petición de Suecia para extraditar a Abdo se cumpla, ya que el líder criminal cuenta con la doble nacionalidad turca y sueca, y Turquía no extradita a sus ciudadanos para que sean juzgados fuera del país. Desde Estocolmo confían en que Turquía procese y condene a Abdo, lo que daría una clara señal de que el país quiere dejar de ser un refugio para los delincuentes internacionales.

Con todo, para la criminóloga Camila Salazar Atías, la detención de Ismail Abdo tampoco garantiza que la violencia de las pandillas disminuya a corto plazo, sino más bien lo contrario: “Ya lo hemos visto otras veces en Suecia, después de que la policía detiene a un gran número de delincuentes siguen los tiroteos en la lucha para ocupar el espacio de poder” decía al periódico Dagens Niheter.

La Policia Nacional ha traslladat Espanya des d'Alemanya a Salvador Llinás, l'empresari mallorquí investigat per presumptament estafar prop de 50 milions d'euros mitjançant la venda fraudulenta de més de 1.500 cotxes a diversos països europeus. Llinàs s'hauria apoderat de vehicles que prèviament havia llogat entitats financeres i concessionaris, no va tornar mai els turismes i va acabar revendint-los de forma il·legal, evadint de pas prop de 30 milions d'euros al fisc. El jutge de Palma que s'ha fet càrrec de les investigacions ha acordat el seu ingrés a la presó provisional com a presumpte autor d'un delicte d'estafa, tal com han confirmat fonts jurídiques a Diario.es.

Han estat els agents de l'Oficina Sirene els qui, en virtut d'una ordre europea de detenció i entrega (OEDE), l'han escortat des del país germà, on estava privat de llibertat, segons ha informat la Direcció General de la Policia. D'acord amb les indagacions, des del 2018 Llinás va fer servir una empresa de lloguer de vehicles de la qual era administrador, Autoclick, per vendre de forma fraudulenta més de 1.500 vehicles, amb els quals va obtenir uns 50 milions d'euros de beneficis.

L'empresari ha aterrat a Madrid i ha passat a disposició del Jutjat d'Instrucció número 9 de Palma -el titular del qual s'ha fet càrrec de les indagacions- de forma telemàtica des dels jutjats de Madrid, tal com ha avançat Diari de Mallorca. Tot i això, per indicació del seu advocat, Llinás s'ha negat a declarar. El lletrat ha al·legat indefensió perquè no ha tingut accés a la causa i ha sol·licitat que el seu client sigui posat en llibertat. Finalment, el jutge ha decretat la seva tramesa a la presó, tal com han sol·licitat la Fiscalia i la quarantena d'acusacions particulars personades en el procediment.

Cal recordar que, el 20 d'octubre passat, Llinàs era arrestat a l'aeroport internacional de Taoyuan. Sobre ell pesaven diverses ordres de detenció internacional, entre elles una procedent d'Itàlia, on els investigadors locals l'acusen d'haver llogat 1.189 vehicles per després revendre'ls de manera il·lícita.

El 2019, la seva societat, amb seu a la localitat mallorquina de Llucmajor, es va declarar en fallida, però ell ja havia desaparegut. Quan a finals del 2018 efectius de la Guàrdia Civil, alertats per les múltiples denúncies dels seus creditors, es van desplaçar fins a la seu d'Autoclick, les oficines eren buides. Res ni ningú ja hi quedava.

D'acord amb les indagacions, Llinás havia buidat els comptes de la mercantil abans de fugir a Taiwan, desviant-se a si mateix cinc milions d'euros per a la seva fugida, tal com van publicar al seu dia Diari de Mallorca i Última Hora. A l'illa asiàtica, Llinàs va començar a posar en marxa diverses empreses, entre les quals hi ha Iberico Food Services Co. i, el juliol del 2021, Mallorca Catering International Co., encarregada de l'explotació d'un restaurant de menjar espanyol i italià al districte Da'an de Taipei que va anomenar Malavida, operat per xefs d'Espanya i els Estats Units, d'acord amb les dades de diferents fitxers empresarials consultats per elDiario.es. “La idea és que cada amic que vingui aquí, ja sigui sol o en grup, se senti lliure i còmode en aquest ambient, xerrant i rient amb el vi a la mà i el deliciós menjar a taula... com la vida indulgent ”, es promociona el local.

El 2021, l'ara detingut va obtenir la residència permanent a Taiwan, cosa que va facilitar la tasca de recerca de la Interpol. El 9 d'octubre d'aquell any, la Fiscalia de Trento va sol·licitar la seva imputació i Llinàs es va armar d'un important equip jurídic dedicat a la defensa davant els delictes de delinqüència organitzada.

Les autoritats taiwaneses, a través de l'Agència Nacional d'Immigració (NIA), van acordar la seva deportació en comprovar que estava sent reclamat a nivell internacional. Després de ser traslladat a Singapur, els funcionaris li van denegar finalment l'entrada atesa la gravetat dels càrrecs en contra, emparant-se per això a l'article 18 de la Llei d'Immigració, que permet prendre mesures contra persones que puguin “posar en perill els interessos nacionals, seguretat pública, ordre públic o costums de l'Estat”.

La NIA li va recomanar que, en tenir un fill menor d'edat, fes els tràmits necessaris per sortir de Taiwan en deu dies. D'acord amb les informacions difoses per l'Agenci, després de completar els procediments de deportació, Llinás va ser acompanyat per funcionaris d'aquest departament cap al seu vol de sortida, amb el qual, ja detingut, va ser traslladat a Alemanya, les autoritats del qual dirimiran sobre la seva extradició. Des de llavors ha estat a la presó preventiva a Frankfurt.

La Policía Nacional ha trasladado a España desde Alemania a Salvador Llinás, el empresario mallorquín investigado por presuntamente estafar cerca de 50 millones de euros mediante la venta fraudulenta de más de 1.500 coches en varios países europeos. Llinàs se habría apoderado de vehículos que previamente había alquilado a entidades financieras y concesionarios, jamás devolvió los turismos y acabó revendiéndolos de forma ilegal, evadiendo de paso cerca de 30 millones de euros al fisco. El juez de Palma que se ha hecho cargo de las investigaciones ha acordado su ingreso en prisión provisional como presunto autor de un delito de estafa, tal como han confirmado fuentes jurídicas a elDiario.es.

Han sido los agentes de la Oficina Sirene quienes, en virtud de una orden europea de detención y entrega (OEDE), le han escoltado desde el país germano, donde se encontraba privado de libertad, según ha informado la Dirección General de la Policía. De acuerdo con las pesquisas, desde 2018 Llinás empleó una empresa de alquiler de vehículos de la que era administrador, Autoclick, para vender de forma fraudulenta más de 1.500 vehículos, con los que obtuvo unos 50 millones de euros de beneficios.

El empresario ha aterrizado en Madrid y ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma -cuyo titular se ha hecho cargo de las pesquisas- de forma telemática desde los juzgados de Madrid, tal como ha adelantado Diario de Mallorca. Sin embargo, por indicación de su abogado, Llinás se ha negado a declarar. El letrado ha alegado indefensión al no haber tenido acceso a la causa y ha solicitado que su cliente sea puesto en libertad. Finalmente, el juez ha decretado su envío a prisión, tal como han solicitado la Fiscalía y la cuarentena de acusaciones particulares personadas en el procedimiento.

Cabe recordar que, el pasado 20 de octubre, Llinàs era arrestado en el aeropuerto internacional de Taoyuan. Sobre él pesaban varias órdenes de detención internacional, entre ellas una procedente Italia, donde los investigadores locales le acusan de haber alquilado 1.189 vehículos para después revenderlos de forma ilícita.

En 2019, su sociedad, con sede en la localidad mallorquina de Llucmajor, se declaró en quiebra, pero él ya había desaparecido. Cuando a finales de 2018 efectivos de la Guardia Civil, alertados por las múltiples denuncias de sus acreedores, se desplazaron hasta la sede de Autoclick, las oficinas se encontraban vacías. Nada ni nadie quedaba ya en ellas.

De acuerdo a las pesquisas, Llinás había vaciado las cuentas de la mercantil antes de huir a Taiwán, desviándose a sí mismo cinco millones de euros para su fuga, tal como publicaron en su día Diario de Mallorca y Última Hora. En la isla asiática, Llinàs comenzó a poner en marcha varias empresas, entre ellas Iberico Food Services Co. y, en julio de 2021, Mallorca Catering International Co., encargada de la explotación de un restaurante de comida española e italiana en el distrito Da'an de Taipei al que denominó Malavida, operado por chefs de España y Estados Unidos, de acuerdo a los datos de distintos ficheros empresariales consultados por elDiario.es. “La idea es que cada amigo que venga aquí, ya sea solo o en grupo, se sienta libre y cómodo en este ambiente, charlando y riendo con el vino en la mano y la deliciosa comida en la mesa... como la vida indulgente”, se promociona el local.

En 2021, el ahora detenido obtuvo la residencia permanente en Taiwán, lo que facilitó la labor de búsqueda de la Interpol. El 9 de octubre de ese año, la Fiscalía de Trento solicitó su imputación y Llinàs se armó de una importante equipo jurídico dedicado a la defensa frente a los delitos de delincuencia organizada.

Las autoridades taiwanesas, a través de la Agencia Nacional de Inmigración (NIA), acordaron su deportación al comprobar que estaba siendo reclamado a nivel internacional. Tras ser trasladado a Singapur, los funcionarios le denegaron finalmente la entrada dada la gravedad de los cargos en su contra, amparándose para ello en el artículo 18 de la Ley de Inmigración, que permite tomar medidas contra personas que puedan “poner en peligro los intereses nacionales, la seguridad pública, el orden público o las costumbres del Estado”.

La NIA le recomendó que, al tener un hijo menor de edad, hiciera los trámites necesarios para salir de Taiwán en diez días. De acuerdo a las informaciones difundidas por la Agenci, tras completar los procedimientos de deportación, Llinás fue acompañado por funcionarios de este departamento hacia su vuelo de salida, con el que, ya detenido, fue trasladado a Alemania, cuyas autoridades dirimirán acerca de su extradición. Desde entonces ha estado en prisión preventiva en Frankfurt.

El ciudadano ruso Sergey Berezin, que se ocultó en República Dominicana bajo la identidad falsa de Paul Bergholtz, será extraditado a España acusado de liderar la estafa piramidal de inversión en cannabis Juicy Fields. Así lo ha decretado este martes la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, en una sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.

El fraude Juicy Fields fue destapado por elDiario.es en un reportaje en mayo de 2022 y dos meses después sus responsables desaparecieron llevándose todo el dinero. La empresa prometía grandes rendimientos (de hasta un 160%) por invertir en supuestas plantaciones de cannabis medicinal que después resultaron no existir. 

Según la Audiencia Nacional, que investiga el caso desde otoño de 2022, el dinero de los inversores se destinaba a hacer pagos parciales a las propias víctimas, siguiendo un esquema piramidal, así como al aparato de marketing y captación de nuevos clientes de la estafa. La mayor parte del capital, sin embargo, desaparecía después en un complejo entramado de sociedades y cuentas bancarias.

La Europol estima que unos 186.000 inversores perdieron su dinero y la cantidad defraudada asciende a 645 millones de euros, aunque el propio organismo admite que podría ser mucho más alta porque no todos los estafados han presentado querellas.

Berezin fue detenido en República Dominicana el pasado 11 de abril, en el marco de una gran operación internacional en la que participaron más de 400 agentes de 11 países distintos. Agentes de la UDEF de la Policía Nacional y de la Europol se trasladaron al país caribeño para participar en la detención, que se llevó a cabo en un complejo turístico en la localidad de Bayahíbe, en el Este del país.

Cuando fue arrestado, a Berezin le incautaron varios cargadores para pistolas de 9 milímetros, decenas de miles de euros en metálico en diferentes divisas y criptomonedas así como múltiples pasaportes con distintas identidades, entre ellas la de Paul Bergholtz.

El acusado ha permanecido en prisión provisional desde entonces y se prevé que sea trasladado a España durante las próximas semanas. Se le acusa de estafa, estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, delitos por los que podría ser condenado a más de 24 años de cárcel.

Desde su detención, la defensa de Berezin trató de todas maneras de evitar su extradición a España. Sus abogados alegaron defectos de forma en la solicitud de extradición, Berezin insistió en su inocencia, alegó motivos de salud e incluso ofreció colaborar con la justicia dominicana para rebajar su pena o evitar ser juzgado en España.

En su solicitud de extradición, el juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional se basó en la declaración ante la policía de Berlín de un arrepentido que formó parte del entramado y señaló a Berezin como el máximo cabecilla de la estafa.

También se presentaron declaraciones de otros imputados y extrabajadores de Juicy Fields, que aseguraron haber sido contratados por Paul Bergholtz, una de las identidades falsas de este ciudadano ruso.

Inversiones en Tenerife

Según pudo determinar una investigación de elDiario.es, tanto Berezin como otro socio del entramado residieron en Tenerife durante los meses anteriores y posteriores al colapso del esquema piramidal. Algunos investigadores incluso sospechan que los líderes de la estafa se reunieron en el municipio de Adeje poco tiempo después de consumar el delito.

Con dinero para gastar y grandes cantidades en metálico, ambos socios invirtieron en diversos clubes de cannabis de la isla, según diversas fuentes, y emprendieron un negocio inmobiliario de compraventa de villas de lujo que se podían pagar con criptomonedas.

Berezin usó a la que entonces era su pareja como testaferro en las sociedades inmobiliarias, según consta en el registro mercantil, para evitar ser identificado por las autoridades. Cuando la Audiencia Nacional y otros tribunales europeos empezaron a progresar en la investigación, Berezin huyó a República Dominicana, donde trató de ocultarse como un turista más.

Vínculos con la mafia rusa

El arrepentido que declaró ante la policía berlinesa aportó varios indicios sobre los vínculos de Berezin con la mafia rusa. En su declaración, incluso aseguró que le ordenaron asesinar a uno de los miembros del grupo estafador ante el riesgo de que colaborara con la policía alemana (finalmente se negó a cometer el crimen).

Pocos meses después de empezar a colaborar con las autoridades, a este arrepentido de Juicy Fields le intentaron asesinar poniéndole una bomba en su coche, que quedó reducido a cenizas.

Los investigadores también pudieron determinar que Sergey Berezin o Paul Bergholtz no son las únicas identidades que el presunto líder de Juicy Fields ha utilizado durante los últimos años. En el pasado se presentó como Mark Konwal y presuntamente lideró otra estafa online muy parecida.

La empresa se llamaba Reciclyx, se creó a finales de 2015 y ofrecía a inversores online comprar residuos de plástico que después la empresa transformaría en granulado reciclado y reportaría un 40% de rentabilidad a los pocos meses. 

En 2017 los responsables de Reciclyx desaparecieron con todo el dinero, alegando que la fábrica había sido destruida por un incendio. Al igual que ha ocurrido con Juicy Fields, después del robo también se mantuvo abierta la web y se aseguró a los inversores que podrían recuperar su dinero. Nunca ocurrió.

La Audiencia Nacional ha autorizado la entrega a Estados Unidos de un empresario sueco acusado de estafar a cientos de personas con la venta de artículos que nunca fabricó: un lanzallamas, criptomonedas y teléfonos móviles de última generación. Artículos que comercializaba apoyándose en youtubers e influencers y usando, además, la cara del narcotraficante más famoso del mundo: Pablo Escobar. Los jueces, según ha sabido elDiario.es, han aceptado poner a Olof K.G a disposición de las autoridades estadounidenses, que le acusan de más de cien cargos penales de fraude, blanqueo y organización criminal.

Este sueco de 31 años, conocido en internet como “El Silencio”, fue detenido el pasado mes de diciembre en un chalet de Marbella, cerca de la zona de playas naturales de la localidad malagueña. Pero para cuando la Policía entró en la casa, sus andanzas empresariales eran bien conocidas al otro lado del Atlántico. Hace casi una década se había puesto al frente de una empresa llamada “Escobar Inc” cuyo objetivo era gestionar la imagen y el legado del narcoterrorista colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, el mismo año en que Netflix estrenó una serie sobre su vida.

A lomos del apellido del fundador del cartel de Medellín y de varios influencers, Olof se lanzó a internet para intentar vender sus productos. Poco después de que la empresa 'The Boring Company' de Elon Musk vendiera 20.000 lanzallamas, el sueco sacó a la venta cientos de armas similares llamadas “Lanzallamas Escobar”. Musk ofertaba su “Not A Flamethrower” por 500 dólares y Olof decidió sacar el suyo a la venta por la mitad de precio. El problema es que ese lanzallamas con el nombre del narco más famoso del mundo ni siquiera se había fabricado.

Ese fue, según las autoridades de Estados Unidos, el primer engaño criminal de este empresario sueco ahora encarcelado en España. Hasta 236 personas pagaron 60.871 dólares por unos lanzallamas que ni siquiera existían. La operativa fraudulenta, supuestamente, se repitió cuando sacó a la venta unos teléfonos móviles de última generación: el Teléfono Escobar plegable a 349 dólares por pieza. Hasta 2.955 personas desembolsaron un total de 1,15 millones de dólares y los móviles nunca aparecieron, algo similar a lo que pasó cuando sacó al mercado una “criptomoneda física” llamada Escobar Cash.

Ni el lanzallamas ni los teléfonos de lujo ni las criptomonedas llegaban a los que compraban sus productos. Solo unos pocos elegidos tenían acceso a ellos: los influencers y youtubers que los probaban y promocionaban para captar a todas las víctimas posibles. Cuando los clientes empezaban a quejarse de que el lanzallamas o el teléfono no habían llegado, el acusado les mandaba un “certificado de titularidad” sin ningún valor. Mientras tanto, el dinero empezaba a viajar por cuentas bancarias de Estados Unidos, Suecia o los Emiratos Árabes, acabando en manos del empresario sueco, su familia o sus colaboradores.

Según ha podido saber elDiario.es, el Consejo de Ministros dejó su extradición en manos de la Audiencia Nacional y los jueces acaban de dar luz verde a su entrega a Estados Unidos. Primero fue una sección de la Sala de lo Penal la que rechazó sus alegaciones el pasado mes de mayo con el pleno ratificando la negativa a finales del pasado mes de junio. Olof K.G lleva más de medio año en prisión a la espera una nueva decisión del ejecutivo y mientras decide si lleva su caso al Constitucional pidiendo la suspensión de su entrega.

Un teléfono con una pegatina dorada

La compañía Escobar Inc tuvo al frente al empresario sueco reclamado por las autoridades de Estados Unidos, pero también a uno de los hermanos del narcotraficante: Roberto de Jesús Escobar, que se presenta como contable y “jefe de asesinatos” del cartel de Medellín en aquella época. La empresa gestiona los derechos de imagen del criminal muerto en 1993, un asunto problemático para las autoridades después del éxito de la serie 'Narcos'. Hace unos meses, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo avaló la negativa de la Oficina de Propiedad Intelectual de impedir el registro del nombre de Pablo Escobar como marca comercial y evitar, por ejemplo, que se vendiera café con la cara y el nombre de la persona cuyo imperio de la cocaína provocó cientos de muertes en Colombia.

En Estados Unidos varios youtubers e influencers especializados en tecnología no tardaron en extrañarse por la venta del teléfono y sus distintas versiones. Anuncios de mujeres en ropa interior posando con el teléfono así como la promesa de que se llevaría por delante a la compañía Samsung. La realidad, como explicó Marques Brownlee hace cuatro años, es que los famosos teléfonos de Escobar eran un Samsung con una pegatina dorada, que si se retiraba dejaba a la vista la marca original.

Ahora el socio del hermano de Pablo Escobar espera a que las autoridades españolas decidan sobre su entrega a Estados Unidos con el aval ya firme de la Audiencia Nacional. El fiscal estadounidense le atribuye hasta 115 cargos criminales centrados en distintos tipos de fraude y el lavado de dinero, además de colaborar con otras personas para cometer estos delitos. La Audiencia Nacional entiende que en el Código Penal español eso es asimilable a delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.

A lo largo de su proceso de extradición, el empresario sueco ha alegado varias cosas, por ahora sin éxito: que no hay pruebas de la estafa masiva que perpetró usando el nombre del narcoterrorista, que ya fue exonerado por hechos similares en su Suecia natal y que, en todo caso, todo esto sería un pleito civil entre una empresa y unos consumidores insatisfechos, no una causa con más de un centenar de cargos penales contra él.

La Audiencia Nacional ha rechazado sus argumentos y ahora su única posibilidad es llevar su caso ante el Tribunal Constitucional. En las resoluciones que ha podido examinar elDiario.es, los jueces han rechazado todas sus alegaciones. No fueron “meros incumplimientos contractuales” en la compraventas de los lanzallamas o los teléfonos, y no está acusado por delitos “políticos”.

Tampoco entienden que en Suecia fuera denunciado por lo mismo y finalmente absuelto. Los documentos que ha aportado, afirma la Audiencia Nacional, son “simples fotocopias sin cotejo ni traducción” por un modus operandi “similar” pero que no coincide ni en fechas ni en víctimas ni en territorio. Las acusaciones que Estados Unidos plantea contra él, añaden los jueces españoles de la sección y del pleno de lo penal de la Audiencia, contienen “suficientes indicios acreditativos”. El pleno de lo penal dijo en junio que “no se puede dudar” de que Estados Unidos tiene derecho a denunciar e investigar estos hechos: “Gran parte de los mismos se llevaron a cabo en su territorio, también es en Estados Unidos donde están la mayor parte de las víctimas y cuentas bancarias”. En España, añaden los jueces, “también se persiguen los delitos por los que es perseguido”.

Olof K.G, según explican fuentes del caso a este periódico, mientras tanto busca la manera de paralizar su entrega a Estados Unidos. Por un lado, su defensa explora la posibilidad de llevar su caso hasta el Tribunal Constitucional y pedir que, mientras tanto, su extradición se paralice. También, según estas mismas fuentes, ha pedido asilo en España. Mientras tanto, un fiscal estadounidense se prepara para acusar a este empresario sueco de haber estafado más de un millón a cientos de personas usando la cara y el nombre del narcotraficante más famoso de la historia vendiendo lanzallamas, teléfonos móviles y criptomonedas.

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, se ha dirigido a Suiza para mostrar su malestar por todos los reparos que las autoridades helvéticas han puesto a sus acusaciones por terrorismo contra Marta Rovira en el caso Tsunami Democràtic. El magistrado se queja de que no hayan cerrado una reunión “urgente” para tratar este asunto, insinúa que Suiza actúa bajo un “sesgo político” en este asunto y considera “inadmisible” que se le pidan explicaciones sobre la futura e hipotética ley de amnistía y sus efectos sobre este caso.

Además, el magistrado ha anunciado que abre una investigación secreta sobre la filtración del documento con los argumentos de Suiza, conocida ayer. El juez entiende que los funcionarios o autoridades que tuvieran conocimiento de esta respuesta pudieron cometer un delito de revelación de secretos y encarga la investigación a la Guardia Civil, a la que insta a no reportar a sus superiores, sino directamente ante él mismo.

El magistrado que investiga el caso Tsunami Democràtic, y que en los últimos meses ha impulsado la acusación por terrorismo en el marco de la causa contra líderes independentistas catalanes como Carles Puigdemont, pidió hace meses a Suiza que localizara a Marta Rovira y que, además, obtuviera información sobre sus cuentas bancarias.

La respuesta de las autoridades helvéticas llegó en diciembre y trascendió ayer: pedían más información al juez español para comprobar que no se trata de una persecución por motivos políticos, cuestionaba que pidiera información de sus cuentas hasta mucho después de los altercados de 2019 y, finalmente, pedía información sobre cómo la futura ley de amnistía podía afectar a todo el proceso.

Unos argumentos que no han gustado al juez García Castellón. En su respuesta a Suiza, conocida este miércoles, explica que los tratados internacionales suscritos por ambos países prohíben rechazar la solicitud de asistencia judicial. También critica que pidió una reunión de coordinación en el marco de Eurojust que, por ahora, no se ha realizado.

Sobre las explicaciones que pide Suiza en torno a la futura ley de amnistía y sus posibles efectos sobre esta causa, el juez considera “llamativa” la petición y que no es su función informar sobre la ley. “La explicación resulta manifiestamente inadmisible y no se puede sustanciar”, dice el magistrado.

Pide el informe del fiscal Cadena

Sobre la posibilidad de que Suiza considere que sus acusaciones penales contra Rovira tienen un tinte político, el juez habla directamente de “incongruencia”, al hacer esa pregunta mientras también solicita información sobre el proceso político de elaboración de una ley. “Semejante incoherencia podría hacernos pensar que el sesgo político más bien atiende a la voluntad del responsable que recibe la comunicación”, afirma para después defender los indicios que, considera, permiten acusar de forma indiciaria a Rovira de terrorismo.

En otra providencia firmada y notificada este miércoles, García Castellón mueve ficha y pide documentación para enviar a Suiza sobre la futura ley de amnistía. El documento elegido por el juez para esto es el informe de los fiscales del Supremo que apoya la acusación por terrorismo contra Carles Puigdemont. Es decir, un informe de un fiscal de sala jefe, Fidel Cadena, sin validez en el proceso, ya que el informe que marcará el criterio de la Fiscalía será el de la teniente fiscal del Supremo.

García Castellón asegura que ha sabido de este documento “por su publicación en diversos medios de comunicación” y pide que se una a la documentación “que se remitirá a las autoridades suizas con la mayor brevedad posible, sirviendo la presente resolución de atento oficio a los fines expresados”.  

Las causas abiertas al procés independentista catalán llevan años encontrándose con obstáculos cuando llega el momento de enfrentarse a los tribunales de otros países. Suiza ha sido el último país en poner reparos a las peticiones de los jueces españoles, en este caso enfriando la del juez Manuel García-Castellón de localizar a Marta Rovira, a la que acusa de terrorismo en Tsunami Democràtic. A día de hoy, la anulación de la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont es la única victoria de los tribunales nacionales frente a las decisiones que desde Alemania, Escocia o Italia han cuestionado los frentes internacionales del proceso judicial. Varias incógnitas sobrevuelan el final de todas esas ramificaciones del procés: la acusación por terrorismo contra Puigdemont, su extradición y la ley de amnistía.

El último varapalo ha llegado desde Berna con la firma de Guillaume Rousseau, de la oficina federal helvética de Justicia. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón movió ficha el pasado mes de noviembre y decidió impulsar su causa por posible terrorismo en Tsunami Democràtic, que investiga las manifestaciones masivas de 2019 contra la sentencia del procés. Uno de sus escritos partió en dirección a Suiza reclamando a las autoridades que localizasen a Marta Rovira de cara a su posible imputación. Rovira lleva en el país desde marzo de 2018, poco antes de su cita como imputada en el Tribunal Supremo con el juez Llarena.

La respuesta de Suiza no es definitiva porque pide más información al juez García Castellón antes de decidir, por ejemplo, si la de Rovira es una acusación de “carácter político”, análisis habitual en este tipo de solicitudes. Pero sí pone varias pegas. Pide más información sobre la futura ley de amnistía y sus efectos sobre esta causa, y pide también a García Castellón que sea más preciso a la hora de detallar la relación de la dirigente de ERC con las manifestaciones que cortaron el aeropuerto de El Prat en 2019. Cuestiona, finalmente, que el magistrado de la Audiencia Nacional pida información sobre sus cuentas hasta junio de 2020 si las protestas de Tsunami fueron en octubre del año anterior.

Este documento recuerda, de hecho, que la petición del juez del caso Tsunami es “muy similar” al de una comisión rogatoria que puso en marcha sin éxito el mismo magistrado en 2019. Una solicitud de entrega de Rovira que ya fue denegada entonces por un escrito firmado también por Rousseau. Hace un lustro, Suiza ya fue contundente con García Castellón: ni organización criminal ni terrorismo en Tsunami Democràtic para Marta Rovira.

“El terrorismo se define como un acto de violencia criminal que pretende intimidar a una población o a obligar a un Estado o una organización internacional a realizar, o a abstenerse de realizar, un acto cualquiera. Los hechos españoles no se desprende el uso de la violencia criminal entre otros elementos, exigencia de esta norma suiza”, fue la respuesta. Las reticencias mostradas por Suiza, por tanto, no son nuevas para el juez de la Audiencia Nacional.

Tampoco lo son para el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, que seis años y medio después de asumir la causa contra el procés no ha conseguido que los países donde se marcharon los líderes independentistas entreguen, hasta la fecha, a ninguno de ellos. En algunos casos ha sido el criterio de los jueces de otros países pero también el paso del tiempo, la sentencia del procés y los cambios del Código Penal han sido determinantes en los fracasos de los tribunales españoles.

De Alemania a Luxemburgo: la entrega de Puigdemont

Carles Puigdemont abandonó España a finales de octubre de 2017. Poco antes de que la Fiscalía se querellara contra él y todo su Govern, y después ser destituido por la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. No acudió a la llamada de la Audiencia Nacional y empezó entonces una sucesión de peticiones desde España a distintos países europeos, a día de hoy infructuosas o en suspenso.

El primer gran varapalo llegó unos meses después, ya en 2018. Carles Puigdemont había sido detenido en Alemania cuando cruzaba el país para volver desde Dinamarca hasta Bélgica, pero el tribunal germano de Schleswig-Holstein rechazó subirle a un avión y entregarle en las condiciones que proponía el juez Pablo Llarena: lo harían por malversación, pero no por rebelión, delito que entonces estaba aún encima de la mesa. El magistrado español rechazó el trato que proponían sus homólogos alemanes.

Empezó entonces a escucharse en el Supremo y en la Fiscalía un lamento que, a día de hoy, sigue haciendo eco por los pasillos de ambas instituciones: que los tribunales de otros países vayan mucho más allá de sus límites a la hora de analizar y rechazar estas extradiciones. El propio Llarena llegó a denunciar en un auto la “falta de compromiso” de las autoridades alemanas y la Fiscalía acusó al tribunal de Schleswig-Holstein de “ignorar” la normativa europea.

Puigdemont volvió a ser arrestado en la isla italiana de Cerdeña en septiembre de 2021 y el resultado fue el parecido. Los jueces de Sassari dejaron en libertad al expresident catalán sin cautelares y supeditando una posible extradición al resultado de los pleitos pendientes sobre su inmunidad parlamentaria. Ese resultado llegó en julio de 2023, pero tampoco ha desencallado, por el momento, la situación, aunque fuera una contundente victoria, la primera por escrito, del juez Llarena.

Fue el Tribunal General de la Unión Europea el que retiró la principal protección de Carles Puigdemont: su inmunidad de europarlamentario. La suya y la de los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. Una vez conocida esa decisión, el juez Llarena optó por la prudencia y anunció que no tomaría ninguna decisión hasta que los tribunales europeos resolvieran los posibles recursos y medidas cautelares que planteara la defensa del expresident. Esa posible reactivación de las órdenes de extradición por parte del Supremo, según fuentes del caso, sigue a la espera después de la derrota sin paliativos de Puigdemont en esa fase del proceso.

El contexto legal y judicial ha cambiado mucho desde que arrancó la causa del procés. Las primeras peticiones de entrega de la causa principal se cursaron por un delito de rebelión impulsado por la Fiscalía que quedó descartado de plano en la sentencia del procés. Una reforma legal posterior eliminó el delito de sedición por el que se condenó a los acusados y obligó a modificar el andamiaje legal del caso: Carles Puigdemont, en la actualidad, está acusado solo de malversación de caudales públicos. Todos estos cambios han propiciado la vuelta de otros políticos catalanes que se fueron de España y nunca acudieron a la llamada del Supremo.

Ponsatí, Gabriel y Serret

El 11 de marzo de 2021 las cámaras se agolpaban en la calle Marqués de la Ensenada como en los grandes momentos de la causa del procés. Minutos antes había trascendido que, por primera vez en cuatro años, una de las integrantes destituidas e imputadas del Govern había regresado a España y se había presentado en el despacho de Pablo Llarena. Meritxell Serret, exconsellera de Agricultura, había decidido volver. Después de casi cuatro años en Bélgica, había obtenido un escaño en el Parlament de Catalunya y ya no se exponía a una pena de cárcel sino solo de inhabilitación.

La sentencia del procés no solo había descartado la rebelión. También había descartado que su departamento invirtiera ni un solo euro en el procés, por lo que la malversación quedaba descartada. En la actualidad, a la espera de pronunciamiento firme por parte del Supremo, Serret ha sido condenada a un año de inhabilitación por parte del Tribunal Superior de Catalunya.

Fue la primera en volver de lo que el independentismo denomina “exilio” y los tribunales españoles califican de “fuga”. En julio de 2022 fue Anna Gabriel, exdiputada de la CUP, la que acudió también voluntariamente al Supremo para entregarse tras cuatro años en Suiza. Su causa, en la que llegó a estar imputada por desobediencia en el Supremo, quedó archivada recientemente por la Audiencia Provincial de Barcelona.

El goteo de retornos voluntarios culminó en marzo de 2023 con la vuelta a España de Clara Ponsatí. La exconsellera del Govern se convirtió en parte del núcleo duro del expresident en su huida de la causa del procés. Ponsatí optó por Escocia, donde los tribunales de Edimburgo rechazaron su entrega hasta que se mudó a Bélgica, donde ejerce como eurodiputada. Inicialmente procesada por rebelión y malversación, los dos delitos más graves de la nómina de acusaciones de Llarena, volvió a España y después de varios intentos, detenciones y puestas en libertad, compareció ante el juez. Acusada solo por desobediencia, se expone a la inhabilitación en un proceso que está a la espera de juicio en el Supremo.

Todas las causas relacionadas con el procés, tanto las que se tramitan en España como las que tienen un pie en el exterior, están ahora pendientes de un nuevo factor que puede ser determinante: la futura ley de amnistía. La respuesta de las autoridades de Suiza a la petición de Manuel García Castellón revela que la norma, cuyo primer borrador no salió adelante en el Congreso por la falta de apoyo del partido de Puigdemont, puede tener su incidencia también en el extranjero. El contenido de la ley, y saber si la acusación de terrorismo contra Puigdemont prospera, serán las dos claves que marquen el futuro de las ramificaciones internacionales del procés que desde hace siete años traen de cabeza a los jueces españoles.

El nombre de Carles Puigdemont ha saltado simultáneamente a la primera línea de la actualidad política y de la judicial. Su partido, Junts per Catalunya, se ha convertido en la clave de una posible investidura de Pedro Sánchez después de los siete escaños conseguidos el pasado 23J. En su mano está que haya gobierno o que el país se aboque a una nueva repetición electoral. Y este momento político ha cruzado su camino con la posible reactivación de su proceso de entrega al Tribunal Supremo para ser juzgado por su papel en el desafío soberanista de 2017. Dos frentes que, en cualquier caso, tienen tiempos distintos: el hipotético apoyo de JxC a Sánchez para gobernar tendrá que quedar zanjado en los próximos meses mientras que la posible extradición de Puigdemont tiene todavía un largo periplo por delante.

En las últimas semanas el juez Pablo Llarena ha obtenido su primera victoria internacional después de varios años de derrotas. El Tribunal General de la Unión Europea confirmó que el expresident catalán no está protegido por la inviolabilidad de su escaño de diputado en el Parlamento Europeo y que, por tanto, se puede enfrentar a una extradición a España. Un día después de las elecciones generales, la Fiscalía movió ficha y pidió al Tribunal Supremo que volviera a ponerlo en búsqueda y captura mientras se preparaba para reclamar nuevamente su entrega para ser juzgado en España por el procés.

La causa contra él, atascada en distintos puntos de Europa desde que abandonó España en 2017, ha pisado el acelerador pero es improbable que los tiempos judiciales coincidan con el calendario político. Incluso en un escenario en el que las negociaciones entre JxC y PSOE vayan mucho más rápido de lo esperado, teniendo en cuenta que la previsión del partido de Puigdemont, tal y como ha explicado elDiario.es, es no tener prisa y sacudirse la presión de tener sus manos el bloqueo o la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno durante cuatro años más. Nada, salvo cambio de criterio, para las próximas semanas.

El horizonte de la posible entrega de Puigdemont es todavía más lejano e incierto. El propio Llarena ha enfriado la posibilidad de poner el proceso en marcha porque ya no esté protegido por la inmunidad parlamentaria. Este jueves, el instructor tomó nota de la petición de la Fiscalía de volver a ponerlo en búsqueda y captura pero anunció que esperará a que los tribunales comunitarios contesten a cualquier petición de medidas cautelares que pueda interponer el expresident catalán. Y solo ese primer trámite tiene dos meses por delante en una sucesión de previsibles recursos, cautelares y más recursos.

La defensa de Puigdemont tiene dos meses para pedir medidas cautelares e intentar recuperar su inmunidad aunque sea por un tiempo, un plazo que acaba el próximo 15 de septiembre. Después el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá, sobre el papel, otro medio año para decidir. Aunque los antecedentes permiten contemplar incluso plazos más amplios: en su primera petición de cautelares pasaron casi 10 meses desde que el Tribunal General le quitó la inmunidad hasta que el Tribunal de Justicia comunitario se la devolvió de forma cautelar. Las medidas urgentes siempre se resuelven antes pero, aún así, esa primera decisión seguiría sin acercar las negociaciones políticas a la entrega judicial.

En su escrito conocido esta semana, el juez Llarena ubica el pistoletazo de salida del proceso de extradición en el momento en que los tribunales europeos resuelvan esas medidas cautelares. Pero después empieza un proceso largo y tortuoso en el que el Tribunal Supremo, hasta ahora, siempre ha salido derrotado. Un proceso de extradición en el que los tribunales belgas, como ha sucedido en el pasado y en otros países como Alemania, Italia o Escocia, examinarán la causa y no tardarán tampoco pocas semanas en tomar una decisión.

Las próximas elecciones europeas

En su último auto, Llarena justifica el frenazo al posible proceso de entrega en que, si se aceptan las cautelares que pide Puigdemont, todo el proceso volvería a quedar “inmediatamente paralizado” y cualquier orden de detención sería “intrascendente”. Y expone que, una vez ponga encima de la mesa una petición para traer al expresident a España, Bélgica tendrá un máximo de tres meses para responder, aunque esos plazos no se hayan cumplido en el pasado.

El instructor del Supremo también entiende que no tendría que volver a redactar y enviar el suplicatorio al Parlamento Europeo para reclamar la entrega de Carles Puigdemont y Toni Comín, aunque lleguen unas nuevas elecciones y el expresident renueve su asiento en la eurocámara. Y ahí es donde Llarena dibuja una suerte de línea roja: junio de 2024. Cuando están previstas las próximas elecciones europeas.

Para Llarena, “no existiría ninguna dificultad para que los procesados puedan ser puestos a disposición de la Justicia española antes de disolverse el Parlamento para el que fueron elegidos”. El magistrado del Tribunal Supremo, por tanto, cuenta con poder enviar a Puigdemont al banquillo por malversación de caudales públicos y desobediencia antes del verano del año que viene. Un plazo, en cualquier caso, muy alejado de unas negociaciones para investir a Pedro Sánchez antes de diciembre.

Como ha sucedido en procesos anteriores, cada paso de una extradición y una retirada de inmunidad pueden ser recurridas y, hasta la fecha, la defensa de Carles Puigdemont y el resto de políticos catalanes reclamados ha optado por agotar todas las posibilidades procesales a su alcance.

 El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha recibido 1.608 llamadas desde la pasada medianoche hasta las 13 horas de este martes y ha gestionado 363 incidentes, al menos 225 de ellos relacionados con el temporal de lluvia.

De este total de incidentes, en los que no se han registrado heridos, 173 se han producido en la provincia de Badajoz y 190 en la de Cáceres, ha informado el Gobierno regional en una nota.

Estos incidentes han consistido en asistencias técnicas motivadas por la necesidad de achiques, limpieza de calzada, presencia de balsas o saltos de agua, cortes de carreteras y rescate de personas atrapadas.

Según ha indicado el Ejecutivo regional, el Comité Técnico Asesor del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones (INUNCAEX) ha celebrado este martes una segunda reunión en la que se ha analizado la actual situación tras los incidentes ocurridos durante la mañana, a causa de las intensas lluvias en la región.

La localidad más afectada ha sido La Roca de la Sierra, en la que los medios oficiales movilizados han participado en el rescate de 10 personas, todas ellas ilesas, que han sido desplazadas a instalaciones propuestas por el Ayuntamiento de la localidad.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de que las lluvias continuarán durante toda la jornada, aunque con menor intensidad, desplazándose las principales precipitaciones a la Meseta cacereña y el Norte de esta provincia.

Desde la Junta se pide extremar la precaución al volante por las fuertes lluvias y evitar, en lo posible, los desplazamientos por carreteras de la región durante la jornada de hoy, debido a la presencia de balsas de agua y ante la situación difícil por las intensas precipitaciones

El Consejo de Ministros tendrá que decidir si entrega a Reino Unido a un ultraderechista británico que, desde su casa en la provincia de Alicante, llevaba las riendas de un canal de Telegram dedicado a difundir consignas supremacistas, animando a sus seguidores a cometer atentados racistas e, incluso, difundiendo manifiestos de los terroristas de ultraderecha que perpetraron las masacres de Utoya y Christchurch. La Audiencia Nacional avaló su entrega el pasado junio pero con la condición de que, una vez juzgado y en caso de ser declarado culpable, sea devuelto a España para cumplir condena en una cárcel de nuestro país por el arraigo familiar y laboral que tiene en la Comunidad Valenciana. Por el momento se encuentra en prisión provisional y los tribunales han rechazado recientemente su puesta en libertad hasta que sea entregado.

La documentación del caso, a la que ha tenido acceso elDiario.es, revela que este ciudadano británico residente en Alicante, que responde a las iniciales de Christopher T.K, está acusado por las autoridades de su país de ser un miembro activo de Patriotic Alternative, grupo ultraderechista, supremacista y racista con implantación en Reino Unido y sucesor de la organización neonazi terrorista desmantelada National Front. Gestionaba, según esta acusación de la Fiscalía británica, un canal de la aplicación Telegram creado en 2020 y con más de 1.800 personas suscritas en el que difundía personalmente todo tipo de contenidos racistas, supremacistas y ultraderechistas.

En este canal, supuestamente, publicaba contenido “predominantemente dirigido a fomentar la hostilidad contra personas no blancas y alentar a la acción violenta directa contra ellas, como parte de una ideología de supremacía blanca”. En el primer trimestre de 2021, por ejemplo, enlazó a varios documentos que animaban a los lectores a llevar a cabo actos terroristas“. Entre ellos, manifiestos de hasta cuatro terroristas de extrema derecha, entre ellos Brenton Tarrant, que en marzo de 2019 asesinó a 51 personas en un ataque terrorista perpetrado en varias mezquitas de Christchurch, en Nueva Zelanda. También uno de Anders Breivik, supremacista autor de la matanza de 77 personas en la isla noruega de Utoya.

Sus escritos en este canal de Telegram, dice la Audiencia Nacional, “dejan claro que está al tanto del contenido de las publicaciones, así como su convicción en prepararse para una guerra entre razas”. Los investigadores de Reino Unido solicitaron su detención el pasado mes de febrero y fue arrestado y puesto en libertad con cautelares. Un segundo llamamiento fallido el pasado junio llevó a la Audiencia Nacional a decretar su ingreso en prisión provisional, donde permanece hasta la fecha a la espera de ser entregado del país que abandonó hace ahora más de tres años con su familia.

Los jueces de la sala de lo penal, que firmaron su aval a la extradición condicionada el pasado 30 de junio, valoran que los escritos que este ultraderechista rebotaba a través de su canal de Telegram “animan directamente a cometer atentados homicidas en nombre de la supremacía blanca, exponen su ideología racista e incluyen consejos prácticos para cometer actos terroristas”.

La Audiencia Nacional también ha estudiado el tipo de condena a la que se expone en Reino Unido: 15 años de prisión por cada delito de difusión de material terrorista, en base a la Ley sobre Terrorismo británica. Y su resolución refleja la diferencia legislativa entre ese país y España a la hora de considerar este tipo de hechos relativos a la ultraderecha: “Estos hechos, en España, serían constitutivos de un delito de odio en concurso con un delito de enaltecimiento terrorista castigado con un pena de prisión de uno a cuatro años, el primero de los delitos reseñados, en su consideración individual”.

Los jueces, el pasado mes de junio, rechazaron todos los argumentos de la defensa del ultraderechista británico para evitar la extradición: una supuesta falta de pruebas contra él, el requisito de la doble incriminación o la petición de que, en todo caso, sea juzgado en España y no en Reino Unido. “La solicitud de entrega es proporcionada y el delito por el que es reclamado no es un delito político”, contestan los jueces entre otros argumentos. Sí aceptan que su entrega sea condicionada y que si es finalmente condenado pueda volver a España a cumplir condena por el arraigo familiar que tiene en Alicante, en contra de lo que había pedido la Fiscalía.

“Charlie Big Potatoes”, coach de neonazis

La Fiscalía británica, en su petición de extradición, explicaba que Chris T.K es miembro “activo” de Patriotic Alternative, grupo político de Reino Unido surgido tras la desarticulación del grupo neonazi National Action, con la que comparte objetivos: ensalzar la “raza inglesa” y expulsar a los inmigrantes de Reino Unido a través de la acción directa. Una acción directa centrada en Reino Unido y no en el resto del continente.

El supuesto miembro del grupo reclamado por la Corte de Magistrados de Westminster es conocido por la actividad que mantuvo en diversas redes sociales hasta su detención en Alicante el pasado mes de marzo. Conocido en diversos perfiles como 'Charlie Big Potatoes', este ultraderechista no sólo se ha encargado de difundir la ideología del odio y manuales terroristas por Telegram y otros canales, sino que también ha creado en otros para difundir contenidos de entrenamiento físico para los militantes ultraderechistas. Su salida a España se tradujo en un fuerte enfrentamiento con otros líderes ultraderechistas británicos, según puede comprobarse en sus canales habituales de comunicación en Telegram.

El dossier publicado en noviembre de 2021 por 'Hope, not hate' sobre Patriotic Alternative refleja la actividad de este neonazi más allá de la difusión de material terrorista del que está acusado por la Justicia. Le definen como una “figura con cada vez más influencia” en la agrupación neonazi y destacan que “hasta hace poco ha estado encargado su 'fitness officer'”. Participó activamente en el podcast 'Patriotic Talk', definido como “uno de los más influyentes en la ultraderecha de Reino Unido”. Le atribuyen la creación del canal de Telegram 'Fascist Fitness'.

'Hope, not hate' afirma que este neonazi ha promovido las teorías terroristas supremacistas de James Mason, ha incitado al uso de la violencia y ha llegado a pedir “fanáticos, gente que esté dispuesta a morir por esta causa, un grupo de gente que sepa exactamente lo que quiere”. En su página web, Patriotic Alternative explica que tiene “un plan” para un Reino Unido “sano, exitoso y próspero”. Un plan que pasa, sobre todo, por cortar de raíz la llegada de inmigrantes mientras un contador informa de que quedan, aproximadamente, 43 años para que los “británicos nativos” sean una minoría en el país.

Es cuestión de tiempo que el Consejo de Ministros aborde la extradición de este integrante de la ultraderecha británica a Londres, donde será juzgado por la supuesta difusión de material terrorista a través de un canal de Telegram donde acumuló en torno a 1.800 seguidores.

En sus recursos y escritos presentados ante la Audiencia Nacional, que ha podido examinar elDiario.es, la defensa de este ultra británico afirma que “no existe prueba certera de su participación” y denuncia no conocer el resultado de las investigaciones que haya hecho la Policía Nacional española. Recuerda que mientras ha estado en España difundiendo, supuestamente, ese contenido vinculado a terroristas de ultraderecha nunca ha sido perseguido por las autoridades de nuestro país y que otros mensajes racistas y supremacistas en sus perfiles de internet no pueden ser utilizados para apoyar este proceso de extradición: “Diatribas contra los inmigrantes, multiculturalismo o el pueblo judío, aunque altamente rechazables, se pueden amparar en la libertad de expresión y dentro de una ideología de extrema derecha”, defiende su abogada.

La Audiencia Nacional ha rechazado una nueva petición de libertad del exmilitar venezolano reclamado por Estados Unidos, Hugo 'El Pollo' Carvajal, por el “evidente” riesgo de que se fugue en cuanto salga de la cárcel. Para la sala de lo penal, la posibilidad de que desaparezca en caso de quedar en libertad se ha incrementado en los últimos meses después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo haya paralizado cautelarmente la ejecución de su entrega a las autoridades estadounidenses, donde es reclamado por organización criminal y tráfico de drogas.

Este exmilitar venezolano ha intentado en diversas ocasiones impedir su extradición no sólo con recursos sino prestando declaración sobre diversos asuntos para intentar colaborar con la Justicia y obtener un trato favorable. Uno de estos aspectos han sido varias acusaciones contra Podemos y sus dirigentes de una supuesta financiación irregular que, por ahora, han sido despreciadas por la sala de lo penal. “Son narraciones de terceros”, dijeron los magistrados.

Hace unos días, sin embargo, su testimonio fue esgrimido por el juez Manuel García Castellón para abrir una investigación contra Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores del partido que dirige Ione Belarra, para abrir una causa contra él por blanqueo y falsedad documental. Tomo esta decisión después de que la Audiencia Nacional le obligara a cerrar la causa “prospectiva” que, según los magistrados, había abierto en secreto en torno al partido.

Carvajal, detenido en Madrid hace un año, alegaba ante los jueces que el tribunal de Estrasburgo había paralizado la ejecución de su entrega hasta dictar sentencia sobre su recurso. Los jueces de la Audiencia Nacional rechazan que esto le permita quedar en libertad en un auto en el que explican que el riesgo de fuga incluso ha aumentado. Su entrega, dicen, se ha paralizado pero “en ningún momento se ha dejado sin efecto”.

Explican en su resolución que Carvajal es reclamado por EEUU por hechos de “gravedad” relacionados con el tráfico de drogas, el terrorismo y las organizaciones criminales. Recuerdan, además, que si ahora está en prisión y reclamado internacionalmente es porque previamente se había fugado: “El riesgo de fuga no sólo persiste, sino que se ha incrementado ya que la decisión de entrega es definitiva, tanto en la vía jurisdiccional como gubernativa” a la espera de que el TEDH tome una decisión sobre su caso.

La jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Cáceres ha emitido ya la euroorden para solicitar a las autoridades croatas la extradición de la pareja, presunta autora del robo de 45 botellas de vino valoradas en 1,7 millones de euros al hotel restaurante Atrio de Cáceres, según han informado a elDiario.es fuentes de la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Tal y como informaron ayer, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, y agentes implicados en el operativo policial, los presuntos autores fueron detenidos el pasado lunes en Croacia, donde permanecen en dependencias policiales a la espera de ser extraditados.

Según pusieron de manifiesto, se espera que el proceso no se alargue más allá de unos 10 días, dado que Croacia forma parte de la UE y se tratan de actuaciones basadas en la mutua confianza.

Hay que recordar que se trata de un hombre, de 47 años de edad, de doble nacionalidad, de Rumanía y de Países Bajos, que ya contaba con antecedentes policiales y penales por hechos similares. Su compañera en robos de “alto standing” tiene 29 años y es de nacionalidad mejicana, sobre ella no constan antecedentes penales.

Los hechos sucedieron en la madrugada del 26 al 27 de octubre de 2021. Primero se alojó la mujer, avisó que iría a cenar con un acompañante, y después de la cena, pidieron visitar la bodega, como hacen muchos de los comensales de Atrio. Una vez que cenaron subieron a la habitación, pero sobre la 1,30 hora de la madrugada pidieron al servicio de habitaciones que les subieran comida. Les dijeron que la cocina estaba cerrada, insistieron y entonces les subieron una ensalada.

Aprovecharon la distracción del personal del hotel en esos momentos para abrir la bodega con una llave maestra y sustraer las botellas que, cuidadosamente, debieron envolver para que no se rompieran ni hicieran ruido con unas toallas del hotel, que después se percataron de que habían desaparecido. La huida del hotel con el botín se produjo en torno a las 5,30 horas de la mañana y a pie.

En tanto, son entregado los presuntos autores a las autoridades judiciales españolas, la policía sigue investigando para averiguar el paradero de las 45 botellas robadas, una de ellas, con un valor superior a los 300.000 euros, y saber si hay más personas implicadas en el robo.

Doy por supuesto que los lectores saben que la justicia belga en su totalidad ha rechazado las solicitudes de extradición dictadas contra Valtònyc y Lluís Puig por el Tribunal Supremo (TS). No estoy seguro de que estén al tanto de las semejanzas y diferencias que existen entre ambos casos.

Valtònyc ha sido condenado en España mediante sentencia firme a una pena de prisión de algo más de tres años por diversos delitos. Fue condenado en primera instancia por la Audiencia Nacional (AN). La sentencia de la AN fue confirmada por el TS. Y el Tribunal Constitucional no admitió el recurso de amparo interpuesto contra dichas sentencias.

Después de haber sido condenado, Valtònyc huyó y fijó su residencia en Bélgica. Puesto que la sentencia en España es firme, el TS ha dictado una orden de detención y entrega dirigida a la justicia belga solicitando su extradición, a fin de que se ejecute la sentencia dictada contra él. La justicia belga se ha negado hasta el momento a conceder la extradición por entender que la conducta por la que ha sido condenado en España no es constitutiva de delito en Bélgica. El Ministerio Fiscal podría interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo belga, pero, por lo que parece, no lo va a hacer por entender que no tendría posibilidad de prosperar. 

Quiere decirse, pues, que no un órgano unipersonal, sino todo el sistema de justicia belga es el que considera que no se debe conceder la extradición solicitada por el TS. 

Lluís Puig, por el contrario, no huyó a Bélgica para no tener que responder ante la justicia española, sino que fijó su residencia en Bélgica antes de que el Ministerio Fiscal hubiera iniciado actuación de cualquier tipo contra él. Lluís Puig ha ejercido su derecho fundamental reconocido en el artículo 19 de la Constitución, que le permite entrar y salir libremente del territorio del Estado y fijar su residencia donde le parezca oportuno. Se mantiene a disposición del TS, pero en los términos en que la justicia belga considere que dicha puesta a disposición tiene que materializarse. 

Dicho de otra manera, el TS tiene que persuadir a la justicia belga de que su solicitud de extradición es ajustada a derecho. Si lo consigue, Lluís Puig será extraditado, a fin de que el TS pueda procesarlo y juzgarlo. Si no lo consigue, Lluís Puig continuará en posesión de todos los derechos reconocidos en la Constitución, manteniendo, si quiere, su residencia en Bélgica. 

La primera diferencia entre la posición jurídica de Valtònyc y la de Lluís Puig es clara. Valtònyc ya ha sido condenado en España. Lluís Puig no ha sido ni siquiera juzgado.

De esta primera diferencia se deduce otra de enorme importancia. En el caso de Valtònyc, la justicia belga no ha puesto en cuestión la legitimidad de la justicia española para considerar que su conducta es constitutiva de determinados delitos. Se ha limitado simplemente a afirmar que tales delitos no existen en el ordenamiento jurídico belga.

En el caso de Lluís Puig, la orden de detención y entrega se dictó por el TS con la finalidad de juzgarlo por el delito de malversación, que sí existe en el ordenamiento jurídico belga. Al rechazar la extradición, la justicia belga pone en cuestión la “legitimidad” de la actuación del TS como órgano jurisdiccional de un Estado de Derecho digno de tal nombre. Si la extradición hubiera sido solicitada por un órgano judicial radicado en Catalunya, lugar en el que Lluís Puig había desarrollado su actividad como miembro del Govern presidido por Carles Puigdemont, la justicia belga no habría podido negarse a conceder la extradición. Pero al haberla solicitado el TS, ya no es así.

La exigencia de responsabilidad penal por su conducta como miembro del Govern tenía que haberse producido ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Contra la sentencia de dicho TSJC se podría interponer recurso de casación ante el TS. Este es el “orden natural” del proceso de administración de justicia en cualquier Estado de Derecho digno de tal nombre. 

Este “orden natural” es el que, según la justicia belga, ha subvertido el TS, manipulando las normas atributivas de competencia con la finalidad de convertirse en juez de primera y única instancia contra el que fuera conseller del Govern, Lluís Puig. Con ello ha vulnerado derechos fundamentales constitutivos del “núcleo esencial” del Estado de Derecho. No de este o de aquel Estado de Derecho, sino del Estado de Derecho. Por eso no se puede atender la solicitud de extradición que ha dirigido a la justicia belga. 

Tras la decisión de la justicia belga de no dar cumplimiento a la orden de detención y entrega que se le había enviado, el juez Pablo Llarena ha elevado una “cuestión prejudicial” al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con la finalidad de que reconozca su autoridad para dictar la orden de detención y entrega que había cursado e imponga a la justicia belga la obligación de conceder la extradición del conseller Lluís Puig.

Si el TJUE avala la posición del juez instructor español, Lluís Puig deberá ser extraditado para ser juzgado por el TS en España. En el caso de que no sea así, sería toda la actividad del TS en el caso procés la que se vería afectada de nulidad, por vulneración de derechos fundamentales de todos los procesados y condenados, ya que si no tenía competencia para actuar contra Lluís Puig, tampoco la tenía para actuar contra todos los demás.

En la primera mitad de 2022, previsiblemente, se conocerá la decisión del TJUE. Sobre el caso Valtònyc ya tuvo ocasión de pronunciarse el TJUE en cuestión prejudicial y lo hizo en sentido contrario al pretendido por el TS. ¿Volverá a ocurrir lo mismo?

La Audiencia Nacional ha acordado hacer efectiva la entrega a Estados Unidos del ex jefe del servicio de Inteligencia venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el 'Pollo', una vez que ha adquirido firmeza la denegación de asilo en vía administrativa.

En una providencia notificada este miércoles, la sección tercera de lo Penal ha decidido que el reclamado quede a disposición de la Unidad de Cooperación Policial Internacional que debe materializar la entrega y libra oficio a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, así como al director del centro penitenciario en el que se encuentra el reclamado.

Carvajal, al que otro juez de la Audiencia Nacional ha citado para el 27 de octubre tras reabrir una causa archivada en 2016 por presunta financiación ilegal de Podemos a la luz de la documentación que ha ido entregando las últimas semanas, está reclamado en EEUU para ser juzgado por delitos que en España equivalen a pertenencia a organización criminal o pertenencia o colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas en su modalidad agravada.

El exgeneral fue detenido en Madrid por la Policía Nacional, en colaboración con agentes de la DEA norteamericana, el 10 de septiembre, tras casi dos años en paradero desconocido. Era la segunda vez que Carvajal quedaba detenido en Madrid. En abril de 2019 fue arrestado también tras entrar en España con pasaporte falso, pero la Audiencia Nacional denegó entonces su extradición al entender que EEUU lo reclamaba por “una motivación política”, por lo que fue puesto en libertad.

Meses después, en noviembre de 2019, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia acordó finalmente su extradición, pero Carvajal ya había desaparecido. Aún fugado, sus abogados recurrieron ante el Tribunal Supremo el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 3 de marzo para ejecutar la extradición después de que fuera autorizada por la Audiencia Nacional, y pidieron la suspensión cautelar de la orden alegando que las imputaciones no eran ciertas y que la única finalidad de EEUU es torturarle para obtener información sobre Venezuela.

Esta vez, tras quedar detenido por segunda vez, Carvajal decidió declarar voluntariamente en la Audiencia Nacional y adelantó que aportaría documentación sobre la supuesta financiación irregular de Podemos. Para poder utilizar la información de Carvajal, que intenta evitar su extradición por narcotráfico a Estados Unidos, el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón ha buscado en su juzgado hasta encontrar una causa abierta y cerrada casi de inmediato, en una época anterior a su regreso al juzgado de ese tribunal procedente de Roma, donde ejercía como juez de enlace.

Carvajal fue jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela durante ocho años, en los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y Estados Unidos le acusa de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir drogas en territorio estadounidense.

El tribunal italiano ha decidido este viernes dejar en libertad sin medidas cautelares a Carles Puigdemont. El expresident catalán ha sido citado el próximo 4 de octubre, según el auto al que ha tenido acceso elDiario.es, para declarar nuevamente ante la corte de apelación en Cerdeña. Un auto en el que los jueces italianos aseguran que “cabe considerar que la suspensión de dicho procedimiento conlleva la suspensión de la ejecución de dichas órdenes”, en relación con la cuestión prejudicial emitida por el juez Pablo Llarena y la orden europea de detención que pesa sobre el expresident.

Puigdemont ha comparecido hoy por videoconferencia ante los jueces de la corte de apelación de Sassari después de ser detenido ayer a las nueve de la noche en el aeropuerto de Cerdeña. El expresident se dirigía a participar en un evento organizado por el síndico de Alghero cuando fue arrestado por la policía de fronteras italiana. La Fiscalía no ha pedido su ingreso en prisión y el auto argumenta que cualquier restricción a su movilidad “pondría en grave peligro” su derecho a desplazarse al Parlamento Europeo.

La primera decisión a medio plazo que tendrán que tomar los jueces italianos será determinar si el proceso de extradición sigue o no adelante. La defensa de Puigdemont, tal y como recoge igualmente el auto, alega que los tribunales europeos todavía tienen que dictar una resolución sobre su inmunidad parlamentaria y sobre una cuestión prejudicial planteada por el propio juez Pablo Llarena y que, por tanto, hay que esperar a que ese asunto quede zanjado.

El magistrado del Tribunal Supremo no opina lo mismo. Este mismo viernes se ha dirigido a sus colegas italianos para asegurar que su orden de detención no se ve afectada por esos procesos. “El procedimiento judicial del que deriva la euroorden está activo y pendiente de la captura de los procesados en situación de rebeldía”, ha asegurado hoy en un oficio. La tramitación de esta cuestión prejudicial, afirma, “no modifica la situación en que se encuentra actualmente el procedimiento, sin perjuicio de que deba acomodarse en su día a la interpretación que del derecho europeo, y sobre las estrictas cuestiones suscitadas, realice el TJUE”.

Feliz por los presos y sus familias, pero sin cambios en su situación. Así definió el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont su sentir ante el perdón otorgado por el Gobierno a los nueve condenados por sedición. La medida de gracia ni acelera ni frena el retorno del líder de Junts y de los otros cuatro dirigentes independentistas que permanecen en Bélgica y en Suiza, un escenario para el que todavía deben despejarse varias incógnitas.

La carpeta judicial de Puigdemont está lejos de cerrarse y se jugará en instancias europeas, siguiendo la apuesta del expresident desde que saliera de España en octubre de 2017 tras la fallida Declaración Unilateral de Independencia (DUI). De los tribunales alemanes y belgas han venido las principales victorias de Puigdemont, que ha capitalizado políticamente esos triunfos presentando la estrategia exterior como la única capaz de resistir las actuaciones judiciales que en España acabaron con la prisión de sus excompañeros de Govern.

La concesión de los indultos y la apuesta por el diálogo entre Generalitat y Gobierno rompe la imagen de un Ejecutivo inflexible que derivó todo el contencioso catalán a los tribunales, un mensaje que el independentismo insistió en transmitir al exterior durante la etapa de Mariano Rajoy en La Moncloa. Pese a la nueva tesitura, el expresident sigue siendo el principal ariete de la denuncia internacional del caso catalán. Y dispone de material para ello aunque ya no haya presos: decenas de altos cargos siguen pendientes de juicios y la repercusión internacional del procedimiento ante el Tribunal de Cuentas que ha supuesto que 33 premios Nobel de Economía apoyen al exconseller Andreu Mas–Colell, uno de la treintena de exaltos cargos –entre ellos el propio Puigdemont– que afrontan multas millonarias y el embargo de sus bienes.

“Quizás ahora se entiende mejor la prisa de Pedro Sánchez para venir a vendernos humo con retórica desfasada. El reencuentro, sí: España se tiene que reencontrar con las democracias europeas y tiene que abandonar la deriva turca”, tuiteó este lunes el expresident a cuenta de la resolución de la Asamblea del Consejo de Europa que pidió la excarcelación de los condenados por el 1-O, reformar la sedición y retirar las euroórdenes. Una comparación con Turquía que ha evitado efectuar el president, Pere Aragonès, que en un tono distinto al de Puigdemont ha insistido en que el informe del Consejo de Europa es “oxígeno” para la negociación entre Ejecutivos.

Tras sus sonoros fracasos en los tribunales belgas y alemanes, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena jugó la última carta para extraditar a Puigdemont y a los exconsellers y eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí con una batería de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Para la defensa de los dirigentes independentistas, el movimiento de Llarena no es más que un intento para que el TJUE enmiende la plana a los tribunales belgas que denegaron la extradición del exconseller Lluís Puig (su caso fue examinado antes que el de Puigdemont al no ser eurodiputado) en una contundente resolución que desmontaba los cimientos de la causa del procés del Supremo y anticipaba un rechazo a la entrega del expresident.

El TJUE todavía tardará meses en responder a las cuestiones planteadas por el juez Llarena el pasado mes de marzo. En función de la respuesta que dé el TJUE, el Supremo retirará, mantendrá o emitirá una nueva petición de extradición, según dejó escrito el magistrado Llarena. Mientras, Puigdemont ha recuperado de forma provisional la inmunidad que le revocó el Parlamento Europeo, pero no puede volver a España ya que sigue en vigor la orden de detención nacional contra él.

Serán pues los tempos judiciales europeos los que marquen un retorno más rápido o lento del expresident. Desde la política solo se podría acelerar el regreso con una ley de amnistía que reclama el independentismo pero que es de difícil encaje legal e imposible viabilidad parlamentaria por el rechazo del PSOE. La vía intermedia que se propone el Gobierno es una reforma del delito de sedición todavía en ciernes que rebaje las penas para acomodarlas a los países de nuestro entorno. El Ejecutivo no se plantea una derogación del delito de sedición, como desearían los 'comuns' y los independentistas.

Las discrepancias internas en el Ejecutivo central se pusieron de manifiesto hace una semana, cuando la ministra Ione Belarra, de Unidas Podemos, defendió el regreso a España de Puigdemont, a lo que replicó la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, remarcando que “el interés del Gobierno es que Puigdemont pueda ser traído a España y pueda ser juzgado, como ha dicho siempre”. Por su lado, el expresident ha insistido en varias ocasiones en que solo se plantea su retorno como un hombre “libre”, no para sentarse en el banquillo del Supremo.

Aunque se aligeren las penas de la sedición –a día de hoy se castiga con hasta 15 años de cárcel– quedaría el obstáculo de la malversación, delito por el que también están reclamados tanto Puigdemont como Comín (aunque no Ponsatí) y que se castiga con hasta ocho años de prisión. Tampoco están reclamadas por este delito las dos dirigentes independentistas que permanecen en Suiza: la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, cuya vuelta a Catalunya tampoco se prevé inmediata aunque el país helvético no ha dado muestras de querer cursar la extradición.

La extradición de Carles Puigdemont pasará primero por Luxemburgo. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha enviado siete cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evitar que los jueces belgas vuelvan a denegar la extradición del expresident de la Generalitat, tal y como hicieron con la entrega del exconseller Lluís Puig. Tal y como ya advirtió el propio Llarena, en función de la respuesta que dé el TJUE a las cuestiones prejudiciales el Alto Tribunal retirará, mantendrá o emitirá una nueva petición de extradición.

El juez Llarena ha confirmado este martes su intención de acudir a la Justicia de la UE una vez el Parlamento Europeo ya ha retirado la inmunidad de Puigdemont y de los otros dos exconsellers y eurodiputados de Junts, Toni Comín y Clara Ponsatí. El objetivo es ahorrarse otro revés de los jueces belgas, que el pasado mes de enero rechazaron la extradición del exconseller Puig porque, a su juicio, el Supremo no era el tribunal competente para juzgarle y su entrega a España ponía en peligro su presunción de inocencia. 

Las siete cuestiones prejudiciales versan sobre los dos pilares de los jueces belgas para negar la extradición de Puig: el cuestionamiento de la competencia del Supremo –tal y como sostienen las defensas desde el inicio del caso– y el informe del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU que reclamó la libertad de los presos, al que los magistrados belgas dieron gran importancia pero que para el Supremo carece de relevancia al no ser vinculante para España.

En un auto, Llarena expresa sus “dudas” sobre si la decisión de los jueces belgas sobre Puig es compatible con el derecho de la UE, entre las que sobresale la pregunta de si el estado receptor de la petición de extradición, en este caso Bélgica, tiene la facultad de controlar la competencia de un tribunal, el Supremo en esta causa, para enviarla. Según Llarena, la regulación europea “no reconoce” a los jueces belgas esta capacidad ya que las peticiones de extradición se basan en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales entre los países miembros de la UE.

En cambio, continúa Llarena, el cuestionamiento de la competencia del Supremo por parte de los jueces belgas ha hecho que el principio de confianza mutua entre sistemas judiciales haya “trasmutado en un principio de desconfianza”. Además de arrogarse una competencia que no era suya para cuestionar que el Supremo pudiera juzgar a los líderes independentistas, para Llarena los jueces belgas han llegado a su conclusión “con profundo desconocimiento” de la estructura jurisdiccional española. El motivo es que en su sentencia el tribunal belga hace una referencia errónea al “Tribunal Supremo de Catalunya”, que no existe y se confunde con el TSJ de Catalunya, y al “Tribunal Supremo de Madrid”, sin percatarse que Madrid es en realidad la sede el Tribunal Supremo, que lo es de toda España, indica Llarena.

Respecto al dictamen del grupo de trabajo de la ONU, Llarena pregunta al TJUE si se puede denegar la entrega de una persona reclamada “por apreciar que exista un riesgo de violación de sus derechos fundamentales” en el Estado emisor a partir del documento que presentó el propio Puig ante los jueces belgas.

Señala además que Llarena que el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU “no está creado al amparo de ningún tratado internacional” y que lo forman “personas independientes que emiten opiniones (no informes) que en ningún caso son opiniones del Consejo de Derechos Humanos ni, en consecuencia, del sistema de Naciones Unidas”. Por ello Llarena pregunta si el informe “constituye un elemento fiable, preciso, objetivo y debidamente actualizado para justificar” el rechazo a una extradición.

Aunque por motivos opuestos, tanto la Fiscalía como la defensa de Puigdemont apoyaron elevar cuestiones prejudiciales a la Justicia europea. Los fiscales confían en que el TJUE impida a Bélgica denegar la extradición del expresident, mientras que Puigdemont busca una nueva victoria ante los tribunales europeos que suponga la renuncia definitiva del Supremo a extraditarle.

El Supremo busca con las prejudiciales zanjar de una vez por todas las extradiciones de los dirigentes del procés que se fueron al extranjero tras declarar la independencia de Catalunya en octubre de 2017. Hasta ahora el Alto Tribunal español solo ha recibido negativas de los jueces extranjeros en lo que se refiere a los delitos de rebelión y sedición, por los que respectivamente procesó y luego condenó a entre nueve y trece años de cárcel a los exconsellers y líderes sociales soberanistas que se quedaron en España. La más sonada fue la de los jueces alemanes, que en 2018 rechazaron la entrega de Puigdemont al descartar que los hechos del otoño soberanista catalán constituyeran el delito de rebelión ni el de sedición. Los jueces de Schleswig-Holstein sí autorizaron la entrega del expresident por malversación, pero Llarena la rechazó.

La primera euroorden del procés fue enviada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en noviembre de 2017, al inicio de la causa, y fue retirada por Llarena un mes después precisamente para evitar que Bélgica limitara la acusación por rebelión. La segunda, ya cursada por Llarena, fue rechaza por la Justicia belga por un error formal del magistrado español. La tercera euroorden fue enviada después de la sentencia del procés del Tribunal Supremo que condenó por sedición a los líderes independentistas, y por el momento solo se ha resuelto la que afecta al exconseller Puig porque, al no ser eurodiputado, no está protegido por la inmunidad.

Al TJUE ya acudió el tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena para preguntar si el exvicepresident y líder de ERC, Oriol Junqueras, tenía inmunidad desde que fue escogido eurodiputado antes de ser condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación. La respuesta del TJUE fue positiva y no sirvió de nada al líder de ERC porque el Supremo ya lo había condenado antes de que la decisión de la Justicia europea, pero sí permitió a Puigdemont, Comín y Ponsatí ejercer con plenitud como eurodiputados.

Inédito acuerdo entre la Fiscalía y Carles Puigdemont para elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuestiones prejudiciales sobre la eventual extradición del expresident. La defensa de Puigdemont, que ejerce el letrado Gonzalo Boye, ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que “no solo no se opone, sino que invita encarecidamente” al magistrado Pablo Llarena a que plantee “las cuestiones prejudiciales que considere oportunas”. “Incluidas las que esta parte viene reclamando desde hace años en esta causa”, apostilla la defensa, en alusión a todas las negativas anteriores del instructor a elevar el caso a la Justicia europea.

Los objetivos de la Fiscalía y la defensa de Puigdemont con las prejudiciales son opuestos. Los fiscales confían en que el TJUE impida a Bélgica denegar la extradición del expresident aduciendo que el Supremo no tiene competencia para juzgarle y que está en riesgo su presunción de inocencia, tal y como sentenciaron los jueces belgas en el caso del exconseller Lluís Puig. Puigdemont por el contrario busca una nueva victoria ante los tribunales europeos que suponga la renuncia definitiva de Llarena a extraditarle.

Puigdemont propone elevar hasta 20 cuestiones prejudiciales, que repasan los cuatro años que lleva el Supremo intentando que vuelva a España. Las cuestiones que el expresident propone elevar al TJUE van desde preguntar si Llarena podía emitir “sucesivas” euroórdenes en la misma causa –ya lleva tres respecto al expresident– a si podía hacerlo para “tratar de impedir que la persona reclamada puede someterse a una investidura”, como a su juicio hizo el magistrado en 2018. Entre otras preguntas, Puigdemont también pide cuestionar al TJUE si Llarena tendría que haber valorado si el delito de sedición en el Código Penal español “respeta las condiciones del principio de legalidad penal” antes de enviar la euroorden.

El juez Llarena preguntó a la Fiscalía, el resto de acusaciones y a las defensas si debe acudir al TJUE para impedir que Bélgica rechazara la extradición de Puigdemont tal y como hizo con la del exconseller Puig. La sentencia belga sobre Puig, al dejar tocada la competencia del Supremo sobre el caso del procés, ponía en dificultades la entrega de Puigdemont una vez el Parlamento Europeo le retire la inmunidad. El propio Llarena reconoció que la negativa belga a extraditar a Puig “afecta a las decisiones de entrega que deban tomarse en un futuro y a su eficacia procesal”, en referencia a los casos de Puigdemont y a los exconsellers y eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí.

Las feministas hemos caído en una trampa de la que es preciso salir. El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se está pudriendo en una cárcel de alta seguridad británica desde abril de 2019, pero su destino puede empeorar sustancialmente. Estos días está celebrándose el juicio para su extradición a EEUU, donde se enfrentaría a 175 años de prisión por “revelación de secretos”. Según los informes médicos, su salud está muy deteriorada y su vida corre peligro si no recibe asistencia ahora, mucho más con el trato que le esperaría en EEUU.

El “delito” de Assange ha sido informarnos de los desmanes del gobierno americano. Esta es, hasta ahora, una práctica periodística protegida por el derecho internacional. Por esa razón, el caso Assange es el de la libertad de prensa. Después de 10 años de manipulación y posterior silencio por parte de los principales medios de comunicación, el relator especial de la ONU para casos de tortura, dictamina: “Julian Assange destapó la tortura, él mismo ha sido torturado y podría ser torturado hasta morir en Estados Unidos”.

En esta entrevista le preguntan al relator de la ONU por qué no asumió antes este caso. Él contesta explicando cómo, en el momento en el que Assange estaba en la cima de la popularidad por haber destapado tantos casos de corrupción, se emprendió una estrategia de desprestigio que consiguió desviar el foco hacia su persona. Y declara: “Yo también perdí mi enfoque, a pesar de mi experiencia profesional, que debería haberme hecho estar más alerta”. A muchas feministas también nos hicieron perder el enfoque, y creo que este es el lado más perverso del caso.

La estrategia de EEUU (documentada por el relator) fue la de “inundar a Assange con todo tipo de casos criminales durante los próximos 25 añoscon todo tipo de casos criminales durante los próximos 25 años”. Y lo único que encontraron, lo único de lo que estuvo “acusado” Assange durante mucho tiempo, fue de violación a dos mujeres; o eso es lo que nos hicieron creer.

En efecto, hoy sabemos que ni las mujeres afectadas ni las autoridades suecas formularon nunca una acusación formal. La policía sueca abrió una investigación el 20 de agosto de 2010 y la cerró unos días después, para luego volver a abrirla y llamar a declarar a Assange (siempre sin haber formulado cargos contra él). Finalmente, ante las preguntas formales del relator de la ONU en 2019, Suecia dio por cerrado el caso sin más explicaciones y sin contestar a las preguntas.

Pero para entonces Assange ya estaba en una prisión de alta seguridad, supuestamente por haber violado la libertad condicional en Reino Unido, un país en el que nadie antes había sido metido en prisión por ese delito. Y entonces, conseguido su desprestigio y el silencio de los medios, es cuando EEUU formuló la demanda de extradición.

En la detallada explicación del relator de la ONU queda claro que la policía sueca no encontró indicios de delito de agresión sexual en las declaraciones de las dos mujeres (S.W. y A.A.) y que ellas ni siquiera le acusaron de tal cosa. Estas dos mujeres se habían presentado en comisaría el 20 de agosto de 2010. S.W. estaba preocupada porque no habían usado condón y quería saber si se podía obligar a Assange a hacerse la prueba del VIH. A.A. fue en principio a acompañar a S.W., aunque también había tenido sexo con él, y ese día no declaró ni presentó ninguna queja.

Según el relator, “cuando se informó a S.W. de que Assange sería arrestado bajo sospecha de violación. S.W. se sorprendió y se negó a continuar con el interrogatorio”. Posteriormente modificaron la declaración de S.W., pero ella nunca firmó esa nueva versión.

Suecia, el Estado que más lejos ha llegado en la persecución de la violencia sexual, gozaba de nuestra confianza. Además, Claes Borgstrom, el antiguo defensor del pueblo para asuntos de igualdad de género, fue nombrado representante de estas mujeres. Por primera vez se estaban discutiendo públicamente asuntos que las feministas reclamamos, como una sexualidad igualitaria en la que ambas partes no solo muestren su consentimiento sino su deseo; un sexo en el que los hombres se sientan igualmente responsables que las mujeres de practicar sexo seguro y de la contracepción.

Muchas caímos en la trampa a pesar de que nuestra experiencia podría habernos hecho sospechar. Ciertamente era muy raro (estadísticamente hablando) que un hombre estuviera refugiado en una embajada sólo por no ir a declarar a Suecia en un asunto así. Había muchas preguntas: ¿Por qué Suecia no le aseguraba que si iba a declarar no sería extraditado a EEUU? ¿Por qué se negaba a interrogarlo en la embajada de Ecuador en Londres, físicamente o por videoconferencia? ¿Por qué en este caso se aplicaban criterios y se tomaban medidas que nunca antes ni después se han visto ni de lejos en ningún delito sexual de características similares, ni siquiera en Suecia?

También podríamos habernos preguntado, si lo hubiéramos sabido, por qué Suecia no formulaba cargos contra Assange, mientras que filtraba a la prensa unas declaraciones manipuladas y nunca firmadas por la víctima. Pero estos y otros detalles se nos ocultaban.

Podríamos haber sospechado que ese interés en defender a las mujeres era instrumental, porque además no era la primera vez, ni será la última. La invasión de Afganistán en 2001 se nos vendió por EEUU para “ayudar a las niñas a ir a la escuela y liberar a las mujeres sometidas al yugo talibán”. Las consecuencias de esa y de toda la historia de intervención americana en Afganistán están hoy bien documentadas.

El comportamiento criminal de Suecia en el caso Assange no invalida en absoluto el modelo social sueco, ni contradice el hecho de que este país es pionero en igualdad de género. Sí, Suecia es el país en el que las mujeres tienen mayor independencia económica, mayores derechos, mayor bienestar. Pero las cloacas existen en todas partes y el brazo de los intereses americanos es muy largo.

Este montaje utilizando al feminismo ha sido un ingrediente fundamental en la caída de Assange. ¿Cómo pudimos fiarnos de Suecia? Tendemos a juzgar globalmente a las personas, a los estados, a clasificar entre buenos o malos, a salvar o a condenar. Este caso podría ayudarnos a cambiar de actitud, a realizar en cada caso un análisis concreto de la situación concreta .

En resumen, no se trata de condenar globalmente a Suecia ni de culparnos a nosotras. Pero sí creo que, precisamente como feministas, es nuestro deber impedir la extradición de Assange a EEUU y exigir su liberación antes de que sea demasiado tarde.